El Derecho a la Ciudad, lo que Macri no ha hecho

El Derecho a la Ciudad, lo que
                         Macri no ha hecho
                 Análisis de 3 años de gestión en la Ciudad

                                           Mayo 2011

Síntesis Ejecutiva

El presente documento desarrolla un análisis del informe de gestión presentado a través del
Observatorio de Resultados de Gobierno de la CABA. Dicho informe remarca una visión de la Ciudad
y del rol que debiera jugar el Estado contrapuesto a lo que plantea el Enfoque de Derechos y el
Derecho a la Ciudad. Respecto a los resultados de la gestión no da cuenta de una administración
eficiente de los recursos del Estado; incluso, si lo analizamos detenidamente, observamos una
gestión que achica el Estado –en términos de su capacidad para actuar ante los conflictos sociales
que surgen– y que desprecia “lo público”.

El presente documento elabora un análisis del informe de gestión presentado a través del Observatorio de
Resultados de Gobierno de la CABA. Donde se remarca una visión de la Ciudad y del rol que debiera jugar el
Estado contrapuesto a lo que plantea el Enfoque de Derechos y la Carta por el Derecho a la Ciudad. A su vez,
no da cuenta de una administración eficiente de los recursos del Estado; incluso, si lo analizamos
detenidamente, observamos una gestión que achica el Estado y que desprecia “lo público”.

El actual Gobierno de la Ciudad –que en realidad se preocupa más de gestionar la Ciudad que de gobernarla–
ha ido realizando, a lo largo de los más de tres años que lleva su mandato, una serie de iniciativas
fragmentadas y desarticuladas entre sí que sólo sirvieron como “parches” a una situación social sumamente
compleja. Esas medidas no tuvieron la capacidad de transformar y desarrollar a la Ciudad y a la sociedad de
manera tal de favorecer la inclusión social y la equiparación de oportunidades para que todos puedan
desarrollarse individual y colectivamente, en todos los ámbitos de la vida.

En este sentido, es importante establecer un programa de gobierno que contrarreste esta tendencia negativa,
que permita desarrollar las potencialidad económica, ambiental, política y cultural de la Ciudad de Buenos
Aires, basándose en los principios de solidaridad, libertad, equidad, dignidad y justicia social y que se
fundamente en el respeto a las diferentes culturas urbanas.

El primer capítulo de la Memoria de Gestión se ocupa de dos temas muy sensibles que el Gobierno debiera
tomar con suma responsabilidad, y actuar en consecuencia: la salud y el desarrollo social. Los programas que
desarrolló el Gobierno sobre estas cuestiones no están articulados en torno al marco conceptual que establece
el Enfoque de Derechos; por lo tanto, la acción del Estado no garantiza el derecho a la salud ni tampoco los
derechos sociales, fundamentales si es que se pretende una sociedad inclusiva. Por el otro, del análisis de la
estructura institucional de estos programas se desprende la poca vocación que tiene el Gobierno de la Ciudad
por “lo público” ya que, además de contar con recursos presupuestarios, humanos y materiales insuficientes,
hay una marcada tendencia –fundamentalmente en el área de desarrollo social– a la gestión asociada y a la
tercerización de servicios que debiera garantizar el Estado.

El segundo apartado del Informe de gestión incluye las acciones del Gobierno en las áreas de Educación y
Cultura. En este caso, la Memoria publicada por el Observatorio de Resultados también se preocupa por
destacar sobremanera una serie de programas que no priorizan el acceso universal a un servicio educativo de
calidad, o que no garantizan los derechos culturales a todos los porteños. Simplemente, son acciones que
pretenden mostrar a Buenos Aires como una “ciudad moderna donde los turistas europeos o norteamericanos
se sientan cómodos”, es decir, una ciudad “for export”; todo ello mientras se ocultan los problemas
estructurales que esta gran urbe tiene en términos socio-económicos, en relación a la Cultura y la Educación.

El tercer eje de la gestión de Macri al frente del Ejecutivo porteño, según el informe de la política pública
realizada en los tres años de mandato, tienen que ver con dos áreas importantes si se pretende una ciudad
dinámica económicamente: el Trabajo y el Desarrollo Económico. Lo preocupante es que a pesar de que resulta
fundamental contar, al mismo tiempo, con una política destinada a cuidar al trabajador y la calidad del trabajo
y una tendiente a fomentar la instalación de diversas industrias y servicios que promuevan la creación de
puestos de trabajo y que ayuden a ampliar el perfil productivo de la Ciudad, los únicos dos programas
reseñados en el informe –este es el apartado más corto– tienen como único objetivo el de atraer inversores
privados, a partir de facilidades impositivas, para que instalen sus empresas en la Ciudad.
La seguridad pública, según la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, también constituye un derecho
fundamental que los habitantes deben reclamar para sí. El cuarto apartado se ocupa de las políticas producidas
por el Gobierno porteño en ese sentido. Para la gestión de Macri el tema de la seguridad pública ha sido uno de
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los baluartes durante su gobierno y, en virtud de aquello, desarrolló una de las políticas más audaces: la
creación de una fuerza policial propia, la Policía Metropolitana, que debería articularse con la otra fuerza con
presencia en la Ciudad de Buenos Aires, la Policía Federal. Sin embargo, su implementación resulta sumamente
ineficaz y, en la práctica, no cumple con sus funciones, entre las que se destacan: Prevención general del Delito,
Investigación de delitos de competencia de la Ciudad, Aplicación del Código Contravencional, constatación de
infracciones previstas en el Código de Faltas, y auxilio a la justicia.

El quinto apartado del informe trianual de la gestión macrista incluye las políticas ambientales de su Gobierno.
Si pretendiera cumplir con el Enfoque de Derechos, el Gobierno debería impulsar tendientes a prevenir la
contaminación, “incluyendo ahorro energético, gestión y reutilización de residuos, reciclaje, recuperación de
vertientes, y ampliación y protección de los espacios verdes”. En cambio, los principales programas, en relación
a esta temática, impulsados por el Gobierno no sólo no cumplen estos objetivos, sino que además no respetan
la legislación vigente.

Finalmente, el último apartado se refiere a sus políticas de tránsito y transporte. La movilidad urbana es un
derecho que constituye por sí mismo una gran conquista social. Sin embargo, para un primer abordaje de este
concepto es preciso entender que ‘movilidad’ y ‘transporte’ no significan lo mismo es una consecuencia de esa
conquista. El Gobierno de la Ciudad, en un contexto de desigualdad social y de pérdida de derechos de los
ciudadanos, si bien promulga una política de priorizar la peatonalidad y humanizar el espacio público, en la
práctica profundiza el uso del transporte privado, o sea, el automóvil.

