Gobernador que procura balance en enmiendas a la Reforma Laboral

Gobernador    reitera    que
procura balance en enmiendas
a la Reforma Laboral

El gobernador Pedro R. Pierluisi. (Suministrada)
El gobernador Pedro R. Pierluisi le reiteró a los presidentes
de la Cámara de Representantes y el Senado de Puerto Rico su
posición en cuanto a las enmiendas a la Reforma Laboral y les
solicitó que en la próxima Sesión Ordinaria, que comienza en
enero del 2022, puedan hacer un análisis profundo y
transparente sobre los cambios que proponen para procurar el
balance que se requiere en busca de fortalecer la fuerza
laboral, y a su vez, asegurar que el sector comercial, en
especial los pequeños y medianos comerciantes, puedan
continuar creando y manteniendo empleos.

“El pasado 31 de octubre le envié una carta a los presidentes
legislativos en la que comuniqué mi posición en cuanto a la

aprobación de una medida que contenga cambios a la Reforma
Laboral. Reitero que es mi mayor interés continuar
incentivando a la fuerza laboral, y por eso firmé una medida
que permite que desde el próximo mes de enero comience un
aumento en el salario mínimo. Además, mi Administración
procura que nuestros trabajadores cuenten con un sistema
robusto de legislación que proteja sus derechos. Es por esto
que entiendo prudente que tanto la Cámara de Representantes
como el Senado de Puerto Rico puedan realizar un análisis
sosegado que cuente con el insumo de las partes interesadas y
que puedan llegar a una medida de consenso en la próxima
Sesión Ordinaria que comienza el 10 de enero de 2022”, sostuvo
Pierluisi.

El gobernador añadió que “dejar esta medida para la próxima
Sesión Ordinaria permitirá que se realice una evaluación más
profunda que pueda contar con los datos sobre el impacto que
tendrá el aumento al salario mínimo en los pequeños y medianos
comerciantes, así como las demás modificaciones laborales en
la industria.”

En la misiva enviada a los presidentes de ambos Cuerpos
Legislativos, el gobernador estableció nuevamente “su
compromiso e instrucciones, para que tanto el secretario del
Trabajo, como el secretario del Departamento de Desarrollo
Económico y Comercio, y sus respectivos grupos de expertos,
estén a la disposición de la Asamblea Legislativa para poder
atender este importante tema.”

En la mañana del miércoles, el gobernador Pedro R. Pierluisi
convocó a una Sesión Extraordinaria que comenzará el próximo
lunes 6 de diciembre para atender seis medidas puntuales y
medulares. Entre estas, el proyecto de Administración que
crearía la nueva “Ley para la Prevención del Maltrato y la
Preservación de la Unidad Familiar” y el que enmienda varias
leyes para permitir que los retirados del gobierno puedan
regresar a trabajar sin que se afecten sus pensiones. También,
se incluyó un proyecto legislativo que expande los requisitos

para ocupar el cargo de Comisionado del Negociado de Manejo de
Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD). Asimismo,
se incluyó el proyecto de Administración 11 (Proyecto del
Senado 255) que adopta una nueva definición en torno a los
vehículos todo terreno, además el Proyecto 1107 que realiza
enmiendas técnicas a la “Ley Ashanti” para aclarar que el
estatuto aplica a personas de 18 años o más. Otra medida
incluida en la convocatoria es el proyecto de Administración
51 (Proyecto del Senado 654), que enmienda el Código Civil, el
cual entró en vigor hace un año.

El primer ejecutivo espera por recibir en su despacho el
Proyecto de la Cámara 578 que fue aprobado por ambos Cuerpos
Legislativos, pero no ha sido enviado a La Fortaleza para
poder estampar su firma en el mismo. Dicha medida reduce la
edad mínima para entrar a la Policía de Puerto Rico a 18 años
y asegura que al culminar la Academia de la Policía los
cadetes cuenten con un Grado Asociado.

Junta fiscal presenta sexto
plan de ajuste enmendado

La directora ejecutiva de la Junta de Supervisión y
Administración Financiera para Puerto Rico, Natalie Jaresko.
(Jaime Rivera/CB)
La Junta de Supervisión y Administración Financiera para
Puerto Rico anunció la presentación del sexto plan de ajuste
enmendado del gobierno que refleja nuevos acuerdos con ciertos
acreedores adicionales.

