Amnistía Internacional - BRASIL "Extranjeros en nuestro propio país": Los pueblos indígenas de Brasil - Amnesty International
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[Embargado hasta el: 30 de marzo de 2005] Público
Amnistía Internacional
BRASIL
“Extranjeros en nuestro propio país”:
Los pueblos indígenas de Brasil
Resumen Índice AI: AMR 19/002/2005
http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR190022005
[…] nos están tratando como si fuéramos extranjeros en nuestro propio país, e incluso como
una amenaza para la soberanía. Con ello, la esperanza de ver a nuestros territorios
demarcados y ratificados poco a poco ha sido sustituida por el temor.
Oímos rumores de que la policía va a venir con un tractor para destruirlo todo. Lo que
queremos saber es cómo vamos a dar de comer a nuestros hijos…Queremos que la policía sepa
que no nos vamos a ir. La decisión es definitiva. No nos vamos a ir de esta tierra con vida.
Ambas declaraciones, que exponen claramente el miedo y la desesperación que sienten los
pueblos indígenas de Brasil, fueron hechas en 2005. La primera fue enviada directamente a
Amnistía Internacional por un dirigente indígena conocido mundialmente. La segunda fue hecha
pública por la comunidad guaraní-kaiowá de Cerro Marangatú, estado de Mato Grosso do Sul, al
verse amenazada con el desalojo de sus tierras ancestrales, tierras que el gobierno brasileño ya había
demarcado oficialmente a su favor.
Desde hace muchos años, Amnistía Internacional documenta y desarrolla actividades de
campaña contra las violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas de Brasil, sus
dirigentes y sus defensores. En 2005 continúan siendo víctimas de ataques, homicidios y otras
formas de violencia y discriminación, a menudo cometidas con impunidad. Sucesivos gobiernos
brasileños han incumplido sus obligaciones internacionales y constitucionales de reconocer plena y
definitivamente los derechos de los pueblos indígenas sobre las tierras. También resulta
preocupante que en los últimos tiempos hayan aumentado las peticiones para que se inviertan
muchos de los avances que han conseguido los indios desde que, en 1988, entrase en vigor la
constitución de Brasil. Todo ello hace que Amnistía Internacional tema por su seguridad, e incluso
por su supervivencia futura.
Los pueblos indígenas de Brasil llevan cientos de años siendo desalojados de sus tierras de
forma violenta por aquellos que pretenden apropiarse de su riqueza. En la actualidad, esta violencia
continúa con la participación de muchos intereses rivales entre los que se cuentan empresas,
prospectores, ganaderos, terratenientes, empresas madereras y el ejército. Estos intereses creados
frecuentemente cuentan con un gran poder de captación de apoyo económico y político que utilizan
para retrasar e interrumpir la resolución de conflictos sobre la tierra.Desde hace años, los dirigentes indígenas que desarrollan actividades de campaña para
acelerar la transferencia de tierras reciben amenazas de muerte y son víctimas de ataques violentos
y homicidios, sin contar prácticamente con la protección del Estado.
Los casos y situaciones documentados en este informe representan distintos ejemplos de la
compleja realidad a la que hoy se enfrentan los pueblos indígenas de Brasil. El factor que los une es
que todos son resultado de decenios de inacción por parte del Estado. Amnistía Internacional teme
que el actual gobierno brasileño, que hasta ahora no ha adoptado una estrategia coherente destinada
a solucionar los problemas que afrontan los indios brasileños, no esté sino repitiendo y exacerbando
los errores del pasado. La organización hace un llamamiento a las autoridades brasileñas para que
cumplan sus obligaciones constitucionales e internacionales de proteger a los indios y sus tierras.
Este texto resume el documento titulado Brasil: “Extranjeros en nuestro propio país”: los pueblos
indígenas de Brasil (Índice AI: AMR19/002/2005), publicado por Amnistía Internacional el 30 de
marzo de 2005. Si desean más información o emprender acciones al respecto consulten el
documento completo. En la URL http://www.amnesty.org encontrarán una amplia selección de
materiales de AI sobre éste y otros asuntos. Los comunicados de prensa de Amnistía Internacional
pueden recibirse por correo electrónico solicitándolo en la dirección:
http://www.amnesty.org/email/email_updates.html
SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDON WC1X 0DW, REINO UNIDO
Traducción de Editorial Amnistía Internacional (EDAI), España[Fecha de embargo: 30 de marzo de 2005] Público
Amnistía Internacional
BRASIL
“Extranjeros en nuestro propio
país”: Los pueblos indígenas de
Brasil
Ava Taperendy’i, hijo de Marcos Verón, de pie junto al monumento a su padre en
Takuara, Mato Grosso do Sul, agosto de 2004. AI
Índice AI: AMR 19/002/2005
http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR190022005
SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDON WC1X 0DW, REINO UNIDO
Traducción de Editorial Amnistía Internacional (EDAI), EspañaÍNDICE El Quinto Centenario de la exclusión ........................................................................ 2 Renovadas esperanzas para el cambio ....................................................................... 3 Recrudecimiento de la violencia ................................................................................ 3 “El indígena es la tierra” ............................................................................................ 5 La transferencia de tierras: un proceso laborioso ...................................................... 6 Propuesta legislativa 188: amenaza de retroceder en el tiempo ................................ 8 Miseria y violencia: los guaraníes kaiowá ................................................................. 9 El homicidio de Marcos Verón ................................................................................ 11 La lucha por la tierra: esperanza en medio de la miseria ......................................... 12 Última y desesperada llamada de ayuda: suicidios de guaraníes ............................. 13 Raposa Serra do Sol: aplazamiento de la ratificación .............................................. 14 La masacre de los ticuna: a la espera de que se haga justicia .................................. 16 Una tragedia anunciada: los indios cinta larga ........................................................ 17 Los indios xucuru de Pernambuco ........................................................................... 18 Matanzas anteriores de dirigentes xucuru ................................................................ 19 La protección de los dirigentes que corren peligro: imposibilidad constante de encontrar una solución ............................................................................................. 20 Hostigamiento de los defensores de los derechos humanos en Pernambuco ........... 20 Atrapados entre “cocodrilos y leones”: los indios truká .......................................... 21 Homicidio de José de Nó y Nilson Felix ................................................................. 22 Abandonados por el Estado ..................................................................................... 22 Generales.................................................................................................................. 23 Justicia...................................................................................................................... 24 Protección ................................................................................................................ 24 Resolución de disputas sobre tierras ........................................................................ 24 Índice AI: AMR 19/002/2005 Amnistía Internacional
Brasil
“Extranjeros en nuestro propio país”: Los pueblos
indígenas de Brasil
Niño guaraní kaiowá en Guyra Roká, Mato Grosso do Sul, agosto de 2004. © AI
1. Introducción
Desde hace muchos años, Amnistía Internacional documenta y desarrolla actividades de campaña
contra las violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas de Brasil, sus dirigentes y
sus defensores. En 2005, los indios 1 continúan siendo víctimas de ataques, homicidios y otras
formas de violencia y discriminación, a menudo cometidas con impunidad. Sucesivos gobiernos han
incumplido sus obligaciones internacionales y constitucionales de reconocer plena y
definitivamente los derechos de los indios sobre las tierras. También resulta preocupante que en los
últimos tiempos hayan aumentado las peticiones para que se inviertan muchos de los avances que
han conseguido los indios desde que, en 1988, entró en vigor la Constitución de Brasil. Los indios
brasileños dejaron patente su frustración con la reciente ocupación –en enero de 2005– de la sede
amazónica de la Fundación Nacional del Indio (Fundação Nacional do Indio, FUNAI)2 en Manaos.
