Crisis energética y desarrollo con inclusión social

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                Crisis energética y desarrollo con inclusión social
                        Desafíos para una nueva etapa

                                                                Daniel García Delgado1

Introducción

Es casi obvio destacar la importancia de la actual crisis energética tanto por sus
repercusiones productivas de corto plazo, inmediatas y hasta cotidianas. Como también
por sus consecuencias de mediano y largo plazo en un contexto mundial y regional que
aparece como telón de fondo de esta problemática y de una búsqueda de
posicionamiento de los distintos actores respecto del acceso a los recursos energéticos
con precios en ascenso. Y en todo caso, queremos destacar la importancia de la
problemática energética en Argentina y en el MERCOSUR en un sentido más amplio,
para un modelo de desarrollo con inclusión social. Porque si se apunta a profundizar un
modelo productivo con inclusión social ello que tiene que ver, no solo como se resuelve
esta crisis en lo coyuntural, sino como también impacta en los diversos desafios
vinculados tanto a la búsqueda de competitividad con distribución del ingreso; a lograr
sustentabilidad macroeconómica con sostenibilidad ambiental; a generar alto
crecimiento del producto sin profundizar las asimetrías espaciales; a articular la
sociedad productiva con la del conocimiento, y generar una cultura de trabajo. Es decir,
para abrir caminos de más vida y esperanza para el conjunto de la sociedad. Y para todo
ello el rol del Estado y en particular de la política pública no es menor.

Por ello depende de cómo se resuelva la crisis energética tanto en términos coyunturales
como de mediano plazo, y si en ese transcurso se favorece la concentración, la
opacidad, trasnacionalización y la pérdida de autonomía nacional, o si por el contrario,
se lo hace en favor de la distribución del ingreso, del control, de la reindustrialización y
del mayor grado de autonomía decisional. De allí que consideremos necesario arrojar
alguna luz sobre una problemática que es, a su vez compleja, técnico-política y que
impacta sobre toda la estrategia de desarrollo del país.

1- Crisis y replanteo a la matríz energética de los ‘90

Si quisiéramos ser breves y sintéticos, podríamos decir en un contexto también del fin
de considerar la energía como un recurso infinito, que las causas principales de esta
crisis y restricción energética que implosiona hacia mediados del corriente año son dos:

1
  Director del Programa “Estado y Políticas Públicas” de FLACSO (Sede Argentina). Investigadores
comprometidos con esta investigación son también Alejandro Casalis, Martín Chojo y Mariana Reyes.
Artículo publicado por FLACSO. Nota destacada correspondiente a agosto de 2007. Publicación
institucional. www.flacso.org.ar

2

i) Alto crecimiento y el aumento de la demanda El país en su conjunto ha hecho en
estos últimos cuatro años, un esfuerzo significativo por salir de la emergencia e instalar
un modelo productivo de alto crecimiento, se ha mantenido un tipo de cambio
competitivo, ligado a una fuerte expansión de los diferentes componentes de la demanda
interna que han servido de pivote para sostener un crecimiento en el orden del 8% este
año y la economía que creció 48,7% en 5 años.

Probablemente la mayor demanda energética, además del crecimiento del producto, ha
sido agudizada estacionalmente por el intenso frío invernal y el nuevo récord de
consumo de 18.345 MW registrado el 14 de junio, el alto crecimiento tiene su
contrapartida en la restricción energética (el consumo energético en mayo aumentó un
8,3% respecto de mayo de 2006, 1.350.000 de vehículos funcionan a GNC y
aproximadamente son 4800 los grandes usuarios que deberán reducir el consumo), que
ha llevado a cortes, y a una preocupación de diversos actores y sectores sobre quién
paga estas restricción. 2Si bien economistas del ámbito privado han relativizado la
incidencia que puede tener la situación energética en relación con los indicadores de la
marcha de la economía, que afectarían más a la microeconomía que a la macro, y más
en la política que en la economía y las finanzas.

Así este crecimiento económico experimentado de estos cinco años va acoplado de un
crecimiento de la demanda energética de la misma o mayor magnitud. Por lo tanto, la
oferta energética existente al inicio de este crecimiento se ha ido consumiendo hasta
nivelarse con la demanda.

La segunda causa tiene que ver con:

ii) El modelo energético implementado en los ‘90 Sin lugar a dudas, la política
energética aplicada durante los ‘90 restringió al mínimo las posibilidades del Estado de
regular la actividad, dominada por grandes grupos de empresas petroleras extranjeras
Un modelo que trasnacionalizó, privatizó, provincializó los recursos y orientó bienes
estratégicos y públicos hacia objetivos de rentabilidad privada exclusiva. 3 Esta
segunda causa del problema reside en la incapacidad del modelo energético vigente para
responder adecuadamente a los requerimientos de un crecimiento muy dinámico.

El área de distribución eléctrica no es donde se encuentran las fallas más importantes,
pero las señales económicas para invertir han ido decayendo desde fines de los noventa
por limitaciones en la aplicación del sistema de multas por baja calidad de los
servicios.4 Las inversiones más importantes en ese sector se hicieron al inicio de la
privatización como consecuencia del clima imperante de “todo al mercado”, más que
por la amenaza de sanciones. De manera que –como se señala- “…la crisis del 2001 las
encontró con baja inversión que se acentuó con la ley de congelamiento de las tarifas.
Decisión, que en el momento actual beneficia a los sectores pudientes de la sociedad y

2
  Las restricciones operadas a mediados de año también están relacionadas con la reducción de las
precipitaciones de éste año que redujeron el nivel de agua de las principales centrales hidroeléctricas e
incrementaron la necesidad de importar energía.
3
  Azpiazu D., y Schorr, M., (2003) señalan que la débil performance económica que ha acompañado a la
privatización de los ’90 y en los palpables beneficios que -por el contrario- les ha garantizado a las elites
y a los consorcios multinacionales operadores En este sentido, realza el sesgo regresivo de las
privatizaciones y el rol que debieran asumir el Estado y la comunidad en los sectores de infraestructura .
4
  Marcos Rebasa, “Situación de máxima tensión energética Errores conceptuales”, Suplemento Cash, 15-
07-07

3

en detrimento de los cadenciados.” (…) “Esto llevó a la necesidad de que el Estado a
través del Consejo Federal de energía tomara cartas en el asunto para que se instalaran
criterios radicales de inversión para el desarrollo y expansión de la red nacional de
transporte eléctrico. Así pudo trabajarse una inercia fundada en un modelo con
prejuicios ideológicos respecto de la inversión estatal”. 5 Es decir, fue un período de la
primacía del Estado ‘mínimo’, de cero de inversión pública y en infraestructura, de todo
al mercado y de pensamiento único.

