Diez años de protesta social y los desafíos democráticos
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CESPAD Diez años de protesta social y los desafíos democráticos 1 Diez años de protesta social y los desafíos democráticos
CESPAD Como citar este documento: CESPAD. Diez años de protesta social y los desafíos democráticos. Enero, 2021. Autor del documento: Eugenio Sosa Foto de portada: AFP Las ideas y opiniones expuestas en este documento son responsabilidad del CESPAD y no reflejan la posición de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo (AVCD) 2 Diez años de protesta social y los desafíos democráticos
CESPAD Tabla de Contenido 1. . Las crisis acumuladas y la urgencia del cambio............................................................................................................4 1.1 La crisis estructural.......................................................................................................................................................................................4 1.2 La crisis institucional de la democracia liberal y del estado..............................................................................................8 1.3 La crisis de legitimidad del gobierno...............................................................................................................................................10 1.4 La urgencia del cambio, las válvulas de escape y los bloqueos......................................................................................15 2. Las características principales de los movimientos sociales................................................................................18 2.1 La protesta y la movilización contra el golpe de estado de 2009..................................................................................18 2.2 La lucha contra la corrupción en las calles: los indignados...............................................................................................19 2.3 Las elecciones generales de 2017 y las movilizaciones contra el fraude electoral.............................................20 2.4 La lucha contra la privatización de la salud y la educación...............................................................................................21 2.5 Otros movimientos sociales...................................................................................................................................................................22 2.6 La reconfiguración de las fuerzas políticas partidarias en honduras...........................................................................25 2.7 La fuerza electoral de los partidos políticos................................................................................................................................28 2.8 Orientación programática y posibles alianzas............................................................................................................................29 2.9 Las reformas electorales...........................................................................................................................................................................32 3. Los escenarios posibles al 2021....................................................................................................................................................34 3.1 Escenario 1: Partido Nacional logra continúa gobernando por 4 años más...........................................................34 3.2. Escenario 2: Una amplia alianza social triunfa en las elecciones generales............................................................35 toma el gobierno e inicia un proceso de transición política 3.3 Escenario 3: Un partido político de la oposición gobierna con un poder limitado ..........................................36 4. Desafíos políticos para las fuerzas democráticas, populares y progresistas........................................38 Bibliografía...........................................................................................................................................................................................................39 3 Diez años de protesta social y los desafíos democráticos
CESPAD 1. Las crisis acumuladas y la urgencia del cambio La sociedad hondureña se encuentra sumida en una crisis profunda, histórica, estructural y acumulada. Es una crisis compleja y multidimensional, la cual puede dividirse en tres capas de expresión: a) La crisis social que implica un deterioro profundo de las condiciones materia- les de vida de la gran mayoría del pueblo hondureño. Esta capa estructural se caracteriza por la persistencia de la pobreza, la desigualdad, los problemas de empleo y la violencia. b) Una segunda capa es la democrática institucional, que se manifiesta con la crisis de la democracia liberal, el débil apoyo ciudadano a la democracia, el deterioro del Estado de Derecho, y la pérdida de confianza en la instituciona- lidad. Lo anterior, son la respuesta ciudadana a la corrupción, la impunidad y los vínculos con el narcotráfico de personas relevantes de las elites políticas. c) El tercer nivel, el más coyuntural, se observa en la pérdida de legitimidad de los gobernantes. 1.1 La crisis estructural La sociedad hondureña, hoy en día, se encuentra polarizada en términos es- tructurales producto de las grandes brechas, desigualdades y asimetrías entre diferentes conglomerados humanos. La Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples estimó que para el año 2018, 67 de cada 100 hondureños 67 estaban en condiciones de pobreza y que 42 de cada 100 hondureños/as, su- frieron de pobreza extrema. Lo anterior, expone una situación de persistencia de la pobreza y la extrema pobreza, que al mantenerse en términos porcentuales se expande en términos absolutos. El tema de la pobreza adquiere mayor complejidad porque la misma, en el caso de Honduras, coexiste con la concentración de riqueza y la desigualdad. Hondu- ras desde la medición del coeficiente de GINI1, con 0.53 en el 2018, se ha ubicado 1 El coeficiente de Gini es una medida de la desigualdad ideada por el estadístico italiano Corrado Gini. Normalmente se utiliza para medir la desigualdad en los ingresos, dentro de un país, pero puede utilizarse para medir cualquier forma de distribución desigual. 4 Diez años de protesta social y los desafíos democráticos