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Introducción

En este documento se analiza el informe de los tres años de gestión de Gobierno de Mauricio Macri en la
Ciudad Autónoma de Buenas Aires. Dicho análisis se realiza bajo el marco conceptual del Enfoque de Derechos
y la Carta del Derecho a la Ciudad.

En una primera parte se contrasta la visión de política pública del macrismo y su aplicación en la gestión de la
CABA. Posteriormente, se elabora en distintos apartados una observación de cada una de las secciones del
informe de gestión, agrupadas en lo que este gobierno entiende por sus políticas de Estado.

Los distintos apartados son:

        Más Salud y Desarrollo Social para todos

        Más Educación y Cultura para todos

        Más Trabajo y Desarrollo Económico para todos

        Más Seguridad y Control del espacio público

        Más Cuidado del Ambiente y Espacio Público

        Más Orden en tránsito y transporte

        Buenos Aires más fácil

Para la elaboración del documento hemos contado con la participación de los distintos equipos del Instituto de
Pensamiento y Políticas Públicas de Buenos Aires para Todos. En particular, Cristina González Bordón, Graciela
Guarido, María Marta Notari por la Mesa de Cultura; Natalia Cillis, Mercedes Romera, y Mora Straschnoy para
las Políticas Sociales y Educación; Norberto Spirtu Barros para Tránsito y Transporte, Sol Prieto para Seguridad
y Control del Espacio Público, Bibiana Romano para los temas ambientales, Tomás Guevara para Vivienda y
Lisandro Gastón Giles para Descentralización.

La compilación, sistematización y encuadre metodológico estuvo a cargo de Pablo Leibson. Mientras que la
coordinación general la realizó Silvana Cavallari.

La política pública según el macrismo

El 1 de marzo de este año Mauricio Macri, el Jefe de Gobierno de la Ciudad, se presentó ante el pleno de la
Legislatura para iniciar un nuevo período de sesiones ordinarias. Generalmente, el titular del Ejecutivo
aprovecha esa ocasión para hacer, ante el Legislativo –una de sus funciones es controlar al poder Ejecutivo–
una rendición de cuentas sobre lo hecho en la gestión.

Sin embargo, en esa oportunidad Macri decidió no incluir este informe en su discurso; es más, no dijo
absolutamente nada importante. Ese mismo día, para suplir la falta de aquel informe en la alocución del Jefe de
Gobierno, se les entregó a los diputados presentes una publicación del Observatorio de Resultados del
Gobierno–no se distribuyó entre el resto de los porteños, que no pudieron acceder a él– en el cual se da
cuenta de lo que se hizo en materia de políticas públicas, en cada una de las áreas de gobierno durante los
primeros tres años de gestión: salud, desarrollo social, educación, cultura, trabajo y desarrollo económico,

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seguridad y control del espacio público, cuidado del ambiente y del espacio público, transporte y en
descentralización y participación ciudadana.

 En términos conceptuales, esta publicación, y por ende también la gestión a cargo de Mauricio Macri, remarca
una visión de la Ciudad y del rol que debiera jugar el Estado contrapuesto a lo que plantea el Enfoque de
Derechos y el Derecho a la Ciudad que consideran que, ante todo, la política pública y la acción positiva del
Estado deben perseguir la satisfacción de los derechos humanos –tanto los civiles y políticos, como los
económicos, sociales y culturales–. Al mismo tiempo, este marco conceptual subraya que es importante que los
ciudadanos, empoderados y titulares de derechos, adquieran un rol activo y reclamen enfáticamente por ellos,
tanto frente al Ejecutivo como ante la Justicia, para conseguirlos.

Respecto a ello, el actual Gobierno de la Ciudad –que en realidad se preocupa más de gestionar la Ciudad que
de gobernarla– ha ido realizando, a lo largo de los más de tres años que lleva su mandato, una serie de
iniciativas fragmentadas y desarticuladas entre sí que sólo sirvieron como “parches” a una situación social
sumamente compleja.

Esas medidas no tuvieron la capacidad de transformar y desarrollar a la Ciudad y a la sociedad de manera tal de
favorecer la inclusión social y la equiparación de oportunidades para que todos puedan desarrollarse individual
y colectivamente, en todos los ámbitos de la vida. Esos “parches” –o políticas públicas focalizadas, vinculadas al
“Consenso de Washington”–, incluso, favorecieron, por un lado, la proliferación de grandes áreas urbanas en
condiciones de pobreza, precariedad y vulnerabilidad y violentaron, por el otro, la vida urbana provocando
graves consecuencias como los desalojos masivos y la segregación social. Todo eso ha provocado el
consecuente deterioro de la convivencia y del desarrollo social.

En este sentido, es importante establecer un programa de gobierno que contrarreste esta tendencia negativa,
que permita desarrollar las potencialidad económica, ambiental, política y cultural de la Ciudad de Buenos
Aires, basándose en los principios de solidaridad, libertad, equidad, dignidad y justicia social y que se
fundamente en el respeto a las diferentes culturas urbanas.

Dos herramientas que nos serán muy útiles para poder pensar de que manera es posible que el Estado vuelva a
tener un rol protagonista en la sociedad, siendo el garante último de que los derechos humanos se cumplan de
modo que se puedan generar condiciones de igualdad y de inclusión social son El Derecho a la Ciudad –que
pretende “enfatizar una nueva manera de promoción, respeto, defensa y realización de los derechos civiles,
políticos, económicos, sociales y culturales”– y el Enfoque de Derechos –que ofrece un marco conceptual
mediante el cual operativizar políticas públicas a través de las cuales se busque garantizar la satisfacción de los
derechos humanos, considerando a la persona como titular de derechos y no como mero beneficiario–. De
este modo, se aspira a que la Ciudad vuelva a ser un espacio democrático donde todos puedan participar
activamente.

Respecto a los resultados de la gestión, el informe que publica el Observatorio de la Ciudad no da cuenta de
una administración eficiente de los recursos del Estado; incluso, si lo analizamos detenidamente, observamos
una gestión que achica el Estado –en términos de su capacidad para actuar ante los conflictos sociales que
surgen– y que desprecia “lo público”.