El sexto plan de ajuste enmendado refleja un acuerdo de apoyo
al plan con Ambac Financial Group y Financial Guaranty
Insurance Company (FGIC) para resolver tanto sus reclamos de
recuperación contra el gobierno de Puerto Rico como las deudas
emitidas por la Autoridad para el Financiamiento de la
Infraestructura del Gobierno de Puerto Rico (AFI).

“Con este sexto Plan de Ajuste enmendado, la Junta de
Supervisión ha llegado a acuerdos con todas las compañías de
seguros de bonos monolínea involucradas en el Plan de Ajuste
del Gobierno”, dijo la directora ejecutiva de la Junta de
Supervisión, Natalie Jaresko. “El acuerdo para resolver los
reclamos de la AFI brinda apoyo adicional al Plan de Ajuste
previo a las vistas de confirmación y acerca a Puerto Rico un

paso más al final de su bancarrota”.

Los tenedores de bonos AFI recibirán $260 millones en
efectivo, esto incluye las tarifas de restricción y los costos
de consumación. Además, el acuerdo incluye un instrumento de
valor contingente basado en el potencial rendimiento superior
del Impuesto Sobre Ventas y Uso de Puerto Rico del 5.5% en
relación con las proyecciones en el Plan Fiscal Certificado de
2020 y los recaudos de impuestos al ron del Fondo General de
Puerto Rico en relación con las proyecciones en el Plan Fiscal
Certificado de 2021. La contraprestación en efectivo de todos
los reclamos de la AFI refleja una reducción fija de la
cantidad de reclamos de esta entidad de aproximadamente 90%.

Queremos Sol señala acuerdos
“simbólicos” son evidencia de
deficiencias del contrato de
LUMA

Myrna Conty, coordinadora de la Coalición Anti-Incineración y
una de las portavoces de Queremos Sol. (Agustín Criollo/CB)
La coalición de organizaciones que apoya la propuesta Queremos
Sol resaltaron que los acuerdos “simbólicos” firmados entre el
secretario de Estado y LUMA Energy (LUMA) constituyen, como
aceptación por parte del gobierno, de que el contrato de LUMA
es uno deficiente. Sin embargo, los mismos no enmiendan el
contrato, por lo que no tienen efecto alguno desde el punto de
vista legal.

“Ante el abrumador rechazo al contrato de LUMA el gobierno
está buscando estrategias para cambiar la opinión pública.
Claramente menosprecian la inteligencia del pueblo si piensan
que vamos a creer que con esos papeles que firmaron y que en
nada enmiendan el contrato se arreglan las crasas deficiencias
de este esquema de privatización”, denunció Myrna Conty,
coordinadora de la Coalición Anti-Incineración y una de las
portavoces de Queremos Sol.

Por su parte, la licenciada Ruth Santiago, representante del
Comité Dialogo Ambiental y miembro de Queremos Sol, señaló que

“es preocupante ver que el gobierno, con estos acuerdos,
reconoce que el contrato de LUMA les permite abandonar el
servicio tras el paso de un huracán, pero que en vez de
proceder a enmendar el contrato para corregir esta crasa
deficiencia presentan un acuerdo que no tiene validez legal
alguna. Los pronósticos para esta temporada de huracanes son
que será una sumamente activa y si LUMA entra en operaciones
estaremos a la merced de una empresa que tras el paso de un
evento atmosférico puede decidir dejar de ofrecer servicio,
pues eso es lo que dice el contrato y eso no se enmendó con
estos acuerdos simbólicos”.

De igual manera, entre los acuerdos anunciados por el
secretario de Estado, figura el cumplimiento con la Ley de
Política Pública Energética. Dicha ley requiere que Puerto
Rico alcance el 100% de generación a base de energía renovable
para el 2050, con progresiones intermedias.

Federico Cintrón Moscoso, director de El Puente y miembro de
Queremos Sol resaltó: “El mero hecho de firmar un acuerdo
simbólico que establezca que LUMA debe cumplir con la Ley de
Política Pública Energética confirma lo que hemos venido
denunciando desde el pasado año. Este contrato no ordena que
LUMA cumpla con los objetivos de energía renovable ni impone
consecuencias contractuales si LUMA no alcanza estos
objetivos. LUMA viene a dejarnos con el mismo sistema
centralizado y vulnerable. Estos acuerdos en nada cambian la
realidad de que el contrato no requiere que LUMA transforme la
red eléctrica a una basada en energía renovable”.

