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La transformación de la seguridad
en Colombia tras el Acuerdo de Paz
con las farc-ep
César Niño*
Alberto Castillo**
Resumen tificado –las farc-ep–, una vez que este desa-
parece, la seguridad se circunscribe a otras va-
Tras el fin del conflicto armado con las Fuerzas riables como la proliferación de la violencia, las
Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército nuevas amenazas y un cambio notable respecto
del Pueblo (farc-ep), el Estado colombiano a los pilares que soportan la agenda pública.
está experimentando una transformación en
la configuración de su seguridad. Este trabajo Palabras clave: seguridad; Colombia; farc-ep;
intenta mostrar cómo, sin la principal guerrilla posconflicto armado; Acuerdo de Paz.
en la agenda pública, las circunstancias asocia-
das a la inseguridad han cambiado. Durante su THE TRANSFORMATION OF SECURITY
vigencia, las farc-ep concentraron el umbral IN COLOMBIA AFTER THE AGREEMENT
de seguridad en el país. Sin embargo, suscrito el WITH THE FARC-EP
Acuerdo de Paz en noviembre de 2016, afloran
otros riesgos que afectan, influyen y transfor- Abstract
man el alcance y el sentido de la seguridad. Así,
si bien la seguridad nacional estuvo definida du- With the end of the armed conflict with the
rante seis décadas en torno a un enemigo iden- Revolutionary Armed Forces of Colombia
*
Doctor en Derecho Internacional, Universidad Alfonso X El Sabio (España). Profesor Asociado, Programa de Negocios
y Relaciones Internacionales, Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible, Universidad de La Salle (Co-
lombia). Investigador Senior ante Minciencias. [cnino@unilasalle.edu.co]; [https://orcid.org/0000-0002-1417-6643].
**
Doctor en Ciencias Políticas y de la Administración y Relaciones Internacionales, Universidad Complutense de
Madrid (España). Decano de la Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Santo Tomás
(Colombia). Investigador Asociado del Instituto Complutense de Estudios Internacionales icei-ucm (España). Inves-
tigador Asociado ante Minciencias. [albcasti@ucm.es]; [https://orcid.org/0000-0002-9778-933X].
Recibido: 5 de junio de 2021 / Modificado: 3 de agosto de 2021 / Aceptado: 4 de agosto de 2021
Para citar este artículo:
Niño, C. y Castillo, A. (2022). La transformación de la seguridad en Colombia tras el Acuerdo de Paz con las farc-
ep. opera, 30, pp. 79-98.
doi: https://doi.org/10.18601/16578651.n30.06
OPERA, ISSN: 1657-8651, E-ISSN: 2346-2159, N° 30, enero –junio de 2022, pp. 79-98César Niño y Alberto Castillo
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- People's Army (farc-ep), the Colombian como el Clan del Golfo o Los Pelusos, y disi-
State is undergoing a transformation in the dencias de las farc-ep rivalicen por los recursos
configuration of its security. This work tries ilícitos en una geografía de la violencia que es
to show how, without the main guerrilla on heredera del pasado (Niño, 2018; Ríos et al.,
the public agenda, the circumstances associ- 2019). Una circunstancia que, como se verá,
ated with insecurity have changed. During its afecta directamente al sentido sobre el cual ha
term, the farc-ep concentrated the security de dirigirse la política de seguridad del Estado
threshold in Colombia. However, after sign- colombiano.
ing the Peace Agreement in November 2016, El concepto de seguridad en Colombia,
other risks affect, influence and transform the así como en otros países latinoamericanos, es-
scope and sense of security. Thus, national tuvo ligado durante gran parte de la segunda
security was defined for six decades around mitad del siglo xx al marco referencial de la
an enemy identified as the farc-ep, but once Doctrina de Seguridad Nacional (dsn) (García
this disappeared, security is limited to other de las Heras, 2019). La agenda estatal gravita-
variables such as the proliferation of violence, ba en torno a combatir a un enemigo interno,
new threats, and changes in the pillars that directamente relacionado con el comunismo,
support the public agenda. tal y como sucedió con las experiencias de
Riochiquito (1955), Marquetalia (1964) o
Key words: Security; Colombia; farc-ep; Anorí (1973). Sin embargo, particularmente
armed post-conflict; Peace Agreement. en Colombia y también en Perú, este modelo
perdurará hasta bien entrado el siglo xxi, lo que
conduce a constituir un modelo doctrinal de
INTRODUCCIÓN la seguridad altamente militarizado e influido
por la longevidad de sus escenarios de conflicto
Este artículo analiza algunas de las cuestiones armado interno.
más relevantes sobre la transformación de la Carl Schmitt (2009) define la distinción
seguridad en Colombia, especialmente ahora política como aquella que reconduce las ac-
que el escenario de la violencia tiene nuevos ciones y motivaciones de diferentes actores en
matices con motivo del Acuerdo de Paz suscri- torno a una dicotomía irreconciliable “amigo-
to entre el Gobierno nacional y las Fuerzas Ar- enemigo”. Así, esta diferencia marca la fron-
madas Revolucionarias de Colombia-Ejército tera de una comunidad política que establece
del Pueblo (farc-ep) en noviembre de 2016. ciertos valores que guían el comportamiento
La superación del conflicto de manera dialoga- del conjunto de la sociedad, y todo aquello
da no implica la finalización de la violencia. Es que se encuentre por fuera de la política es
decir, el proceso de desarme de la extinta gue- considerado como enemigo, pues pone en
rrilla supone una ventana de oportunidad para cuestión los valores propios de la comunidad
que otros grupos armados como el Ejército de política. Es decir, el enemigo no equivale a un
Liberación Nacional (eln), grupos criminales simple competidor o adversario. El enemigo
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es la alteridad que se desarrolla en oposición Esta visión política de amigo-enemigo
y antagonismo a la comunidad política, y es la que ha permitido al Estado colombiano
que justifica que contra él se viertan todos los constreñir la dimensión de la seguridad a la
mecanismos necesarios para su desaparición. lucha contrainsurgente durante décadas, con
Durante casi seis décadas, las farc-ep la excepción de los carteles narcotraficantes,
fueron ese “otro” que operaba como enemigo, cuando entre finales de los años ochenta y
es decir, fuera de los límites marcados por la principios de los noventa se erigieron en la
comunidad política por medio de las institu- principal amenaza del Estado. De este modo,
ciones y las normas democráticas que con- desde mediados de los años sesenta y hasta fi-
forman al Estado colombiano. El imperativo nales de la década pasada, la securitización de
legal del Estado es reivindicar el monopolio la agenda (Waever, 1995) ha tendido a concen-
legítimo de la violencia y garantizar el control trar sus esfuerzos en problematizar, visibilizar
del territorio. Y frente a este, la guerrilla de las y politizar al enemigo guerrillero, legitimando
farc-ep se erige como la principal amenaza del la necesidad de disponer de cuantos recursos
statu quo, pues no entra a la discusión política resultasen necesarios para su derrota militar.
