COVID-19 Informe - Repositorio CEPAL
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Informe
COVID-19
CEPAL-OPS
14 de octubre de 2021
La prolongación de la crisis
sanitaria y su impacto
en la salud, la economía
y el desarrollo social
Prólogo
La prolongación de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19)
ha cobrado cerca de un millón y medio de vidas en América Latina y el Caribe
Índice
y ha dado lugar a más de 44 millones de casos confirmados desde su
aparición en la región, en febrero 2020. La región acumula cerca de una Prólogo............................................................... 1
quinta parte de los casos confirmados de COVID-19 y alrededor del 30% de Introducción........................................................ 3
las muertes en todo el mundo, a pesar de tener solamente el 8,4% de
I. Una crisis sanitaria prolongada y sistemas
la población mundial. Las condiciones de vulnerabilidad que caracterizan de salud débiles............................................. 4
a América Latina y el Caribe la han hecho especialmente sensible a los
efectos de la pandemia. Esta crisis sin precedentes ha dejado en evidencia II. El escenario económico y social
ante la crisis sanitaria prolongada..................14
la centralidad de la salud y el bienestar de las personas y comunidades para
el desempeño de las economías y el desarrollo social. En este sentido, III. Posibles escenarios de control
en este informe se pone de relieve cómo las debilidades históricas de los de la pandemia en el corto plazo.................. 25
sistemas de salud y las desigualdades estructurales, características de la IV. El control de la crisis sanitaria
región, han dificultado el control de la pandemia. es fundamental para avanzar
hacia una recuperación económica
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la sostenible y con igualdad............................. 31
Organización Panamericana de la Salud (OPS), en este segundo informe
Bibliografía........................................................ 37
conjunto, actualizan la evolución de la pandemia y sus implicancias para la
salud, la sociedad y la economía, definen escenarios potenciales de control
y evolución en el corto plazo y profundizan las líneas de acción de largo plazo
recomendadas para fortalecer la capacidad de respuesta del Estado a las
necesidades de salud de la población y sus determinantes, en el contexto
de una recuperación transformadora.
Si bien se observan algunas señales positivas de recuperación económica
y se reconocen diferentes tipos de respuesta de los sistemas de salud
para el control de la pandemia, es necesario enfatizar la persistencia de
condiciones estructurales de inequidad en materia de salud en la región.
Además, en un contexto en que la pandemia de COVID-19 aún no se ha
controlado, se mantienen los retrocesos sociales en materia de pobreza
y pobreza extrema, desigualdad, inequidad en el acceso a la salud, educación y nutrición, entre
otros, lo que refleja que el repunte económico no será suficiente para que la recuperación sea
transformadora, con igualdad y con sostenibilidad ambiental.
Desde la perspectiva de la salud se observa con preocupación la interrupción de servicios esenciales
de salud no relacionados con el coronavirus, lo que impide garantizar el acceso a la salud de las
poblaciones. Además, se constatan limitaciones en los avances de las coberturas de vacunación
en varios países de América Latina y el Caribe. La desigual distribución y la asimetría mundial
entre los países desarrollados y los países en desarrollo se traduce en que, a septiembre de 2021,
apenas un 30% de la población de la región contara con el esquema completo de vacunación.
En este sentido, se reafirma la importancia de garantizar la provisión de servicios esenciales de
salud en el contexto de una pandemia prolongada y se entiende a la vacunación masiva como
uno de los principales desafíos de los países para controlar la pandemia, junto con la aplicación de
medidas de protección social y de salud pública. En este marco, se pone de manifiesto la necesidad
de fortalecer los mecanismos de coordinación, integración regional y cooperación internacional.
En el informe también se resalta la necesidad de una transformación de los sistemas de salud
con base en la atención primaria de salud, teniendo como norte la salud universal, fortaleciendo
las capacidades institucionales de las autoridades de salud y el avance hacia un sistema de salud
resiliente y con capacidad de respuesta a los desafíos actuales y futuros. Para ello, es imperioso
aumentar el gasto público en salud, con equidad y eficiencia, otorgándole prioridad estratégica al
primer nivel de atención.
Finalmente, ambas instituciones reafirman la urgencia de controlar la pandemia mediante un enfoque
integral y reconocen que este es el momento de avanzar mediante una agenda institucional que
permita retomar el camino hacia los Objetivos acordados como parte de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, sin dejar a nadie atrás.
Alicia Bárcena Carissa F. Etienne
Secretaria Ejecutiva Directora
Comisión Económica para Organización Panamericana
América Latina y el Caribe (CEPAL) de la Salud (OPS)
2
COVID-19
Introducción1
Más de un año y medio ha pasado desde la aparición del primer caso de enfermedad por
coronavirus (COVID-19) en América Latina y el Caribe, lo que desencadenó una crisis sanitaria que
se ha prolongado junto con un persistente deterioro del desarrollo social. Durante este período
de crisis, la región ha acumulado más de 44 millones de casos y casi 1,5 millones de muertes por
COVID-19. Este efecto es desproporcionado respecto de otras regiones del mundo, dado que,
con solo el 8,4% de la población mundial (Naciones Unidas, 2019), en América Latina y el Caribe
los casos de COVID-19 y las muertes por el virus representan casi el 20% y el 30%, respectivamente,
de los totales mundiales registrados (OMS, 2021a).
En 2020, a raíz de la crisis sanitaria, América Latina y el Caribe experimentó la mayor contracción
económica de los últimos 120 años y fue la región que tuvo el peor desempeño de todas las regiones
en desarrollo. Previo a la pandemia, la región ya arrastraba problemas de bajo crecimiento y, si bien
se estima un crecimiento del 5,9% para 2021, este no será suficiente para recuperar los niveles
del PIB de 2019 (CEPAL, 2021a). Se registran hitos históricos en el mercado de trabajo, como el
descenso tanto de la ocupación como de la participación laboral y el aumento de la desocupación,
así como aumentos de la pobreza y la desigualdad. En 2020 la pobreza habría sumado 22 millones
de personas en comparación con el año anterior, con un efecto importante en niñas y niños. La
pérdida de ingresos del trabajo a causa del desempleo se ha traducido en incrementos de las
tasas de pobreza y también en la magnitud de la desigualdad de ingresos. La situación de las
personas en condiciones de vulnerabilidad, como trabajadores informales, mujeres y jóvenes,
indígenas, afrodescendientes, migrantes y personas con discapacidad, ha empeorado. Además,
el efecto en la educación genera el riesgo de perder una generación en términos formativos.