La coalición Queremos Sol compuesta por grupos comunitarios,
ambientales y laborales rechaza el contrato de LUMA,
enfatizando el trato indigno e irresponsable hacia los
empleados actuales y pensionados de la AEE y la falta de
interés por parte de LUMA en manejar una transformación del
sistema eléctrico basado en energía renovable distribuida,
entre otros.

Espacios Abiertos propone
cuatro propuestas para un
gobierno abierto en Puerto
Rico
Con motivo de la celebración del Sunshine Week, Espacios
Abiertos exhortó al liderazgo de las tres ramas de gobierno a
adoptar cuatro propuestas de gobierno abierto, que incluyen:
enmendar las leyes de Transparencia y Datos Abiertos, adoptar
un programa de Chequera Abierta, crear el Registro público de
gastos tributarios y fiscales, y publicar informes financieros
de manera proactiva y expedita.

La directora ejecutiva de Espacios Abiertos, Cecille Blondet,
informó que las propuestas se ajustaron a lo que puede hacer
cada una de las tres ramas de gobierno para impulsarlas. Se
enviaron mediante cartas dirigidas al gobernador Pedro
Pierluisi Urrutia, a los presidentes de los cuerpos
legislativos: José Dalmau Santiago y Rafael Hernández Montañez
y, a la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz
Rodríguez.

“Aspiramos a una sociedad más abierta y democrática que
resulte a su vez en un Puerto Rico más justo y equitativo.
Para lograrlo, necesitamos un gobierno abierto que
proactivamente fomente el acceso a información pública, que
rinda cuentas sobre el uso de los recursos y fondos públicos,
y que garantice una participación amplia y efectiva de la
ciudadanía en las decisiones de política pública”, manifestó
Blondet.

En la misiva al primer ejecutivo y a los presidentes de Cámara

y Senado, la directora ejecutiva resaltó la importancia de que
se enmienden las Leyes 122 (Ley de Datos Abiertos del Gobierno
de Puerto Rico) y 141 (Ley de Transparencia y Procedimiento
Expedito para el Acceso a la Información Pública) de 2019 para
atemperarlas a las mejores prácticas de gobierno abierto
reconocidas internacionalmente, utilizando como base las
recomendaciones del Análisis de las Leyes de acceso a la
información y Datos de abiertos de Puerto Rico que publicó el
año pasado el Centre for Law and Democracy y el Dr. Toby
Mendel. Recordó que cuando ambos estatutos se aprobaron,
obviaron las recomendaciones y objeciones presentadas por
organizaciones y grupos estudiosos sobre los temas de
transparencia.

La situación se agravó cuando las leyes de transparencia se
firmaron a prisa y sin aviso a escasas horas de que el señor
Ricardo Rosselló terminara su gestión. Blondet comentó que “el
resultado fue una normativa legal deficiente, pero que se
puede corregir”.

“Espacios Abiertos—y las nueve organizaciones que formamos la
Red de Transparencia—estamos convencidas de que un gobierno
abierto es posible en Puerto Rico. Y en que para llevar la
transparencia de la palabra a la acción, hay que comenzar por
corregir las deficiencias que tienen las leyes 122 y 141 y
establecer una directriz ejecutiva que promueva de forma firme
e inequívoca la divulgación proactiva y oportuna de la
información pública.    Solamente así, podremos cambiar la
cultura de opacidad que ha imperado por décadas y que atenta
contra el bienestar y desarrollo de todos y todas”, mencionó
Blondet.

Igualmente, exhortó a propulsar mediante orden ejecutiva y
legislación la publicación oportuna y proactiva de todos los
pagos y desembolsos que se hacen con fondos públicos desde el
ejecutivo, legislativo y judicial, con un programa de
“chequera abierta” como el que existe en muchas jurisdicciones
de los Estados Unidos y que el propio Instituto de

Estadísticas de Puerto Rico tuvo hasta recientemente.

“Esta herramienta además de transparentar el uso de fondos
públicos, facilitaría el acceso a la ciudadanía a dicha
información y reduciría los reclamos en los tribunales por
información que es y debe ser pública”, sostuvo. En las
misivas se incluyó información de los programas implantados
con         éxito          en        Maryland,          Nueva
York, Massachusetts, Chicago y Los Ángeles a fin de que puedan
servir de punto de partida para Puerto Rico.

