Amnistía Internacional - Información para los medios de comunicación - República Chechena

Amnistía Internacional
Información para los medios de comunicación

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLEUR460322004

Fecha de embargo: 01:00 horas GMT del 23 de junio de 2004

    Federación Rusa – República Chechena: "Normalización", ¿a ojos de quién?

        El segundo conflicto armado que ha estallado en Chechenia desde el desmembramiento de la
Unión Soviética dura ya casi cinco años. Aunque las autoridades chechenas promoscovitas y las
autoridades rusas insisten en asegurar que la situación se está “normalizando”, Amnistía Internacional
considera que el conflicto y los consiguientes abusos contra los derechos humanos siguen estando lejos de
lo “normal”.
         En el informe Russian Federation: Chechen Republic - "Normalization" in whose eyes?
(Federación Rusa: República Chechena. “Normalización”, ¿a ojos de quién?, Índice AI: EUR
46/027/2004 http://web.amnesty.org/library/index/engeur460272004), Amnistía Internacional saca a la
luz violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad chechenas y rusas.
        En vez de respeto por la ley, lo que sigue habiendo son “desapariciones”, detenciones arbitrarias,
ejecuciones extrajudiciales y ataques de grupos armados de oposición. Tales abusos contra los derechos
humanos, muchos de los cuales constituyen crímenes de guerra, se cometen en su mayor parte con
impunidad; en la mayoría de las investigaciones que se inician, los resultados son, en el mejor de los
casos, no concluyentes, y muy raras veces se identifica a los autores de los abusos y se los pone a
disposición judicial.
        El informe de Amnistía Internacional se basa en las conclusiones de una visita que la
organización realizó a Ingushetia en marzo y abril de 2004 y en el trabajo de investigación que se lleva a
cabo desde su Secretariado Internacional en Londres.

La crisis de derechos humanos de Chechenia
        La aprobación de una nueva constitución en marzo de 2003 y las elecciones presidenciales de
principios de octubre de ese año no han servido para normalizar la situación en Chechenia, donde todavía
se cometen sistemáticamente ejecuciones extrajudiciales, “desapariciones” y torturas, incluidas
violaciones y homicidios ilegítimos.
        Los servicios de noticias rusos y chechenos informan todos los días de disparos y explosiones
ocurridos en Chechenia. Muchos de estos incidentes son causa de muerte de civiles. Los grupos armados
de oposición chechenos atacan habitualmente a miembros de la administración y la policía chechenas.

Ejecuciones extrajudiciales
        El 9 de abril de 2004, unos lugareños encontraron los cadáveres de nueve hombres en un barranco
    de las inmediaciones de Serzhen-Yurt, en la región chechena de Shali. Según informes, los cadáveres
    presentaban heridas de bala y marcas de tortura. Ocho de los hombres habían sido detenidos la
    madrugada del 27 de marzo de 2004, según informes por fuerzas federales rusas, en el pueblo de

Duba-Yurt, situado a unos 25 kilómetros de Serzhen-Yurt, y se desconocía su paradero.
       El 16 de enero de 2004 apareció cerca de la localidad chechena de Gudermes el cadáver mutilado
   del activista de derechos humanos Aslan Davletuakaev, de 29 años. De acuerdo con los informes
   recibidos, las fuerzas federales rusas lo habían detenido el 9 de enero. La investigación criminal del
   incidente no ha dado resultados, y hasta la fecha no se ha determinado quién cometió el homicidio.