La crisis también provocó el cierre de una gran cantidad de pequeñas y medianas empresas
(pymes), así como la destrucción de capital humano y de empleo. Esto agudiza la heterogeneidad
productiva de la región, a lo que se suman los bajos niveles de inversión (CEPAL, 2021a).
Es así como, además del alarmante escenario sanitario que la pandemia ha significado para la
salud pública de los países de América Latina y el Caribe, ha quedado en evidencia la debilidad
del modelo de desarrollo de la región, en términos económicos, sociales y ambientales. Los
múltiples y profundos impactos que ha tenido y sigue teniendo la crisis sanitaria, a pesar de la
recuperación económica, revelan la vulnerabilidad de la región.
Los países de América Latina y el Caribe se caracterizan por presentar condiciones estructurales
de desigualdad, inequidad, vulnerabilidad y exclusión social que se combinan y reproducen con
la informalidad y precariedad del empleo, la debilidad de los sistemas de protección social y las
estructuras productivas con escaso nivel de integración y limitadas capacidades para mantener
niveles de crecimiento sostenibles. Estas condiciones se reflejan en la estructura institucional
de los sistemas de salud y se han visto exacerbadas por la pandemia. Con sistemas de salud
subfinanciados, segmentados y fragmentados (CEPAL/OPS, 2020), y sistemas de protección
social débiles e insuficientes, una proporción significativa de la población de la región ha visto
sus necesidades básicas insatisfechas.
La pandemia de COVID-19 no solo ha dejado en claro la necesidad de implementar políticas
integrales y de reconocer la interdependencia que existe entre la salud, la economía, el desarrollo
social y el medio ambiente (CEPAL/OPS, 2020), sino que, ante su prolongación, se ha consolidado
la centralidad de la acción del Estado. El papel que el Estado ha tenido durante este largo período
de crisis ha sido fundamental para contener y mitigar las profundas consecuencias y retrocesos
en materia de desarrollo social y económico. Los importantes esfuerzos fiscales anunciados y
puestos en marcha por los países fueron una herramienta de política económica fundamental para
responder a la crisis, se tradujeron en un alza significativa del gasto público en 2020 y permitieron
al menos sostener el gasto en salud y fortalecer los programas de protección social asociados
con la emergencia. Para enfrentar la situación, los países de la región han adoptado medidas de
protección social orientadas a mantener el consumo y garantizar condiciones de vida básicas,
de manera que la protección social universal ha adquirido un papel clave durante la emergencia
y debe continuar funcionando (CEPAL, 2021b).
1
La información empleada para la elaboración de este documento, salvo que se indique otra cosa, es la disponible hasta el 31 de agosto de 2021 en
el caso de la CEPAL y el 10 de septiembre de 2021 en el caso de la OPS.
3
Junto con la necesidad de fortalecer la inversión del Estado, la persistencia de la crisis también
ha evidenciado la necesidad de transformar los sistemas de salud, considerando debilidades
estructurales, como el escaso nivel de financiamiento, expresado en un bajo gasto per cápita en
salud y una reducida disponibilidad de recursos humanos, las dificultades e ineficiencias que genera
su fragmentación, así como las inequidades que reproduce entre distintos grupos de la población.
La superación de la crisis continúa siendo incierta debido, entre otros factores, a los niveles de
vacunación extremadamente bajos en muchos países y la dificultad de mantener la implementación
de medidas sociales y de salud pública en niveles adecuados. La desigual distribución de las
vacunas, tanto a nivel mundial como regional, confirma, por una parte, la marcada asimetría
que sigue vigente entre los países desarrollados y los países en desarrollo, y, por la otra, la
fragmentación de América Latina y el Caribe en esta materia. Asimismo, la heterogeneidad que
existe en la región ha quedado en evidencia con el desigual despliegue de los planes nacionales
de vacunación y la marcada brecha entre los países. Esto plantea la necesidad de potenciar los
mecanismos de integración y cooperación regional en la dimensión sanitaria.
La vacuna contra el COVID-19 es una intervención de salud que tiene beneficios para todos los
sectores. Por tanto, el financiamiento de la inmunización exige un enfoque integral y colectivo
por parte de los gobiernos. En especial, es imprescindible la coordinación entre los ministerios de
hacienda, de salud, de relaciones exteriores, otros ministerios sectoriales, los bancos multilaterales
de desarrollo, los donantes internacionales y otros actores clave para determinar las fuentes de
financiamiento disponibles para la puesta en marcha de los planes de vacunación y los requisitos
para que la inversión de recursos sea eficiente y transparente.
El impacto sustancial que la pandemia de COVID-19 ha tenido en la salud y el bienestar, y sus
repercusiones en la economía y el desarrollo social, implica entender la vacunación como un bien
público global que cumple con la función de ser una intervención de salud esencial, que reduce
la mortalidad y la gravedad de los casos de infección, y que, además, aparece como un requisito
que facilita el proceso de reapertura y la reactivación económica. Es así como la trayectoria de la
reactivación económica está atravesada por incertidumbres derivadas de factores coyunturales, como
los avances desiguales en la puesta en marcha de la vacunación, y por condiciones estructurales,
como los problemas económicos y sociales, que ya estaban presentes antes de la pandemia.
Luego de esta introducción, en el presente informe se analizan las principales debilidades
históricas de la región, junto con el panorama actual de avance de los procesos de vacunación,
las medidas de salud pública implementadas por los países y la evolución demográfica que ha
tenido la pandemia. A ello le sigue una sección que aborda los principales impactos económicos
y sociales de la pandemia en América Latina y el Caribe, poniéndose de relieve las condiciones de
vulnerabilidad de la población en distintas dimensiones en este escenario, junto con la centralidad
de la protección social y el rol del Estado durante la crisis sanitaria prolongada, así como la
necesidad de incrementar la inversión pública en salud y fortalecer la institucionalidad del sector
de la salud. Después, se presenta un análisis sobre los posibles escenarios de supresión de la
pandemia en el corto plazo, considerando factores que están bajo el control de los países y un
conjunto de condiciones contextuales que tienen un impacto directo en esta área. Finalmente,
se concluye con una sección de recomendaciones que enfatizan la centralidad de un abordaje
integral para controlar la crisis sanitaria en el corto plazo y para avanzar hacia una recuperación
económica sostenible y con igualdad y hacia la salud universal con sistemas de salud resilientes.