dentro de los cauces constitucionales, sino de Únicamente en los acuerdos de La Uribe
manera disruptiva, justificando la necesidad y Corinto, suscritos en 1984 con la guerrilla
de intervenir contra el establecimiento con de las farc-ep y el M-19, respectivamente, y
todos los recursos disponibles y todas las for- en las conversaciones con el eln, en 1996, se
mas de lucha. incorporaron reconocimientos que implicaban
En realidad, el sentido de esta disputa que el Estado tenía cierta corresponsabilidad
es mucho más complejo, pues el conflicto en el conflicto armado interno (Pizarro, 2011).
armado interno no se reduce a proyectos po- Ello, al entenderse que la violencia guerrillera,
líticos mediados por el uso de la violencia. De en buena medida, era consecuencia y no causa
fondo, tienen lugar diferentes formas de orga- de un escenario de desigualdad, exclusión y fal-
nizar políticamente el territorio, en donde se ta de oportunidades irresoluto durante décadas
yuxtaponen fuentes del poder social (Mann, (Sánchez, 2009; Reyes, 1988; Ramírez, 1990).
1993) –militares, ideológicas, económicas y Esta circunstancia, en todo caso, quedará tam-
políticas– que cuestionan la relación unívoca bién recogida en el Acuerdo de Paz suscrito
del Estado con el conjunto de su territorio con las farc-ep en 2016, y en buena parte
(Kalyvas, 2001, 2006; Arjona et al., 2015; de los trabajos previamente elaborados por la
Arjona, 2016). Así, el Estado colombiano no Comisión Histórica del Conflicto Armado en
integra a todo su territorio y son los recursos Colombia (Gutiérrez, 2015a; Molano, 2015;
económicos, las condiciones geográficas o las Fajardo, 2015; Wills, 2015).
comunidades de legitimación, las que dan Antes de abordar la discusión teórica y
sentido a un lugar de la violencia mucho más el posterior análisis que propone este trabajo,
intrincada de lo que presupone el conflicto queda señalar que las siguientes páginas res-
armado interno. ponden a un ejercicio exploratorio e inductivo,
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en el que se da cuenta de cómo la actual supe- sociedad civil y el mercado, de manera que los
ración del conflicto armado con las farc-ep bienes jurídicos que protege la seguridad van
transforma el andamiaje de seguridad del Es- desde la soberanía territorial hasta la identidad
tado, y afecta la manera de definir y de actuar nacional, pasando por la estabilidad econó-
sobre otras amenazas, igualmente inscritas en mica o la sostenibilidad ambiental (Orozco,
un escenario complejo de violencia, que señala 2006; Caballero, 2019). Asimismo, el Estado,
un nuevo contexto en transformación en el que la naturaleza, las empresas o la ciudadanía se
pareciera que las respuestas del pasado resultan convierten en objetos de referencia de la se-
insuficientes para afrontar la realidad actual. guridad, de forma que su representación es
múltiple y no únicamente política o militar,
en tanto que también lo es social, económica
MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE: o cultural (Buzan et al., 1998).
LA TRANSFORMACIÓN DE LA SEGURIDAD En Colombia, el hecho de haber sido el
EN COLOMBIA escenario de violencia guerrillera más longeva
de América Latina se ha traducido en que,
Entablar un marco de discusión sobre la segu- desdiciendo a Hobsbawm (1991), el siglo
ridad conduce a tener que partir de elementos pasado ha sido en realidad un largo siglo xx.
clásicos, políticos y militares, ampliamente dis- Especialmente, si se considera que las primeras
cutidos por las ciencias sociales (Gallie, 1956). guerrillas y autodefensas campesinas levanta-
Hablar de seguridad en términos tradicionales, das en armas comienzan a finales de la década
próximos al contexto del conflicto contra la de los treinta (Gilhodès, 1972; LeGrand, 1988;
insurgencia, obliga a incorporar elementos Zukerman, 2012). Estas conectarán después
tales como defensa (para el contexto interno), con la llegada del conservatismo a Colombia
interés nacional, interestatalidad o beligerancia. en 1946, el desencadenamiento de La Violen-
Estos han disfrutado de una gran relevancia a cia tras el magnicidio de Jorge Eliécer Gaitán,
partir de los años cuarenta del pasado siglo xx, y la aparición de las primeras guerrillas de
y han conformado algunas escuelas clásicas de orientación marxista-leninista, ya en la déca-
las relaciones internacionales como el realismo da de los sesenta (Pizarro, 2011; Ríos, 2017).
