PROGRAMA ELECTORAL IRABAZI GANAR ARABA ELECCIONES FORALES 2015

PROGRAMA ELECTORAL
 IRABAZI GANAR ARABA
ELECCIONES FORALES 2015

ÍNDICE

1. Instituciones de la ciudadanía, participativas y
transparentes
2. Ley de Territorios Históricos y Ley Municipal Vasca
3. Fiscalidad
4. Políticas feministas e Igualdad
5. Impulso económico y Defensa de lo público
6. Política social
7. Calidad ambiental
8. Biodiversidad, recursos naturales y protección animal
9. Movilidad sostenible
10. Ordenación del territorio
11. Infraestructuras viarias
12. Euskera
13. Cultura y deporte
14. Memoria histórica y convivencia
15. Cooperación y desarrollo

1. Instituciones                de      la     ciudadanía,            participativas            y
transparentes

No queremos gobernar por delegación, sino con participación. La participación ciudadana se
constituye en el eje vertebral y transversal de nuestra propuesta, que se fundamenta en el
convencimiento de que a mayor participación, mayor democracia. Sin embargo somos
conscientes que para que la participación sea realmente efectiva tienen que darse al menos
tres coincidencias:
    a. Sin información no hay participación.
    b. Sin poder de decisión, no hay participación ciudadanía efectiva
    c. Sin poder de ejecución no hay políticas decididas por la ciudadanía
Desde la Administración se debe trabajar conjuntamente, en el terreno del pro-común con la
sociedad civil y trabajar para que la gente participe.
Se trata de avanzar a una democracia participativa que ponga a la ciudadanía en el centro de
la política y la economía y que posibilite su participación en las decisiones de los Gobiernos, en
la planificación y ejecución de las políticas públicas, en la ordenación del Territorio y en la
gestión de los servicios públicos. Por todo ello, creemos que es necesario garantizar:
    - Solucionar los déficits democráticos y la opacidad de las Juntas Generales y de la
         Diputación Foral.
    - Establecer y modificar democráticamente los mecanismos de consultas populares,
         Iniciativas Legislativas Ciudadanas (ILP) o referéndums para asuntos de trascendencia
         territorial. Transparencia y participación en las Comisiones de las Juntas Generales de
         Álava.
    - Impulsar el uso de la página web como foro de participación y consulta real ciudadana.
         Toda la actividad parlamentaria tiene que poder ser consultada y ser transparente.
    - Fomentar la participación ciudadana en la gestión de los bienes y servicios públicos,
         que permita a la ciudadanía participar en la elección de los modelos de organización,
         funcionamiento y definición de objetivos de los servicios públicos.
    - La participación de la ciudadanía y de los trabajadores/as en los órganos de dirección
         de los organismos autónomos o empresas públicas.
    - Establecimiento de mecanismos de iniciativa popular que posibiliten la revocación de
         diputados/as generales y/o forales por mala gestión, o incumplimiento no justificado del
         programa.

1.1. Territorios limpios de corrupción
Medidas contra la corrupción:
     - Impulso de iniciativas hacia la aprobación de una Ley integral y severa anti-corrupción
  que incorpore el delito de enriquecimiento ilícito (patrimonio injustificado) o presunciones
  sobre la titularidad de bienes u obligaciones de declarar o medidas cautelares que impongan
  el cese de políticos o políticas imputadas y el abandono del cargo. Los y las corruptas

tendrán que asumir los costes directos e indirectos que reportan de sus acciones delictivas:
  aquello evadido o dañado, perjuicios a terceros, costes de restitución del derecho lesionado
  y costes judiciales. Impulso de una Ley expropiatoria de bienes adquiridos mediante
  prácticas corruptas.
     - Impulso de iniciativas hacia la eliminación de la inmunidad asociada al cargo en lo
  relativo a los delitos de corrupción y la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción.
     - Instar a la reforma de la Ley de Contratos del Sector Público para limitar las revisiones
  de los precios de la contratación, evitar las divisiones injustificadas de los contratos e
  incorporar las garantías y reformas establecidas por la Unión Europea.
     - Las contrataciones se realizarán a través de comisiones específicas, cuyo
  funcionamiento será transparente, sus decisiones públicas y en las que participarán los y las
  representantes de todos los grupos junteros. Sus componentes tendrán acceso a los
  expedientes de contratación.
     - Apostamos por una función pública profesionalizada, por lo cual se deberán limitar los
  puestos de libre designación a los estrictamente necesarios, se favorecerá una carrera
  profesional basada en los principios del mérito y capacidad, generalizándose el sistema de
  concurso como instrumento de provisión de puestos. Acabar con el clientelismo que se
  produce en la asignación de puestos directivos de libre designación y con el ejército de
  asesores que rodea a los altos cargos, que supone la creación de administraciones
  paralelas.

1.2. Diputaciones Forales y Juntas Generales transparentes
La información de las instituciones públicas debe ser accesible a la ciudadanía y, al mismo
tiempo, las instituciones deben ser proactivas en el ofrecimiento y puesta a disposición de esa
información para los ciudadanos:
     - Uso de la página web para el fomento de la transparencia en la gestión, dando la más
  amplia información sobre la misma y en especial sobre compras públicas y ejecución
  presupuestaria.
    - Utilizar las nuevas tecnologías para aumentar la transparencia y la concurrencia en las
  contrataciones, publicando en el perfil del contratante todas las ofertas de contratación
  aunque no exista obligación legal, excluyendo tan solo las de adjudicación directa.
    - Principio de publicidad de la información: el secreto y la denegación de la información
  son la excepción y sólo podrá fundamentarse en razones muy específicas, como la
  seguridad nacional, la investigación de delitos, o la intimidad de las personas.
     - Las entidades públicas, a iniciativa propia, deben poner a disposición del público
  información básica y esencial sin que sea necesario realizar una solicitud. La información se
  facilitará en formato abierto que permita su agregación y tratamiento.
     - Impulsar una e-Administración efectiva y facilitar la emisión en directo (vía “streaming”)
  de las sesiones y plenos celebrados.

- Auditoría de la deuda para localizar la deuda no legitima, si la hubiera, de la Diputació
  Foral de Álava.
     - Publicidad en la página web de la Diputación y en los medios de comunicación dando
  máxima difusión a las Ofertas Públicas de Empleo, tanto de la propia institución como de los
  organismos y empresas relacionadas con ella.