I. Una crisis sanitaria prolongada y sistemas de salud débiles
La fragilidad de los sistemas de salud de América Latina y el Caribe antes de la pandemia se
asocia a su subfinanciamiento, fragmentación y segmentación (CEPAL/OPS, 2020). La región se
caracteriza por tener un gasto público en salud inferior al acuerdo regional del 6% del PIB y un
gasto en salud per cápita muy por debajo del de otras regiones que tienen sistemas de salud más
robustos, como los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).
En 2018, el gasto total en salud per cápita para los países de América Latina y el Caribe se situaba,
en promedio, en 1.094 dólares (en paridad del poder adquisitivo), de los cuales 637 dólares
correspondían al gasto público (véase el gráfico 1). Ambos promedios equivalen aproximadamente
a una cuarta parte del valor correspondiente en el promedio de los países de la OCDE. Además,
se observan grandes desigualdades entre los países de América Latina y el Caribe en estos
4
COVID-19
indicadores. Mientras que países como Cuba y el Uruguay presentan un gasto total en salud
muy por encima de los 2.000 dólares per cápita y una proporción del gasto público cercana a lo
que muestran los países de la OCDE (por encima del 70%), otros países, como Haití, Honduras
y Venezuela (República Bolivariana de), tienen un gasto en salud per cápita muy por debajo de
los 500 dólares, con una proporción pública inferior al 50%.
Gráfico 1 | América Latina y el Caribe (33 países) y Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE):
gasto total, privado y público en salud per cápita, 2018
(En dólares internacionales (PPA))
4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
Haití
Bahamas
Honduras
Venezuela
(Rep. Bol. de)
Nicaragua
Guatemala
Bolivia
(Est. Plur. de)
Belice
Guyana
San Vicente y
las Granadinas
Jamaica
El Salvador
Santa Lucía
Granada
Dominica
Perú
Paraguay
Ecuador
Rep. Dominicana
México
Colombia
Suriname
Barbados
Costa Rica
Antigua y Barbuda
Brasil
Saint Kitts y Nevis
Panamá
Argentina
Trinidad y Tabago
Uruguay
Chile
Cuba
Promedio OCDE
Promedio de América Latina y el Caribe en gasto total Promedio de América Latina y el Caribe en gasto público
en salud per cápita en salud per cápita
Gasto privado en salud per cápita Gasto público en salud per cápita
Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS), Global Health Expenditure Database (GHED) [en línea] https://apps.who.int/nha/database/Home/Index/es.
El bajo nivel de gasto público en salud va acompañado de un alto gasto de bolsillo en los países de
la región, y esta es una importante fuente de desigualdad estructural en el acceso a los servicios
de salud (CEPAL/OPS, 2020). La necesidad de incurrir en gastos privados para tener un acceso
equitativo y oportuno a la salud aumenta el riesgo de empobrecimiento de las personas, sobre
todo de las que se encuentran en situación de vulnerabilidad, que de manera recurrente tienen
un estado de salud más precario y necesitan mayor atención en salud.
Los déficits de inversión pública de los sistemas de salud de la región se traducen, entre otras
cosas, en una escasez relativa de recursos humanos en el área de la salud, con una disponibilidad
promedio de 20 médicos por cada 10.000 habitantes. Esta cifra se encuentra muy por debajo del
promedio de 35 médicos por cada 10.000 habitantes que alcanzan los países de la OCDE y de
los parámetros recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS)2. A esto se suma
un bajo número de camas (CEPAL/OPS, 2020).
A. El COVID-19 y la respuesta desde el sector de la salud
La necesidad de contar con recursos adicionales para atender la crisis sanitaria generada por la
pandemia se tradujo, entre otras cosas, en la reorganización de los servicios de salud. En muchos
casos, en distintos momentos de la pandemia se observó un efecto de desplazamiento de la
atención de cuestiones de salud no relacionadas con el coronavirus. Es así como, frente a la
saturación de los servicios de salud y de la atención en general ante la llegada de la pandemia,
una parte de la población experimentó una falta de acceso a los servicios de salud. El gráfico 2
muestra que, de acuerdo con la información proporcionada por los países de la región, en 2021
un 35% de los países habría registrado algún tipo de interrupción en la provisión de servicios
integrados de salud, lo que llegó a un 55% en el caso de los países que declararon interrupciones
en servicios prestados en el primer nivel de atención (con un 33% de nivel de interrupción
moderada o grave)3 (OMS, 2021a).
2
La OMS recomienda 30 médicos por cada 10.000 habitantes como mínimo y 23 médicos, enfermeras y parteras por cada 10.000 habitantes como
mínimo para atender de modo razonable la salud maternoinfantil.
3
Los niveles de interrupción son los siguientes: leve (interrupción del 5% al 25%); moderada (interrupción del 26% al 50%); grave (interrupción de
más del 50%).
5Gráfico 2 | América Latina y el Caribe (25 países y territorios)a: promedio en la interrupción de la provisión
de servicios esenciales de salud, según modalidades de prestación, 2021
(En porcentajes de países)
Interrupción promedio del grupo de servicios 16 11 7 35
Primer nivel de atención (n = 20) 23 23 10 55
Cuidados de rehabilitación,
paliativos y de largo plazo (n = 15) 10 16 14 40
Servicios auxiliares (n = 21) 26 7 5 38
Servicios de emergencia, Interrupción leve
críticos y cirugías (n = 18) 12 4 4 20
Interrupción moderada
Interrupción grave
0 10 20 30 40 50 60
Fuente: Organización Panamericana de la Salud (OPS), sobre la base de Organización Mundial de la Salud (OMS), Second round of the national pulse survey
on continuity of essential health services during the COVID-19 pandemic: January-March 2021. Interim report 22 April 2021, Ginebra, 2021.
a
Los países y territorios considerados son: Bahamas, Belice, Bermuda, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador,
Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Islas Caimán, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Vicente y las
Granadinas, Suriname y Uruguay.
La mayor interrupción de servicios esenciales de salud en el primer nivel de atención tiene
importantes y variadas repercusiones sobre el acceso a los servicios de salud y la garantía del
derecho a la salud de las poblaciones. Ello es especialmente preocupante dado que el primer
nivel de atención es el más cercano a la comunidad y el que con más frecuencia se encuentra
en las zonas de difícil acceso, como las zonas rurales. Esto hace que para diversos grupos de
la población sea el primer y casi único punto de contacto con el sistema de salud. Asimismo, el
primer nivel de atención es un pilar fundamental de una estrategia de atención primaria de la salud
y donde se lleva a cabo una parte central de los servicios de salud relacionados directamente
con el control de la pandemia, como las actividades de testeo, trazabilidad y aislamiento, y, más
recientemente, la implementación de los planes nacionales de vacunación contra el COVID-19.