Pero donde el fracaso del modelo ha sido profundo ha sido en el sistema para remunerar
la generación de energía eléctrica: es decir en el de la producción. Estos
comportamientos fueron permitidos por un marco legal encuadrado en lo que podría
denominarse una “regulación débil” (Kozulj, R. 2004 a), basado en la creencia de que
las reglas de mercado transforman de modo automático una rentabililidad elevada y
relativamente segura en inversiones localizadas en el mismo territorio en el cual se han
obtenido estas utilidades. La retirada del Estado sobre el control de los recursos
energéticos, considerados como estratégicos en cualquier país del mundo, ha sido en
Argentina de una magnitud cuantitativa y cualitativa sin precedentes.

Las petroleras especulando por precios no inyectaron el gas suficiente en los caños de
las transportadoras, invirtieron poco y nada en la exploración de nuevos pozos para
evitar el declive constante de las reservas y no tomaron la iniciativa para ampliar la
capacidad de refinanciar para garantizar la normal provisión de gasoil al mercado. El
argumento es conocido, que el congelamiento o las bajas tarifas desincentivan las
inversiones y que hay ausencia de un clima de negocios. Sin embargo, se ha liberado el
precio del gas a boca de pozo, pueden exportar libremente y mantener hasta un 70 por
ciento de liquidación de divisas en el exterior.

Un dato adicional a la imposibilidad de resolver estas restricciones en lo inmediato, es
también la necesidad del gobierno de tener que resolver casi periódicamente el flujo de
inyección de gas a los gasoductos de exportación a Chile. Esta cuestión tuvo su pico
máximo de tensión a mediados del año 2004, donde se generaron importantes roces
político-diplomáticos y se establecieron soluciones parciales que aún no han podido
resolver la cuestión del suministro y de los precios de forma acabada.

Algo similar podría mencionarse respecto de la inestabilidad del suministro de gas
proveniente de Bolivia. Algo que también genera difíciles negociaciones constantes
sobre las cantidades aseguradas y los precios de importación con nuestro vecino
trasandino.

Ambas situaciones reflejan la pesada herencia de la política de privatizaciones, apertura
y desregulación implantada en los noventa, que aún no ha logrado encontrar un rumbo
estable de planificación para el mediano y largo plazo.

De este diagnóstico se desprenden distintas propuestas para enfrentar la crisis: a). La
más ortodoxa y alarmista (Fiel, 2007) que coloca la respuesta a la crisis en la ausencia
de un sistema de precios del mercado, el excesivo intervencionismo estatal, los
fideicomisos, la falta de aliciente de rentabilidad para la inversión: en la necesidad de
declarar una emergencia nacional y hacer pagar los costos a los hogares y políticos al

5
    Ver Alfredo Asita “El juego de la simulación” en Suplemento Cash, 15-07-07

4

Gobierno. Es decir, que considera que esta restricción se solucionaría con el
sinceramiento de las tarifas, con ajustes al consumo de la población en general, con
mejorar la seguridad jurídica, entendida como el marco regulatorio que maximice la
IED, que aumenten las tarifas, y que el Estado intervenga lo menos posible en el
negocio energético.

b) La posición ‘productivista’, apuntó a mostrar que lo que explicaba la situación tiene
que ver con la demanda creciente, y en todo caso, con la necesidad de mayor inversión
público-privada y maduración de proyectos ya iniciados. El gobierno señala la
necesidad de cubrir un bache inversor de años que explica y que la inversión en
infraestructura sea hoy equivalente al 22,9 del PBI. Así como implementar medidas
coyunturales de garantizar, por ej., a vehículos de transportes de pasajes y cargas
combustibles líquidos alternativos a bajo precio (Esquema de Cammesa de restricción
de 1.200 MW entre las 16 y las 24 horas sobre los grandes usuarios industriales)6. Por
otro, la posición de aumentar el control estatal y la presión pública sobre el sector
energético privatizado: desde multas crecientes y sanciones a las transportadoras
privadas que, en vez, de privilegiar el mercado interno, optan por exportar a Chile, a
exigir a las empresas energéticas que realicen inversiones a cambio de la no caída de las
concesiones, hasta profundizar inversiones en el áreas clásicas de generación
hidroeléctrica (Yacyretá)7 y nuclear (Atucha II) etc. y en acelerar las decisiones en
materia de la construcción de gasoductos y oleoductos troncales para aprovisionamiento
como el gasoducto del Nordeste con Bolivia, y los regionales con Venezuela que
atraviesa todo el subcontinente, etc.
iii. Desafíos para una nueva etapa. En todo caso, para un desarrollo con inclusión social
todavía se requiere replantear la matriz energética y el sistema regulatorio heredado de
los ’90. Para ello se necesitan de políticas de estado para cambiar la matriz energética de
mediano y largo plazo y las relaciones de fuerza que derivan de ello . Porque queda
claro que el Estado no puede delegar su responsabilidad en la prestación del servicio y
descansar exclusivamente sobre los incentivos económicos para garantizar la
responsabilidad de las empresas actuantes (Pistonesi, 2000). La custodia de los bienes
públicos requiere:
a.) establecer un cronograma de inversiones mínimas para incrementar reservas. El
gobierno puede renegociar la extensión de los contratos de concesión a cambio de
compromisos de inversión, aplicar la ley de hidrocarburos vigente y hasta rescindir
concesiones; y aplicar la Ley de Abastecimiento por especular; también puede
establecer auditorías y fiscalizaciones sobre niveles de producción y reservas y disponer
de exploración a través de la nueva empresa estatal de energía ENARSA. Los