1.3. Participación ciudadana y transparencia
Irabazi defiende la transparencia y una verdadera participación ciudadana que consiga
aumentar el interés de la ciudadanía en aquellas cuestiones que le afectan directamente.
Nuestra formación defiende la búsqueda de herramientas innovadoras en las políticas públicas,
con la participación directa de la población, orientadas al desarrollo humano y equitativo del
territorio. Consideramos que es posible y necesario adoptar medidas encaminadas a que las
políticas se decidan y apliquen con mayor participación de la población.
Abogamos por avanzar hacia una verdadera transparencia y participación ciudadana, porque
las peores políticas acaban siendo aquellas que parten de una elaboración distante respecto a
la población afectada, algo que ha quedado demostrado. En este sentido, proponemos:
     - Adaptación organizativa de la Administración Foral y las Juntas Generales a las
  necesidades de la participación social y ciudadana. Reducción de los requisitos para la
  presentación de una Iniciativa Legislativa Popular y obligación a su toma en consideración y
  debate en las Juntas Generales. Esta medida obligará a la reforma de organización y
  funcionamiento de las Juntas Generales de Álava.
     - Vinculación de las decisiones del Pleno de Juntas Generales a las actuaciones de la
  Diputación. Modificación de la Norma para evitar el déficit democrático que sufre este órgano
  de decisión de democracia representativa.
     - Ampliación de la transparencia en el funcionamiento de las Juntas Generales y de la
  Diputación Foral, publicación de toda información disponible y acceso de la ciudadanía a los
  procesos previos y posteriores de decisión.
     - Elaborar normas específicas de participación ciudadana que incluyan que todos los
  ciudadanos y ciudadanas inscritos en el Censo electoral puedan ser consultados
  directamente sobre asuntos de su interés, y promuevan la consulta popular o referéndum de
  acuerdo con la legislación de régimen local.
    - Desarrollo de una Comisión Especial en el primer año de mandato y en las Juntas
  Generales para elaborar un Reglamento específico para la Regulación y la Elaboración de
  Presupuestos Participativos.
     - Establecer mecanismos de control de la gestión y presupuesto de la Administración
  foral, de fácil acceso y comprensión para la totalidad de las personas.
     - Mejora de la publicidad de los acuerdos para facilitar el control y la participación
  ciudadana.

- Apoyo institucional al movimiento asociativo reconociendo su carácter de utilidad pública
  y facilitando recursos económicos y materiales para el desarrollo de sus actividades:
  convenios, infraestructuras, formación continua, soporte técnico, para fomentar tanto su
  actividad como la participación.
     - Apoyar institucionalmente el asociacionismo de mujeres y fomento de organizaciones
  con perspectiva de género. Incluir la perspectiva de género en las políticas de desarrollo
  urbanístico y el territorio.

2. Ley de Territorios Históricos y Ley Municipal Vasca

Las elecciones municipales y forales de 2015 vienen marcadas por la grave crisis financiera y
económica desatada en 2008 y de la cual todavía no se ve el final del túnel. A esta situación
hay que añadir el fin de la burbuja inmobiliaria. El crecimiento desmedido del sector inmobiliario
durante la última década, ha provocado un incremento de los ingresos de los ayuntamientos,
que ha dado lugar a que éstos estén prestando una serie de servicios a la ciudadanía para los
que no se han definido ni las competencias ni su fuente de financiación.
Las modificaciones fiscales regresivas, unidas a la crisis financiera, económica y del sector
inmobiliario, han tenido como consecuencia una reducción drástica de los fondos para la
financiación de los gastos corrientes de los ayuntamientos, y ha evidenciado la debilidad de un
sistema que no es capaz de garantizar una financiación estable para los mismos, estando
muchos de ellos en situaciones límite.
La Ley de Territorios Históricos (LTH) está poniendo de relieve múltiples y graves deficiencias
como el solapamiento administrativo y el sobredimensionamiento en estructuras
administrativas, o los conflictos de competencias entre las distintas instituciones (Gobierno
vasco, Diputaciones y Ayuntamientos), ya que, en muchas ocasiones, hay tres
administraciones diferentes destinando recursos para obtener el mismo fin, cuando esos fondos
podrían dirigirse a otros ámbitos como la lucha contra el paro, el gasto social o la recuperación
ambiental.
En Irabazi consideramos imprescindible una revisión en profundidad de la LTH, que tenga por
objetivo racionalizar y optimizar todos los recursos. El papel de las Diputaciones Forales debe
reorientarse hacia la vertebración de sus Territorios y el apoyo a los municipios.

Además, desde Irabazi queremos impulsar la Ley Municipal Vasca ya que es un instrumento
básico en la articulación institucional del territorio. Los Ayuntamientos son piezas claves para el
desarrollo de políticas que aseguren el bienestar de las personas, al ser la institución cuyo
contacto con la ciudadanía es más directo. Esta Ley debe garantizar para los Ayuntamientos
amplias competencias en políticas económicas, sociales, culturales, energéticas o urbanísticas,
entre otras. También debe servir para impulsar la participación directa de la ciudadanía en los

espacios de decisión municipal, a través de consultas populares, iniciativas legislativas,
presupuestos participativos o cualquier otro mecanismo de participación ciudadana.

Aunque en el proyecto de Ley se contempla la inclusión de las instituciones locales en el
Consejo Vasco de Finanzas, es necesario que se concrete la forma en la que va a garantizar
una financiación suficiente a los Ayuntamientos. El supuesto blindaje de sus competencias será
papel mojado si no se permite a los municipios contar con los recursos suficientes para
ejercerlas. Desde Irabazi reclamamos una apuesta más valiente en favor del Consejo Vasco de
Políticas Públicas Locales, órgano de nueva creación que se configura como un mero ente
consultivo. Es preciso dotarlo de capacidad de decisión, para que pueda velar por los intereses
de las administraciones locales en la toma de decisiones a nivel autonómico y foral.