No obstante, como ya se indicó en CEPAL/OPS (2020), también es el nivel de atención más
postergado en la asignación de recursos en el sistema de salud y, por lo general, representa una
proporción del gasto total en salud que se considera insuficiente.
La inequidad y heterogeneidad estructural de la región se refleja en un aumento del porcentaje
de servicios esenciales de salud interrumpidos a medida que disminuye el nivel de ingreso de
los países. De acuerdo con los datos recabados por la OMS (2021), la mediana de servicios
interrumpidos para los países de ingreso medio-bajo y bajo fue del 67%, mientras que entre los
países de ingreso alto dicha mediana se situó en el 34%.
Junto con el efecto de desplazamiento, los países debieron realizar grandes esfuerzos para
responder a tiempo a las necesidades clínicas del COVID-19, considerando la escasez de
camas hospitalarias de los sistemas de salud de la región. Para ello, gran parte de los esfuerzos
materiales en la fase de mayor emergencia de la pandemia se dirigieron a aumentar la capacidad
de atención hospitalaria y, en particular, la capacidad en cuidados intensivos. Al respecto, según la
información disponible para 16 países de América Latina y el Caribe, entre marzo de 2020 y julio
de 2021 se observa un aumento de 63.222 camas de unidades de cuidados intensivos (UCI), lo
que representa un incremento del 103% en dichas capacidades. Este aumento ha sido desigual:
mientras que algunos países, como México y Venezuela (República Bolivariana de), cuadriplicaron
con creces la disponibilidad de camas de UCI en el período, otros, como la Argentina, el Ecuador,
Honduras y Panamá, lograron un aumento más moderado.
Si bien en algunos países de la región este aumento elevó el número de camas de UCI por encima
de 12 por cada 100.000 habitantes, equivalente al promedio de los países de la OCDE antes
de la pandemia, al 31 de julio de 2021, el promedio de ocupación total de camas de UCI en la
6COVID-19
región era del 75%, y países como Bolivia (Estado Plurinacional de), Chile, Colombia, Honduras,
el Paraguay, el Perú y Venezuela (República Bolivariana de) se ubicaban por encima del 85%. Ello
indica que, a ese momento, incluso dichos esfuerzos no eran suficientes para evitar una eventual
saturación general de los servicios de cuidados intensivos.
A pesar del destacable esfuerzo que implica el aumento del número de camas de UCI, es necesario
prestar atención a dos aspectos. En primer lugar, no existe información acerca de cuántas de
estas camas de UCI corresponden a una reconversión de camas hospitalarias ya existentes,
en un contexto de atención hospitalaria que ya mostraba un nivel de inversión insuficiente en
muchos países, y cuántas son un recurso completamente nuevo. En segundo lugar, junto con
la disponibilidad de camas de UCI, la atención en cuidados intensivos exige recursos humanos
especialmente capacitados, tanto en enfermería como en medicina intensiva, lo que no puede
aumentarse con la misma rapidez que el equipamiento. Ello puede generar importantes restricciones
y problemas, sobre todo si se considera el contexto histórico de escasez de recursos humanos,
y es posible que la calidad de dicha atención se haya visto afectada.
Es así como la saturación del sistema de salud en los países, reflejada en el desplazamiento de
la atención y la interrupción de servicios esenciales, muestra el subfinanciamiento estructural
de los sistemas de salud y la escasez de infraestructura y recursos humanos en salud que se
registra en la región. Esto pone de relieve la urgencia de aumentar la inversión pública en salud,
particularmente en el nivel primario de atención, así como también en la formación, contratación y
retención de personal y equipos de salud interprofesionales para apoyar la prestación de servicios
integrales, de modo que estén capacitados para responder a las crisis y se encuentren mejor
preparados para enfrentar los desastres sanitarios que puedan presentarse en el futuro.
B. Vacunas y acceso a servicios esenciales de salud
Junto con las debilidades estructurales de los sistemas de salud para enfrentar la pandemia, la
prolongación de la crisis sanitaria está estrechamente relacionada con el avance lento y desigual
de los procesos de vacunación en la región. En promedio, en América Latina y el Caribe se
registra una cobertura de vacunación de un 30% de la población con esquema completo. Si bien
países como Chile y el Uruguay se encuentran cercanos al 70%, la mayoría de los países aún no
alcanzan el objetivo original de cobertura mínima del 20% (véase el gráfico 3).
Gráfico 3 | América Latina y el Caribe (33 países): cobertura de esquemas completos de vacunación
contra el COVID-19, septiembre de 2021
(En porcentajes)
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Haitía
Nicaragua
Jamaica
Guatemala
San Vicente y
las Granadinas
Bahamas
Venezuela
(Rep. Bol. de)
Santa Lucía
Granada
Honduras
Belice
Guyana
Bolivia
(Est. Plur. de)
Paraguay
Suriname
Dominica
Perú
México
Costa Rica
Colombia
Trinidad y Tabago
Brasil
Barbados
Antigua y Barbuda
Cuba
Argentina
Saint Kitts y Nevis
Rep. Dominicana
El Salvador
Panamá
Ecuador
Chile
Uruguay
Fuente: Organización Panamericana de la Salud (OPS), “COVID-19 Vaccination in the Americas”, datos actualizados a 10 de septiembre de 2021 [en línea]
https://ais.paho.org/imm/IM_DosisAdmin-Vacunacion.asp.
a
El porcentaje para Haití es 0,12%.