CESPAD en los últimos años como uno de los países más desiguales del mundo. Para el 2018 el Banco Mundial ubicó a Honduras como uno de los países más desiguales del mundo, por detrás de Honduras, solo se encuentran dos naciones: Sudáfrica y Haití2. La desigualdad también se expresa en los ingresos per cápita. El ingreso promedio de los hondureños y hondureñas es de 3,365 lempiras, pero si se ve el ingreso per cápita por quintil, se observa que el ingreso per cápita del quintil I, es de apenas 469 lempiras, mientras que el del quintil V es de 9,567 lempiras. La desigualdad también se evidencia en términos de las prioridades presupues- tarias. La inversión en materia de educación en relación al Producto Interno Bruto (PIB) se ha reducido, llegando a representar en el 2017 apenas el 6.0%, mien- tras que en el 2010 fue de 7.3. A pesar que la reducción es leve, en términos de impacto es fuerte, porque la demanda en educación crece cada año de manera significativa y los rezagos educativos son grandes. La baja inversión social, espe- cialmente en educación y también en salud, no sólo se visualiza por su participa- ción o porcentaje del PIB, también, se manifiesta en el porcentaje que representa en el Presupuesto Nacional de la República. Tanto en salud como en educación, el presupuesto de estos sectores en relación al crecimiento del Presupuesto Na- cional se ha reducido o se ha estancado. En el 2010 el presupuesto para educa- ción representó el 32% del Presupuesto Nacional y para el 2019 se redujo al 11 %. Mientras que en el caso de salud fue de 14.7 % en el 2010 y para el 2019 se redujo a 5.6 %. Uno de los grandes problemas que contribuye a la desigualdad social, es el rela- cionado con el acceso al trabajo. El desempleo abierto llega a 5.7 %, el subem- pleo visible a 14.2 % y el subempleo invisible a 48.6%. La economía hondureña centrada en el sector servicios, es incapaz de generar empleos a la gran mayoría de jóvenes que están en edad y condiciones de entrar al mercado laboral. La alta tasa de subempleo refleja la alta precariedad de la clase trabajadora del país. Otra gran parte de trabajadores sobreviven por cuenta propia en la economía informal. La pobreza, desigualdad y exclusión se expresan con mayor dureza en el campo, donde viven miles de familias campesinas sin acceso a la tierra, y un pequeño grupo de terratenientes y empresarios de la agroexportación mantienen 2 Criterio.hn (2 de julio del 2018). Honduras entre los tres países más desiguales del mundo https:// criterio.hn/2018/07/02/honduras-entre-los-tres-paises-mas-desiguales-del-mundo/ 5 Diez años de protesta social y los desafíos democráticos
CESPAD acaparadas la mayor parte de las tierras. Para agravar la situación, las tierras de los terratenientes y agro-exportadores son las más fértiles, mientras que las de las familias campesinas son las de menor calidad. Por otra parte, la violencia es también, uno de los problemas estructurales de la sociedad hondureña. El crimen organizado, el narcotráfico, las pandillas y la co- rrupción son las causas de fondo de los altos índices de violencia en Honduras. De acuerdo con informes estatales, una combinación de esfuerzos concertados ha reducido a la mitad la tasa de homicidios en los últimos seis años. No obs- tante, el nivel de violencia, amenazas y extorsión sigue siendo alarmante, Este escenario afecta de manera directa, a las personas defensoras de los derechos humanos que han de realizar su trabajo en este difícil contexto. El 95 % de los feminicidios y alrededor del 97 % de los homicidios quedan impunes. A pesar de las acciones realizadas, el índice global de impunidad ubica a Honduras entre los 13 países con mayor impunidad3. Los delitos violentos son un problema generalizado; el país sigue teniendo una de las tasas de homicidios más altas del mundo, a pesar de la reducción de los homicidios en los últimos años. Los grupos más vulnerables a la violencia son los periodistas, activistas ambientales, y lesbianas, gais, bisexuales y personas transgénero (LGBT). Hubo escasos avances en los esfuerzos para reformar las instituciones responsables de brindar seguridad pública. La actuación del poder judicial y la policía (dos instituciones en las cuales la corrupción y los abusos son recurrentes) continúan siendo, en gran medida, ineficaces. En general, los delitos y las violaciones de derechos humanos quedan impunes4. Honduras sigue siendo uno de los países más peligrosos de América Latina para los defensores y defensoras de los derechos humanos, especialmente para los activistas de la tierra y el medio ambiente. Según un informe publicado en enero de 2017 por la ONG Global Witness, Honduras tenía la cifra más alta del mundo de homicidios per cápita de defensores y defensoras de los derechos humanos que trabajan sobre cuestiones relativas a la tierra, el territorio y el medio ambien- te. Según la investigación, desde 2010 han muerto más de 120 personas. Las 3 Informe del Relator Especial sobre la Situación de los Defensores de los Derechos Humanos ( ONU, 2019) A/HRC/40/60/Add.2 https://www.refworld.org.es/pdfid/5c63170d4.pdf 4 Informe Human Rights Watch, 2018 https://www.hrw.org/es/world-report/2018/country-chapters/313309 6 Diez años de protesta social y los desafíos democráticos
CESPAD víctimas eran ciudadanos comunes que se opusieron a las represas, las minas, la tala o la agricultura en sus tierras; y como consecuencia de ello, murieron asesinadas por fuerzas del Estado, guardias de seguridad o asesinos a sueldo. Muchos otros han sido amenazados, atacados o encarcelados5. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) indicó que de 2009 a julio de 2019 se han sumado 325 muertes violentas en la comunidad LGBTI. Según el Defensor de derechos del Pueblo, Roberto Herrera Cáceres el 90 % de los crímenes están en impunidad. Destaca que un 75 % de las muertes ocurrieron en las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula y Choloma6. La seguridad, la violencia y la impunidad también se distribuyen desigualmente, los afectados son siempre los sectores sociales más empobrecidos. Ante una situación de violencia generalizada, toda la sociedad está expuesta de alguna manera. El gobierno ha estado mostrando como uno de sus éxitos, la reducción de la Tasa de Homicidios llegad hasta 86.5 en el 2011 y para el 2018 bajó a 41.4. Sin embargo, según el Instituto Universitario de Democracia, paz y seguridad (UDPAS), para el 2019 la Tasa de Homicidios repuntó en cuatro puntos, es decir, subió a 45 homicidios por cada 100 mil habitantes. Según el Observatorio de la Violencia, al cierre del año 2018, cada 23 horas con tres minutos una mujer fue asesinada en el país, siendo las más afectadas las que tienen edades entre 15 a 29 años7. En Latinoamérica, Honduras es uno de los países con la Tasa de Femicidios muy alta, sobre todo en 2012 y 2013 donde hubo más de 600 mujeres asesinadas en cada año. En el 2014 la Comisión Eco- nómica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales de los países, aseguró que Honduras era el país con mayores muertes violentas de mujeres8. Según el Centro de Derechos de Mujeres (CDM), todas las muertes 5 Global Witnness, 2017. Honduras el lugar más peligroso para defender el planeta. https://www. globalwitness.org/es/campaigns/environmental-activists/honduras-el-pa%C3%ADs-m%C3%A1s- peligroso-del-mundo-para-el-activismo-ambiental/ 6 La Prensa 14 de julio del 2019. Honduras: 325 miembros de la comunidad LGTBI asesinados des- de 2009 https://www.laprensa.hn/honduras/1301596-410/honduras-comunidad-lgtbi-asesinados- 2009-gay-esbiana-bisexual-transexual- 7 Informe infográfico N°1 de enero a diciembre del 2018. https://iudpas.unah.edu.hn/ 8 Observatorio de Derechos Humanos de las Mujer. Datos y reflexiones: violencia contra las mujeres durante 2017-2018. http://derechosdelamujer.org/wp-content/uploads/2019/05/Boletin_v3.pdf 7 Diez años de protesta social y los desafíos democráticos
CESPAD violentas, las violaciones sexuales, violencia doméstica, violencia intrafamiliar, etc. que enfrentan las mujeres cotidianamente en Honduras, tienen causas es- tructurales y sociales porque el Estado hace muy poco para garantizar los dere- chos y la vida de las mujeres. En los últimos 10 años, 4,579 mujeres han sido asesinadas en Honduras, en la mayoría de los casos con un arma de fuego, a pesar de que las mujeres no sue- len portar armas y tampoco utilizarlas. Recientemente, en la 171 Sesión de La Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), realizada en Sucre Boli- via, la Relatora Especial de la Mujer, preguntó a los representantes del Estado de Honduras ¿cuántos de los hombres agresores de mujeres han sido enjuiciados en los últimos años en este país? A lo que el Estado hondureño hizo caso omiso. Esta y otras acciones negligentes reiterativas evidencian la falta de interés para la reducción de la violencia contra las mujeres9. La crisis y el panorama social expuestos, se agudiza en el contexto de la pan- demia de la COVID-19 (que golpea al mundo desde diciembre de 2019) y será aún más profunda en el contexto pos-COVID-19. Las proyecciones de diferentes organismos internacionales han apuntado que la economía hondureña podría decrecer hasta menos cinco, y que la recuperación podría llevar de tres a cin- co años. Los empresarios hondureños y la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social han calculado una posible pérdida de hasta de unos 500 mil empleos. Se proyecta, además, que miles de medianas y pequeñas empresas podrían cerrar o quebrar. En general, la pobreza, la exclusión y la desigualdad estarían profun- dizándose, condenando a miles de familias a la precariedad y hasta hambrunas. 1.2 La crisis institucional de la democracia liberal y del Estado Del 2010 al 2018 el apoyo ciudadano a la democracia hondureña ha caído de ma- nera significativa. En el 2010 el 53 % de los hondureños y hondureñas sostenían que la democracia era preferible a cualquier forma de gobierno. Sin embargo, para el 2018 este apoyo cayó en 19 puntos, llegando a sólo 34 %. De igual ma- nera, el 20 % la afirmación: «a la gente como uno, nos da lo mismo un régimen democrático que uno no democrático», 20% apoyaba esta idea en el 2010 y para 9 CDM, 2019. 8 Diez años de protesta social y los desafíos democráticos
CESPAD el 2018 pasó a 41.0%. Esto marca una peligrosa tendencia autoritaria en la socie- dad hondureña, que puede llegar a profundizar el autoritarismo ya existente en el régimen político de Juan Orlando Hernández. El apoyo a la democracia también es medido con el reconocimiento de la ciudada- nía al expresar que a pesar de que la democracia tenga problemas, es la mejor for- ma de gobierno. A pesar de ello, este indicador también ha caído estrepitosamente en la sociedad hondureña, pasando el muy de acuerdo de 43% a 14 % en el 2018. La ciudadanía común no manifiesta apoyo a la democracia o rechazo de manera abstracta sino que cuestiona: ¿para qué sirve la democracia? En otras palabras, si le sirve para tener mejores condiciones de vida, y para llevar adelante sus proyectos personales y familiares de forma segura, en paz y en condiciones de respeto a las libertades civiles y políticas. Lo anterior tiene que ver con lo que se le llama satisfacción con la democracia, y este indicador también ha caído en el caso hondureño del 2010 al 2018. El muy satisfecho y más bien satisfecho juntos pasó de 35% a 27%. En la última década la institucionalidad estatal hondureña se ha deteriorado de manera significativa. En el Rankin del Estado de Derecho10 del Banco mundial para el año 2016, Honduras apenas llegó al 12 %, lo cual significa que el funcio- namiento de la institucionalidad tiene muy baja calidad y que las violaciones a las leyes son sistemáticas. La corrupción es uno de los grandes problemas de la sociedad hondureña, que se ha vuelto mucho más visible y agudo en la última década. La corrupción no sólo destruye la institucionalidad formal, sino que conlleva a la pérdida de la con- fianza ciudadana y destruye también el tejido social. El Índice de Percepción de la Corrupción para Honduras, en 2019 fue evaluado, colocándose en el puesto 29 de 183 países que se sometieron a la evaluación. Lo cual significa una percep- ción de un país altamente corrupto. Según Transparencia Internacional, existe la percepción de que la corrupción va en aumento nivel en todos los niveles del estado: presidente (poder ejecutivo), 10 Refleja la percepción de la medida en la que los agentes confían en cumplir con las reglas de la sociedad, y en particular, la calidad de la ejecución de contratos, derechos de propiedad, la policía y los tribunales, así como la impresión sobre el estado del crimen y la violencia. 9 Diez años de protesta social y los desafíos democráticos