2.1. Elecciones a Juntas Generales, la representación de las Cuadrillas y
el papel de los Concejos
Desde Irabazi planteamos avanzar hacia un sistema de circunscripción única en las elecciones
a las Juntas Generales. Ésta es la mejor garantía de proporcionalidad, igualdad del voto y
representación de la pluralidad.
Por otra parte, no se puede eludir la reivindicación de que las entidades tienen que ver
satisfechas sus necesidades y de que sus demandas tienen que encontrar cauces
institucionales adecuados. Por ello, consideramos imprescindible el fortalecimiento de las
Cuadrillas. El incremento de las competencias de estos órganos supramunicipales es, para
Irabazi, la vía clave para atender a las entidades locales. Las cuadrillas son entidades que, por
su tamaño, pueden hacer frente a problemas para los que los Ayuntamientos son
excesivamente pequeños, a la vez que garantizan que la voz de los municipios esté presente
en la toma de decisiones fundamentales para el ámbito local.

En Irabazi entendemos los Concejos como la forma más local y participativa de tomar
decisiones. El auténtico valor de los concejos reside, precisamente, en su sencillez, tanto de
concepto como de funcionamiento. Las necesidades, problemas y oportunidades vecinales se
exponen, se debaten y se resuelven en reuniones participadas por la mayoría de las personas.
La Ley de Administración Local del Gobierno Central pone en serio peligro a las Entidades
Locales Menores. En Irabazi hacemos una apuesta decidida por defender los Concejos y nos
oponemos frontalmente a cualquier propuesta de eliminación de competencias en favor de los
Ayuntamientos.

3. Fiscalidad

La fiscalidad en los tres territorios vascos ha sufrido una fuerte regresión durante las últimas
legislaturas, estableciendo un sistema más injusto donde las grandes rentas y el capital han

salido ganando frente al gravamen sobre las rentas del trabajo más bajas. Concretamente,
durante la última legislatura y debido a la bajada de los ingresos derivadas de las reformas
basadas en regalos fiscales del periodo 2007-2011, ha habido un intento de vuelta atrás con la
recuperación de algunos tributos, como el impuesto de patrimonio, por el que Euskadi
recaudaba todos los años en torno a 200 millones de euros (en la legislatura 2007-2011 fue
eliminado) y que sin embargo, ha sido recuperado parcialmente a lo largo de 2012 y 2013 en
los tres territorios.
La situación fiscal ha provocado que la parte más importante de los ingresos de las Haciendas
Forales recaiga en los rendimientos del trabajo y en el IVA, perdiendo gran parte de la
progresividad exigible a los tributos. Esta situación, unida a la crisis económica, ha derivado en
una importante merma de los ingresos en las arcas forales, que se han visto obligadas a
reducir sus presupuestos y recortar la inversión pública en bienes y servicios.
Las propuestas de Irabazi en relación a la fiscalidad se resumen en:
     - Reforma en profundidad tanto del IRPF como del Impuesto de Sociedades para
  recuperar la progresividad perdida, unificando las bases imponibles del ahorro y del trabajo
  en una única e incrementado el número de tramos y los tipos a aplicar a las bases
  imponibles.
    - Revisar y eliminar las exenciones, reducciones y deducciones tanto del IRPF como del
  Impuesto de Sociedades. En esta línea, suprimir las deducciones por aportaciones a planes
  de pensiones y EPSV, así como limitar y modular en función de la base imponible la
  deducción por adquisición de vivienda habitual, de manera que las rentas más altas no se
  puedan aplicar dicha deducción.
     - Sustituiremos las exenciones, bonificaciones, reducciones o deducciones de los
  impuestos que sólo sirven para pagar menos por los beneficios y no generan mayores
  recursos a la sociedad por beneficios fiscales que tengan en cuenta el esfuerzo económico
  que hagan las empresas por conseguir un mayor beneficio social. La justificación de los
  mismos descansaría en los principios de proporcionalidad y justicia y los principios rectores
  de la política social y económica.
     - Revisión de los regímenes especiales en el Impuesto de Sociedades.
     - Crear un impuesto para las grandes fortunas y patrimonios que sustituya al impuesto de
  patrimonio.
    - Modificar el impuesto de sucesiones y donaciones para que quien más tenga pague
  más.
    - Controlar las ayudas al mecenazgo para evitar que se conviertan en una forma de
  evasión fiscal.
    - Búsqueda de una armonización fiscal entre los territorios vascos para evitar las
  deslocalizaciones con carácter fiscal.
    - Mayores y mejores medios para luchar contra el fraude fiscal y contra la economía
  sumergida.

4. Políticas feministas e igualdad

La igualdad de mujeres y hombres sigue siendo la asignatura pendiente de nuestra sociedad y
las desigualdades existentes en todos los ámbitos entre los hombres y las mujeres no se
superan. Las brechas salariales se perpetúan y el techo de cristal de las mujeres es muy difícil
de superar, hay además, una feminización galopante de la pobreza.
Asimismo, la violencia de género continúa siendo el exponente más execrable de las
desigualdades de mujeres y hombres, por la cual 70 fueron asesinadas en 2014 por sus
parejas o ex-parejas.
Además, los últimos años de gobierno central han sido años de constante regresión en la lucha
feminista. Las distintas leyes impuestas por el PP han dejado patente el cariz absolutamente
patriarcal de su política y han supuesto agresiones fuertes a los derechos fundamentales de las
mujeres, como el caso de la Ley del Aborto promovida por el ex-ministro de Justicia Gallardón
que sólo la constante y sostenida en el tiempo movilización feminista ha sido capaz de parar.
Las distintas leyes de igualdad, tanto la autonómica como la estatal, han tenido como
consecuencia que los distintos parlamentos tengan composiciones equilibradas de mujeres y
hombres. No obstante, esa situación no se traslada a la hora de formar los distintos gobiernos o
en el momento de designar a las personas para las diferentes comisiones sectoriales en los
parlamentos o juntas generales, o a quienes presiden esas comisiones, perpetuándose el
modelo patriarcal. En este sentido, creemos que hay que dar un paso más y superar el mero
“equilibrio de género: 60/40” y apostar por la paridad real de género, adoptando medidas que
promuevan la participación de las mujeres en aquellos ámbitos en los que esté
infrarrepresentada.
A pesar de la elaboración de los Planes de Igualdad, sigue pendiente la evaluación de la
aplicación efectiva de dichos planes, así como la transversalidad de las políticas de igualdad.
Sólo si se aborda desde todos los ámbitos será posible alcanzar la igualdad real y efectiva de
mujeres y hombres, disponiendo para ello de recursos económicos y humanos suficientes.
Además, la falta de control sobre la puesta en marcha de Planes de Igualdad en las empresas
privadas evidencia la falta de interés de los diferentes gobiernos en avanzar en la Igualdad real
de género.
En el caso de la CAV, el artículo 19 de la ley 4/2005, de 18 de febrero para la igualdad de
mujeres y hombres, establece la obligatoriedad de elaborar informes de evaluación de impacto
de género en los anteproyectos de normas o actos administrativos, para el órgano
administrativo que los promueva, y el artículo 20 señala el establecimiento de las medidas
correctoras que se deriven del informe anterior. No obstante, estos artículos preceptivos no
están siendo cumplidos, en muchos casos, por las Diputaciones Forales.
Por lo tanto, consideramos que existe en la actualidad un amplio marco normativo que nos
permite avanzar hacia la igualdad de mujeres y hombres, pero no se está aplicando en su
totalidad, por lo que desde Irabazi proponemos las siguientes iniciativas:

