Brechas de género y cambio climático: la desigualdad como factor de vulnerabilidad - Clima Posible
←
→
Transcripción del contenido de la página
Si su navegador no muestra la página correctamente, lea el contenido de la página a continuación
Serie: Adaptarse es cuestión de género
DOCUMENTO 2
Brechas de género y
cambio climático:
la desigualdad como
factor de vulnerabilidad
Elaborado por:
Jimena Cortés Mora
Natalia Perilla Palacios
Bogotá D.C.
Octubre 2021
PROGRAMA DE PREPARACIÓN PARA LA ADAPTACIÓN
NACIONAL AL CAMBIO CLIMÁTICO
con apoyo del Fondo Verde del Clima
ApoyanAutores Este producto es resultado del Programa de Preparación para la Adaptación Nacional al Cambio Climático, un programa financiado con recursos del Fondo Verde para el Clima (GCF por sus siglas en inglés). Elaborado por Jimena Cortés Mora y Natalia Perilla Palacios Colaboración de: Fondo Acción Pablo Devis Posada – Coordinador ambiental María Margarita Fontecha Tirado – Coordinadora de desarrollo e incidencia en política pública Natalia Jiménez Contento – Profesional de desarrollo e Incidencia en Política Publica DNP Johana Pinzón Téllez – Coordinadora de gestión de cambio climático Paola Pulido Barrera – Coordinadora del Programa de Preparación para la Adaptación Nacional al Cambio Climático – PNACC Santiago Nuñez Ramírez – Especialista del sector privado en DNP Juanita Bernal López - Profesional Especializado-Subdirección de Género. Dirección de Desarrollo Social Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Juan Andrés Casas Monsegny – Profesional en Género y Cambio Climático. Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo En Carbono Adaptada y Resiliente Citación sugerida: Cortés, J., & Perilla, N. (2021). Brechas de género y cambio climático: la desigual- dad como factor de vulnerabilidad. Documento de la serie “Adaptarse es cuestión de género”. Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático . Bogotá: Programa de Preparación para la Adaptación Nacional al Cambio Climático con apoyo del Fondo Verde para el Clima.
Acrónimos
ACNUR: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
CDP: Climate Disclosure Project
CEDAW: Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe
CIDH: Comisión Interamericana de Derechos Humanos
CMNUCC: Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático
COP: Conferencia de las Partes
DNP: Departamento Nacional de Planeación
GAP: Plan de Acción de Género
GEI: Gases Efecto Invernadero
GCF: Fondo Verde para el Clima
IDEAM: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
LGTBI: Lesbianas, Gays, transexuales, Bisexuales e Intersexuales
LPWG: Programa de Trabajo de Lima sobre Género
MEbA: Microfinanzas para la Adaptación Basadas en Ecosistemas
MinAmbiente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
MinEducación: Ministerio de Educación Nacional de Colombia
MinInterior: Ministerio del Interior
MPC: Mesa Permanente de Concertación
NDC: Contribución determinada a nivel nacional
ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible
OIT: Organización Internacional del Trabajo
PIGCCS: Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático Sectoriales
PIGCCT: Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático Territoriales
PNACC: Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático
STEAM: Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas
TDCNR: Trabajo Doméstico y de Cuidado no remunerado
UPA: Unidad Productora Agropecuaria
UNGRD: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
WEF: Foro Económico Mundial
WEP: Principios para el Empoderamiento de las Mujeres
3Glosario
• Adaptación al cambio climático: Es el proceso de ajuste a los efectos presentes y espe-
rados del cambio climático. En ámbitos sociales de decisión, corresponde al proceso de
ajuste que busca atenuar los efectos perjudiciales y/o aprovechar las oportunidades be-
neficiosas presentes o esperadas del clima y sus efectos. En los socioecosistemas (sic), el
proceso de ajuste de la biodiversidad al clima actual y sus efectos puede ser intervenido
por la sociedad con el propósito de facilitar el ajuste al clima esperado (Congreso de
Colombia, 2018).
• Brecha de género: Se refiere a cualquier disparidad entre la condición o posición de los
hombres y las mujeres y la sociedad. Suele usarse para referirse a la diferencia entre los
ingresos de hombres y mujeres, por ejemplo, “brecha salarial de género”. Sin embargo,
puede haber brechas de género en muchos ámbitos, como lo son los cuatro pilares que
el Foro Económico Mundial utiliza para calcular su Índice de Brecha de Género, a saber:
participación económica y oportunidad, acceso a educación, salud y esperanza de vida, y
empoderamiento político (ONUMUJERES, 2021).
• Cambio climático: Variación del estado del clima, identificable, por ejemplo, median-
te pruebas estadísticas, en las variaciones del valor medio o en la variabilidad de sus
propiedades, que persiste durante largos periodos de tiempo, generalmente decenios
o periodos más largos. El cambio climático puede deberse a procesos internos natura-
les o forzamientos externos tales como modulaciones de los ciclos solares, erupciones
volcánicas o cambios antropogénicos persistentes de la composición de la atmósfera
por el incremento de las concentraciones de gases de efecto invernadero o del uso
del suelo. El cambio climático podría modificar las características de los fenómenos
meteorológicos e hidroclimáticos extremos en su frecuencia promedio e intensidad, lo
cual se expresará paulatinamente en el comportamiento espacial y ciclo anual de estos
(Congreso de Colombia, 2018).
4• Discriminación por razón de género: Toda distinción, exclusión o restricción basada
en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimien-
to, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base
de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades funda-
mentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra
esfera (ONUMUJERES, 2021).
• Enfoque de orientaciones sexuales e identidades de género diversas: Parte de re-
conocer factores de discriminación, marginación, exclusión y otras violencias que afec-
tan a las personas con orientaciones sexuales o con identidades de género diversas
(MinInterior, 2018).
• Género: Se refiere a los roles, comportamientos, actividades y atributos que una so-
ciedad determinada en una época determinada considera apropiados para hombres
y mujeres. Además de los atributos sociales y las oportunidades asociadas con la
condición de ser hombre y mujer, y las relaciones entre mujeres y hombres, y niñas y
niños, el género también se refiere a las relaciones entre mujeres y las relaciones entre
hombres. Estos atributos, oportunidades y relaciones son construidos socialmente y
aprendidos a través del proceso de socialización. Son específicas al contexto/época y
son cambiantes. El género determina qué se espera, qué se permite y qué se valora
en una mujer o en un hombre en un contexto determinado. En la mayoría de las so-
ciedades, hay diferencias y desigualdades entre mujeres y hombres en cuanto a las
responsabilidades asignadas, las actividades realizadas, el acceso y el control de los
recursos, así como las oportunidades de adopción de decisiones. El género es parte
de un contexto sociocultural más amplio, al que también pertenecen criterios impor-
tantes de análisis sociocultural, incluida la clase, la raza, el nivel de pobreza, el grupo
étnico, la orientación sexual, la edad, etc. (ONUMUJERES, 2021).