CESPAD diputados (Congreso nacional), empleados públicos y de la Corte Suprema de Justicia (jueces y magistrados). Mientras que la percepción de corrupción bajó en instituciones como los empleados públicos locales (alcaldías), la Policía Nacio- nal, líderes religiosos y ejecutivos de empresas privadas. Por otra parte, el grado de libertad en derechos políticos y libertades civiles de Hon- duras desde el 2010 al periodo del 2017 ha estado en 4.0, esta puntuación ubica al país como parcialmente libre en lo referido a los derechos políticos y libertades civiles. En Honduras el índice de libertad de prensa medido por Freedom House, desde el 2010 al 2017, concluye que no hay libertad de prensa en el país. Se puede observar que la medición del índice en los últimos cuatro años ha incrementado de forma significativa, lo que indicaría que Honduras es un país hostil para tener liber- tad de prensa. Para que las instituciones puedan gestionar democráticamente los conflictos, estas deben contar con importantes grados de confianza entre la ciuda- danía. Uno de los grandes problemas en Honduras, es que la confianza ciudadana en la institucionalidad estatal es extremadamente baja. Sumado a lo anterior, la pandemia de la COVID-19 también ha confirmado una vez más, la crisis del Estado. En este caso del Estado social, sobre todo, en lo que concierne al sistema de salud. Además, la COVID-19 también evidenció el problema de la persistencia de la corrupción. En plena pandemia, han salido a la luz pública varios casos de corrupción asociados al manejo de los recursos fi- nancieros destinados a combatir la COVID-19 y salvar la vida de los hondureños y hondureñas. 1.3 La crisis de legitimidad del gobierno Los problemas de legitimidad del presidente Juan Orlando Hernández (JOH), em- pezaron con la decisión de ser candidato presidencial a la relección a partir de un fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sin reformar la Constitución de la República que la prohíbe, sin discusión en el Congreso Na- cional de la República y sin ningún tipo de consulta popular o ciudadana. Después de la crisis postelectoral de las elecciones generales de noviembre de 2017, JOH asumió la Presidencia de la República profundamente deslegitimado. En una encuesta realizada en febrero de 2018, el 70.5 % de los hondureños se- guían considerando que la reelección era ilegal, el 62.1 % consideraba que hubo 10 Diez años de protesta social y los desafíos democráticos
CESPAD fraude en las elecciones del 26 de noviembre de 2017, el 78.2 % consideraba que las elecciones debilitaron la democracia, el 55.7 % consideraba que Salvador Nasralla de la Alianza de Oposición Contra la Dictadura ganó las elecciones y el 57.9 % de los hondureños tenían la percepción de que viven en una dictadura (ERIC, 2018). En ese mismo punto, según los sondeos de opinión del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), el gobierno de Juan Orlando Hernández (JOH) en su primer año de gobierno después de la reelección, fue el peor eva- luado desde el 2010 al 2018 con un 3.6 de aprobación de cada 10 ciudadanos consultados11. Una encuesta de la CID/Gallup publicada en septiembre de 2019, sostuvo que: Juan Orlando Hernández nunca fue un presidente popular ni pudo obtener mucha aprobación de su gestión. Pero logró levantarse para obtener la re- elección con poco margen en 2017. No ha variado su evaluación negativa recientemente, en mayo obtuvo menos 17 y esto se mantiene a septiembre de 2019. Con una evaluación de esta índole es muy difícil que un presiden- te pueda tomar iniciativas o hacer mucho más que administrar el Gobierno mientras venga otro12. El análisis de la encuesta sigue sosteniendo: «entre las presidencias medidas cuatro han sido del Partido Liberal y cinco del Partido Nacional. El mejor evalua- do de todos, después de un mismo periodo en el poder, ha sido Carlos Roberto Flores. El actual presidente es el peor evaluado, sigue a Carlos Roberto Reina»13. En general, hay más opinión negativa que positiva de la segunda gestión en la presidencia de Juan Orlando Hernández. Los nacionalistas, sus correligio- narios, siguen con opinión positiva de su gestión, pero el resto de ciudadanos no miran con buenos ojos la labor del mandatario. El rechazo es mayor entre los capitalinos, sede de la presidencia; mientras que en áreas rurales y en pueblos pequeños hay un poco más de apoyo para Hernández que en el res- 11 ERIC, 2018 12 La Prensa, 25 de septiembre de 2019. 13 Ídem. 11 Diez años de protesta social y los desafíos democráticos
CESPAD to del país. Incluso cuando se les pregunta sin dar la opción “ni bien ni mal”, la desaprobación es aún más fuerte14. Una nueva encuesta realizada por la CID-Gallup en mayo del 2020, en pleno contexto de la pandemia la COVID-19, reveló que: (…) de las evaluaciones ejecutadas a lo largo de seis años que Juan Orlando Hernández lleva en la presidencia, la de mayo de 2020 es aquella donde su desempeño ha sido peor evaluado: obtiene un -26 (menos 26) en el índice de la CID/Gallup. En enero de 2018 recibió su mejor evaluación desde que es primer mandatario, y desde entonces ha caído 57 puntos. Con pocas excep- ciones, el segundo periodo en la administración del presidente Hernández ha sido mal evaluado por los gobernados. La legitimidad de Juan Orlando Hernández también ha sido erosionada por las implicaciones de partidarios y familiares en redes de corrupción y crimen orga- nizado que lo vinculan directamente. El 23 de noviembre de 2018, fue detenido en Miami, por las autoridades de los Estados Unidos, el hermano del presidente Juan Orlando Hernández, Juan Antonio Hernández, quien fue acusado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de traficar toneladas de cocaí- na hacia los Estados Unidos. Según el Fiscal Federal en Manhattan, Geoffrey Berman, Juan Antonio Hernández, más conocido como “Tony Hernández”, estu- vo involucrado en todas las etapas del tráfico, a través de Honduras, de varias cargas de toneladas de cocaína que estaban destinadas a Estados Unidos. La acusación contra “Tony Hernández”, indica que “desde al menos o alrededor de 2004, hasta alrededor de 2016, Juan Antonio Hernández estuvo involucrado en el proceso, recibo, transporte y distribución de cargas de múltiples toneladas de cocaína que llegó a Honduras en aviones, embarcaciones rápidas, y al menos en una ocasión, en submarino15. Hernández Alvarado (Juan Antonio) tenía acceso a los laboratorios de cocaína en Honduras y Colombia, en los cuales algunos paquetes fueron marcados con las iniciales “TH” o sea “Tony Hernández”. Hernández también coordinó y participó 14 Ídem. 15 La Prensa, recuperado de: https://www.laprensa.hn/honduras/1236978-410/antonio-tony-hernandez- joh-juan-orlando-hernandez-captura-narcotrafico-dea-eeuu-corte-nueva-york (Consultado el 24 de febrero de 2019). 12 Diez años de protesta social y los desafíos democráticos