6
  Se elaboró un Programa de Energía Total, diseñado para incentivar la sustitución del gas natural y/o
energía eléctrica por combustibles alternativos (fuel oil, gasoil y GLP) por parte de la industria y la
generación de electricidad. Entre sus considerados la norma señala: “que es necesario maximizar la
utilización de los distintos componentes que conforman la matriz energética argentina, con el fin de
garantizar su adecuada alternancia, contribuyendo de esta manera con la continuidad del crecimiento del
país y sus industrias.”. Asimismo el Gobierno acaba de anunciar la compra de siete turbinas, a un costo
calculado en 1.040 millones de dólares, y la construcción de dos centrales hidroeléctricas sobre el río
Santa Cruz que representaría entre 1.500 y 2000 millones más, todo financiado con fondos del Estado.
Arcadio Oña, “Energía: los tiempos del uso racional” ¿Por qué el Gobierno no aplica un plan de ahorro
mas eficiente? (Clarín, 24.07.07
7
  El Presidente de la Nación junto a su par paraguayo Duarte Frutos, acordaron terminar Yacyretá y
aumentar su capacidad de generación, el 30 de Junio del 2007. A su vez, el 17 de julio del 2007, a través
del Decreto 908, se acepto un préstamo de la CAF para ejecutar la interconexión eléctrica entre Ituzaingo
(Corrientes) y Gral. Rodríguez (Bs. As.) denominada III Línea de Yacyretá. www.eby.gov.ar

5

paradigmas de consumo de las décadas del ‘80 y ‘90 están cambiando y las reservas
han caído de manera continua, tanto en petroleo como en gas.
b) Se necesita mejorar la coordinación interinstitucional, para favorecer una mayor
vinculación entre la Secretaría de Energía con el Ministerio de Economía y replantear
la relación Nación-Provincias, en base a criterios de equidad entre las provincias que
tienen recursos y las que no, y asimismo a pautas consensuadas, dado que la actual ley
transfiere a las provincias la propiedad de los pozos, pero sin definir criterios comunes
para las concesiones (ej. yacimiento de Cerro Dragón se hizo por 40 años, es decir, casi
a perpetuidad). iii) También se requiere realizar un control más fuerte sobre los excesos
de distintos sectores, tener una mayor equidad distributiva en el gas y potenciar el rol
de empresa públicas como ENARSA8 en TRANSENER9, en una eventual venta de
Repsol, para tener mayor control de recursos estratégicos y que las divisas de
exportación se liquiden en su totalidad en el país. Por último, es necesario considerar
la necesidad de contar con una estructura de planificación macro y microeconómica de
mediano y largo plazo, con la participación de actores de la producción, del
conocimiento y de la sociedad civil.

    2. Fin de la era del petróleo barato y el dilema de los biocombustibles

Estamos en un mundo turbulento, y en transición. Porque al mismo tiempo que
experimentamos la crisis energética nacional se tiene como trasfondo global el fin de
una etapa del combustible fósil barato y de crecimiento de la demanda energética
mundial, tanto proveniente de los países desarrollados como en desarrollo. Es así como
todos los países o bloques con capacidad de planificar, generan estrategias para
obtenerlo, racionalizarlo, o aprovechar de su disponibilidad. La energía es un insumo
cada vez más escaso y más caro, además, una poderosa herramienta en manos de
quienes la poseen en abundancia y una evidente fuente de disputa entre las grandes
empresas petroleras transnacionales y los estados nacionales. De allí que podamos
interrogarnnos sobre si la cuestión energética ¿es un negocio financiero, un servicio
público o un derecho ciudadano? ¿Se pueden conjugar estas visiones? Por todo esto que
se sabe, hablar de la “brecha energética” empieza a ponerse de moda en el mundo,
equiparándola, inclusive a la más difundida “brecha tecnológica”.

La base de la oferta energética, tanto para la producción de electricidad, como para el
abastecimiento de los vehículos, es el petróleo y el gas. El horizonte de su agotamiento
es permanente motivo de conjeturas y de pronósticos diversos pero lo concreto e
indudable, es que este recurso se ha de agotar en algún momento (aproximadamente se
calcula alrededor de los 50 años).

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   ENARSA suscribió acuerdos estratégicos para la exploración, el desarrollo y la producción de
hidrocarburos en la plataforma continental argentina. El objetivo es incrementar los niveles de reservas y
producción de hidrocarburos. A partir del 1 de enero del 2007 entro en vigencia el acuerdo con la
República de Bolivia, de compra de gas, donde se firmo entre ENARSA e YPF.
9
  Petrobrás anunció el 20 de julio que venderá su participación en la empresa que administra y opera la
transmisión eléctrica en alta tensión del sistema nacional, Transener, a la firma estatal Enarsa y la privada
local Electroingeniería. www.pagina12.com.ar

6

Esta perspectiva que marca el pensamiento y acciones para el mediano y largo plazo en
aquellos países que pueden tenerlo o intentarlo al menos (oleoductos continentales,
intervenciones militares, estrategia de biocombustibles, inversión en energías y
tecnologías alternativas, etc.) configuran una escena compleja y dinámica, donde
queramos o no jugaremos algún papel, ya sea dentro de una estrategia que aproveche
oportunidades en favor nuestro, o terminar nuevamente teniendo un papel dentro de una
división internacional del trabajo diseñada por otros. No es solo una cuestión de
oportunidad. “La energía es el sostén del desarrollo y su dominio es un requisito del
ejercicio efectivo de la soberanía, es decir, de la capacidad de un país de decidir su
destino dentro del mundo globalizado.” (Aldo Ferrer, 2007)10.