• Gestión del Cambio Climático: Es el proceso coordinado de diseño, implementación y
evaluación de acciones de mitigación de GEI y adaptación al cambio climático orienta-
do a reducir la vulnerabilidad de la población, infraestructura y ecosistemas a los efectos
del cambio climático. También incluye las acciones orientadas a permitir y aprovechar
las oportunidades que el cambio climático genera (Congreso de Colombia, 2018).
• Igualdad de género: Se refiere a la igualdad de derechos, responsabilidades y oportu-
nidades de las mujeres y los hombres y de las niñas y los niños. La igualdad no significa
que las mujeres y los hombres serán iguales, sino que sus derechos, responsabilidades
5y oportunidades no dependerán de si nacieron con determinado sexo. La igualdad de
género implica que los intereses, necesidades y prioridades de mujeres y hombres se
toman en cuenta, reconociendo la diversidad de diferentes grupos de mujeres y hom-
bres. La igualdad de género no es un asunto de mujeres, sino que concierne e involucra
a los hombres al igual que a las mujeres. La igualdad entre mujeres y hombres se con-
sidera una cuestión de derechos humanos y tanto un requisito como un indicador del
desarrollo centrado en las personas (ONUMUJERES, 2021).
Recuadro 1
Diferentes referentes enfatizan la importancia de trabajar de forma complementaria la
igualdad con la equidad de género. Esta última se refiere a un trato justo y equivalente
para las mujeres y los hombres, en términos de derechos, beneficios, obligaciones y
oportunidades, basada en la tradición, costumbres, religión o cultura. Sin embargo, la
CEDAW invita a los Estado parte a utilizar el concepto de igualdad de géneros, ya que
en algunas ocasiones el término de equidad se utiliza para referirse al trato justo de la
mujer y el hombre en función de sus necesidades respectivas. Esto puede incluir un tra-
to igual o un trato diferente, pero considerado equivalente en cuanto a los derechos,
los beneficios, las obligaciones y las oportunidades. Es de mencionar que, a partir de
la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer de Beijing (1995), se estableció como obje-
tivo estratégico incorporar el principio de igualdad de mujeres y hombres, razón por la
cual, organizaciones como Naciones Unidas adopta esta terminología.
• Identidad de género: Se refiere a la experiencia de género individual de una persona,
que puede o no corresponder con la fisiología de la persona o su sexo al nacer. Incluye
tanto el sentir personal del cuerpo, que puede implicar, si así lo decide, la modificación
de la apariencia o función física por medios quirúrgicos, médicos u otros, así como
otras expresiones de género que incluyen la vestimenta, la forma de hablar y los gestos
(ONUMUJERES, 2021).
• LGTBI: Se trata de una categoría identitaria y política que comprende distintas orienta-
ciones sexuales e identidades de género diversas, así como los diferentes estados de
intersexualidad. El acrónimo LGTBI reivindica los derechos en el campo de las luchas se-
xuales y de género (MinInterior, 2018). El término colectivo lesbianas, gais, bisexuales,
transgénero e intersex (LGBTI) se refiere a los subgrupos específicos de personas con
6orientación sexual o identidad de género diversas. En relación al uso de este acrónimo,
el presente documento no se pronuncia sobre cuales siglas, términos y definiciones re-
presentan de la forma más justa y precisa a esta población (ACNUR, 2015).
• Medios de implementación: En términos de la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático, CMNUCC, los medios de implementación son las herramien-
tas que permitirán la puesta en funcionamiento de acciones de mitigación y adaptación
al cambio climático, tales como el financiamiento, la transferencia de tecnología y la cons-
trucción de capacidades, entre otros.
• Orientación sexual: Se trata de la atracción sexual, afectiva y erótica que una persona
siente hacia otras de su mismo género, del género opuesto, de ambos o que no sienten
atracción por ninguno de los géneros. También hace referencia a la capacidad de man-
tener relaciones afectivas y sexuales con esas personas. Por lo tanto, se habla de muje-
res lesbianas, de hombres gay y de personas heterosexuales, homosexuales, bisexuales
o asexuales (MinInterior, 2018).
• Perspectiva de género: Es una forma de ver o analizar que consiste en observar el im-
pacto del género en las oportunidades, roles e interacciones sociales de las personas.
Esta forma de ver es lo que nos permite realizar un análisis de género y luego transver-
salizar una perspectiva de género en un programa o política propuesta, o en una orga-
nización (ONUMUJERES, 2021).
• Presupuesto sensible al género (PSG): Es un método para determinar en qué medida
los gastos gubernamentales se han desviado de la meta de igualdad de género o se han
acercado a ella. Un presupuesto sensible al género no es un presupuesto separado para
las mujeres, sino más bien una herramienta que analiza las asignaciones presupuesta-
rias, el gasto público y la tributación desde una perspectiva de género. Posteriormente
puede utilizarse para promover la reasignación de un ítem de la partida presupuestaria
para atender mejor las prioridades de las mujeres, así como las de los hombres, lo cual
lo hace, como sugiere el nombre, sensible al género (ONUMUJERES, 2021).
• Resiliencia o capacidad de adaptación: Capacidad de los sistemas sociales, económi-
cos y ambientales de afrontar un suceso, tendencia o perturbación peligrosa, respon-
diendo o reorganizándose de modo que mantengan su función esencial, su identidad y
su estructura, y conservando al mismo tiempo la capacidad de adaptación, aprendizaje
y transformación (Congreso de Colombia, 2018).
7• Riesgo asociado al cambio climático: Potencial de consecuencias en que algo de valor
está en peligro con un desenlace incierto, reconociendo la diversidad de valores. Los
riesgos resultan de la interacción de la vulnerabilidad, la exposición y la amenaza. En
la presente Ley, el término riesgo se asocia, principalmente, a los impactos del cambio
climático (Congreso de Colombia, 2018).
• Sexo (sexo biológico): Características físicas y biológicas que distinguen a hombres y
mujeres (ONUMUJERES, 2021).
