Un espacio Anómico: La Comuna 13 de Medellín como conflicto normativo.
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Un espacio Anómico: La Comuna 13 de Medellín como conflicto normativo. Víctor Reyes Morris. Introducción. Desde hace algún tiempo he tenido un interés académico e investigativo al- rededor del concepto de Anomia, formulado inicialmente dentro de la Socio- logía por Emilio Durkheim y con un importante desarrollo teórico posterior no exento e altibajos. Me ha interesado también el estudio del conflicto normativo, entendiendo por tal las situaciones en donde grupos sociales, por diversas ra- zones, intereses o situaciones objetivas y/o estimaciones subjetivas entran o son ubicados (u obligados) en situación de oposición a la normatividad social y jurídicamente vigente, en una sociedad dada, en este caso en nuestra sociedad colombiana. Todos los conflictos normativos no son reductibles a una misma ca- tegoría en términos de intensidad y de capacidad de afectación al conjunto de la sociedad. El conflicto tiene diversos orígenes por los “cerramientos para acceder a mejores condiciones económicas, sociales o culturales” que impiden el acceso de grupos sociales a bienes y servicios de la sociedad, siendo situaciones no siempre deseadas o buscadas. 2045 En la perspectiva del desarrollo y aplicación del concepto de Anomia al estu- dio de situaciones específicas, he realizado una propuesta teórica que aporta los conceptos de «tiempo anómico» y espacio anómico». Esta intersección de las categorías tiempo y espacio con la situación de anomia permite delimitar crono- lógica y tópicamente las situaciones de anomia como hipótesis. La anomia es un concepto perteneciente a la tradición teórica de la sociología que significa la ausencia de normas, la tendencia transgresora de las reglas1, tanto a nivel colectivo, cuando una crisis severa de la estructura social rompe las normas existentes y unas nuevas normas aún no se consolidan, como también a nivel individual cuando las normas no se cumplen de modo permanente e implica de alguna manera una pérdida de objetivos sociales. El punto culminante de este concepto se alcanza en el marco de la escuela denominada estructural-funcionalista que constituyó por mucho tiempo, espe- cialmente en el mundo de las ciencias sociales norteamericanas, el paradigma dominante de la Sociología2. Sin embargo, diversos estudios alrededor de los años ochenta mostraron elementos muy importantes y sugestivos del concepto, 1 Citando a Durkheim, Besnard,(1987), considera que nuestro autor entiende al conjunto de reglas como simplemente “la forma definida que, a través del tiempo, adquieren las relaciones establecidas espontáneamente entre las funciones sociales” . La anomia sólo puede producirse si la contigüidad de los órganos es insuficiente o si, “aun siendo suficiente, es demasiado reciente”. 2 Utilizamos aquí el concepto de Paradigma dominante de Thomas S. Kuhn en su conocida obra: La estructura de las revoluciones científicas. FCE. México.
que lo hacen de nuevo fecundo más allá del supuesto agotamiento a que lo lle- varon las teorías del control social y la desviación. En general, el concepto de anomia, podría considerarse un concepto más de tipo sintomático, es decir, que expresa o manifiesta una situación, más que su- ministrar una explicación suficiente de la misma. Es decir que no responde tanto a por qué se produce esa violación de las normas, sino que su valor es más des- criptivo que explicativo y algo comprensivo. Sin embargo, no se debe entender que la anomia sea la simple violación de normas. Es más que eso. Es un estado permanente o relativamente duradero de incumplimiento de las normas; si uti- lizáramos el lenguaje médico, diríamos que la anomia es un estado crónico de violación o incumplimiento normativo, aun cuando también puede ser agudo cuando la sociedad pierde, quizás por la vía de la crisis de sus instituciones su estabilidad y da pie a la pérdida de cohesión (solidaridad) y referentes norma- tivos. 2. El concepto de espacio Anómico. El «espacio anómico» es una propuesta de desarrollo de la teoría de la ano- mia para denominar a un conjunto de situaciones en donde las normas sociales y jurídicas predominantes son rechazadas, cuestionadas, inaceptadas o inaplica- das de manera permanente y marginal en un territorio específico (ese territorio 2046 puede ser físico, institucional o simbólico). Este concepto solo será, por ahora, enunciado así: «Espacio anómico» se refiere a: un territorio (locus de relacio- nes) físico o simbólico en donde se admite el incumplimiento permanente de las normas y/o se rechaza el conjunto o parte de las normas de la sociedad de la cual se hace parte y que, de alguna manera, se tolera por parte del conjunto de la sociedad o constituye una válvula de escape relativamente admitida. 3. El ESPACIO ANÓMICO: ELEMENTOS PARA EL ANÁLISIS DEL CONFLICTO NOR- MATIVO EN LA COMUNA 13 DE MEDELLÍN3 Hemos empleado varias fuentes4 para analizar el proceso de lo que hemos considerado un característico espacio anómico: La Comuna 13 de Medellín. Así, un texto que permite tener en cuenta, en primer lugar, el devenir de la Comuna 13, y en segundo lugar, la perspectiva de la narración vivencial y socio- política, por medio de los relatos de sus habitantes, es el estudio titulado Di- 3 Para comprender las dinámicas del conflicto normativo en la Comuna 13 de Medellín, hemos recurrido a fuentes bibliográficas y entrevistas a investigadores, que recogen lo que ha sido la historia del proceso que ha vivido este espacio de la capital antioqueña. 4 Fuentes directas: Entrevista al Prof. Gonzalo Medina Pérez (U. de Antioquia), 26 de septiembre de 2008. Entrevista a Max Yuri Gil Ramírez, (Sociólogo, Personería de Medellín).29 de septiembre/08. Entrevista a Deicy Hurtado (investigadora U. de Antioquia).26 de Septiembre/08. Entrevista a Prof. Jaime Rafael Nieto (U. de Antioquia). 29 de septiembre/08. Entrevista al Prof. Pablo Emilio Angarita (U. de Antioquia). 29 septiembre/08.