4.1. Departamento para la igualdad de mujeres y hombres
Defendemos la creación de un Departamento para la Igualdad de Mujeres y Hombres, que
coordine todas las directrices del Plan de Acción positivo Foral, que impulsará, entre otros
temas, las siguientes cuestiones con partida presupuestaria propia:
    - Asignación del 5% del total del presupuesto foral para políticas específicas para
  mujeres.
     - Creación de la figura de Agentes por la Igualdad.
    - Transversalizar feminismo y equidad de género en todas las políticas y en la propia
  gestión, comunicación e imagen, así como el total respeto a los colectivos LGTBI+.
     - Programas integrales de actuación socio laboral dirigidos a mujeres prostituidas, que
  aseguren su acceso en igualdad a todos los derechos sociales. Estas actuaciones en ningún
  caso favorecerán ni legitimarán a quienes comercian y se lucran con los cuerpos y las vidas
  de las mujeres (proxenetas, clientes, traficantes...).
     - Crear y dotar económicamente un fondo de pensiones impagadas (pensiones de
  alimentos y pensiones compensatorias).
    - Garantizar la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo dentro de la red
  sanitaria pública y, en todo caso, a cargo de la Seguridad Social. Apoyar las experiencias de
     - Exigir legalmente a los medios de comunicación que contemplen un estilo no sexista en
  sus emisiones y arbitrar los medios para no posibilitar que los entes privados y públicos
  comuniquen, anuncien o emitan programas, imágenes o artículos que potencien la
  discriminación y la violencia de género (desigualdad, explotación sexual, prostitución...),
  además de eliminar estas circunstancias de los entes públicos. Eliminar la inserción de
  publicidad institucional foral en esos medios mientras persistan dichas situaciones.
     - Promover la puesta en marcha, seguimiento y evaluación de Planes de Igualdad en el
  entorno empresarial privado, donde más a menudo se vulneran los derechos de las mujeres
  (brecha salarial, falta de políticas de corresponsabilidad, segregación horizontal, techo de
  cristal) .
     - Apoyar institucionalmente el asociacionismo de hombres profeministas, y hombres por la
  igualdad para el fomento de las organizaciones, actividades y políticas culturales que
  contemplen el estudio desde su perspectiva de género y propicien el abandono roles y
  rasgos heteropatriarcales.

4.2. Diversidad sexual
     - Se establecerán programas de formación y sensibilización con respecto a los colectivos
  LGTBI+ dirigidos a la judicatura, fiscalía y policía, con el fin de lograr una persecución penal
  eficaz de las actitudes contra la diversidad y libertad sexual, una mayor protección de las
  personas víctimas de estas agresiones y un trato libre de prejuicios por parte del equipo
  multidisciplinar de funcionarias y funcionariado.

- Se incluirán protocolos específicos para erradicar la violencia intragénero.
    - Fomentar el respeto en la propia gestión, comunicación e imagen a los colectivos
  LGTBI+.

4.3. Violencia de género
Existen distintos tipos y formas de violencia contra las mujeres, pero todas tienen en común sus
raíces en una situación estructural de desigualdad y subordinación en la que se encuentran las
mujeres con respecto a los hombres. Esta violencia vulnera la dignidad de la mujer y de los
derechos Humanos. Se materializa de distintas formas que van desde la violencia física, sexual
y psicológica -que incluye los malos tratos y la violación, el abuso sexual, el acoso y las
intimidaciones sexuales en el trabajo o en cualquier otro lugar, el tráfico sexual de mujeres y la
prostitución-, a la violencia mediática.
Esta violencia que se ejerce contra las mujeres necesita una respuesta urgente y permanente
de las Administraciones públicas, en general, y el amparo de todas las instancias
gubernamentales en su debate y resolución, a fin de garantizar la seguridad y la integridad de
las mujeres.
Este grave problema debe ser una de las primeras preocupaciones de la política foral y, por
ello, Irabazi propone:
     - La creación de Centros Asesores por parte de la Diputación que presten un Servicio de
  atención jurídica y psicológica de carácter integral en coordinación con otras
  administraciones.
    - La creación de Casas o pisos de Acogida como una solución temporal para aquellas
  mujeres que deciden abandonar sus hogares con el fin de evitar seguir conviviendo con la
  persona que les maltrata y no tengan más remedio que abandonar su domicilio habitual, y la
  gestión pública de las mismas de ámbito local o comarcal.
    - La concesión de subvenciones y ayudas de emergencia específicas ante situaciones
  concretas, con disponibilidad inmediata sobre las mismas.
     - La creación de un Fondo en los presupuestos forales para el caso de incumplimiento de
  pagos de pensiones, dirigiéndose posteriormente la Diputación contra el incumplidor, en su
  calidad de responsable civil subsidiario.
    - La condena pública y de repulsa por parte de las Juntas Generales por violación de los
  Derechos Fundamentales ante agresiones de este tipo.
    - Una labor de sensibilización social dirigida a toda la población y, especialmente, a las
  mujeres que sufren cualquier tipo de malos tratos para que denuncien o busquen vías de
  apoyo e incidir en campañas de sensibilización y prevención al agresor.
     - Una labor de sensibilización y formación dirigida a las y los profesionales de los ámbitos
  implicados en este tema: judicatura, abogacía, personal sanitario, servicios sociales,
  profesorado y agentes de la Policía Municipal, con el fin de que puedan conocer las causas
  y la gravedad del problema, y actuar con mayor eficacia.