• Vulnerabilidad: Susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, ambiental o insti-
tucional de sufrir efectos adversos en caso de que un evento físico asociado a un fenó-
meno hidroclimatológico se presente. Corresponde a la predisposición a sufrir pérdidas
o daños de los seres humanos y sus medios de subsistencia, así como al deterioro de
los ecosistemas, la biodiversidad, los servicios ecosistémicos, el recurso hídrico, los sis-
temas físicos, sociales, económicos y de apoyo que pueden ser afectados (Congreso de
Colombia, 2018).
8Introducción
E ste documento hace explícito por temáticas las brechas de género que existen en el país
y cómo el cambio climático exacerba las inequidades ya existentes.
El territorio nacional colombiano está expuesto a los riesgos derivados del cambio climáti-
co, los efectos de estos incrementan las brechas existentes entre territorios rurales y urbanos,
entre hombres, mujeres y personas LGTBI generando vulnerabilidad socioeconómica de gru-
pos poblacionales y situaciones de discriminación interseccional o multidimensional debido
a condiciones preexistentes y desigualdades estructurales. En este documento, se identifican
algunas de las brechas y desigualdades de género que se presentan en el país y que pueden
agravarse bajo condiciones de cambio climático o incidir en el incremento de la intensidad de
los impactos. Esto refleja la necesidad de incorporar la perspectiva de género en el diseño e
implementación de políticas, planes, programas o acciones de cambio climático.
Seguridad alimentaria
En 2015, 54,2% de los hogares padecían inseguridad alimentaria y 6 de cada 10 con jefatura
femenina enfrentaban esta situación (Bernal & Huertas, 2020). El cambio climático incide o
tiene el potencial de modificar la producción de alimentos, por ende, tiene un impacto directo
sobre la seguridad alimentaria. Existe un riesgo de que los cultivos alimentarios tradicionales
dejen de estar disponibles y, como las mujeres suelen ser las responsables de los hogares, la
preparación de alimentos y la seguridad alimentaria, son ellas las que lo notan especialmente
(FAO 2013).
Salud y cobertura del sistema de seguridad social
La cobertura del sistema de seguridad social en salud ha aumentado por encima del 90%
tanto en las zonas urbanas como rurales. Sin embargo, en la ruralidad la afiliación en salud es
mayoritariamente subsidiada, ya que más del 80% pertenecen a este régimen (solo el 14,7%
de la población rural cotiza al sistema), mientras que en las cabeceras la afiliación al régimen
9contributivo es cercana al 60%. Este es un indicador del alto grado de informalidad en la zona
rural, ya que la cotización al Sistema General de Seguridad Social en Salud es realizada por
personas ocupadas en empleos formales, así como del grado de dependencia de lo apor-
tado por parte de las ciudades. En cuestiones de género, se evidencia una marcada brecha,
ya que el 15,7% de los hombres cotiza al sistema pensional, mientras solo un 12,0% de las
mujeres rurales lo hace, resultado que puede estar asociado a la tasa de desempleo al que se
enfrentan las mujeres (ONU Mujeres; Departamento Administrativo Nacional de Estadística;
Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, 2020). Este es un factor que incrementa
la vulnerabilidad de la población rural y las mujeres ante los efectos del cambio climático ya
que, bajo una situación de economía informal, tendrán pocos recursos para planificar y poner
en práctica estrategias de adaptación en vista de los cambios que se producen en el lugar de
trabajo y las afectaciones en el hogar y las familias.
Otra brecha evidenciada desde la etapa de la adolescencia es la falta de educación y subsi-
dio en la salud menstrual. El difícil acceso a elementos que sean higiénicos y económicos hace
que las mujeres desde temprana edad se expongan a enfermedades físicas y mentales ante el
estigma social con el que se maneja la menstruación femenina. Encuestas realizadas en América
Latina revelan que las niñas no cuentan con información pertinente sobre la menstruación, el
acceso al saneamiento adecuado (en la región aún 106 millones de personas no cuentan con un
baño digno en casa, la mayoría en zonas rurales) o los productos de gestión menstrual. Por ejem-
plo, en las áreas rurales de Colombia, el 34,8% de las niñas encuestadas indicaron no saber nada
sobre la menstruación antes de la menarquia (la primera menstruación), mientras que el 45%
no sabe o no responde de dónde proviene el sangrado menstrual (Flores, 2019).Es de mencio-
nar que los productos que se han empleado en el mercado femenino durante la menstruación
son de un solo uso, generando un impacto ambiental que podría atenuarse si se incentivara y
subsidiara el uso de productos reutilizables que garanticen la salubridad a mujeres y cualquier
persona LGTBI que lo requiera.
Embarazo y maternidad en adolescentes y la mortalidad materna
El embarazo y la maternidad en adolescentes y la mortalidad materna son una expresión de
desigualdades de género, especialmente se evidencian brechas entre grupos etarios, étnicos
y territoriales en lo referente al campo y la ciudad. Las niñas todavía se enfrentan a numero-
sos desafíos y riesgos, 44,0% de las niñas madres menores de 15 años se dedican a labores
domésticas y al cuidado de niñas y niños en vez de estudiar. Esta situación puede incidir en
la reducción de la participación de las niñas y mujeres en los diferentes niveles educativos en
10centros poblados y rural disperso: ninguno, 35%; Educación básica primaria, 30%; Educación
básica secundaria, 8,9%; Educación media, 19,5%; Educación técnica profesional y tecnológi-
ca, 3,7%; Educación superior, 1,3%, y Posgrado 0,4% (IDEAM; PNUD; MINAMBIENTE; DNP;
CANCILLERÍA, 2018)
Por otro lado, la mortalidad materna es un indicador de derechos humanos, ya que muchas
de las muertes son consecuencia de la suma de desigualdades que enfrentan las mujeres co-
lombianas. A la vez, refleja el nivel de atención médica especializada, clave para la detección
temprana de cualquier tipo de complicaciones en el embarazo y parto, así como la prevención
de sus posibles consecuencias. Los departamentos en donde todavía una menor proporción de
los partos son atendidos por personal médico como Vaupés (58,6%), Chocó (77,8%), Vichada
(78,7%), Guainía (80,6%) y Amazonas (82,3%), los cuales coinciden con los departamentos con
las mayores tasas de mortalidad materna (ONU Mujeres; Departamento Administrativo Nacional
de Estadística; Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, 2020).
