Zapatero anuncia la extinción de las clases pasivas y da un paso más para eliminar Muface

Zapatero anuncia la extinción de las
clases pasivas y da un paso más para
eliminar Muface
http://www.expansion.com/2010/12/01/funcion-publica/1291193737.html

06.12.2010 Marga Castillo Grijota 38

EL presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha adelantado este
martes en el Congreso de los Diputados que los nuevos funcionarios se integrarán
en el Régimen General de la Seguridad Social con el fin de simplificar el sistema de
clases pasivas, que quedará a extinguir": el aldabonazo definitivo a la subvención de
las pensiones públicas y, a medio plazo, el mutualismo administrativo.

En este régimen están encuadrados los funcionarios de carrera de la Administración Civil y
Militar del Estado, Justicia, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Cortes Generales, además
de cargos públicos como expresidentes del Gobierno, vicepresidentes y ministros,
mediante la que se cubre la protección frente a los riesgos de la vejez, incapacidad y
muerte y supervivencia con pensiones de jubilación o retiro, viudedad, orfandad y
familiares. Asegura, por ejemplo, que un funcionario pueda cobrar la totalidad de su
pensión jubilándose anticipadamente a los 60 años si ha acumulado 35 años de servicio,
algo que no contempla el Régimen de Pensiones de la Seguridad Social.

La "simplificación" anunciada hoy por el Presidente del Gobierno de la Ley de Clases
Pasivas del Estado supone una reducción significativa de determinadas prestaciones a
cargo del Estado que perciben los funcionarios que fallecen o han tenido que dejar el
servicio activo y acogerse a la jubilación por enfermedad o incapacidad definitiva para
desarrollar su actividad laboral.

La medida, defendida tiempo atrás por la vicepresidenta Elena Salgado, sigue la línea de
recortes a los que estaban sometidas estas pensiones de clases pasivas. Este año, la
Administración ha rebajado su aportación a los fondos de pensiones. Durante los últimos
seis años los Presupuestos Generales del Estado destinaban una partida a la
Administración equivalente al 0,5% de la masa salarial de su plantilla para complementar
las pensiones públicas, pero los Presupuestos Generales del Estado de 2011 rebajan dos
décimas esta aportación y conlleva un recorte del 20% a las pensiones de clases pasivas.
Esta reducción estaba ya contemplada como parte del "recortazo" de los sueldos de las
plantillas públicas, con lo que no supondrá una nueva merma en su nómina.

Pero el anuncio hecho hoy por Zapatero no supone sólo que los nuevos funcionarios no
tendrán siquiera esta opción de complementar su pensión, sino que se da un paso más
para hacer desaparecer de facto su seguro sanitario privado. Los mecanismos de
cobertura de la legislación de Clases Pasivas del Estado son el Régimen de Clases
Pasivas del Estado y el Régimen de Mutualismo Administrativo, con lo que a corto plazo la
eliminación de las clases pasivas puede terminar siendo el aldabonazo definitivo al el

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cuestionado Modelo Muface, Isfas y Mugecu mediante el que los funcionarios pueden
elegir entre la cobertura sanitaria pública y la privada.

Sin combustible
La financiación de este régimen sanitario está cubierta en un 92,87% con las nóminas de
los sueldos públicos de los mutualistas y el resto lo paga el Estado. Si los funcionarios de
nuevo cuño se integran automáticamente en la Seguridad Social, dejarán de pagar esta
cuota. A ello se suma que las compañías que en la actualidad mantienen el concierto con
la Administración para prestar cobertura -Adeslas, Asisa, DKV Seguros Reunidos e
Igualatorio Médico-Quirúrgico- verán mermar la entrada de asegurados más ventajosos
desde el punto de vista de facturación, y sin embargo, tendrán que dar cobertura a la
plantilla funcionarial actual, es decir, "clientes" mucho más envejecidos y por tanto
económicamente más costosos.

Es más, las aseguradoras no pueden compensar esta pérdida con la subida de cuotas a
los funcionarios actuales que continuarán en el servicio, ya que el Gobierno no es
partidario de aumentar las primas, y más en un contexto de crisis como el actual. "Las
aseguradoras no tardarán en irse", afirman los funcionarios del Estado, y todos
quedaremos cubiertos por la Seguridad Social. "Con la desaparición de las clases pasivas,
el Gobierno ha encontrado la forma de deshacerse de Muface por la vía de la extinción
paulatina, el ahogo: si se le quita el combustible, la máquina se detiene".