Amnistía Internacional ha identificado diversas áreas que constituyen un motivo de
preocupación debido a que las autoridades no han adoptado medidas que eviten la exposición de los
indios a violaciones de sus derechos humanos. El hecho de que el gobierno brasileño no les
garantice los derechos sobre sus tierras mediante la demarcación y ratificación de muchos de los
territorios indígenas, unido a la lentitud con que se desarrolla este proceso cuando finalmente tiene
lugar, han favorecido los ataques contra indios así como un empeoramiento de la –de por sí grave–
privación económica y social que sufren muchas comunidades. En zonas en las que se ha
identificado y reconocido la necesidad de protección federal de los indios y sus tierras, las
autoridades no han tomado medidas pese a las advertencias formuladas por comisiones del Senado
o por la Organización de los Estados Americanos, como es el caso de de los indios cinta larga en
Rôndonia y el de los xucuru en Pernambuco. El hecho de que no se haya castigado a los autores de
ataques y homicidios del pasado ha sentado las bases de la violencia del presente.
Los indios brasileños llevan cientos de años siendo desalojados de sus tierras de forma
violenta por aquellos que pretenden apropiarse de su riqueza. Esta violencia sigue aún presente y en
ella participan muchos intereses rivales. Entre ellos se cuentan: empresas y prospectores interesados
en explotar los recursos naturales de la tierra; hacendados; terratenientes que, de buena o mala fe,
han adquirido derechos de propiedad sobre territorios indígenas; las compañías madereras y, por
1
El término “indio” se utiliza aquí tal y como se definió en la Constitución brasileña de 1988, y según lo utilizan los
propios pueblos indígenas brasileños. El término “pueblos indígenas” puede interpretarse de acuerdo con la definición
del Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo). Amnistía Internacional utiliza ambos términos en este informe.
2
Organismo oficial encargado de administrar la protección de los indios y sus tierras. FUNAI pertenece al Ministerio de
Justicia.
Índice AI: AMR 19/002/2005 Amnistía Internacional2 “Extranjeros en nuestro propio país”
último, el ejército, que, alegando intereses de seguridad nacional, pretende reducir y circunscribir
los territorios indígenas situados en zonas fronterizas. Estos intereses creados suelen tener un gran
poder de captación de apoyo económico y político que utilizan para retrasar e interrumpir la
resolución de conflictos sobre la tierra.
Los dirigentes indígenas que desarrollan actividades de campaña para acelerar la
transferencia de tierras reciben amenazas de muerte y son víctimas de ataques violentos y
homicidios, sin contar prácticamente con la protección del Estado ni disfrutar del derecho a un
recurso efectivo. 3 Durante el largo período que deben esperar hasta que se resuelven sus
reclamaciones, los indios son privados del recurso que les es básico para poder ejercitar sus
derechos económicos, sociales y culturales: las tierras.
Los casos y situaciones documentados en este informe representan distintos ejemplos de la
compleja realidad a la que hoy se enfrentan los pueblos indígenas de Brasil. El factor que los une es
que todos son el resultado de decenios de inacción por parte del Estado.
2. Un legado de promesas incumplidas
El Quinto Centenario de la exclusión
La conmemoración –el 22 de abril de 2000– del Quinto Centenario de la llegada de los portugueses
a Brasil ofrecía una oportunidad única para reflexionar sobre el extraordinario y complejo legado
social, racial y cultural del país. Las celebraciones oficiales indignaron a numerosos grupos que
consideraban que se estaba desaprovechando una oportunidad real para reflexionar sobre el
complicado legado histórico de Brasil en favor de una superficial campaña publicitaria de alcance
nacional e internacional que explotaba a los pueblos indígenas al hacer uso de sus imágenes como
material publicitario. Al mismo tiempo las autoridades excluyeron a dirigentes y representantes
indígenas de todo el país y los privaron del derecho a participar en las celebraciones y a expresar
sus preocupaciones legítimas en relación con los derechos de los indios. En respuesta a ello, las
organizaciones indígenas convocaron una conferencia nacional independiente a fin de acordar un
programa de trabajo sobre asuntos indígenas.