político (Morgenthau, 2015) o las derivaciones Desde entonces surgirán, en plena vigencia
de la estructura internacional del neorrealismo de la Guerra Fría, una veintena de estructuras
(Waltz, 1979; Mearsheimer, 2001). armadas que, a partir de diferentes posiciones,
Sin embargo, aquellos términos parecie- enarbolan el sueño de la revolución social y
ran quedar hoy muy lejanos, pues la seguridad alimentan la particular respuesta militarista,
se representa en la actualidad como un concep- ya señalada, de parte del Estado (Pécaut, 2006;
to equívoco, volátil y dinámico, que merece Villamizar, 2017).
situarse, ante todo, en el plano epistemológico Producto de lo anterior, el enfoque de la
de lo político (Waever, 1989; Baldwin, 1997). seguridad nacional ha estado presente en bue-
Un plano en el que se intersectan el Estado, la na parte de trabajos académicos de referencia,
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incluso, de la década de los noventa (Blair, entender la seguridad como una cuestión po-
1993; Leal, 1994). En estos es posible obser- lisémica, en continua redefinición y resignifi-
var la impronta militarizada de la seguridad. cación. El momento actual de superación de
Una seguridad en donde, dados los atributos un Acuerdo de Paz con las farc-ep, en cierto
del enemigo interior, y como sucede en otros modo, obliga a superar ese limbo estratégico
países de América Latina, la diferencia entre el que predominó durante décadas en Colom-
rol policial de la seguridad y el acervo militar bia, justificando un reposicionamiento de la
de la defensa no tiene cabida. Aun así, desde seguridad en el marco de la agenda del Estado.
finales de los años noventa y durante los prime- A tal efecto, y de acuerdo con Cavalletti
ros años de la década del 2000, aparecen otras (2010), la seguridad necesita de nuevas inse-
miradas complementarias de la seguridad, pero guridades para su transformación, y puede que
igualmente ceñidas a la estricta comprensión el momento actual sea un punto de inflexión
del conflicto armado interno. Por ejemplo, para ello. Conviene no olvidar, como apuntaba
los análisis de las relaciones cívico-militares Sánchez (2009), que el conflicto armado inter-
(Vargas, 2006), la aproximación longitudinal no nunca representó más del 7 % del total de
de las diferentes políticas de seguridad desarro- víctimas mortales que cada año se sucedieron
lladas en Colombia (Leal, 2011) o las distintas en Colombia. Es decir, es innegable que una
miradas metodológicas sobre la relación entre seguridad reducida estrictamente al nivel del
conflicto y seguridad (Rettberg, 2010; Nasi, conflicto armado desatendió otros factores di-
2010). Todas ellas, más allá de su muy notable rectos, estructurales, simbólicos o culturales de
aportación, reducen en sus análisis la dimen- la violencia, relegados a un plano marginal de la
sión de la seguridad a la dimensión estricta del agenda (Borrero, 2017).
conflicto (Rangel, 2008; Yaffe, 2011; Gutié- Quedaría señalar cómo estas cuestiones
rrez, 2015b). Una relación de la que muy pocos tienen especial relevancia en entornos perifé-
trabajos escapan, como sucede con los aportes ricos, en donde las violencias recién referidas
de Sarmiento (2004), Borrero (1990), Thoumi se yuxtaponen bajo enclaves alejados e inacce-
(2009), Mason y Tickner (2010), Tickner y sibles (Buhaug y Rød, 2006; Salehyan, 2007;
Morales (2015) o Esquivel (2017). Ríos, 2016). Aspectos que, según los casos,
Relacionado con lo anterior, puede de- demandan nuevos esquemas y arquetipos que
cirse que los estudios sobre conflicto armado superen la dualidad violencia-(in)seguridad.
en Colombia, por ende, no son en absoluto La primera, asociada a una configuración
equiparables a los estudios centrados en la se- racional en la impresión de daño sobre un
guridad, lato sensu. Todo lo contrario, la ma- “otro”, y, la segunda, entendida como un es-
yor parte de los trabajos tienden a equiparar tadio libre de amenazas. Tal vez, una correcta
la seguridad con el conflicto armado interno, implementación del Acuerdo de Paz pudiera
retroalimentando el mismo reduccionismo que suponer ese punto de partida necesario para
tiene lugar en el plano estrictamente político. este proceso de transformación, al entenderse
Quizá, ahora más que nunca, es necesario que muchas de las lógicas y dinámicas de la
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violencia son, en parte, herederas del escenario mente dirigida a ciertos sectores sociales. Todo,
de conflicto vigente con las farc-ep. Esto no en aras de evitar cualquier atisbo contestatario
sería impedimento para la ocurrencia de una con el statu quo. Este fenómeno en Colombia
transformación de una seguridad más próxima contribuiría a abrir una brecha compleja en-
al ciudadano y al entorno local, y desprovista tre la noción de seguridad y la fenomenología
de la irrestricta amenaza que, durante décadas, de los actores armados que se enfrentaban al
representó la guerrilla. Estado (Niño y Palma, 2017). El resultado
De tal manera, la concepción de la seguri- de ello sería una rigidez de la estructura de la
dad en Colombia debe construirse con base en seguridad, estrictamente entendida en clave
el análisis contextual de las causas subyacentes contrainsurgente.
de la inseguridad, una dimensión resignificada Una revisión longitudinal de este fenóme-
que responda de manera compleja a la integra- no no hace sino redundar en dicha afirmación.
lidad y el dinamismo de los actores, fenómenos Bajo la presidencia de Turbay Ayala (1978-
y contextos. La seguridad debe definirse bajo 1982), por ejemplo, el Estatuto de Seguridad,
los umbrales estratégicos de la inseguridad a aprobado en 1979, buscaba enfrentarse a la
los que, luego de su valoración, sea posible guerrilla y aspirar a su derrota militar, espe-
atribuirles derroteros para la conducción de cialmente, del M-19. Sin embargo, ello no
seguridades constantes. El concepto de segu- fue posible, y el conflicto con diferentes gue-
ridad en Colombia debe responder a una idea rrillas se proyectó y se intensificó a lo largo de
particular de la misma en condiciones glocales. toda la década de los ochenta, si bien el poder
Un renacimiento, una construcción concep- acumulado de los carteles narcotraficantes de
tual que ha estado en deuda con la narrativa Cali y Medellín haría que, entre finales de los
del Estado-nación. años ochenta e inicios de los noventa, fueran
estos y no las guerrillas las principales amena-
zas para la integridad del Estado (Castillo y
CRIMEN, VIOLENCIA E INSEGURIDAD: Brocate, 2013).