Los funcionarios temen quedarse sin el
privilegio de tener seguro privado
http://www.expansion.com/2010/10/2
6/funcion-publica/1288084266.html

Muface, la mutualidad que presta asistencia sanitaria privada a los funcionarios
civiles del Estado, podría estar en vías de extinción si se mantiene el modelo actual,
sometido a incertidumbres económicas y de gestión y elevadas cifras de fraude.
Apenas ha cambiado en 35 años y últimamente han renacido las preocupaciones por
los vaivenes a causa de la salida de varias aseguradoras del concierto y la
progresiva merma de fondos de la Administración para financiarlo.

Todos lo cuestionan: ni salen las cuentas ni convence a muchas compañías, algunas de
las cuales ya decidieron no renovar el convenio de colaboración con la Administración.
Hay compañías que defienden este modelo asistencial de gestión público-privada porque
genera ahorro al sistema, pero otros expertos cifran entre 60 y 70 millones de euros el
sobrecoste anual que genera a las arcas públicas, entre otros aspectos, por las elevadas
cifras de fraude, que ronda el 40%, y el retorno de pacientes de cobertura privada a la

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Seguridad Social. Pese a las crecientes voces críticas, el servicio se seguirá prestando, al
menos de momento, asegura el Gobierno. Lo que no se sabe con certeza es hasta
cuándo.

El Modelo Muface es un sistema de prestación pública ejecutado por proveedores
privados, con la libertad de elección de entidad y facultativo por parte de los beneficiarios.
Cada año los mutualistas pueden cambiar de compañía, entre las que suscriben el
concierto, que se renueva cada tres años, o bien decidir su cobertura a través del
proveedor del sistema público.

Así, alrededor de 1,2 millones de funcionarios civiles del Estado y sus familiares pueden
elegir entre la red sanitaria pública y la privada. El 85% de ellos eligen Muface de cabeza,
dado que además de estar asistidos por la red privada, tienen otros beneficios como la
cobertura en endodoncia y óptica o audífonos, que no cubre la Seguridad Social, además
de prestaciones de pensiones en los supuestos de jubilación, viudedad, orfandad,
invalidez, enfermedad o pérdida temporal de trabajo, entre otros.

Hay compañías que defienden este modelo asistencial porque genera ahorro al sistema,
pero expertos cifran entre 60 y 70 millones el sobrecoste anual que genera para las arcas
públicas.

Pese a todo, el colectivo de funcionarios, en general, se muestra satisfecho con el servicio,
aunque también está inmerso en un mar de dudas respecto a su continuidad en un futuro
próximo (algunos no le otorgan vida más allá de dos años). De hecho, los continuos
cambios de mutualidad han llevado a miles de empleados públicos a decidirse por el
cambio al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

El envejecimiento de los funcionarios, problema acuciante
La creación de este régimen de protección se recoge en la Ley 29/1975, de 27 de junio y la
Ley que la regula, y contenida actualmente en el Real Decreto 4/2000 de 23 de junio,
complementada por la legislación de Clases Pasivas del Estado y sus mecanismos de
cobertura son el Régimen de Clases Pasivas del Estado y el Régimen de Mutualismo
Administrativo.

Muface proporciona asistencia sanitaria a cargo de las arcas del Estado a través de
Adeslas, Asisa, DKV Seguros Reunidos e Igualatorio Médico-Quirúrgico, después de que
el año pasado Caser, Mapfre y Nueva Equitativa decidieran no renovarlo, lo que provocó
una profunda crisis -previamente, las aseguradoras Groupama, Aegón y Sanitas también
habían emprendido la huida-.

Los funcionarios además de estar asistidos por la red privada, tienen cobertura en
endodoncia y óptica o audífonos, además de prestación en pensiones.