En este sentido, ha aumentado la fragmentación institucional, la ineficiencia en los servicios prestados por la
Ciudad y en la ejecución presupuestaria, no se ha convocado a elecciones comunales ni se ha implementado el
presupuesto participativo, instrumento esencial para la definición de las prioridades presupuestarias y el
control de ejecución. Del mismo modo, no se han desarrollado políticas de desarrollo urbano que pretendan
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reducir el desequilibrio Norte-Sur ni políticas de vivienda que pretendan solucionar el problema habitacional
que existe en la Ciudad –aunque sí se promovieron los desalojos compulsivos–.

No existen tampoco políticas productivas que articulen el desarrollo económico y territorial ni tampoco una
política que pretenda regularizar a la gran cantidad de trabajadores informales que hay actualmente en la
Ciudad. Respecto a la política de transporte, no se cumple con la ampliación de la red de subterráneos
optándose por complejas y poco estudiadas obras centradas en alteraciones de las manos y carriles de
circulación existentes. En materia ambiental, la situación de la Cuenca del Riachuelo sigue siendo una
asignatura pendiente del GCBA. Finalmente, no ha habido avances en los acuerdos interjurisdiccionales
necesarios para garantizar la gobernabilidad metropolitana, como es el caso del transporte, la educación, la
salud, la vivienda o el ambiente.

Entonces, ya sea que se lo analice desde el Enfoque de Derechos o en relación a los resultados obtenidos, lo
realizado por la gestión de Macri en estos tres años deja mucho que desear.

Las políticas implementadas no tienden a garantizar a los porteños el goce efectivo de los derechos humanos y,
por ende, no promueven condiciones y oportunidades equitativas a los habitantes de la Ciudad ni tampoco la
utilización del espacio urbano en un sentido inclusivo y democrático. Al contrario, esas iniciativas favorecen a
las situaciones de exclusión, de pobreza y de precariedad donde los habitantes, sobre todos los de las capas
más vulnerables socioeconómicamente, dependen de la bondad del Estado y de otras organizaciones de la
sociedad civil para subsistir.

Estas políticas tampoco ayudan a construir una burocracia estatal más eficiente y moderna, capaz de asumir las
responsabilidades que el Estado tiene para con la sociedad sino que, en cambio, promueven la desaparición del
Estado y, por ende, de los nexos que pueden entablarse entre él y la sociedad disminuyendo exponencialmente
su capacidad de acción frente a los conflictos que surgen en la misma. Esto favorece el acceso a lo público de
empresas privadas y de otras organizaciones de la sociedad civil que, si bien intentan auxiliar al Estado en sus
tareas cotidianas, evidentemente persiguen intereses muy distintos a los del mismo.

Habiendo caracterizado de forma general a la política pública de la gestión macrista, ahora nos parece
interesante analizar cómo se manifiestan estas particularidades en cada una de las áreas del Gobierno de la
Ciudad, en particular.

El primer apartado: “Más Salud y Desarrollo Social para todos”

El primer capítulo de la Memoria de Gestión se ocupa de dos temas muy sensibles que el Gobierno debiera
tomar con suma responsabilidad, y actuar en consecuencia: la salud y el desarrollo social.

Los programas que desarrolló el Gobierno sobre estas cuestiones en los tres años que lleva de gestión no están
articulados en torno al marco conceptual que establece el Enfoque de Derechos; por lo tanto, la acción del
Estado no garantiza el derecho a la salud ni tampoco los derechos sociales, fundamentales si es que se
pretende una sociedad inclusiva.

Por el otro, del análisis de la estructura institucional de estos programas se desprende la poca vocación que
tiene el Gobierno de la Ciudad por “lo público” ya que, además de contar con recursos presupuestarios,
humanos y materiales insuficientes, hay una marcada tendencia –fundamentalmente en el área de desarrollo

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social– a la gestión asociada y a la tercerización de servicios que debiera garantizar el Estado, a través de la
gestión asociada entre el Estado y organizaciones de la sociedad civil.

Las políticas de salud, que no garantizan los mismos derechos para todos.

La política en materia de salud, que debiera buscar ante todo el acceso a un servicio de salud gratuito y de
calidad tanto para los habitantes de la Ciudad como también para todas las personas que decidan atenderse en
los establecimientos del sistema porteño de salud; deja mucho que desear.

Por ejemplo, al Programa de Cobertura Porteña de Salud, que pretende “asegurar la atención sanitaria a los
vecinos que no cuentan con obra social”, sólo pueden acceder las personas que residen en la Ciudad de Buenos
Aires. De ese modo, se genera un doble estándar ya que, mientras los que viven en la Ciudad tienen la
posibilidad de acceder a los beneficios de la Cobertura Porteña de Salud, los no residentes que se atienden en
los hospitales y en los CeSAC porteños no lo pueden hacer.

En el mismo sentido, sobre el SAME el informe sólo destaca que se inauguró un nuevo edificio con mejores
servicios pero no explica por qué motivos sus ambulancias siguen sin ingresar a las villas de emergencia, a
pesar de los fallos judiciales que así lo exigen. Aquello también produce un doble estándar, en este caso, entre
aquellas personas que viven en las villas y las que no.

La situación institucional y presupuestaria del área de salud también resulta preocupante. Llama la atención,
primero, el grado de centralización de la administración de la política sanitaria en los niveles centrales del
Ministerio de modo que se le quita autonomía –política y presupuestaria– a los CeSAC, a los hospitales y a los
distintos programas que se desarrollan en dichos establecimientos. La Cobertura Porteña de Salud, por
ejemplo, es uno de los programas afectados por esta centralización administrativa ya que no cuenta con un
presupuesto propio, sino que los recursos afectados a este programa están incluidos dentro de la partida
“Actividades Centrales”. De este modo, no se puede saber qué tipo de prestaciones realizará ni con qué
cantidad de recursos humanos contará.

Las Política Sociales, atravesadas por los inconvenientes que producen la gestión asociada y la tercerización de
servicios que debieran ser garantizados por el Estado.

Tampoco las políticas sociales, que son fragmentadas, focalizadas –por lo que no consideran a las personas
como titulares de los derechos sociales, sino como beneficiarios– y de bajo impacto, garantizan condiciones
mínimas para que los derechos se cumplan. Además, generan estigmatización social y exclusión, situaciones
que reproducen las condiciones de vulnerabilidad social.

