Argentina. Algunas reflexiones sobre el golpe militar de 1976

Argentina. Algunas reflexiones sobre el golpe militar de 1976

Marcelo Birmajer

El consenso básico alrededor del cual creo que deberíamos nuclearnos los
partidarios de la democracia y la pluralidad es que la tortura, la violación, la
apropiación de niños, el asesinato masivo de prisioneros indefensos y el robo
descarado de sus bienes como botín de guerra vuelven a la dictadura de Videla un
régimen nefasto e imperdonable, y el peor que haya padecido la República
Argentina. Tal vez éste debiera ser el punto de partida y de llegada del debate:
ningún régimen, de ninguna naturaleza, debe cometer nunca los hechos
antedichos.

Sin embargo, la líder de la agrupación Madres de Plaza de Mayo, Hebe Bonafini, y
las diversas formaciones de la izquierda marxista –desde el Partido Comunista,
pasando por todas las variantes trotskistas, hasta las minúsculas fracciones
maoístas– han propiciado, desde el retorno de la democracia, en diciembre de
1983, un debate mucho más amplio que pone en entredicho el concepto mismo de
Derechos Humanos. También el presidente de los argentinos, Néstor Kirchner, ha
aportado su palabra en este sentido: lo que se conmemora el 24 de marzo, nos
dijo, no son sólo los hechos horrendos de la tortura, el asesinato masivo y la
apropiación de niños, sino la concurrencia de estos hechos en función de un plan
mayor: el económico de Alfredo Martínez de Hoz. De este modo, tanto Bonafini
como la izquierda marxista, desde el 83, hasta el actual presidente, desde su
triunfo por el 22 por ciento en 2003, han sacado la discusión del necesario rechazo
a la tortura, la apropiación de niños y el asesinato masivo para llevarla a
cuestiones económicas, una discusión donde estos primeros hechos aberrantes
juegan un rol no sustancial sino funcional, igual de importantes que el plan
económico. Esta es la primera falacia que debemos deshacer.

Desde hace décadas venimos escuchando a Bonafini reivindicar los grupos
terroristas y guerrilleros más diversos, desde Al Qaeda hasta el Tupac Amaru
peruano, pasando por Eta, y manifestando que el neoliberalismo es equivalente a
las dictaduras que violaron todos los derechos humanos.

Por el bien de los derechos humanos, de la vida y la libertad, hay que desarticular
este equívoco. Haber apoyado la política económica del presidente
democráticamente electo Carlos Menem, por ejemplo, no sólo no es equivalente
sino que no tiene la menor semblanza con haber apoyado la dictadura de Videla

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luego de saber que torturaba, asesinaba masivamente y robaba niños. El propio
Menem fue preso de la dictadura, y su política económica, acertada o errada, no
tuvo absolutamente ninguna vinculación con ningún tipo de recorte de las
libertades públicas.

Decir que cualquier persona o funcionario que proponga el liberalismo, el
neoliberalismo e incluso el nunca definido "capitalismo salvaje" es similar a los
esbirros de Videla, pues éstos propusieron el mismo tipo de política económica,
equivale a decir que cualquier sujeto que proponga algún tipo de socialismo o de
participación del Estado en la vida económica es igual a Pol Pot, a Stalin o a Mao.
El socialismo fracasa por sí mismo, no porque sus propositores sean genocidas en
potencia. Y sería una insensatez y una locura adjetivar como violento a cualquier
sujeto que, ateniéndose a las reglas del marco democrático, propusiera el
socialismo, incluso el comunismo, como forma económica de vida. Del mismo
modo que resulta de un gran riesgo para la lógica y los derechos humanos intentar
equiparar la tortura y la apropiación de niños, sus colaboradores y ejecutores, con
un plan económico, sus ejecutores y defensores.

La convertibilidad de los 90 no tuvo absolutamente ninguna relación con la
dictadura del 76: fue votada dos veces por la mayoría del pueblo argentino, y se
llevó a cabo no sólo en la plena efectividad de la libertad de prensa y con la
totalidad de las garantías constitucionales, sino en el marco de la Administración
más pública y libremente criticada desde el retorno de la democracia, en el 83.