7 La principal dificultad experimentada por los países de América Latina y el Caribe para ampliar la
cobertura de vacunación se ha relacionado con la falta de disponibilidad de vacunas. Esta escasez está
asociada con la alta dependencia que la región tiene de las importaciones, tanto de medicamentos
como de materias primas para el desarrollo de tecnologías sanitarias, y con el acaparamiento,
por parte de la gran mayoría de los países de altos ingresos, de la producción, relativamente
escasa, de vacunas contra el COVID-19. Esta situación de vulnerabilidad se volvió crítica cuando se
produjeron interrupciones unilaterales del suministro por parte de proveedores internacionales en
el primer semestre de 2020. Por ejemplo, en una encuesta realizada por la OMS a 122 países, un
20% indicó que los problemas de desabastecimiento o indisponibilidad de medicamentos estaban
entre las principales causas de las interrupciones en los servicios de salud para el tratamiento de
enfermedades crónicas no transmisibles (OMS, 2020b). Según un análisis llevado a cabo por la
Organización Panamericana de la Salud (OPS) en América Latina y el Caribe, los Estados Unidos y el
Canadá, en agosto de 2020, al menos 11 países contaban con menos de tres meses de suministro
de medicamentos antirretrovirales, lo que los ponía en una situación crítica para administrarlos y
cumplir las metas de los programas de prevención y control del VIH/Sida (OPS, 2020). Ello ha llevado
a constatar una asimetría mundial en las vacunas que se tradujo en un aumento de las desigualdades
que ya existían entre los países antes de la pandemia.
A la concentración de las vacunas en los países desarrollados se suman algunos hechos puntuales,
como la interrupción de exportación de las vacunas producidas por el Instituto Serológico de la
India, que se tradujo en una disponibilidad de vacunas menor a la comprometida y esperada. Esto
afectó particularmente el abastecimiento del Mecanismo COVAX para el acceso mundial a las
vacunas contra la COVID-19 para 2021. En este contexto, el Mecanismo COVAX no ha logrado
cumplir con los compromisos de distribución de dosis a nivel mundial y en la región en particular. A
septiembre de 2021, del total de 4.450 millones de dosis administradas en 217 países y territorios,
el Mecanismo COVAX había distribuido 190,1 millones a 138 participantes, lo que representa un
4,3% del total de dosis.
En este marco, y atendiendo a los requerimientos de los países de América Latina y el Caribe,
la OPS comenzará a adquirir vacunas contra el COVID-19 para ampliar el acceso de los Estados
miembros a las mismas, en paralelo al Mecanismo COVAX. Dicha tarea se llevará a cabo a través
del Fondo Rotatorio para vacunas de la OPS, un mecanismo de cooperación solidaria mediante el
cual, hace más de 40 años, se compran vacunas, jeringas y suministros afines en nombre de los
países participantes. Hasta ahora, en el contexto de la pandemia, el Fondo Rotatorio operaba en la
región como uno de los canales de compra del Mecanismo COVAX mediante el que se reconoce a
los Estados miembros de la OPS como un bloque unificado. El Fondo Rotatorio continuará operando
como canal para lograr la cobertura objetivo inicial del 20% de la población vacunada y funcionará en
forma paralela para incrementar la cobertura por encima de dicho umbral. A la fecha, aproximadamente
20 países han expresado su interés en participar de dicho mecanismo (OPS, 2021a).
Otra dificultad que enfrentan los países para poder acceder a las dosis de vacunas se relaciona
con el precio que deben pagar por los productos, observándose una alta disparidad en los precios
para los países para los cuales se cuenta con información. De acuerdo con los datos del Fondo
de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2021), los precios pagados por tres países de
América Latina y los Estados Unidos son muy disímiles, incluso para el mismo producto. Por una
dosis de la vacuna Moderna, por ejemplo, los Estados Unidos pagan 15 dólares, mientras que
la Argentina ha pagado 22,5 dólares (un 50% más). Es importante mencionar que la escasez de
información al respecto refleja el carácter confidencial de los acuerdos bilaterales, que limitan la
capacidad de negociación y acceso a la información por parte de los países.
Más allá del acceso a las dosis, los países no deben subestimar la necesidad de recursos a nivel local
para llevar adelante los planes nacionales de vacunación contra el COVID-19. En este sentido, para
administrar las vacunas es necesario contar con capacidad instalada, principalmente en el primer
nivel de atención, y con disponibilidad de insumos. Según se desprende de los planes nacionales de
despliegue y vacunación contra el COVID-19 presentados por 18 países y territorios de América Latina
y el Caribe a la Plataforma de socios COVID-19 de la OPS, el costo de administración por dosis, sin
considerar los recursos humanos y la cadena de ultrafrío que se necesitan, asciende a 2,89 dólares,
en promedio, para coberturas promedio del 53% de la población, con gran variabilidad entre los
países, estimándose un costo de hasta 7 dólares por dosis (lo que actualmente representa el costo
de las dosis adquiridas a través del Mecanismo COVAX).
8COVID-19
A su vez, si se toman en cuenta todos los componentes de los planes nacionales de despliegue
y vacunación (dosis, recursos humanos, cadena de ultrafrío y otros insumos), el costo total
estimado de la implementación de esos planes representa, en promedio, un 3,7% del gasto
en salud de los países que los presentaron en 2018, o un 7,5% del gasto público en salud para
el mismo año, con diferencias importantes entre los países. En algunos casos, el costo total
estimado de implementación del plan asciende a casi un tercio del gasto público en salud anual
del país, mientras que en cinco casos se sitúa por encima del 10% (véase el gráfico 4). Cabe
esperar que esta situación genere cuellos de botella importantes en países que ya presentaban
niveles de gasto público en salud insuficientes y que se encuentran atravesando una situación
fiscal muy comprometida.
Gráfico 4 | América Latina y el Caribe (18 países)a: costo total de los planes de vacunación
(En porcentajes del gasto total y público en salud)
35
30
25
20
15
10
7,5%
Porcentaje del gasto
5
3,7% total en salud
Porcentaje del gasto
0 público en salud
Fuente: Organización Panamericana de la Salud (OPS), sobre la base de los planes nacionales de vacunación.
a
Los países considerados son: Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Bolivia (Estado Plurinacional de), Dominica, El Salvador, Granada, Guyana, Honduras,
Haití, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Suriname y Trinidad y Tabago.
Se espera que entre septiembre y noviembre de 2021 aumente de manera significativa la
disponibilidad de vacunas para América Latina y el Caribe (véase la sección IV). En caso de
concretarse, esto representará un gran esfuerzo de absorción de dosis por parte de los países, que
será fundamental para el control de la crisis sanitaria y para poder avanzar hacia una recuperación
en la dimensión social.
C. Medidas de salud pública
Las medidas de salud pública para contener la propagación del virus se han centrado principalmente
en políticas de cuarentena y, de manera más genérica, de restricción de la movilidad, con
resultados diversos tanto en movilidad efectiva como en contención de la propagación del virus.