Ciudadanía Porteña es el programa focalizado más importante que desarrolla el Ministerio de Desarrollo Social
ya que para acceder a él –y luego para permanecer–, los beneficiarios que reciben los subsidios –que son
prestaciones específicas para la emergencia, no integradas en políticas estructurales de largo plazo– deben
cumplir estrictos requisitos y condicionamientos; además, la selección de los receptores se realiza en función
de una escala de prioridades. De este modo, un importante segmento de familias en situación de pobreza no
tiene la posibilidad de acceder a estos beneficios.

El área de desarrollo social también sufre de una estructura institucional deficiente. En el programa de
Ciudadanía Porteña esto resulta muy evidente: los recursos presupuestarios, humanos y materiales son
escasos. Además, se observa una peligrosa tendencia a privatizar la política pública. En este sentido, el
Gobierno delega, a través de la gestión asociada, en diferentes organizaciones de la sociedad civil (nos
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preocupan particularmente aquellas vinculadas a empresas privadas, no tanto así las organizaciones sociales
que realizan un trabajo comunitario desde hace muchos años en territorios específicos de la Ciudad) la
responsabilidad, que tiene en primera medida el Estado, de implementar las políticas necesarias que permitan
a los sectores más vulnerables –por ejemplo, los niños, niñas y adolescentes y los adultos mayores– acceder de
manera segura y universal a sus derechos.

Respecto a los problemas que trae aparejada la gestión asociada –un eufemismo para no explicitar que el
Estado no asume sus responsabilidades en materia política social, dificultando la promoción y el desarrollo de
los derechos económicos, sociales y culturales–, es importante analizar, sobre todo, dos programas que
dependen del Ministerio de Desarrollo Social.

En primer lugar, a través de los Centros de Primera Infancia se subsidia a organizaciones comunitarias para dar
formato a instituciones que no necesariamente se encuadran según el diseño curricular del Ministerio de
Educación y que no siempre cuentan con personal docente a cargo de los niños y niñas, que no tienen
supervisión de dicho Ministerio. Todo ello, en detrimento de fortalecer el circuito de educación inicial de
gestión estatal del Ministerio de Educación, que constituye la política pública obligada en esta materia. De ese
modo, se profundizan los circuitos diferenciados de acceso a la educación para niños, niñas y adolescentes de
la Ciudad de doble estándar, reforzando los mecanismos estigmatizantes.

En segundo lugar, la institucionalización de niños, niñas y adolescentes como política destacada de
intervención –que incumple los principios establecidos en la Ley Nacional 26.061 y en la Ley de la Ciudad 114,
sobre el carácter excepcional de la institucionalización– se registran importantes irregularidades en materia de
garantías y control de medidas de protección especial, que dieron lugar a diversas presentaciones y recursos de
amparo por parte del Ministerio Público del Poder Judicial de la Ciudad.

La falta de políticas públicas para solucionar el problema de la emergencia habitacional en la Ciudad.

La emergencia habitacional es permanente en la ciudad y no cesa de agravarse: actualmente, afecta
actualmente a alrededor del 15% de la población de la ciudad. Ante esta situación, las únicas respuestas de la
gestión son los recurrentes subsidios habitacionales, que son completamente insuficientes y no solucionan la
cuestión de fondo y, los desalojos compulsivos –las estimaciones hablan de alrededor de 15 mil familias
desalojadas en lo que va de la gestión PRO–. Las familias desalojadas sólo pueden optar por: mantenerse en
situación de calle; radicarse en algún asentamiento o villa, donde el mercado informal tiene costos también
elevados y es de difícil acceso; alojarse en algún hotel-pensión o inquilinato -cuando los aceptan-; o buscar
alguna alternativa fuera de la Ciudad, operándose en los hechos una expulsión de las familias de bajos
recursos. Todo ello, a pesar de que la Dirección de Administración de Bienes de la Ciudad administra 1.546
inmuebles –inmuebles bajo autopistas, fincas, propiedad horizontal, unidad complementaria– que, con una
adecuada política de asignación social, podría ayudar a paliar el déficit habitacional y resolver situaciones de
emergencia.

Es evidente entonces que el Gobierno de Macri no se ocupa de promover el derecho a la vivienda –incluido en
el artículo XIV de la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad– que plantea, por un lado, que se “deben adoptar
medidas para garantizar a todos(as) los(as) ciudadanos(as) que los gastos de vivienda sean soportables de
acuerdo a sus ingresos, que las viviendas reúnan condiciones de habitabilidad, que estén ubicadas en un lugar
adecuado y se adapten a las características culturales y étnicas de quienes las habitan” y, por el otro, que
“todos(as) los(as) ciudadanos(as), en forma individual, en pareja o en grupo familiar sin hogar tienen derecho a

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exigir de las autoridades la efectiva implementación del derecho a la vivienda adecuada de forma progresiva y
mediante aplicación de todos los recursos disponibles”.

La política habitacional del PRO, en términos institucionales, se puede caracterizar a través de tres elementos:
la desarticulación, el desfinanciamiento y la descapitalización.

Respecto a la desarticulación, si bien es pre-existente, la gestión PRO no hizo más que acentuarla al crear en
2008 la Unidad de Gestión de Intervención Social, encargada de la emergencia social en villas y asentamientos,
y al transferir –el mismo año– a la Corporación Buenos Aires Sur S.E. la responsabilidad de urbanizar las villas
de la Ciudad a través del programa Prosur Hábitat, con la curiosa excepción de Rodrigo Bueno y Villa 31 y 31 bis
-que son los únicos barrios que se localizan en tierras de interés para el mercado inmobiliario y que se
encuentran actualmente en un limbo en el organigrama del GCABA-. De esta manera, al menos cuatro
organismos diferentes son los encargados de formular e implementar la política de tierra y vivienda de la
ciudad –el IVC, la Dirección General de Atención Inmediata del Ministerio de Desarrollo Social, la UGIS y la
CBAS, a los que se podría agregar la Unidad Ejecutora de la Ex AU3 del Ministerio de Desarrollo Urbano y la
Dirección General de Administración de Bienes del Ministerio de Desarrollo Económico, que maneja la cartera
de tierras e inmuebles no destinados específicamente a Vivienda-; todos organismos de jerarquía, recursos y
autonomía muy dispar. La principal consecuencia de esta desarticulación es la ineficiencia en la
implementación de las políticas públicas, así como la dificultad para canalizar demandas por parte de la
población afectada, con organismos que se pasan la responsabilidad entre ellos sin ofrecer respuesta alguna.
Esta desarticulación funcional es totalmente intencionada y está orientada a diluir aquellas políticas que no
tienen prioridad en la agenda política del Gobierno.