La tercera propuesta es para se asegure la publicación
periódica (anual o bienal) de un informe de todos los gastos
fiscales o tributarios (Tax Expenditures Report) mediante
legislación u orden ejecutiva.    Afirmó que “los créditos,
exenciones, decretos e incentivos contributivos se consideran
“gastos fiscales” porque es dinero que deja de ingresar al
fisco. Conocer el total de los “gastos fiscales” y su retorno
de inversión sea de índole económica o social debe ser parte
natural en el proceso de aprobación del presupuesto”.

Blondet indicó que el proyecto del Senado 206, radicado
recientemente por el senador Juan Zaragoza propone legislar a
esos efectos.

A Santiago y Hernández Montañez, los exhortó además a publicar
de manera proactiva y expedita los informes financieros que
rinden anualmente los miembros y funcionarios de la Asamblea
Legislativa. Blondet explicó que los Códigos de Ética
aprobados por cada cuerpo legislativo limitan el acceso a
información que debe ser pública. Exhortó a que se revisen
esos códigos y que se disponga para la publicación proactiva y
oportuna de la información, ya sea por la Oficina de Ética
Gubernamental o por el cuerpo legislativo, de la misma manera
que se hace con las dependencias de la rama ejecutiva y
municipios.

La directora ejecutiva de Espacios Abiertos conminó a la jueza

presidenta del Tribunal Supremo a adoptar el programa de
chequera abierta para la rama judicial y a publicar también de
forma proactiva los informes financieros de los miembros y
funcionarios de la rama judicial.

“De las tres ramas de gobierno, la rama judicial ha sido la
única que verdaderamente ha defendido el derecho de acceso a
la información pública en Puerto Rico. Inclusive extendiendo
a este derecho el rango de derecho constitucional.        Sin
embargo, todavía queda camino por andar”, señaló Blondet.

Mencionó que la Ley de Ética Gubernamental es deferente con la
separación de poderes entre ramas al disponer que la Rama
Judicial y la Rama Legislativa adoptarán sus propias normas en
cuanto a la divulgación de informes de sus miembros. No
obstante eso ha resultado en que cada rama se comporte de
manera diferente,   y en que no se haga pública la misma
información de funcionarios en distintas ramas de gobierno,
limitando el acceso de la ciudadanía a información que es de
interés público. Por eso, Espacios Abiertos plantea que es
meritorio revisar la reglamentación sobre divulgación de
informes financieros para lograr mayor transparencia y
uniformidad en la información que se hace disponible al
público.

“Se han hecho avances importantes en Puerto Rico, el principal
fue el reconocimiento del derecho a la información pública
como un derecho constitucional, pero nos queda un largo trecho
para realizar la aspiración de un gobierno abierto.         La
transparencia más que promesas de campaña, requiere acción, y
ahora es momento de demostrar si hay un compromiso o no de
cambiar la cultura de opacidad gubernamental que ha sido
semillero de la corrupción. Las recomendaciones que hacemos
no son exhaustivas.       Estas son propuestas de fácil
implementación que pueden servir de hoja de ruta en dirección
a un gobierno más transparente”, puntualizó la directora
ejecutiva de Espacios Abiertos.

El Sunshine Week se estableció en el año 2005 por la Sociedad
Americana de Editores de Noticias —hoy News Leaders
Association—y ha tenido un continuo crecimiento en la
promoción de iniciativas que promueven el gobierno abierto. Su
misión es lograr que el gobierno sea más transparente con el
pueblo que gobierna. Espacios Abiertos es parte de ese
esfuerzo.

La iniciativa promueve que esta semana se discuta el tema en
foros locales y que se invite a las autoridades
gubernamentales a aprobar proyectos o proclamas sobre la
importancia de un gobierno abierto.

Colegio    de     Arquitectos
solicita enmiendas a orden
ejecutiva       que     otorga
inmunidad     a     ingenieros
voluntarios
La presidenta del Colegio de Arquitectos y Arquitectos
Paisajistas de Puerto Rico (CAAPPR), la arquitecta Diana Luna
Serbiá, solicitó en una comunicación escrita a la gobernadora,
Wanda Vázquez Garced, que enmiende la reciente orden ejecutiva
que otorga inmunidad a los ingenieros voluntarios a los fines
de que se amplíe para cobijar a los arquitectos.