námicas de guerra y construcción de paz (Angarita, Gallo y Jiménez: 2008).Un estudio interdisciplinario de investigadores de la Universidad de Antioquia y de otras instituciones de la región antioqueña. Un complemento de estas narrativas es el trabajo de Yoni Alexander Rendón Rendón5 titulado Comuna 13 de Medellín el drama del conflicto armado. Siguiendo el hilo conductor de estos trabajos, Ricardo Aricapa en su libro Comuna 13: crónica de una guerra urbana mues- tra la cotidianidad de los habitantes de la comuna a través de sus relatos y los informes de Amnistía Internacional que denuncian la violación de los derechos humanos por parte de los actores armados legales e ilegales. Lo importante e interesante de estos tres trabajos en el estudio de este conflicto6, es que se rea- liza a partir de la mirada subjetiva y la experiencia personal de las víctimas, más allá de los informes oficiales, y las investigaciones cuantitativas y “objetivas”. La escogencia del caso de la Comuna 13 de Medellín se da en razón de que constituye precisamente una situación emblemática (desafortuna- damente) de conflicto normativo en Colombia (locus anómico) y espe- cialmente transversaliza toda las fases de la “segunda ola de violencia en Colombia”. 2047 5 Patrullero de la Policía Comunitaria de Medellín. 6 En este caso signado o incorporado de algún modo a lo que se ha denominado el “conflicto armado colombiano”, por cuanto bási- camente sus protagonistas son actores armados, que agencian estrategias de actores externos sucursalizando tal macroconflicto, o llevándolo a “terreno”.
Dinámicas del Conflicto. Narrativas explicativas. Es aserto común entre los pobladores de la Comuna 13 de Medellín, afirmar que el Estado siempre ha estado “ausente”, desde los comienzos de la ocupación habitacional (invasión de terrenos) de este sector de Medellín. De hecho, los dos acontecimientos que tuvieron marcada importancia en la Comuna, por parte del Estado, fueron las operaciones militares Mariscal y Orión hacia el año 2002, las cuales sacaron a la luz múltiples situaciones graves que se venían dando en los últimos años, tales como el control militar de grupos ilegales, los secuestros, las extorsiones, los homicidios y las restricciones a las libertades individuales. Para entender mejor el conflicto en la Comuna 13, su historia y desarrollo pue- den dividirse en las siguientes cuatro fases, propuestas en el estudio Dinámicas de guerra y construcción de paz. Primera fase La primera fase del conflicto se puede establecer entre 19787 y 1986 con los procesos de invasión y la preeminencia de bandas. La invasión masiva de tierras es uno de los antecedentes de las confrontaciones violentas en este sector. Va- rias de las personas entrevistadas en el estudio coincidieron en que el conflicto se remonta hacia 1978, momento en el que se llevaron a cabo las invasiones y se presentó el fenómeno de la delincuencia, con una ausencia total por parte del 2048 Estado para intervenir en esta clase de problemas. Según los relatos, los conflictos vecinales se agravaron por la precaria orga- nización que dificultó la delimitación de los linderos, dejando así la sensación de que algunas personas habían ocupado más terreno que otras, y generando un malestar y resentimiento entre los vecinos. Otro factor que alimentó esta clase de conflictos fue la visión que tenían algunos de las personas provenientes del campo, llamados “montañeros”. Al proceder éstos de distintas partes del país, trajeron consigo formas de vivir, pensar y actuar diversas, lo que a veces produ- jo rivalidades relacionadas con las diferencias culturales. Aquí podemos observar la configuración de un espacio cultural marginal, por cuanto se hibridiza la cul- tura de proveniencia (básicamente rural) con la nueva cultura urbana, las cuales no se integran adecuadamente. Un aspecto adicional de la relación entre conflicto e invasión aparece en el juicio, según el cual, la manera en que se construyó el barrio original determinó que sus habitantes fueran considerados como los “responsables de la inseguri- dad” y como “carentes de cultura”, generando así resentimientos y fragmenta- ciones entre los habitantes de la misma Comuna. Además de los conflictos surgidos por la invasión, afloraron problemas rela- cionados con la delincuencia común. Los testimonios de los habitantes muestran 7 Hacia los finales de los años 60 y comienzos de los 70 del S. XX, se inicia un poblamiento de este sector “semi-rural” de la ciudad de Medellín, motivado por desplazamientos en las áreas rurales tanto de Antioquia como del Chocó y de la propia ciudad desplazados en busca de terrenos para invadir y construir su vivienda. Tales desplazamientos tienen origen tanto en situaciones de violencia como en factores socioeconómicos. En esto coinciden los autores consultados (ver nota fuentes).
las amenazas para la convivencia del sector debido a la presencia de ladrones y delincuentes, que atentaron contra ellos y, que por lo general, se representaron en bandas juveniles. Las bandas, entre ellas los “Parces” y los “Escorpiones” descritas en una de las crónicas de Aricapa (2005), tenían una especie de acuerdo tácito para la convi- vencia pacífica entre ellas bajo el nombre de la “ley de los corrales”8, según la cual “dos gallos no pueden estar en el mismo gallinero sin matarse”. Si alguien entraba en el territorio que no lo correspondía, estallaban los enfrentamientos y las balaceras. También se encontraban bandas como los Priscos9 que trabajaban a un nivel más alto, fuera de la Comuna 13, mediante acciones como el sicariato. De otro lado, hay relatos que argumentan la existencia del conflicto por la “irresponsabilidad” del Estado10. Algunos líderes se quejan de éste, porque en las ocasiones en que pidieron ayuda ante las autoridades debido a los atropellos realizados por las bandas, la respuesta fue negativa, con el argumento de que por ser invasores estaban fuera de la ley. Además, existió la opinión de que al haberse desarrollado, en un principio, enfrentamientos con la fuerza pública, ésta no tenía ninguna obligación de protegerlos. De tal manera, y ante la res- puesta negativa de las autoridades, la población decidió recurrir a las milicias como una alternativa de seguridad11. En la narrativa vivencial, caracterizada por los testimonios de aquellos que 2049 recuerdan el conflicto como una época llena de dificultades e impotencia ante los agresores, los hechos son registrados con indignación. En general, las dos narrativas convergen en que la violencia experimentada desesperó a la comuni- dad, al punto que, ante el desamparo del Estado, tuvieron que tomar opciones de autoprotección, en contra de quienes consideraban eran los causantes de la inseguridad en sus barrios. Esto llevó a que varios sectores de la comunidad aceptaran el ingreso de las milicias (inicialmente los CAP y el ELN) gracias al ofrecimiento que dieron de establecer la seguridad. Segunda fase La segunda fase se establece por la presencia y hegemonía miliciana12, entre 1986 y 1998. Partiendo de este hecho, las experiencias y narrativas de los ha- bitantes están divididas. En la parte vivencial, el relato se sujeta a situaciones y experiencias concretas, valoradas como positivas o negativas desde una pers- pectiva muy personal y con una escala de valores sociales o religiosos, sin tener 8 Esta es una clara expresión de una norma propia opuesta a las normas, tanto sociales, como jurídicas que definen de otra manera, desde luego, el ejercicio de autoridad y jurisdicción sobre un territorio. Simplemente, es la ley del “más fuerte”, el que manda en un territorio. 9 Una tristemente banda de sicarios (asesinos a sueldos) que cumplía tareas homicidas para las mafias del narcotráfico de Medellín, especialmente en los años 80 y90. 10 Aquí encaja la teoría del Estado anómico de Waldmann. 11 Esta es una de las partes más dramáticas y reveladoras del relato de los pobladores de la Comuna 13, simplemente abandonados por el Estado a su suerte. Aquí sería claramente un caso de Estado anómico, según la tesis de Peter Waldmann. 12 Se refiere el relato y las fuentes a las milicias de origen guerrillero. Las milicias son combatientes civiles al servicio de una organiza- ción armada que “combinan” actividades normales con acciones armadas y usualmente no visten uniforme.