El mismo día del aniversario, manifestantes indígenas y representantes de otros grupos de la
sociedad civil trataron de llevar a cabo una marcha pacífica a Porto Seguro, en donde se estaban
desarrollando las celebraciones oficiales. Fueron interceptados por la policía militar que, equipada
con indumentaria antidisturbios, empleó gas lacrimógeno y balas de goma y cargó con porras para
disolver la marcha. Después de la difusión nacional e internacional de la intervención policial, el
entonces presidente de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) dimitió en señal de protesta y
declaró: “No puedo permanecer en un gobierno que lleva a cabo actos de agresión contra el
movimiento indígena organizado”.4
Manifestantes indígenas observan a la Policía Militar equipada con indumentaria antidisturbios, bloqueando la carretera
a Porto Seguro durante la celebración del Quinto Centenario de la llegada de los portugueses. © Reuters
3
Según lo especificado por el derecho internacional: la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículos 25
y 8 (1), y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), artículo 2 (3).
4
Folha de São Paulo, 23 de abril de 2000.
Amnistía Internacional Índice AI: AMR 19/002/2005“Extranjeros en nuestro propio país” 3
La exclusión y la violencia dirigidas contra manifestantes indígenas y sus simpatizantes
durante la conmemoración del Quinto Centenario fueron tan representativas como sintomáticas de
los muchos años que el Estado brasileño lleva sin reconocer ni respetar los derechos de los pueblos
indígenas de Brasil.5
Renovadas esperanzas para el cambio
Las elecciones de 2002 que dieron el triunfo a Luiz Inácio Lula da Silva como presidente del
gobierno, y a un partido frecuentemente considerado como aliado tradicional del movimiento
indígena, hicieron renacer las esperanzas de cambio. Las contundentes promesas formuladas en el
Compromiso con los Pueblos Indígenas de Brasil, manifiesto del gobierno en favor de los indios
publicado en septiembre de 2002, permitían confirmar tal sentimiento. Este documento reconocía
los numerosos errores del pasado y establecía una estrategia clara para abordar los complejos
problemas y conflictos que durante años han expuesto a una gran parte de la población indígena de
Brasil a violaciones de los derechos humanos:
La política en materia indígena aplicada por el gobierno brasileño en los últimos decenios
necesita cambios profundos y sustanciales que permitan, por un lado, responder a las
necesidades de los pueblos indígenas y de la comunidad brasileña en general y, por el otro,
construir una imagen de dignidad y respeto por la pluralidad étnica y los derechos
humanos en el país.6
El manifiesto también declaraba que el gobierno electo debería demostrar “lucidez,
capacidad y determinación” y convertir en prioritaria la definición y aplicación de una “política en
materia indígena clara, democrática, objetiva y coherente”. A pesar de las promesas y del fuerte
apoyo de los pueblos indígenas de Brasil durante la campaña electoral, ha transcurrido más de la
mitad de su mandato sin que se aprecien aún señales de que el gobierno federal haya elaborado una
estrategia coherente para resolver los diversos problemas que afrontan los indios brasileños.
Aunque ya se han demarcado y ratificado algunas tierras indígenas, la administración actual, al no
elaborar y aplicar una política clara en materia indígena, está repitiendo y exacerbando los errores y
omisiones de gobiernos anteriores y no está satisfaciendo las enormes expectativas creadas por sus
propios compromisos electorales, como tampoco sus obligaciones internacionales. La condena, por
parte del movimiento indígena, de esta falta de progreso es generalizada. En abril de 2004,
dirigentes indígenas ocuparon la sede del Congreso en la capital, Brasilia, y exigieron una audiencia
con el presidente; sólo entonces se les concedió una entrevista con él, es decir, más de 16 meses
después de subir al poder el nuevo gobierno en enero de 2003.
Recrudecimiento de la violencia
En 2003 se recibieron informes de una escalada de la violencia, contra pueblos indígenas y sus
dirigentes, homicidios incluidos. Al finalizar el año, el Consejo Indigenista Misionero (Conselho
Indigenista Missionário, CIMI), movimiento ligado a la iglesia católica, llevaba registrados 23
5
Para más información, véase el informe de Amnistía Internacional Brasil: La violencia policial y el Quinto Centenario,
diciembre de 2000, AMR 19/29/00.
6
Compromiso con los Pueblos Indígenas de Brasil, Coalición Lula Presidente, 2002.
Amnistía Internacional Índice AI: AMR 19/002/20054 “Extranjeros en nuestro propio país”
homicidios de indios, en su mayoría atribuidos a conflictos sobre las tierras 7. El 13 de enero, a dos
semanas de la ceremonia de investidura del nuevo presidente, el internacionalmente conocido
dirigente guaraní kaiowá Marcos Verón murió a golpes delante de miembros de su familia durante
un intento de desalojarlo de su tierra ancestral en el estado meridional de Mato Grosso do Sul,
donde fue enterrado. También a principios de enero, Leonardo Crespo, indígena kaingang de 77
años de edad, perdió la vida en Miraguaí, estado de Rio Grande do Sul, a consecuencia de las
patadas y los golpes recibidos de un grupo de jóvenes que lo asaltaron cuando dormía. Las
autoridades reaccionaron rápidamente, y en julio de ese mismo año fueron declarados culpables y
condenados los autores de su muerte, que, según se cree, obedeció a motivos raciales. A los dos
meses del asesinato de Leonardo Crespo, Marcos Xucuru, dirigente del pueblo xucuru, escapó –en
el estado de Pernambuco, región noreste brasileña– de una emboscada que se saldó con la muerte de
dos hombres que le acompañaban. Chicão Xucuru, padre de Marcos, murió en 1998 a raíz de los
disparos efectuados por un hombre armado.
Manifestantes durante la marcha de Pernambuco, en conmemoración del aniversario de la muerte de Chicão Xucuru. ©
CIMI
Aunque en 2004 disminuyeron los niveles de violencia contra dirigentes indígenas, los
conflictos sobre las tierras favorecieron el recrudecimiento de la violencia y un aumento de las
violaciones de derechos humanos.