El 92,87% de la financiación de este régimen de protección social procede de las
cotizaciones sociales de los sueldos públicos de los mutualistas -que en el caso de un
funcionario del grupo A1 ronda los 50 euros mensuales-. El resto lo paga el Estado,
aunque cada vez menos: desde 2008, la aportación estatal se ha reducido en más de 10

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puntos, pasando del 76% al 62,5%. Además, Muface no sólo presta atención sanitaria y
farmacéutica, ya que 207 millones de euros se dedican a prestaciones no sanitarias como
la cobertura de la incapacidad temporal y atención a personas mayores, por lo que es fácil
imaginar la imparable carga para el Estado dado el progresivo envejecimiento de la
población, y especialmente, del funcionariado.

Precisamente, las enmiendas conjuntas presentadas por la oposición esta semana a los
Presupuestos Generales del Estado (PGE) del Gobierno para 2011, recogen la situación
de las pensiones de las mutualidades integradas en el Fondo Especial de Muface después
del 31 de diciembre de 2004. Cuando se aprueben las cuentas públicas, las pensiones de
clases pasivas sufrirán un recorte del 20% entre la cuantía correspondiente a 31 de
diciembre de 1978 y la que correspondería en 31 de diciembre de 1973.

Las aseguradoras concertadas también alegan costes disparados por el envejecimiento, a
lo que se suma el retraso en la devolución de los pagos por parte de la Administración,
algo que se ha acentuado durante la crisis, por lo que presionan al Gobierno para que
establezca un compromiso del Estado que denote “más apoyo para el mutualismo” con el
fin de no “incurrir en pérdidas”; es decir, un nuevo convenio que les permita cobrar más por
cada asegurado mediante un aumento de la tarifa de las primas del 20%, aunque de
momento, la Administración sólo ha accedido a aumentarlas en poco más de un 2%.

Según consta en el propio texto del concierto de la mutualidad para 2010 y 2011, debido a
que la composición de la pirámide de edad de la población protegida por Muface “ha
experimentado variaciones importantes” durante la vigencia del Concierto se reasignó el
importe de la distribución de las primas, quedando en una prima mensual ponderada de
58,84 euros.

Las aseguradoras concertadas también alegan costes disparados por el envejecimiento, a
lo que se suma el retraso en la devolución de los pagos por parte de la Administración.

Alarma generalizada tras la marcha de Mapfre y Caser
La marcha el año pasado de las aseguradoras Mapfre y Caser produjo la alarma
generalizada entre los funcionarios, los cuales están siendo notificados cada vez más con
más frecuencia de la supresión o limitación de prestaciones y servicios por parte de las
compañías privadas-. El año pasado, en total cambiaron de adscripción 167.233 titulares,
un 17,5% del total. De ellos, 139.325 lo hicieron de forma obligada, con lo que Adeslas
ganó 60.913 mutualistas; DKV, 41.334; Asisa, 33.305 e Igualatorio de Cantabria, 114,
mientras que 3.654 mutualistas optaron por cambiarse al INSS.

La renuncia de las tres aseguradoras a renovar el concierto también afectó a 2.000
facultativos, según la Organización Médica Colegial (OMC): “El recorte de los cuadros
médicos, la cancelación de convenios con hospitales y la aparición de listas de espera son
otras de las consecuencias”, señalaban en un comunicado. El Consejo General de
Colegios Médicos asegura que la desaparición de Muface supondría “un incremento del
gasto sanitario y una carga para el sistema público muy difícil de asumir”.

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Cada dos por tres, en la picota
La última vez que este sistema de prestación sanitaria salió a la palestra a comienzos de
mes en un documento que Gaspar Llamazares llevó al debate de la subcomisión del
Congreso de los Diputados sobre el Pacto por la Sanidad. La propuesta del diputado de
Izquierda Unida contemplaba la desaparición de Muface, Mugeju e Isfas, respectivos
equivalentes para los jueces y Fuerzas Armadas, siguiendo el ejemplo de la supresión en
1993 de la antigua mutua de los funcionarios locales de ayuntamientos y diputaciones
(Munpal), que asumió la Seguridad Social. Era la principal propuesta de este partido
político para aumentar la financiación sanitaria junto con otras medidas como el copago de
medicamentos o el aumento impositivo al tabaco y al alcohol, pero finalmente, la iniciativa
no salió adelante.