- Plan Integral contra la violencia de género en coordinación con otras Administraciones
  públicas de ámbito municipal, autonómico y estatal, en el que estén implicados diversos
  servicios y sectores de la Administración (Fuerzas de Seguridad, sanidad, justicia, servicios
  sociales, empleo...).
     - Establecimiento de protocolos de seguridad para prevenir las agresiones a las víctimas
  de violencia de género.
     - Garantía de un salario de emergencia a aquellas mujeres maltratadas sin recursos y/o
  dependientes económicamente de su maltratador, incorporándolas a los programas de
  formación y/o reciclaje y reinserción laboral creados a tal efecto. Facilitar becas para el
  acceso a los cursos de formación profesional.
     - Programas de prevención de violencia machista en centros educativos, sociales y
  laborales.

5. Impulso económico y defensa de lo público
La crisis financiera y económica ha puesto de manifiesto que el sistema capitalista actual es
incapaz de dar respuesta a las necesidades de la población, generando grandes desigualdades
entre aquellas personas que tienen recursos propios para cubrir sus necesidades y quienes no
los tienen, desigualdades que cada vez son mayores y hacen que existan en nuestra sociedad
ciudadanos y ciudadanas de primera y de segunda.
Estos dos últimos años, con la excusa de la crisis, se han caracterizado por una obsesión de
las administraciones públicas, gobernadas por PNV y PP, con la ayuda del PSE y en ocasiones
con la connivencia de EH Bildu, por recortar tanto servicios públicos como ayudas sociales,
criminalizando a las personas que las necesitan al establecer la sombra de la duda sobre las
misma, en lugar de buscar formas alternativas para dignificar y mejorar la situación de estas
personas.
Esta actitud pretende hacer responsable a la ciudadanía de los desmanes de la banca y los
mercados financieros, y así se han recortado derechos laborales conseguidos gracias a la
lucha durante mucho tiempo de la clase trabajadora, como por ejemplo el derecho al descanso,
retrasando hasta los 67 años la edad legal de jubilación, permitiendo a las empresas el
despido de los y las trabajadoras con tan sólo una previsión de pérdidas, lo que de facto
supone el despido libre o limitando los subsidios por desempleo o la caza de brujas iniciada por
la derecha contra las personas perceptoras de la Renta de Garantía de Ingresos, entre otras
cosas.
Frente a este modelo que supone una agresión a la gran mayoría de la sociedad, es necesario
cambiar el sentido de las prioridades y apoyar e impulsar otro modelo que ponga el centro de
atención en lo local, de cara a alcanzar el pleno empleo.
En Irabazi queremos implantar una economía sostenible y socialmente avanzada, que esté al
servicio de las personas y su bienestar, que respete los límites del planeta, que incentive las
iniciativas asociativas y cooperativas, empresariales, económicas y financieras comprometidas

con los principios del empleo estable, la sostenibilidad ambiental, la igualdad de género, la
cooperación y la participación en redes.
Los principales esfuerzos en promoción económica deben realizarse en el desarrollo del tejido
económico existente, el reparto del empleo y en la promoción de nuevas iniciativas locales con
los siguientes ejes:
     - Impulso a la Economía social y a la Economía del Cuidado (a través del Servicio de
  Atención Domiciliaria).
     - Impulso de sectores económicos sostenibles, dentro de los nuevos yacimientos de
  empleo. Destacamos la rehabilitación de zonas urbanas degradadas, el aislamiento
  energético de edificios, el desarrollo masivo de energías renovables descentralizadas, la
  recuperación y reciclaje de residuos, la conversión de la industria militar, etcétera.
     - Zonas rurales: agricultura sostenible, industria de transformación, ecoturismo, etcétera.
    - Mujer: priorización de las actividades que favorezcan la integración y la igualdad de
  condiciones de la mujer en el empleo y en la vida social y cultural.
     - Definición de unos criterios sociales a la hora de promover iniciativas privadas.
    - Vincular las ayudas a que el empleo sea estable y con derechos, a la limitación de las
  horas extraordinarias, al reparto del trabajo y al respeto de la igualdad entre géneros.
     - Tomar en consideración las condiciones ambientales de las actividades promovidas:
  certificación de normas 14000, ecoauditorías, y análisis del ciclo de vida de los productos.
    - Regulación de formas paritarias de contratación funcionarial y laboral para aquellos
  puestos y cuerpos en que existe escasa representación de las mujeres y/o hombres.
     - Medidas dirigidas a potenciar la igualdad de las mujeres en el mundo laboral, a partir de
  las propuestas encaminadas a corregir la segregación ocupacional, la precariedad y la
  desigualdad salarial.
     - Completar los polígonos vacíos y los suelos calificados actualmente.
     - Utilizar el modelo de “polígono industrial”, compacto y concentrado, en vez del modelo
  de industrias dispersas o situadas anárquicamente a lo largo de las carreteras (con especial
  atención a las directrices de Ordenación del Territorio).
    - Utilización de indicadores de densidad mínima (para evitar el despilfarro de suelo) y
  máxima (para evitar la congestión).
    - Con carácter prioritario, rehabilitar y regenerar antiguos suelos industriales degradados
  para que puedan ser receptores de nuevas actividades.
    - Promover el reparto del trabajo con jornadas laborales de 35 (y 32 horas) y la
  conciliación laboral.
     - Impulsar en alquiler público y la rehabilitación de viviendas.
     - Incrementar e impulsar el I+D+i y cumplir las condiciones de la Carta Europea del
  Investigador.

