EL BICENTENARIO Y LA EVOLUCIÓN DE LAS INSTITUCIONES REPUBLICANAS
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Revista de Instituciones, Ideas y Mercados Nº 53 | Octubre 2010 | pp. 89-105 | ISSN 1852-5970
EL BICENTENARIO Y LA EVOLUCIÓN DE LAS
INSTITUCIONES REPUBLICANAS*
Ricardo López Göttig**
Resumen: A lo largo de estos doscientos años de vida institucional argentina,
el contrato político sufrió numerosas rupturas de lo que debía ser un largo
aprendizaje de cómo vivir de acuerdo a instituciones que garantizaran el
libre ejercicio de las libertades fundamentales. También se fracturó la
transmisión de una generación a otra de los hábitos propios de una sociedad
abierta y pluralista. Este trabajo es un breve repaso de las rupturas y con-
tinuidades en la evolución de las instituciones republicanas nacionales.
Abstract: During these two hundred years of institutional life in Argentina,
the political contract suffered numerous breakdowns of what should have
been a continuous learning of how to live according to institutions that
guarantee the free exercise of fundamental freedoms. The transmission from
one generation to another of the habits of a society open and pluralistic
also broke down. This paper is a brief review of the ruptures and continuities
in the evolution of national republican institutions.
A dos siglos de la Revolución de Mayo, se torna necesario echar una
mirada hacia el desarrollo institucional de la Argentina republicana. ¿Fue
posible cumplir con el propósito inicial del proceso de la emancipación de
crear nuevas instituciones que representaran a los ciudadanos? Porque la
revolución de Mayo nació como un severo cuestionamiento a la legitimidad
* Este trabajo fue realizado gracias al apoyo y por encargo de la Fundación Ortega y
Gasset Argentina.
** Doctor en Historia (Universidad Karlova de Praga). Profesor Asociado del Instituto Uni-
versitario ESEADE. Email: lopezgottig@yahoo.comdel virrey Cisneros, ya que su autoridad emanaba del monarca español, a
la sazón encarcelado por las tropas napoleónicas que habían invadido la
península ibérica. Revuelta que nació con un carácter casi vecinal, expandió
su convocatoria hacia el resto de las provincias del virreinato, por aquel
tiempo una pieza menor en el ajedrez imperial español.
Creado en los márgenes del virreinato del Perú, sumando partes de la
capitanía general de Chile –las provincias de Cuyo–, el virreinato del Río
de la Plata se estableció recién en 1776, más con la vista puesta en la amenaza
de expansión de los vecinos portugueses que en las bondades que podían
esperarse de esta nueva unidad administrativa. El sistema de gobierno español
en América era abigarrado, exclusivo y de un complejo entramado; las
funciones estaban superpuestas y la decisión final se tomaba en la metrópoli.
Estaba vigente la idea de que los españoles nacidos en el continente americano
eran de un carácter inferior a los de la península, y por lo tanto se hallaban
apartados de los principales cargos de la función pública.
En este sentido, la experiencia colonial de lo que fue el embrión de los
Estados Unidos era muy diferente: esas colonias a orillas del Atlántico norte
tenían asambleas legislativas elegidas por los pobladores, que establecían
los impuestos y las leyes locales; tenían juicio por jurados, instituciones muni-
cipales e, incluso, en Rhode Island y Connecticut los vecinos votaban a los
gobernadores. Estaban regidas por cartas constitucionales otorgadas por el
monarca británico y algunas databan del siglo XVI; en ellas se protegían las
libertades individuales como la de culto, expresión, movimiento y la propiedad
privada. Asimismo, ya en el período de su lucha abierta por la independencia,
en algunas ciudades circulaban varios diarios; en Boston, por ejemplo, se
imprimían cinco periódicos y en Philadelphia se editaban tres y la población
estaba altamente alfabetizada (Nevins y Commager, 1996: 53).
El contraste con las experiencias en la América española es notorio; en
Buenos Aires, por ejemplo, con grandes dificultades se lograba imprimir un
periódico de escasa circulación y tirada, ya a comienzos de la centuria deci-
monónica. Es claro que esto supuso una gran ventaja para el desarrollo cons-
titucional de los Estados Unidos ya que habían incorporado las formas del
debate parlamentario, la discusión periodística y los hábitos de conducirse a
90 | RIIM Nº 53, Octubre 2010través de un sistema legal basado en el common law. En consecuencia, más
que una ruptura, la emancipación supuso una secesión con respecto a Gran
Bretaña. Podría afirmarse que, en el caso de América del Norte, la gran discusión
giraba en torno al límite al poder: nació la revolución americana como un
freno a los intentos del Parlamento británico de imponer contribuciones a los
habitantes de las trece colonias para sostener un gran ejército tras la guerra
franco-india (1754-1763), y luego esta misma barrera se colocó frente a la
misma pretensión por parte del Rey Jorge III (Morgan, 2006: 251-256).