En este nuevo contexto emerge en el último año, la estrategia de energías no
convencionales como los biocombustibles, para cortar con combustibles fósiles, pero
como una estrategia internacional que servirá para reemplazar esta escasez de
combustibles fósiles y para exportar, generando un creciente reemplazo de alimentos
por combustibles, que fue promocionada fuertemente por el Pte. Bush en una reciente
gira por América Latina. No obstante, esta opción por los biocombustibles tendría
distintas posiciones sobre su significación.

a) La promesa de grandes negocios
Este enfoque ubica a el biocombustible como respuesta de reemplazo y muy
conveniente para los países de la región en una orientación exportadora, y
particularmente para la Argentina cuya producción agroindustrial es muy competitiva.
Los que fomentan esta perspectiva son sectores que constituyen un sólido bloque social
agroindustrial, conformado por los pooles de siembras, las multinacionales que nos
quieren como exportadores de alimentos y energía, empresas petroleras, y, de tipo
enclaves extractivos sumamente competitivos e integrados desde la producción, el
transporte, la exportación y ahora también la producción de biocombustibles11. También
otros países de la región han adherido cálidamente a esta perspectiva (Brasil, si bien
cuenta con más antecedentes en el sector). 12.

Esta posición es asumida por la cadena agroindustrial (CAI) que considera que habría
que conseguir que no se intervenga, para dejar actuar solamente a los pocos productores
del área que concentran apuntando a un modelo productivo exportador generador de
divisas. Rspecto de si ésta estrategia va aumentar los precios de los alimentos o no (soja
o maíz), Grobocopatel, señala, que en realidad no hay modelo que lo pueda predecir,
que en definitiva lo que hay que hacer es crear riqueza y a partir de allí distribuirla. Y
agrega que “hay que dejar el tema sin intermediarios, y que no haya políticas activas por
parte del Estado, porque siempre que hubo parte del Estado, hubo desocupados y
malestar.”13 Así, se busca hegemonizar la opinión pública con la posición de la CAI, de
universalizar sus intereses como válidos para el conjunto de la población.

10
    “Energía, desarrollo, soberanía.” La participación del Estado en un área clave, BAE, 2 de agosto de
2007
11
   Ver Foro de empresarios sobre los biocombustibles, La Nación, 27 de junio de 2007
12
    Los acuerdos de Bush y Lula han provocado una discusión inusitada sobre lo biocombustibles. Fidel
Castro ha criticado el uso del etanol y del biodisel. Para él, el etanol, sobre todo el obtenido a partir del
maíz beneficia el consumo de los ricos y saca alimentos a los pobres. Lula explicitó que esta apuesta
energética ocupa lugar central, sin embargo Brasil, un país autosuficiente en petróleo que obtiene más del
60% de su energía eléctrica de fuentes hídricas, que muy pronto será autosuficiente en materia de gas, y
que, además tiene programas avanzados en los dominios solar, eólico y nuclear.
13
   Reportaje en el programa Argentinos para Armar, TN, 8 de julio de 2007.

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Lo cierto es que los cambios en el escenario internacional han contribuido a un
incremento de la demanda y de los precios de la CAI. En este sentido, esta cadena puede
tener la pretensión de universalizar sus intereses como válidos para el conjunto, en una
suerte de un modelo agroindustrial tipo Nueva Zelanda o Australia, pero que a
diferencia del primer modelo, de desarrollo agrícola ganadero del país, esta vez,
integraría no solo una demanda mundial fuerte y sustentable en alimentos, sino también
ahora de energía. Esta orientación cierra con la demanda del fin de las retenciones, la
liberalización del comercio exterior y el rechazo de toda política que busque defender
el mercado interno.

b) La del rechazo socio-ambiental
Esta posición refleja la crítica por el probable aumento en el precio de los alimentos que
esto supondrá y la pérdida de seguridad alimentaria. Asimismo, señala las
consecuencias negativas de la deforestación indiscriminada de bosques nativos, la
contaminación producida por el uso de agroquímicos, la erosión de sueltos que traería
aparejado la producción masiva de biocombustibles a base de soja y maíz. Con ello, se
busca evitar el aumento del precio de los alimentos básicos como el maíz y a frenar la
extensión indefinida de la frontera cultivable en deterioro de un equilibrio poblacional y
ambiental, expulsión de poblaciones, etc.. Y en nuestro país el medio ambiente se ve
seriamente amenazado desde distintos frentes, como por ejemplo: el cambio climático
(se observa un ciclo de sequía prolongadas y fuertes inundaciones; la deforestación
elimina el primer dique contra las inundaciones, y hay menos escurrimiento) y el déficit
de infraestructura pública (ausencia de adecuadas obras de infraestructura como
canalización y dragado). Por último, esta posición también critica que se produzca
energía para abastecer a los países desarrollados.

Lo cierto es que si bien la Argentina presenta cultivos muy rentables y demandados y
tiene un sector agroindustrial muy eficiente y competitivo, la tendencia a extender los
monocultivos indefinidamente impacta también en la concentración y extranjerizacion
de la propiedad de la tierra, en el fomento de una cultura rentística de un sector, en las
migraciones, y finalmente, en el despoblamiento de vastas zonas. Estas tendencias, por
tanto, deberían ser reguladas, porque sólo perseguir la máxima rentabilidad empresaria
como una lógica que guíe el crecimiento alto y sustentable supone no debatir otras
opciones y políticas que integren una perspectiva más amplia del bien común.
Asimismo, la complementariedad campo e industria debe buscarse, pero no es
naturalmente virtuosa, debe regularse y planificarse.

Lo cierto es que la globalización –como señala E. Martínez (2007)- “significa no
solamente la unificación de los mercados, posibilitada por la enorme agilización de las
comunicaciones y por la absoluta movilidad de los capitales, sino que también lleva a la
unificación de los problemas y de los intentos por resolverlos. En ese sentido, la
seguridad en la disponibilidad de la energía necesaria para mantener y expandir la
calidad de vida actual, es seguramente el tema que hoy domina el espacio de las
decisiones estratégicas de la política mundial.” Asimismo la estrategia e inversiones de
biocombustibles, es fuertemente alimentada por las refinerías norteamericanas y la CAI
local.

