Diagnóstico de la Seguridad Ciudadana en el Perú 2013 2018
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Ministro del Interior
Mauro Medina Guimaraes
Viceministra de Seguridad Pública
© Ministerio del Interior Alida Nataly Ponce Chauca
Director General de Información
Viceministerio de para la Seguridad
Seguridad Pública Eduardo Martín Moran Huanay
Director de Gestión del
Conocimiento para la Seguridad
Noam López Villanes
Equipo de trabajo
Manuel Moreno Sucre
Paolo Rivas Legua
Luis Oviedo Maraví
Kelly León García
Sebastián García Acosta
Rosario Pérez Villacorta
Jorge Abanto Vigo
Plaza 30 de Agosto s/n Urb.
Corpac Diseño y diagramación
San Isidro - Lima, Perú Sandra Valencia Alvarado
Julio 2018RESUMEN EJECUTIVO DEL DIAGNÓSTICO DEL PNSC
En el ámbito de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciu-
dadana, se han establecido estrategias, acciones y herramientas
que permitieron un trabajo coordinado entre distintas entidades
públicas, a diferente nivel de gobierno, para prevenir y controlar
el crimen y la violencia. El Plan Nacional de Seguridad Ciudada-
na 2019 – 2023 (PNSC) se erige en tal sentido como la principal
herramienta para la planificación de acciones en base a objeti-
vos. Como sustento de su formulación se hace necesario conocer
y presentar el estado situacional de los principales indicadores
vinculados a la ocurrencia de delitos y faltas hacia la población
peruana. De esta manera, se espera que las acciones planteadas
tengan como efecto la disminución progresiva de los valores de
estos indicadores consiguiendo una reducción del riesgo de victi-
mización y del miedo al crimen.
En tal sentido, se presenta información en seguridad ciudadana
organizada en seis secciones. La primera de ellas denominada
Indicadores Principales contiene información histórica de los si-
guientes cuatro conceptos: victimización, denuncia, percepción
de inseguridad y confianza en las instituciones del Sistema de Ad-
ministración de Justicia. Estos indicadores se caracterizan por ha-
berse obtenido en base a encuestas y cuentan con representación
inferencial a nivel nacional y subnacional. Se caracterizan además
por mostrar una mirada panorámica del crimen y la violencia en
espacio urbano y familiar; la cobertura del registro policial de las
victimizaciones; cómo la población percibe los niveles de crimina-
lidad y cómo percibe la actuación del Estado.
Diagnóstico de la Las siguientes cuatro secciones aluden a una agrupación de he-
Seguridad Ciudadana chos delictivos que se identifican como los más frecuentes, actúan
con un mismo nivel de complejidad criminal y afectan derechos
en el Perú similares. La segunda sección denominada Violencia Letal abor-
da los indicadores de homicidio y accidentalidad letal. La tercera
2013 - 2018 sección se dedica a presentar bajo el título de Violencia contra la
mujer, niños, niñas y adolescentes cifras de feminicidio, violencia
doméstica, física, psicológica y sexual. La cuarta sección se centra
en los delitos de extorsión y secuestro, y se agrupa en base a los
actores que los perpetran: Bandas criminales. La quinta sección
muestra el comportamiento de los indicadores más relevantes so-
bre Delitos patrimoniales menores, tales como el robo y hurto de
bienes menores, vehículos y autopartes, así como la estafa. Por
último, la sexta sección está dedicada a mostrar la composición
de la población recluida en penales y en centros de rehabilitación
como indicador de resultado de la administración de justicia que
se tiene en el país.
La temporalidad del presente diagnóstico abarca desde el año 2011 al mes de abril de 2018, salvo en algunos que
aún no han sido actualizados y otros indicadores que se recogen desde años posteriores al 2011. Para el caso de la
agrupación de los cuatro (secciones dos, tres, cuatro y cinco) grupos delictivos la principal fuente son otra vez las
encuestas y registros nacionales como la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (Enapres). Son fuentes
también el Sistema Integrado de Estadísticas de Seguridad Ciudadana (plataforma web desarrollada como parte
del trabajo realizado en el Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad (CEIC) del Consejo Nacional de
Política Criminal; el Observatorio Nacional de la Violencia contra las mujeres e Integrantes del Grupo Familiar del
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; el Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público – Fis-
calía de la Nación; el Observatorio Nacional de Política Criminal (INDAGA), y el Sistema Informático de Denuncias
Policiales (SIDPOL).
Pág. 3RESUMEN EJECUTIVO DEL DIAGNÓSTICO DEL PNSC
1. Indicadores Principales
La victimización, junto con otras variables como la influencia de los medios de comunicación, el decrecimiento
de los indicadores de confianza interpersonal, los problemas de eficacia y su repercusión en la imagen de la Po-
licía, además de la precarización de la organización social pueden provocar que los ciudadanos se sientan más
inseguros en sus viviendas o en espacios públicos. De la misma manera, la victimización, y otras variables como
la deficiente calidad de atención de los servicios del Estado o las experiencias de riesgo de corrupción, pueden
afectar la confianza que las personas depositan en las instituciones pertenecientes al Sistema de Administración
de Justicia Penal.
1.1. Victimización
El comportamiento del índice de victimización por hechos delictivos puede verse afectado por el sexo de la vícti-
ma, su edad, nivel socioeconómico, y su etnicidad (Walklate 2017). A través de la Encuesta Nacional de Programas
Presupuestales (Enapres) es posible estimar la tasa de victimización, de un conjunto de delitos, de los ciudadanos
de más de 15 años pertenecientes a las zonas urbanas del Perú. Esta encuesta, a su vez, recoge las características
de las víctimas. En tal sentido, por cada variable contenida en este diagnóstico se exponen características como el
sexo de la víctima, la región de residencia, y el grupo de edad al cual pertenece.
Siendo así, en el año 2011, se estimó que cuatro de cada diez peruanos, mayores de 15 años y residentes de
una zona urbana, fueron víctimas de algún hecho delictivo. Si se observa el gráfico 1.1.1., se puede apreciar que
el porcentaje de víctimas ha disminuido de manera constante, año a año. Hasta abril de 2018, se estima que el
25.5% de peruanos fueron víctimas de algún hecho delictivo; aproximadamente, eso significa que uno de cada
cuatro peruanos sufrió de algún tipo de victimización delictiva. La diferencia entre la cifra de victimización estima-
da en 2011 y la obtenida en 2017 es 13.6%. Por otro lado, dentro del mismo periodo, destaca la disminución en
victimización ocurrida entre los años 2013 y 2014; de un año a otro el porcentaje de víctimas disminuyó en 5.4%.
1.1.1. Porcentaje de victimización a nivel nacional (2011 – Abr.2018)
Fuente:
Instituto
Nacional de
Estadística e
Informática
(INEI) –
Encuesta
Nacional de
Programas
Estratégicos
2011-2017
y semestre
móvil Nov.
2017 – Abr.
2018.
Elaboración:
Observatorio
Nacional de
Seguridad
Ciudadana.