Esta situación, en momentos de crisis o desastre, puede empeorar, ya que el cuidado obs-
tétrico de emergencia puede verse seriamente obstaculizado y la distribución de insumos para
la salud reproductiva, como medicación y anticonceptivos, puede reducirse temporalmente.
Así mismo, es probable que, en situaciones de evacuación o alojamiento, los problemas de
violencia doméstica y abuso sexual aumenten en los resguardos.
Pobreza y empleo
En los últimos años se ha dado en Colombia una reducción significativa en la pobreza multi-
dimensional. Sin embargo, su incidencia es mayor en los hogares con jefatura femenina y en
las zonas rurales en comparación con las zonas urbanas. En el 2018, el 40,4% de los hogares
rurales con jefatura femenina se encontraba en condición de pobreza multidimensional, fren-
te a un 33,6% de los hogares rurales con jefatura masculina. Mientras que la incidencia de la
pobreza multidimensional para hogares con jefatura femenina en zonas urbanas se ubicó en
el 12,4%, en comparación de un 8,5% de hogares con jefatura masculina. Esto es un indicio
de que los esfuerzos de reducción de la pobreza no han beneficiado de igual manera a muje-
res y hombres, y de que persiste una brecha entre territorios urbanos y rurales (Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, 2018)
En 2019, mientras que la Tasa de Desempleo (TD) de los hombres era del 8,2%, en las muje-
res alcanzó el 13,6%. La TD en las cabeceras es del 8,9% en los hombres y del 13,2% en las mu-
jeres, mientras que en los centros poblados y rural disperso es de 3,0 y 9,6%, respectivamente,
11de manera que la diferencia entre sexos es mayor en las zonas rurales. En cuanto a la edad,
las TD más altas se observan entre la población más joven. En el grupo de 18 a 28 años, las
tasas son de 22,9% para las mujeres y 13,8% para los hombres (ONU Mujeres; Departamento
Administrativo Nacional de Estadística; Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer,
2020).
Para el 2018, se evidenció que las mujeres recibieron un 12,1% menos de ingresos que los
hombres. El diferencial de ingresos entre sexos es considerablemente mayor, prácticamen-
te el doble, en los centros poblados y rural disperso (33,6%) que en las cabeceras (16,4%).
Adicionalmente, la probabilidad de no contar con un sustento económico propio de las mu-
jeres (27,5%) es mayor que la de los hombres (10,2%). Esta diferencia se agrava en el ámbi-
to rural, donde la probabilidad de que una mujer esté en esta condición (sin ingresos pro-
pios) es cinco veces mayor a la de un hombre (35,9 y 7,8%, respectivamente) (ONU Mujeres;
Departamento Administrativo Nacional de Estadística; Consejería Presidencial para la Equidad
de la Mujer, 2020).
Por ende, los impactos desiguales del cambio climático desde una perspectiva de género
están fuertemente vinculados a la desigualdad socioeconómica y a la persistencia de la po-
breza en el marco de un crecimiento que es excluyente e insostenible. Previa a la crisis sani-
taria por la COVID 19, las mujeres ya se encontraban sobrerrepresentadas en situaciones de
pobreza. En 2019, según datos del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina
y el Caribe (OIG), por cada 100 hombres viviendo en hogares pobres, había 112,7 mujeres
en similar situación, evidenciado así su falta de autonomía económica. La crisis sanitaria y sus
consecuencias económicas han profundizado la pobreza y la desigualdad, y las mujeres se han
visto especialmente afectadas frente a la fuerte caída de la actividad económica en sectores
clave para la ocupación laboral femenina, como son el turismo, la manufactura, el comercio y
el trabajo doméstico remunerado. Esto ha resultado en una contundente salida de las mujeres
de la fuerza laboral con una caída en la tasa de participación laboral femenina que representa
un retroceso de 10 años y se proyecta un incremento en el número de mujeres latinoamerica-
nas que vivirán en situación de pobreza (Aguilar, 2021).
Ante escenarios de cambio climático, esta condición puede incrementar la vulnerabilidad
de las mujeres, ya que, al estar en situaciones de exclusión o desigualdad socioeconómica,
ven limitado su acceso a la propiedad de la tierra, vivienda, educación, salud y participación
en la esfera política y de toma de decisiones y ven reducidas sus capacidades de adaptación.
12Servicios de extensión agropecuaria
De acuerdo con el Censo Nacional agropecuario (2014), solo el 7,3% de las mujeres productoras
recibieron asistencia técnica (servicios de extensión agropecuaria en la actualidad), en compara-
ción con un 10,3% para hombres y un 17,3% para grupos mixtos de productores. Las bajas tasas
de cobertura están asociadas con: i) las deficiencias en la provisión del servicio; ii) un énfasis en
la provisión del servicio a esquemas asociativos de productores, y iii) factores culturales que pri-
vilegian la figura del hombre como cabeza del grupo productivo al momento de establecer los
convenios de asistencia técnica (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2018).
En el contexto del cambio climático, las diferencias y desigualdades en el acceso a servicios
de extensión agropecuaria implican que los hombres y las mujeres tienen distintas capacida-
des para adaptarse ante sus efectos.
Acceso a servicios financieros
Las mujeres predominan entre las personas no bancarizadas, solo el 42% de las mujeres tiene
cuenta bancaria frente al 49% de los hombres (una diferencia de 7 puntos porcentuales que
permanece invariable desde 2011). Situación que genera brechas en la participación del cré-
dito y ahorro. Mientras que el 11% de los hombres ahorra en instituciones financieras y el 31%
cuenta con tarjetas débito, para las mujeres estas cifras no superan el 7 y el 21%, respectiva-
mente. Así mismo, mientras que el 26% de los hombres tiene un préstamo con una institución
financiera o ha adquirido una tarjeta de crédito, solo un 17% de las mujeres lo logra. Las dife-
rencias en las tasas de ahorro entre hombres y mujeres son mayores en la zona rural, con una
brecha de 16 puntos porcentuales, en comparación con 3 puntos porcentuales para la zona
urbana. Según el estudio, ser hombre aumenta en un 7% la probabilidad de ahorrar en un
banco y disminuye la probabilidad de ahorrar en efectivo en un 2%, con relación a las mujeres
ocupadas (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2018).