Sobre el desfinanciamiento, desde su llegada a la Jefatura de Gobierno, Macri planteó una progresiva
reducción del gasto en vivienda de la Ciudad, que pasó de representar el 4,1% del gasto en 2007 a tan sólo
2,9% en 2010. Esta situación se agrava con la posterior reasignación de partidas y la subejecución catastrófica
del magro presupuesto finalmente vigente. Como ejemplo, en 2009 al IVC le reasignaron más de $125 millones
de su presupuesto sancionado hacia otros organismos, mientras que en el primer semestre de 2010 se ejecutó
sólo el 6,4% del presupuesto vigente. En la actualidad la política de tierra y vivienda del macrismo se halla
virtualmente paralizada, sólo se están ejecutando algunas obras con gran demora en las villas de la Ciudad a
través de la CBAS, al paso que sí se ejecutan los abultados contratos tercerizados a empresas de servicios que
atienden a las villas y asentamientos –camiones cisternas, atmosféricos, etc.-, evidenciando la relación estrecha
entre no-urbanización y negocios privados. Además, las quejas de los vecinos por la calidad de estos servicios
son recurrentes, así como las denuncias por irregularidades en las contrataciones. Por otra parte, también se
realizan pequeñas obras, la limpieza y el mantenimiento en las villas a través de cooperativas de trabajo, que
están denunciadas por los vecinos por manejos discrecionales y clientelares, que promueven las divisiones y
conflictos en los barrios.

Sobre la descapitalización, ante la falta de presupuesto asignado y la ejecución ineficiente del mismo, la
principal estrategia del macrismo ha sido la enajenación del patrimonio público, a través de la venta de tierras
e inmuebles para generar recursos presupuestarios adicionales, estrategia que responde más a los intereses
del sector inmobiliario que a criterios de asignación social. Este patrimonio que se vende tan fácilmente es
imposible de ser recuperado en el corto plazo, debido a la valorización inmobiliaria vigente en la ciudad,
perdiendo así un activo estratégico para cualquier política de gestión urbana.

Este fue el caso de los terrenos de Catalinas, ubicados en un área clave de la ciudad y que se vendieron para
refaccionar escuelas, objetivo que todavía hoy está incumplido. De la misma manera, el Poder Ejecutivo envió

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al menos otros dos proyectos de ley a la Legislatura desde 2009 para realizar tierras con el objetivo de financiar
obras. Uno no fue aprobado –por la oposición legislativa, pero fundamentalmente por la movilización de
organizaciones sociales- y fue archivado, mientras que el otro todavía no fue tratado por la Legislatura, e
incluye por ejemplo la venta del terreno donde está instalada la antena de la Radio de la Ciudad. Asimismo, la
recuperación del sector 5 de la traza de la Ex AU3 (Ley Nº 3.396 de 2009) condicionó la solución habitacional
para las familias que lo habitan a la subasta de tierras e inmuebles pertenecientes a la traza, lo que implica una
privatización parcial de una de las principales reservas de suelo público en la ciudad.

Sintetizando, desde que asumió el macrismo la política de vivienda ha profundizado su desarticulación,
generando desinformación y confusión entre la población afectada; ha menguado considerablemente sus
recursos presupuestarios dentro del esquema de gastos del GCABA, al tiempo que ha ejecutado una muy baja
proporción del mismo; finalmente, se ha promovido su descapitalización, rematando el patrimonio acumulado
durante años y que es imposible recuperar en el corto plazo, dada la dinámica de valorización inmobiliaria
vigente en la ciudad. Como consecuencia, se está profundizando la segregación socioterritorial histórica y
promoviendo la expulsión de la población de bajos recursos hacia la periferia.

Todo lo anterior es reflejado fielmente por el informe donde se reseñan las políticas del PRO durante los tres
años de gestión ya que solamente se incluye el programa de Urbanización en villas (dentro del apartado sobre
las políticas vinculadas a las áreas de Salud y Desarrollo Social).

Este programa es desarrollado por el Ministerio de Ambiente y Espacio Público –fruto de la desarticulación
anteriormente mencionada– y se encuentra desfinanciado, es decir, no cuenta con los recursos materiales
necesarios para desarrollarlo: según el proyecto de presupuesto 2011 enviado por el Ejecutivo en 2010, los
recursos totales para la urbanización de villas estaban por debajo de los valores nominales –es decir, sin ajustar
por inflación- del presupuesto de 2008.

Con respecto a los resultados concretos que mencionan en el Informe publicado por el Gobierno resulta
necesario hacer algunas aclaraciones: primero, las viviendas entregadas fueron en su gran mayoría empezadas
por gestiones anteriores. El PRO prácticamente no comenzó obra nueva; segundo, la urbanización de la V19
también es producto de la gestión anterior, la gestión actual terminó el CESAC; tercero, no se avanzó en obras
de infraestructura para la provisión de servicios de agua, electricidad y cloacas. Las pocas obras realizadas (en
V1-11-14 por ejemplo) son de poca envergadura, y están fuertemente cuestionadas por los vecinos por no
cumplir con las especificaciones técnicas necesarias; cuarto, en la V31 se limitaron a pintar las fachadas, en vez
de empezar la realización de obras de infraestructura, que el Ministro Santilli prometió hace años, incluso en
audiencias públicas de la Ley Nº 3.343. No se destinó presupuesto en 2011 para la implementación de la ley Nº
3.343, que tiene previsto el dictamen final de la Mesa de Urbanización para el mes de marzo; quinto, la UGIS
lleva gastado, desde su creación en 2008, más de $150 millones en el alquiler de camiones atmosféricos, vactor
e hidrocinéticos, en mantenimiento eléctrico, etc. Esto implica una sangría permanente de recursos superior a
la inversión necesitada para realizar las obras de infraestructura definitiva. Al menos se podrían haber
comprado algunos camiones, para evitar estar pagando por un servicio que bien podría brindar el Estado.

Segundo apartado: “Más Educación y Cultura para todos”

El segundo apartado del Informe de gestión incluye las acciones del Gobierno en las áreas de Educación y
Cultura.

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En este caso, la Memoria publicada por el Observatorio de Resultados también se preocupa por destacar
sobremanera una serie de programas que no priorizan el acceso universal a un servicio educativo de calidad, o
que no garantizan los derechos culturales a todos los porteños. Simplemente, son acciones que pretenden
mostrar a Buenos Aires como una “ciudad moderna donde los turistas europeos o norteamericanos se sientan
cómodos”, es decir, una ciudad “for export”; todo ello mientras se ocultan los problemas estructurales que esta
gran urbe tiene en términos socio-económicos, en relación a la Cultura y la Educación.