"Desapariciones"
    Continúan produciéndose “desapariciones”, grave violación de derechos humanos que es una de las
características del conflicto de Chechenia.
       El 2 de abril de 2003, Artur Akhmatkhanov, de 22 años, alumno del Instituto del Petróleo del
   Grozni, fue detenido cerca de su casa por unos hombres que parecían pertenecer a las fuerzas
   federales rusas. Más de un año después, su familia sigue esperando noticias de su suerte y su
   paradero.
        El 30 de diciembre de 2002, en la región de Urus Marten, un vehículo blindado para transporte
   de personal intentó detener a dos automóviles y, según informes, disparó contra ellos, matando a un
   de sus ocupantes. Las otras ocho personas que viajaban en los automóviles fueron trasladadas al
   cuartel general de las fuerzas armadas rusas en el Cáucaso Septentrional, situado en Jankala. Durante
   los días siguientes, seis de ellas quedaron en libertad tras sufrir, según informes, torturas y malos
   tratos al ser interrogadas sobre sus presuntos contactos con combatientes chechenos. Las otras dos,
   Adlan Dovtaev y Shaprudi Israilov, no fueron puestas en libertad, y desde entonces se encuentran
   “desaparecidas”.
       El 4 de enero de 2003, unos hombres vestidos con uniformes de camuflaje y máscaras se llevaron,
   en la región de Urus-Martan, a Ali Saindinovich Khadaev, conocido como Timur, presuntamente
   para comprobar su documentación. Se ignoran aún la suerte que ha corrido y su paradero.

Abusos dirigidos específicamente contra mujeres en el contexto del conflicto armado
    Durante el primer periodo del actual conflicto armado, Amnistía Internacional documentó varios
casos de mujeres chechenas que habían sido víctimas de torturas, incluida violación, y malos tratos o
“desaparición” a manos de miembros de las fuerzas armadas. En el secuestro del teatro de Moscú de
octubre de 2002 habían entre los secuestradores un considerable número de mujeres chechenas, y, según
informes, desde entonces se han dado varios casos de mujeres chechenas participantes en atentados
suicidas con explosivos cometidos en el Cáucaso Septentrional y en Moscú. Como consecuencia de ello
parecen haber aumentado en Chechenia los abusos cometidos específicamente contra mujeres por las
fuerzas de seguridad rusas y chechenas.
       El 15 de enero de 2004, en la región de Urus-Martan, unos hombres vestidos con uniformes de
   camuflaje y máscaras y que llegaron en automóviles sin distintivo alguno, pero que eran, según
   informes, soldados rusos, pararon cerca de su casa a Eliza Gaitamirova y se la llevaron. No se ha
   sabido nada de ella desde entonces. Los informes recibidos indican que su esposo había
   “desaparecido” en 2001.
       Milana Ozdoeva, viuda de la región de Achkhoi-Martan, fue interrogada los días 5 y 9 de enero
   de 2004 por un miembro de las fuerzas federales rusas en relación con unas denuncias según las
   cuales quería cometer un atentado suicida con explosivos. De acuerdo con sus vecinos, el 19 de enero
   de 2004, unos hombres entraron en su casa y la obligaron a irse con ellos. No se la ha vuelto a ver
   desde entonces. Los informes recibidos indican que su esposo era un combatiente muerto no hacía
   mucho en un enfrentamiento con fuerzas rusas.
       El 16 de mayo de 2003, unos enmascarados vestidos con uniformes azul oscuro se llevaron a
   Aminat Dugaeva, de 15 años, y a una pariente suya, Kurbika Zinabdieva, de 34, de casa de la
   segunda, en la región montañosa de Shatoi. Según informes, un portavoz de las fuerzas federales

rusas del Cáucaso Septentrional anunció en la televisión local que se había detenido a dos mujeres
    sospechosas de terrorismo. Las madres de las detenidas presentaron una demanda ante el Tribunal
    Europeo de Derechos Humanos por considerar que la respuesta dada por las autoridades tras la
    “desaparición” de sus hijas había sido inadecuada.
        En marzo de 2000, la fuerzas rusas se llevaron a Kheda Kungaeva, de 18 años, de su casa y la
    violaron y mataron. En julio de 2003, el coronel Yuri Budanov fue condenado a 10 años de prisión
    por el homicidio. Sin embargo, nadie ha sido acusado jamás de la violación de la joven a pesar de
    haber pruebas forenses de que había sido violada antes de su muerte. (Encontrarán más información
    sobre este caso en el documento de Amnistía Internacional Negación de Justicia; Índice AI: EUR
    46/027/2002, disponible en http://web.amnesty.org/library/index/eslEUR460272002?Open&of=esl-
    RUS.)