CESPAD en proveer seguridad fuertemente armada, para resguardar los envíos de cocaí- na transportada a través de Honduras, lo que incluía a miembros de la Policía Nacional y traficantes de droga armados con, entre otras armas, ametralladoras”. “Tony Hernández” fue catalogado en la acusación como un narcotraficante a gran escala, que sobornó a funcionarios para obtener información sensible; y con ella, proteger los cargamentos y solicitó, grandes sobornos a importantes narcotrafi- cantes16. En las reuniones preliminares al juicio trascendió que la Fiscalía de los Estados Unidos, envío un documento a la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, sobre el caso Juan Antonio (Tony) Hernández, donde aparece involucrado su hermano, el presidente Juan Orlando Hernández, como coconspirador en un so- borno de 1.5 millones de dólares para usar el dinero en campañas políticas17. El juicio de Tony Hernández inició el 2 y culminó el 18 de octubre de 2019. Durante el proceso los testigos (narcotraficantes confesos) revelaron que entregaron so- bornos de miles y millones de dólares a Juan Orlando Hernández, a través de su hermano, Juan Antonio (Tony) Hernández para financiar sus campañas políticas de 2013 y 2017. Tony Hernández fue encontrado culpable de todos los delitos que se le imputaron: 1. Conspirar para importar cocaína hacia los Estados Unidos. 2. Posesión de armas y dispositivos destructivos. 3. Conspiración para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos y 4. Falso testimonio brindado a los agentes de la DEA18. Por otro lado, a Juan Orlando Hernández, desde el 2015, se le viene vinculando a redes de corrupción como el caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y otros más. En este contexto, la percepción negativa de la ciudadanía hondureña va en aumento. Lo anterior queda reflejado en una encuesta de Trans- parencia Internacional del 2019, que revela lo siguiente: el 54 % de los hondure- 16 La Prensa, recuperado de: https://www.laprensa.hn/honduras/1236978-410/antonio-tony-hernandez- joh-juan-orlando-hernandez-captura-narcotrafico-dea-eeuu-corte-nueva-york (Consultado el 24 de febrero de 2019). 17 La Prensa, recuperado de: https://www.laprensa.hn/honduras/1307208-410/narco-alexander-ardon- asegura-financio-campanas-juan-orlando-hernandez-narcotrafico-honduras (Consultado el 01 de octubre de 2019). 18 La Tribuna, recuperado de: https://www.latribuna.hn/2019/10/18/tony-hernandez-es-declarado- culpable/?gclid=EAIaIQobChMIlp7-z46p5QIVuR-tBh3pngYzEAAYASAAEgKs-vD_BwE (Consultado el 19 de octubre de 2019). 13 Diez años de protesta social y los desafíos democráticos
CESPAD ños consideran que la corrupción ha aumentado en el país, el 91% sostiene que la corrupción en el gobierno es un problema grave, el 59% opinan que el gobierno está actuando mal en la lucha contra la corrupción y el 36% de los hondureños afirman que recibieron dinero a cambio de votos. En el caso de Juan Orlando Hernández su legitimidad es muy precaria, producto de que grandes sectores de la ciudadanía tienen la percepción de que su ree- lección fue ilegal, que asumió un segundo periodo de gobierno producto de un fraude electoral, y a todo lo anterior, hay que sumarle los vínculos partidarios y familiares con personas acusadas por corrupción y tráfico de drogas. Después que la Corte del Distrito Sur de Nueva York emitió el veredicto de cul- pable contra Juan Antonio (Tony) Hernández, diversos líderes políticos y sociales llamaron a salir a las calles para derrocar o provocar la renuncia del presidente Juan Antonio Hernández. Así lo hizo la Convergencia Contra el Continuismo, La Plataforma Contra la Privatización de la Salud y la Educación, el Partido Liberal, el Partido Libertad y Refundación (Libre) y excandidato presidencial Salvador Nasralla. En un acto esperanzador de la oposición política los líderes de oposi- ción Manuel Zelaya, Luis Zelaya y Salvador Nasralla firmaron e hicieron público, el 19 de octubre, el documento: “Comunicado de la Coalición de Unidad de Opo- sición Fuera la Dictadura”, del que, entre otras cosas, vale la pena destacar los puntos siguientes: 1. Que el veredicto del jurado estadounidense en el caso de Juan Antonio Her- nández hermano de Juan Orlando Hernández, es una muestra irrefutable de que en Honduras desde el poder se dirige la red criminal de narcotráfico y corrupción y que el sistema de administración de justicia en Honduras no existe, y, por lo tanto, no disponemos de canales reales a los que dirigir nuestra inconformidad y demandas. 2. A todo el pueblo a nivel nacional se le instruye a partir del lunes 21 de octu- bre de 2019, a acciones de protesta de acuerdo a planes conjuntos y a las realidades de cada departamento y municipio. Se declaró que la movilización sería de carácter permanente e indefinido, sin em- bargo, esta quedó en el ámbito de la declaración y no se materializó en las calles. 14 Diez años de protesta social y los desafíos democráticos