Las políticas educativas, que promueven la brecha entre el Sur y el Norte.

Sobre el trabajo que se viene realizando en el área de Educación, las deficiencias son enormes, por donde se lo
mire. La educación pública en la Ciudad de Buenos Aires cuenta con numerosos problemas de carácter
estructural, lo que le impide al Estado garantizar un servicio educativo gratuito, universal y de calidad.

Entre ellos, podemos destacar, en primer lugar, la falta de vacantes en los establecimientos educativos de la
         1
zona sur para los alumnos de nivel inicial, primario y medio. Aquello produce que las escuelas de los Distritos
Escolares del sur (el 21, que abarca los barrios de Villa Lugano y Villa Riachuelo; el 19, Bajo Flores, Pompeya y
Soldati; y el 13, Mataderos) tengan que derivar alumnos a otros establecimientos educativos de otros Distritos
Escolares, lo que profundiza el desequilibrio entre el norte y el sur de la Ciudad. A la vez, existe una correlación
entre: insuficiencia de establecimientos educativos y excedencia de matrícula, con consecuente derivación y
alto grado de abandono de la escolaridad. Por ejemplo, en Villa Lugano se registra una de las mayores
condiciones de hacinamiento y sobrepoblación en aulas; y en las comunas 1 y 4, mayores tasas de sobreedad
en educación primaria. Simultáneamente las tres exhiben altas tasas de repitencia.

En segundo lugar, hay una grave situación edilicia en muchos de los establecimientos educativos de gestión
pública. Esto se ha manifestado públicamente el año pasado cuando la mayoría de los estudiantes porteños del
nivel medio decidieron iniciar un plan de lucha en pos de conseguir mejores condiciones de infraestructura
para poder estudiar. A pesar de que el Gobierno asumió la problemática, la falta de previsión para llevar
adelante las obras de infraestructura es alarmante. Resulta extraño que en los últimos tres meses del 2010 se
haya gastado en “Infraestructura” prácticamente lo mismo que durante los primeros nueve meses del año
pasado. Además, las obras en los colegios fueron suspendidas durante el receso de verano y se debieron
implementar paralelamente al desarrollo de las actividades escolares, ocasionando graves problemas al normal
funcionamiento de las instituciones. Otros problemas que presentan las escuelas son, primero, que presentan
condiciones deficientes de higiene y limpieza ya que hay una insuficiente dotación de personal auxiliar de
portería y no se prevén nuevos ingresos de recursos humanos para desarrollar estas tareas; segundo, que
muchas no están diseñadas de manera de permitir el desplazamiento de personas con movilidad reducida.

En tercer lugar, en los últimos años se fueron experimentando sistemáticamente cortes en los subsidios para
las Cooperativas escolares –utilizados para realizar reparaciones, arreglos y obras varias en las escuelas–; y,
como contrapartida, empezó a utilizarse un sistema mediante el cual los reclamos de las escuelas se

1
  Existe un fallo de la Justicia porteña por la falta de vacantes en el nivel inicial –la situación más grave se da en la zona sur de la Ciudad,
donde en el período 2007-2008 más de 4.260 niños y niñas, el 71% del total, no obtuvieron vacantes– contra el Ministro de Educación,
Mariano Narodowsky y la Ministra de Desarrollo Social, María Eugenia Vidal por incumplimiento de asegurar la educación de nivel inicial a
niños y niñas de la Ciudad. Demanda presentada por la ACIJ, con cumplimiento de multa personal de 50 pesos a partir del 19 de febrero de
2009. En febrero de 2011, y luego de reiteradas apelaciones por parte del Gobierno, hubo un reconocimiento por parte de éste, respecto
de los derechos constitucionales violados. Finalmente, el GCBA y ACIJ celebraron un acuerdo definitivo que estipula la clara obligación del
Gobiernos de la Ciudad de adoptar medidas tendientes a llevar a cabo una política pública que ponga fin al problema de falta de vacantes
de nivel inicial en la Ciudad.

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centralizaron en un call center que recibe los pedidos y les adjudica un número de orden, que colapsa
continuamente. Del mismo modo, se observan dificultades para la asignación y el cobro de las becas
estudiantiles. Si bien el Decreto 976/08 estableció un incremento significativo en los montos, a partir de ese
momento comenzaron a rechazarse la mitad de las solicitudes efectuadas por los estudiantes. Esta situación
dio lugar a protestas y reclamos por parte de éstos que se extendieron a lo largo del año 2008 y derivaron en la
ocupación de una docena de establecimientos educativos. En dicho contexto, la Legislatura sancionó en el mes
de noviembre de dicho año, la Ley 2917 de Creación del Régimen de Becas Estudiantiles. También hay demoras
en el pago y falta de actualización de los montos del premio Ciudad (creado por Ley 735, se otorga anualmente
al mejor alumno de cada DE del séptimo grado). El premio consiste en la entrega de un diploma y de una beca
anual hasta la finalización de la enseñanza media en establecimientos de gestión estatal.

Por último, hay muchas quejas referidas a los comedores escolares por la baja calidad de las comidas
elaboradas por el sistema de viandas. Otro servicio que se vincula al sistema educativo que resulta insuficiente
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es el sistema de transporte gratuito , un mecanismo de traslado de alumnos derivados a establecimientos
escolares de otros distritos por falta de vacantes en escuelas cercanas al domicilio del alumno.

Entonces, en términos generales podríamos indicar que actualmente la gestión estatal es la que brinda
mayoritariamente servicios educativos a los sectores sociales más vulnerables, con menor capacidad
adquisitiva, residentes en la Ciudad. A pesar de ello, en los últimos años se ha evidenciado una situación
crónica y agravada de marcada desigualdad en el acceso, rendimiento y permanencia de los alumnos que
estudian en escuelas de zona sur respecto de los de zona norte de la Ciudad, observándose un profundo
desequilibrio regional en cuanto a oferta y distribución de los recursos educativos. Paradójicamente, la
participación del presupuesto asignado al Ministerio de Educación en el presupuesto general de la Ciudad ha
ido disminuyendo desde el año 2008, observándose una persistente sub ejecución presupuestaria destinada a
tareas de reparación, construcción y mantenimiento de escuelas (especialmente en aquellas ubicadas en las
zonas más vulnerables de la Ciudad) y, por el contrario, se comprueba una tendencia al incremento relativo del
gasto destinado a la educación privada.