6. Política social

La política desarrollada por la Diputación Foral de Álava en los últimos cuatro años ha
perpetuado la gradual subcontratación de los servicios sociales que son de su competencia, lo
que genera, en muchas ocasiones, condiciones laborales precarias que, a su vez, son fuente
de numerosos conflictos laborales, con el consiguiente perjuicio en la calidad del servicio que
debe proveer.
Con el actual modelo de servicios sociales, la Diputación ejerce y quiere seguir ejerciendo de
cajero automático, es decir, una vez aprobados los presupuestos, repartir, a través de
diferentes instrumentos (convenios, contratos o subvenciones…), esas cantidades, para que
otros hagan su trabajo.
Además, la Diputación viene proponiendo que sean las familias y sus redes sociales quienes
asuman el peso de unos servicios que debe proveer la correspondiente institución pública para
garantizar la universalidad y el acceso en condiciones de igualdad de todas las personas a los
mismos. En Irabazi defendemos que sean las instituciones las que asuman su responsabilidad
y no dejen en manos de terceros la labor que les corresponde. Defendemos el desarrollo ágil e
íntegro de la Ley 12/2008 de Servicios Sociales que ha supuesto un antes y un después al
reconocer el derecho subjetivo a los servicios sociales y el cumplimiento como mínimo de la
Cartera de Servicios Sociales que ha tardado seis años en ser acordada, lo que obliga a las
administraciones a garantizar la prestación de la totalidad de los mismos. Esto, a su vez,
requiere que hay que garantizar una financiación acorde a las necesidades que se plantean.
En ese sentido, hay que dejar claro que no existe un problema de financiación de los servicios
sociales, lo que ocurre es que resulta más fácil cuestionarlos y no desarrollarlos que llevar a
cabo una política fiscal progresista que tenga por objetivo que pague más quien más tiene, o
una lucha decidida contra el fraude fiscal y contra la evasión de capitales vía paraísos fiscales.
Irabazi defiende un modelo de servicios sociales de responsabilidad pública, que no encerrada
en lo público, y que considera los servicios sociales como un derecho subjetivo, cuyo fin debe
ser favorecer la integración en la sociedad de todas las personas independientemente de su
capacidad económica, es decir justicia social y no solidaridad, además de permitir que
desarrollemos nuestra vida de una manera autónoma en nuestro entorno más cercano. De esa
manera, realizamos las siguientes propuestas:
    - Priorizar y establecer modelos de gestión directa que sean referentes para el resto de
  agentes que trabajan en el sector, tanto en la calidad de los servicios, como en las
  condiciones laborales del personal que los presta.
     - Desarrollar, de manera ágil e íntegra, la Ley 12/2008 de Servicios Sociales para
  garantizar el derecho subjetivo a los servicios sociales y garantizar con una correcta y
  suficiente financiación la Cartera de Servicios Sociales que deriva de esta ley.
    - Implicación directa y activa de la Diputación foral en la negociación de todos los
  convenios colectivos de los sectores que trabajan en los servicios sociales y que son

competencia de la misma, garantizando en todos los casos la subrogación de las personas
  trabajadoras.
    - Desarrollo de programas destinados a la atención de mujeres y hombres en situación de
  marginación y exclusión social, así como a las personas de colectivos LGTBI+ que se
  encuentren en dichas situaciones.
    - Equiparación de las condiciones laborales del resto de trabajadoras y trabajadores del
  ámbito de los servicios sociales con el personal propio de la Diputación.
     - La Diputación Foral debe garantizar en los presupuestos la prestación de los medios
  personales y materiales para asegurar la permanencia de las personas en su entorno el
  mayor tiempo posible. Para ello, es necesario modificar las condiciones de acceso al servicio
  de ayuda domiciliaria para que más personas puedan disponer del mismo.
     - Con el mismo objetivo de lograr la permanencia de las personas en su entorno, la
  Diputación Foral deberá garantizar los medios necesarios para que haya plazas suficientes
  en los centros de día.

En este marco, Irabazi plantea como objetivo imprescindible para lograr todo lo anterior, la
creación de una amplia red de servicios sociales públicos universales de atención
especializada y con medidas de acción positiva para los colectivos más necesitados. En la
medida en que son un enorme yacimiento de empleo, conllevan la necesaria coordinación y
puesta en marcha de Planes de empleo forales, y son imprescindibles para que las mujeres
tengan una ciudadanía de primera, con acceso en condiciones de igualdad al empleo y al
conjunto del universo social, incluida la política.
Todo lo anterior se ha de realizar junto con el desarrollo de planes y políticas de igualdad,
basados en una concepción integral de los derechos de las personas y los colectivos, con el
objetivo de garantizar su ejercicio al conjunto de la población: vivienda, trabajo, educación,
salud, cultura, ocio, etc. Y por último, no podemos olvidarnos del estudio y creación de planes y
políticas específicas, orientados a sectores de la población en situación de desigualdad
(infancia, mayores, migrantes...) o de exclusión social (ayuda a domicilio, casas de acogida,
alternativas de reinserción...).

6.1. Infancia
Los niños y las niñas constituyen un colectivo particularmente sensible, sujeto de derechos
específicos y de máxima prioridad. Por ello, es fundamental la protección de la infancia ante
situaciones en que sus necesidades no están suficiente ni adecuadamente satisfechas, así
como su participación activa en el ámbito social. En este sentido Irabazi entiende que es
necesaria:
     - La creación de consejos o foros de participación de la infancia.
     - Reforzar los equipos de intervención y apoyo a la infancia y a sus familias.

- Priorizar la atención ante las situaciones de riesgo para la infancia. En este sentido,
  reforzar y ampliar la atención psicológica a menores.
     - Primar la prevención como estrategia fundamental frente a los problemas de
  malnutrición, abandono, abusos sexuales o malos tratos. Estudios de necesidades y
  programas específicos de actuación en zonas de riesgo. Para ello, es imprescindible un
  trabajo coordinado entre las administraciones con competencias específicas en este ámbito
  (educación, sanidad, servicios sociales, etc.).
     - Adecuar la red residencial para niños y niñas en situación de desprotección a las nuevas
  realidades, contemplando el fenómeno de menores extranjeros no acompañados.
    - Potenciar y reforzar el acogimiento no residencial de los y las menores en situación de
  desprotección.
     - Mejorar la situación laboral de quienes trabajan en los pisos de acogida, estableciendo
  cláusulas de subrogación en las concesiones y equiparando sus condiciones a la del
  personal propio de la Diputación.
     - Fomentar la formación del personal que trabaja en el ámbito de los y las menores en
  situación de desprotección.
     - Establecer suficientes pisos de emancipación (18-21a.) para las/os jóvenes tutelados y
  tuteladas por la Diputación, asegurándoles empleo y formación para una verdadera
  integración social.
    - Potenciar la formación socio-laboral de los menores extranjeros no acompañados (16-18
  años) para su plena integración social.