“Solicitamos se incluya a los arquitectos licenciados en el
Cuerpo Voluntario para que sean cobijados por la inmunidad
otorgada por la Ley Núm. 43-2008, según enmendada, conocida
como ‘Ley del Buen Samaritano de los Colaboradores en una

Construcción Afectada por un Desastre Natural’ mientras actúen
en cumplimiento de sus deberes y funciones para el Gobierno de
Puerto Rico”, reaccionó la arquitecta Diana Luna Serbiá,
presidenta del CAAPPR.

Luna señaló que el Colegio de Arquitectos y Arquitectos
Paisajistas de Puerto Rico ha estado realizando trabajo
voluntario a través de sus colegiados desde el 7 de enero de
2020.

Esta solicitud surge en respuesta a la divulgación de una
Orden Ejecutiva OE-2020-013 firmada recientemente por la
gobernadora para cobijar a los ingenieros licenciados
voluntarios de Puerto Rico y otras jurisdicciones para que
puedan ejercer durante la emergencia y ser cobijados por la
inmunidad otorgada por el estado.

En su solicitud, Luna expuso la Ley 173 del 12 de agosto de
1988, según enmendada, conocida como ‘Ley de la Junta
Examinadora de Ingenieros Arquitectos, Agrimensores y
Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico’ la cual reglamenta el
ejercicio de la ingeniería, la arquitectura, la agrimensura y
la arquitectura paisajista en Puerto Rico como marco de
referencia.

En su carta, la presidenta del CAAPPR expresó la disposición
del Colegio para colaborar en las iniciativas de recuperación
como lo ha estado haciendo a través de sus Comités, los cuales
han encaminado iniciativas para atender la situación que han
causado los sismos tanto en la región suroeste como en todo
Puerto Rico.

“La encomienda principal de la profesión es salvaguardar la
seguridad, el bienestar y salud de la ciudadanía”, concluyó
Luna.

Secretario del DDEC asegura
lograron     acuerdo    para
modificar la Ley de Permisos
de Puerto Rico

(CyberNews)
El secretario del Departamento de Desarrollo Económico y
Comercio (DDEC), Manuel Laboy Rivera, dijo el lunes, que se
logró un acuerdo para modificar la Ley de Permisos en Puerto
Rico.

“Pudimos ir asunto por asunto de lo que tiene que ver con las
preocupaciones principales que tiene el sector privado y las
recomendaciones y las propuestas específicas en un plan de
trabajo que pudimos acordar donde vamos a estar trabajando los
próximos días, semanas, y ya tenemos, inclusive, una reunión
de seguimiento con la señora gobernadora y el sector privado

en febrero”, dijo Laboy Rivera en conferencia de prensa.

En la reunión hubo representación de la Cámara de Comercio de
Puerto Rico (CCPR), la Asociación de Industriales de Puerto
Rico (AIPR), el Sector de Construcción, el Centro Unido de
Detallistas (CUD), el sector industrial y farmacéutico.

“Van a haber unas determinaciones administrativas que estará
haciendo el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio a
través de la Oficina de permisos. Van a haber unos cambios al
sistema digital de permisos, también estaremos recopilando y
poder adelantar enmiendas al reglamento conjunto y, vamos a
trabajar sobre una serie de enmiendas para atender la Ley de
Permisos que fue trabajada en 2017”, dijo el funcionario.

José Ledesma, presidente de la Cámara de Comercio de Puerto
Rico se mostró “esperanzado de que estas gestiones serán
exitosas”.

Por su parte, el doctor Jorge Argüelles Morán, presidente del
Centro Unido de Detallistas mencionó que “muchas de ellas se
van a resolver de manera expedita, toda vez que ella (la
gobernadora) tiene la potestad de por orden ejecutiva
adelantar mucha    de   las   cosas   que   habíamos   planteado
anteriormente”.

Entre las propuestas, mencionó que se unificarán los
requisitos aplicables a los 78 municipios, se agilice el
proceso de renovaciones, entre otros.

Gobernadora firma enmiendas

en beneficio de veteranos en
Puerto Rico
La gobernadora Wanda Vázquez Garced anunció el lunes que firmó
las enmiendas de la Ley 297-2018 conocida como la Ley Uniforme
sobre filas de servicio y expreso y cesión de turnos de
prioridad, con el fin de ampliar el beneficio a veteranos y
veteranas en Puerto Rico.