A pesar de todas estas dificultades en el área educativa que son de público conocimiento y que deberían ser
prioritarias para el Estado, el Gobierno destaca en la Memoria de Gestión cuatro programas en relación a la
política educativa que evidentemente no pretenden solucionarlos. Se destaca, en ese sentido, que el Gobierno
está haciendo un importante esfuerzo para que las escuelas cuenten con conexión a Internet, para darle a cada
alumno una computadora o para que puedan estudiar inglés. Habría que pensar para que sirve todo eso si la
mayoría de los niños y niñas no pueden estudiar en condiciones de calidad.

Las políticas culturales, con un perfil elitista y “for export”.

2
  Fallo de la Justicia porteña con sentencia de multa diaria –de 50 pesos, 100 pesos, 150, en una progresión semanal- al
Ministro Esteban Bullrich, por no proveer de transporte escolar a chicos de la Villa 31 y 31 bis, hasta que todos los chicos
del barrio cuenten con transporte escolar y tengan garantizado su acceso a la educación). La demanda se inició en enero de
2009, ante una presentación de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). En ese momento, el Ministerio de
Educación estaba a cargo de Mariano Narodowski). La intervención del Poder Judicial generó que el Gobierno de un primer
paso hacia el reconocimiento de los derechos constitucionales violados, y finalmente, transcurridos cuatro años del inicio
del proceso, el GCBA y ACIJ celebraron un acuerdo definitivo que estipula la clara obligación del Gobiernos de la Ciudad de
adoptar medidas tendientes a llevar a cabo una política pública que ponga fin al problema de falta de vacantes de nivel
inicial en la Ciudad.

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La Constitución de la Ciudad “garantiza la democracia cultural; asegura la libre expresión artística y prohíbe
toda censura; facilita el acceso a los bienes culturales; fomenta el desarrollo de las industrias culturales del
país; propicia el intercambio; ejerce la defensa activa del idioma nacional; crea y preserva espacios; propicia la
superación de las barreras comunicacionales; impulsa la formación artística y artesanal; promueve la
capacitación profesional de los agentes culturales; procura la calidad y jerarquía de las producciones artísticas e
incentiva la actividad de los artistas nacionales; protege y difunde las manifestaciones de la cultura popular;
contempla la participación de los creadores y trabajadores y sus entidades, en el diseño y la evaluación de las
políticas; protege y difunde su identidad pluralista y multiétnica y sus tradiciones”. En el mismo sentido, la Ley
2176 de la Ciudad de Buenos Aires, en su artículo 4°, ratifica que “los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires
gozan del acceso universal, equitativo e inclusivo a la cultura. El derecho a la cultura integra los derechos
humanos, que son universales, indisociables e interdependientes”.

A pesar de todo ello, el Gobierno de la Ciudad no está implementando una política cultural que promueva el
cumplimiento efectivo de los derechos culturales, entre los que se incluye: el acceso, en condiciones de
equidad, a la cultura y al arte, la recuperación y la preservación de los espacios culturales en donde se
desarrollan los derechos culturales y la participación en el diseño y la evaluación de las políticas en el marco de
una democracia cultural, con especial consideración a los creadores y trabajadores de la cultura y sus
entidades. Por el contrario, el macrismo, a cargo del Ejecutivo de la Ciudad, se ha encargado de desarrollar una
política vinculada, sobre todo, a fomentar el turismo cultural, tanto nacional como internacional. De hecho –
aunque resulte extraño–, el área de turismo, desde fines 2007 cuando asume Macri como Jefe de Gobierno, se
encuentra dentro del Ministerio de Cultura.

Los Festivales de Buenos Aires –el BAFICI, el Internacional de Teatro y el de Jazz– cumplen un rol fundamental
en ese sentido; para su realización el área del Ministerio de Cultura encargada de organizarlos cuenta con más
de 35 millones de pesos, uno de los presupuestos más importantes de todo el Ministerio. Conceptualmente, los
Festivales están pensados como eventos mediante los cuales “acercar la cultura al público” y no se priorizan las
acciones tendientes a dar participación directa a la población en general. Esta concepción elitista de la cultura
se refuerza por la distribución geográfica de los eventos y por la difusión que se realiza en los circuitos de
público especializado.

Sobre el entramado institucional relacionado a este programa, durante el 2010 se intentó consolidar como un
área permanente del Ministerio de Cultura a la Dirección encargada de organizar los Festivales. Esta iniciativa
pretendía eternizar en el Gobierno al equipo de trabajo actual, impidiendo que los futuros gobiernos de la
Ciudad tengan la capacidad de controlarlos, monitorearlos y, sobre todo, de organizarlos. Aquello adquiere
mayor relevancia teniendo en cuenta el informe de la Auditoria que considera los Festivales presentan grandes
debilidades legales y financieras en la forma de contratación, que fue en un 75% directa y sin el armado de los
expedientes correspondientes que permitieran el seguimiento de los trámites administrativos.

Otro de los programas que se reseñan en la Memoria de gestión es Buenos Aires Polo Circo, un programa que
surge como parte de un convenio de intercambio con la Ecole Nationale des Arts du Cirque ROSNY SOUS BOIS,
de Francia, y con la Universidad Tres de Febrero que el Gobierno macrista firmó en 2008, mediante el cual la
Ciudad se comprometía a establecer un centro de artes circenses. El polo, con tres carpas, que se instaló en el
predio de Parque Patricios frente al Hospital Garraham (Av. Garay y Combate de los Pozos) no contó con una
infraestructura sólida durante los primeros dos años, sólo había dos baños químicos e instalaciones precarias
para los equipos de trabajo y los artistas; tampoco se encontraban en buenas condiciones los accesos al predio
ya que faltaban veredas e iluminación. La acción del Gobierno respecto a la difusión de las actividades pone en
evidencia nuevamente la concepción elitista de la cultura que tiene el macrismo ya que, mientras no se han
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hecho muchos esfuerzos por difundir las actividades –clínicas y talleres que se desarrollaron sólo durante los
veranos de 2010 y 2011– entre los vecinos de los barrios aledaños más vulnerables; sí ha habido una fuerte
campaña de publicidad, tanto en la vía pública como en la televisión, durante las dos ediciones del Festival
Internacional de Circo.