Lo que indudablemente puede achacarse al doctor Menem es la corrupción. Las
denuncias dirigidas directamente en su contra resultan bastante razonables y
creíbles. Y el hecho de que fue totalmente incapaz de controlar los actos de
corrupción de sus funcionarios es una verdad innegable. Con eso bastaría para
expulsarlo legalmente del Gobierno e impedirle para siempre el retorno a cualquier
actividad pública. Pero, nuevamente, esto no tiene ninguna relación con torturar,
asesinar masivamente o apropiarse de niños.

Si bien es cierto que Menem, votado por Kirchner y toda la cohorte peronista o
neoperonista que hoy lo alaba, dictó los pérfidos indultos a los militares del 76, no
lo es menos que el propio Menem fue el único presidente civil de la nación
argentina capaz de reprimir con las armas una sublevación militar y, no menos
importante, el único en suprimir esa continuada tortura –y hablamos de tortura, sin
subterfugios– que fue el servicio militar obligatorio. Si los indultos resultan
lamentables, y una mancha indeleble en su presidencia, la represión y
encarcelamiento del traidor Seineldín y la supresión del servicio militar obligatorio
son dos medidas ejemplares que también dejan importantes puntos a favor del
doctor Menem.

Los planes económicos que respetan las libertades públicas y el proceso
democrático son planes económicos de gobiernos democráticos, y como tales

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merecen ser juzgados por su fracaso o eficacia, y no como planes de exterminio.
Porque eso banaliza los verdaderos planes de exterminio y disminuye el valor de
la vida y la libertad humanas.

No quisiera terminar este apartado sin destacar que algunos de los escasos
defensores de los derechos humanos en el ominoso proceso que se abrió con
Videla y se cerró con Bignone fueron periodistas como James Neilson, también
defensores a ultranza del más puro liberalismo económico. Y que también hubo
defensores de los derechos humanos que coincidían con la política económica de
José Alfredo Martínez de Hoz, pero lo aborrecían a él personalmente por ser el
ministro de una dictadura asesina.

II

Hemos dicho que el peor régimen que le tocó padecer a la Argentina fue el de la
dictadura de Videla, sus secuaces y continuadores. Pero el segundo en
importancia, en cuanto a la desgracia que ocasionó a la vida política nacional, no
fue otra de las dictaduras previas, sino el terrorismo de Estado ejecutado por el
primero líder todopoderoso y luego presidente electo Juan Domingo Perón, a partir
de su último regreso al país, en junio del 73, y su continuación, el Gobierno de la
nefasta viuda Isabel y su consorte político, el siniestro brujo José López Rega.

Me atrevo a llamar "el peor" a Videla y sus secuaces –hablamos de Camps,
Galtieri, Massera, etcétera– por tres hechos básicos: la apropiación de niños, la
violación y la tortura de mujeres embarazadas. Estas aberraciones, realizadas
sistemáticamente al amparo del poder del Estado, diferencian la Junta del 76 del
resto de las iniquidades que el país ha debido sufrir de sus gobernantes. Ningún
otro déspota, surgido de las urnas o del poder de las armas, ha llegado tan lejos
en el camino del Mal.

Una vez dicho esto, hay que aclarar que el régimen de terror que implantó el
general Perón desde su retorno al país en el 73 también fue terrorismo de Estado.
El hecho de que Perón no fuera presidente nada más pisar el país –por meros
formalismos– no invalida la realidad comprobable de que fue el responsable de la
masacre de Ezeiza –colocó al represor Osinde y a López Rega como sus
lugartanientes en aquella carnicería– y el impulsor de la Triple A, dirigida por su
heredero político, José López Rega, luego de haber asumido formalmente la
presidencia.

Estoy convencido de que Perón, ante la disyuntiva de que lo consideraran
culpable o inocente del accionar de la Triple A, hubiera elegido ser tenido por
culpable antes que por desprevenido. Creer que Perón no sabía que las matanzas
sistemáticas de la Triple A se pagaban con el erario público es insultar su
inteligencia. Acusarlo de senil tampoco es un argumento válido: en cada reunión
con sus hijos descarriados, los Montoneros –aclarándoles, casi suplicándoles, que

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abandonaran las armas, llamándolos al redil; hasta sus encendidos discursos
llamándolos estúpidos, imberbes, y amenazándolos con el "escarmiento"–, Perón
demostró la lucidez y la capacidad de decisión que lo acompañó durante toda su
vida política. Igual de lúcido que cuando, apenas unos años antes, les enviaba
cartas de amor citando a Mao y admirando al Che Guevara. No era precisamente
Perón el que se confundía.