Esta posición del rechazo socio-ambiental se expresa en diversos movimientos socio-
ambientales, así como por analistas que observan las posibles consecuencias del

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aumento de precios de los alimentos, y se opone, a la estrategia de alentar la producción
de biocombustibles, pero sin señalar muy explícitamente cómo hacer para parar la
corriente ola de negocios, legislación y comunicación en favor de esa dirección.

c) En favor de una matriz energética diversificada (MED).
Ahora bien, como salir del dilema, ¿cómo convertir un negocio que puede ser para
pocos, en una oportunidad para todos? ¿cómo compatibilizar y no disociar desarrollo
con sustentabilidad ambiental? y ¿cómo vincular crecimiento alto del producto y matriz
energética con desarrollo y equilibrio territorial, con desconcentración? Aquí se percibe
la necesidad de una apuesta a una matriz energética diversificada (MED), porque “…el
país tiene la posibilidad de contar con una fuente diversificada de recursos energéticos
ya que cuenta con el acervo industrial y tecnológico que le permite proveer la mayor
parte de los equipamientos y servicios necesarios para la gestión y la ampliación de la
capacidad productiva, desde los hidrocarburos, hasta la energía nuclear. Cuenta también
con los recursos financieros necesarios para ejecutar las inversiones necesarias.14 Pero
para generar el cambio de matriz se requeriría de:

i) Aumentar la inversión pública y privada en hidrocarburos y energías clásicas. Esto
tiene que ver también con las acciones que ya se están realizando a favor de elevar cotas
de represas como Yaciretá, generar nuevas represas (Corpus), como con la construcción
de centrales eléctricas, más el Gasoducto del Nordeste Argentino y obras de ampliación
de la capacidad de transporte de los ductos troncales del país de Bolivia entrarán 20 M,
lo que se sumaría a las planta para procesar en la Argentina gas licuado venezolano a
partir de 2009. En lo nuclear terminar con Atucha II y generar energía nuclear debido a
la gran capacidad de generación eléctrica que tienen.

Salir del dilema inicialmente planteado tiene que ver, entonces, con considerar a los
biocombustibles como una parte, un segmento de una matriz mas amplia, donde no
debería hablarse tanto de reemplazar sino complementar, de utilizar algo de combustible
originado en el agro para cortar los combustibles fósiles15. Considerar que se podría
posibilitar la producción del biodiesel a través de la soja, pero que no sería tan
conveniente la de bioetanol a través del maíz, ya que, en vez de dar alimentos a
personas y a animales se destina a producción de alcohol que conlleva el aumento doble
de su precio y rendimiento. Y finalmente asegurar su orientación al mercado interno
más que a la exportacion como fija la ley de biocombustibles. Pero lo cierto es que
actualmente, como pasa por ej., con el Proyecto Soros, de Venado Tuerto, el destino
total de la producción bioetanol es la exportación hacia a Estados Unidos.16

ii) Con desarrollar nuevas fuentes de energías alternativas: se trata de mejorar la oferta
energética mediante la inversión de energías alternativas como, por ejemplo, la energía
eólica, la solar, la biomasa, etc. Todas energías disponibles y renovables, energía
limpias sin contaminación ambiental, que además de contribuir a diversificar la oferta

14
   Aldo Ferrer, op. cit.
15
   Ver de Enrique Martínez, “ENERGÍA + MEDIO AMBIENTE + ALIMENTOS. Un humilde
llamado de atención”, Boletín electrónico, INTI, enero de 2007, www.inti.gov.ar
16
   La ley 26093 obliga a mezclar los combustibles con un 5% de biocombubitles. Habla de una demanda
de 900.000 m cúbicos de biodisel para el 2010, lo que muestra que se necesitan 2 millones más de
hectáreas para cubrir esa demanda. La ley también señala que se privilegia la demanda interna mas que
para exportar.

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energética, permitan el desarrollo de tecnologías con alto valor agregado y                           la
innovación científica.
Respecto de la energía solar y eólica, que no son fuentes primarias sino vectores de
energía porque se necesita de otras fuentes de energía para producirlas, se pueden
utilizar en las zonas rurales que en la mayoría de los casos están aisladas17. Por su
parte, la energía solar, la eólica18, la hidroeléctrica en alguna medida, son consideradas
fuentes limpias, ya que al menos en materia de emisiones gaseosas, no están asociadas a
las dificultades de los combustibles minerales. Los biocombustibles, en cambio tienen
una relación con el ambiente distinta según el caso. El biodiesel, -obtenido a partir de
aceites vegetales, sea de soja, colza u otros- tanto cuando es usado al 100% o en cortes
con diesel de petróleo, no reduce de manera relevante el efecto invernadero. El etanol,
por el contrario, reduce las emisiones gaseosas, sin embargo la ecuación entre la energía
que produce y la que se requiere para su elaboración es prácticamente negativa.19
Por otra parte, con tecnologías adecuadas se podría hacer no solo creación de grandes
plantas sino también dar lugar a la fabricación de equipamientos pequeños y medianos
para desconcentrar los procesos de producción y distribución de la energía. Alentar la
presencia de servicios de origen argentino en la cadena de agregado de valor desde la
extracción de los recursos hasta su destino final. La existencia de institutos como el
INTI y el INTA, de una Empresa Nacional de Energía (Enarsa) cuyas presencias pueden
ser decisiva, constituye un instrumento indispensable para la concepción de una puesta
en marcha de una estrategia eficaz del desarrollo de los recursos energéticos.
Lo que habría que evitar, es que una opción tecnológica productiva tan decidida por los
biocombustibles termine desplazando inversiones en otras fuentes energeticas y el
desarrollo tecnológico de otras fuentes alternativas más limpias o alternativas -como la
energía eólica, la solar, el hidrógeno, etc.- capaces de dar lugar a desarrollos
tecnológicos con mayor valor agregado y opacar el debate sobre la inversión privada y
pública, sobre la renta petrolera. En definitiva, en la cuestión energética y las opciones
que se tomen al respecto, también está en juego la orientación tecnológica del país a
futuro y el financiamiento disponible para los institutos de I & D del Estado y para un
desarrollo territorial más armónico y desconcentrado del país. En la medida que haya
disponibilidad de equipos, tecnología, subsidios para abastecer zonas carentes o
deficientes en la provisión de energías (ej. gas licuado o gas natural en zonas que son
proveedoras, cerca de un tercio de la población no esta abastecida por gas natural), y
asimismo para generar posibilidades productivas en el desarrollo local.