“Las enmiendas a la Ley 297-2018 persiguen hacer valer los
derechos de los veteranos y veteranas de Puerto Rico y que se
reconozca su valía. A partir de la firma de estas enmiendas,
todos los veteranos en la isla tendrán acceso a las filas
expreso en las dependencias gubernamentales para así agilizar
los trámites que tengan que realizar diariamente. Es mi
compromiso identificar herramientas para continuar honrando a
los hombres y mujeres que han servido para defender los
postulados de nuestra democracia”, dijo la primera ejecutiva.

Dicha ley dispone un sistema de fila expreso y cesión de
turnos de prioridad en las agencias gubernamentales, a nivel
estatal y federal, para personas con impedimentos, adultos de
60 años o más, mujeres embarazadas y todo residente de las
islas municipio de Vieques o Culebra que tenga que hacer
trámites y deba retornar a las islas el mismo día, sea por vía
marítima o aérea. Del mismo modo, cobija a cualquier tutor o
familiar que los acompañe y realice gestiones a nombre o en
representación de ellos.

Vázquez Garced también enmendó los artículos 3, 4, 5 y 7 de
dicha ley y añadió un nuevo subinciso al Artículo 4 de la Ley
203-2007 conocida como Carta de Derechos del Veterano
Puertorriqueño del Siglo XXI con el fin de incluir tal
derecho, así como otros beneficios.

La   ley   recopila   los   derechos   reconocidos   y   beneficios

otorgados a los veteranos y sus familias con el fin de que los
veteranos y veteranas puedan referirse a una sola ley para
conocer lo que les cobija a nivel local.

“Es prioridad para esta administración facilitar la gestión
diaria de estos héroes que han sacrificado su vida y a sus
familias en nombre de la democracia. Tras la aprobación de
estas enmiendas, las dependencias gubernamentales y otras
entidades darán prioridad a los veteranos y veteranas, así
como a otros ciudadanos cobijados bajo esta ley ”, concluyó la
gobernadora.

Las leyes estarán vigentes en todas las agencias
gubernamentales, corporaciones públicas, oficinas de gestiones
municipales, entidades privadas que reciban fondos públicos y
agencias federales en Puerto Rico; sin embargo, no aplica al
Registro de la Propiedad, adscrito al Departamento de Justicia
de Puerto Rico, en consideración al principio fundamental de
prioridad en la prestación de documentos públicos que rige en
el derecho registral hipotecario puertorriqueño.

Según establece la ley, se garantizará que todas las agencias
y entidades bajo la ley identifiquen adecuadamente las filas
expreso y las reglas para solicitar turnos prioritarios, de
manera visible y legible.

Una vez aprobada la ley, las dependencias gubernamentales
locales y federales, las corporaciones públicas y las
entidades privadas que reciben fondos públicos tendrán un
período de seis meses para realizar las enmiendas necesarias a
cualquier reglamentación existente, para enmendar rótulos
existentes o crear cualquier formulario necesario para hacer
cumplir la ley. La misma será vigente inmediatamente después
de su aprobación.

Asociación de Paradores apoya
enmiendas a Ley 17 del DMO
La Asociación de Dueños de Paradores y Turismo de Puerto Rico
reiteró hoy su apoyo a las enmiendas propuestas a la Ley
Número 17 del 2017, que creó la Organización para el Mercadeo
del Destino de Puerto Rico (DMO por sus siglas en Ingles).

“En tan solo 16 meses, nuestro DMO ha demostrado ser muy
eficiente y productivo para Puerto Rico. Al fortalecer nuestra
posición e imagen en el mercado turístico, se ha aumentado el
número de visitantes que están llegando y los recaudos en la
Compañía de Turismo. En esta coyuntura, el DMO representa la
mejor inversión en nuestro futuro”, resaltó Jesús Ramos,
presidente de la Asociación.

“Para la asociación, el nuevo proyecto de ley busca cuatro
enmiendas para asegurar que el DMO puede ser más efectivo y
desarrollarse adecuadamente, para el beneficio de todos los
residentes de Puerto Rico. El turismo es la principal
herramienta de desarrollo económico que tenemos a corto y
mediano plazo; y estamos convencidos que estas enmiendas
servirán para distribuir los turistas a través de toda la Isla
y la creación de nuevos empleos que tanto necesitamos”, añadió
Ramos, dueño y operador del Parador Villas Sotomayor en
Adjuntas.