La Revolución de Mayo, en cambio, puso su acento en la fuente del
poder y, por consiguiente, en quién lo detentaba. Habremos de observar que
esto fue una constante en los dos siglos de vida institucional argentina. Para
los estadounidenses, el debate sobre los orígenes del poder político no tuvo
lugar; ya en su Constitución comienza con las palabras “We the People…”,
y les resultaba indiscutible que el poder emanaba de los ciudadanos. La
Revolución de Mayo fue una reivindicación de ese origen tras los argumentos
contractualistas esgrimidos en las jornadas de 1810: si el Rey no podía disponer
quién lo representaba en el virreinato, entonces el poder retornaba al pueblo.
Los revolucionarios debieron crear instituciones en una región en donde no
había tradiciones de debate y participación política, por lo que observaron
las experiencias constitucionales de países como Estados Unidos y Francia.
El filósofo español Ortega y Gasset señaló que hay dos preguntas en el
derecho político; una, que responde a cuáles son los límites al poder público
y, una segunda, sobre quién debe ejercerlo (Ortega y Gasset, 1975: 123-
124). El primer interrogante fue un poderoso móvil de la revolución americana
y, en consecuencia, a los pocos años se pudo establecer una Constitución
que data de 1787 y sigue hoy vigente; en tanto parecería ser que la segunda
pregunta inspiró la mayor parte de las acciones y textos políticos en las
naciones hispanoamericanas durante los últimos dos siglos. En estas dos
centurias de vida institucional republicana en nuestro país, se ha procurado
dar una respuesta al quién debe ejercer el poder, quedando el cómo en un
segundo y muy discreto plano.
Los primeros proyectos constitucionales argentinos se centraron en torno
al quién en clave geográfica: una alternativa unitaria, tomada del modelo
RIIM Nº 53, Octubre 2010 | 91francés, que establecía un poder central en torno al cual giraban los satélites
provinciales; la segunda, siguiendo el ejemplo estadounidense, observaba
el modelo federal, que reconocía las autonomías provinciales. Paradojas
de la historia: en los Estados Unidos, los federalistas fueron aquellos que
impulsaron un gobierno central fuerte, en tanto que los antifederalistas fueron
quienes propugnaron la máxima autonomía para los estados que formaban
la unión (Morgan, 2006: 297-304). Los proyectos fallidos de constituciones
de las entonces Provincias Unidas del Río de la Plata, de 1819 y de 1826,
establecían el régimen de Unidad en el que el centro de la geografía política
pasaba por Buenos Aires. Los unitarios se consideraban los adalides del pro-
greso y la civilización, tomaron como modelo al iluminismo galo y pretendían
arrojar sus luces sobre el resto de las Provincias Unidas, tal como en Francia
hicieron los revolucionarios, intentando homogeneizar al país con epicentro
en París; muchos de ellos eran universitarios y en sus filas militaron pres-
tigiosos militares de las guerras de Independencia y la del Brasil. La victoria
de las armas fue para los federales que, paradojalmente, no llegaron a esta-
blecer la Ley Fundamental a pesar de haber rubricado el Pacto Federal de
1831, que sirvió como antecedente para la Constitución nacional de 1853.
La guerra civil no dirimió una contienda de doctrinas políticas, más
propia del debate parlamentario y de tratadistas de filosofía política; fue una
sucesión de batallas por dejar al enemigo fuera de combate, imponiéndose
por la fuerza de las armas. Unos y otros se proclamaron como genuinos
voceros del pueblo. Habrá de ser Urquiza, un gobernador federal, quien
tome las ideas esbozadas por la generación de intelectuales disidentes
como Alberdi, Sarmiento, Echeverría, Juan María Gutiérrez, Rawson y Mitre,
entre otros, que venían sosteniendo la necesidad de redactar una Constitución
de signo republicano y federal, de acuerdo a los lineamientos básicos del
Pacto Federal. Urquiza cuestionó el régimen de unidad que de hecho había
establecido férreamente Rosas, gobernador porteño, y lo venció en la batalla
de Caseros en febrero de 1852.