6.2. Juventud
La juventud padece directamente, la acusada presión excluyente y tendente a la marginación
social propia de unas relaciones sociales mercantilizadas en extremo. El paro juvenil alcanza
en el Estado a un 53,4% de las y los jóvenes, la tasa más alta de los países de la OCDE, y
doblando con mucho la media de la UE que es de un 21%, lo que en muchas ocasiones fuerza
a los jóvenes a ir en busca de trabajo a otros lugares de la Unión Europea donde hay mayores
oportunidades de empleo, o en ocasiones a otros países no comunitarios. Desde Irabazi
consideramos que es urgente plantear medidas específicas para acabar de una vez por todas
con la precariedad laboral de la juventud, que imposibilita que estas personas puedan llevar a
cabo su proyecto de vida debido a las grandes dificultades -como el acceso a una vivienda-,
que acarrea el no disponer de un empleo estable y con unas condiciones salariales y laborales
dignas y con derechos.
Es hora de construir un proyecto emancipador para la juventud, que rompa con la
discriminación, descansando sobre los pilares del empleo digno y con derechos, el acceso real
a una vivienda digna, un acceso universal, público y gratuito a la sanidad y una educación laica,
científica y de calidad, y el derecho a un ocio digno, no mercantilizado y participativo. Por todo
ello, proponemos las siguientes medidas.

6.2.1. Fomento del empleo digno y con derechos
Para el fomento del empleo digno y con derechos, es necesaria la creación de un Plan Foral de
Empleo Juvenil que contengan tres ejes principales: el asesoramiento y acompañamiento en la
creación de autoempleo, las ayudas a la contratación de larga duración y las ayudas al
emprendizaje, teniendo siempre en cuenta las necesidades específicas de empleo y formación
en las zonas de declive del Territorio.
6.2.1.1. Asesoramiento y acompañamiento
     - Apoyo a la incorporación de personas jóvenes desempleadas como socias
  cooperativistas en las empresas cooperativas, mediante la cofinanciación de su aportación
  obligatoria al capital social de la empresa. Apoyo financiero, fiscal, normativo, jurídico… para
  la creación de empresas cooperativas.
    - Potenciar el acompañamiento personalizado de la población desempleada para un
  acceso al mercado de trabajo, a través de los servicios de orientación, que habrán de
  garantizar una acogida y seguimiento integral en la trayectoria de la persona joven parada.
    - Generalizar y centralizar el asesoramiento a la juventud vasca sobre las diferentes
  subvenciones existentes para fomentar el autoempleo.
6.2.1.2. Ayudas a la contratación de larga duración y el autoempleo
     - Desarrollo de una línea de subvención destinada a potenciar la contratación de forma
  estable y con derechos de personas jóvenes paradas, supeditando las subvenciones al
  cumplimiento íntegro, por parte del contratante del contrato mínimo de 18 meses, siendo
  sancionado en caso de no cumplirlo con la devolución del 100% de la ayuda.
    - Contratación directa de personal desde la Administración pública, en lugar de recurrir a
  empresas privadas de colocación o a la gestión indirecta.
     - Concesión de ayudas económicas para aquellas empresas que creen empleo juvenil por
  eliminación de horas extras o reducción de jornada.
     - Consensuar criterios y valores de acuerdo con el tipo de empleo, con las organizaciones
  sociales y sindicales, para el desarrollo de una normativa sobre la calidad del empleo juvenil
  (contratación, seguridad y salud en el trabajo....), vinculando las políticas fiscales y de
  subvención a los criterios de calidad del empleo juvenil.
     - Adopción de medidas fiscales favorables a la inversión en proyectos destinados al
  autoempleo y a la creación de primeras empresas dirigidas a jóvenes. Retraso, a su vez, en
  el pago de impuestos por parte de empresas creadas por jóvenes.
     - Elaboración de un informe en el que se identifiquen y analicen los nuevos yacimientos
  de empleo, así como las experiencias piloto ya puestas en marcha, en los cuales la
  Diputación Foral se comprometa a participar, subvencionar, y promover las iniciativas
  emprendedoras surgidas fruto de dicho informe,

6.2.2. Vivienda

- Gravamen a las viviendas vacías con el fin de movilizar el parque de viviendas vacías,
   en coordinación con los programas puestos en marcha por el Gobierno Vasco y los
   ayuntamientos.
      - Subvenciones y ayudas para el pago de alquiler a las personas jóvenes, de forma que
   no tengan que destinar más del 30% del sueldo al pago del alquiler de su vivienda.

6.2.3. Educación
     - Asegurar mediante subvención la posibilidad de todas y todos los alumnos de estudiar
  en los territorios limítrofes, garantizando ayudas al transporte.
      - Promoción de jóvenes investigadores y sus proyectos.

6.2.4. Ocio, cultura y acción social
     - Reconocimiento de figuras remuneradas en las asociaciones bajo convenio público.
     - Promover el acceso de la juventud a la cultura: precios especiales o gratuidad para las
   personas más desfavorecidas en conciertos, cine, teatro, etcétera.
      - Potenciar la red de albergues juveniles, talleres ocupacionales, campos de trabajo y
   otras actividades que posibiliten el contacto, respeto y conocimiento de la Naturaleza.
     - Crear fondos de ayuda económicos, técnicos, de infraestructura formación, etc. como
   apoyo a la iniciativa del asociacionismo.
      - Reforzar la red de equipamientos juveniles.
      - Fomentar actividades y experiencias plurales que posibiliten un ocio alternativo.
      - Plan general de inversiones en infraestructuras, materiales, recursos económicos y
   humanos para la formación, creación, producción, difusión y distribución de los diferentes
   tipos de actividades juveniles.
     - Posibilitar el acceso a la cultura también a los ámbitos geográficos y colectivos más
   desfavorecidos.
      - Creación y potenciación de programas de tránsito a la vida adulta de jóvenes mayores
   de 16 años y en situación de desventaja social.
      - Accesibilidad a la información y asesoramiento en materia de salud, sexualidad y
   drogas.
      - Incentivar el asociacionismo (deportivo, tiempo libre, etc.), facilitando el acceso de la
   juventud a locales públicos.
     - Posibilitar el acceso a la cultura también a los ámbitos geográficos y colectivos más
   desfavorecidos.
      - Gratuidad de todos los espacios culturales gestionados por la Administración.