En enero de ese año, un grupo de manifestantes invadió una misión católica en el territorio
indígena de Raposa Serra do Sol, estado de Roraima, tras anunciar el gobierno que la reivindicación
por parte de los indígenas de sus derechos sobre tierras de la región sería finalmente aprobada por el
presidente. Los manifestantes, al parecer coordinados por terratenientes locales, tomaron como
rehenes a misioneros, bloquearon carreteras de la zona y amenazaron con continuar los ataques a las
comunidades indígenas. El proceso de otorgar las tierras a los habitantes indígenas, que sólo estaba
pendiente de la ratificación definitiva del presidente, fue postergado. La tensión en la región se
mantuvo elevada durante todo el año y, en noviembre, un grupo armado que, también según
informes, estaba coordinado por terratenientes locales, atacó tres comunidades indígenas en el
territorio, quemando o destruyendo 23 casas.
La tragedia sacudió el estado amazónico de Rondônia en abril, cuando 29 hombres que
habían explotado ilegalmente las tierras pertenecientes al pueblo indígena cinta larga, murieron
presuntamente a manos de indígenas. Pocos meses antes de la masacre, en diciembre de 2003, una
comisión de investigación formada por miembros de la asamblea legislativa de Rondônia advirtió
de la violencia inminente y solicitó la intervención federal, que incluyese la presencia del ejército, a
fin de impedir conflictos y la explotación ilegal de tierras en la región. La petición no fue atendida.
En noviembre, la policía anunció su intención de imputar los homicidios a 10 miembros de la
comunidad indígena.
7
Esta cifra fue cuestionada por el presidente de FUNAI, quien reconoció que cinco homicidios se derivaban de
conflictos sobre las tierras, y atribuyó el resto a disputas exacerbadas por el alcohol y a desavenencias internas.
Amnistía Internacional Índice AI: AMR 19/002/2005“Extranjeros en nuestro propio país” 5
“El indígena es la tierra”
Los indios por el hecho de su propia existencia tienen derecho a vivir libremente en sus propios
territorios; la estrecha relación que los indios mantienen con la tierra debe de ser reconocida y
comprendida como la base fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su integridad y su
supervivencia económica.8
La tierra es, desde siempre, un factor básico para el bienestar y la supervivencia de los
pueblos indígenas de Brasil. Ya en 1991, el gobierno brasileño acuñó la expresión “el indígena es la
tierra” en reconocimiento de la importancia de los derechos sobre las tierras para la realización de
sus derechos humanos. El derecho de los pueblos indígenas a sus tierras queda consagrado en la
Constitución de 1988, que define estas zonas como “tierras tradicionalmente ocupadas por los
indios” y sobre las cuales tienen derechos originales e inalienables. 9 La Constitución ordenaba que
todos los territorios indígenas quedasen demarcados antes de 1993.
Aunque la Constitución brasileña proporciona el marco legal necesario para fortalecer la
lucha de los indios de Brasil por recobrar y conservar sus tierras, y pese a que la superficie total
demarcada a su favor –478.721 km2 entre 1992 y 2001–10 ha aumentado sustancialmente en los
últimos años, el objetivo constitucional de demarcar todas las tierras sigue estando aún muy lejos,
incluso en 2005. Se han ratificado 340 de los 580 territorios indígenas oficialmente reconocidos en
Brasil, y 139 siguen pendientes de identificación, que es la primera etapa del proceso. 11 A pesar de
ello, el ministro de Justicia ha prometido públicamente completar la demarcación y ratificación de
todos los territorios indígenas pendientes antes de finalizar 2006.
En 2004, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas
recomendó al gobierno brasileño que completase la demarcación de todas las tierras indígenas antes
de 2007, y expresó su preocupación por el hecho de que la posesión y el uso de estas tierras por
parte de las comunidades indígenas se veían amenazados y restringidos a causa de los repetidos
actos de agresión contra ellas. El comité añadió lo siguiente: “Asimismo, el Comité recomienda que
el Estado Parte adopte medidas urgentes para reconocer y proteger en la práctica el derecho de las
poblaciones indígenas a poseer, explotar, controlar y utilizar sus tierras, territorios y recursos”.12
Un antiguo principio del derecho brasileño sostiene que los indios son “relativamente
capaces” 13 y, en consecuencia, no pueden ejercitar plenamente sus derechos civiles. Por este
8
Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua, Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 31 de
agosto de 2001, párrafo 149.
9
Los artículos 231 y 232 definen los derechos constitucionales de los indios, véase Anexo.
10
Homologados o registrados. IBGE – Indicadores de Desenvolvimento Sustentável – Brasil, 2004.
11
Estadística disponible en el sitio Web de FUNAI: www.funai.gov.br.
12
Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, Brasil, Doc ONU:
CERD/C/64/CO/2 (2004).
13
Código Civil de 1916, Estatuto del Indio de 1973. Las propuestas de reforma del Estatuto del Indio se debaten con
dureza en el Congreso desde 1991.
Amnistía Internacional Índice AI: AMR 19/002/20056 “Extranjeros en nuestro propio país”
motivo, el control paternalista sobre los derechos y las necesidades de los pueblos indígenas
siempre ha sido monopolio del Estado, concretamente del gobierno federal. El órgano de gobierno
oficialmente responsable de la aplicación de las políticas en materia indígena es la Fundación
Nacional del Indio (FUNAI).14
Por lo tanto, la tarea de supervisar la aplicación correcta de los derechos sobre tierras
indígenas y de proteger a los pueblos indígenas durante y después de este proceso recae en las
autoridades federales. Sin embargo, aunque sucesivos gobiernos se han comprometido a garantizar
los derechos de los indios brasileños, con demasiada frecuencia los intereses políticos y económicos
a corto plazo han puesto en peligro estos compromisos.