La Constitución nacional de 1853 recogió la experiencia de los Estados
Unidos, Chile y otras naciones hispanoamericanas, así como se nutrió de
los textos rechazados en años anteriores. Alberdi fue el gran impulsor de
92 | RIIM Nº 53, Octubre 2010lo que denominó la “unidad federativa”, un modelo que tenía como epicentro
un Poder Ejecutivo fuerte que se basaba en el modelo chileno de la república
portaliana (Alberdi, 1981: 179-186; Botana, 1997: 351-354). El país tra-
sandino era entonces una rareza envidiable en Sudamérica por su estabilidad
institucional, con varios años de continuidad de gobiernos de raigambre con-
servadora que evitaban el derramamiento de sangre en la alternancia en el
poder. Pero a diferencia de lo que ocurría en los Estados Unidos y Chile,
el primer magistrado argentino no podía reelegirse sino después de un período
sexenal, limitándolo en el tiempo, a fin de evitar la concentración del poder
que había disfrutado Rosas desde 1835 hasta 1852.
El cuidadoso artefacto de relojería constitucional en el que meditó Alberdi
–y en el que coincidieron los principales actores políticos de su tiempo–
buscaba establecer un orden republicano para evitar la caída en la anarquía
de las guerras civiles, que derivaban inexorablemente en las tiranías. La
diferencia con la república norteamericana se hallaba, nuevamente, en el
punto de partida: allí se arribó a la solución de un Poder Ejecutivo vigoroso
tras unos catorce años de vida independiente, en los que los gobernadores
de los Estados se hallaron a merced de asambleas legislativas todopoderosas
que les impedían administrar (Thach, 2007: 13-44). Muy por el contrario,
la nueva Constitución argentina se aplicaba en tierras en donde las legislaturas
siempre refrendaron las políticas de los gobernadores, sin contenerlos, ni
controlarlos, ni exigirles rendición de cuentas. Por lo que el Congreso
nació muy atemperado; no obstante, desde sus inicios fue un escenario de
fecundos debates.
El texto constitucional fue objeto de varias reformas; la primera de ellas,
de 1860, supuso un acento en el federalismo, paradojalmente por iniciativa
de los políticos de la díscola provincia de Buenos Aires, por entonces separada
de la Confederación Argentina. Desde su posición minoritaria, los porteños
buscaron profundizar la autonomía provincial y, además, ampliaron las garan-
tías constitucionales. La secesión breve y belicosa de la provincia más poblada
y rica de la Argentina se debió en parte a la desconfianza que sentían muchos
porteños –y varios provincianos, también– hacia la figura de Urquiza, que
carecía de límites a su poder. En junio de 1852, la legislatura porteña se
RIIM Nº 53, Octubre 2010 | 93opuso decididamente al Acuerdo de San Nicolás, rubricado por el gobernador
Vicente López, lo que motivó la intervención de Urquiza para disolver ese
cuerpo deliberativo. En el intento fallido de reunificación de 1860, tanto
porteños como provincianos intentaron anular las posibilidades de sus rivales.
A este propósito de marginar a la oposición, dejándola fuera del Congreso,
respondió la ley electoral: se aplicó un sistema de simple pluralidad de sufra-
gios para la lista ganadora en los comicios, que se quedaba con todas las
bancas en disputa, impidiendo de ese modo la representación de las minorías.
Fue una interpretación literal de lo establecido en la Constitución que
causó una serie de cimbronazos políticos con repercusiones en el campo
de las armas, ya que las expresiones políticas que quedaban fuera del Par-
lamento, pasaban a las filas de la conspiración. En 1861, la República Argen-
tina se reunifica por las armas, tras la batalla de Pavón. Bartolomé Mitre,
a la sazón gobernador porteño y director provisional, barre militarmente con
las disidencias federales en el interior del país. Se elige un nuevo Congreso
con sede en Buenos Aires, quedando anulado aquel que sesionó durante años
en Paraná.
Ya en la presidencia, en 1863 Mitre creó la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, el tercer poder que equilibra al Legislativo y al Ejecutivo, cuya
misión primordial es la de custodiar la constitucionalidad de las leyes; para
integrarlo, llamó a reconocidos juristas que prestigiaron al máximo tribunal.
La composición del máximo tribunal no se sometió al vaivén electoral y a
los cambios presidenciales hasta 1947, cuando se removieron cuatro de los
cinco miembros en un resonado juicio político. A partir de entonces, cada
nuevo gobierno –constitucional o de facto– se inmiscuyó con la Corte Supre-
ma, ya sea removiendo la totalidad de sus jueces, o bien manipulando el
número de los mismos. Los miembros del máximo tribunal no tuvieron
voluntad de oponerse a los golpes de Estado de 1930 y 1943, prestándoles
su consentimiento y legitimando los pronunciamientos militares. De ese
modo, el Poder Judicial fue perdiendo prestigio ante la ciudadanía y se trans-
formó en un botín a capturar por cada nuevo gobierno, utilizándolo para res-
paldarse ante las demandas ante los tribunales. Asimismo, nunca se cumplió
con la creación de los juicios por jurados, tal como se establece en el texto
94 | RIIM Nº 53, Octubre 2010constitucional, impidiendo la participación del ciudadano común en los pro-
cesos judiciales.