en cuenta una reflexión política de las acciones de los milicianos o los factores estratégicos de poder. En la narrativa política, en cambio, se señalan las situa- ciones estructurales de orden socio-económico y político, relacionando la Comu- na 13 con el contexto general colombiano. El eje dinamizador del conflicto en la narrativa vivencial está determinado por la seguridad y el orden, problemas muy recurrentes señalados por los entrevis- tados al referirse al ingreso de las milicias. El accionar de éstas fue percibido como una labor de “limpieza” que tuvo como objetivo arreglar el barrio, pues la inseguridad era vista como un “desaseo de la comunidad”.13 De otro lado, en la narrativa socio-política, los relatos atribuyen la presencia miliciana, no únicamente a la violencia en los barrios, sino también a la inciden- cia de los conflictos vividos en la ciudad, resultado de las confrontaciones arma- das nacionales llevadas a cabo por el narcotráfico, las guerrillas y las fuerzas del Estado. “Testimonios diversos indican que en los conflictos de la Comuna 13 se presenta una lucha territorial, entendida como relaciones de poder bajo un con- trol espacial y poblacional” (Angarita, Gallo y Jiménez, 2008: 78-79). La historia de los conflictos en este sector estuvo marcada, entonces, por una sucesión de luchas por el dominio territorial. Así mismo, para esta última narrativa se encuentra, por un lado, un matiz que valora apropiado el papel protector de las milicias, y por otro, un cuestionamien- to por sus intereses estratégicos. Algunas personas entrevistadas señalan que 2050 la Comuna 13 es un corredor estratégico importante para los actores armados, dado que desde allí se puede acceder a sectores aledaños de la ciudad de Mede- llín y el departamento de Antioquia. Con esta visión de los testimonios encaja perfectamente la idea de que el res- paldo dado por los pobladores a los actores armados y su aparente legitimidad, se asoció, primero, a la disputa por el territorio con el Estado, y segundo, al hecho que durante largo tiempo se generaron normas o reglas de convivencia, bajo el control de las milicias, que posibilitaron la convivencia y la habitación del territorio creado y recreado por la comunidad. Sin embargo, los hechos comen- zaron a tener el carácter de conflicto para la comunidad cuando las acciones de las milicias se tornaron en atropellos y abusos. En esta fase los enfrentamientos se desarrollaron, primero, entre las milicias y las bandas; luego, se presentaron escaramuzas con la fuerza pública y entre las mismas organizaciones milicianas; ya en la tercera fase, descrita más adelante, las confrontaciones se dieron entre paramilitares y fuerza pública. Los testimonios de los habitantes señalan diversas acciones de las milicias para establecer su presencia en la Comuna 13, entre ellas, el poblamiento de los barrios, gracias al apoyo dado a familias necesitadas o desplazadas. Frente 13 Este lenguaje de “limpieza” es propio de quienes toman la justicia por su propia mano y utilizan la metáfora para justificar el ejercicio de la violencia.
a este apoyo, en la narrativa vivencial los habitantes expresan sentimientos de aprobación y admiración porque se vieron beneficiados por su incursión, por ejemplo, en la oferta de vivienda a familias carentes de ella. Al mismo tiempo, se expresa rechazo porque actualmente se evidencian las consecuencias negativas de haber aceptado los ofrecimientos de las milicias; valoran negativamente el desalojo del que fueron víctimas posteriormente por las presiones de los para- militares o por el horror de la guerra que los hizo desear huir de los barrios, pero que no consiguieron puesto que las milicias se lo impidieron aplicándoles otra estrategia de guerra: el emplazamiento. En la narrativa socio-política, los mismos fenómenos de desplazamiento o em- plazamiento intentan ser explicados como acciones enmarcadas en las estrate- gias de guerra realizadas por las milicias para asegurar el control del territorio y el dominio de la población. Esas fueron, según los entrevistados, las verdaderas intenciones detrás de las supuestas acciones humanitarias: El acoger desplaza- dos fue, en realidad, una estrategia para ganar respaldo en las acciones milita- res de las milicias. Tercera fase Para la tercera fase, que se ubica entre 1999 y 2002, se dieron las disputas por el control territorial y “la guerra total”. En esta fase son tres los aspectos 2051 que coincidieron para que el conflicto se intensificara: primero, el incremento de la incursión paramilitar; segundo, las acciones defensivas de las milicias; y tercero, la decisión del Ejército y la Policía de entrar a la zona para “quedarse”, lo que llevó a la realización de varios operativos militares para poner fin a la he- gemonía miliciana. En la narrativa socio-política, existe una relación directa entre la presencia de los grupos paramilitares y el narcotráfico. En el discurso narrativo es un hecho detonante, en el conflicto entre milicias y paramilitares, la agresión que aquéllas les hicieron a integrantes del Cartel de Cali, representados bajo la organización denominada “Los Pepes”, hacia comienzos de la década del noventa. Indepen- diente del valor otorgado a este supuesto detonante, los testimonios reiteran que la comuna fue una buena plaza para el tráfico ilícito de drogas y que un grupo de narcotraficantes había establecido allí su negocio ofreciendo trabajo a jóvenes sin oportunidades laborales ni económicas. Según esto, la presencia de la mafia (narcotráfico) ocasionó los enfrentamientos con las milicias, las cuales creían que nadie podía establecer un negocio ilícito en el sector. Otros motivos que llevaron a la presencia paramilitar, según los relatos, fue- ron la importancia económica y militar del sector, y su ubicación geoestratégica. En esta narrativa, las personas entrevistadas afirman que los objetivos de los paramilitares estaban asociados a su interés por establecer en la comuna un domino territorial, con el fin de extraer recursos por medio de la exigencia de