Pese a las muchas dificultades que afrontan los pueblos indígenas de Brasil, cuentan con un
factor vinculante y positivo que les depara buenos augurios de cara al futuro: su capacidad de
supervivencia. Hacia la mitad del siglo pasado se predijo su extinción inminente al estimarse que la
población indígena había registrado un mínimo histórico de 100.000 habitantes. En 2005, los
cálculos sitúan esta cifra en torno a 370.000.15 Un acontecimiento reciente que ha intervenido a
favor de su supervivencia es el crecimiento y fortalecimiento de las organizaciones indígenas
autónomas en los años noventa, que, por primera vez, les ha permitido convertirse en protagonistas
de su propia lucha en el ámbito local, regional, nacional e internacional. Se cree que en Brasil
habitan hasta 45 grupos de indios “aislados” o “no localizados”, 24 de ellos en zonas demarcadas
por FUNAI.
Aunque los indios sólo representan entre el 0,2 y el 0,3 por ciento de la población, tienen
derecho a un 11 por ciento de la tierra en virtud de la Constitución. Un sondeo realizado por IBOPE
para el Instituto Socioambiental, organización no gubernamental, sugiere que prácticamente nadie
en Brasil se opone a ello. En el sondeo sobre 2.000 personas realizado en el año 2000, una mayoría
del 68 por ciento consideraba que la zona demarcada era suficiente, o incluso insuficiente. Sólo el
22 por ciento consideraba que eran demasiadas tierras.16
La transferencia de tierras: un proceso laborioso
La Constitución obliga al gobierno federal a transferir las tierras ancestrales a los pueblos indígenas
de Brasil y lo responsabiliza de proteger la tierra. La Fundación Nacional del Indio (FUNAI)
administra el complejo proceso que conlleva la transferencia, que incluye la identificación,
delimitación, demarcación, ratificación y registro de tierras. La identificación la realiza un equipo
técnico supervisado por un antropólogo nombrado por FUNAI. El presidente de FUNAI aprueba, si
procede, el estudio. Las partes interesadas disponen de un plazo de 90 días para refutar el informe.
Desde ese momento, corresponde al ministro de Justicia aprobar o rechazar el estudio de
identificación. Si se aprueba, el ministro declara y establece oficialmente la delimitación y
14
A principios de los años noventa, la responsabilidad de la salud y educación de los pueblos indígenas se transfirió de
FUNAI a otros órganos de gobierno.
15
Instituto Sociambiental (ISA). Las distintas metodologías empleadas dan lugar a grandes variaciones en los cálculos
sobre población indígena. El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) sitúa la cifra en más de 700.000
(IBGE, Indicadores de Desenvolvimento Sustentável, Brasil 2004).
16
Pesquisa Nacional, IBOPE/ISA, 2000.
Amnistía Internacional Índice AI: AMR 19/002/2005“Extranjeros en nuestro propio país” 7
demarcación física de la zona. Los últimos pasos son la ratificación de la zona por decreto
presidencial, y su inscripción oficial.17
Sin embargo, el procedimiento ha resultado sumamente lento, y las reclamaciones tardan
años, cuando no decenios, en resolverse. Desde hace mucho tiempo, la dotación insuficiente de
fondos, la corrupción y los problemas internos abruman a FUNAI, que insiste en que no dispone de
dinero ni de personal suficiente para llevar a cabo las demarcaciones pendientes. En una carta que
un dirigente guaraní kaiowá mostró a Amnistía Internacional en agosto de 2004, un miembro de la
dirección de FUNAI expresaba su frustración al no poder realizar los estudios de identificación de
un territorio concreto, debido a los escasos recursos económicos y la falta de personal:
Sin antropólogos y ecologistas, la creación de un grupo de trabajo para identificar un
territorio indígena, cualquiera que éste sea, deja de ser una opción viable. FUNAI ha
redoblado los esfuerzos en intentar reunir los recursos humanos necesarios para atender
las necesidades territoriales acumuladas durante tantos años en la región de Mato Grosso
do Sul.
En su Compromiso con los Pueblos Indígenas de Brasil, el gobierno federal criticaba duramente
a FUNAI e indicaba que ésta “se ha caracterizado por sus frecuentes omisiones y olvidos en el
ejercicio de sus funciones”. También reconocía que el órgano adolece de graves problemas
presupuestarios e internos, y declaraba que la reforma y reestructuración de FUNAI serían
prioritarias.
Pese al compromiso declarado con un cambio radical, a Amnistía Internacional no le consta
que existan planes gubernamentales de reestructuración o aumento de la financiación de FUNAI.
Según el comité asesor independiente INESC, el presupuesto de FUNAI sufrió un recorte del ocho
por ciento en 2004. Este comité asesor describía como “insuficiente” el presupuesto asignado a las
demarcaciones y afirmó lo siguiente sobre el presupuesto asignado a la vigilancia de las tierras
indígenas: “Teniendo en cuenta el grado de intrusión que sufren las tierras indígenas y las carencias
de personal e infraestructura de FUNAI, este valor es, cuando menos, risible, por no decir
trágico”.18
Las críticas de FUNAI por parte del movimiento indígena son abundantes. En la reunión del
Foro Social Panamazónico –coalición de grupos indígenas– que tuvo lugar en Manaos en enero de
2005, importantes dirigentes indígenas expresaron su contundente rechazo a FUNAI. 19 En el
momento de publicarse este informe, Amnistía Internacional no había recibido respuesta a la carta
enviada al presidente de FUNAI en septiembre de 2004, en la que, entre otras cuestiones, se le pedía
información sobre estrategias para solucionar las reclamaciones de los guaraníes kaiowá sobre las
tierras.
Además de los retrasos estructurales y políticos asociados a FUNAI, el proceso de
transferencia también sufre demoras debido a dificultades a la hora de acordar el pago de
17
El proceso quedó establecido en virtud del Estatuto del Indio de 1973. Está sujeto a modificaciones por decreto, el
último de los cuales es el Decreto 1775 de enero de 1996.
18
Instituto de Estudos Socioeconômicos (INESC): A Política Indigenista 2003/2004: Um Olhar sobre o Orçamento.
Nota Técnica Nº 86, abril 2004.
19
Agencia Carta Maior: Indígenas divulgam manifesto de repúdio ao Governo Lula, 20 de enero de 2005.