CESPAD En el contexto de la pandemia de la COVID-19 la legitimidad del presidente Juan Orlando Hernández se ha deteriorado aún más, debido a la forma en que el gobierno ha gestionado políticamente la COVID-19. La gestión ha sido autorita- ria, concentradora de las decisiones, excluyente de la oposición social y política, excluyente de los especialistas como el Colegio Médico de Honduras (CMH). A lo anterior hay que agregar que desde que inició la pandemia COVID-19 se han denunciado varios casos de corrupción en el manejo de los recursos financieros destinados al combate de la emergencia. Además, en este contexto, entró en vigencia el nuevo Código Penal, a pesar de la oposición de amplios sectores eco- nómicos, políticos y sociales, por considerar que es un código que favorece las redes de corrupción, crimen organizado e impunidad. 1.4 La urgencia del cambio, las válvulas de escape y los bloqueos Las características de la crisis anteriormente descrita llevan a reflexionar que para que Honduras pueda enfrentar los grandes problemas que la abaten, se requiere de cambios profundos de carácter nacional, popular y democrático. Ante esta crisis profunda de la sociedad hondureña, la población busca válvulas de escape como las siguientes: 1. La migración internacional. Miles de hondureños y hondureñas huyen de la pobreza, la violencia y la corrupción en la sociedad hondureña. Se van del país porque no encuentran oportunidades para el desarrollo de sus proyectos y sueños personales. Una paradoja es que los migrantes se van porque el país no les ofrece condiciones básicas para una vida digna, pero a la vez, le generan estabilidad al país por las razones siguientes: en lo social, estos miles de hondureños al irse del país dejan de plantear demandas al Estado; y en lo económico, le generan estabilidad macroeconómica al país a través de los miles de millones de remesas que envían cada año a sus familias y con esto reducen la presión por la pobreza. 2. La economía de la violencia. Miles de jóvenes, sobre todo de los barrios y territorios urbanos más excluidos, se enrolan en las maras y pandillas, en las bandas de extorsión y en el crimen organizado, buscando sobrevivir de la economía de la violencia. 3. Visiones religiosas fundamentalistas. En una sociedad como la hondureña, donde grandes conglomerados de la población continúan inmersos en visio- 15 Diez años de protesta social y los desafíos democráticos
CESPAD nes providenciales y mágico-religiosas. Ante las consecuencias humanas de la crisis, las personas se refugian en actividades religiosas fundamentalistas. Como es obvio, estas válvulas de escape no llevan a procesos de cambio a la so- ciedad hondureña, sino que terminan reproduciendo y normalizando el orden de las cosas. Ante este panorama, sólo la praxis política consciente, es la que puede llevar a una transformación social. El pueblo hondureño ha estado buscando en la última década, de manera intensa, abrir el camino a este proceso de cambio a través de los procesos electorales y a través de los movimientos sociales en las calles, de esto se hablará más adelante. Por el momento, lo que se quiere destacar es que este proceso de cambio se encuentra bloqueado, por las válvu- las de escape antes mencionadas y por otros factores como los que se citan a continuación: 1. El clientelismo político. La pobreza y la extrema pobreza no sólo empuja a miles de hondureños hacia la migración, sino que también genera las condi- ciones para el clientelismo político. Como lo expresa el sociólogo Bauman, el gran problema es de los pobres, es que suelen votar por sus enemigos, los ricos. 2. El pacto neoliberal y de impunidad articula y cohesiona a los grupos de poder. Por muchas luchas que libren los sectores subalternos, es muy difícil lograr cambios si los sectores dominantes y de poder están monolíticamente cohesionados. Por ello, para avanzar en las luchas populares es clave que el bloque de poder se fisure, se generen contradicciones; e incluso, que surjan aliados para el bloque popular. El gran problema en la actualidad es que a pesar de que Honduras es gobernado por un presidente surgido de la ilegalidad, del fraude electoral y con una profunda crisis de legitimidad, siempre ha contado con el apoyo del bloque de poder económico y político. 3. La idea atávica de que el país está híper-determinado por la política de los EEUU, de algunos sectores de la ciudadanía y de líderes nacionales, políticos y sociales. La presencia de los Estados Unidos en la historia de Honduras ha sido fuerte y determinante lo que ha generado que, los grupos y elites hayan desarrollado una dependencia, como ningún otro país de América Latina, hacia los Estados Unidos. El problema es que esta forma de pensar sobre los Estados Unidos ha sido internalizada casi por todos los sectores de la sociedad y por grandes conglomerados de la ciudadanía. Se trata de 16 Diez años de protesta social y los desafíos democráticos
CESPAD la idea de que cualquier cambio para que se produzca tiene que contar con la aceptación o beneplácito de los Estados Unidos. Esto ha llevado a un atavismo del país hacia los Estados Unidos. 4. El imposibilismo y la impotencia autoconstruida que lleva a la deses- peranza. Sobre el “ser hondureño” ha existido una especie de “leyenda”: entre los calificativos que se han adjudicado son los de “ser haragán”, com- parado con los vecinos salvadoreños, que “carece de autoestima”. Se dice que Honduras “siempre asiste tarde a la historia” y que es el país “donde el corcho se hunde y el plomo flota”. Además, se ha dicho que su identidad ha girado en torno a la Virgen de Suyapa, el fútbol y el bipartidismo. Según Oscar Acosta: «es un trabajo difícil historiar los hechos importantes que en un país se producen día a día y que forjan el destino de la nación con sus avances y retrocesos. Patria vacilante e incierta llamó Francisco Morazán a la tierra que lo vio nacer y que en su empeño denodado para cambiar su ruta dejó su vida en el patíbulo»19. En la última década, como se verá más adelante, el pueblo hondureño ha estado movilizado, como nunca antes en la historia republicana. Sin embargo, algunos medios de comunicación y generadores de opinión pública todavía esgrimen frases como las siguientes: “aquí no pasa nada”, “nosotros aguantamos todo”, “los gobernantes pueden hacer lo que sea y no reaccionamos”. Es más, el pueblo hondureño fácilmente pasa de héroe, cuando está movilizado, a villano, cuando no está en movilización. 5. La desconfianza entre los actores potenciales impulsores del cambio. La destrucción de la democracia, del Estado de derecho y el neoliberalismo también ha fragmentado la sociedad. En este sentido, se ha destruido gran parte del capital y del tejido social. Esto ha llevado a una gran desconfianza que se expresa en la descalificación entre unos actores y otros. Lo anterior hace que los actores caigan en lo que se denomina la “trampa social”, re- ferida a “la situación en que los individuos, grupos u organizaciones no son capaces de colaborar debido a la desconfianza mutua y falta de capital social, aún en los casos donde todas van a tener beneficio si hay colaboración”20. 19 Oscar Acosta (2009). Un país en busca de su destino. En: Las ideas políticas en Honduras. Tránsito del siglo XX al XXI, Tegucigalpa: Foprideh. 20 Ídem. 17 Diez años de protesta social y los desafíos democráticos