En el caso de las productoras rurales, el 36% de las mujeres tiene como principal fuente de
fondos de emergencia a la familia y amigos, mientras que el 22% de los hombres reporta usar
esta alternativa. Por el contrario, el 44% de los hombres usa su ingreso laboral como fuente de
fondos de emergencia. Estas dinámicas inciden directamente en las decisiones de inversión:
mientras que el 19% de los hombres ahorra el año anterior para comenzar, operar o expandir
una finca o negocio y el 16% ahorra para la vejez, en los mismos casos, solo el 13% y el 11%
de las mujeres lo hacen, respectivamente (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2018).
Respecto a las solicitudes y aprobaciones de crédito agropecuario, se observa que en
solo el 8,4% de las UPA administradas por mujeres se solicitó crédito, frente a un 11,5% de
13las UPA administradas por hombres y un 19,0% de las UPA administradas por hombres y
mujeres. Las tasas de aprobación en todos los casos superan el 85% y no parece que haya
brechas significativas entre hombres y mujeres. Algunos de los requisitos para acceder al
crédito y las dinámicas propias de la sociedad rural se convierten en barreras que afectan
principalmente a las mujeres. Entre ellas se destacan la falta de ingresos, la baja tasa de ocu-
pación y el tiempo que dedican las mujeres a las labores del hogar (Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural, 2018).
Las barreras de acceso a activos productivos (tierra, asistencia técnica, maquinaria) e ins-
trumentos financieros (crédito y aseguramiento) limitan en las mujeres el desarrollo de sus
capacidades de producción y las ponen en desventaja al momento de comercializar sus pro-
ductos y expandir el alcance de sus negocios. Por lo tanto, los instrumentos de generación de
ingresos deben reconocer la interdependencia entre las actividades del cuidado y la produc-
ción agropecuaria de las mujeres y fomentar la inserción de la agricultura campesina, familiar
y comunitaria en las cadenas productivas. La evidencia demuestra que cuando las mujeres se
empoderan financieramente son más proclives a invertir en educación, alimentación y salud
para sus familias. Todo ello es fundamental para romper el ciclo de la pobreza, reducir las des-
igualdades sociales e impulsar el crecimiento económico (ONU MUJERES, 2020).
Trabajo Doméstico y de Cuidado No Remunerado
Las mujeres colombianas realizan gran parte del Trabajo Doméstico y de Cuidado No
Remunerado, independientemente de su edad, escolaridad, ingresos y la región en donde
viven. En ellas recae esta responsabilidad de la cual depende la economía y el bienestar de
las familias y, por ende, del país. En Colombia, el valor económico del TDCNR asciende a 186
mil millones de pesos y el 77% es aportado por el trabajo de las mujeres. En el país, la carga
global de trabajo de las mujeres, teniendo en cuenta los promedios totales de trabajo de toda
la población (de 10 años y más, de acuerdo con el universo de la ENUT), es de 14 horas y 49
minutos diarios, de las cuales el 49% corresponde al trabajo no remunerado, que incluye el
trabajo doméstico y de cuidados. En los hombres, este promedio diario es de 12 horas 39
minutos, destinando solo el 27% al trabajo no remunerado. Entre los 15 y 20 años, la proba-
bilidad de dedicarse al hogar es cuatro veces más para mujeres que hombres. Desde jóvenes,
las mujeres dedican más tiempo que los hombres al TDCNR, lo que limita sus oportunidades
de escolaridad, capacitación, empleo e, incluso, de autocuidado y descanso (ONU Mujeres;
Departamento Administrativo Nacional de Estadística; Consejería Presidencial para la Equidad
de la Mujer, 2020).
14La brecha en la participación en el TDCNR es más marcada en el ámbito rural, con 32 pun-
tos porcentuales de diferencia entre mujeres y hombres (92,5% vs. 60,5%), que en el ámbito
urbano, en donde la diferencia es de 26,4 puntos (88,8% vs. 62,4%). Ante la falta de infraes-
tructura de servicios (acceso a agua corriente, a servicios de saneamiento, a cocinas eficientes),
el tiempo dedicado a estas tareas podría dedicarse al trabajo remunerado, a la educación, la
capacitación para el empleo e, incluso, a descansar. Esto sin considerar los efectos negativos
sobre la salud y la integridad personal de quienes las realizan. Lo anterior podría explicar en
parte lo que sucede con el TDCNR en las cabeceras y en las zonas rurales de Colombia. Los
hombres que viven en las cabeceras dedican casi media hora más al día a TDCNR que los que
viven en zonas rurales. En el caso de las mujeres, el efecto es el contrario: vivir en las zonas
rurales implica dedicar 50 minutos más al día al TDCNR con respecto a las que habitan en una
cabecera (ONU Mujeres; Departamento Administrativo Nacional de Estadística; Consejería
Presidencial para la Equidad de la Mujer, 2020).
Bajo un contexto de cambio climático, el desarrollo de las tareas domésticas puede resul-
tar más difícil y requerir más tiempo por parte de las mujeres debido a una disminución en el
acceso a agua, alimento y combustibles, lo que disminuye también el tiempo dedicado a la
educación o al desempeño de un trabajo remunerado. En Colombia, se estima que casi la mi-
tad de las mujeres rurales no tienen cobertura de agua potable y saneamiento. Para el caso de
las mujeres afrodescendientes e indígenas, la situación es más crítica, por ejemplo, en donde
se concentran estas poblaciones, tres de cuatro habitantes del Pacífico carecen de cobertura
de agua potable y saneamiento, o los que existen se encuentran por debajo de los mínimos
aceptables (IDEAM; PNUD; MINAMBIENTE; DNP; CANCILLERÍA, 2018). Esto conlleva a la
migración a ciudades en búsqueda de una remuneración que les permita sufragar sus necesi-
dades personales y familiares. El sector de trabajo doméstico se ha visto afectado por la baja
remuneración, inexistencia de relación laboral y maltrato a las mujeres, razón por la cual las
normas laborales han reconocido la importancia que merece para que les sean reconocidos
todos los derechos que le son inherentes al desarrollo de sus funciones.
Es así como se necesitan con carácter urgente políticas que ofrezcan servicios, protecciones
sociales e infraestructuras básicas transversales, que promuevan la distribución del trabajo de
cuidado y doméstico entre las mujeres y los hombres, y que permitan crear más empleos remu-
nerados acordes al trabajo que realizan y respetando los derechos laborales que tengan a lugar.
