Carta al Presidente Barack Obama: Un Mensaje Justo a la Cumbre de las Américas

Carta al Presidente Barack Obama:
               Un Mensaje Justo a la Cumbre de las Américas

Estimado Presidente Obama:

Como organizaciones no gubernamentales y de fe comprometidas con una política justa de
EE.UU. hacia América Latina y el Caribe, nos complace saber que asistirá a la Cumbre de las
Américas, a celebrarse en Puerto de España, Trinidad y Tobago. Le pedimos que aproveche
esta valiosa oportunidad para presentar una nueva faceta de la política estadounidense
hacia el hemisferio.

La mejor forma de abordar esta nueva visión es simplemente dejar en claro que está
allí para escuchar. Los gobiernos y los pueblos de América Latina esperan con ansias un
mensaje que les diga que Estados Unidos forjará relaciones nuevas basadas en la igualdad y
la asociación. Los animará ver que su administración se muestra dispuesta a enmendar
lazos diplomáticos raídos con todas las democracias electas de la región, incluidas las de
Bolivia, Venezuela y Ecuador. También les gustará ver indicios de que Estados Unidos está
dispuesto a aceptar responsabilidad compartida y a buscar soluciones a problemas
comunes como la crisis económica, la inmigración, el cambio climático, el cultivo y el
comercio de drogas ilícitas y el crimen organizado.

No hay mejor forma de marcar un cambio en la relación de EE.UU. con la región que
aprovechar el momento de la Cumbre para transmitir su intención de levantar – para
todos los americanos – la prohibición de viajes que tan cruelmente divide a los
pueblos americano y cubano. La nueva norma y carta orientativa del Departamento del
Tesoro flexibilizando las restricciones que pesan sobre los viajes cubano-americanos es un
primer paso. Pero todo lo que pueda llegar a hacer por medios ejecutivos para levantar
completamente la prohibición de viajes, además de una predisposición para explorar el
diálogo y la diplomacia con Cuba, será, para nuestros aliados latinoamericanos, un símbolo
de la nueva actitud diplomática de Washington con toda la región.

Capear la crisis económica es la prioridad de la agenda de la Cumbre. Al tiempo que
encara este problema con palabras y programas, es crucial que reconozca la
importancia de preservar las ganancias sociales y de reducir la pobreza y la
desigualdad. Sería bueno admitir que los países latinoamericanos han hecho algunos
progresos en los últimos años en su lucha por solucionar estos problemas históricos.
Gozando de una mayor autonomía fiscal tras haber terminado de pagar los créditos del FMI
con sus cláusulas restrictivas, los gobiernos se impusieron una serie de estrategias de
protección a los pobres, entre ellas, políticas monetarias y fiscales expansionistas tal como
lo hacemos aquí en casa. Es importante darse cuenta de que los resultados se obtienen con
una diversidad de enfoques tanto de gobiernos como de movimientos sociales vehementes,
más que con una única visión estrecha de mercado libre. Al igual que en nuestro país, los
gobiernos deben proteger las redes de seguridad social y fomentar inversiones que
generen oportunidades económicas de gran espectro. Y estas inversiones deben contribuir

a reducir las emisiones de gas invernadero y reparar el cambio climático que sufre el
planeta.

Pero es necesario que sus palabras en torno al abordaje de la crisis económica estén
avaladas por programas bien diseñados. Este es el momento de corregir el
desequilibrio de los programas de asistencia del gobierno estadounidense para
América Latina, puesto que casi la mitad de ellos son para asistencia y
entrenamiento de fuerzas militares y de seguridad, a pesar de los problemas de
pobreza que padece el hemisferio. Le pedimos que la Cumbre abra paso a un re-
encauzamiento de la asistencia hacia la salud pública, la educación, el socorro y prevención
de desastres, el microcrédito, la prevención de la violencia, el fortalecimiento judicial, la
asistencia humanitaria a refugiados y desplazados internos y la micro-agricultura. Estados
Unidos debería incrementar sustancialmente su asistencia para el desarrollo rural, en
especial la micro-agricultura, ayudando a diversificar las economías rurales y haciendo
hincapié en la producción y seguridad alimentaria para los mercados locales y regionales.
Estados Unidos también debería incrementar su asistencia e instar a otros gobiernos a
brindar ayuda a los casi 750.000 refugiados que intentan protegerse del conflicto interno
de Colombia. Estados Unidos también debería garantizar que las actividades de “promoción
de la democracia” sean transparentes y verdaderamente apartidarias, evitando así quedar
expuesto a acusaciones de estar a favor o en contra de un determinado partido.