Respecto al Teatro Colón, lo que está haciendo la gestión macrista es sumamente preocupante, desde todo
punto de vista. En primer lugar, si se considera al Teatro Colón un ícono de la cultura argentina, pues promueve
y proyecta la identidad nacional a escala mundial –como indica el informe de gestión del Gobierno macrista–,
entonces se debería incluir, en el modelo de gestión del teatro, a actores culturales del resto del país. Además,
respecto al modelo de gestión, es decir, al modelo de Estado que debería administrar el teatro, se debería
incluir en él a los trabajadores y al público ya que los conflictos que suceden allí son complejos y
multidisciplinarios. En segundo lugar, sobre la puesta en valor del Teatro y las obras edilicias que estaban
previstas, fueron realizadas con mucha dificultad. Incluso, a la reapertura del día 24 de mayo de 2010 no se
llegó con la obra finalizada ya que varios sectores continuaban en proceso de restauración y refuncionalización.
En tercer lugar, actualmente los conflictos con los trabajadores continúan. Si bien los reclamos son variados,
uno de los más importantes tiene que ver con la falta de cumplimiento por parte de las autoridades políticas
del teatro de la reglamentación de la ley de autarquía que prevé la participación de un representante de los
trabajadores en el Directorio.

Finalmente, y para seguir dando cuenta de la falta de voluntad del Gobierno macrista para universalizar el
acceso a la cultura y para cumplir con la Ley 2176 y con la Constitución de la Ciudad, el informe publicado por el
Observatorio de Resultados agrega algunos programas dentro del apartado sobre Cultura vinculados más a
políticas que favorecen el turismo en la Ciudad y que no tienen nada que ver con el desarrollo de la cultura
como el Bus Turístico, o Buenos Aires Playa.

Tercer apartado: “Más Trabajo y Desarrollo Económico para todos”

El tercer eje de la gestión de Macri al frente del Ejecutivo porteño, según el informe de la política pública
realizada en los tres años de mandato, tienen que ver con dos áreas importantes si se pretende una ciudad
dinámica económicamente: el Trabajo y el Desarrollo Económico.

Lo preocupante es que a pesar de que resulta fundamental contar, al mismo tiempo, con una política destinada
a cuidar al trabajador y la calidad del trabajo y una tendiente a fomentar la instalación de diversas industrias y
servicios que promuevan la creación de puestos de trabajo y que ayuden a ampliar el perfil productivo de la
Ciudad, los únicos dos programas reseñados en el informe –este es el apartado más corto– tienen como único
objetivo el de atraer inversores privados, a partir de facilidades impositivas, para que instalen sus empresas en
la Ciudad.

La primera política destacada en este apartado tiene que ver con la creación del Distrito Tecnológico, mediante
la cual se promueve la radicación de empresas de Tecnología de la Información y Comunicación (TIC´s) y
software a través de incentivos fiscales hacia las empresas y los empleados. La segunda, con la inauguración del
Centro de Atención al Inversor que asiste a empresas o particulares que estén interesados en invertir en la
Ciudad.

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Sin embargo, ambas iniciativas resultan imperfectas pues, además de no estar articuladas, desaprovechan la
capacidad y la diversidad del tejido PyME instalado en la ciudad, sobre todo, en los barrios del sur. Del mismo
modo, tampoco ha habido avances en el reordenamiento del tránsito pesado y de carga ni en la promoción de
una reconversión selectiva de los usos industriales y de equipamientos a la producción en conformidad con las
normas ambientales vigentes.

Las políticas interesadas en mejorar los estándares del empleo informal en la Ciudad o para evitar el trabajo
infantil brillan por su ausencia.

De este modo, se puede afirmar que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, durante la gestión de Mauricio
Macri, no se ha preocupado –ni siquiera le ha interesado– promover el Derecho al Trabajo, considerado por la
Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad como uno de los derechos fundamentales para el Desarrollo
Económico, Social, Cultural y Ambiental de la Ciudad (art. 15).

Allí explícitamente se señala, en primer lugar, que “las ciudades (…) deben contribuir (…) a la consecución del
pleno empleo en la ciudad. Asimismo, deben promover la actualización y la recalificación de los trabajadores,
empleados o no, a través de la formación permanente”; en segundo lugar, que “las ciudades deben promover
la creación de condiciones para combatir el trabajo infantil”; en tercer lugar, que “las ciudades (…) deben
desarrollar mecanismos para asegurar la igualdad de todos ante el trabajo, impidiendo cualquier
discriminación”; en cuarto lugar, que “las ciudades deben establecer programas de mejora de las viviendas
urbanas utilizadas por las mujeres jefas de familia y grupos vulnerables como espacios de trabajo”; y,
finalmente, que “las ciudades deben promover la integración progresiva del comercio informal que realizan las
personas de bajos ingresos o desempleadas, evitando su eliminación y la represión hacia los comerciantes
informales. También dispondrán espacios acondicionados para el comercio informal y políticas adecuadas para
su incorporación en la economía urbana”.

Cuarto apartado: “Más Seguridad y Control del espacio público”

La seguridad pública, según la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, también constituye un derecho
fundamental que los habitantes deben reclamar para sí. El cuarto apartado se ocupa de las políticas producidas
por el Gobierno porteño en ese sentido.

El artículo 16 de aquel documento señala, primero, que “las ciudades deben crear condiciones para la
seguridad pública, la convivencia pacífica, el desarrollo colectivo y el ejercicio de la solidaridad. Para ello deben
garantizar el pleno usufructo de la ciudad, respetando la diversidad y preservando la memoria e identidad
cultural de todos los(as) ciudadanos(as) sin discriminación alguna”; segundo, que “las fuerzas de seguridad
tienen entre sus principales misiones el respeto y la protección de los derechos de los(as) ciudadanos(as). Las
ciudades deben garantizar que las fuerzas de seguridad bajo su mando apliquen el uso de la fuerza
estrictamente bajo las previsiones de la ley y bajo control democrático”; y tercero, que “las ciudades deben
garantizar la participación de todos(as) los(as) ciudadanos(as) en el control y evaluación de las fuerzas de
seguridad”.

Para la gestión de Macri el tema de la seguridad pública ha sido uno de los baluartes durante su gobierno y, en
virtud de aquello, desarrolló una de las políticas más audaces: la creación de una fuerza policial propia, la
Policía Metropolitana, que debería articularse con la otra fuerza con presencia en la Ciudad de Buenos Aires, la
Policía Federal. Sin embargo, su implementación resulta sumamente ineficaz y, en la práctica, no cumple con
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