contribuciones de distinta clase. De otro lado, en la narrativa vivencial, construida a partir de las emociones e intereses inmediatos, se hallaron dos puntos de vista frente a los paramilitares: unas de rechazo y otras de aceptación. Algunos no hablan de ellos por el temor que les infunde la presencia del grupo ilegal, y otros señalan la necesidad de su presencia para contrarrestar el gran poder de las milicias. La llegada de las fuerzas paramilitares a la zona fue presentida por los líderes, dado la expansión que se había desatado en el resto del territorio nacional. Ante este hecho, los grupos milicianos se unieron, por diferentes puntos estratégicos de la comuna, y establecieron un enemigo común externo. Con esto, se produjo, por un momento, el cese al enfrentamiento entre milicias14 y el establecimiento de un frente común para combatir al enemigo que quería apropiarse de sus te- rritorios. Respecto a la presencia de la autoridad estatal, durante el régimen milicia- no, se evidenció solamente mediante incursiones esporádicas de la Policía en el sector. Esta situación cambió a partir del año 2000 con la actuación más contun- dente en contra de las milicias. Si los combates entre éstas y los paramilitares produjeron un ambiente de guerra, con una de las últimas operaciones de las fuerzas armadas del Estado, la Operación Orión, la situación fue calificada como la “guerra total”. Un aspecto común en las narrativas es la percepción de existencia de una 2052 alianza entre los paramilitares y el Estado, para restarle hegemonía y apoyo a los milicianos, que se complementó con la participación conjunta de aquellos en las Operaciones Mariscal y Orión. La primera se llevó a cabo el 21 de mayo del 2002, y la segunda durante el mes de octubre del mismo año. Los allanamientos que se realizaron durante estas incursiones en las moradas, hacen que la narrativa cuestione el comportamiento de la fuerza pública, sobre todo, por parte de quienes se vieron más afectados por las acciones realizadas en los operativos. Por el contrario, desde la narrativa vivencial, algunos relatos valoran y aceptan la Operación Orión de manera más positiva, al igual que la presencia del Gobierno central. La Operación Orión marcó un referente histórico para los habitantes de la Comuna 13 en torno a lo que fue la acción militar y los resultados producidos por ésta. En la narrativa vivencial un matiz destaca los aspectos positivos, con frases como “los veíamos como dioses”; otro matiz avala la operación pero la considera como inevitable, al decir que “la guerra era un mal necesario”. Un tercer matiz, sin dejar de valorar lo positivo e inevitable de la acción, acepta que produjo consecuencias negativas para la economía familiar y para el nivel psicológico de los sujetos. Quienes valoraron positivamente estas operaciones le atribuyen al presidente Álvaro Uribe Vélez el protagonismo de su ejecución. Es así que consideraban necesaria su reelección para garantizar el mantenimiento 14 Se habla de grupos de orientación FARC y del ELN.
de la seguridad y la tranquilidad que dicen haber estado viviendo durante los últimos años en la zona. De otra parte, la narrativa socio-política asume una postura más crítica. Los testimonios pretenden explicar cuáles fueron los verdaderos móviles de la ope- ración y las reales consecuencias que produjo. De esta manera, los relatos resal- tan los hechos negativos del comportamiento de la fuerza pública y le atribuyen la incursión de un nuevo actor ilegal: los paramilitares. Cuarta fase De esta manera, la cuarta fase se entabla después de la Operación Orión, esto es, entre el 2002 y el 2006 con un periodo de tranquilidad relativa. Todos los relatos coinciden en que se dio un cambio importante en materia de orden y convivencia. Sin embargo, las opiniones varían en cuanto a la profundidad de la misma, la seguridad del barrio y los problemas actuales. Un tema recurrente de las consecuencias de la Operación Orión en la Comuna 13, es el drama de las familias desplazadas por el conflicto armado, que al regre- sar, dado que sus residencias no fueron destruidas, se dieron cuenta de que sus casas habían sido ocupadas y se habían cometido abusos allí, como el no pago de los servicios públicos. Ante este hecho, las Empresas Públicas de Medellín no actuaron, y hasta el momento, les están cobrando las cuentas no pagadas a los 2053 propietarios. Tal situación generó en los habitantes una profunda indignación frente a las autoridades. En cuanto a la presencia de la fuerza pública en la Comuna, después de la Operación Orión, se mantienen opiniones divididas. Sin embargo, los relatos confluyen en reclamar su permanencia para garantizar ciertos niveles de segu- ridad, indispensables para tener una mínima tranquilidad. Desde la narrativa vi- vencial se expresa satisfacción con esta nueva situación dado el reconocimiento del conflicto por parte de las instituciones estatales. En cambio, desde la narra- tiva socio-política, se encuentran relatos que no sólo reclaman la presencia del Estado, sino que señalan que el accionar paramilitar en la Comuna resulta de la complacencia de la fuerza pública. Las dos narrativas coinciden en reconocer el interés por parte de la Adminis- tración Municipal dirigida por el Alcalde Sergio Fajardo Valderrama (2004-2007). No obstante, la narrativa socio-política anota que la intervención estatal no co- rresponde a una actuación integral que se encargue de la seguridad física de los habitantes o de sus distintas expectativas. Varios testimonios manifiestan que continúa el conflicto vivido por las familias desplazadas por la guerra y resaltan el entorno de miedo, desconfianza y terror que sienten los habitantes a causa de las múltiples violencias patrocinadas por grupos que se convirtieron en in- formantes de las autoridades y de los paramilitares a cambio de protección o dinero.