iii) Redireccionalizar y regular la acumulación de la CAI y los biocombustibles hacia el
desarrollo territorial:

17
   El 30% de la población rural carece de servicio eléctrico. El Proyecto de Energías Renovables en
Mercados Rurales (PERMER) llevado a cabo por la Secretaria de Energía de la Nación, tiene por objeto
el abastecimiento de electricidad por medio de la instalación de sistemas fotovoltaicos, es decir energía
solar y eólica. www.energia.mecon.gov.ar/permer Estas alternativas contribuyen al desarrollo territorial.
18
    Chubut es la provincia que muestra los mejores resultados en cuanto al uso de energía eólica. Ha
comenzado la construcción del parque eólico más grande de América Latina. El parque contará con 45
molinos con una potencia inicial de 100Mw. Además el proyecto contempla la construcción de una
central térmica de ciclo combinado a gas con capacidad para generar hasta 500Mw de electricidad. La
generación total de energía que va a producir este parque va a estar en el orden de los 4.000 Gigawats
hora. Además, permitirá un ahorro de 7.400 toneladas de emisiones de carbono. Por último, la provincia
conservará el 39% de la participación accionaria.
19
    Martínez (2007), op. Cit.

10

La relación entre la CAI + biocombustibles y los territorios, como hemos visto, no está
exenta de tensiones y son válidos los reparos sobre efectos negativos de su avance no
regulado en términos ambientales y distributivos. Porque por un lado el auge de los
biocombustibles abre oportunidades de negocios para el país, pero sus beneficios no
quedan mayormente en los territorios que producen esa riqueza.20

La cadena agroindustrial es muy dinámica, genera crecimiento económico pero liberada
a las condiciones de mercado, genera concentración, trasnacionalización,
despoblamiento, y no parece generar desarrollo inclusivo ni integral, en términos de
generación suficiente de trabajo, sino de especialización en commodities, y debe ser
complementada con un vigoroso proyecto de reindustrialización con mayor valor
agregado, apuesta a la innovación y articulado también al sector servicios. La apuesta a
una MED consiste en reorientar éste proceso en función de un modelo productivista,
inclusivo con sustentabilidad ambiental, y para ello, es necesario en parte reorientar la
renta agraria hacia y otras fuentes de finananciamiento hacia el desarrollo territorial con
mayor valor agregado. No se trata de prohibir la producción de los biocombustible, sino
de explorar nuevas fuentes alternativas que no compitan con los alimentos ni afecten al
medio ambiente21 y favorezcan el desarrollo regional.

Se trata de establecer políticas y generar instrumentos (bancos regionales, líneas de
crédito, incentivos al sector productivo) que permitan generar encadenamientos locales
que retengan parte de la renta que genera el sector agrario, minero y extractivo en
general. Asimismo, que se oriente esa renta hacia el desarrollo de infraestructura rural y
urbana necesaria para incrementar la producción local; invertir en servicios públicos
para mejorar la calidad de vida de la población. Y en cuanto a la soja y al maíz, se
deberá permitir estos cultivos sólo en tierras aptas, evitando la expansión de la frontera
agrícola, mediante mecanismos impositivos diferenciales que disuadan la explotación en
tierras no aptas.

iv) Apuntar a una mayor regulación y políticas activas sobre el sector energético: Para
una opción como la MED se requiere de una mayor presencia del Estado y una mejor
calidad de su gestión de coordinación entre la macroeconomía y el Sistema Nacional de
Innovación (de mayor coherencia en sus objetivos). Llevar adelante un plan de
abastecimiento de recursos energéticos a mediano plazo que permita sostener la
competitividad actual de la industria. Asimismo, resolver el problema del
financiamiento para el desarrollo de mediano plazo mediante una serie de políticas
integrales que canalicen el crédito a la industria y pymes: la creación de un Banco de
Desarrollo, que tenga una orientación promocional pymes y de desarrollo territorial; una
reforma impositiva progresiva que grave la concentración, la especulación y la renta
financiera, y fomente la reinversión en el lugar de origen; retenciones diferenciales por

20
   Los pooles de siembra sólo contratan servicios de transporte y compran pocos insumos a nivel local. El
resto de la cadena es extra-local y el biodisel se elabora mayormente en los complejos industriales
cercanos a los puertos de ultramar. No se agrega valor local y es una riqueza que se exporta y beneficia a
otros países. Y la renta de los biocombustibles se direcciona hacia las inversiones inmobiliarias en los
grandes centros urbanos o hacia especulaciones financieras pero no vuelve mayormente al sector
productivo.
21
   Por ejemplo, existen experiencias de biocombustible a base de colza, rosa mosqueta y residuos
forestales, entre otros. El INTA está evaluando el rendimiento de determinadas especies, aptas a climas
áridos que no competirían con los alimentos ni afectarían el medio ambiente. Chubut desarrolló una
tecnología que permite producir biocombustible a base de algas marinas.

11

regiones; una mejor regulación de recursos naturales, de reformulación de Ley de
tierras, de ka ley de minería; y generar cultura ambiental en la población mediante
campañas para un uso racional de la energía, no desaprovecharla.

También sería conveniente, hacer efectiva de alguna manera, las leyes actuales que
tratan el tema energía, como Ley Nacional de Hidrocarburos 17.319, que señala que el
incumplimiento es causal de caducidad del contrato y razón suficiente de quitar las
concesiones de aquellas empresas que no han cumplido con lo convenido, ni realizado
inversiones. Dada la actual problemática energética y la necesidad compulsiva de
realizar rápidas inversiones en el sector, la renta petrolera es la pieza clave para la
construcción masiva infraestructuras, de usinas eléctricas, en los próximos años. Daría
aun más valor agregado al país, sumándolo al que ya tiene en sus proyectos de
diversificación de la matriz energética.