Tortura y malos tratos en centros no oficiales de detención
        Continúa recluyéndose a chechenos detenidos en redadas en centros no oficiales de detención,
donde a menudo sufren torturas. En 2002 y en mayo de 2003, el Comité Europeo para la Prevención de la
Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes visitó ORB-2, a la sazón centro no oficial de
detención situado en Grozni y administrado por la Oficina Operativa y de Registros, dependiente del
Ministerio del Interior ruso. El Comité determinó que era un establecimiento notable por la frecuencia y
gravedad de los presuntos malos tratos infligidos en él.
      Se cree que un creciente número de centros no oficiales de detención están administrados por
miembros de unidades armadas bajo control de Ramzan Kadyrov, hijo del difunto presidente checheno
Ajmad Kadyrov, que fue nombrado vice primer ministro de Chechenia en mayo de 2004.

Represalias contra personas que presentan demandas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
    Las investigaciones criminales que se inician en la Federación Rusa sobre violaciones de derechos
humanos siguen siendo inadecuadas, a menudo no producen resultados y raras veces dan lugar a un
enjuiciamiento. Por consiguiente, un número cada vez mayor de chechenos han optado por llevar sus
casos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aunque al hacerlo han hecho que tanto ellos como
sus familias estén expuestos a sufrir represalias, como hostigamiento, amenazas e incluso la muerte.
        Sharfudin Sambiev, el padre de Amir Pokaev y nueve personas más de Starye Atagi presentaron
    en julio de 2003 una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a raíz de la
    “desaparición” de 11 habitantes del pueblo durante una incursión militar en abril de 2002. Según
    informes, el 10 de abril de 2004, unos 50 soldados federales entraron en casa de los Pokaev,
    efectuaron un registro y mataron de un tiro al hermano de Amir Pokaev, Anzor, que se había ocultado
    en el jardín.

Ingushetia

Desplazados internos sometidos a presión en Ingushetia
        Durante los primeros meses de 2004, el gobierno ruso continuó presionando a millares de
desplazados internos acogidos en campos de tiendas de campaña en Ingushetia para que regresaran a
Chechenia, pese a sus bien fundados temores respecto a la seguridad allí. El gobierno ha incumplido en la
mayoría de los casos su promesa de proporcionar alojamiento alternativo a los desplazados internos que
deseen quedarse en Ingushetia. La condiciones de los centros temporales de alojamiento administrados
por el gobierno en Grozni no se corresponden, según informes, con las promesas hechas por las
autoridades.
        Varios desplazados internos de campos cerrados de Ingushetia han contado a Amnistía
Internacional que las autoridades rusas y chechenas utilizaban una mezcla de amenazas e incentivos para
animarlos a regresar a Chechenia. Aseguran que les prometían indemnizarlos por sus bienes perdidos si

regresaban y les amenazaban con privarlos de su derecho a la ayuda humanitaria si no lo hacían. Afirman
también que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley los amenazaban con colocar entre sus
cosas balas o narcóticos si no regresaban a Chechenia.

El agravamiento de la situación de los derechos humanos en Ingushetia
        Las violaciones de derechos humanos, que durante tiempo han sido el rasgo distintivo del
conflicto de Chechenia, se están extendiendo a Ingushetia. Durante 2003 se recibieron informes sobre un
creciente número de incursiones transfronterizas de miembros, aparentemente, de las fuerzas de seguridad
chechenas y rusas contra asentamientos chechenos y pueblos ingush. Según informes, durante los
primeros meses de 2004 “desparecieron” decenas de personas, y los grupos de derechos humanos
documentaron varias ejecuciones sumarias y ataques contra civiles en los que hubo muertos y heridos
graves.