El hecho fundamental de establecer una Constitución, crear los tres
poderes de la República, sentar las bases del federalismo y la vida municipal,
no son elementos que de por sí significaran un cambio profundo e inmediato
en la vida cotidiana. Fueron necesarios muchos años para que estas insti-
tuciones comenzaran a ser respetadas, y en esto intervino la difusión de la
alfabetización, el surgimiento de una prensa libre, el arribo de inmigrantes,
el recambio generacional y la gradual incorporación de nuevos hábitos en
la vida cívica. Alexis de Tocqueville ya había advertido sobre el trasplante
de una Constitución a una realidad ajena, cuando se refirió al fracaso de la
importación del texto fundamental de los Estados Unidos a su vecino México
(Tocqueville, 1980: 154). Con la vista en este ejemplo, tanto Alberdi como
sus contemporáneos apostaron a una presidencia fuerte para contener los
desvíos hacia la anarquía y la tiranía. Sin embargo, a pesar de que Bartolomé
Mitre contó durante su presidencia con el activo apoyo de ejército nacional,
su campaña militar en la guerra del Paraguay debilitó significativamente
su predicamento en el interior del país, en donde se alzaron algunos caudillos
que lo cuestionaron. Empeñado, entonces, en una guerra exterior y en el
sofocamiento armado de las rebeliones del norte argentino, Mitre no contó
un partido político lo suficientemente poderoso para elegir a su candidato
presidencial. Tanto su sucesor Sarmiento como posteriormente Avellaneda,
debieron hacer frente a rebeliones en el interior del país, ya sea por disputas
provinciales como por desconocimiento de resultados electorales, o bien la
oposición a la federalización de la ciudad de Buenos Aires. En ambas pre-
sidencias se fue vertebrando la liga de gobernadores que respaldó a Roca
y que fue el embrión del Partido Autonomista Nacional (PAN), la fuerza
política hegemónica hasta el fin del ciclo conservador.
El mitrismo, reducido a una fuerza política con representación en la
provincia de Buenos Aires, intentó torcer el curso de los acontecimientos
políticos por medio de las armas en 1874, en oposición a la asunción de
Nicolás Avellaneda a la primera magistratura, y luego en 1880, durante el
conflicto por la federalización de la ciudad de Buenos Aires. La consecuencia
RIIM Nº 53, Octubre 2010 | 95fue que el PAN no tuvo un partido político vigoroso que se le opusiera en
el Congreso, por lo que las disidencias se llevaron al seno del entramado
político con características hegemónicas. Esto dio origen a un sistema en
el que las fuerzas opositoras, débiles y con escasas posibilidades de acceder
a escaños en las cámaras legislativas, sólo se presentaban para brindar tes-
timonio de la ausencia de vida cívica y para expresar su queja durante la
campaña electoral. El presidente de la República se transformó en el gran
elector de su sucesor, así como era el gran distribuidor de los recursos del
gobierno federal. Pero el primer magistrado no tenía un poder omnímodo:
debía contar con el respaldo de los gobernadores de provincia a través del
Congreso, particularmente del Senado (Botana, 1994: 98-103).
El del PAN era, pues, un sistema abigarrado y cerrado en lo político,
pero que reconocía amplias libertades civiles para que se desarrollara la
población y se atrajeran inversiones e inmigrantes. A la par que el sistema
político se cerraba en torno a algunas figuras centrales, la sociedad civil
comenzó a desarrollarse a través de las asociaciones voluntarias como las
de socorros mutuos, las cooperadoras de vecinos para ayudar a las escuelas,
hospitales, bibliotecas o para erigir un monumento (Sabato, 1998: 49-61).
Asimismo, se fueron formando los primeros gremios por oficios, estimulando
el surgimiento de un sindicalismo que llegó a ser combativo a partir de
finales del siglo XIX, al calor de las ideas socialistas y anarquistas que
arribaban a las costas del Plata de la mano de emigrados políticos del Viejo
Continente. El entusiasmo proclamado en los primeros tiempos por el des-
arrollo de una activa vida municipal que sirviera como “escuela de demo-
cracia”, se fue evaporando con el tiempo; a pesar de ello, se abrieron las
puertas a que los inmigrantes propietarios pudieran elegir y ser elegidos en
los concejos deliberantes, dando herramientas para una vida local activa.