En el año 2017, la región Tacna presentó el mayor porcentaje de victimización. Además, dicha región obtuvo el
tercer valor más alto durante el semestre móvil nov2017-abr2018. Vale aclarar que en tal periodo la región más
afectada fue Junín, pues el 40.1% de personas residentes en el área urbana, mayores de 15 años, fueron víctimas
de algún hecho delictivo.
Pág. 5RESUMEN EJECUTIVO DEL DIAGNÓSTICO DEL PNSC
1.1.2. Victimización por hechos delictivos a nivel regional (2017 y Semestre móvil nov2017-abr2018)
AÑO 2017 ABRIL 2018
Tacna 44.6
40% 40.1 Junín
39.9 Puno
39.7 Tacna
38.8 Cusco Cusco 38.4
Puno 35.2
Junín 33.6
31.2 Madre de Dios
30%
29.8 Ayacucho Provincia de Lima 29.1
Callao 28.8
28.5 Huancavelica Madre de Dios 28.3
Victimización 27.2 Provincia de Lima / 27.3 Callao Ayacucho 27.8
por Región Huancavelica 27.1
en % Arequipa 27.0
25.2 Arequipa La Libertad 25.2
24.6 Loreto Fuente:
23.7 La Libertad Ancash 23.0 Instituto
22.6 Ancash / 22.7 Región Lima Apurimac 22.4 / Región Lima 22.4 Nacional de
22.0 Pasco Loreto 21.6 Estadística e
20% Pasco 21.5 Informática
19.2 Ica Piura 19.0 (INEI) –
Lambayeque 18.6 / Tumbes 18.6 Encuesta
Ica 18.4 Nacional de
Moquegua 18.2 Programas
17.9 Piura Cajamarca 17.8 Estratégicos
17.6 Amazonas / 17.6 Apurimac
17.4 Tumbes /17.5 Ucayali Ucayali 17.3
Huánuco 16.4 Elaboración:
16.3 Huánuco / 16.3 Moquegua Observatorio
15.7 Cajamarca Amazonas 15.8 Nacional de
15.3 San Martín San Martín 15.0 Seguridad
14.5 Lambayeque Ciudadana.
10%
Cabe mencionar que, a nivel nacional, el porcentaje de víctimas de hechos delictivos que denunciaron el hecho
ha aumentado. De acuerdo al gráfico 1.1.3., se puede observar que, entre 2012 y 2017, la cifra aumentó en
2.7%. No obstante, es importante tomar en cuenta que en los periodos 2011-2012 y 2015-2016 el porcentaje de
denuncias disminuyó. No se describe el resultado a abril de 2018, dado que el año no ha culminado aún, por lo
que el dato podría variar en los próximos meses. Sin embargo, parece presentar una tendencia favorable hacia el
aumento de denuncias. Es importante tomar en cuenta que el aumento de las denuncias no implica un aumen-
to en delitos cometidos. Este indicador solamente estima qué porcentaje de delitos cometidos se denuncian.
1.1.3. Porcentaje de víctimas que realizaron denuncias por hechos delictivos, a nivel nacional (2011-
Abr.2018)
Fuente:
Instituto
Nacional de
Estadística e
Informática
(INEI) –
Encuesta
Nacional de
Programas
Estratégicos
(Enapres)
2011-2017
y semestre
móvil Nov.
2017 – Abr.
2018.
Elaboración:
Observatorio
Nacional de
Seguridad
Ciudadana.
Pág. 6RESUMEN EJECUTIVO DEL DIAGNÓSTICO DEL PNSC
1.2. Percepción de inseguridad
La percepción de inseguridad es “una respuesta emocional de pavor o ansiedad ante el delito o ante símbolos que
una persona asocia con el delito” (Ferraro, 1995, p. 4), que puede generar efectos negativos en las personas que
trascienden a la experiencia de esta emoción (Gainey, Alper & Chappell, 2009). Eso quiere decir que los efectos
del miedo pueden ser considerablemente mayores a la experiencia de vivir un hecho delictivo.
Dentro de los diversos efectos psicológicos que la percepción de inseguridad puede generar en los individuos,
se pueden evidenciar desde efectos emocionales (como ansiedad, falta de confianza, alienación y falta de satis-
facción con la vida), hasta la adopción de comportamientos para reducir el miedo (consumir drogas), evitar la
victimización (no asistir a espacios públicos, evadir nuevas personas) y asumir medidas de protección y defensa
personal (Balkin, 1979; Clemente & Kieiman, 1977).
No obstante, mucha de la complejidad de esta percepción se basa en que la mayor parte del miedo que la gente
experimenta no guarda una relación tangible con el riesgo de victimización efectivo al que pueda estar expuesta
una persona (Hale, 1996, Sacco, 2005; Warr, 2000). Esto se refleja en el Perú; pues la sensación de que una perso-
na pueda ser víctima de algún hecho delictivo (86.9% en 2017, según el gráfico 1.2.1.) es mucho mayor al efectivo
nivel de victimización (26.4% en 2017, gráfico 1.1.1.).
1.2.1. Porcentaje de personas, a nivel nacional, que creen que serán víctimas de algún hecho delictivo
en los 12 meses posteriores a realizada la Enapres (2011-Abr.2018)
Fuente:
Instituto
Nacional de
Estadística e
Informática
(INEI) –
Encuesta
Nacional de
Programas
Estratégicos
(Enapres)
2011-2017
y semestre
móvil Nov.
2017 – Abr.
2018.
Elaboración:
Observatorio
Nacional de
abr-18 Seguridad
Ciudadana.
Pág. 7RESUMEN EJECUTIVO DEL DIAGNÓSTICO DEL PNSC
1.2.2. Cuando usted camina de noche en su zona o barrio, ¿se siente: Muy inseguro / inseguro?
Fuente:
Instituto
Nacional de
Estadística e
Informática
(INEI) –
Encuesta
Nacional de
Programas
Estratégicos
(Enapres)
Elaboración:
Observatorio
Nacional de
Seguridad
Ciudadana.
En algunas ciudades con más de 20,000 habitantes, esta percepción es superior al 90% de la po-
blación. En cuanto a las regiones, en 2017, las que mantienen puntuaciones más bajas, como An-
cash y Tumbes, registraron 64% y 65% de percepción de inseguridad, respectivamente. En cuan-
to a las regiones con mayor percepción de inseguridad, las regiones de Tacna, Cusco, Huancavelica,
Arequipa, Lambayeque y Lima presentan puntajes que superan el 90% del total de su población (ver gráfico 1.2.3).