En suma, se trata de una posición distinta -la de la MED- , de la de aquella de todo al
mercado de lliberzliacion de precios y clima de inversión, y la promesa de grandes
negocios asociados al biocomubustible, y de aquellas posiciones alarmistas sobre la
situación energética, por ej., como la que señala de que en 20 meses se acaban las
reservas, de que deberían terminarse con las retenciones y llamarse a licitación
internacional de las concesiones y terminar con la intervención del Estado.22 Por ello, el
desarrollo del sector debería concebirse, tal cual sucede en todos los países exitosos y
particularmente en la actualidad en las economías emergentes de Asia y con un
programa integrado tecnológico-industrial-energético. (A Ferrer, 2007)

En síntesis, el fin de la era de los combustibles fósiles y la salida del dilema que
presentan los biocumbustibles nos permiten señalar tres puntos: el primero es que la
problemática energética no es una cuestión solo sectorial, sino que en las actuales
circunstancias se transforma en una pieza central de una estrategia de desarrollo
inclusivo y sustentable y del modelo de país que se quiere. Segundo, que la posición
fuerte en pro de los biocombustibles y de la CAI lleva a una modelística de país de
referencia tipo Nueva Zelanda y Australia y más neoinstitucional y con menos
activismo publico. Mientras que la posición por una estrategia de una matriz energética
diversificada, apunta más a la modelística, productivista, como modelos de referencia de
países de alto crecimiento, con apuesta tecnológica más fuerte como los asiáticos, y un
papel activo del Estado también optimizando su uso racional. Y por último, la crisis
energética nacional y la nueva etapa de transición que encara el mundo debería
servirnos no para achicar el sistema y frenar la expansión económica actual, ajustándolo
a la actual oferta y liberalizando las tarifas, sino a la inversa, como estímulo para seguir
tanto con el crecimiento alto, para diversificar la matriz energética como para generar
un ambicioso programa energético-industrial-tecnológico de mediano plazo.

       3. La energía como clave del proceso de integración regional

La globalización hace que ningún país ya pueda independizarse de sus problemas
principales de la agenda de los países vecinos: en energía esto aparece ser muy claro,
22
     Reportaje a Alieto Guadagni, La Nación, Suplemento Económico 5 de agosto 2007

12

pero también lo es para el medio ambiente, la producción, las finanzas y la
reindustrialización. Es decir, formamos parte de un bloque y existe una suerte de
interdependencia de destino. Los cierto es que ya no hay nación sin región, y que el
mundo futuro es un mundo de bloques.

El escenario regional e internacional presenta mejores condiciones para la integración
que en los ´90, durante el predominio del pensamiento único y la visión comercialista.
En la actualidad la mayoría de los países de la región y, específicamente los que
integran el MERCOSUR confluyen en la búsqueda de proyectos nacionales que
incluyen un nuevo modelo de desarrollo económico y social y un patrón más justo en la
distribución de los ingreso. Y las condiciones nacionales y mundiales lo propician dado
que la mayoría de gobernantes cuentan con una importante legitimidad social y altos
índices de popularidad, han disminuido las vulnerabilidades externas, hay un cambio de
las tendencias económicas del comercio internacional -importante incremento de
precios de las materias primas, los alimentos y la energía. Si bien también es cierto que
esta nueva situación va conjunta a riesgos de penetración comercial, de reprimarización
por importación creciente de productos con valor agregados, particularmente de China.
Y asimismo, si bien hay coincidencias generales, no todos los países del bloque tienen
una misma definición acerca de cómo debe darse esa inserción en el mundo, y muchas
veces –en ausencia de instituciones supranacionales- prevalecen los intereses locales
sobre los regionales.

Pero donde si hay consenso es que se trata de ir a un modelo de desarrollo que conlleve
una visión estratégica de la comunidad regional y ello implica el tema de la
complementación económica e integración productiva y apuntar a un MERCOSUR más
productivo y social. Como señala A. Ferrer, “dentro de las prioridades y agenda futura
del MERCOSUR, se trata de concentrar las acciones en los puntos críticos del sistema.
Es decir, aquellos con mayor potencial de derrame sobre el desarrollo de los países y la
misma integración. Tal, por ejemplo, la infraestructura de transportes y comunicaciones
y, en particular, la energética. Más allá del gas, el petróleo y la hidroelectricidad, otras
fuentes de energía ofrecen inmensas posibilidades de integración, como es el caso de la
energía nuclear. “23

I- Los recursos energéticos como fortaleza del bloque

La importancia de los recursos naturales es clave y es un tema a tratar como región,
porque en una época de disminución y de fuerte aumento de los precios de los
combustibles fósiles, la existencia de estos en el bloque, así como recursos
hidroeléctricos, junto con una gran variedad de fuentes energéticas alternativas,
reposiciona a la región y puede transformar una debilidad aparente -la actual restricción-
en una fortaleza. No solo porque asegura el abastecimiento de largo plazo, permitiendo
el crecimiento a altas tasas, un desarrollo económico sostenido, integración de las
cadenas de valor necesarias para generar empleo de calidad y mejorar el valor agregado
de sus producciones, sino también porque la riqueza energética regional (en particular
de Venezuela y Bolivia) pueden asegurar fuentes de financiamiento a los países de la
región con menos condicionamientos y solventar la realización de mega-obras de

23
     Aldo Ferrer, “La agenda futura del Mercosur”, BAE, 26/ 07/07.

13

infraestructura que requieren maduración de mediano y largo plazo. 24 En este sentido,
la reindustrialización, el empleo de calidad y el desarrollo inclusivo, requieren de una
matriz de energética relativamente barata, accesible que permitan una planificación de
mediano plazo.

De allí la necesidad de configurar una política común sobre recursos naturales. Sobre
todo la de un mayor entendimiento y cooperación en el uso de los recursos naturales
entre los países miembros, debido a que el mundo entero tiene puestos sus ojos en los
recursos de América Latina (agua, petróleo, gas, tierra, medio ambiente). Este escenario
configura un momento de oportunidad pero, a la vez, de riesgos, si no se establecen
acuerdos energéticos y marcos regulatorios comunes para la IED, fijando los estándares
medioambientales, de reinversión, complementación y articulación con cadenas de valor
locales que se les va a exigir a las empresas inversoras. Además, dado que el
dinamismos de un sector transnacional que considera a la energía como una
commodities, y no como un bien público fundamental para el desarrollo de los pueblos,
esta negociación con los países de la región debería darse cuanto antes, ya que los
planes de negocios de las ET petroleras están en marcha.