15Concentración del poder
Colombia puso en vigor una medida especial que ha sido clave para incrementar la participa-
ción política de las mujeres. La Ley de Cuotas establece que en los cargos directivos de las en-
tidades públicas debe haber al menos un 30% de representación de las mujeres, cuota que se
extendió como obligación en las listas de candidaturas para cargos de elección popular o que
se sometan a consulta. En el Estado colombiano, un 44,7% de los cargos directivos son ocu-
pados por mujeres: el 42,7% en los de máximo nivel decisorio (MND) y el 46,3% en los otros
niveles decisorios (OND). En el Gobierno nacional actual, por primera vez, Colombia tiene un
gabinete paritario, hecho destacable que ubica al país por arriba del promedio de América
Latina (28,5%) en lo que respecta a la participación de mujeres en el gabinete ministerial (ONU
Mujeres; Departamento Administrativo Nacional de Estadística; Consejería Presidencial para
la Equidad de la Mujer, 2020).
Ahora bien, cuando la participación depende del voto popular, las mujeres terminan nota-
blemente subrepresentadas, como es el caso del Congreso, las Gobernaciones y las alcaldías.
En la Cámara de Representantes, de los 171 escaños, solo 32 son ocupados por mujeres
(18,7%). En el Senado, de los 108 asientos, solo 23 son ocupados por mujeres (21,3%). En
total, de los 279 lugares que hay en el organismo legislativo, 55 son ocupados por mujeres
(19,7%). En 2019, únicamente dos mujeres obtuvieron el cargo de gobernadoras en los de-
partamentos de Valle del Cauca y Atlántico, tres menos que las electas en 2015. Asimismo, en
las últimas elecciones, 132 mujeres fueron electas como alcaldesas, menos del 15% del total
de alcaldías del país. En Vichada y Amazonas, departamentos donde la población con auto-
rreconocimiento indígena representa una proporción cercana al 60%, no hay y no ha habido
alcaldesas (ONU Mujeres; Departamento Administrativo Nacional de Estadística; Consejería
Presidencial para la Equidad de la Mujer, 2020).
Las mujeres desempeñan un papel vital en el desarrollo sostenible, por lo que los aspectos
de género asociados a las brechas sociales, económicas y laborales necesitan integrarse entre
los esfuerzos para combatir el cambio climático.
Violencia basada en género
Los efectos de la violencia contra la mujer y de la violación de sus derechos humanos se agra-
van en países en conflicto interno como Colombia. Han sido víctimas de actos de amenazas,
asesinato, terrorismo, torturas, desapariciones involuntarias, esclavitud sexual, violaciones,
abuso sexual, embarazos y abortos forzados. Datos oficiales indican que más de 400.000
16mujeres han sido víctimas de homicidio en el marco del conflicto armado, y hay más de 57.000
mujeres víctimas de desplazamiento forzado. Entre 1995 y 2011, la violencia en el conflicto
armado ha generado el desplazamiento interno de más de 2’700.000 mujeres (cerca de 6%
de la población total del país y el 51% del total de personas desplazadas). Además, el 15,8%
de las mujeres desplazadas declara haber sido víctimas de violencia sexual. Las mujeres per-
tenecientes a grupos étnicos indígenas y afrocolombianos se han visto afectadas de manera
desproporcionada por la violencia derivada del conflicto. De 3.445 casos de homicidios de
personas indígenas y afrocolombianas, el 65,5% eran mujeres (ONU MUJERES, s.f.)
Los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda del 2018 muestran que la población
de origen extranjero que reside en Colombia representaba un 2,2% de la población. Las esti-
maciones de la División de Población de las Naciones Unidas indican un incremento en 2019
que alcanzó el 2,3% de la población total, con 1,41 millones de migrantes internacionales, la
gran mayoría proveniente de Venezuela, y un 49,6% eran mujeres. Esta población se encuen-
tra en condiciones de precariedad y creciente informalidad laboral y, por ende, pierde visibi-
lidad y posibilidades de acceso al sistema de protección social (ONU Mujeres; Departamento
Administrativo Nacional de Estadística; Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer,
2020).
Para el año 2019, se registraron 1.001 asesinatos de mujeres, 115 eran menores de edad.
Poco más de la mitad (52,9%) de estos asesinatos se concentraron en las edades de 20 a 39
años y 4 de cada 10 asesinatos de mujeres (39,2%) fueron cometidos en la vivienda y 3 de
cada 10 (31,4%) en la vía pública. Respecto a las lesiones no letales, en 2019 se registraron
77.303 casos enmarcados en violencia intrafamiliar. En todos los tipos de violencia, el por-
centaje que representan las víctimas mujeres es mayor. Del total de lesiones, cerca de 59.000
(76,2%) fueron cometidas contra mujeres y, a su vez, de estas, más de 42.000 se trataron de
violencia no letal de pareja. En relación con delitos sexuales, en 2019 se realizaron 26.158
exámenes médicos por presunto delito sexual, de los cuales el 86,1% fueron practicados a
mujeres (por cada hombre víctima de presunto delito sexual, se presentan 6 mujeres víctimas),
y de estos, el 85,6%) y correspondieron a niñas y jóvenes menores de 18 años (ONU Mujeres;
Departamento Administrativo Nacional de Estadística; Consejería Presidencial para la Equidad
de la Mujer, 2020)
Los impactos del cambio climático y de los desastres relacionados con el clima pueden
aumentar las dinámicas de desigualdad de género en los hogares y contribuir al acapara-
miento de recursos y a la violencia como medio para mantener el control. Bajo situaciones
17posdesastre, se ha observado que las familias pueden recurrir a algunas prácticas perjudiciales de violencia de género, como el matrimonio infantil. Asimismo, el estrés y la escasez de recur- sos, inducidos por el clima, son el detonante de migraciones o desplazamientos u otros facto- res que pueden ser altamente peligrosos, lo cual suele aumentar la exposición de las mujeres, los niños y las niñas, personas LGTBI y otras personas marginadas a la violencia de género, incluida la trata de personas, además de alterar vidas y medios de subsistencia. Los conflictos desencadenados o exacerbados por la escasez de recursos, incluidos aquellos debidos a los efectos de los desastres y el cambio climático, fortalecen las condiciones para que la violencia de género prospere. (Castañeda, Sabater, Owren, & Boyer, 2020) 18
Bibliografía
• ACNUR. (2015). Protección de las Personas con Orientación Sexual e Identidad de
Género Diversas. Informe mundial sobre los esfuerzos del ACNUR para proteger a
solicitantes de asilo y refugiados lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersex.