LA CAJA DE PANDORA EN COLOMBIA Así mismo, en los años ochenta se in-
tenta abrir un marco de negociación por
Desde mediados del pasado siglo xx, el conti- parte de la presidencia de Belisario Betancur
nente transita por circunstancias excepcionales (1982-1986) con las guerrillas de las farc-ep
que marcan la orientación de unas políticas de y el M-19. Ahora bien, entre los diferentes
seguridad en donde la influencia de Washing- factores que explican el fracaso de estos dos
ton resulta notoria. Lo anterior es producto de procesos se encuentra el recelo de las Fuerzas
una Guerra Fría en donde, a toda costa, se evitó Militares a realizar concesiones a la guerrilla y
cualquier conexión, representación o expresión abrir un marco de cese al fuego bilateral (Illera
que tuviese que ver con el comunismo, justi- y Ruiz, 2018). De hecho, la desmovilización
ficando así una militarización de la seguridad del M-19, de una parte del Ejército Popular
pública y una violencia preventiva especial- de Liberación (epl), así como de la guerrilla
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indigenista Quintín Lame (giql) y el Partido dura el proceso de diálogo alcanzan los 18.000
Revolucionario de los Trabajadores (prt), se efectivos, superan las 80 estructuras armadas y
debe en buena medida a su renuencia a intensi- llegan a consolidar su presencia territorial en
ficar la violencia y hacer parte de los réditos del una tercera parte del total de municipios del
negocio cocalero (Bushnell, 2012). Algo que, país (Valencia, 2002). A la vez, el gobierno
contrario a lo anterior, compromete primero de Pastrana aumentaba en más de una tercera
a las farc-ep y después al eln, y pone de ma- parte el gasto en seguridad y defensa, suscribía
nifiesto cómo, desde la década de los noventa, un acuerdo de cooperación militar con Estados
se convierten en el principal enemigo hacia el Unidos e impulsaba un proceso de transfor-
cual dirigir todos los recursos de la agenda de mación y modernización de las Fuerzas Mili-
seguridad del Estado. tares conforme a una agenda política exterior
Y es que, durante la presidencia de César securitizada por el conflicto y la necesidad de
Gaviria (1990-1994) y la de Ernesto Samper superarlo (Ríos, 2017; Castillo y Niño, 2020).
(1994-1998), las farc-ep y el eln experimen- Lo anterior se hace mucho más patente
tan un importante proceso de fortalecimiento. una vez llega a la presidencia Álvaro Uribe
Este se traduce en un incremento en su número (2002-2010). La piedra angular de su mandato
de combatientes, así como en el número de es la Política de Seguridad Democrática (psd),
acciones armadas desplegadas o la presencia esto es, volcar todos los recursos del Estado en
territorial. De hecho, entre 1996 y 1998 se su- afianzar su dimensión de seguridad con un
ceden varias derrotas del Ejército por parte de único propósito: derrotar militarmente a las
las farc-ep que conducen a un escalamiento farc-ep y al eln. Para ello se destinan más de
de la beligerancia por parte de la guerrilla, que 8.000 millones de dólares en seguridad y de-
lleva a que algunos autores alerten que el país fensa, a lo que se añaden otros 8.000 millones
se aproxima al paradigma de Estado fallido provenientes del Plan Colombia suscrito con
(Mason, 2002; Rotberg, 2004). Estados Unidos (Rojas, 2015). Esto convierte
La manera de evitar una intensificación al país en uno de los cuatro países del conti-
del conflicto que pudiera llevar consigo al nente con más crecimiento de su presupuesto
colapso del Estado era habilitar un marco de militar, el segundo en proporción de militares
negociación como el que supuso el proceso de cada 100.000 –solo superado por Bolivia– y el
negociación del Caguán (1999-2002). Es de- segundo en capacidad aérea de combate, por
cir, una agenda de diálogo en donde la guerrilla detrás de Brasil. Así, la fuerza pública colom-
y el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) biana se incrementa en un 40 %, pasando de
llevasen a cabo intercambios cooperativos en 313.000 a 478.000 efectivos, y el despliegue
aras de superar el escenario de confrontación de operativos llega a sus máximos históricos,
armada. Sin embargo, en realidad, ni el uno superando ampliamente las 1.000 acciones
ni el otro estaban en disposición de negociar. militares anuales contra las guerrillas (Ríos,
Las farc-ep estaban acumulando recursos y 2017). Sin embargo, y a pesar de todo lo ante-
capacidades, de modo que en los tres años que rior, ni el eln ni las farc-ep resultan derrotadas
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militarmente (Echandía y Cabrera, 2017). Sin debilitada, de manera que ni sus capacidades
embargo, existe un notorio proceso de debili- ni sus recursos eran los mismos que en los años
tamiento por el cual la presencia guerrillera y noventa. Producto de un cambio en la corre-
su capacidad operativa se reducen a la mitad. lación de fuerzas favorable al Estado, la geo-
Es decir, las farc-ep se reducen a unos 8.000 grafía de la violencia había experimentado un
combatientes con presencia en casi 200 mu- proceso de periferialización (Ríos, 2016). Es
nicipios del país y el eln lo conforman otros decir, las guerrillas optaron por reubicarse en
1.500 guerrilleros que operan en una treintena escenarios periféricos, de condición geográfi-
de municipios. ca hostil –selvática o montañosa– buscando
Bajo este contexto es que llega Juan Ma- entornos cocaleros de impronta fronteriza.