Sin embargo, los gobiernos provinciales y municipales –ya sea durante
gobiernos constitucionales o en períodos autoritarios– nunca lograron gozar
de autonomía, más allá de la posibilidad de elegir a sus gobernantes, puesto
que los recursos se centralizaron en el gobierno federal. De este modo,
estuvieron en dependencia y relación de subordinación al poder central, el
máximo proveedor de los recursos para sustentarlos. Así como la federali-
96 | RIIM Nº 53, Octubre 2010zación de la ciudad de Buenos Aires consolidó un régimen que privilegió
al gran puerto como núcleo político en torno al cual habrían de girar las
provincias, la crisis económica y política de 1890 habría de favorecer la cen-
tralización financiera en torno al gobierno federal, con el monopolio de la
emisión de moneda y, por consiguiente, con el control de los recursos
(Gerchunoff, Rocchi y Rossi, 2008: 22-23)
Fue durante la presidencia de Juárez Celman (1886-1890) que el régimen
del PAN intentó consolidar su “unicato” y que, como consecuencia, surgió
una importante fuerza opositora llamada Unión Cívica, que reunía a mitristas
y elementos descontentos del autonomismo. Intentó derrocar al presidente
en la célebre “revolución del Parque”, con el fin de llamar a nuevos comicios
generales, pero fracasó en su búsqueda del poder. Esta formación se separó
y nació la Unión Cívica Radical (UCR) en torno a la figura carismática de
Leandro Alem, que levantó las banderas de la limitación al poder y la defensa
del federalismo (Alonso, 2000: 234-235; Gallo, 2009: 48-54). Este partido
tuvo algunos éxitos electorales en la Capital y la provincia de Buenos
Aires, pero no logró desarrollarse suficientemente en el resto de las provincias,
por lo que también se volcó a la conspiración en 1893 y 1905.
El propósito de la UCR era el de incorporar algunas costumbres desarro-
lladas en los Estados Unidos, como la celebración de convenciones en las
que se discutían los programas de gobierno y las candidaturas, a fin de
promover la mayor democratización de estas agrupaciones (Alonso, 2000:
109-111). El resto de los partidos comenzó a imitar, con mayor o menor
grado de éxito y convicción, este andamiaje interno, aunque seguían siendo
dirigidos por figuras excluyentes que determinaban la vida de las fuerzas
políticas. Así, el mitrismo murió con los Mitre, el PAN con el alejamiento
de Roca, y el radicalismo comenzó a dividirse –años después– en una mul-
tiplicidad de facciones personalistas. Por su parte, el socialismo, creado
hacia fines del siglo XIX, tuvo un ideario claro que lo identificaba, pero no
logró traspasar las fronteras de la Capital.
A lo largo de este ciclo hubo propuestas legislativas para que las minorías
tuvieran su representación, comenzando por la iniciativa de Sarmiento en
1869, que propugnó las circunscripciones uninominales, tomando el ejemplo
RIIM Nº 53, Octubre 2010 | 97estadounidense y con la mira puesta, también, en generar una vida local
activa. Después de varios debates en diferentes períodos, esta propuesta tuvo
aceptación en 1902, por iniciativa de Roca y Joaquín V. González, lo que
abrió puertas a la oposición para que ingresara a la vida parlamentaria (López
Göttig, 2000). Pero la idea quedó trunca porque retornó al viejo sistema
del voto cantado y la legislación fue ineficaz para evitar el fraude y la compra
de votos, por lo que se implantó nuevamente la lista completa, hasta 1912.
A pesar de que los miembros del Congreso –en particular la Cámara de
Diputados– eran electos en comicios fraudulentos, no dejó por ello de ser
un ámbito privilegiado de discusiones fecundas. Los legisladores se empe-
ñaron en llevar adelante una gran transformación legislativa que acompañara
el progreso cultural y material que se estaba viviendo en la República. Los
debates se caracterizaron por la claridad de pensamiento y la erudición y
preparación de muchos de sus legisladores, antes y después de la vigencia
de la Ley Sáenz Peña, cimentando una tradición parlamentaria que se perdió
con los pronunciamientos militares y el silenciamiento de las voces opositoras.
El federalismo, la inmigración, el fomento de la prosperidad, el bienestar
de los habitantes, la educación, la salud y el reconocimiento de derechos a
las mujeres fueron cuestiones debatidas en ambas cámaras, en muchos casos
anticipándose a las discusiones en el continente europeo.
La Argentina de comienzos del siglo XX estaba en ebullición: al progreso
material, visible en el desarrollo del transporte, la cultura y la instrucción,
la agricultura, la ganadería, el comercio y la industria, no se correspondía
un desarrollo paralelo de las instituciones. Persistía la desconfianza hacia
el régimen municipal, que seguía sin tener autonomía; se quedaron en el
camino las propuestas de establecer el juicio por jurados; los partidos se
articulaban en torno a personajes que, al fallecer, dejaban acéfalas y sin
destino a sus fuerzas políticas.