Impunidad
    Las autoridades rusas y chechenas siguen sin realizar investigaciones exhaustivas, independientes e
imparciales sobre las denuncias de abusos contra los derechos humanos y sin llevar a los presuntos
autores de los abusos ante la justicia. Los cargos y condenas impuestos a los pocos policías y militares
que han sido procesados por violaciones graves de derechos humanos cometidas contra civiles en
Chechenia no se corresponden con la gravedad de los actos perpetrados ni con la escala con que, según
informes, se están cometiendo violaciones de derechos humanos en Chechenia.
        El 29 de abril de 2004, un tribunal de Rostov-on-Don declaró inocentes al capitán Eduard Ulman
    y a otros tres agentes de una unidad especial de los servicios de información militar acusados del
    asesinato de seis civiles durante una operación especial llevada a cabo en Chechenia. El Tribunal
    consideró que no podían ser castigados por sus actos, pues los habían realizado siguiendo órdenes.
        Alaudin Sadykov, maestro de Grozni, fue detenido y torturado en la primavera de 2000 por
    miembros de una unidad especial antidisturbios de la policía (OMON) en una comisaría del distrito de
    Oktiabrskii de Grozni. La oficina del representante especial de la Presidencia para las Libertades y los
    Derechos Humanos en la República de Chechenia manifestó en 2001 que se habían abierto
    investigaciones sobre presuntos actos ilegales cometidos por una unidad del Ministerio del Interior,
    pero nadie ha sido puesto a disposición judicial desde entonces.
        El 14 de octubre de 2003 comenzó en el tribunal de Oktiabrskii de Grozni el juicio de Sergei
    Lapin, miembro de la OMON de la región de Khanty-Mansiisk acusado de participar en la
    “desaparición” de Zelimkhan Murdalov, de 26 años y originario de Grozni. Sin embargo,
    posteriormente se recibieron informes según los cuales el juicio se había aplazado por sufrir el
    acusado un trastorno de estrés post-traumático y otros problemas psicológicos que le impedían asistir
    a las vistas en Grozni. Desde entonces se ha tenido noticia de que a principios de 2004 Sergei Lapin
    volvió a su trabajo de policía armado.

El conflicto checheno y la comunidad internacional
    Como país signatario de diversos tratados de derechos humanos, la Federación Rusa está obligada a
respetar y proteger sin discriminación los derechos humanos de todas las personas que se encuentran en
su territorio y están sujetas a su jurisdicción. El incumplimiento de esta obligación durante el conflicto de
Chechenia ha generado las más de las veces respuestas inadecuadas de gobiernos y de algunos
organismos intergubernamentales. Se ha señalado que antes de los atentados de Estados Unidos del 11 de
septiembre de 2001, los gobiernos extranjeros y los organismos internacionales estaban más inclinados a
llamar la atención a la Federación Rusa por su espantoso historial en materia de derechos humanos en
Chechenia, pero desde entonces muchas de las críticas dirigidas al país por las violaciones de derechos
humanos y del derecho humanitario internacional que se cometen se han suavizado.
        Desde el estallido de este conflicto en 1999, el Consejo de Seguridad de la ONU, del que Rusia

en miembro permanente, no ha adoptado ninguna resolución específica sobre la conducta de las
   fuerzas rusas en Chechenia.
      El 15 de abril de 2004, la Comisión de Derechos humanos de la ONU rechazó por tercer año
   consecutivo un proyecto de resolución sobre la situación en Chechenia patrocinado por la Unión
   Europea.
        Varios organismos internacionales y mecanismos de derechos humanos, como el Comité de
Derechos Humanos de la ONU, la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa y el Consejo
de Europa, continúan manteniendo bajo observación y criticando la conducta de las fuerzas de seguridad
rusas y de los combatientes chechenos.

Recomendaciones
        En el informe Russian Federation: Chechen Republic - "Normalization" in whose eyes?
(Federación Rusa: República Chechena. “Normalización”, ¿a ojos de quién?, Índice AI: EUR
46/027/2004), Amnistía Internacional formula recomendaciones al gobierno de la Federación Rusa, la
administración de Chechenia, los grupos armados de oposición chechenos, los gobiernos de otros países y
el Consejo de Europa. En ellas, la organización hace hincapié en la necesidad de tomar medidas para
poner fin a los abusos contra los derechos humanos cometidos en el contexto del conflicto de Chechenia,
poner a sus autores a disposición judicial y garantizar que las víctimas reciben resarcimiento.

Documento Público
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