nuel Santos al gobierno (2010-2018), siendo Esta reterritorialización de la violencia (Pécaut,
inicialmente validador de la política uribista 2006; Salas, 2015) dificulta al Estado la conse-
de confrontación, de manera que se sirve del cución de golpes estratégicos, de manera que
mismo código de seguridad de sus antecesores: cada vez más deben invertir ingentes recursos
reducir los problemas de Colombia a la estricta para obtener menores resultados (Ríos, 2018).
cuestión del conflicto armado interno. De he- Es este contexto particular el que conduce
cho, en el primer año y medio hubo una cierta al inicio de unos diálogos tanto con las farc-ep
continuidad en el despliegue de grandes ope- (2012) como con el eln (2017). En términos de
rativos, especialmente contra las farc-ep. A tal Chantal Mouffe (1999), implicaría transitar
efecto serían dados de baja, entre septiembre de de un conflicto violento entre enemigos a un
2010 y noviembre de 2011, los dos dirigentes diálogo para su superación entre adversarios.
más significativos de la guerrilla: el Mono Jojoy Así, resulta imprescindible un reconocimien-
y Alfonso Cano. to recíproco y una mutua legitimación que
Incluso, y a pesar de lo anterior, el con- entiende que únicamente desde intercambios
flicto armado interno, para el año 2012, ya se cooperativos y mutuas aceptaciones es posible
encontraba en una fase diferente, lo cual, qui- superar el antagonismo y redefinirlo como
zá, explica parte del modelo de seguridad que agonismo en una misma comunidad política.
desde entonces tiene lugar en el país. Desde Las diferencias persisten y el conflicto no se
la investigación para la paz y la resolución de resuelve, pero este pasa a ser institucionaliza-
conflictos pudo acontecer lo que se denomina do desde un sistema democrático con valores
momento de madurez. Es decir, producto del propios que lo desprovee de violencia.
desgaste de décadas de confrontación armada De hecho, el Acuerdo de Paz con las farc-
y habida cuenta de la imposibilidad de una ep, y el diálogo que se llegó a abrir con el eln,
solución unilateral, tiene lugar una situación aglutinaron muchas esperanzas en torno a la
de “mutuo estancamiento doloroso” (Touval finalización del conflicto más virulento de
y Zartman, 1985; Zartman, 1989, 2009). América Latina (Krujit et al., 2020). Empero,
Para las farc-ep, y también para el eln, su cinco años después, esa posibilidad parece tan
posición en el conflicto había quedado muy truncada como compleja, en la medida en que
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seguridad y conflicto siguen conformando un Más que nunca, parece evidente que las farc-
binomio indisociable y, a la vez, con las farc- ep no eran el único actor de referencia en el
ep desmovilizadas, nuevos actores emergen fenómeno de la violencia. Paulatinamente se
con fuerza sobre un escenario de violencia han ido reduciendo las muertes violentas por
cuyas condiciones se mantienen vigentes e cada 100.000 habitantes, las cuales en 2002
irresolutas. eran 60 y en la actualidad apenas llegan a
A pesar de la desmovilización de más de los 25 (figura 1). Sin embargo, la violencia
7.000 exintegrantes de las farc-ep (Kroc Ins- homicida parece incrementarse exponencial-
titute, 2017), la violencia asociada al conflicto mente, en más de un 100 % cuando se trata
armado pareciera que no solo no ha cesado, si- de escenarios de desmovilización de las farc-
no que ha aumentado (Ríos et al., 2020). Han ep o cuando concurre la presencia de cultivos
sido asesinados más de 200 excombatientes de cocaleros (Nussio, 2020). De esta manera, son
la guerrilla, y entre 2016 y 2019 se ha produci- otras estructuras criminales y grupos delin-
do el asesinato de más de 600 líderes sociales; cuenciales los que hoy resultan responsables
un fenómeno que para el Centro de Recursos de estas violencias del pos-Acuerdo de Paz,
para el Análisis de Conflictos (Cerac) (2018) quienes operan como amenazas que durante
representa casi la mitad del total de asesina- la vigencia de las farc-ep estuvieron relegadas
tos por motivaciones políticas en Colombia. a un segundo plano.
FIGURA 1. TASA DE HOMICIDIOS POR CADA 100.000 HABITANTES (2000-2019)
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Fuente: elaboración propia con base en los datos de la Policía Nacional (2020).
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Lo anterior plantea una dificultad añadi- cambio en el paradigma de la seguridad –de
da, obviada por el Estado colombiano durante un modelo de seguridad pública a otro de se-
décadas: ¿cómo se cuantifica la inseguridad a guridad de ciudadana– de manera que dicho
través del nuevo tipo de violencias emergentes cometido habría de recaer, fundamentalmente,
tras el Acuerdo de Paz? Expresado de otro modo: en la Policía Nacional. Contrario sensu, la Po-
¿quién es el enemigo?, ¿dónde se encuentra?, ¿de licía Nacional pudo interpretar que, dado que
qué capacidades operativas dispone? Únicamen- siempre fue el Ejército el encargado de disputar
te un análisis integral de nuevos y viejos actores, el poder y el control territorial a la guerrilla,
y de las dinámicas asociadas a una violencia en en un escenario de pos-Acuerdo de Paz debía
transformación, puede ayudar a redirigir el sen- ser también aquel el primer actor en desplegar
tido de la política de seguridad. Una dirección sus capacidades. Unas y otras razones ayudan
en la que coyunturas circunstanciales y contex- a entender cómo se dotó de una ventana de
tos locales modulan el alcance de las amenazas oportunidad a los diferentes grupos armados
frente a las que el Estado, en muchas ocasiones, para que expandieran su influencia territorial,
tiene la dificultad de no poder responder por tal y como lo han hecho tras la desmovilización
igual en el conjunto del territorio colombiano. de las farc-ep, disputándose una condición
Lo recién expuesto, en cierta manera, era re- hegemónica sobre el control de una geografía
conocido por el Acuerdo de Paz con las farc-ep. otrora controlada por la guerrilla.