1.2.3. Porcentaje de personas, a nivel regional, que creen que serán víctimas de algún hecho delictivo en
los 12 meses posteriores a realizada la Enapres (2017-abr2018)
AÑO 2017 ABRIL 2018
91.6 Huancavelica Tacna 91.6
Cusco 91.4 / Huancavelica 91.4
91.0 Arequipa Arequipa 91.1 / Lambayeque 91.0
90%
89.7 Lambayeque
89.3 Madre de Dios Provincia de Lima 1 90.3
89.0 Callao / 89.0 Junín Madre de Dios 88.9
88.1 Ucayali / 88.1 Región Lima 2 Junín 88.4 / Puno 88.4
87.8 Tacna Callao 87.9 / Región Lima 2 87.6
Cajamarca 87.4
86.6 Cusco Ica 86.5
85.6 Puno La Libertad 85.6
85.0 Cajamarca / 85.1 La Libertad Ucayali 85.0
84.0 Amazonas Piura 84.8
80% 80.8 Piura Huánuco 82.8
Pasco 82.1
% de 79.6 Ica
personas Amazonas 80.8
que 77.4 Huánuco Loreto 79.3
creen 76.9 Loreto
que 76.5 Pasco Fuente:
serán Instituto
victimas 75.6 San Martín Ayacucho 76.5
Nacional de
Apurimac 75.4 Estadística e
Informática
Moquegua 73.8 (INEI) -
70% 70.2 Ayacucho San Martín 72.5 Encuesta
69.8 Moquegua Nacional de
Programas
Estratégicos
(Enapres).
Tumbes 65.0 Elaboración:
Ancash 64.0 Observatorio
62.6 Tumbes Nacional de
Seguridad
61.3 Apurimac Ciudadana.
60% 60.6 Ancash
Pág. 8RESUMEN EJECUTIVO DEL DIAGNÓSTICO DEL PNSC
1.3. Confianza en las instituciones del Sistema de Administración de Justicia Penal
Otra percepción a tomar en consideración, que puede reflejar el efecto de las políticas para combatir la victimiza-
ción, es la confianza en las instituciones del Sistema de Administración de Justicia Penal, por parte de los ciudada-
nos. Según Corbacho, Philipp & Ruiz-Vega (2015), una dimensión significativa del capital social es la confianza en
las autoridades. De acuerdo a los autores, esta constituye un elemento importante en la cooperación y las decisio-
nes colectivas y conecta a los ciudadanos con las instituciones que pretenden representarlos y que se encargan de
ejercer el imperio de la ley, la aplicación de medidas correctivas y la administración de justicia. Uno de los costos
del crimen es su impacto en la confianza (Corbacho, Philipp & Ruiz-Vega, 2015). A su vez, una menor confianza en
las autoridades está asociada a un mayor miedo al crimen (Vilalta, 2013; Hauser & Kleck, 2015).
Una de las instituciones que más interacción mantiene con la ciudadanía en cuanto al mantenimiento del orden
y respeto a la ley es la Policía Nacional. Según Worral (1999), la actitud pública hacia la policía se plantea en dos
dimensiones: la eficacia y la imagen de la policía. La primera consiste en la confianza que las personas mantienen
respecto a la capacidad de la policía para protegerlas, de resolver y de prevenir el crimen. La segunda por su parte,
consiste en la percepción de amabilidad y justicia que la policía tiene para realizar alguna acción con los ciudada-
nos, en un marco de respeto y horizontalidad.
Analizando los indicadores en los últimos siete años, la confianza en la Policía Nacional del Perú no ha variado de
manera notable. Los valores se han mantenido similares. Si se promedian los ocho años presentes en el gráfico
1.3.1., el resultado es que el 39% de ciudadanos ha manifestado no confiar en la policía. En cuanto al porcentaje
promediado (entre los años 2011-2017) de personas que manifiesta confiar en la Policía1 , el valor es 19.3%. Quie-
nes no confían en la policía representan más del doble de los que confían.
1.3.1. Confianza en la Policía Nacional del Perú (2011-2017)
Fuente:
Instituto
Nacional de
Estadística e
Informática
(INEI) -
Encuesta
Nacional
de Hogares
(ENAHO)
2011-2017
Elaboración:
Observatorio
Nacional de
Seguridad
Ciudadana.
1 Vale decir, aquellas que puntuaron respuestas sobre una confianza “suficiente” y “bastante” en la Policía Nacional del Perú
Pág. 9RESUMEN EJECUTIVO DEL DIAGNÓSTICO DEL PNSC
Al igual que la confianza en la Policía, la confianza en el Poder Judicial se ha mantenido sin mayores cambios a lo
largo del tiempo. La nula confianza en el Poder Judicial presenta un promedio, entre los ocho años, de 41.12% y
tiene su mayor valor en el 2017 con un 48.6%, representando un incremento de 3.7% respecto al 2010. Por otro
lado, quienes afirman confiar “suficiente” y “bastante” representan en promedio un 2.86% y 12.77%, respectiva-
mente.
Por otro lado la confianza en el Ministerio Público sigue un patrón similar al de las dos anteriores instituciones.
La desconfianza en el Ministerio Público mantiene una tendencia ascendente entre los años 2014 a 2017. La
cantidad de personas que afirman no confiar “nada”, ha aumentado de un 31.45% (2014) a 38.5% (2017). Esto
contrasta con las personas que afirma confiar “poco” en el Ministerio Público, pues la tendencia es descendente,
pasando de un 49.1% a 45.7%. De manera opuesta, la cantidad de personas que afirma confiar lo “suficiente” o
“bastante” en esta institución ha decrecido de 19.5% en 2014 a 15.8% en 2017.
La Enapres recoge información respecto de la percepción de los ciudadanos de áreas urbanas sobre el trabajo en
las comisarías de sus zonas. En los años 2011 y 2012 el Enapres contó con 5 categorías de clasificación sobre el
trabajo en dichas comisarías: Muy malo, malo, regular, bueno, muy bueno. En los años 2011 y 2012, se estima que
más del 50% de peruanos residentes en áreas urbanas consideraban que la labor de su comisaría era regular (ver
gráfico 1.3.2.). Sin embargo, entre los años 2013 y 2017, la ENPARES eliminó la opción “regular” y se mantuvieron
las otras categorías. Como resultado de este cambio, es posible observar en el mismo gráfico que más del 50%
de peruanos residentes en zonas urbanas, cada año, considera que el trabajo de sus comisarías es malo, y entre
el 6% y el 8% (dependiendo del año) les parece que la labor de la comisaría es muy malo. De manera contraria,
más de un tercio de peruanos residentes en zonas urbanas, cada año, considera que el trabajo de las comisarías
es bueno o muy bueno.
1.3.2. En los últimos 12 meses ¿cómo califica usted el trabajo que ha realizado la comisaría de su zona o
barrio?
Fuente:
Instituto
Nacional de
Estadística e
Informática
(INEI) -
Encuesta
Nacional de
Programas
Estratégicos
(ENAPRES).
Elaboración:
Observatorio
Nacional de
Seguridad
Ciudadana.
Pág. 102
Violencia
letal
Pág. 11RESUMEN EJECUTIVO DEL DIAGNÓSTICO DEL PNSC
2. Violencia letal
2.1. Homicidio
A nivel internacional, el indicador estandarizado para medir la violencia (y aproximarse a una medición de victimi-
zación) es el de homicidios por cada cien mil habitantes. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el De-
lito (UNODC) monitorea la evolución de dicho indicador. En sus resultados para el año 2017, muestra que el país
con mayor tasa de homicidios en América Latina es Venezuela, con 89 homicidios por cada cien mil habitantes. El
país con menor tasa de homicidios de la región es Chile, con 3.3 homicidios por cada cien mil habitantes. El Perú
se encuentra entre los cinco países con menor tasa, con 7.7 homicidios por cada cien mil habitantes en el 2017.