El Gobierno, por ahora, es tajante: "Muface no desaparecerá", asegura un portavoz del
Ministerio de Sanidad a Expansión.com. No obstante, hay detractores del modelo en los
otros departamentos implicados (Trabajo y Seguridad Social junto con Presidencia, del que
dependían hasta la semana pasada las competencias de Función Pública y que ahora
están en manos de Manuel Chaves).

La desaparición de las mutualidades implicaría un coste añadido para el Sistema Nacional
de Salud, que prácticamente duplica el coste por paciente, señalan los sindicatos.

Los funcionarios consultados por este periódico también dudan de su continuidad. “Hay
rumores, aunque no son nuevos, de que este Gobierno lo tiene en su plan de futuro de
la Sanidad Pública, pues quiere que desaparezca. En todo caso, su desaparición no
sería bien acogida por los funcionarios. La prueba está en que, teniendo la posibilidad de
cambiarse a la Seguridad Social, son muy pocos los que se lo han hecho. Eso sí, cada vez
son menos las empresas sanitarias que suscriben contratos con Muface, alegando una
escasa retribución”, señalan fuentes de la Delegación de Economía y Hacienda en
Asturias.

Más de dos millones beneficiarios
La desaparición o bien una reestructuración de la mutua se especula desde hace tiempo
incluso entre los propios militantes del PSOE, según señalaba recientemente el diario La
Razón. Este rotativo asegura que entre los socialistas hay partidarios de eliminarla o al
menos excluir de este régimen a los empleados públicos que se incorporen a la
Administración a partir de una determinada fecha.

Esta situación conllevaría que sus usuarios pasaran a ser atendidos por los servicios
públicos de salud, junto con sus familiares y beneficiarios, que elevarían la cifra de
prestatarios a más de dos millones, según cifras del sindicato de funcionarios de
prisiones, Acaip. “La desaparición de las mutualidades implicaría un coste añadido para
el Sistema Nacional de Salud, que prácticamente duplica el coste por paciente, además de
la necesidad de contar con más recursos materiales y humanos para atender a toda una
parte de la población que ahora no consume recursos y que, en consecuencia, evita
saturar más una red sanitaria ya suficientemente saturada, con grandes listas de
espera para acceder tanto a las consultas de especialistas como a las intervenciones

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quirúrgicas y pruebas exploratorias”, argumenta el Sindicato de Administraciones
Públicas (SAP).

A los sincicatos les preocupa que Muface pudiera someterse a discusión durante la
negociación de la reforma de las pensiones, tal como recomienda el Pacto de Toledo, o a
través de las mencionadas enmiendas a los PGE.

“También implica un incremento sustancial de gasto farmacéutico, dado que este
colectivo paga el 30% del precio de los fármacos durante toda su vida, frente al 40%
que sufraga un ciudadano en activo del Sistema Nacional de Salud y la gratuidad de la que
disfruta un pensionista del sistema general, con 187,2 euros por persona frente a los 260,5
euros del sistema público”.

Los sindicatos de Función Pública UGT, CCOO y la central independiente CSI-CSIF
también se ha posicionado a favor de la continuidad del modelo y les preocupa que
Muface pudiera someterse a discusión durante la próxima negociación de la reforma de las
pensiones, tal como recomienda el Pacto de Toledo, o a través de las mencionadas
enmiendas a los PGE, “por lo que quedaría en situación de colectivo cerrado y abocado a
su extinción", señala UGT. Por ello, piden al Ejecutivo que concrete “un texto confuso”.
Según las corporaciones sindicales, la salida de los funcionarios del sector privado
repercutiría, además, en mayores cifras de paro entre el personal que trabaja en esta red
sanitaria, (unas 300.000 personas).

Los motivos de las compañías para irse o quedarse
Caser, una de las dos aseguradoras que no acudió a la convocatoria del concierto de
Muface para este año y el próximo, alega que no lo hizo porque “inició la reorientación
estratégica del ramo de salud” y una “deficitaria perspectiva de financiación”, se limitan a
explicar fuentes de la compañía a Expansión.com. La decisión no a afectó a Mugeju,
mutualidad con la que sí renovó el concierto. Por su parte, Mapfre ha preferido no hacer
declaraciones al respecto.

DKV: “Es un sistema muy eficiente para los asegurados, más barato que el sistema público
tradicional, pero se le está dejando morir por falta de financiación".