Los datos muestran que la situación ha sido muy cambiante con el transcurso de la pandemia
y muy heterogénea entre países. En algunos casos, las medidas adoptadas nominalmente no
se condicen con la información disponible sobre movilidad efectiva de la población que puede
obtenerse bajo ciertas modalidades, la más efectiva de las cuales es el seguimiento a través
de teléfonos celulares. El gráfico 5 refleja la movilidad efectiva de la población para el conjunto
de los países de América Latina y el Caribe. Allí se observa que mientras la movilidad asociada
al transporte y las instalaciones laborales aún se encuentra un 20% por debajo de los niveles
anteriores a la pandemia (aunque muy por encima de la disminución de más del 60% observada
en abril de 2020), la movilidad asociada con las compras en farmacias y almacenes ya se encuentra
en niveles similares a la línea de base.
9Gráfico 5 | América Latina y el Caribe (27 países y territorios)a: movilidad efectiva de la población
y casos confirmados de COVID-19, por semana epidemiológica
1 000 000
65
45 500 000
25
0
5
-15 -500 000
-35
-1 000 000
-55
-75 -1 500 000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep
2020 2021
Casos Residencial Instalaciones laborales Transporte Parques Almacenes Comercios
Fuente: Organización Panamericana de la Salud (OPS), sobre la base de información de Google Mobility, “Informes de Movilidad local sobre el COVID-19”
[en línea]0
20 000
40 000
60 000
80 000
0
5 000
10 000
15 000
0
300
600
900
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
0
100
200
300
Mar Mar Mar
Mar Mar
Abr Abr Abr Abr
Abr
May May May May
May
Jun Jun Jun Jun Jun
Jul Jul Jul Jul
Gráfico 6 (continuación)
Jul
2020
2020
2020
2020
Ago Ago Ago Ago
2020
Ago
Sep Sep Sep Sep Sep
Oct Oct Oct Oct Oct
Nov Nov Nov Nov Nov
G.Cuba
C. Brasil
Dic Dic Dic Dic Dic
E. Colombia
K. Honduras
I. El Salvador
Ene Ene Ene Ene Ene
Feb Feb Feb Feb Feb
Mar Mar Mar Mar Mar
Abr Abr Abr Abr Abr
2021
May
2021
May
2021
May
2021
May May
2021
Jun Jun Jun Jun Jun
Jul Jul Jul Jul Jul
Ago Ago Ago Ago Ago
0
500
1 000
1 500
0
2 500
7 500
10 000
5 000
0
1 000
2 000
3 000
4 000
0
200
400
600
800
0
10 000
20 000
30 000
Mar Mar Mar Mar Mar
Abr Abr Abr Abr Abr
May May May May May
Jun Jun Jun Jun Jun
Jul Jul Jul Jul Jul
2020
2020
2020
2020
2020
Ago Ago Ago Ago Ago
Sep Sep Sep Sep Sep
Oct Oct Oct Oct Oct
Nov Nov Nov Nov Nov
D. Chile
Dic Dic Dic
L. México
Dic Dic
H. Ecuador
F. Costa Rica
J. Guatemala
Ene Ene Ene Ene Ene
Feb Feb Feb Feb Feb
Mar Mar Mar Mar Mar
Abr Abr Abr Abr Abr
2021
May
2021
May
2021
May
2021
May
2021
May
Jun Jun Jun Jun Jun
Jul Jul Jul Jul Jul
Ago Ago Ago Ago Ago
11
COVID-19Gráfico 6 (conclusión)
M. Panamá N. Paraguay
1 000 3 000
2 000
500
1 000
0 0
Mar
Ene
Feb
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Jun
Jul
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Ago
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
2020 2021 2020 2021
O. Perú P. República Dominicana
20 000 600
15 000 400
10 000
200
5 000
0 0
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Dic
Mar
Jun
Sep
Oct
Nov
Jul
Ene
Feb
Abr
May
Ago
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Mar
Ene
Feb
Abr
May
Jun
Jul
Ago
2020 2021 2020 2021
Q. Uruguay R. Venezuela (República Bolivariana de)
1 500 500
400
1 000
300
500 200
100
0 0
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Mar
Ene
Feb
Abr
May
Jun
Jul
Ago
2020 2021 2020 2021
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Organización Mundial de la Salud (OMS), Second round of the
national pulse survey on continuity of essential health services during the COVID-19 pandemic: January-March 2021. Interim report 22 April 2021,
Ginebra, 2021.
Nota: El uso de diferentes escalas entre los países se debe a la gran diferencia en términos absolutos de las defunciones informadas por COVID-19 según
el tamaño poblacional de los países. Se mantuvo una escala particular para cada país de tal forma que sea posible visualizar las olas en cada uno
de ellos, sin fines comparativos.
El aumento de la transmisibilidad y el consecuente aumento del número de casos graves, en 2021,
hicieron que durante la nueva ola de la enfermedad fallecieran personas que en principio no estaban
expuestas al riesgo de muerte por no tener comorbilidades o enfermedades crónicas preexistentes
(Hanlon y otros, 2020; Nepomuceno y otros, 2020), ni pertenecer al grupo de edades inicialmente
consideradas de riesgo (Meyerowitz y Merone, 2020). El gráfico 7 muestra la proporción de esas
defunciones en personas menores de 60 años. En 2020, se observa que los países tenían un
nivel estable en dicho indicador, aunque distinto entre ellos. Ese porcentaje iba de menos de
un 10% en el Uruguay y alrededor de un 15% en la Argentina y Chile, a aproximadamente un
30% de las defunciones en el Brasil, Colombia, Costa Rica y el Perú. En México, estas llegaban
al 50%. En los primeros seis meses de 2021, sin embargo, esas proporciones aumentaron
considerablemente y a fines de junio de 2021 llegaron a aproximadamente el 20% en Chile, el
35% en la Argentina y el Perú, casi un 40% en Colombia, y más del 50% en el Brasil, Costa Rica
y México. Esta tendencia puede haberse generado, no solamente por el surgimiento de nuevas
variantes, sino también debido a que las personas mayores fueron vacunadas antes que las más
jóvenes. En consecuencia, los especialistas han urgido a aumentar la tasa de vacunación en los
países en desarrollo (Cohen, 2021) y a aplicar las vacunas en edades más tempranas.