2.1.1. Tasa de homicidios por cada 100 000 habitantes en América Latina (2017)2
Fuente:
Oficina de
las Naciones
Unidas contra
la Droga y
el Delito
(UNODC)
Elaboración:
Observatorio
Nacional de
Seguridad
Ciudadana.
2 Los datos de Perú reportados en el Informe de las Naciones Unidas contra la Droga y el delito corresponden al año 2016.
Pág. 12RESUMEN EJECUTIVO DEL DIAGNÓSTICO DEL PNSC
Tomando en consideración esta información, es posible destacar que el Perú no se encuentra entre los países más
violentos dentro de América Latina. Sin embargo, la data recogida por el Comité Estadístico Interinstitucional de
la Criminalidad (CEIC), durante el periodo 2011-2017, muestra un ligero aumento en la tasa de homicidios en el
Perú. Se pasó de 5.4 casos en 2011 a 7.8 casos por cada cien mil habitantes en 2017 (gráfico 2.1.2.).
2.1.2 Tasa de homicidios por cada 100 000 habitantes a nivel nacional y cifra anual (2011-2017)
Fuente:
Instituto
Nacional de
Estadística e
Informática
– Policía
Nacional del
Perú.
Elaboración:
Observatorio
Nacional de
Seguridad
Ciudadana.
Pág. 13RESUMEN EJECUTIVO DEL DIAGNÓSTICO DEL PNSC
En cuanto a la tasa de homicidios3 a nivel regional para el año 2017, la región con mayor tasa de homicidios fue
Madre de Dios, con 46.6 fallecidos por cada cien mil habitantes (Tabla 2.1.3.) Respecto de la tasa de homicidios en
provincias, como se puede apreciar en la tabla 2.1.4, existen 42 provincias que aglomeran el 78.97 % de los homi-
cidios en el país. Dicha tabla muestra las provincias donde hubo, por lo menos 15 homicidios en el año expuesto.
2.1.3 Tasa de homicidios por cada 100 000 habitantes según región (2017) y número de homicidios según
región del hecho (2017)
Fuente:
Instituto
Nacional de
Estadística e
Informática
– Policía
Nacional del
Perú
Elaboración:
Observatorio
Nacional de
Seguridad
Ciudadana.
3 La tasa de homicidios a nivel regional elaborada por el INEI usa de insumo el número de homicidios donde se realizó la denuncia
del homicidio. En base al total de casos denunciados se procede a la construcción de tasa a nivel regional. Los resultados que
se obtienen no tienen la misma precisión si se construye la tasa en base al lugar donde se perpetra el acto homicida. En ese
sentido, hay mayor utilidad identificando las regiones y provincias donde acontecieron los homicidios en lugar de la localidad
donde se sentó la denuncia.
Pág. 14RESUMEN EJECUTIVO DEL DIAGNÓSTICO DEL PNSC
2.1.4 42 provincias en donde han ocurrido de 15 homicidios a más (2017)
Fuente:
Instituto
Nacional de
Estadística e
Informática
– Policía
Nacional del
Perú
Elaboración:
Observatorio
Nacional de
Seguridad
Ciudadana.
Pág. 15RESUMEN EJECUTIVO DEL DIAGNÓSTICO DEL PNSC
2.1.5 Tasa de homicidio a nivel provincial (2017)
Fuente:
Instituto
Nacional de
Estadística e
Informática
- Policía
Nacional del
Perú
Elaboración:
Observatorio
Nacional de
Seguridad
Ciudadana.
Es importante mencionar que los homicidios se realizan utilizando diferentes medios (armas blancas, armas de
fuego, objetos contundentes, estrangulamiento, etc.). En este sentido, en el periodo 2011-2017, se aprecia que
el medio más utilizado fue el arma de fuego, aunque la cifra ha decrecido en dicho periodo de tiempo. Mientras
entre los años 2011-2014, el uso de armas de fuego en homicidios superó el 50% de casos; en 2015 y 2016, el
porcentaje bajó a 46.7% y 42.3% respectivamente. El porcentaje de homicidios con armas de fuego alcanzó su
cifra más alta en 2013, con 62.6%. Para el año 2017, el porcentaje disminuyó a 39.6%, la cifra más baja dentro
del período de estudio. A su vez, los homicidios cometidos con armas blancas y objetos contundentes también
acumulan una cantidad importante.
A nivel regional, es importante mencionar que en el año 2017 seis regiones presentaron altos porcentajes de
homicidios con armas de fuego. En las regiones de Ucayali (68.9%), Tumbes (67.1%), Callao (58.4%), y La Libertad
(57.9%), Ica (55.9%) y Piura (51.0%) más del 50% de homicidios se cometieron con armas de fuego. Por otro lado,
en 2017, la provincia de Lima registró el mayor número de homicidios por arma de fuego (290), mientras que la
región Apurímac presentó la menor cantidad (2).
Pág.16RESUMEN EJECUTIVO DEL DIAGNÓSTICO DEL PNSC
2.2. Accidentalidad Letal
Otro hecho que genera fallecimientos y merma la seguridad de los ciudadanos es la letalidad de los accidentes de
tránsito. La Organización Mundial de la Salud (OMS) brinda especial atención a este fenómeno desde la segunda
mitad del siglo XX, dado que los considera un asunto relevante para la salud pública4. En este sentido, los diversos
países generan políticas de prevención y control directo con el fin de atenuar las consecuencias letales y las
lesiones derivadas. La medidas se toman para proteger el bienestar de los ciudadanos, en especial de aquellos que
se encuentran en situación de vulnerabilidad, como las familias de menores recursos, quienes se ven afectadas en
mayor medida por los accidentes de tránsito (Cabrera et al 2009, Peden et al 2004).
La tasa de accidentes de tránsito en el Perú ha disminuido durante el periodo 2013-2017 (ver Gráfico 2.2.1.). De
igual forma, la tasa de fallecidos por accidentes de tránsito por cada cien mil habitantes a nivel nacional mantiene
una tendencia decreciente en los últimos siete años.
2.2.1. Tasa de accidentes y fallecidos en accidentes de tránsito por cada 100 000 habitantes a nivel
nacional (2011-2017)
Fuente: MTC
– Secretaría
Técnica del
Consejo
Nacional de
Seguridad
Vial.
Elaboración:
Observatorio
Nacional de
Seguridad
Ciudadana.
Elaboración:
Observatorio
Nacional de
Seguridad
Ciudadana.
Para el año 2016, la tasa de accidentes de tránsito en las regiones de Lima, Madre de Dios, Arequipa, Callao y
Moquegua fue mayor al promedio nacional. Lima resulta ser la región con la mayor tasa de accidentes de tránsito,
con 493.6 accidentados por cada cien mil habitantes. La región que se ubica en el segundo lugar es Madre
de Dios, seguida de Arequipa, con tasas de 432.7 y 415.7 accidentes de tránsito por cada cien mil habitantes,
respectivamente. Con una tasa nacional de 283.6 accidentes, el Callao y Moquegua son las regiones restantes
que se encuentran por encima de este valor, pues registran tasas de 334.8 y 306.6 accidentes por cada cien
mil habitantes, respectivamente. Por otra parte, existen regiones donde las tasas de accidentes de tránsito se
encuentran muy por debajo del valor nacional. Esto se puede apreciar en Loreto y Pasco, presentando las menores
tasas para el año 2016, con 34.2 y 14.4 accidentes de tránsito por cada cien mil habitantes respectivamente.