“Primero que todo, apoyamos el aumento en la asignación
directa de fondos al DMO para el mercadeo del destino; y
asegurar que nuestra inversión crece a medida que el turismo
crece y se distribuye por toda la Isla. Desde la incepción del
DMO, establecimos que se necesitarían al menos $45 millones
anuales para ser exitosos; y sabemos que cada dólar invertido
en la promoción del destino puede causar un retorno de
inversión entre $27 y $48 dólares directo a nuestra economía y
hasta $5 dólares en impuestos. Actualmente, Puerto Rico

invierte un tercio (1/3) de los fondos de mercadeo que se
invertían en el 2015; y cerca del 50% de lo que invierten
otros destinos más pequeños en el Caribe”, añadió Xavier A.
Ramírez, líder del Comité de Mercadeo de la asociación.

“Al mismo tiempo, si queremos mejorar nuestra economía,
necesitamos continuar la educación que lleva el DMO para que
los municipios, organizaciones profesionales, agencias
públicas y empresarios nos insertemos en apoyar los esfuerzos
de mercadeo del destino. Además, todos tenemos alguna
responsabilidad por asegurar cumplimos con nuestra promesa
turística”, resaltó Ramírez, también Gerente General del
Combate Beach Resort en Cabo Rojo.

“Ciertamente, el DMO ha tenido muchos logros en corto tiempo,
y la recuperación en la actividad turística luego del Huracán
María, no tiene precedentes en la industria. Gracias al
trabajo del DMO, a 24 meses de María, Puerto Rico ha alcanzado
niveles de visitantes que a otros destinos les ha tomado hasta
nueve años, y una inversión incremental de hasta $100
millones. El hecho de que la llegada de

pasajeros a los tres aeropuertos internacionales ya alcanza
los niveles del 2017, pre-María, es un logro excepcional. Si a
esto le sumamos que varias líneas aéreas están aumentado su
capacidad para los próximos doce meses, es indicativo del
aumento en la demanda por nuestro destino” mencionó Ramírez.

Por otra parte, el presidente de la asociación recalcó que hay
mucho trabajo por hacer ya que según nos dijo, “aún la gran
mayoría de los turistas se quedan en San Juan y se benefician
los que menos contribuyen”.

“Las regiones necesitan más apoyo del DMO y la Compañía de
Turismo para que los turistas planifiquen – de antemano –
desplazarse hasta nuestros municipios. En la temporada de
verano del 2019, el número de viajeros extranjeros que se
hospedaron en alojamientos certificados aumentó en 18%, versus

el verano del 2018; sin embargo, observamos una reducción de
doce por ciento (-12%) en los turistas extranjeros que
llegaron hasta nuestras regiones”, añadió Ramos.

Según Ramírez, la limitación de fondos del DMO afecta
directamente a las regiones turísticas y a los hoteles más
pequeños. “Los efectos del Huracán María los ha obligado a
focalizar sus recursos de ventas en el segmento de grupos y
convenciones; y a utilizar el mercadeo digital para el sector
de ocio. Aunque el DMO ha sido muy eficiente en su operación,
la asignación al segmento de vacaciones es limitada. Como
resultado y guiado por brechas en las agencias pertinentes,
los esfuerzos del DMO han estimulado el crecimiento de los
hoteles ilegales en la región metro y otras ciudades de la
Isla. Desde el 2015, los alojamientos ilegales se han
multiplicado en sobre 650%, y en el 2019 la evasión de
licencias, patentes, permisos e impuestos puede llegar a $60
millones.”

“Definitivamente, apoyamos el Proyecto de la Cámara Núm. 2303,
y vamos a someter algunas recomendaciones puntuales.
Necesitamos fortalecer a la Compañía de Turismo y asegurar una
fiscalización equitativa en los pagos del canon de
arrendamiento”, culminó diciendo Jesús Ramos.

Cámara federal aprueba varias
enmiendas    de    Jenniffer
González para Puerto Rico
La Cámara de Representantes aprobó tres enmiendas de la
comisionada residente, Jenniffer González Colón, al H.R. 2500,
Ley de Defensa de Seguridad Nacional (NDAA por sus siglas en

inglés), que ahora pasan a consideración en el Senado federal,
se informó el viernes.

“Las enmiendas buscan que se actué de manera expedita la
limpieza de municiones en Vieques y Culebra, se haga prioridad
la seguridad en el Caribe, así como evaluación de
embarcaciones necesarias para respuesta a desastres”, detalló
González Colón en declaraciones escritas.