Parafraseando a Ortega y Gasset, el PAN y sus herederos comenzaron
a desfallecer por su espíritu de conservación, aspirando a mantenerse en el
poder por el fraude y la nostalgia de tiempos pretéritos. Ante esta situación,
en 1911 el presidente Roque Sáenz Peña propuso su reforma electoral con
vistas a regenerar la vida cívica, permitiendo la representación parlamentaria
98 | RIIM Nº 53, Octubre 2010de las minorías, a la par que buscaba un bipartidismo en el que se alternaran
dos fuerzas de alcance nacional (Botana, 1994: 276-283). La UCR y el
Partido Socialista cosecharon éxitos en las urnas y dieron nueva vida al
debate parlamentario, pero los conservadores no lograron fusionarse en un
sólo partido político, quedando dispersos en una multitud de expresiones
que se neutralizaban entre sí. El radicalismo, ahora guiado por Hipólito
Yrigoyen, se transformó bajo su liderazgo en un amplio movimiento que
pretendía albergar a todas las corrientes del pensamiento, anhelando repre-
sentar a la “argentinidad”. Su proclama era una “causa” de regeneración
ética y cívica, en tanto que las fuerzas que se le oponían formaban “el régi-
men”, sin distingos (Persello, 2003: 31-32).
Así fue como, al llegar Yrigoyen mediante comicios legítimos a la pre-
sidencia en 1916, no buscó concertar alianzas con la oposición, que tenía
importante presencia en el Congreso. Para modificar la relación de fuerzas,
utilizó la herramienta de la intervención federal para cambiar gobernadores
conservadores, o bien radicales que le eran esquivos. Sus principales
lineamientos en lo económico y social siguieron los grandes parámetros
heredados de los gobiernos anteriores, pero alentó desde la primera magis-
tratura la supremacía del partido que lideraba. Fue así como este comenzó
a desgajarse en una multitud de expresiones que competían entre sí,
aliándose a veces con sectores conservadores. Lo que se buscaba, entonces,
no era un debate de ideas y programas, ni mucho menos de limitar el poder
del presidente, sino de impedirse unos a otros el triunfo electoral y la capa-
cidad de gobernar.
Esta situación llevó al desprestigio de la democracia y las instituciones
republicanas, puesto que los comicios estaban viciados por trampas y compra
de sufragios, así como por el despliegue del clientelismo. Aquellos partidos
y candidatos que no lograban ganar elecciones comenzaron a prestar oídos
a las ideas del autoritarismo y el belicismo que provenían de Europa, en
donde estaban encarnadas por las figuras de Mussolini en Italia y Primo de
Rivera en España (Halperín Donghi, 2000: 235-236). La UCR se convirtió
en el partido predominante que ganaba elecciones limpias y legítimas; esto
generó una polarización entre “personalistas” y “antipersonalistas”, por un
RIIM Nº 53, Octubre 2010 | 99lado, y conservadores, por el otro (Persello, 2003: 52-55). Unos y otros se
negaban mutuamente, siendo el eje de la discusión la persona de Yrigoyen.
Este enfrentamiento llevó a la ruptura del orden constitucional en septiembre
de 1930, momento en el que se cerró el Congreso de la Nación y la Corte
Suprema de Justicia avaló el golpe militar.
El nuevo régimen militar pretendió transformar las instituciones, rem-
plazando el orden constitucional liberal e individualista, por uno basado en
la representación a través de las corporaciones, por lo que el ciudadano
quedaba subsumido en su “función” en la sociedad. Era esta la postura del
general Uriburu, pero fracasó en su intento de reforma, ya que su postura
era entonces minoritaria en los sectores de la oposición anti yrigoyenista y
en las Fuerzas Armadas. Nuevos comicios se amañaron para impedir que
el radicalismo ganara, y así se impuso un decenio conservador que mantuvo
la fachada de las instituciones republicanas, de comicios y partidos políticos,
pero vacíos de legitimidad (Béjar, 2005: 66-84).