Esta situación es particularmente relevante para el caso de Argentina, donde la
participación del sector privado en hidrocarburos es trasnacional, tanto en la extracción
(petroleras), el transporte (trasportadoras), como en la producción de electricidad, y
donde tres refinadoras abastecen más del 85% de la demanda, en un escenario donde el
país ha dejado de ser exportador neto de petróleo y energía, y requiere aumentar sus
reservas, al mismo tiempo que enfrenta el desafío de la “cartelización” y el
desabastecimiento de las empresas transnacionales que constantemente condicionan la
realización de inversiones privadas a cambio de mayores tarifas. En ese sentido, avanzar
hacia la configuración de una empresa regional de energía permitiría también tener más
autonomía de estas presiones y tener una presencia mayor y capacidad de negociación
en los mercados globales.

Ahora bien, no obstante el reconocimiento realizado por todos los sectores respecto de
la importancia de cuestión energética como clave para el mundo que se viene, existen al
menos dos posiciones diferentes sobre su significación, actores y estrategia de inserción
en el mundo a través de ella:

a) La energía como corazón de un proceso de integración regional productivo y social
(El regionalismo integral). Esta posición posiciona a la energía como clave del proceso
de integración regional, permitir a la región mayor autonomía y control sobre el propio
destino. Para ello es clave contar con recursos hidrocarburíferos, hidroeléctricos para un
proceso de crecimiento alto, de reindustrialización, para la generación de mayor valor
agregado, apoyo a una desconcentración en favor de las pymes y financiamiento propio
y para contribuir a crear una matriz energética diversificada y promover un
regionalismo integral. 25

24
   Al respecto, se puede mencionar la política de desendeudamiento del gobierno argentino respecto del
FMI mediante la compra de bonos por parte de Venezuela. Asimismo, se produce una complementación
virtuosa entre Argentina y Venezuela en cuanto a intercambio comercial de productos y tecnología
25
   Daniel García Delgado y Martín Chojo (2006), “Hacia un Regionalismo Integral” en Scannone, J. C. y
García Delgado, D. (2006) Ética, Desarrollo y Región, Ciccus, Buenos Aires.

14

La energía como corazón del eje de integración puede constituirse para la Unión de
Naciones Suramericanas (UNASUR) en algo similar a lo que fuera la estrategia del
carbón y el acero en los inicios de la UE. Significa una apuesta a regionalizar la
problemática socio- productiva y energética del MERCOSUR, tanto para abastecer lo
productivo como para aprovechar sus recursos financieros para superar varios cuellos de
botella tradicionales de la región (dependencia de créditos de largo plazo de bancos
multilaterales para realizar infraestructura estratégica, modificar el predominio del
sector primario en las exportaciones, revertir situaciones de inequidad social, etc.), en
definitiva salir de su situación periférica y subordinada. Así para esta visión, países
como Venezuela y Bolivia son considerados estratégicos para la ecuación energética
latinoamericana26, y en ese sentido, la apuesta es promover redes troncales de
distribución de petróleo y gas que puedan conectar en un primer momento, Venezuela
con el norte de Brasil, y a Bolivia con el resto de sus países vecinos, para luego terminar
uniendo estos dos segmentos.

Al respecto, merece destacarse lo que se ha avanzado en el diálogo con Brasil en el
ámbito de la relación bilateral (Comisión Mixta Permanente en Materia Energética).
Allí se han alcanzado posiciones comunes sobre el aprovechamiento hidroeléctrico y la
cooperación en varias áreas energéticas, la construcción de nuevas represas, e incluidos
los biocombustibles, aunque haya un desarrollo diferenciado de las mismas (etanol y
biodisel) y también la cooperación en el desarrollo de la energía nuclear.

En definitiva, se trata de aprovechar esta novedosa situación internacional, donde
cambiaron los términos del intercambio por la mayor demanda de China e India, para
dar un salto de calidad en el proceso productivo social y de integración regional. No
sólo para reducir la crisis energética, sino para desplegar obras de infraestructura
regional que fortalezcan los procesos de reindustrialización y recuperación económica
de cada país. Así la región se podría posicionar como un bloque energético
significativo, sin restricciones energéticas, a diferencia de los países de la Unión
Europea, los Estados Unidos e incluso China.

b) La perspectiva estratégica de los biocombustibles y la especialización en
commodities como eje de una inserción competitiva a nivel mundial. Esta segunda
posición se basa en la gran competitividad actual de la CAI, la demanda internacional, a
la cual se agregaría ahora los nuevos negocios vinculados a la transformación de
alimentos en energía, para la cual el país tiene grandes oportunidades. No obstante esta
perspectiva, si bien es competitiva, tiene el riesgo de la especialización en commodites,
que precisamente no es altamente generadora de empleo, ni apunta a elevar
sustancialmente el nivel de bienestar de la población y al sostenerse en una opción de
mercado desregulado, puede deteriorar aún más los ya injustos desequilibrios sociales,
territoriales y medioambientales (aumento del precio de alimentos, desforestación
indiscriminada, contaminación, etc.). Pero fundamentalmente tiene como objetivo diluir
o desplazar del eje la importancia que tiene el petróleo y el gas para el proceso de de
26
   Venezuela es el séptimo productor mundial de petróleo y dispone de la sexta reserva de crudo del
planeta (proyectada a ser la primera una vez cerificada las reservas de la Faja del Orinoco), además
cuenta con el 2,4 por ciento de las reservas mundiales de gas natural. En ese sentido, se entiende la
relevancia estratégica que tiene la existencia de empresas públicas regionales y los acuerdos entre
naciones en torno a Petroamericana, Opega –Sur. A modo de ejemplo, la alianza entre PDVSA y Enarsa
le permitirá al Estado argentino disponer de reservas comprobadas por prácticamente la misma cantidad
de petróleo probado que hoy tiene el país. De este modo, Venezuela es estratégica la seguridad energética
regional.