Como lo señala el investigador Gonzalo Medina Pérez15, el triunfo militar, más allá de ser una expresión de paz, fue en realidad la derrota del “otro”, es decir, una paz negativa. La deuda social con la comuna aún permanece por cuenta del Estado, pues no se trata de la ausencia total de conflicto, sino de la garantía de crear las condiciones mínimas de seguridad, convivencia y bienestar social que una comunidad necesita para seguir existiendo. La descripción vivencial de las fases que se han establecido como cronología del dominio de actores armados que periodiza por hegemonías, nos permite ha- cer un análisis de la constitución y desarrollo de este espacio anómico como tal. La conformación del espacio anómico arranca desde el surgimiento de los pri- meros barrios de invasión en el área periférica de la ciudad de Medellín, en este caso el suroriente de la ciudad. Estos barrios de invasión que en general tuvieron su mayor auge desde los años sesenta del S. XX, como refugio o desplazamien- to de áreas rurales hacia las grandes ciudades de la época (Bogotá, Medellín y Cali) se originan en la invasión y loteo de terrenos o en la urbanización ilegal de terrenos periféricos semirurales de las grandes urbes. Son llamadas también urbanizaciones piratas por cuanto no corresponden a desarrollos con licencias urbanísticas otorgadas por las autoridades locales. La consolidación de estos barrios marginales se va dando en función de varios hechos: la resistencia a los intentos de desalojo (no siempre con éxito y en muchos casos con muertos 2054 como saldos del enfrentamiento de los pobladores con la acción policial),el cam- bio de materiales en la vivienda (paso a materiales durables), legalización de la propiedad (escrituras notariales y registro) la construcción de vías de acceso e internas, la lucha por la legalización y por ende el otorgamiento del acceso a ser- vicios públicos. Este ha sido usualmente el paso de la ilegalidad de los barrios a la legalidad (reconocimiento legal de las viviendas y del entorno urbanístico y en general del ¨derecho a la ciudad¨). En el caso de la Comuna 13 que se inicia con la invasión de lo que se llamaría el barrio El Salado, si bien tuvo fases similares a 16las descritas respecto a la lucha por la legalización de las viviendas no rompe su condición de espacio anómico y mantiene híbridamente procesos de legaliza- ción con el mantenimiento de la condición de “aéreas prohibidas¨, “zonas grises” o espacios anómicos por el anidamiento de distintos actores armados que im- pusieron “contra-órdenes normativos”, a lo largo de estos 30 o más años de su existencia. Lo que ocurrió con la mayoría o casi totalidad de esas urbanizaciones piratas o invasiones, que se fueron consolidando y obteniendo su legalización hasta integrarse plenamente a la ciudad (en el sentido de garantía de derechos urbanos) en el caso de la misma Medellín o de otras ciudades colombianas, no se da de la misma manera en la Comuna 13 y en otras comunas de Medellín. La di- ferencia estriba en la conversión de este espacio en permanente estado 15 Entrevista realizada el 26 de septiembre de 2008. 16 La Comuna es una división territorial y jurisdiccional que otorgó la Constitución del 91 a los Municipios, especialmente a los que conforman grandes ciudades.
de anomia, como terreno u escenario de los enfrentamientos de grupos armados, como lo hemos señalado, y el establecimiento de dominios te- rritoriales insurgentes y cuartel de delincuencia organizada. Orden, Seguridad y Legitimidad. Ahora bien, siguiendo el análisis de narrativas, el estudio Dinámicas de guerra y construcción de paz retoma tres categorías surgidas de éstas en una estrecha relación dialéctica: orden, seguridad y legitimidad, totalmente básicas para la comprensión del conflicto. En estas categorías se tiene en cuenta la implicación de la subjetividad y los factores políticos y sociales que contribuyeron al inicio y expansión del conflicto armado en la Comuna 13. En el discurso de los entrevistados el orden “permite establecer unas condi- ciones favorables a la convivencia (…) él les representa seguridad, tranquilidad y suspensión de los factores de zozobra” (Angarita, Gallo y Jiménez, 2008:107). Quienes garantizan ese orden, pero abusan de su poder, se convierten en ele- mentos fundamentales de inseguridad. En este sentido, analistas de la realidad colombiana y de Medellín definen los conflictos como fenómenos propios de soberanías en “vilo” o en “disputa” en tanto que, por la presencia de “órdenes alternos”, el Estado se ve limitado para el cumplimiento de sus fines. 2055 La categoría seguridad se refiere, desde un ámbito social, a “un estado de tranquilidad y calma, garantizado por una fuerza objetiva (…) dispuesta para la protección del/de la ciudadano/a, y un orden que protege del riesgo en sus dis- tintos niveles” (Angarita, Gallo y Jiménez, 108). Desde un ámbito subjetivo, se relaciona con un sentimiento de tranquilidad y paz consigo mismo y con el otro. En cuanto a la legitimidad, este concepto ha sido víctima de usos y abusos en el lenguaje callejero y político. Sin embargo, es útil a la hora de comprender los grados de aceptación y apoyo por parte de los pobladores hacia quienes han desempeñado el papel de la autoridad. Desde una perspectiva de filosofía política, la legitimidad es construida por la aceptación libre y voluntaria de un orden por parte de los ciudadanos en una sociedad democrática. Desde una perspectiva sociológica, la legitimidad tiene un carácter más descriptivo que la identifica con los mecanismos reales y efectivos que dan estabilidad al orden y al poder político. La permanente fluctuación entre orden, seguridad, legitimidad/desorden, in- seguridad y deslegitimidad ha sido la constante durante el conflicto experimen- tado en la Comuna 13. Los actores que ganan en un momento dado legitimidad, la pierden con el tiempo por sus prácticas excesivas, mientras que otros apro- vechan esta situación para ganarse la simpatía de la comunidad mediante diver- sos medios, alcanzando así, la legitimidad. Al mismo tiempo, como plantea el sociólogo Max Yuri Gil Ramírez17, se puede hablar de un orden pragmático en el 17 Entrevista realizada el 26 de septiembre de 2008.