4Resolución WHA27.59 (1974), a través de la que se declara que los accidentes de tránsito significan un problema de salud
pública.
Pág. 17RESUMEN EJECUTIVO DEL DIAGNÓSTICO DEL PNSC
En el año 2017, Madre de Dios obtuvo la tasa más alta de fallecidos por este motivo (34.1). Por otro lado, destaca
que Loreto y Ucayali muestran las menores tasas de fallecidos por accidentes de tránsito, 2.0 y 4.1 fallecidos por
cada cien mil habitantes respectivamente (gráfico 2.3.2.).
2.2.2. Tasa de fallecidos en accidentes de tránsito por cada 100 000 habitantes a nivel regional (2016-2017)
Fuente: MTC
– Secretaría
Técnica del
Consejo
Nacional de
Seguridad
Vial.
Elaboración:
Observatorio
Nacional de
Seguridad
Ciudadana.
Pág. 18RESUMEN EJECUTIVO DEL DIAGNÓSTICO DEL PNSC
Asimismo, es importante mencionar que, para el año 2016, la tasa de hombres fallecidos, en proporción, fue
considerablemente mayor a la tasa de mujeres fallecidas por accidentes de tránsito (Gráfico 2.2.3.). La diferencia
más grande se registró en la región Apurímac, donde 36.1 hombres, por cada cien mil habitantes, fallecieron por
accidentes de tránsito, mientras que solo 3.5 mujeres fallecieron por la misma causa.
2.2.3. Tasa de fallecidos por accidentes de tránsito según sexo a nivel regional (2016)
(*) La cifra
para las
regiones de
Madre de Dios
y Moquegua
es referencial,
pues la
estimación de
la población
masculina
y femenina
de ambas
regiones para
el año 2016
es menor
a 100,000
personas
Fuente: MTC
– Secretaría
Técnica del
Consejo
Nacional de
Seguridad
Vial.
Elaboración:
Observatorio
Nacional de
Seguridad
Ciudadana.
Pág. 193
Violencia
contra la mujer,
niños, niñas y
adolescentes
Pág. 20RESUMEN EJECUTIVO DEL DIAGNÓSTICO DEL PNSC
3. Violencia contra la mujer, niños, niñas y adolescentes
3.1 Feminicidio
El registro de los datos de feminicidio en el país ha presentado múltiples problemas, pues el concepto fue cons-
truido a lo largo del tiempo (MIMP 2012) y debió ser traducido a la norma5 para poder ser aplicado. A partir de la
reglamentación de la norma, el registro del feminicidio como categoría independiente ha presentado problemas
para quienes cumplen el deber de efectuar el registro de los casos de feminicidio (Mujica y Tuesta 2012). Se pro-
curó mejorar esta situación con el cambio realizado en el Código Penal en 2013; no obstante, sigue siendo com-
plejo identificar estos casos dado que en algunos es necesario demostrar que el hecho ocurrió debido la condición
de mujer de la víctima en contextos específicos como hostigamiento, discriminación, abuso de poder, etc. Por este
motivo, es posible que el feminicidio se encuentre sub-registrado.
Otro problema radica en la ausencia de una rectoría en el registro de los datos, encontrándose diferentes fuentes
de información, provenientes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio Público, Poder Ju-
dicial, y la Policía Nacional del Perú. Para fines de este diagnóstico se ha considerado el registro policial.
Considerando lo anterior, se aprecia que según el registro de la Policía Nacional del Perú, los casos de feminicidio
se han incrementado en los últimos cinco años, pasando de 84 casos en el 2015 a 131 en el 2017.
3.1.1. Casos con características de feminicidio a nivel nacional 2013 – 2017
Fuente: Policía
Nacional del
Perú, Sistema
de Denuncias
Policiales
(SIDPOL).
Elaboración:
Observatorio
Nacional de
Seguridad
Ciudadana.
En lo que respecta a las tasas de feminicidio en las regiones, la tabla 3.1.2. muestra que, en 2017, la región con
mayor tasa de feminicidio fue Madre de Dios, con 3.27 víctimas de feminicidio por cada 100 mil mujeres. Esta
tendencia se mantiene pues en los años 2015 y 2016 dicha región mantuvo los niveles más altos de feminicidio.
Asimismo, las regiones de Pasco y tumbes presentaron tasas altas en comparación al resto de regiones.
5 El Código Penal incluyó el feminicidio en el año 2011, dentro de su artículo 107, homologándolo con el Parricidio. Sin embargo,
en 2013, la Ley N° 30068 - Ley que incorpora el artículo 108-a al código penal y modifica los artículos 107, 46-b y 46-c del Código
Penal y el artículo 46 del Código de Ejecución Penal, con la finalidad de prevenir, sancionar y erradicar el feminicidio- modificó
artículos del Código Penal e incorporó el artículo 108-a, dedicado exclusivamente a tipificar el feminicidio.
Pág. 21RESUMEN EJECUTIVO DEL DIAGNÓSTICO DEL PNSC
3.1.2. Tasas de feminicidio registrados a nivel regional (2013 - 2017)
Nota: Para la
proyección
poblacional a
nivel regional
se tomó
en cuenta
las cifras
del Boletín
de Análisis
Demográfico
N° 37 del INEI.
(*) La cifra
para las
regiones de
Madre de Dios
y Moquegua
es referencial,
pues la
estimación de
la población
femenina
de ambas
regiones para
el año 2017
es menor
a 100,000
habitantes.
Fuente: Policía
Nacional del
Perú, Sistema
de Denuncias
Policiales
(SIDPOL).
Elaboración:
Observatorio
Nacional de
Seguridad
Ciudadana.
Sobre quiénes perpetran los feminicidios, es posible observar en el gráfico 3.1.3 que, en todos los años regis-
trados, los feminicidios han sido realizados por la pareja o ex pareja de la víctima. Además, resalta el hecho
de que el valor registrado de feminicidios por conocidos es relativamente mayor a aquellos cometidos por
desconocidos y familiares. Los otros casos presentan situaciones que no han podido ser precisadas en el
registro.
Pág. 22RESUMEN EJECUTIVO DEL DIAGNÓSTICO DEL PNSC
3.1.3. Victimarios de feminicidios, de acuerdo a su relación con la víctima (Porcentaje promedio 2011-
2017)
Fuente: Policía
Nacional del
Perú, Sistema
de Denuncias
Policiales
(SIDPOL).
Elaboración:
Observatorio
Nacional de
Seguridad
Ciudadana.