ACNUR. Obtenido de https://www.acnur.org/5b6c527b4.pdf
• Aguilar, L. (2009). Manual de capacitación en género y cambio climático. San
José: UICN, PNUD y GGCA. Obtenido de https://www.iucn.org/es/content/
manual-de-capacitacion-en-genero-y-cambio-climatico
• Aguilar, L. (2021). La igualdad de género ante el cambio climático. ¿Qué pueden ha-
cer los mecanismos para el adelanto de las mujeres de América Latina y el Caribe?
Santiago: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Obtenido de
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46996/4/S2100332_es.pdf
• Aguilar, L. (2021). La igualdad de género ante el cambio climático: ¿qué pueden ha-
cer los mecanismos para el adelanto de las mujeres de América Latina y el Caribe?
Asuntos de género, 53.
• Aparcana, F., & García, R. (2017). Conceptos fundamentales para la transversaliza-
ción del enfoque de género. Lima: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
Obtenido de https://www.mimp.gob.pe/files/direcciones/dcteg/Folleto-Conceptos-
Fundamentales.pdf
• Arana, M. T. (2017). Género y cambio climático en América Latina. CDKN.
• Bernal, J., & Huertas, A. (2020). Diagnóstico y definición de problemáticas para la
nueva política pública de equidad de género para las mujeres. Bogotá: Departamento
Nacional de Planeación.
• Brady, A., Anthony, T., & Phillip, B. (2019). What The Queer Community Brings to
The Fight for Climate Justice. En Grist (Ed.). Obtenido de https://grist.org/article/
what-the-queer-community-brings-to-the-fight-for-climate-justice/
• Burns, B., & Daniel, T. (2020). Pocket Guide to Gender Equality Under the
Unfccc. Oxford Climate Policy 2020. Obtenido de https://wedo.org/wp-content/
uploads/2020/11/2020-Guide-to-Gender-Equality-under-the-UNFCCC.pdf
19• California Academy of Sciences. (8 de septiembre de 2021). New Science: Queer and
Intersectional Identities Are Revolutionizing How Science Gets Done. Obtenido de
https://artsandculture.google.com/story/ugWBB3JiOthIBg
• Casas, M. (2017). La transversalización del enfoque de género en las políticas públi-
cas frente al cambio climático. Naciones Unidas. Obtenido de https://www.cepal.org/
sites/default/files/publication/files/41101/S1700115_es.pdf
• Castañeda, I., Sabater, L., Owren, C., & Boyer, A. E. (2020). Vínculos entre la violencia
de género y el medio ambiente: la violencia de la desigualdad. Gland, Suiza: UICN.
• CEDAW. (2018). General Recommendation No. 37 on Gender-Related Dimensions of
Disaster Risk Reduction In The Context Of Climate Change.
• CIDH. (2020). Informe sobre personas trans y de género diverso y sus derechos eco-
nómicos, sociales, culturales y ambientales. CIDH.
• Climate Technology Centre & Network. (s.f.). Gender. Obtenido de https://www.ctc-n.
org/technology-sectors/gender
• Congreso de Colombia. (2018). Ley 1931 de 2018 por la cual se establecen directrices
para la gestión del cambio climático.
• Cooper, L., Granat, M., & Daniel, T. (2019). Women’s Organizations and Climate
Finance: Engaging in Processes and Accessing Resources. PROSPERA; WEDO.
• Davis, K. (2008). Intersectionality As Buzzword: A Sociology of Science Perspective on
What Makes a Feminist Theory Useful. Feminist Theory, 9(1), 67–85.
• Dazé, A., & Clare, C. (2019). Toolkit for a Gender-Responsive Process to Formulate
and Implement National Adaptation Plans. Obtenido de https://napglobalnetwork.
org/resource/toolkit-for-gender-responsive-national-adaptation-plans/
• Dazé, A., Price-Kelly, H., & Ras, N. (2016). Integración vertical en el proceso del Plan
Nacional de Adaptación (PNAD): Nota orientativa para vincular la adaptación na-
cional y subnacional. Winnipeg, Canadá.: Instituto Internacional para el Desarrollo
Sostenible. Obtenido de https://napglobalnetwork.org/wp-content/uploads/2016/11/
napgn-es-2016-vertical-integration-in-national-adaptation-plan-processes-a-guidan-
ce-note-for-linking-national-and-sub-national-national-adaptation.pdf
• Dekens, J., & Dazé, A. (2019). Realización de análisis de género para orientar los pro-
cesos del Plan Nacional de Adaptación (PNAD): Reflexiones de seis países de África.
The National Adaptation Plan (NAP) Global Network.
• DNP, MinAmbiente, UNGRD, IDEAM. (2016). Líneas de acción prioritarias para la
adaptación nacional al cambio climático.
20• DNP; MINAMBIENTE; IDEAM; UNGRD; PNN; IAVH. (2016). Plan Nacional de Adaptación
al Cambio Climático: Líneas de acción prioritarias para la adaptación al cambio climático
en Colombia. Bogotá: DNP; MINAMBIENTE; IDEAM; UNGRD; PNN; IAVH.
• European Bank for Reconstruction and Development. (2019). How Private Sector
Investment Can Support Gender-Responsive, Climate-Resilient Development in
Tajikistan.
• Flores, C. (2019). El alto costo de ser mujer en el mundo en desarrollo.
Obtenido de https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2019/10/23/
el-alto-costo-de-ser-mujer-en-el-mundo-en-desarrollo
• Fondo Mujer Emprende. (30 de 09 de 2021). Núcleo E Mujer. Obtenido de https://
emprendimientoinnpulsa.com/convocatoria/nucleo-e-mujer
• Frey, B., & Byrne, T. (2015). Briefing Note-Climate, Gender and Business / Consultative
Draft. UN Global Compact.
• Goodman, D., Irene, D., Mannathoko, C., & Hodge, S. (2012). Adaptación al cambio
climático y reducción del riesgo de desastres en el sector de la educación. UNICEF.
• Harris, S., & Abbott, K. (2018). Climate and Women: The Business Case for Action.
Report. San Francisco: BSR.
• Huyer, S. (2016). Gender Equality In National Climate Action: Planning For Gender-
Responsive Nationally Determined Contributions. UNDP.
• IDEAM; PNUD; MINAMBIENTE; DNP; CANCILLERÍA. (2018). Segundo Informe Bienal
de Actualización de Colombia a la Convención Marco de las Naciones Unidas para el
Cambio Climático (CMNUCC). Bogotá D.C., Colombia: IDEAM; PNUD; MINAMBIENTE;
DNP; CANCILLERÍA; FMAM.