En descargo del general Perón hay que decir que no fue el primer líder en
convocar a los jóvenes a luchar con las armas por su retorno y, una vez
conseguido esto, a abandonar las armas y obedecerlo. Desde De Gaulle a Ben
Bella, los líderes revolucionarios o de la Resistencia vivieron momentos de
convocatoria a la lucha y luego de necesario llamado a la calma. Porque, como
bien decía Perón, no se puede vivir en una revolución permanente. Y ya antes lo
había dicho el Eclesiastés: hay un tiempo para cada cosa.

En lo que se diferenció Perón del resto de los líderes revolucionarios, en la
Resistencia o depuestos fue en la virulencia con que contraatacó a sus partidarios
de la izquierda radicalizada. Comenzó a masacrarlos desde su frustrada llegada a
Ezeiza (porque finalmente aterrizó en Morón), y no paró de matarlos, con toda la
parafernalia militar del Estado y toda la metodología ilegal, hasta su propio
deceso.

De modo que no es en lo que hace al terrorismo de Estado que podemos
diferenciar el Gobierno electo del general Perón del Gobierno de facto del general
Videla, puesto que ambos ejercieron el terrorismo de Estado, sino en cuanto a la
magnitud y cantidad de los hechos aberrantes cometidos al amparo del régimen
de este último.

III

Hay discusión entre casi todos los polos de este debate respecto a si la represión
de los grupos guerrilleros ERP y Montoneros fue o no una guerra. La discusión es
dentro de cada uno de los polos: dentro de la derecha violenta, de la derecha
democrática, de la izquierda violenta y de la izquierda democrática, así como
dentro de cada uno de los factores pensantes de la Argentina existe una
discusión, nunca saldada, acerca de si el enfrentamiento de los grupos guerrilleros
contra, sucesivamente, los gobiernos de Cámpora, Perón, Isabel y la dictadura de
Videla fue o no una guerra. Algunos de la derecha dicen que fue una guerra, y
otros que no. Algunos dentro de la izquierda dicen que fue una guerra, y otros que
no.

No nos vamos a remontar al surgimiento de ambos grupos guerrilleros; pero sí
vale advertir que los dos nacieron bajo gobiernos de facto y que sus objetivos eran
básicamente militares. Es cierto que cometieron tal o cual acción delictiva contra
civiles en procura de dinero para comprar armas, pero sus ataques armados con

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el objetivo de matar se dirigían contra las fuerzas del orden. Sin embargo, para
terminar esta aclaración, aunque ambos surgieron bajo gobiernos dictatoriales, en
ninguno de los dos casos sus objetivos eran la democracia ni las libertades
públicas: en el caso del ERP, querían implantar una dictadura marxista, sin
absolutamente ningún tipo de concurrencia popular por medio del voto o la
opinión. Y en cuanto a Montoneros, su objetivo coincidía con la democracia en ese
momento preciso, pero no era ésta su fin último. El método era el regreso de
Perón, pero el fin último también era una dictadura de corte tercermundista, una
extraña mezcla, nunca del todo definida, de "socialismo nacional", influencias
cubanas y espíritu clerical.

Ni el ERP ni Montoneros se planteaban un país en el que pudieran coexistir
partidos liberales con partidos de izquierda, ni que el pueblo votara dentro de las
instituciones democráticas y el sistema representativo parlamentario.

Una vez dicho esto, creo que el recorrido previo al Proceso de Reorganización
Nacional, en lo que hace a las guerrillas, y por sangriento e injustificado que haya
sido el asesinato de Aramburu, debe comenzar por la declaración de guerra del
ERP contra el Ejército luego de la asunción de la presidencia por parte del doctor
Cámpora, el 11 de marzo de 1973. Esta es la primera ocasión en que uno de
estos dos grupos guerrilleros se alza contra la democracia, contra un Gobierno
elegido con toda la legitimidad y la fuerza numérica de la mitad más uno del
pueblo, especialmente de los trabajadores, a los cuales, ya con argumentos
psicóticos, decían defender.