12COVID-19
Gráfico 7 | América Latina (8 países): proporción de defunciones informadas por COVID-19 en personas menores
a 60 años, 1 de abril de 2020 a 31 de agosto de 2021
(En porcentajes)
70
60
50
40
30
20
10
0
Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago
2020 2021
México Costa Rica Perú Brasil Colombia Chile Argentina Uruguay
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos oficiales de COVID-19 por edades del Ministerio de Salud,
Dirección Nacional de Epidemiología y Análisis de Situación de Salud, “COVID-19. Casos registrados en la República Argentina” [en línea] http://datos.
salud.gob.ar/dataset/covid-19-casos-registrados-en-la-republica-argentina; Ministerio de Salud, “Banco de Dados de Síndrome Respiratória Aguda
Grave – incluindo dados da COVID-19. Vigilância de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG 2021)”, 2020; Ministerio de Salud, Departamento de
Estadísticas e Información de Salud, “Defunciones por causa de muerte 2016-2021” [en línea] https://deis.minsal.cl/; Secretaría de Salud, “Información
referente a casos COVID-19 en México” [en línea] https://datos.gob.mx/busca/dataset/informacion-referente-a-casos-covid-19-en-mexico; Ministerio
de Salud del Perú, “Datos Abiertos de COVID-19” [en línea] https://www.datosabiertos.gob.pe/group/datos-abiertos-de-covid-19; Ministerio de
Salud Pública, “Grupo Uruguayo Interdisciplinario de Análisis de Datos de COVID-19” [en línea] https://guiad-covid.github.io/#publications.
Nota: Para Costa Rica la edad de corte de las categorías es de 64 años y menos.
En el gráfico 8 se presenta la superposición entre la pirámide poblacional de América Latina y
el Caribe con los casos de COVID-19 por sexo y las muertes por COVID-19 por sexo. Aunque
todas las franjas etarias se han visto afectadas, en términos de casos, puede observarse en el
gráfico 8.A que existe una incidencia de casos similar entre hombres y mujeres que se concentra
más en las edades de 25 a 39 años. Con relación a las muertes por COVID-19, en el gráfico 8.B
se observa que los hombres han sido más afectados que las mujeres y que las franjas etarias
con mayor número de muertes son las de 65 a 74 años.
A pesar de la vulnerabilidad asociada a la edad, las limitaciones funcionales y las múltiples
enfermedades crónicas, se debe avanzar en la comprensión de las limitaciones en las respuestas
de los sistemas y servicios de salud al envejecimiento de la población en todos los niveles de
atención, especialmente en los servicios de atención a largo plazo, es decir, los que se brindan a
personas mayores y personas en situación de dependencia. Antes de la pandemia de COVID-19,
se estimaba que hasta la mitad de las personas mayores no tenían acceso a servicios de salud
esenciales en algunos países en desarrollo (Naciones Unidas, 2020) y al menos 142 millones de
personas mayores en todo el mundo no podían satisfacer sus necesidades básicas (OMS, 2020e).
Durante la pandemia de COVID-19, los servicios más afectados fueron la atención primaria y la
rehabilitación, así como los cuidados paliativos y a largo plazo, lo que tiene graves consecuencias
para las poblaciones más vulnerables, incluidas las personas mayores y las personas con
enfermedades crónicas y discapacidad (OMS, 2021a). En muchos países, más del 40% de las
muertes relacionadas con el coronavirus durante 2020 han ocurrido en centros de atención a
largo plazo, con una proporción de hasta el 80% en algunos países de ingresos altos (OMS,
2020e). Las investigaciones realizadas indican que en los centros de atención a largo plazo de
América Latina y el Caribe había dificultades para adquirir equipos de protección personal y una
capacidad limitada para realizar pruebas de COVID-19 (Wachholz y otros, 2020).
13Gráfico 8 | América Latina y el Caribe (19 países)a: casos confirmados y muertes por COVID-19, por sexo y grupo de edad, 2021
A. Casos confirmados de COVID-19 B. Muertes por COVID-19
En miles
Casos – Hombres Casos – Mujeres Muertes hombres Muertes mujeres
1 500 1 000 500 0 0 500 1 000 1 500 60 50 40 30 20 10 0 0 10 20 30 40 50 60
Más de 100 años
95-99 años
90-94 años
85-89 años
80-84 años
75-79 años
70-74 años
65-69 años
60-64 años
55-59 años
50-54 años
45-49 años
40-44 años
35-39 años
30-34 años
25-29 años
20-24 años
15-19 años
10-14 años
5-9 años
0-4 años
25 20 15 10 5 0 0 5 10 15 20 25 25 20 15 10 5 0 0 5 10 15 20 25
Población – Hombres Población – Mujeres Población – Hombres Población – Mujeres
En millones
Fuente: Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Nota: Las barras horizontales con borde negro corresponden a los casos confirmados y a las muertes notificadas por COVID-19.
a
Los países considerados son: Argentina, Barbados, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Curaçao, Ecuador, Guatemala, Jamaica, México, Panamá,
Perú, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, República Dominicana, Trinidad y Tabago y Venezuela (República Bolivariana de).
II. El escenario económico y social ante la crisis sanitaria prolongada
A. El impacto de la pandemia y las medidas de control del COVID-19
en la economía
1. Contexto previo a la pandemia en América Latina y el Caribe
y proyecciones de crecimiento
En 2020, América Latina y el Caribe experimentó la peor contracción desde 1900, con una caída
del PIB del 6,8%, y el peor desempeño entre todas las regiones en desarrollo (CEPAL, 2021a). La
dinámica de crecimiento ya era limitada antes de la crisis, de modo que en el sexenio 2014-2019 la
región creció a una tasa promedio del 0,3%. Este fue uno de los períodos de menor crecimiento
desde que se tiene registro y solo es comparable con el sexenio que incluye la Primera Guerra
Mundial y el de la Gran Depresión (véase el gráfico 9).
El crecimiento prácticamente nulo en el quinquenio previo a la crisis, unido a la fuerte contracción
de 2020, se tradujo en una caída histórica de la ocupación y un aumento sin precedentes del
desempleo, junto con incrementos significativos de la pobreza y la desigualdad, lo que ha
exacerbado aún más los problemas estructurales de la región (CEPAL, 2021a). La crisis también
agravó la heterogeneidad productiva de América Latina y el Caribe, provocando el cierre de una
gran cantidad pymes y la destrucción de capital humano y de empleo, lo que se suma a un mal
desempeño en materia de inversión.
Para 2021 se espera una tasa de crecimiento del 5,9% y en 2022 se proyecta un crecimiento
promedio del 2,9% en la región (véase el gráfico 10).