6.3. Personas de más de 45 años
Las personas de más de 45 años están sufriendo las peores de las lacras denunciables: el paro
crece exponencialmente en este colectivo ante la desidia de las instituciones. Promover
políticas activas de empleo para este colectivo, y en especial para las mujeres, es una
asignatura pendiente que es necesario reactivar. Estas personas que en general tienen una
amplia preparación y experiencia además de muchos años cotizados, debe ponerse en el
centro de las políticas de empleo para su reinserción en el mercado de trabajo en condiciones
dignas acordes a su cualificación. Sólo así podremos construir una sociedad sostenible donde
el conocimiento revierte en la sociedad para ayudar a las nuevas generaciones.
     - Creación de un Plan Foral de Empleo para este colectivo.
     - Concesión de ayudas económicas para aquellas empresas que creen empleo para este
  colectivo por eliminación de horas extras o reducción de jornada.

6.4. Personas mayores dependientes
La sociedad alavesa es una de las sociedades más envejecidas de toda Europa a causa del
aumento de la esperanza de vida y la baja natalidad; 49.000 alaveses y alavesas tienen más
de 65 años. Más del 1,5% de la población de Vitoria-Gasteiz tiene más de 80 años; en Álava el
porcentaje se dispara al 11%. Es evidente que Álava envejece y que hay que generar los
recursos dotacionales necesarios. Esta situación implica un reto importante para la red de
servicios sociales que trabajan de forma específica con personas mayores. Es necesario
ofrecer a estas personas la necesaria calidad de vida y bienestar que demandan.
Irabazi considera que es necesario trabajar sin descanso hasta lograr que los derechos
universales de las personas mayores se vean reconocidos. Por ello, proponemos:
     - Posibilitar a las personas mayores las condiciones necesarias para que puedan
  permanecer en su hogar, disfrutando de una buena calidad de vida, al tiempo que se
  potencie los Centros de Día.
    - Apoyar a las personas mayores desarrollando una política de servicios adecuada, que
  garantice su integración en su propio entorno social.
     - Publificación de los servicios de ayuda a domicilio (SAD) extendiendo su implantación a
  los fines de semana, festivos y vacaciones, atendiendo a criterios de proximidad y haciendo
  partícipe al usuario, de manera que se respete la preferencia del recurso asignado y el
  agrupamiento familiar.
     - Establecer baremos de ayudas públicas para la subvención en su totalidad o en función
  de diferentes tramos de renta para los gastos sobrevenidos en oftalmología, odontología,
  etc. para personas mayores de 60 años incluyendo prótesis, revisiones periódicas,
  limpiezas, etc. y para aquellas personas que lo precisen y sus medios económicos les
  impidan adquirirlas.
    - Subvencionar en su totalidad cualquier tipo de prótesis o mecanismos de movilidad,
  percepción, etc. para aquellas personas que lo precisen y sus medios económicos les
  impidan adquirirlas.

- Creación de más pisos tutelados y Centros de Día para mayores con el fin de garantizar
  su autonomía personal a la vez que se garantizar una asistencia rápida y eficaz.
    - Plan gradual para la recuperación y generación de un parque público de residencias
  para las personas de tercera edad.

6.5. Diversidad funcional
Las Personas con Diversidad Funcional o con Alguna Discapacidad es un grupo de atención
prioritaria para Irabazi. El número de personas con alguna discapacidad supera en el Estado
Español los 3,8 millones, lo que supone el 8,5% de la población. Más de 600.000 personas con
alguna discapacidad viven solas en su hogar. 1,39 millones de personas no pueden realizar
alguna de las actividades básicas de la vida diaria sin ayuda. 269 mil personas que residen en
centros de personas mayores, centros de personas con discapacidad, hospitales psiquiátricos y
hospitales geriátricos tienen alguna discapacidad. En Euskadi hay 169.400 personas con
discapacidad (en hogares) y 14.745 en centros (personas de 6 y más años). En Álava , la cifra
está cercana a las 23.000 personas.

Irabazi considera que sólo la actuación decidida de los poderes públicos respecto a la
problemática de la personas con diversidad funcional (psíquica, física o sensorial) puede
garantizar su integración real. Irabazi se reconoce en la defensa de la igualdad en este aspecto
tal y como lo expresa el Art. 1 de la LIONDAU – Ley 51/2003 de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad: garantizar el efectivo
ejercicio y acceso a todos sus derechos por parte de las personas con discapacidad de
nuestra sociedad (cualquiera que sea su situación, condición, edad, diversidad funcional, etc.).
Y lo hace desde el compromiso en la consecución y la AUSENCIA DE TODA
DISCRIMINACIÓN, DIRECTA O INDIRECTA, por motivo de o sobre la base de alguna
discapacidad, incluida cualquier distinción, exclusión o restricción que tenga el propósito o el
efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de
condiciones por las personas con discapacidad, de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo.

En este sentido, abogamos por:
     - Exigir el cumplimiento de las leyes, decretos y normas que contemplen el empleo para
  personas discapacitadas en centros de trabajo, tanto públicos como privados, sin cortapisas
  ni ausencias Es una tarea ineludible de la Diputación Foral de Álava.
     - Garantizar la colocación de personas con discapacidad considerados de difícil
  recolocación en empresas ordinarias, evitando que se generen empleos guetificados.
     - Garantizar la igualdad de condiciones en el acceso a un puesto de trabajo, haciendo
  que se cumpla el 3% de empleo en igualdad de condiciones con el resto de las personas
  trabajadoras por parte de las instituciones públicas, y el 2% en el sector privado. No a la
  subcontratación en la plantilla y en caso de que haya subcontratación que se respeten los
  porcentajes legales también en ese caso.