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Una de las compañías que, en cambio, decidió quedarse, es DKV, aunque reconoce que
fue una decisión “difícil”. En sus cuentas de 2009, la compañía logró un volumen de primas
de 538 millones de euros, un 23% más que el año anterior. aunque no alcanzó
previsiones, que estaban en 579 millones.

Su consejero delegado, Josep Santacreu, afirma que DVK “cree firmemente en el
modelo de colaboración público-privada, porque garantiza el acceso a la asistencia
sanitaria y la libertad de elección y ayuda a descongestionar el Sistema Nacional de Salud.
De hecho, el Congreso de los Diputados ha rechazado la desaparición de Muface, decisión
que celebramos, porque si se llevara a cabo, no sólo tendría un impacto importante en el
gasto público y en la calidad de la prestación en los servicios públicos, sino que además
generaría una perdida muy importante de empleos en el sector de clínicas, hospitales y
centros privados”.

Sin embargo, Santacreu reconoce que “no podemos obviar que el sistema necesita
cambios; en concreto, una mayor financiación". Según estudios de ICEA (Instituto de
Ciencias Económicas y de la Autogestión), citados por este ejecutivo, los gastos en
prestaciones superaron ya el 100% de la prima y la siniestralidad, el 102%. "Sin embargo,
las alertas se habían iniciado mucho antes. Hace siete años PriceWaterhouse reflejó en un
informe que ya en aquel entonces existía una infrafinanciación de las prestaciones
asistenciales en torno a un 35% para las entidades privadas", detalla.

DKV presta asistencia médica a más de 180.000 beneficiarios de Muface y Mugecu. "En
este momento, la prima que recibimos las aseguradoras privadas es muy inferior a la
necesaria para cubrir este gasto. “Es un sistema de gran satisfacción y muy eficiente para
los asegurados, más barato que el sistema público tradicional, pero se le está dejando

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morir por falta de financiación. La eficiencia tiene un límite y la actual se aproxima a un
50% menos que el equivalente en el sistema público convencional”, afirma Santacreu.

FADSP: “El 60,7% del negocio sanitario privado vive subvencionado por el sector público,
lo que ocasiona un sobrecoste anual de entre 60 y 70 millones de euros”.

Sobrecoste y fraude
Sin embargo, Manuel Martín, secretario general de la Federación de Asociaciones
para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), asegura que dado que en España la
asistencia sanitaria es universal y gratuita, “la contribución del Estado ha ido
incrementándose hasta alcanzar en estos momentos una cuantía equivalente al gasto
sanitario, lo que permite decir que, en cuanto a financiación de la sanidad, sí existe
equidad entre el Sistema Nacional de Salud y Muface”.

Este médico explica que Muface, Isfas y Mugecu están financiadas en un 70% por dinero
público y asignan el 90% de sus servicios asistenciales a las compañías aseguradoras
privadas. “El 60,7% del negocio sanitario privado vive subvencionado por el sector público,
lo que ocasiona un sobrecoste de entre 60 y 70 millones de euros”, asegura: ganan las
empresas privadas, ganan los funcionarios en privilegios -y los sindicatos que los
defienden- y el único que pierde es el erario público.

Muface es, en realidad, un modelo transitorio -que paradójicamente ya ha cumplido 35
años- para dar cobertura sanitaria a funcionarios, Fuerzas Armadas y Justicia y docentes
que antes estaban cubiertos por las entidades de previsión social de cada cuerpo o unidad
administrativa. "El mutualismo es una situación anacrónica que intentó corregir la Ley
General de Sanidad el 15 de julio de 1997, pero al final no se llevó a cabo... el problema es
que ahora entre un 30 y un 40% de mutualistas tienen doble cobertura público-
privada -acuden indistintamente al seguro privado o a la Seguridad Social-, lo que genera
un sobrecoste de 60-70 millones de euros al año”, denuncia Martín.

De hecho, Muface inició en mayo de 2005 un plan de "depuración" en sus bases de
datos para luchar contra el fraude y eliminar las posibles "duplicidades" existentes entre
sus registros y los de la Seguridad Social que causó la baja voluntaria de más de 12.000
mutualistas. Un informe publicado en el diario El País, constató por entonces que el uso de
los servicios de Muface por parte de más de 100.000 titulares "indebidamente afiliados"
costó al sistema cerca de 59 millones de euros extra en 2003, algo que había detectado y
denunciado el Tribunal de Cuentas.