Amnistía Internacional Índice AI: AMR 19/002/20058 “Extranjeros en nuestro propio país”
indemnizaciones a aquellos que adquirieron tierras indígenas de buena fe. La Constitución brasileña
sólo contempla una indemnización basada en las mejoras físicas y materiales efectuadas en la tierra,
no en su valor. Este factor a menudo suscita una gran resistencia a las propuestas de transferir
tierras en un gran número de terratenientes.
Propuesta legislativa 188: amenaza de retroceder en el tiempo
Al finalizar 2004, las organizaciones no gubernamentales (ONG) nacionales dieron la voz de alarma
por el número cada vez mayor de iniciativas que parecían diseñadas para restringir e incluso invertir
algunos de los avances logrados por los indios del Brasil en los últimos años. Una comisión especial
del Senado,20 encargada de realizar una evaluación y de presentar un informe sobre la situación de
los pueblos indígenas, elaboró un proyecto de propuesta legislativa 21 para regular los
procedimientos de demarcación que, de aprobarse, haría retroceder la situación varios decenios. En
virtud de dicho proyecto de ley, las demarcaciones de tierras pendientes quedarían anuladas, se
declararía ilegal la demarcación de tierras ocupadas pacíficamente por los indios y sería obligatorio
obtener la aprobación del Senado de todas las demarcaciones de territorios indígenas.
Afortunadamente, la propuesta –que las ONG repudiaron por inconstitucional y los indios de Mato
Grosso do Sul describieron como una “puñalada por la espalda”– fue retirada como consecuencia de
las protestas de la opinión pública.
La propuesta legislativa se redactó en contravención del concepto de consentimiento previo,
dado libremente y con pleno conocimiento de causa consagrado en el Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo, el único instrumento jurídicamente vinculante del derecho
internacional que protege específicamente a los pueblos indígenas. 22 Brasil ratificó el Convenio 169
en julio de 2002, y el gobierno federal lo incorporó a la legislación interna en abril de 2004.
“Extranjeros en nuestro propio país”
La abrumadora sensación de inquietud e inseguridad con respecto al futuro de los indios brasileños
se resume en esta declaración que un importante dirigente indígena hizo llegar a Amnistía
Internacional en enero de 2005:
[…][nos sentimos] defraudados con la forma en que se está tratando la cuestión indígena en
nuestro país: el gobierno ha adoptado la forma más perversa del trato especial, por cuanto la
cuestión indígena se ha llevado a la Cámara de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional, donde
se tratan las cuestiones de soberanía, y eso significa que nos están tratando como si fuéramos
extranjeros en nuestro propio país, e incluso como una amenaza para la soberanía. Con ello, la
esperanza de ver nuestros territorios demarcados y ratificados poco a poco ha sido sustituida por
el temor.
20
Comissão Temporária Externa do Senado Federal sobre Demarcação de Terras Indígenas.
21
Propuesta Legislativa del Senado Nº 188, 2004.
22
Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo), 27 de junio de 1989.
Amnistía Internacional Índice AI: AMR 19/002/2005“Extranjeros en nuestro propio país” 9
La Cámara de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional (CREDEN) citada aquí se creó en
agosto de 2003 por decreto presidencial. Su mandato es formular políticas gubernamentales en
“materias relacionadas con el área de las relaciones exteriores y la defensa nacional”. 23
Entre las ocho áreas de política específicas que debe desarrollar este órgano se encuentran
los derechos humanos y los pueblos indígenas. Las demás son el tráfico de drogas y el delito
internacional, la cooperación internacional en materia de defensa y seguridad, la inmigración, las
actividades de espionaje, los controles fronterizos y las operaciones de paz.
En mayo de 2004, se creó un grupo de trabajo auspiciado por CREDEN, destinado a
elaborar propuestas para una “nueva política indígena”. En el grupo de trabajo no hay dirigentes
indígenas ni tampoco representantes de la sociedad civil. Aunque FUNAI y el Ministerio de
Educación sí están representados, no lo están los ministerios de Medio Ambiente, Desarrollo
Agrario y Salud. La policía federal, las fuerzas aéreas, la armada, el ejército, el servicio de
información brasileño y los ministerios de Relaciones Exteriores y Defensa son miembros del grupo
de trabajo.
3. La violencia y la lucha por la tierra ancestral
Desde hace mucho tiempo, la lucha por las tierras indígenas se caracteriza por el derramamiento de
sangre y el sufrimiento. El hecho de que, históricamente, el Estado brasileño jamás haya reconocido
ni protegido los derechos sobre las tierras indígenas se evidencia, en 2005, con uno de los ejemplos
más extremos de la miseria y la violencia que ha provocado tal actitud: la proporción de tierras por
persona del pueblo guaraní kaiowá, pese a ser uno de los más numerosos de Brasil, está entre las
peores de todos los grupos indígenas del país. En Brasil cohabitan tres grupos guaraníes: los kaiowá,
los nhandeva y los mbyá. En Mato Grosso do Sul viven 30.000 guaraníes kaiowá y nhandeva, y los
cálculos sitúan la población guaraní kaiowá entre 18.000 y 20.000 habitantes, lo que convierte a
este grupo guaraní en el mayor de Brasil.24
Miseria y violencia: los guaraníes kaiowá
Para nosotros, los kaiowá, la tierra es sagrada. Es la esencia de la vida kaiowá. Para nosotros, el
pueblo indígena guaraní, la tierra es nuestra estructura vital .25
¿Qué está pasando en las zonas de los guaraníes kaiowá? Que hay mucha desnutrición. No
tenemos tierras que cultivar. Por eso hay pobreza y hambre en nuestra tierra […]Nosotros, los
indios, hemos tomado una decisión. Si nos desalojan de estas zonas en conflicto, nos suicidaremos.
Nos suicidaremos porque no significamos nada para nadie.26
23
Decreto Nº 4.801, 6 de agosto de 2003.
24
Instituto Socioambiental (ISA): Enciclopédia dos Povos Indígenas, 2003.