El ERP declara la guerra al Ejército, que entonces era el brazo armado de la
Nación, dirigido por un Gobierno democrático votado por la mayoría del pueblo y
que no sólo validó todas y cada una de las libertades democráticas, sino que
había soltado, sin ningún tipo de proceso legal, a todos los presos políticos de las
dictaduras previas. A este Gobierno, al Ejército de este Gobierno, declara la
guerra el ERP. La guerra popular prolongada, lo que sea que esto signifique, que
para colmo era un concepto maoísta, y no trotskista.

¿Pero eran realmente trotskistas los del ERP? ¿Guevaristas? ¿Qué significa ser
guevarista? ¿Cuál es la teoría guevarista? Lo único que queda claro es que
querían matar. Fuera una teoría u otra, lo que los miembros del ERP y sus
dirigentes no podían soportar es que hubiera algún tipo de proceso político
pacífico acompañado pacíficamente por los trabajadores. Ellos querían matar, y
que los mataran. Y si no, no.

De ese modo, declararon la guerra con un sofisma que creo es único entre las
declaraciones de guerra, ya sean internacionales o insurgentes: declararon la
guerra al Ejército, pero no al Gobierno del doctor Cámpora. Si no fuera trágico,
sería gracioso.

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Le explicaron a Cámpora, por medio de una proclama esotérica, que ellos estaban
en guerra contra el Ejército, no contra su Gobierno. ¿Quién puede descifrar
semejante disparate? En toda la historia de las conflagraciones civiles o
internacionales, no creo que haya existido nunca el antecedente de un grupo
armado que le aclara a un Gobierno que atacará a su Ejército sin atacar al propio
Gobierno. Me recuerda, pero con tonos siniestros, la blablería infantil: yo no te
toco, toco el aire.

El caso de Montoneros es más complejo. Tenían una real inserción popular,
participaron activamente de la vida civil desde el regreso de Cámpora y mantenían
un fluído contacto –de progresivo deterioro– con Perón. Hay que decir que fueron
los primeros en padecer muertos cuando su adorado líder regresó a la Argentina
en el 73. Gritar "La vida por Perón" mientras Perón los masacraba no puede ser
considerado un rasgo de lucidez política, pero tampoco una provocación violenta
como la del ERP.

Lo cierto es que durante el Gobierno de Cámpora los montoneros decretaron una
verdadera tregua e intentaron insertarse en lo que ellos reconocían como un
"Gobierno popular", para progresivamente convertirlo en revolucionario. Hay que
decir en mérito del doctor Cámpora y sus partidarios que el suyo fue un Gobierno
que respetó las libertades públicas y la libertad de prensa, y en ningún caso, en lo
que al doctor Cámpora se refiere, tuvo complicidades con los asesinatos que el
propio Perón propiciaba, por medio de personeros como Osinde y López Rega.

Creo que es el asesinato del líder sindical José Ignacio Rucci, el 25 de septiembre
de 1973, con Perón ya elegido presidente, lo que vuelve a convertir a Montoneros
en lo que ellos mismos eligieron ser al momento de su aparición, con el secuestro
y asesinato de Aramburu: un grupo de asesinos políticos. Podemos decir que el
asesinato de Rucci, así como el posterior asesinato de Mor Roig, podría incluirlos
dentro de la categoría de terroristas. Pero quiero ser muy puntilloso a la hora de
definir el término "terrorista". El terrorista es aquel que mata indiscriminadamente a
civiles indefensos con el ánimo de generar terror. En el caso de Montoneros, son
asesinos políticos: hay una lógica asesina, no terrorista, detrás de sus
injustificables atentados.

Sospecho que será de poco consuelo para los parientes de Aramburu o de Rucci,
pero hay una diferencia entre matar a mansalva mujeres y niños y dirigirse a un
blanco preciso con una vinculación política precisa. Esto no los exonera: son
asesinos. Pero distintos de los terroristas. Del mismo modo que es distinto que
violar, torturar o apropiarse de niños. De todos modos, ¿deberían ir presos por
esos asesinatos? Por supuesto, con todo el rigor de la ley.