que, si el mundo ilegal no genera problemas hacia el exterior de la comuna que interfieran con el resto de la vida de la ciudad, la institucionalidad y legalidad no interfiere en la dinámica conflictiva. Es aquí donde aplicamos precisamente el concepto de Espacio Anómico, como una zona de autorregulación conflictiva que recurre a su propia legitimidad (aun ofrecida por agentes externos) y como lo definíamos: un territorio simbólico o físico (locus), en este caso físico, en don- de se admite el incumplimiento permanente de las normas y/o se rechaza el conjunto o parte de las normas de la sociedad de la cual se hace parte y que, de alguna manera, se tolera por parte del conjunto de la sociedad o constituye una válvula de escape relativamente admitida. El origen de un des(orden) y su legitimidad18 Ahora bien, para comprender el origen del des(orden)19 y su legitimidad, hay que considerar tres marcas fundacionales en los barrios epicentro del conflicto en la Comuna 13: la invasión de los terrenos y la construcción de las viviendas; el desorden producido por las bandas delincuenciales y la construcción de lazos de vecindad. La primera constituye una historia de conflictos intra e interbarria- les y con el Estado. La segunda marca muestra una historia de sometimiento a la voluntad de quienes se apropian por medio de la violencia de los pocos medios que posee la población para sobrevivir. La tercera se relaciona con el apuntala- 2056 miento de una identidad, y de expresiones fundadas en la solidaridad y la fami- liaridad (capital social). Las dos primeras marcas generan nuevos conflictos y la tercera, mediante los valores que implica, suscribe una tradición simbólica de interacción y confianza, y permite la construcción de liderazgos históricos útiles para oponerse a la estigmatización. La formación de los barrios a partir de las invasiones incidió para que el Estado no regulara los conflictos ni implementara estrategias de inclusión. Esta situa- ción ayudó a fortalecer la mentalidad de aislamiento y desconfianza por parte de las comunidades frente a la autoridad legal. El abandono del Estado, según la percepción de los entrevistados, es el hecho que más contribuye a la deslegi- timación. En el tiempo de las invasiones el ambiente era de desconfianza, intranquilidad e incomodidad en tres niveles: contra el vecino porque podía aprovecharse, con- tra el Estado porque podía desalojarlos y contra las bandas delincuenciales por- que despojaban a los habitantes de sus bienes y atentaban contra su integridad. Es por estas razones que en la Comuna 13 ha estado presente una disposición a recibir apoyo de algún agente que se muestre con ciertas insignias de poder y solidaridad. Ahora bien, después de superadas las dificultades producidas por la invasión, 18 Hemos conservado la denominación de los investigadores, pero ese orden o des-orden es claramente un tipo de anomia. La Anomia nunca es absoluta. Siempre habrá algún tipo de normas aun en situaciones extremas de rebeldía o anarquía. 19 Lo que podríamos llamar a la manera de Waldmann, el Orden Anómico.
surgieron otros problemas. Entre ellos, el des(orden) generado por las bandas y relacionado con la droga. Distintos testimonios dan cuenta de las acciones violentas cometidas contra los habitantes por parte de algunos individuos o de pequeños grupos. Uno de los intentos por arreglar esta situación fue de tipo comunitario. Bajo el principio de “legítima defensa” se organizaron “brigadas de vecinos” que asumie- ron la vigilancia de los barrios e impusieron “sanciones” para quienes estuvieran inmersos en acciones delictivas. Estas sanciones consistieron en castigos físicos como los golpes, la expulsión del barrio y hasta la pena de muerte. Según un testimonio, esta experiencia terminó en un homicidio y generó, en la mente de quienes se encargaban de la seguridad, una percepción de exceso en la acción. Esta experiencia conflictiva manifestó que cuando se legitima la autodefensa, en realidad se autoriza un impulso hacia el exceso. Situaciones como la anterior dan cuenta del riesgo que se presenta cuando un sujeto, bajo el principio de “legítima defensa” se siente autorizado de hacer justicia fuera de la ley. La acep- tación de la seguridad ofrecida por los milicianos es otra razón, ya no subjetiva, sino social, que contribuyó a la justicia por mano propia. De esta manera, la res- ponsabilidad pasó a ser de otros y el exceso volvió a la escena pero, esta vez, se sumaron razones políticas a las sociales, y además, se manifestó el interés por un control territorial en lugar del establecimiento de un límite ético. 2057 Las milicias Las milicias, que tratamos aquí, son grupos armados urbanos ligados a orga- nizaciones guerrilleras que generalmente no forman parte regular de la fuerza guerrillera (usualmente rural), actúan clandestinamente y realizan tareas de soporte o control. Las milicias que se vinculan a la Comuna 13 se originan en los llamados CAP (Comandos Armados del Pueblo), aunque hubo intentos anteriores de conformar milicias por parte del M-19. Posteriormente se vinculan grupos ligados al ELN y a las FARC. Las milicias vinieron a sustituir una lógica defensiva característica de las brigadas de vecinos, así se pasó a un modo ofensivo, mediante la constitu- ción de tres elementos claves: control territorial, poder armado y orden interno impuesto. Esta trilogía definió la seguridad de la Comuna en aquella época. La autoridad conferida a los líderes comunitarios se fue reduciendo o trasladando a las milicias, por la imposibilidad de los primeros en garantizar la seguridad y por la mayor eficacia mostrada por el grupo armado. La época en que las milicias tuvieron el control militar y político del territorio fue denominada por los pobladores como “orden miliciano” o “´régimen milicia- no”, y también se usó la expresión “hegemonía”, expresión no muy distante del sentido que se halla en la literatura política. El “orden miliciano” tuvo como una de sus manifestaciones el establecimien-
to de normas, puesto que “la ley eran ellos”, como clara expresión del conflicto normativo con la sociedad y el Estado. Al principio esta “ley” tuvo el objetivo de poner límites a los delincuentes; pero luego, en el proceso de penetración y control de los barrios, también se aplicó “justicia” y se establecieron relaciones de dominación y sometimiento con los habitantes, mediante una lógica de true- que: “Si ellos vinieron a darnos lo que necesitábamos, debemos retribuirles con obediencia”. Una de las maneras de sustentar el orden por parte de las milicias fue la apli- cación de un sistema de tributación, de la misma forma que un Estado colec- ta impuestos. Se exigieron contribuciones “voluntarias” a los habitantes, sobre todo a los tenderos, conductores y amas de casa. El nombre general que reciben estos aportes es el de “vacunas”. La vacuna es entendida como un pago en di- nero o especie que está rodeado por una amenaza explícita e implícita. Es una obligación que, dependiendo de la circunstancia, se acepta con resignación o beneplácito. Este mecanismo fue bien visto por los pobladores en un principio, pero con el correr de los años se tornó en un exceso que eliminó el apoyo a este grupo armado. De otra parte, entre el grupo armado y la comunidad se estableció una re- lación de doble vía: el primero prestaba un servicio seguridad, y a cambio de ello, imponía, a la segunda, un reglamento, resultando así una serie básica de- 2058 nominada seguridad-obediencia. A diferencia del principio rector de las brigadas comunitarias, a saber, la protección de la maldad del transgresor de la ley me- diante el castigo pero no el exterminio, el código miliciano admitía el exterminio y tenía como principio categórico la frase “hay que limpiar”. De esta manera, la inseguridad adquirió una definición sanitaria, en el “anti lenguaje” del nuevo orden local.20 Si la seguridad es el valor que mayor peso tiene en los relatos y se le relaciona con una ganancia de tranquilidad en los espacios públicos y privados, la muerte de una persona catalogada como “desechable” o como vehículo de inseguridad, fue percibida como una manera válida y eficaz de solucionar el problema del miedo. La aceptación de las milicias por parte de la comuna se dio en un momento en que se traspasó el límite de tolerancia frente a las bandas delincuenciales. Al ser éstas combatidas por los milicianos, la inscripción que recibieron fue la de “sicarios buenos”, expresión que une dos significantes contrarios en el discurso ético común: bondad y violencia. Fueron nombrados como “buenos” porque sus actos beneficiaron a la mayoría y perjudicaron sólo a unos pocos. 