25
Carta del cacique Rosalino Ortiz dirigida a Survival International, diciembre de 2004.
26
Maria Regina de Souza en una reunión pública celebrada con la comisión especial del Senado para asuntos indígenas,
febrero de 2004.
Amnistía Internacional Índice AI: AMR 19/002/200510 “Extranjeros en nuestro propio país”
La mayoría de los guaraníes kaiowá viven en 27 territorios reconocidos oficialmente en el
sur del estado de Mato Grosso do Sul.27 Son algunas de las zonas indígenas de Brasil más pequeñas,
más pobres y con mayor densidad de población: focos rurales de pobreza rodeados de grandes
plantaciones de soja y caña de azúcar, y reservas urbanas superpobladas donde hacen estragos la
desnutrición, la enfermedad, la miseria, el suicidio, la violencia y el alcoholismo. Según informes,
la mortalidad infantil en estas zonas indígenas se ha recrudecido en los últimos años debido en gran
parte al hambre y la desnutrición; en 2004 se registraron 64 muertes por cada 1.000 niños. 28 Un
diputado federal describió la tasa de mortalidad infantil como un “auténtico genocidio del pueblo
indígena de Mato Grosso do Sul”. 29 Según informes, el coordinador regional de la Fundación
Nacional de Salud (Fundação Nacional de Saúde, FUNASA) afirmó que la elevada tasa de
mortalidad infantil estaba directamente relacionada con problemas estructurales socioeconómicos, y
resaltó la escasez de tierras del pueblo guaraní kaiowá. 30
La presencia guaraní en la zona que actualmente es Mato Grosso do Sul data de hace cientos
de años. A comienzos del siglo pasado, el hoy desaparecido Servicio de Protección a los Indios
empezó a acorralar a los grupos en reservas oficiales. Esta práctica continuó y se aceleró durante los
años cincuenta hasta los ochenta, cuando, excepto un pequeño número de comunidades, los
guaraníes kaiowá que quedaban fueron expulsados de sus tierras por los grileiros, o usurpadores de
tierras, así como por empresas privadas y por agresivos programas de desarrollo agrícola
patrocinados por el gobierno. Como no les quedaba otra alternativa, se trasladaron a las ya
masificadas reservas oficiales. Muchos de ellos empezaron a trabajar en refinerías de caña de azúcar
en unas condiciones que, según informes, a menudo constituían esclavitud.31
Privados de sus tierras, y sin ver otra alternativa de supervivencia, en los años noventa los
guaraníes kaiowá adoptaron una estrategia de reocupación pacífica de pequeñas parcelas en sus
territorios tradicionales, denominadas tekoha. Durante estas reocupaciones, los que participaban en
ellas a menudo eran amenazados de muerte o desalojados de forma violenta por grupos armados.32
Esta acción directa ha dado lugar a la obtención, parcial en algunos casos, de varias de estas
parcelas. Hoy la estrategia continúa, impulsada por la creciente desesperación y frustración ante el
hecho de que los sucesivos gobiernos incumplen las promesas de resolver las reclamaciones
pendientes sobre las tierras. A raíz de sus acciones, muchos guaraníes kaiowá y sus dirigentes son
cada vez más vulnerables a la amenaza de violencia. Un representante del Ministerio Público
Federal en Mato Grosso do Sul expresó su preocupación a Amnistía Internacional por el hecho de
que algunos guaraníes kaiowá que participaban en intentos de reocupar pacíficamente las tierras se
estaban exponiendo a situaciones que no eran sino “masacres en ciernes”.
27
Ocho de estos territorios son reservas tradicionales del Estado, y el resto son zonas demarcadas o ratificadas desde
1980. Casi todas han sido impugnadas. El pueblo guaraní kaiowá tiene demandas sin resolver con respecto a otros 91
territorios.
28
FUNASA.
29
Diário MS, 27 de enero de 2005.
30
Diário MS, 26 de enero de 2005.
31
Survival International, escrito dirigido a las Naciones Unidas, 24 de junio de 1999, E/CN.4/Sub.2/1999/NGO/1.
32
Amnistía Internacional, Acción Urgente; Índice AI: UA 09/07 AMR 19/01/97 10 de enero de 1997.
Amnistía Internacional Índice AI: AMR 19/002/2005“Extranjeros en nuestro propio país” 11
El homicidio de Marcos Verón
El 11 de enero de 2003, Marcos Verón, cacique guaraní kaiowá de 72 años, lideraba un pequeño
grupo de indios en un intento de reocupar pacíficamente una reducida zona del territorio indígena
de Takuara en el municipio de Juti, Mato Grosso do Sul, de donde habían sido expulsados en 1953.
Era la tercera vez, desde 1999, que los guaraníes kaiowá intentaban reocupar Takuara, situada en la
hacienda Brasília do Sul.
Marcos Verón en Porto Seguro, en el aniversario del Quinto Centenario de la llegada de los portugueses a Brasil. © AI
Pese a que, inicialmente, representantes de FUNAI y de la policía garantizaron que no se
produciría el desalojo del grupo y que se podría negociar un acuerdo de forma pacífica con el
terrateniente, los acontecimientos tomaron rápidamente un cariz violento. Según informes, el 12 de
enero, un grupo formado por jornaleros de la finca y hombres armados contratados se reunió en las
proximidades de la zona reocupada y efectuó disparos contra un camión que transportaba indios.
Reginaldo Verón, de 14 años, fue alcanzado por una bala en la pierna. Posteriormente, a primeras
horas de la mañana del 13 de enero, un grupo formado por unos 30 hombres atacó el campamento.
Los acontecimientos que se describen a continuación fueron presenciados por el hijo de Marcos
Verón, Ladio –“Ava Taperendy’ i”–, que recibió una dura paliza y amenazas de muerte durante el
ataque:
Eran las 3.30 de la madrugada cuando oímos el ruido de autos, que nos pareció como si estuvieran
muy lejos, pero era porque venían con las luces apagadas. Ya cerca de donde estábamos, muchos
de ellos empezaron a salir de sus autos y se dispersaron por el campo. En ese momento uno de
ellos empezó a disparar en dirección a nosotros, y los autos empezaron a encender los faros. Lo
único que se oía eran petardos, explosiones y tiros disparados en la dirección de nuestras carpas.