Pero a lo que íbamos es que también acá Montoneros encuadraba sus asesinatos
dentro de una "guerra popular revolucionaria". Tenemos acá, entonces, que tanto
el ERP como Montoneros concebían sus acciones militares como una guerra

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contra la clase dominante antes, durante y después de la democracia. Esto es: no
tomaron las armas porque Videla conculcó el poder. Ya las habían tomado antes.
Y su objetivo no era derrocar a Videla para brindar al país elecciones libres: en
ambos casos el objetivo era tomar el poder violentamente, fuera el Gobierno
democrático o dictatorial, e implantar, en el caso del ERP, una dictadura marxista
totalitaria, o, en el caso de los Montoneros, un régimen no del todo definido, con
características similares a la dictadura cubana pero también con elementos
clericales y un inefable "socialismo nacional". Sí, ambos declararon la guerra.

Creo que no es posible llegar a una conclusión epistemológica exacta acerca de si
el enfrentamiento entre el ERP y Montoneros y los militares argentinos posterior a
marzo del 76 se trató o no de una guerra. Lo que sí podemos decir es que los dos
bandos la concebían como tal. De eso no hay duda. Tanto Montoneros, como el
ERP, como los militares argentinos declaraban, firmaban y documentaban estar
librando una guerra. Y ninguno ahorró esfuerzos al respecto. El hecho de que el
Ejército contara con una desproporcionada y abismal ventaja frente a los grupos
guerrilleros no invalida el hecho de que estos grupos guerrilleros, efectivamente, le
declararon la guerra. Ahora bien: ¿está justificada la tortura por la guerra? ¿Está
justificada la violación, la apropiación de niños, el asesinato masivo de prisioneros
indefensos? Ninguna de estas aberraciones está justificada. Que haya sido o no
una guerra no tiene ninguna relación con esos hechos, que de ningún modo
contribuyen a la victoria o derrota en una guerra.

Es evidente que ni la violación ni la apropiación de niños, ambas sistemáticas,
pueden ser consideradas como "excesos". En una guerra el exceso puede ser
matar al enemigo cuando se ha rendido; la violación es un delito aparte. Una
degeneración que no guarda ninguna relación con la victoria o la derrota. La
apropiación de niños, sistemática como fue, es un dato novedoso en la cartografía
del Mal que marcará a los argentinos por generaciones y cuyos culpables deben
ser apartados de la sociedad por lo que duren sus vidas.

Las guerras tienen reglas. A menudo pueden servir para que, al amparo de su
fragor, los malvados absolutos ejecuten pecados que pergeñarían en cualquier
circunstancia propicia; pero en ningún caso disminuye la afrenta ética que estos
actos inaprensibles representan.

Mis conclusiones son las siguientes:

•      El único modo de tomar el poder debe ser por medio del consenso, en el
    marco democrático, y la elección de la mayoría del pueblo. Si estas reglas
    son rotas, toda resistencia armada debe tener un único fin: restituir estas
    mismas reglas inmediatamente, sin otro objetivo que la elección de un
    Gobierno, por medio del consenso, por la mayoría del pueblo.

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•       No se debe declarar la guerra, genéricamente, contra un enemigo
    militarmente superior, como ha hecho, por ejemplo, muy recientemente el
    autodenominado Subcomandante Marcos en la Selva Lancadona. Marcos,
    a grandes rasgos, tuvo suerte. Pero lo cierto es que los militares
    latinoamericanos, cuando se les declara la guerra, suelen aceptarla.

•       En cambio, frente a ataques como los de la Triple A, amparados por el
    Estado, sí pueden existir metodologías de autodefensa, en el siguiente
    orden: primero, no apoyar a quien nos mata (en este caso concreto, no
    intentar dar la vida por Perón mientras Perón me está matando); segundo:
    tratar de buscar algún tipo de metodología política y pacífica, de alternativa,
    al presente estado de cosas; y sólo en última instancia, agotadas todas las
    posibilidades, defenderme. No vengarme, no planificar estrategias, no
    tomar el Poder: defenderme. Y procurar siempre el retorno a las
    condiciones de legitimidad y democracia antedichas.

Hoy nos encontramos en un momento privilegiado para preservar por todo el
tiempo posible, para todos nuestros descendientes, un futuro democrático y
pacífico.

Tomado de: http://www.ilustracionliberal.com/

Nº 28 - AMÉRICA

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