También es el momento de tomar medidas decididas para ampliar la promesa de
cancelación de deuda beneficiando a otras naciones empobrecidas del hemisferio y
anunciar la inmediata cancelación de deuda para Haití que está enfrentando una crisis
humanitaria particularmente grave. Si podemos ayudar a los países de América Latina y del
Caribe a combatir la pobreza, los ciudadanos de todo este hemisferio podrían construir
comunidades saludables y sustentables en sus propios países, en lugar de recurrir a la
emigración como única esperanza.

Le pedimos que aproveche esta oportunidad para reafirmar su promesa de iniciar
un diálogo para que “el comercio funcione para todos”. Esperamos que la Cumbre
pueda abrir la puerta a un debate inclusivo sobre políticas de comercio justo, conformadas
y evaluadas por su capacidad de mejorar las vidas de trabajadores y agricultores de clase
baja y media tanto de Estados Unidos como de todo nuestro hemisferio, dejando a un lado
los tratados de “libre comercio” de los viejos tiempos. Los pactos de comercio deben fijar
preferencias, así como tratamiento especial y diferencial para los países en vías de
desarrollo, contemplando también protecciones suficientes para sus productores
nacionales, para poder así garantizar la seguridad alimentaria y sustento y promover el
desarrollo rural. Deben alentar el fortalecimiento, no la flexibilización, de los patrones
laborales y ambientales entre sus cláusulas básicas. No deben expandir las protecciones de
patentes que restringen el acceso a medicamentos vitales, ni propiciar la privatización de
servicios básicos como los de educación, salud o agua.

La decisión de cerrar Guantánamo le brinda una valiosa oportunidad de restaurar la
imagen de Estados Unidos en América Latina y de reafirmar la importancia que
tienen los derechos humanos en su política hacia la región. En toda América Latina y

el Caribe existe una digna tradición de defensores de derechos humanos que luchan por la
libertad de expresión y por el fin de los abusos a los derechos humanos. Hubo quienes
tuvieron que pagar un precio muy alto por su labor, entre ellos, actividades de derechos
humanos, dirigentes de la comunidad, sindicalistas, periodistas, trabajadores religiosos.
Ahora que Estados Unidos va en camino a respetar las normas internacionales de derechos
humanos, está legitimado para afirmar que este país está del lado de los defensores de
derechos humanos donde fuere que sean objeto de amenazas y ataques. También sería
bueno reconocer la importancia de los esfuerzos realizados en América Latina para hacer
justicia en casos de abuso cometidos en el pasado, dada la gran influencia que han tenido
estas históricas campañas en mejorar el Estado de Derecho en el hemisferio.

Sería sumamente positivo que su discurso reconozca la necesidad de que todos los
gobiernos se ocupen de las poblaciones indígenas y afrodescendientes que luchan
por superar siglos de discriminación. Los pueblos indígenas y afrodescendientes, que
conforman más del 40 por ciento de la población de la región y una abrumadora mayoría
de pobres, se están organizando, en movimientos sociales dinámicos, para poder conseguir
un medio de vida, derechos a la tierra y derechos civiles. En muchos países, sus
comunidades residen en zonas con abundancia de recursos naturales y sufren
desplazamientos violentos de sus tierras a manos de quienes priorizan las ganancias
materiales por sobre los derechos humanos y la sustentabilidad ambiental. Los gobiernos
deben escuchar la perspectiva de estos movimientos y asegurar que las políticas y
programas de asistencia respeten y afiancen sus derechos.

El tema de cómo reducir la incidencia de las drogas ilícitas, del narcotráfico y del crimen
organizado sigue siendo un difícil escollo en las relaciones entre EE.UU. y América Latina.
Ni Estados Unidos ni América Latina pueden darse el lujo de insistir en los mismos
enfoques inhumanos, costosos y fallidos. A los gobiernos y los pueblos de América
Latina les gustaría escuchar reconocimiento en su discurso, y posteriormente diálogo y
medidas concretas, de que Estados Unidos debe hacer más para cumplir con su parte de la
tarea, especialmente acrecentando la inversión en programas de tratamiento de drogas en
EE.UU. y frenando --reforzando el poder de policía y sancionando nuevas normativas-- el
tráfico de armas por la frontera con México. Lo exhortamos a detener el controvertido e
ineficaz programa de fumigación aérea en Colombia y a invertir en programas de
desarrollo alternativo y en la erradicación voluntaria a nivel comunitario en toda la región.
Lo exhortamos a poner fin a los programas que dan participación a las fuerzas militares
latinoamericanas en tareas policiales en sus países, en particular como se está
contemplando en México. Es posible que esta injerencia prometa resultados en el corto
plazo pero a la larga sólo tendrá costos en el plano de los derechos humanos y postergará
las reformas necesarias para tener soluciones en el más largo plazo, como las de afianzar
las instituciones judiciales y organizar fuerzas policiales reformadas y subordinadas.