Los niños y las mujeres lloraban desesperadamente […] y fue entonces que sacaron al cacique
Marcos Verón de otra carpa y empezaron a golpearlo y a darle patadas hasta que se cayó al suelo;
después cada uno de ellos siguió dándole patadas al cacique, que gemía desesperado del dolor en
el suelo. Yo les grité que pararan de golpearlo porque era viejo y estaba jubilado […] después vi la
cara de mi padre por última vez, cuando lo golpearon en la cabeza con la culata de un fusil. Hasta
que ya no se movió más…33
Marcos Verón y su hijo fueron abandonados junto a la carretera por sus agresores. Marcos
Verón hubo de ser trasladado al hospital, donde falleció a consecuencia de las lesiones recibidas.
Gracias a la respuesta inmediata y a la investigación del ataque por parte de la oficina del Ministerio
Público Federal en Dourados, la detención de varios hombres se produjo rápidamente, al tiempo que
se expidieron órdenes de detención contra otros. Las personas que presuntamente participaron en el
ataque han sido acusadas de diversos delitos, entre los que se incluyen asesinato, tentativa de
asesinato, secuestro y tortura. Está previsto que las causas lleguen al tribunal más adelante en el año.
Marcos Verón fue enterrado en Takuara. A su funeral asistieron representantes de
movimientos indígenas y de lucha por los derechos humanos de todo Brasil. Su muerte tuvo una
gran repercusión internacional: en 2000 había viajado por todo el mundo para hacer campaña en
nombre de los indios brasileños en Europa. La ocupación pacífica de Takuara prosigue en 2005, al
33
Documento firmado por 71 miembros del pueblo guaraní kaiowá y presentado a Amnistía Internacional.
Amnistía Internacional Índice AI: AMR 19/002/200512 “Extranjeros en nuestro propio país”
tiempo que la familia de Marcos Verón y otros guaraníes kaiowá permanecen acampados a la
espera de la demarcación y ratificación definitivas del territorio.
Marcos Verón no es el primer dirigente guaraní de fama internacional en encontrar la muerte
como consecuencia de sus acciones para devolver las tierras a su gente. En 1983, Marçal de Souza,
“Tupã’Y”, activo defensor de los derechos indígenas que representó a los indios brasileños en una
audiencia con el Papa durante la visita de éste a Brasil en 1980 y que defendió a todas las minorías
del mundo ante las Naciones Unidas, murió de un disparo recibido junto a su domicilio en
Campestre, municipio de Antonio João. Aunque un terrateniente y el administrador de una hacienda
de la zona fueron acusados y juzgados por el homicidio después de grandes retrasos, nunca se llegó
a condenar a nadie. Al haber transcurrido más de 20 años desde el asesinato, ya nunca tendrá lugar
ningún juicio puesto que el delito ha prescrito según el derecho brasileño.34
Tampoco es Marcos Verón el único guaraní kaiowá al que se ha dado muerte en los últimos
años durante la reocupación pacífica de su tierra ancestral. En 2001, un joven indio guaraní kaiowá,
Samuel Martin, murió como consecuencia del disparo recibido durante un intento de reocupación
en Ka’a Jari, municipio de Coronel Sapucaia. Según la información recibida por Amnistía
Internacional, aunque el crimen se investigó en su día, nunca se ha acusado a nadie de este
homicidio.
La impunidad en torno al homicidio de Marçal de Souza y de Samuel Martin allanó el
camino para la muerte de Marcos Verón. Es, por tanto, imprescindible que se juzgue a todos los
responsables de su homicidio, y ello incluye a los que ordenaron atacar y expulsar de forma violenta
a los guaraníes kaiowá que se encontraban acampados en Takuara el 13 de enero de 2003.
La lucha por la tierra: esperanza en medio de la miseria
La larga espera por la tierra. Dirigentes guaraníes kaiowá en el campamento al borde de la carretera junto al territorio
indígena Passo Piraju. Llevan años esperando a que se realicen los estudios de identificación preliminares. © AI
En agosto de 2004, Amnistía Internacional visitó varias comunidades guaraníes kaiowá y
ocupaciones pacíficas de tierras ancestrales en Mato Grosso do Sul. En Passo Piraju, municipio de
Dourados, y en Guyra Roká, municipio de Caarapó, Amnistía Internacional visitó dos
comunidades de guaraníes kaiowá que vivían en chozas cubiertas de plástico negro junto a la
carretera. Estos grupos tomaron la decisión de vivir en condiciones lamentables junto a sus antiguos
territorios con la esperanza de que su presencia acelerase el proceso de demarcación. En septiembre,
un mes después de la visita de Amnistía Internacional a Guyra Roká, el grupo de indios que allí
vivía reocupó una pequeña zona de su tierra ancestral. En diciembre, el Tribunal Regional Federal
anuló la orden judicial que disponía su desalojo y actualmente siguen en las tierras reocupadas.
En Cerro Marangatú, municipio de Antonio João, Amnistía Internacional tuvo
oportunidad de ver los cultivos plantados por un grupo de 90 familias guaraníes kaiowá que llevan
esperando la demarcación de sus tierras desde el estudio oficial realizado en 1999. La demarcación
se produjo finalmente en octubre de 2004 y los indios, que durante años habían vivido hacinados en
una superficie de 11 hectáreas, ocuparon una proporción mayor del territorio demarcado antes de la
ratificación definitiva. En la zona plantaron cultivos de maíz, mandioca y patata. En enero de 2005,
de forma imprevista y a diferencia de numerosas resoluciones judiciales recientes que permitían la
34
El delito ha prescrito en virtud del artículo 109 del Código Penal de Brasil.
Amnistía Internacional Índice AI: AMR 19/002/2005También puede leer