20 “Si el ingreso al lenguaje nos permite conocer el sujeto que habita en él, al inspeccionar un “anti-lenguaje” podemos suponer la presencia de un sujeto disímil al común, un sujeto que de alguna manera ha llegado a existir y ser en el “anti-lenguaje”, lo que nos arroja pistas para reconocer que en la producción de un “anti-lenguaje” se oculta una dimensión social necesaria de esclarecer. Juan Pablo Arancibia. Lenguaje y sujeto carcelario. Biblioteca virtual CLACSO. www.clacso.org.ar
La “consideración bondadosa” sobre el sicario, que remplazó a la banda, se dio porque sus actos violentos se dirigieron contra el enemigo no grato, contra el extraño y contra todo aquél que generara formas de gozar contrarias a lo que se toleraba. “El “bondadoso sicario” no mata a cualquiera, sino a quienes son se- leccionados previamente; y como la víctima ha sido reconocida con anterioridad como algo que “no sirve”, no son muchos los que se extrañarán por su desapari- ción” (Angarita, Gallo y Jiménez, 2008:124). Las muertes en nombre del “orden” y el “ideal colectivo” de “seguridad”, “paz” y “tranquilidad” fueron aceptadas por algunos sectores de la comunidad por lo que la crueldad del acto no contradijo la bondad ejecutante. Con el tiempo se presentó un sentimiento de reserva frente a las milicias, re- serva que se mantuvo en silencio hasta el aparecimiento del paramilitarismo y la fuerza pública. Según esto, “Una regla que parece primera a nivel comunitario es que a mayor percepción de exceso del grupo saliente, más caudal de acepta- ción tiene el entrante” (Angarita, Gallo y Jiménez, 2008: 124). La legitimación del uso de la fuerza por parte de los milicianos tuvo pocos detractores, pues la comunidad toleró procedimientos autoritarios con base en tres aspectos: a) un principio de utilidad inmediato; b) el abandono por parte del Estado en lo que respecta a responsabilidad social (en la percepción de los relatores) y c) un sentimiento de miedo. Los milicianos quedaron autorizados simbólicamente para destruir todo aquello que afectara a la comunidad en tanto 2059 se erigieron como guardianes de ésta. La milicia, a pesar de tener una estructura tan intimidante como la banda, prometió un servició que no fue asociado con lo delincuencial, gracias a la promesa de recuperación de la seguridad, el orden y la tranquilidad mediante la impartición de justicia por fuera del Estado de derecho. Ahora bien, la aceptación de las milicias fue cambiando en la medida en que fueron aumentando las prácticas abusivas. Los excesos en el ejercicio de la autoridad y las exigencias de obediencia fueron creando el mismo miedo en la comunidad que alguna vez habían sentido. De la satisfacción por la calma recu- perada se pasó de nuevo a la zozobra, dado los excesos de violencia y las limi- taciones en los derechos de los habitantes. Los testimonios dan cuenta de la pérdida progresiva de la legitimidad por par- te de las milicias gracias a los excesos en sus prácticas y el abuso de su poder. Claro está que su deslegitimación no se debió sólo a un “desgaste natural”, sino también a la llegada de otros competidores, como los paramilitares y la fuerza pública, aumentando así, por “contragolpe”, las prácticas abusivas y las vacunas hacia la población. Según los entrevistados, personas inocentes fueron asesina- das cada vez más por cualquier motivo de sospecha. Una relación vertical de dominación comenzó así a establecerse, pues, el su- bordinado tenía que obedecer sin derecho a disentir si no quería pasar de prote- gido a enemigo. La condición de protegido es equivalente a quedar amenazado permanentemente, porque cualquier desliz puede resultar caro. En este sentido,
también se pasó de la condición de solidaridad a la de reserva para evitar algún peligro. En resumen la percepción de arbitrariedad que tenía la comunidad en aquél entonces con respecto a las milicias fue deslegitimando el orden implantado y las hizo descender de su lugar de salvadoras. Los paramilitares El término Paramilitarismo, como es conocido en Colombia, se refiere particu- larmente a la conformación de bandas armadas que actúan en las áreas rurales especialmente, al margen de la ley, que se organizaron hacia los años 1980 (al- gunos señalan los años 70), usualmente con una ideología de extrema derecha y muchas de ellas ligadas al narcotráfico, con el fin de combatir a los grupos armados guerrilleros (FARC, ELN, EPL y otros de extrema izquierda). El origen de éstos en la ciudad de Medellín se da en la conformación de los Grupos de Autodefensa Urbana (GRAU) vinculadas o en relación al surgimiento de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUCC) especialmente en el Departamento de Córdoba y en el Urabá antioqueño. Hacia 1991 comienzan a consolidarse en la parte urbana y a conformarse en lo que posteriormente se conocerían como bloques armados. La lógica que siguieron los paramilitares cuando llegaron a la zona fue la mis- 2060 ma lógica militar de las milicias, pero a diferencia de éstas, su estrategia no fue la legitimación mediante el ofrecimiento de seguridad, sino la simple implan- tación del uso de la fuerza. Más allá del proselitismo político de las milicias, el interés paramilitar fue el de la protección de sus intereses económicos y el man- tenimiento del control poblacional, como factor importante para su mercado de armas y drogas, y sus estrategias municipales y nacionales de poder. Entre los mecanismos para el ejercicio del control territorial, utilizados por los paramilitares, se encontraba el control de la movilidad poblacional. Es así que desde finales de la década de los setenta hasta el 2006, los habitantes experi- mentaron un proceso cíclico de migración, relacionado con la violencia armada, bajo cuatro formas distintas: poblamiento, desplazamiento, emplazamiento y repoblamiento. El desplazamiento y el repoblamiento son mecanismos de con- trol territorial y de lucha contra las milicias. El desplazamiento es una forma de alejar a las personas consideradas como peligrosas y de disuadir posibles mili- tancias con otros grupos. Los paramilitares dieron de nuevo paso a la inseguridad, esta vez no median- te un orden excesivo, sino por medio de la imposición de un monopolio territo- rial, bajo acciones como asesinatos, desapariciones, desplazamientos forzados y amenazas a quienes se consideraban simpatizantes o colaboradoras de las mili- cias. Los grafitis amenazantes y las advertencias daban cuenta del nuevo orden que regiría, desde ese entonces, a los habitantes.