3.2 Violencia Doméstica
La violencia contra la mujer puede darse de distintas formas y momentos durante el desarrollo de su vida. Estas situa-
ciones repercuten en las familias y en la sociedad en su conjunto, y refuerzan otros tipos de violencia prevalecientes
(Naciones Unidas, 2009). En ese sentido, los tipos de violencia que vulneran la integridad de las mujeres con mayor
frecuencia son: la violencia física, la violencia psicológica y la violencia sexual. A través de la Encuesta Demográfica y
de Salud Familiar (ENDES), es posible estimar la incidencia de las modalidades de violencia que vulneran a las mujeres
entre los 15 a 49 años de edad alguna vez unidas en matrimonio o convivencia.
Este documento toma como fuente principal la ENDES, debido a su nivel de detalle en las preguntas de la encuesta.
La ENDES menciona características del perpetrador, ya sean padres, madres o pareja. Además, caracteriza los tipos de
violencia (verbal, psicológica, física). Asimismo, la ENDES evidencia de manera más explícita la victimización de grupos
vulnerables (niños, niñas, adolescentes y mujeres).
En el año 2011, se estimó que el 70% de mujeres entre los 15 a 49 años fueron víctimas en algún momento de su vida,
de violencia psicológica y/o verbal. Dicha cifra disminuyó para el 2017, cuando el 61.5%, de mujeres afirmó ser víctima
de violencia psicológica y/o verbal. Esta situación contrasta con las cifras estimadas en regiones. En el año 2017, se
estima que las regiones de la sierra sur tuvieron mayor incidencia de violencia psicológica y/o verbal en mujeres entre
los 15 a 49 años generadas por esposos o compañeros. Como puede apreciarse en el grafico 3.2.3, Cusco y Apurímac
están por encima de 74%, seguidas por Puno (71.7%), Pasco (71%) y Arequipa (70.3%).
Pág. 23RESUMEN EJECUTIVO DEL DIAGNÓSTICO DEL PNSC
3.2.1. Porcentaje de mujeres entre los 15 a 49 años de edad, víctimas de violencia psicológica y/o verbal
ejercida alguna vez por el esposo o compañero, a nivel nacional (2011-2017)
Fuente:
Encuesta
Demográfica
y de Salud
Familiar
(2011-2017 I
Semestre).
Elaboración:
Observatorio
Nacional de
Seguridad
Ciudadana.
3.2.2. Porcentaje de mujeres entre los 15 a 49 años de edad, víctimas de violencia física y sexual ejercida
por el esposo o compañero en los últimos doce meses, a nivel nacional (2011 - 2017)
Fuente:
Encuesta
Demográfica
y de Salud
Familiar
(2016).
Elaboración
Observatorio
Nacional de
Seguridad
Ciudadana
Pág. 24RESUMEN EJECUTIVO DEL DIAGNÓSTICO DEL PNSC
3.2.3. Porcentaje de mujeres entre los 15 a 49 años de edad, víctimas de violencia (2017)
Fuente:
Encuesta
Demográfica
y de Salud
Familiar
(2016).
Elaboración
Observatorio
Nacional de
Seguridad
Ciudadana.
Las cifras de la violencia psicológica contrastan con las de violencia física y sexual. No obstante, no dejan de
ser preocupantes. En el primer semestre de 2017, el 10% de mujeres de 15 a 49 años de edad, afirmaron
haber sido víctimas de violencia física en los últimos doce meses, a manos de su esposo o compañero. En
cuanto a la violencia sexual, se estima que fue el 2.4%. Ambos tipos de violencia presentan decrecimientos
porcentuales en el periodo 2011- 20176 . Analizando esta situación a nivel regional, se evidencia que la sierra
sur se encuentra entre las circunscripciones con mayor nivel de violencia (ver gráfico 3.2.4.). Se estima que
en Apurímac y Junín 16.5% y 15.6% de mujeres afirman haber sido víctimas de violencia física, seguido de
cerca por Puno (15.4%) y Cusco (14.9%). En lo concerniente a la violencia sexual (ver gráfico 3.2.5), resaltan
los casos de Apurímac, Cusco y Puno, con cifras 7.7%, 5.9% y 4.3% de mujeres entre los 15 y 49 años de edad
violentadas por su esposo o compañero, respectivamente.
6 Se estima una disminución porcentual de 3.8% de la violencia física en mujeres entre los 15 y 49 años por parte del esposo o
compañero; mientras que la violencia sexual disminuyó en 1%.
Pág. 25RESUMEN EJECUTIVO DEL DIAGNÓSTICO DEL PNSC
3.2.4. Porcentaje de mujeres entre los 15 a 49 años de edad, víctimas de agresiones físicas ejercidas por el
esposo o compañero en los últimos doce meses, a nivel regional (2017)
Fuente:
Encuesta
Demográfica
y de Salud
Familiar.
Elaboración:
Observatorio
Nacional de
Seguridad
Ciudadana.
Pág. 26RESUMEN EJECUTIVO DEL DIAGNÓSTICO DEL PNSC
3.2.5. Porcentaje de mujeres entre los 15 a 49 años de edad, víctimas de violencia sexual ejercida por el
esposo o compañero en los últimos doce meses, a nivel regional (2017)
Fuente:
Encuesta
Demográfica
y de Salud
Familiar.
Elaboración:
Observatorio
Nacional de
Seguridad
Ciudadana.
Pág. 27RESUMEN EJECUTIVO DEL DIAGNÓSTICO DEL PNSC
3.3. Violencia contra niños, niñas y adolescentes
Los menores de edad, a su vez, se exponen a diversos actos de violencia. En muchos casos, la violencia psicoló-
gica y física en menores de edad está presente dentro del contexto familiar. La Encuesta Demográfica y de Salud
Familiar (ENDES) da una aproximación y permite estimar la presencia de violencia dentro del hogar, a través del
tipo de trato de los padres biológicos hacia sus hijos(as) de 1 a 5 años de edad.
En el periodo 2013-2017, se estima que la violencia verbal efectuada al hijo o hija por parte de los padres aumen-
tó en más de 7% para ambos casos. (Ver Gráfico 3.3.1.). En contraste, si se observa el gráfico 3.3.2., la violencia
física ejercida por los padres biológicos a sus hijos de 5 años o menos, disminuyó en más de 5% en el periodo
2013-2017. Este análisis, permitió identificar que, aunque las madres perpetran castigos físicos dirigidos a sus hi-
jos de 5 o menos años de edad con mayor frecuencia, la proporción respecto de los padres no es significativa. En
el año 2013, se estima que un 16.4% de madres recurrieron al uso de la violencia física. Analizando el cambio en
los años, puede deducirse que los castigos físicos han disminuido por parte de las madres y padres en el periodo
2013-2017 en 5.6% y 4.6% respectivamente.
3.3.1. Violencia verbal ejercida por ambos padres biológicos cuando corrigen a sus hijas o hijos de 1 a 5
años de edad, a nivel nacional (2013 - 2017)
Fuente:
Encuesta
Demográfica
y de Salud
Familiar.
Elaboración:
Observatorio
Nacional de
Seguridad
Ciudadana.
Pág. 28RESUMEN EJECUTIVO DEL DIAGNÓSTICO DEL PNSC
3.3.2. Violencia física ejercida por ambos padres biológicos cuando corrigen a sus hijas o hijos de 1 a 5 años
de edad a nivel nacional (2013 - 2017)
Fuente:
Encuesta
Demográfica
y de Salud
Familiar.