Esto hirió de gravedad al orden constitucional, lo que derivó en otro
golpe de estado en 1943, en el que se buscó imponer la solución corporativista
y autoritaria de 1930 (Zanatta, 2005: 380). Y una vez más, la Corte Suprema
dio su visto bueno al pronunciamiento armado. ¿Ocurría, entonces, lo que
había meditado Tocqueville sobre el transplante de instituciones? En rigor,
el clima mundial de los años treinta era hostil a las democracias liberales
y buena parte de la intelectualidad argentina comenzó a nutrirse de los
modelos totalitarios de Europa. El nuevo régimen autoritario, no obstante,
fue presionado desde el interior y el exterior, ya que las fuerzas del Eje
estaban siendo derrotadas en todos los frentes de la guerra. La salida al
régimen autoritario fue electoral, y catapultó a uno de sus líderes, Juan
Domingo Perón, a la Presidencia de la Nación, tal como ocurrió con el golpe
de Estado de 1930-1932. La diferencia entre 1932 y 1946 fue que Perón
era notoriamente popular y supo tejer en torno a su candidatura un nuevo
movimiento político, heterogéneo y hasta contradictorio (Zanatta, 1999:
427-429; Zorrilla, 1998: 231). Su triunfo electoral fue una debacle para los
partidos políticos de larga tradición democrática que habían cuestionado
severamente la ilegitimidad del decenio conservador. El Congreso tuvo un
100 | RIIM Nº 53, Octubre 2010aplastante predominio peronista, llegando a ocupar la totalidad del Senado;
ocurriendo lo mismo con los gobernadores provinciales. La aparición y
vertebración desde la primera magistratura de este nuevo movimiento político,
polarizó nuevamente a la ciudadanía: se estaba a favor o en contra, tal
como había ocurrido en años anteriores. Durante el primer mandato presi-
dencial de Perón se reformó en 1949 el texto constitucional y se otorgaron
más atribuciones al Poder Ejecutivo, además de permitirle la reelección inde-
finida. Las instituciones republicanas se tiñeron del nuevo movimiento lide-
rado por Perón, así como en el período entre 1955 y 1966 se barrió con
toda presencia peronista. Unos y otros intentaron bloquearse el acceso al
poder, llevando a situaciones de violencia y muerte. El universo sindical,
otrora un muestrario del pluralismo de corrientes de los más variados tonos
del combativo discurso gremial, se transformó en una versión monocolor
dentro del movimiento peronista, ahogando al resto de las vertientes al olvido
y el ostracismo (Senén González y Bosoer, 2009: 87-88).
El movimiento peronista fue un cambio sustancial en el desarrollo ins-
titucional, ya que desarticuló el sistema de partidos anterior al golpe de
estado de 1943 y las fuerzas se agruparon a favor o en contra de este nuevo
actor político. Supo reunir en su seno a los nuevos obreros que habían emi-
grado a los grandes centros urbanos desde mediados de los años treinta, así
como incorporar a elementos del conservadorismo, el radicalismo, el sin-
dicalismo, el nacionalismo y el socialismo, generando una amalgama que
resultaba exitosa en las urnas y que profundizaba los lineamientos del
golpe de 1943 (Sidicaro, 2002: 219-220). Sus rivales no lograron interpretar
las causas de este fenómeno populista en una Argentina que había desarrollado
rápidamente su economía en pocos decenios, pero en los años treinta se
intentó restaurar el antiguo régimen basado en el fraude electoral, por lo que
la política y los partidos se habían desprestigiado ante la ciudadanía.
En un contexto internacional de incertidumbre después de la segunda
guerra mundial, Perón supo ofrecer promesas de estabilidad, orden y promoción
social a vastos sectores que aspiraban a mejorar sus condiciones de vida, aun
cuando ello significara violentar la legitimidad del ejercicio y el sistema de
controles institucionales propios de un régimen constitucional. No sólo fue
RIIM Nº 53, Octubre 2010 | 101la distribución de beneficios, sino también el reconocimiento y valoración a
ciudadanos que se sentían utilizados y despreciados por la política previa al
surgimiento del peronismo lo que le dio a este movimiento un apoyo fiel e
incondicional. La porción mayoritaria del electorado depositó su confianza
en este líder carismático que podía ir y venir de un lado al otro del péndulo
político, en tanto preservaba el estado del bienestar que comenzó antes de su
presidencia y que él consolidó, agrandando aún más la intervención de la
esfera estatal en lo social y económico (Zorrilla, 1998: 226-236). El peronismo
habrá de continuar ganando apoyo de los sectores más diversos de la sociedad
argentina, a lo largo de decenios, ya que su dinámica populista le permite
congeniar variadas corrientes ideológicas. El liderazgo de Perón no impidió,
no obstante, que estas fuerzas antagónicas en el seno de su movimiento se
enfrentaran con las armas, tal como ocurrió en los años setenta.
A partir de 1955, en cada uno de los golpes de Estado se barrió con el
Congreso, las gobernaciones provinciales, las legislaturas y las autoridades
municipales –excepto en el de 1962. Los nuevos Poderes Ejecutivos, en con-
secuencia, no eran controlados ni equilibrados por otros poderes, así como
se centralizaba aún más en detrimento del federalismo y los municipios.
Asimismo, los golpes de Estado fomentaron la convicción de que sólo se
podía gobernar con “mano de hierro”, que se precisaban “hombres provi-
denciales” con capacidad de mando, corroyendo las costumbres de partici-
pación cívica y hábitos de libertad que, con aciertos y tropiezos, se habían
desarrollado desde los inicios de la vida constitucional.