"Muchos funcionarios -y los sindicatos que los representan- quieren mantener a la vez sus
privilegios por el hecho de serlo y al mismo tiempo defienden lo público en voz alta"

“Un trabajador tiene acceso a esta doble cobertura y la empresa aseguradora, por su
parte, desvía hacia a la seguridad social los casos más costosos, ya que el SNS tiene más
recursos para abordar las enfermedades más complicadas”, añade este facultativo.
"Recordemos, también que la cobertura privada de Muface se concentra en comunidades
autónomas: Madrid, Valencia, Andalucía y Cataluña. Estas cuatro autonomías abarcan el
60% del total del país, mientras que en el resto de las autonomías a la empresa privada no

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le interesa este dispositivo por los altos costes que genera cubrir el territorio, sobre todo en
las zonas rurales. Como resultado, los médicos tienen que atender a estos pacientes, ya
que están obligados a ello, a pesar de que esto no se traduce en facturación sanitaria,
lo que genera, además de desigualdad, fraude".

Intereses y privilegios
A esto se añade que muchos médicos trabajan al mismo tiempo en lo público y lo privado,
añade Martín, y pueden hacer mal uso del servicio, desviando pacientes según interese.
"Los controles son escasos, y la adjudicación a las mutuas no se hace por concurso
público, sin criterios de competencia. Cuando la Administración ha intentado fijar un
presupuesto para Muface, las empresas asignadas protestan de que para ellos no es
sostenible; sin embargo, sólo el 10% del negocio de estas aseguradoras se desarrolla en
el ámbito estrictamente privado: por tanto el sistema público está financiando a estas
empresas y los contribuyentes estamos sosteniendo en negocio privado. Ahora, que como
consecuencia de la contención del déficit público, todo se está ajustando, debería
aprovecharse para poner de en marcha medidas racionalizadoras, pero sobre todo, se
debería cumplir la ley, que ya va siendo hora”.

Martín es partidario de que haya un proceso de modernización, algo que defiende FADSP:
que la financiación sanitaria se cubra a través de impuestos y no de los salarios públicos.
Para este médico, muchos funcionarios -y sindicatos que los representan- quieren
mantener sus privilegios por el hecho de serlo y al mismo tiempo defienden lo
público en voz alta. “Hay una puja para mantener los privilegios y no olvidemos que los
mismos que toman las decisiones sobre Muface disponen de esta cobertura que les
beneficia, mientras que a las empresas les es más cómodo como lo tienen ahora... si fuera
tan ruinoso como dicen, no se sostendrían”. En definitiva, el modelo Muface beneficia
tanto al usuario como la empresa, pero pierden las arcas públicas.

Muface potenciará el pago variable a
sus aseguradoras
http://www.expansion.com/2011/05/15/empresas/1305495937.html?a=729ba6d2c9a48828f
933874578e37ba2&t=1319493195

La Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) está dando los últimos toques a
las condiciones que pondrá a las aseguradoras que quieran dar cobertura sanitaria a sus
1,54 millones de mutualistas. El objetivo de este organismo es dar a conocer, antes de las

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vacaciones de agosto, las bases del concurso público, que potenciará los pagos variables
a las compañías de seguros seleccionadas que aumenten sus servicios a ese colectivo.
“La última palabra la tiene Presupuestos que está analizando las condiciones del concurso,
que tiene que estar totalmente resuelto e implementado el próximo 1 de enero”, afirma
José María Fernández Lacasa, director general de Muface.

La retribución variable se puso en marcha en el anterior concierto, el que está ahora en
vigor, y que ha supuesto un ingreso adicional total de 27 millones de euros a las entidades
concertadas: Adeslas, Asisa, DKV e Igualatorio Médico Quirúrgico. Estos incentivos se
suman a la prima fija que Muface paga a las entidades, que varía según la edad de los
asegurados.