Elaboración:
Observatorio
Nacional de
Seguridad
Ciudadana.
Respecto de la situación de las modalidades de violencia ejercidas a menores de 5 años, o menos, de edad a nivel
regional, en el año 2017, Ucayali obtuvo el mayor valor por reprimenda verbal realizada por ambos padres bioló-
gicos a sus hijos e hijas; los valores fueron: 95.8% por parte de las madres y 96.2% por parte de los padres. En el
caso de Lambayeque las madres registraron 73.4%, mientras que los padres 79%
Pág. 29RESUMEN EJECUTIVO DEL DIAGNÓSTICO DEL PNSC
3.3.3. Violencia verbal ejercida por ambos padres biológicos cuando corrigen a sus hijas o hijos de 1 a 5
años de edad a nivel regional (2017)
Fuente:
Encuesta
Demográfica
y de Salud
Familiar.
Elaboración:
Observatorio
Nacional de
Seguridad
Ciudadana.
Esta situación contrasta con los datos recogidos de padres y madres que recurren al uso de castigo físico para
corregir la conducta de sus hijos e hijas. En el 2017, se estima un promedio nacional de 11.25% entre madres y
padres que recurrieron al castigo físico. A nivel regional la situación es diferente; existen regiones que muestran
altos índices de violencia física, como Ucayali (31.9% por parte de los padres y 29.6% por partes de las madres), y
regiones como Ica, donde solo el 2.6% de padres ejercieron este tipo de castigos y 3.5% de madres.
Pág. 30RESUMEN EJECUTIVO DEL DIAGNÓSTICO DEL PNSC
En este punto, la diferencia existente entre las cifras de la violencia física y verbal utilizadas por los padres y ma-
dres, puede deberse al progresivo reemplazo del uso de la violencia física como medio formativo por una repri-
menda verbal.
3.3.4. Violencia física ejercida por ambos padres biológicos cuando corrigen a sus hijas o hijos de 1 a 5 años de
edad a nivel regional (2017)
Fuente:
Encuesta
Demográfica
y de Salud
Familiar.
Elaboración:
Observatorio
Nacional de
Seguridad
Ciudadana.
Pág. 31RESUMEN EJECUTIVO DEL DIAGNÓSTICO DEL PNSC
3.4. Violencia Sexual
El registro de las atenciones a víctimas de violencia sexual está a cargo del Programa Nacional Contra la Violencia
Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y Población Vulnerables (PNCVFS), quienes recoge la frecuencia de
personas afectadas por violencia sexual atendidas en los Centros de Emergencia Mujer (CEM). Es por ello que se
ha considerado esta base de datos como la principal en temas de violencia sexual, debido a que dicho programa
se dedica específicamente a estos casos, y cuenta con información detallada al respecto hasta abril de 2018. No
obstante, para el análisis longitudinal y regional de victimización por este tipo de delito, se ha considerado ana-
lizar la información brindada por la ENDES, la cual muestra resultados a nivel nacional y regional hasta el 2017.
Según esta encuesta, los resultados son los siguientes:
3.4.1. Mujeres de 15 a 49 años de edad que sufrieron violencia sexual, ejercida por el esposo o compañero, en
los últimos 12 meses
Nota: La
información
del I Semestre
2017 es
preliminar y
su inferencia
es a nivel
nacional.
1/
Comprende el
departamento
de Lima y
la Provincia
Constitucional
del Callao,
para el
periodo 2009 -
2013.
2/ Comprende
los 43
distritos que
conforman la
provincia de
Lima.
3/ Comprende
las provincias:
Barranca,
Cajatambo,
Canta, Cañete,
Huaral,
Huarochirí,
Huaura, Oyón
y Yauyos.
Fuente:
Instituto
Nacional de
Estadística e
Informática
- Encuesta
Demográfica
y de Salud
Familiar
(ENDES 2009 -
2017).
Elaboración:
Observatorio
Nacional de
Seguridad
Ciudadana.
Como se puede apreciar en el grafico 3.4.2, la tendencia de casos atendidos va en aumento, concentrándose
en mujeres víctimas de este tipo de violencia. El alto incremento de atenciones no implica, necesariamente, un
aumento tan pronunciado en casos. El aumento de atenciones puede deberse a la cada vez mayor cantidad de
CEM a nivel nacional. Por otro lado, los CEM atienden mayoritariamente a mujeres. La proporción aproximada
registrada en cada año del periodo 2011 – abr.2018 es de 9 mujeres por cada hombre.
Pág. 32RESUMEN EJECUTIVO DEL DIAGNÓSTICO DEL PNSC
3.4.2. Cantidad de personas afectadas por violencia sexual atendida en los CEM a nivel nacional, según
sexo (2011- abr. 2018)
Fuente:
Sistema de
registro de
casos de los
Centros de
Emergencia
Mujer a nivel
nacional -
PNCVFS.
abr-18 Elaboración:
Observatorio
Nacional de
Seguridad
Ciudadana.
En cuanto al análisis por región de la cantidad de casos de violencia sexual atendidos en los CEM, es posible notar
que Lima alberga la mayor cantidad de atenciones en cada año del periodo 2011 – abr.2018 (Gráfico 3.4.3.). En
cambio, al momento de comparar las tasas por cada cien mil mujeres atendidas por esta causa, Madre de Dios
presenta la tasa más alta durante el periodo en mención. Aunque la información es referencial, debido a que la
población de mujeres en dicha región no alcanza la cifra de cien mil, no se puede pasar por alto los elevados valo-
res que se presentan en el gráfico 3.4.4., pues el fenómeno se ha mantenido en todos los años.
Pág. 33RESUMEN EJECUTIVO DEL DIAGNÓSTICO DEL PNSC
3.4.3. Cantidad de mujeres víctimas de violencia sexual atendidas en los CEM a nivel regional (2011- abr.
2018)
Fuente:
Sistema de
registro de
casos de los
Centros de
Emergencia
Mujer a nivel
nacional -
PNCVFS.
Elaboración:
Observatorio
Nacional de
Seguridad
Ciudadana.
Pág. 34RESUMEN EJECUTIVO DEL DIAGNÓSTICO DEL PNSC
3.4.4. Mujeres afectadas por violencia sexual atendidas en los CEM por cada 100 000 mujeres, según región
(2011 - abr.2018)
(*) La cifra
para las
regiones de
Madre de Dios
y Moquegua
es referencial,
pues la
estimación de
la población
femenina
de ambas
regiones para
el año 2017
es menor
a 100,000
habitantes.
Fuente:
Sistema de
registro de
casos de los
Centros de
Emergencia
Mujer a nivel
nacional -
PNCVFS.
Elaboración:
Observatorio
Nacional de
Seguridad
Ciudadana.
Asimismo, del total de casos de mujeres atendidas en los CEM en el periodo de tiempo demarcado, más del 70%
eran menores de edad; mientras que en promedio, un 24% de mujeres entre 18 a 59 años fueron víctimas de
violencia sexual. Esta situación correspondiente a la edad de la agraviada, se asemeja a los casos registrados en
hombres. En el periodo 2011- mar.2018, se estima que el 95% de hombres menores de edad fueron víctimas de
violencia sexual; vale decir, 9 de cada 10 hombres víctimas de violencia sexual, son menores de edad.