En 1972, el gobierno de facto reformó el texto constitucional imponiendo
la elección directa del Presidente y Vicepresidente, tomando el modelo
francés del ballottage, eliminando los colegios electorales como método
de elección indirecta. Asimismo, sacó del olvido la propuesta de que cada
provincia tuviera tres senadores, una vieja iniciativa del diputado Joaquín
Castellanos y luego del ministro del Interior José Nicolás Matienzo, en 1923.
De este modo, se injertaba una estructura propia de un país unitario con la
elección directa del Presidente, y se manipulaba al Senado para otorgar
bancas a la oposición. Si bien esta reforma tuvo corta vigencia, volvió a la
discusión con la reforma de 1994, inspirada en el modelo de la V República
102 | RIIM Nº 53, Octubre 2010francesa y la “cohabitación” entre un Presidente y un Jefe de Gabinete que
podían, o no, ser del mismo signo político. La paradoja es que la V República
fue el tránsito de un régimen parlamentario a un semi presidencialismo
para otorgar más poder al general Charles de Gaulle en 1958, en una Francia
convulsionada por la pérdida de sus posesiones coloniales; el propósito
declamado de 1994 fue la reducción del poder del Presidente argentino.
Sin embargo, el resultado fue el acrecentamiento de su gravitación, sobre
todo desde la crisis del año 2001 en adelante, cuando el grueso de la
opinión pública vio con buenos ojos que la autoridad presidencial creciera
a costa del Congreso y del Poder Judicial (Botana, 2006: 73-78).
El retorno a la vigencia de la Constitución en 1983 supuso la vuelta a la
vida de las instituciones republicanas que habían agonizado en los decenios
anteriores. Se volvió al texto histórico de 1853 con sus reformas de 1860,
1866, 1898 y 1957, con lo que quedaron descartadas las reformas justicialistas
y la del gobierno de facto de 1972. ¿Era acaso un retorno a los tiempos anteriores
a los golpes de Estado? Hubo un aprendizaje de que las salidas autoritarias
no eran la solución, en un tiempo en el que la ola democratizadora había
comenzado en el sur de Europa, recorría Iberoamérica y seguiría en Europa
oriental. Las instituciones volvieron a existir, pero los ciudadanos no conocían
bien su funcionamiento y habían adquirido costumbres y modos de actuar
propios de las etapas autoritarias. Hubo un renacimiento de la sociedad civil
con las asociaciones voluntarias, las organizaciones no gubernamentales, el
sindicalismo y también con los partidos políticos, que democratizaron inter-
namente sus estructuras en los primeros años. Pero los dirigentes partidarios
fueron cayendo en la tentación de transformar a sus agrupaciones en movi-
mientos, políticamente heterogéneos y con un fuerte liderazgo que establece
los lineamientos, los candidatos y las alianzas. Y si bien en las provincias y
municipios se volvieron a elegir libremente a sus autoridades, ello no supuso
una genuina autonomía, ya que persiste la dependencia de recursos provistos
por el gobierno nacional (Botana, 2006: 200-201).
Con el retorno a la democracia se creyó –con una gran dosis de inge-
nuidad– que los problemas habrían de resolverse en las urnas. Se supuso
que con la respuesta de ¿quién gobierna?, automáticamente las instituciones
RIIM Nº 53, Octubre 2010 | 103habrían de funcionar eficazmente al servicio de los ciudadanos, olvidando
el cómo se gobierna. Como las instituciones volvían a ser representativas
de los deseos de los ciudadanos expresados en votos, se supuso que las
atribuciones de los funcionarios de gobierno no precisaban de límites,
equilibrios, controles mutuos ni supervisión de la sociedad civil. De allí
que el proceso de centralización continúa.
Edmund Burke, en sus Reflexiones sobre la Revolución Francesa, escribió
que la sociedad es un contrato entre los vivos, los que han muerto y los que
aún no han nacido. A lo largo de estos doscientos años de vida política argen-
tina ese contrato sufrió numerosas rupturas de lo que debía ser un largo
aprendizaje de cómo vivir de acuerdo a instituciones que garantizaran el
libre ejercicio de las libertades fundamentales. También se fracturó la
transmisión de una generación a otra de los hábitos propios de una sociedad
abierta y pluralista. Y es que la vigencia de las instituciones republicanas
se nutre de hombres y mujeres concientes y celosos en la custodia de sus
derechos fundamentales. El Bicentenario de la Revolución de Mayo nos
encuentra con la necesidad de reflexionar y de buscar respuestas a las pre-
guntas esenciales que deben hacerse, una y otra vez, para preservar los
cimientos de una sociedad libre.
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