• IUCN. (2021). Gender Analysis Guide: A Technical Tool to Inform Gender-Responsive
Environmental Programming for IUCN Members, Partners and Peers. Gland,
Switzerland: IUCN.
• KPMG; DNP; Fondo Acción. (2020). Estrategia de fortalecimiento del sector empresa-
rial en la gestión de riesgos climáticos para mantener la competitividad en los sectores
de agua, agricultura, desarrollo urbano y financiero. Bogotá.
• Kwauk, C., & Braga, A. (2017). Guidance for a Gender-Responsive Technology Needs
Assessment. Global Economy and Development at Brookings.
• López, I. (2018). Identidades no binarias. Una aproximación a los límites del mode-
lo tradicional de sexo hombre/mujer. Investigación joven con perspectiva de género
(pág. 19). Madrid: Instituto de Estudios de Género, Universidad Carlos III de Madrid.
Recuperado el 14 de Mayo de 2021, de https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/hand-
le/10016/28143/identidades_lopez_IJCPG_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y
21• MinAmbiente. (2019). Plan estratégico sectorial 2019-2022. Recuperado
el 8 de septiembre de 2021, de https://www.minambiente.gov.co/ima-
ges/planeacion-y-seguimiento/pdf/Plan_Estrategico_Institucional/
PLAN_ESTRATEGICO_SECTORIAL_2019-2022_VERSI%C3%93N_1.0.pdf
• Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. (2018). Situación de las mujeres rurales en
Colombia 2010-2018. Bogotá: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
• Ministerio del Interior. (2018). Decreto 762 del 7 de mayo de 2018, Política Pública
garantía de los Derechos sectores sociales LGBTI. República de Colombia
• Mlambo-Ngcuka, P. (2021). Declaración: Las mujeres y las niñas deben estar en el
centro de la lucha por la justicia climática. Obtenido de https://www.unwomen.org/es/
news/stories/2021/6/statement-ed-phumzile-world-environment-day
• Muñoz Ávila, L. M., & Güiza Suárez, L. (2016). El cuidado de la tierra: mujer, ambiente
y cambio climático. Bogotá: Universidad del Rosario.
• Naciones Unidas. (2015). Acuerdo de París. Recuperado el 24 de Abril de 2021, de
https://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/spanish_pa-
ris_agreement.pdf
• Naciones Unidas. (2015). Marco de Sendai para Reducción del Riesgo de Desastres
2015-2030. Naciones Unidas.
• Naciones Unidas. (8 de septiembre de 2021). Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Obtenido de objetivo 4: garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Recuperado
de https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/
• Naciones Unidas. (2 de septiembre de s.f.). Desafíos globales. Igualdad de géne-
ro. Obtenido de Naciones Unidas. Paz, dignidad e igualdad en un planeta sano.
Recuperado de https://www.un.org/es/global-issues/gender-equality
• NDC Partnership. (2019). NDC Partnership Gender Strategy, (pág. 27). Recuperado
el 23 de Abril de 2021, de https://ndcpartnership.org/sites/default/files/NDC%20
Partnership%20Gender%20Strategy%202019.pdf
• Nussbaum, M. C. (2017). Las mujeres y el desarrollo humano. Barcelona: Herder
Editorial, S.L.
• Office of the Special Advisor on Gender Issues and Advancement of Women. (2001).
Gender Mainstreaming: Strategy For Promoting.
• OIT. (8 de septiembre de 2021). COVID-19 and Child Labour: a Time of Crisis, a Time to
Act. Recuperado de https://www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_747421/
lang--es/index.html
22• Oliva, M., & Cate, O. (2015). An Introduction to Climate Change-And The Value of a
Gender-Responsive Approach to Tackling it. En L. Aguilar, M. Granat, & O. Cate, Roots
for The Future: The Landscape and Way Forward on Gender and Climate Change.
(págs. 14 - 4 5). Washington, DC: IUCN & GGCA.
• ONU MUJERES. (8 de marzo de 2020). Por qué necesitamos más empoderamiento finan-
ciero para las mujeres. Recuperado de https://lac.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/
articulos/2020/03/statement---dia-internacional-de-la-mujer
• ONU MUJERES. (2020). The Power of Working Together. Emerging Practices That
Advance Women’s Economic Empowerment. Nueva York: ONU MUJERES; Unión
Europea; Organización Internacional del Trabajo.
• ONU MUJERES. (s.f.). Las mujeres en Colombia. Recuperado de Las muje-
res en Colombia: https://colombia.unwomen.org/es/onu-mujeres-en-colombia/
las-mujeres-en-colombia
• ONU Mujeres; Departamento Administrativo Nacional de Estadística; Consejería
Presidencial para la Equidad de la Mujer. (2020). Mujeres y hombres: brechas de géne-
ro en Colombia. Obtenido de https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/genero/
publicaciones/mujeres-y-hombre-brechas-de-genero-colombia-informe.pdf
• ONUMUJERES. (9 de septiembre de 2021). ONUMUJERES. Centro de capacitación.
Obtenido de Glosario de Igualdad de Género: https://trainingcentre.unwomen.org/
mod/glossary/view.php?id=150&mode=letter&hook=I&sortkey=&sortorder=asc
• OXFAM. (s.f.). Las mujeres rurales de América Latina y El Caribe frente al cam-
bio climático. Obtenido de OXFAM Internacional: https://www.oxfam.org/es/
las-mujeres-rurales-de-america-latina-y-el-caribe-frente-al-cambio-climatico
• Procuraduría General de la Nación. (2013). Resultado de un trabajo coordinado en-
tre las procuradurías delegadas para la Defensa de los Derechos, de la Infancia, la
Adolescencia y la Familia, y para Asuntos Ambie. Boletín 21.
• Project Drawdown. (8 de septiembre de 2021). Health and education. Obtenido de
Project Drawdown: https://drawdown.org/solutions/health-and-education
• RED2RED. (2020). Género y cambio climático. Un diagnóstico de situación. Gobierno
de España.
• Sellers, S. (2016). Gender and Climate Change: A Closer Look at Existing Evidence.
Global Gender and Climate Alliance.
• UNFCCC. (2019). Gender Action Plan. Madrid.
• UNICEF. (2017). Comunicación, infancia y adolescencia. Guía para periodistas. Obtenido
de https://www.unicef.org/argentina/sites/unicef.org.argentina/files/2018-04/COM-
1_PerspectivaGenero_WEB.pdf
23También puede leer