Este grupo armado tenía también como objetivo acabar con las milicias y con su base de apoyo, para lo cual no había límites. Su dirección no se determinó por una ley simbólica que representase a la comunidad y regulara los vínculos, sino por el despotismo que aniquilaba todo aquello que se interpusiese en el camino. Con respecto a la legitimidad e ilegitimidad de los paramilitares, se manejan dos versiones. Por un lado, está la de quienes los ven positivamente, gracias al rechazo del comportamiento despótico de los milicianos. Por otro, está la versión opuesta a la legitimación de los paramilitares, por parte de quienes no están de acuerdo con sus prácticas autoritarias. Si tiempo atrás, la “basura” fueron los delincuentes que la milicia se encargaba de eliminar, con la llegada de los para- militares lo “infeccioso” pasaron a ser los milicianos y todo lo asociado a ellos. Así, mecanismos como el desplazamiento y el repoblamiento de los habitantes se relacionaron con las pretensiones soberanas de los actores armados de tur- no: la configuración y mantenimiento del orden, el sistema de “administración de justicia” instaurado, los tributos y el control territorial. La transformación de estas lógicas dependió de los actores protagonistas y del momento de desarrollo del conflicto. Operación Orión Ante la derrota de las milicias se dio un “cambio de régimen”, pues pasaron 2061 a establecer su orden los paramilitares y el Ejército. La presencia del Estado se dio paralela (fuerza pública) con la de los actores paramilitares ilegales. “Es un híbrido de legalidad e ilegalidad, una relación simultánea de conflicto y alianza, a veces con tolerancia de la fuerza pública y sectores de la comunidad” (Angarita, Gallo y Jiménez, 2008: 135). La legitimidad de la presencia de la fuerza pública se basa en la demanda de su permanencia para evitar que el conflicto adquiera las dimensiones que alguna vez tuvo. De la misma forma, la legitimidad del Estado se instaura por la seguri- dad que éste le da al grupo familiar mediante la disponibilidad de transporte, la recuperación de la movilidad en los espacios públicos, etc. Teniendo en cuenta que este discurso de legitimación es el mismo que se produjo cuando entraron las milicias, se puede decir que la legitimación se basa en una fuerte idea prag- mática de la seguridad. La clave de la legitimidad consiste en que el Estado no baje la guardia y per- manezca presente en la comunidad. La deuda con ésta se paga garantizando que no vuelva a vivir lo que vivió. La inscripción del Estado como un orden legal que pretende ser respetado tiene su base en el cumplimiento de su promesa de seguridad. Y no sólo se espera la garantía de seguridad, sino también, que su presencia incida en remover las profundas causas históricas que han generado injusticia y violencia. Los testimonios valoran, en la fase Post-Orión, que ya no
se presenta la ostentación de armas por parte de los paramilitares y la mayor discreción que tienen debido a la alianza con la fuerza pública. Otros mecanismos de la inseguridad La inseguridad adquirió modos distintos de expresarse en las hegemonías de los distintos actores armados, pero el resultado siempre fue el mismo: poner en juego la vida y bienes de las personas. Lo característico es que, en la fase de presencia miliciana y paramilitar, la inseguridad y la agudización del conflicto fueron de la mano. La realidad conflictiva que se desarrolló en la zona, debido a la presencia si- multánea de dos grupos armados, propició el estigma de la comunidad y ayudó a la profundización del control social miliciano mediante asesinatos, amenazas, vacunas, desplazamientos, emplazamientos, etc. Todas las acciones violentas de las milicias fueron percibidas por la comunidad como su instrumentalización al servicio de intereses y necesidades de la guerra, y la imagen de aquellas como garantes de la seguridad y el orden, se desvirtuó. Es interesante destacar varias formas de control social y “actos de barbarie” que se desenvolvieron en la zona por la acción de los actores armados y con los que la libertad de muchas personas fue vulnerada. Yoni Rendón (2007) destaca esto muy bien en su estudio: secuestro extorsivo, secuestro exprés, secuestro 2062 simple. Entre los actos de barbarie o métodos de terrorismo menciona, los “ca- rros bomba”, es decir, vehículos cargados con explosivos; los “cadáveres bomba” de personas asesinadas, puestas boca abajo con una granada de fragmentación lista para que explotara al momento en que un funcionario fuera a efectuar el levantamiento; y los “petardos” que son artefactos explosivos de fabricación manual. El secuestro extorsivo fue una de las formas de financiamiento que utilizaron mayormente los grupos armados como las FARC, el ELN y los CAP. Dentro de la comuna, las víctimas fueron presa fácil, pues allí tenían estos actores armados dominio pleno y podían pedir la ayuda de refuerzos en caso de que llegara la Policía. Los secuestros los hacían a cualquier hora del día de forma rápida, por medio de retenes ilegales y apuntando armas hacia los vehículos. Los plagios eran realizados con carros robados días antes y al secuestrado era llevado a ca- sas abandonadas de la comuna o sótanos de familias anteriormente expulsadas de la zona. El secuestro “exprés”, por su parte, fue una modalidad de secuestro ideada por las milicias para obtener dinero de forma rápida para financiar la participa- ción en el conflicto armado de la zona. Se detenían los carros con varias perso- nas adentro y se les pedía una determinada cantidad de dinero: sumas entre los quinientos mil y los diez millones de pesos; mientras los retenían dejaban que
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