Así, en su punto tercero se establecía cómo En cualquier caso, el nuevo escenario de
debía ser la cooptación del territorio por parte violencia que se asocia al conflicto armado
del Estado, tanto por el Ejército (Plan Victoria) tiene lugar con actores que, mayoritariamente,
como por la Policía Nacional (Corazón Verde). no son guerrillas, sino estructuras crimina-
Empero, esta circunstancia nunca se resolvió les organizadas que se sirven de las carencias
y las viejas geografías de la violencia (Echan- institucionales para resignificar el marco en el
día, 2006; Salas, 2010) son prácticamente las que transcurre la violencia. Actualmente, los
mismas en la actualidad (Ríos et al., 2019), grupos herederos del paramilitarismo ascien-
debido a que nunca se ocupó el vacío de poder den, según el Ministerio de Defensa (2019), a
territorial producido tras el abandono de las unos 3.000 integrantes, con una presencia en
armas por parte de las farc-ep. 250 municipios del país. De estos, más de la
Pareciera evidente que lo anterior, en mitad hacen parte del denominado Clan del
buena medida, fue resultado de que el Estado Golfo, y otros tantos se reparten en decenas de
colombiano no estaba en disposición de diri- estructuras. Así, tanto el Clan del Golfo como
gir su institucionalidad de manera ubicua al otros tales como Los Pelusos o Los Puntilleros,
conjunto de su territorio. Pero, igualmente, es conforman lo que el nuevo marco de seguridad
posible que tuvieran lugar ciertas resistencias define bajo la nomenclatura de grupos armados
institucionales al interior de la fuerza pública. organizados (gao). Es decir, estructuras crimi-
Es decir, del Ejército, por entender que un es- nales que, de acuerdo con la Directiva 015 de
cenario de posconflicto armado implicaba un 2016, son concebidas como la principal ame-
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naza del Estado –junto a la guerrilla del eln– seguridad líquida, que trasciende las miradas
fruto del nivel de organización y beligerancia estancas y clásicas que predominaban en los
que presentan. Igualmente, en la respuesta del tiempos de la dsn. Sin guerrillas comunistas
Estado predomina una lógica militarizada. vigentes, a excepción del eln (a pesar de que
De otra parte, en un segundo nivel de ninguna organización al día de hoy mantiene
amenaza se encuentran los denominados gru- sus postulados ideológicos), la modernidad
pos delincuenciales organizados (gdo). Estos resolvía el paradigma de la inseguridad desde
son más débiles que los primeros y su alcance la univocidad de la lucha contrainsurgente por
territorial es mucho más limitado, si bien encontrarnos con marcos de entendimiento in-
operan como estructuras criminales que, en tersubjetivos diferentes. Empero, tal y como se
muchas ocasiones, trabajan para el eln o los ha podido observar en la realidad colombiana
gao. Entre muchos otros destacan La Cordi- anteriormente mencionada, las estructuras, las
llera, Los Buitragueños, Los Botalones, Los alianzas, las motivaciones, las representaciones
Caqueteños, Los Costeños, Los Pachenca, La territoriales o las estrategias de nuevas amena-
Constru, La Empresa o el Clan Isaza. zas se encuentran en un continuo dinamismo,
De este modo, resulta apreciable cómo transformándose y adaptándose a entornos
tras el Acuerdo de Paz convergen viejos fac- locales y circunstanciales que dificultan la
tores y nuevas amenazas que transforman dirección que ha de tomar la respuesta del
el escenario de violencia en Colombia, pero Estado. Estas amenazas, en muchas ocasiones
también la respuesta de seguridad del Estado. anónimas y altamente volátiles (Niño, 2018),
Más allá de la nueva denominación jurídica impiden la simple construcción de la amenaza
de estas amenazas, se mantiene la perspectiva unificada por el miedo al “otro” que suponían
restringida en cuanto a la noción de seguridad las farc-ep (Monahan, 2010).
e, igualmente, continúa vigente la respuesta Así, tras el Acuerdo de Paz en Colombia,
militarista. Así, tras las nuevas definiciones esta amenaza pierde su condición sólida para
jurídicas, es momento de constituir un marco adquirir una condición líquida, tan plural co-
de legalidad efectivo y eficiente, al que se adap- mo en continua redefinición.
ten las capacidades e instituciones del Estado, Hoy día, la sociedad colombiana reclama
entendiendo que el modelo de seguridad que entramados precisos en la configuración del ac-
“servía” con las farc-ep tiene un difícil asidero tual estadio de la seguridad. Existen apreciables
en el panorama actual. elementos de violencia, de superación de la res-
puesta del Estado, de afectación sobre ciertos
sectores de la población civil que ameritan res-
UNA NUEVA SEGURIDAD LÍQUIDA puestas mejor definidas y adaptadas por parte
EN COLOMBIA del Estado. Solo en el año 2017, el primero sin
las farc-ep, la Policía Nacional de Colombia
Partiendo de la hipótesis de Bauman y Lyon registró 75 muertes por actos de terrorismo.