14COVID-19
Gráfico 9 | América Latina y el Caribe: tasa de crecimiento anual del PIB y promedios por sexenios, 1901-2019
(En porcentajes)
10
8
6
4
2
0
-2
2014-2019:
-4 0,3%
-6
-8
1951
1961
1971
1981
1991
2001
2011
1901
1911
1921
1931
1941
1997
1999
2003
1903
1905
1907
1909
1913
1915
1917
1919
1923
1925
1927
1929
1933
1935
1937
1939
1943
1945
1947
1949
1953
1955
1957
1959
1963
1965
1967
1969
1973
1975
1977
1979
1983
1985
1987
1989
1993
1995
2005
2007
2009
2013
2015
2017
2019
Tasa de crecimiento anual Tasa promedio de seis años
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de J. Bolt y J. van Zanden, “Maddison style estimates of the evolution
of the world economy. A new 2020 update”, Maddison Project Database 2020 y cifras oficiales.
Gráfico 10 | América Latina y el Caribe (33 países): proyección de la tasa de crecimiento del PIB, 2021
(En porcentajes)
Guyana 16,0
Panamá 12,0
Perú 10,6
Chile 9,2
Rep. Dominicana 8,0
Argentina 7,5
El Salvador 7,5
Colombia 7,5
México 6,2
Centroamérica y México 6,0
América Latina 5,9
América Latina y el Caribe 5,9
América del Sur 5,9
Centroamérica 5,5
Brasil 5,2
Bolivia (Est. Plur. de) 5,1
Honduras 5,0
Granada 4,7
Guatemala 4,6
Dominica 4,3
El Caribe 4,1
Uruguay 4,1
Paraguay 4,1
Jamaica 4,0
Costa Rica 3,7
Santa Lucía 3,6
Saint Kitts y Nevis 3,3
San Vicente y las Granadinas 3,0
Barbados 3,0
Ecuador 3,0
Belice 2,7
Nicaragua 2,5
Trinidad y Tabago 2,5
Bahamas 2,3
Cuba 2,2
Antigua y Barbuda 1,0
Suriname -1,0
Haití -1,3
Venezuela (Rep. Bol. de) -4,0
-5 0 5 10 15 20
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.
15 Si bien responde a las mejoras en las condiciones externas, la creciente apertura de las economías
y la flexibilización de las medidas de distanciamiento físico, la dinámica de crecimiento de la región
durante este año se explica principalmente por una base de comparación muy baja con resultado
de la fuerte caída de 2020. Este crecimiento esperado para 2021 no será suficiente para que la
región recupere el nivel de PIB anterior a la crisis; solo 6 de los 33 países lo lograrán. En 2022,
en tanto, con un crecimiento esperado promedio del 2,9%, otros 8 países podrán alcanzar los
niveles de 2019.
La dinámica y la persistencia del crecimiento futuro, más allá del rebote de este año, están sujetas
a las incertidumbres derivadas de los avances desiguales en los procesos de vacunación y el
resto de las medidas de salud pública de contención de la pandemia, así como a la capacidad
de los países para revertir los problemas estructurales que subyacen tras la baja trayectoria de
crecimiento que exhibían antes de la pandemia.
2. Esfuerzos fiscales de los países para mitigar el impacto de la pandemia
en términos sociales y productivos
En 2020, la política fiscal demostró ser una herramienta de política económica fundamental para
responder a la crisis provocada por la pandemia de COVID-19. Los países de la región anunciaron
importantes paquetes de medidas fiscales que, en promedio, representaron un 4,6% del PIB.
Estos esfuerzos se tradujeron en un alza del gasto público, que alcanzó un nivel histórico en
América Latina al aumentar del 21,4% del PIB en 2019 al 24,7% del PIB en 2020.
Las medidas fiscales se enfocaron en fortalecer los sistemas de salud, apoyar a las familias por
medio de transferencias monetarias y proteger la estructura productiva a través de medidas de
liquidez (además de garantías estatales de crédito por un 2,5% del PIB). Si bien estos paquetes
lograron atenuar los efectos negativos de la pandemia, se profundizaron las brechas estructurales:
desigualdad, pobreza, informalidad, espacio fiscal limitado, baja productividad y fragmentación
de los sistemas de protección social y salud.
Ante la persistencia de la pandemia en 2021, varios países de América Latina han anunciado nuevos
planes fiscales de emergencia, equivalentes al 2,2% del PIB. Al mismo tiempo, los países de la
región han dado a conocer su intención de impulsar la inversión pública como instrumento para
reactivar la actividad económica y crear empleo, lo que se ha traducido en mayores erogaciones
por gastos de capital en varios países.
3. El impacto de la crisis sanitaria en el mercado laboral
Los efectos de la crisis provocada por la pandemia de COVID-19 en el mercado de trabajo fueron
mucho mayores que en crisis anteriores, tanto en lo que respecta a la pérdida en los niveles de
ocupación y la caída en la participación laboral, como en lo relativo a los aumentos en la tasa
de desocupación.
El impacto fue mayor en el empleo femenino y en los grupos más vulnerables. Entre 2019 y
2020, el nivel de ocupación se redujo casi 25 millones de personas, cerca de 13 millones de las
cuales son mujeres. Esto resultó en una tasa de desempleo femenino del 11,9%, superior al
9,3% de 2019. En tanto, la tasa de desempleo de los hombres en 2020 fue del 9,3%, frente a
un 6,9% en 2019. La tasa de participación femenina bajó del 51% en 2019 al 46,9% en 2020,
mientras que la tasa de participación masculina descendió del 74,7% al 69,6%. La reducción
anotada en la tasa de participación femenina la ubica en niveles similares a los de 2002.
Al primer trimestre de 2021, a pesar del aumento en el nivel de ocupados, la región solo logró
recuperar un 58% del total de los empleos que se perdieron durante la crisis. Para 2021 se
estima que la tasa de participación laboral se incrementará 3,4 puntos porcentuales, al pasar
del 57,7% en 2020 al 61,1%, con un aumento que será mayor para los hombres que para las
mujeres (CEPAL, 2021c).
El lento incremento en los niveles de ocupación y las mayores tasas de participación permiten
prever que la tasa de desocupación en 2021 será mayor que en 2020, y alcanzará un 11%,
comparado con el 10,5% de 2020. Al igual que en las tasas de participación, las mujeres muestran
un peor resultado, ya que su tasa de desocupación sería del 12,7% y se ubicaría tres puntos
porcentuales por encima de la de los hombres (9,7%) (CEPAL, 2021a).
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