Reivindicaciones
Con estos incentivos, la mutualidad de funcionarios pretende afrontar las reivindicaciones
históricas de las aseguradoras que desde hace años afirman que la prima que paga
Muface es insuficiente y castiga su cuenta de resultados. Éste es el argumento esgrimido
por Mapfre y Caser que decidieron abandonar esta cobertura en el último concurso, que,
con una duración de dos años, se celebró a finales de 2009.

Previamente, Sanitas también se retiró de este mercado por los mismos motivos. “La
decisión no fue agradable, sino dolorosa, a ninguna compañía le apetece renunciar a miles
de asegurados, pero era inevitable”, apuntan desde las entidades.

Fernández Lacasa afirma que entre sus objetivos está trabajar para que las aseguradoras
vean este concurso como algo atractivo. En esta línea ha mantenido contactos con las
aseguradoras asociadas y con Mapfre y Caser, que han reiterado su negativa a participar
en esta cobertura si no cambian las condiciones impuestas por Muface.

Las entidades que dan cobertura a los mutualistas no ven con buenos ojos que la mejora
económica en la prima que paga este organismo se ciña a la retribución variable, ligada a
servicios sanitarios concretos fijados previamente por la Administración. En su opinión,
este sistema genera incertidumbre, ya que no se sabe si se va a percibir, ni cuándo ni en
qué condiciones y las entidades necesitan conocer sus ingresos para diseñar sus
coberturas y sus costes. Además, la retribución variable “no compensa el déficit que la
prima arrastra desde hace muchos años”, afirman en el sector.

Ante esta disputa, Muface solicitó el asesoramiento técnico de la Dirección General de
Seguros, pero, según fuentes del sector esta consulta quedó en nada, ya que la anterior
directora general de Muface, Ángeles Fernández, decidió dar por concluido el proceso
antes de que Seguros comunicara sus conclusiones.
A la espera de que se den a conocer las bases del nuevo concurso todo apunta a que las
actuales entidades asociadas a Muface optarán por presentarse a la puja.

Las entidades
Adeslas, la mayor aseguradora de salud, analizará el panorama desde otra perspectiva, ya
que su situación ha variado desde que se presentó al último concurso de Muface. En aquel
momento, la entidad estaba controlada por Agbar, pero en 2010 pasó a manos de La

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Caixa, que la ha fusionado con su negocio de salud. Meses después, en enero pasado, la
caja ha vendido el 50% de la aseguradora a Mutua Madrileña, que la integrará con Aresa,
su filial sanitaria. La operación se está desarrollando en estos momentos y se materializará
en septiembre próximo.

Serán, por tanto, los gestores de Mutua los que analicen la situación y tomen la decisión
que consideren más adecuada. Con esta operación, Mutua Madrileña aumenta su base de
clientes de forma considerable y podría, en caso de mantenerse en el concierto, ofrecerles
sus propios seguros. Además, Mutua contará con un poder de negociación con los
proveedores sanitarios que antes no tenía con Aresa.

Asisa, entidad controlada por la cooperativa de médicos Lavinia, está de acuerdo en la
insuficiencia de la prima que paga Muface, pero afirma que no tiene intención de
abandonar este mercado.

El propósito de la aseguradora DKV, filial del grupo alemán Munich, también es
presentarse a la puja, “si no se producen sorpresas cuando se publique el pliego de
condiciones”.

La mutualidad de los jueces (Mugejo) y la de los militares (Isfas) están a la espera de
conocer el desarrollo el proceso iniciado por Muface. En función de esto podrían prorrogar
su actual concierto o promover un nuevo concurso entre entidades.

ING cede a Generali su negocio de salud
La aseguradora española del grupo ING ha traspasado su negocio de salud al grupo
Generali. La cartera estaba integrada por 667 pólizas que tenían el soporte y el cuadro
médico de Asisa. La iniciativa se enmarca en la estrategia de la entidad holandesa de
centrarse en el seguro de vida.

INGNationale Nerderlanden tuvo un volumen de primas de 191 millones de euros en el
primer trimestre del año, con un incremento del 43%. En seguros generales su negocio es
de 6 millones de euros en este periodo, con un alza del 6%.

El volumen de primas del seguro de salud de todo el sector ascendió a 1.831 millones de
euros en el primer trimestre, con un incremento del 3,9%, según los datos de Icea.

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