Pág. 354
Bandas
criminales
Pág. 36RESUMEN EJECUTIVO DEL DIAGNÓSTICO DEL PNSC
4. Bandas criminales
El término “bandas criminales” se encuentra estrechamente vinculado al concepto de “delincuencia organizada”,
entendida como toda acción delictiva organizada y prolongada en el tiempo, cuya capacidad de sustraer bienes o
servicios recae en el uso del engaño, la corrupción, la coacción e incluso la violencia. A este concepto se vinculan
un conjunto de delitos, tanto a nivel local como nacional y transnacional (PNUD, 2013).
Son diversos los autores que explican las tipologías de los grupos que participan de la delincuencia organizada.
Criminológicamente, los elementos que caracterizan a estos grupos son su carácter estructurado, permanente,
autorrenovable, jerarquizado, destinado a lucrar con bienes y servicios ilegales, diversos medios disciplinarios de
sujeción al grupo, que incluyen violencia (Sansó-Rubert Pascual, 2011). Además, en la sociedad, se evidencian
grupos delictivos que cuentan con características propias de territorialidad u organización para la comisión de
actos delictivos (BID, 2017).
Al respecto, la legislación peruana contempla esta diferenciación. A través del Decreto Legislativo N° 1244, se
efectúan disposiciones para fortalecer la lucha contra el crimen organizado y la tenencia ilegal de armas, modifi-
cándose diversos artículos del Código Penal a fin de permitir diferenciar los conceptos de organización criminal y
banda criminal, a través de características inherentes a cada una.
Es así que, con el objetivo de determinar la actuación de bandas criminales, se deben diferenciar las caracterís-
ticas propias de las organizaciones criminales. Estas son entendidas como aquellas organizaciones conformadas
por tres o más personas con carácter estable, permanente o por tiempo indefinido, que, de manera organizada,
concertada, o coordinada, ejecutan diversas tareas o funciones repartidas entre sí a fin de cometer delitos.
Por el contrario, las bandas criminales se encuentran referidas a aquellos grupos que no cumplen las glosadas
características de una organización criminal. Se conforman por dos personas o más, y basta probar su constitución
o integración con la finalidad de cometer delitos en forma concertada para establecer su existencia. Estas carecen
de roles establecidos y de procesos de planificación complejos. Su ámbito de acción suele ser local, por ello el
círculo de personas que la integran suele ser reducido. Generalmente, tienen una vida breve; es decir, consuman
el delito y desaparecen. En algunas ocasiones, brindan servicios a organizaciones criminales, sin embargo, sus in-
tegrantes no van a formar parte de la estructura jerárquica que establecen las organizaciones criminales (Zúñiga
Rodríguez, 2008; Prado Saldarriaga, 2013; Oré Sosa, 2016).
La influencia de las bandas criminales sobre su entorno es mínima, lo que determina que sus integrantes sean
frecuentemente intervenidos por la policía. Su margen de actuación se ubica en un escenario común y coyuntural
que las conecta generalmente con delitos convencionales violentos como el robo, la extorsión o los secuestros
(Prado Saldarriaga, 2013; Oré Sosa, 2016).
4.1. Extorsión
Son varios los estudios y encuestas de victimización a nivel de América Latina que evidencian el incremento de
actos de extorsión y secuestro a cargo de diversos sujetos como pandillas, autoridades y hasta grupos de crimen
organizado. Existe una tendencia generalizada a la diversificación de estas actividades, tanto a nivel de la delin-
cuencia trasnacional como la local.
La extorsión resulta útil para el crimen organizado por cuanto permite tener el control del territorio, relaciones y
flujo de caja; mientras que a la delincuencia local (bandas criminales), le permite tener acceso a recursos extraor-
dinarios como armas, drogas, entre otros tipos de mercancías (en la medida que se lo permita el grupo de crimen
organizado). De esta manera, los ilícitos como secuestro y extorsión se convierten en medios de subsistencia de
los grupos locales (ONC, 2014).
Estos delitos presentan impactos negativos significativos no solo en la percepción del ciudadano, sino en el desa-
rrollo del mismo en sociedad. Por ejemplo, el delito de secuestro tiene impacto no solo en la víctima sino también
en el su círculo familiar cercano y puede generar conmoción y sensación de inseguridad en la sociedad en general
(Navia & Ossa, 2010). Por su parte, la extorsión no solo presenta impactos económicos al asignar una carga im-
positiva no legal a ciudadanos comunes, negocios o sectores específicos, sino también impactos en la libertad de
las víctimas. Por lo general las víctimas se ven amenazadas por la muerte o destrucción de sus bienes, en virtud al
conocimiento de sus rutinas e ingresos por parte de los victimarios, que por lo general suelen ser pandillas crimi-
nales con fuerte vínculo territorial o reos que actúan desde la prisión (PNUD, 2013)
Pág. 37RESUMEN EJECUTIVO DEL DIAGNÓSTICO DEL PNSC
A nivel de criminalidad, las tasas de delitos de extorsión y de secuestro resultan poco significativas en compara-
ción con aquellas que se presentan en delitos patrimoniales como robo y hurto. Se aprecia que la tasa de extor-
sión ha disminuido considerablemente durante el periodo 2011 al 2017, siendo la tasa del año 2014, la más baja,
con 167.9 habitantes víctimas de extorsión por cada cien mil habitantes a nivel nacional. Sin embargo, para el año
2017, se aprecia un incremento de 115.7 habitantes víctimas de extorsión, por cada cien mil habitantes, respecto
del año 2016.
4.1.1. Tasa de extorsión por cada 100 000 habitantes a nivel nacional (2011-2017)
Fuente:
Instituto
Nacional de
Estadística e
Informática –
Enapres 2011
– 2017
Elaboración:
Observatorio
Nacional de
Seguridad
Ciudadana.
A nivel regional, las circunscripciones con mayor tasa de habitantes extorsionados por cada cien mil son Huanca-
velica y Madre de Dios, con más de 700 habitantes víctimas de extorsión. De manera contraria, las regiones de
Moquegua y Lambayeque presentan las menores tasas, con menos de 68 habitantes extorsionados por cada cien
mil.
4.1.2. Tasa de extorsión por cada 100 000 habitantes a nivel regional (2017)
Fuente:
Instituto
Nacional de
Estadística e
Informática –
Enapres 2017
Elaboración:
Observatorio
Nacional de
Seguridad
Ciudadana.
Para el 2011 la mayoría de personas victimizadas por extorsión eran mujeres, con una tasa de 1476 víctimas de
extorsión por cada 100 000 habitantes; mientras que en hombres, la tasa fue de 1077. La diferencia entre hom-
bres y mujeres se reduce a lo largo del período, e incluso se invierte a partir del 2016. En el 2017 los hombres
tuvieron una mayor tasa de victimización (442.2 por cada 100 000 habitantes) que las mujeres (366.3 por cada
100 000 habitantes).
Pág. 38También puede leer