CESPAD 2. Las características principales de los movimientos sociales En la última década, Honduras ha tenido cuatro olas significativas de protestas y movilizaciones sociales. Estos ciclos de demandas han sido producto de reac- ciones de las organizaciones sociales, populares y la ciudadanía, a amenazas provenientes del deterioro de la democracia, la agresividad de las políticas neoli- berales y la corrupción. Las movilizaciones contra el golpe de Estado del 28 de junio de 2009 fueron una respuesta ante el retroceso democrático que significó la ruptura constitucional. Las protestas contra la corrupción y la impunidad en el año 2015, tienen como fundamento el rechazo a la corrupción por sus implicaciones en las restricciones impuestas al ejercicio de los derechos humanos, en el presupuesto nacional y en la penetración de redes ilícitas en la institucionalidad estatal. Las movilizaciones entre noviembre de 2017 y enero de 2018, estaban motivadas por las amenazas a la democracia que implica el fraude electoral y la reelección ilegítima del presi- dente de la república. Las protestas contra la privatización en los sectores de la salud y de la educación, responden de manera clara a la amenaza de las políticas neoliberales. 2.1 La protesta y la movilización contra el golpe de Estado de 2009 El 28 de junio de 2009 el presidente en funciones, José Manuel Zelaya Rosales, fue derrocado en forma incruenta por una alianza política compuesta por Roberto Micheletti, presidente del Congreso Nacional, los militares, el Partido Nacional y los sectores empresariales más conservadores que temían las repercusiones del alineamiento político del régimen de Zelaya con el socialismo del siglo XXI proclamado, en ese entonces, por el presidente venezolano Hugo Chávez Frías. Los militares capturaron a Zelaya Rosales en su casa y lo expatriaron a San José, Costa Rica y después se replegaron a sus cuarteles. No se quedaron dirigiendo el gobierno como había sido su costumbre en el pasado. Mediante una maniobra ilegal denominada “sucesión presidencial”, Roberto Micheletti, del gobernante Partido Liberal, fue nombrado por los diputados como el jefe del Gobierno provi- sional instaurado para sustituir a Zelaya Rosales. 18 Diez años de protesta social y los desafíos democráticos
CESPAD A partir de este momento, se inició una larga e ininterrumpida jornada de movilización y de protestas callejeras que duraron unos 150 días. Estas protestas fueron lideradas por el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), una coalición de organizacio- nes populares, presididas por líderes campesinos y sindicales. Las demandas del FNRP giraron en torno a los siguientes puntos: a) el retorno a la presidencia de la república de José Manuel Zelaya Rosales, b) la renuncia del presidente de facto Ro- berto Micheletti Baín, y c) la Convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Ninguna de estas demandas fue atendida, pero el movimiento de resistencia contra el golpe de Estado tuvo un impacto en el sistema de partidos políticos. Bajo las banderas del FNRP se movilizaron amplios sectores de la población como los activistas de Zelaya Rosales, líder del Partido Liberal, núcleos de maestros y otros sectores sociales. Estos sectores terminaron confluyendo en la creación del Partido Libertad y Refundación (Libre) bajo el liderazgo de Zelaya Rosales que fue nombrado coordinador general. Esto significó el debilitamiento del Partido Liberal, ya que una parte sustancial de los seguidores de Libre abandonaron sus filas para adherirse al nuevo partido político liderado por Zelaya. Debido a esta masiva deser- ción, el Partido Liberal perdió la preminencia que había tenido en los procesos elec- torales del país. El Partido Liberal ganó las elecciones generales de 1981, 1985, 1993, 1998 y 2005. Esta última elección fue ganada por Zelaya Rosales. 2.2 La lucha contra la corrupción en las calles: los indignados Entre abril y diciembre de 2015, tuvo lugar un nuevo ciclo de protestas, motivado por la lucha contra la corrupción, tras conocerse un escandaloso y millonario des- falco en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). El periodo de mayor actividad movilizadora se concentró entre los meses de mayo y septiembre de ese año. Este movimiento fue bautizado como el movimiento de los Indigna- dos, siguiendo de cerca el ejemplo de la los Indignados de España en 2011. El símbolo característico de este movimiento cívico ciudadano fue el portar antor- chas; por ello, han pasado a la historia como las “marchas de las antorchas”. Durante el 2015, se realizaron 543 protestas en el contexto de la lucha anticorrup- ción21. Tres demandas movilizaron a la ciudadanía indignada: a) pedir la renuncia 21 Véase Sosa, Eugenio (2016). Democracia y movimientos sociales en Honduras. De la transición política al golpe de Estado, Tegucigalpa: Editorial Guaymuras. 19 Diez años de protesta social y los desafíos democráticos
CESPAD al presidente Juan Orlando Hernández involucrado en el saqueo de los recursos del IHSS para financiar su campaña electoral, b) el juicio político para todos los altos funcionarios involucrados en el escándalo de corrupción del Instituto Hondu- reño de Seguridad Social (IHSS) y c) la instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH). Los protagonistas principales de las protestas durante fueron diversos sectores sociales y políticos, que se pueden agrupar bajo la categoría de una Ciudadanía Indignada. Como repertorio de acción prevaleció la declaración pública, seguida de movilizaciones, lo cual refleja el carácter pacífico de estas acciones colectivas. Sin embargo, un porcentaje importante de acciones consistieron en tomas de vías públicas y edificios, lo que implicó acciones destructivas y de carácter disruptivo. Después de multitudinarias movilizaciones de la Ciudadanía Indignada, el pre- sidente Juan Orlando Hernández, con apoyo de la OEA, construyó la propuesta denominada Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), y se firmó el Convenio para su instalación el 16 de enero de 2016. La MACCIH construyó requerimientos y presentó ante la justicia importantes ca- sos de corrupción en los que estaban implicados funcionarios de alto nivel, sobre todo del Poder Legislativo o Congreso Nacional. Sin embargo, la mayoría de ca- sos no lograron prosperar ya que las redes de corrupción continuaron protegidas utilizando dos mecanismos fundamentales: 1. la modificación o aprobación de nuevas leyes en el Congreso Nacional para proteger a los corruptos, y 2. la actua- ción de los jueces de la Corte Suprema de Justicia, especialmente los llamados jueces naturales. 