Finalmente, los gobiernos y los pueblos de América Latina están esperando ansiosos
alguna señal de una nueva política de inmigración y control de frontera. Su
administración debe dejar de insistir en poner el foco solamente en una ley de inmigración
que todos sabemos se viola sistemáticamente. El énfasis en el control de frontera y castigo
ejemplar ha erigido una pared simbólica y también física entre Estados Unidos y América

Latina. Es hora de que exista una política de frontera más reflexiva que incluya e involucre
a las comunidades de frontera en las decisiones que las afecten. Es imperativo que todos
reconozcamos la necesidad de una reforma integral de inmigración. Esta reforma, pensada
en conjunto con comunidades organizadas de inmigrantes, reconocería las aspiraciones y
contribuciones de los millones de miembros de nuestras comunidades que sólo aspiran a
tener una vida mejor para sus familias y abrir un camino hacia la ciudadanía. También
reconocería las duras realidades económicas que llevan a la inmigración y nos ayudaría a
considerar soluciones conjuntas.

En su discurso de toma de posesión, dijo que el mundo estaba mirando y esperando. Sus
palabras tocaron fibras sensibles y retumbaron en América Latina. “Sepan que Estados
Unidos es amigo de todas las naciones y de todos los hombres, mujeres y niños que aspiran
a un futuro de paz y dignidad”; “nuestro poder por sí solo no alcanza para protegernos, así
como tampoco nos habilita a hacer lo que queramos...nuestra seguridad proviene de lo
justa de nuestra causa, de la fuerza de nuestro ejemplo, de las amables cualidades de la
humildad y moderación”. Si a esas palabras las complementa con hechos, Estados Unidos
y América Latina estarán bien afirmados en la senda de una relación más constructiva.

Atentamente.

Adam Isacson
Director de Programas
Centro de Políticas Internacionales

Jim Stormes SJ
Secretario de los Ministerios Social e Internacional
Conferencia Jesuita

Joy Olson
Directora Ejecutiva
Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos

Oscar A. Chacón
Director Ejecutivo
Alianza Nacional de Comunidades Latinoamericanas y Caribeñas (ANCLC)

Catherine Gordon
Representante de Cuestiones Internacionales
Iglesia Presbiteriana (EE.UU.)

Nicole C. Lee, Esq.
Directora Ejecutiva
Foro TransÁfrica

Deborah James
Directora de Programas Internacionales
Centro de Investigaciones Económicas y Políticas

David Kane
Asociado para América Latina y Justicia Económica
Oficina Maryknoll para Asuntos Globales

Stan Hastey
Ministro de Misión y Ecumenismo
Alianza de Baptistas

Shaina Aber, Esq.
Asociado de Política
Servicio Jesuita a Refugiados/EE.UU.

Delvis Fernández Levy
Presidente
Cuban American Alliance Education Fund, Inc.

Monika Kalra Varma
Directora, Centro de Recursos Humanos
Centro de Justicia y Derechos Humanos Robert F. Kennedy (anteriormente RFK
Memorial)

Michael Neuroth
Defensor Programático de Cuestiones Internacionales
Iglesia Unida de Cristo, Ministerios de Justicia y Testigos

William C. Goodfellow
Director Ejecutivo
Centro de Políticas Internacionales

Rev. John L. McCullough
Director Ejecutivo y CEO
Servicio Mundial de la Iglesia

Melinda St. Louis
Directora Ejecutiva
Testigo para la Paz

James E. Winkler
Secretario General
Junta General de la Iglesia y Sociedad
Iglesia Metodista Unida

Sanho Tree
Director del Proyecto de Política de Drogas
Instituto de Estudios Políticos

Amanda Martin
Directora Ejecutiva
Comisión de Derechos Humanos de Guatemala/EE.UU.

Michael Baney
Coordinador de Desarrollo y Operaciones
School of the Americas Watch

Erin Kliewer
Directora Ejecutiva
STITCH

Sylvia Romo
Directora Ejecutiva Provisoria
NISGUA

Stephen Coats
Directora Ejecutiva
Proyecto Estadounidense de Educación Laboral en el Continente Americano

Claudia Rodríguez-Alas
Directora de Política
Fundación SHARE

Norine Gunn Fernandez
Directora de "La Familia"
Cuban American Alliance Education Fund, Inc.

Tom Loudon
Co-Director
Centro Quijote

Para responder a esta carta, enviar a: Lisa Haugaard, Executive Director, Latin
America Working Group, lisah@lawg.org , 424 C Street NE, Washington, DC 20002; tel.
(202) 546-7010; fax (202) 543-7647.