(2013), cabe aceptar la existencia de una nueva Hubo más de 185.000 casos de hurto callejero,
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28.000 robos en residencias y 30.000 hurtos continente tienen con mayor preocupación de
en establecimientos comerciales. Asimismo, se su sociedad, precisamente, a la inseguridad. Tal
contabilizaron 86 casos de secuestros y más de vez, en este contraste, Colombia esté pasando
5.000 casos de extorsión, y un total de 11.989 de un escenario más próximo al centroame-
asesinatos (Policía Nacional, 2020). Todas es- ricano, a otro, por ejemplo, más propio del
tas cifras no hacen sino revelar problemas que Cono Sur. Así, profundizando en el argumento
siempre tuvieron lugar, pero que quedaban en anterior, un trabajo publicado por el Departa-
un segundo plano dada la ubicuidad del marco mento Administrativo Nacional de Estadística
de la seguridad del conflicto armado. (dane) ofrecía los siguientes datos. Sobre una
Por ejemplo, de acuerdo con el Latinoba- muestra de 28 grandes ciudades colombianas,
rómetro, en 2017, el 16,8% de la población un 62,7 % de la población mayor de 15 años
colombiana estaba preocupada por la delin- encuestada reconocía sentirse insegura en
cuencia, siendo este el principal problema su ciudad. Esa percepción resultaba mucho
percibido, por encima del desempleo (13,9%), mayor en ciudades como Bogotá (81,7 %) o
la violencia y las pandillas (9,5%) o el terro- Quibdó (78 %) (dane, 2017) (figura 2).
rismo (6,6%). De estos datos se desprenden De esta manera, la desactivación del con-
dos cuestiones: la necesidad de disponer de un flicto armado con las farc-ep presenta insegu-
Estado más resolutivo frente a la (in)seguridad ridades y dificultades no solo irresolutas, sino
que perciben sus ciudadanos, y el hecho de que, en algunos casos, como la mencionada
entender que el terrorismo, como fenómeno percepción de inseguridad, se encuentran en
directamente relacionado con la seguridad, es proceso de intensificación. Esta situación re-
más limitado, en tanto que no resuelve otros dundaría en esa condición líquida de la agen-
problemas como la delincuencia, las pandillas da de seguridad que, igualmente, se pone de
juveniles o la violencia, lato sensu. manifiesto si se mira con detalle la pluralidad
Para Bauman (2007), lo anterior tendría del fenómeno delictivo. Hoy por hoy, resulta
una explicación evidente: cuando se comienza evidente cómo han decaído en Colombia los
a experimentar una mejora en los índices de actos de terrorismo o los casos de secuestro,
violencia y de seguridad de una sociedad, sus generalmente asociados al conflicto armado.
ciudadanos se vuelven “adictos” a la misma, a Esto sucede a la vez que los reportes de hurtos,
la vez que inseguros de ella. Este argumento lesiones personales o delitos sexuales se han
se ilustra a la perfección cuando se observa incrementado de manera notoria (Rendón,
cómo en muchos países con altísimos niveles 2017). En conclusión, ahora más que nunca es
de violencia, la principal preocupación de la momento de atender y entender esas amenazas
ciudadanía es la corrupción o el desempleo, pe- que se presentan como “nuevas”, y que en el
ro no la inseguridad que, de cierta manera, ha fondo siempre estuvieron presentes, aunque
sido naturalizada por su imaginario colectivo. en un segundo nivel de importancia. Es decir,
En otros lugares, como Argentina y Uruguay, hoy más que nunca son necesarias nuevas res-
las tasas de homicidio violento más bajas del puestas del Estado en términos de seguridad.
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FIGURA 2. PERCEPCIONES ASOCIADAS A LA INSEGURIDAD EN COLOMBIA (2000-2019) (%)
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2000 2005 2010 2015 2018 2019
Fuente: elaboración propia con base en los datos del Latinobarómetro (2017), dane (2017) y Policía Nacional (2020).
Profundizando en estos términos, puede decir- los mayores niveles de violencia (Ríos, 2016).
se que la firma del Acuerdo de Paz con las farc- Por otro lado, el coeficiente de desigualdad en
ep generó un umbral especulativo en torno a la atención a la redistribución de la riqueza (0,54)
paz negativa, es decir, la ausencia de confron- y el relativo a la concentración de la propiedad
tación directa. De este modo, tras el aparente de la tierra (0,86) ubican a Colombia como
fin del conflicto interno, el marco social de uno de los diez países más desiguales del mun-
referencia construyó expectativas sobre la si- do (pnud, 2018; Cepal, 2019). Asimismo,
multaneidad de una situación de no violencia por esta razón, algunos de los componentes
directa con respecto a un aumento notable de nucleares del Acuerdo de Paz con las farc-ep
la sensación de seguridad. Algo que no es tan se relacionaban con lo que comúnmente fue
evidente ni tan automático (Lederach, 1997; concebido como “paz territorial”. Esto es, asu-
Galtung, 2003). Por ejemplo, una de las cues- mir que las condiciones estructurales sirvieron
tiones planteadas a tal efecto puede encontrarse de soporte para la violencia y, por ende, solo
en la violencia estructural irresoluta que tiene mejorando las condiciones socioeconómicas
lugar en Colombia. El país es uno de los Esta- y político-institucionales de aquellos enclaves
dos menos descentralizados de América Latina, más golpeados por la violencia resultaba posi-
lo que permite entender una gestión central ble aspirar a un escenario futuro de construc-
de los recursos y una condición periférica de ción de paz estable y duradero (Ríos y Gago,
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2018; Cairo et al., 2018; Estupiñán, 2018; 2005), Guatemala (Robinson, 2003) o Ni-
Lederach, 2019). caragua (Rodgers, 2002), tras el fin de sus
Indisociablemente, a lo anterior se suman conflictos armados internos, experimentaron
las ingentes opciones que ofrece el narcotráfico una proliferación de la violencia en las escalas
en Colombia en donde, a pesar de lo recogido urbanas. Allí se atomizaron y se diversificaron
en el Acuerdo de Paz, apenas se ha podido in- las amenazas, y tuvieron lugar diferentes pro-
tervenir en la reducción de la superficie cocalera cesos de privatización de la violencia similares
o en la promoción de cultivos alternativos. Más al caso colombiano. Asimismo, en casi todos
allá de los intentos por mitigar el impacto de los ellos, y en otros, como en Honduras, la opción
cultivos ilícitos, ya sea de manera negociada o final acabó siendo más sencilla: conferir a las
coactiva, las hectáreas cocaleras siguen ubicadas Fuerzas Militares roles de seguridad, redun-
en el umbral de las 160.000 (unodc, 2019). De dando así en una idea de seguridad sólida que
hecho, no es casualidad que los departamen- resulta a todas luces insuficiente para resolver
tos con más densidad cocalera sean aquellos una problemática que es mucho más compleja
en donde en los últimos años tuvieron mayor (Castillo, 2018). Baste decir que un incremen-
presencia las farc-ep (Ríos, 2016; Echandía y to de la militarización de la seguridad, hasta el
Cabrera, 2017; Salas et al., 2019) y en donde momento, no se ha traducido en una reduc-
actualmente mayor presencia de otros grupos y ción de la violencia homicida (unodc, 2019a).