2.3 Las elecciones generales de 2017 y las movilizaciones contra el fraude electoral Tras la burla a la voluntad popular en las urnas, que favoreció a Salvador Nasra- lla, candidato presidencial de la Alianza de Oposición Contra la Dictadura (LIBRE, PINU-SD y Salvador Nasralla), emergió un fuerte movimiento social en defensa de la soberanía popular y en rechazo a la perpetuación del gobierno de JOH y del Partido Nacional. Las protestas se materializaron en tres formas fundamentales de acción: 1. Los cortes de ruta o de vías terrestres estratégicas. 2. Las moviliza- ciones pacíficas, y 3. Los cacerolazos. 20 Diez años de protesta social y los desafíos democráticos
CESPAD El recurso primordial a que recurrió el régimen de Hernández Alvarado para paci- ficar a los opositores fue la represión abierta y brutal. Los cuerpos represivos del Estado desalojaron a los manifestantes mediante el masivo lanzamiento de bom- bas lacrimógenas y el uso excesivo de la fuerza militar. Se llegó hasta emplear bala viva para desalojar a los manifestantes. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su informe concluyó que 23 personas (22 civiles y un agente de policía) resultaron muertas en el contexto de las protestas poselectorales, además, se produjeron detenciones masivas y al menos 1,531 personas fueron detenidas entre el 1 y 5 de diciembre por violar el toque de que- da. El informe también documenta el aumento de las amenazas e intimidaciones contra periodistas, colaboradores de los medios de comunicación y activistas so- ciales y políticos22. En muchos lugares, los manifestantes respondieron a la bru- talidad de la policía lanzándoles piedras creando verdaderas batallas campales. 2.4 La lucha contra la privatización de la salud y la educación Entre los meses de abril y junio de 2019 Honduras vivió un nuevo período de pro- testas, como respuesta a la amenaza del gobierno de Juan Orlando Hernández de profundizar las medidas neoliberales de privatización en los sectores de la salud y la educación. El detonante fue la aprobación el 24 de abril de un Decreto Legislativo en el Congreso Nacional, que entregaba amplias competencias a las secretarías de salud y educación para que reestructuraran cada uno de sus de sistemas. Esto implicaba transformaciones organizacionales, presupuestarias y de recursos humanos. La estrategia neoliberal de los gobiernos ha consistido en decretar estados de emergencia en la salud y la educación, la tercerización de los hospitales entregándolos a ONG y fundaciones privadas, la reducción presu- puestaria, el congelamiento de los salarios y las contrataciones al margen de lo establecido en el Estatuto Médico y en el Estatuto del Docente. Para enfrentar esta amenaza, los trabajadores de la salud y de la educación orga- nizaron la Plataforma de Defensa de la Salud y la Educación Pública, con instan- cias de representación en todos los departamentos del país. Las movilizaciones 22 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). Las violaciones de los derechos humanos en el contexto de las elecciones de 2017 en Honduras, Tegucigalpa, enero de 2018. 21 Diez años de protesta social y los desafíos democráticos
CESPAD iniciaron en Tegucigalpa el 26 de abril y para el 29 del mismo mes, ya se habían extendido a todo el país de manera masiva. El Congreso Nacional se vio obligado a dejar sin ningún efecto legal el Decreto Legislativo, pero las movilizaciones con- tinuaron, exigiendo que se derogaran otros decretos ejecutivos y la Ley Marco de Protección Social y la Ley Fundamental de Educación. Las protestas alcanzaron su momento más álgido el 30 y 31 de mayo de 2019, logrando paralizar todo el país con tomas de calles y carreteras. En los momentos cumbres, se realizaron 120 protestas diarias23. Ante el desborde de las protestas, el gobierno cedió un poco más y derogó todos los decretos ejecutivos que creaban situaciones de emergencia en la salud y la educación, e inició un diálogo con un sector de la diri- gencia magisterial que se separó del movimiento. Pero, la Plataforma de Defensa de la Salud y la Educación continúo demandando la derogación de la Ley Marco de Protección Social y la Ley Fundamental de Educación. Como se expresó antes, el gobierno respondió ante las protestas disruptivas con fuertes acciones represivas. Según el monitoreo de las violaciones a los derechos humanos el Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (CO- FADEH) registró cinco (5) personas asesinadas, tres (3) por elementos de la Policía Militar y dos (2) en circunstancias no claras. COFADEH también registró treinta (30) manifestantes heridos, donde al menos 21 fueron ingresados a la sala de emergen- cia del Hospital Escuela de Tegucigalpa, en su mayoría heridos de bala24. 2.5 Otros movimientos sociales Otros dos movimientos sociales han tenido relevancia en los últimos años. Uno de ellos es la reactivación del Movimiento Estudiantil, sobre todo el Universitario, a partir del golpe de Estado del 28 de junio de 2009. El Movimiento Estudiantil empe- zó a reactivarse en el 2012, mantuvo una movilización intensa en el 2015, 2016 y 2017, participando activamente en las olas de protestas nacionales y demandando sobre todo representación y participación política en la vida universitaria. El otro movimiento relevante, ya de larga duración es el Movimiento por la Defen- sa y Derecho de los Recursos Naturales, como la tierra, el bosque, el agua y los 23 Base de datos propia. 24 http://defensoresenlinea.com/represion-militar-en-honduras-deja-5-muertos-y-mas-de-treinta-heridos/ (Consultado el 27 de julio de 2019). 22 Diez años de protesta social y los desafíos democráticos
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