violencia homicida se registran (Nussio, 2020). Tal vez, por lo anteriormente expuesto,
Producto de lo anterior, podría afirmarse Colombia, en el actual proceso de indefinición
que el Acuerdo de Paz recogía al menos tres de seguridad, sigue amparándose en modelos
componentes que, de haberse implementado del pasado. Un modelo que debe inscribirse en
correctamente, hubiesen favorecido la trans- una realidad como la descrita, en donde heren-
formación del marco de seguridad, una vez cias estructurales y delincuenciales irresolutas
desmovilizadas las farc-ep: i) la intervención se entremezclan con nuevas circunstancias y
en las condiciones estructurales que durante posibilidades. Además, una relativa desideolo-
décadas soportaron la violencia de la guerrilla; gización del conflicto armado interno confiere
ii) la reducción del principal estímulo para a estos grupos criminales un mayor margen de
la violencia desplegada por el conflicto, tal y maniobra en su relación interesada. Expresado
como es el narcotráfico; y, finalmente, iii) el de otro modo, nuevas alianzas, mayores posi-
protagonismo de la Policía Nacional y el Ejér- bilidades de crimen organizado y una debilidad
cito en la función garante de una seguridad en institucional, territorial y estructural que no ha
tránsito, de un modelo de seguridad pública sido satisfecha por el Acuerdo de Paz, demandan
hacia otro distinto, de seguridad ciudadana. una respuesta de seguridad que no puede ser la
En cualquier caso, situaciones parecidas a misma que la desarrollada hasta el año 2016.
la experimentada en Colombia han tenido lugar Incluso, las disidencias de las farc-ep hoy
en otros escenarios de superación de entornos ya no pueden seguir siendo concebidas como
de violencia guerrillera. El Salvador (Wielandt, amenazas guerrilleras. Algunos reductos conti-
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nuistas de esta guerrilla, que no se acogieron a tizadas y resueltas desde la acción política del
la desmovilización, como el Frente 1 o el Frente Estado. ¿Quién es el enemigo?, ¿cuáles son su
7, no pueden ser asimilados políticamente a alcance y su significado?, ¿qué motivaciones
una condición de guerrilla, como tampoco lo están tras su acción delictiva?, ¿cómo integrar
puede ser el remanente de disidencias que en los correctamente la dimensión estructural, terri-
últimos años han proliferado en los escenarios torial e institucional en el escenario actual de
cocaleros y fronterizos en donde se encontraban la violencia?
las farc-ep –Nariño (Frente 29), Norte de San- Deberá abonarse la relación seguridad/
tander (Frente 33), Putumayo (Frentes 32, 48 y defensa y Policía Nacional/Ejército, en tanto
64), o Cauca y Valle del Cauca (Frentes 6 y 8)–. que la seguridad debe desprenderse de la con-
Incluso, la disidencia de mayor carga simbólica, notación nacional/pública e incorporar ele-
como ha sido la constituida por algunos de los mentos más locales y próximos al ciudadano.
comandantes más importantes de las otrora La amenaza no es tanto al Estado-nación, ni a
farc-ep, como Iván Márquez, Jesús Santrich1, la soberanía territorial. La amenaza opera de
El Paisa o Romaña, no pueden ser concebidas manera difusa en el nivel individual/local y es
como si de la guerrilla se tratara. Expresado de ahí hacia donde se deben orientar los esfuerzos
otro modo, la respuesta de seguridad del Estado por readaptar la seguridad a una comprensión
ha de ser diferente a como fue bajo la vigencia necesariamente multinivel.
de las farc-ep. La incertidumbre sobre el futuro inme-
diato, tras el fin del conflicto con las farc-
ep, deja una intrincada realidad en la que
CONCLUSIONES se superponen nuevos y viejos actores que
demandan una nueva agenda pública y que
Con las farc-ep como guerrilla desmovilizada, cuestionan la eficacia del modelo tradicional,
diferentes amenazas a la seguridad se man- profundamente arraigado en Colombia. Es
tienen vigentes, mientras que otras se trans- decir, mientras es posible observar acciones
forman y algunas se intensifican. Durante supuestamente guerrilleras del eln, otros
décadas, el conflicto armado concentró casi grupos como Los Pelusos o el Clan del Golfo
totalmente el umbral de seguridad del Esta- han sido reclasificadas como grupos crimi-
do en Colombia. Un umbral que exige en la nales, con la connotación jurídica y política
actualidad la necesidad de una mejor adapta- que ello conlleva, posicionándolos fuera del
ción a una fenomenología de la amenaza que, marco político. Sin embargo, en todos los
igualmente, ha de entenderse como un desafío casos, pareciera que el modelo de seguridad
para la comunidad académica. sólido sigue siendo el marco referencial pa-
Nuevas preguntas y concepciones han ra la respuesta del Estado y esto se ha visto
de ser correctamente visibilizadas, problema- concretamente en el manejo que se ha dado
a la situación de las manifestaciones sociales
ocurridas en 2019 y 2021.
1 Murió en Venezuela el 17 de mayo de 2021.
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para el Estado. Esto, igualmente, obliga a re- Seguridad y Defensa nacionales: teoría y praxis (pp.
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pareciera que no se ha terminado de ir y lo nes internacionales en España. Comillas Journal
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