En junio, la comisionada llevó a Vieques y Culebra a personal
de la Marina de Guerra (NAVY) y del Cuerpo de Ingenieros
(USACE), respectivamente, para inspeccionar los trabajos de
limpieza y disposición de municiones. La comisionada urgió a
las agencias presentes a empeñar todos sus recursos en
acelerar los trabajos para el pronto disfrute de las zonas.

En este aspecto, la enmienda de la comisionada residente
establece que el Congreso exhorta al Secretario de Defensa a
que “explore todas las vías y alternativas para acelerar el
proceso de limpieza y restauración ambiental en Vieques y
Culebra; se instruye al Departamento de Defensa a trabajar
con la la Agencia de Protección Ambiental, el Servicio de
Pesca y Vida Silvestre y el Gobierno de Puerto Rico para
garantizar que el proceso de descontaminación se realice de
una manera que cause la menor intrusión posible en las vidas
de los residentes de las islas y minimice los riesgos para la
salud pública; y que el gobierno federal colabore con las
partes interesadas locales y privadas para abordar con
eficacia los desafíos y oportunidades económicas en Vieques,
Culebra y las comunidades adyacentes de la antigua Base Naval
Roosevelt Road”.

La enmienda 629 ordena a la Oficina de Responsabilidad
Gubernamental (GAO) a que complete un estudio y presente un
informe a los comités de defensa del Congreso sobre el estado
del proceso federal de limpieza y descontaminación en los
antiguos sitios de entrenamiento militar ubicados en Vieques y
Culebra. El estudio dede incluir un análisis del ritmo de los

esfuerzos de restauración ambiental en curso y los posibles
desafíos y alternativas para acelerar la finalización de dicho
proceso.

La enmienda número 501 busca que el Departamento de la Defensa
evalúe el rol del sistema de embarcaciones o “watercraft” que
mantiene el Ejército (ARMY) en operaciones luego de desastres
naturales, amenazas y emergencias antes de desactivar los
mismos. El Puerto Rico Army National Guard tiene cuatro de
estas embarcaciones que fueron clave para proveer suministros
a Vieques, Culebra y las Islas Vírgenes luego del huracán
María. Esta enmienda busca que dicho rol se considere antes de
desactivar cualquier de las embarcaciones en los estados y en
los territorios.

Como parte de los esfuerzos para combatir el crimen en Puerto
Rico, la comisionada presentó la enmienda número 630 que
estipula la voluntad del Congreso “que la lucha contra las
organizaciones delictivas internacionales y el tráfico ilícito
de estupefacientes en la zona de tránsito y en la cuenca del
Caribe, en particular en y alrededor de Puerro Rico y las
Islas Vírgenes, es fundamental para la seguridad nacional de
los Estados Unidos; que el Departamento de Defensa (DoD) debe
trabajar con el Departamento de Seguridad Nacional y otros
socios relevantes para mejorar las capacidades de vigilancia y
maximizar la efectividad de las operaciones antidrogas en la
región; y que el Secretario de Defensa debería, en la mayor
medida posible, garantizar que el Comando Norte y el Comando
Sur de los Estados Unidos tengan los recursos necesarios para
apoyar y aumentar las actividades antidrogas en sus
respectivas áreas de operaciones en la zona de tránsito y la
cuenca del Caribe”.

Gobernador Rosselló Nevares
informa     enmiendas    al
presupuesto
El gobernador Ricardo Rosselló Nevares informó sobre las
enmiendas al presupuesto que se enviará a la Junta de
Supervisión Fiscal, a fin de “cumplir con el objetivo de
política pública y ser fiscalmente razonables”.

Los aumentos llevan el presupuesto revisado a $9,624 millones.

“Ahora con este presupuesto, con el dinero que se tiene y que
no se tenía en previos años, vamos a poder cumplir con los
objetivos de una mejor sociedad y edificar un nuevo Puerto
Rico”, sostuvo el primer ejecutivo.

Rosselló Nevares agregó que “hubo unas peticiones de
reducciones que se llevaron a cabo, mientras se cumple con el
deber ministerial de garantizar la política pública del
Gobierno”.

Informó que en el presupuesto revisado no se alteran los
aumentos a los policías, bomberos y maestros, entre otros; y
se mantiene el compromiso de defender las pensiones de los
jubilados.

No obstante, el primer ejecutivo informó que sí se ha trabajo
para reducir presupuesto en algunas áreas, como es la
reducción de casi $100 millones en nómina.

El primer mandatario recordó que “nuestra administración ha
podido reducir en sobre 20 por ciento el gasto a nómina con
acciones como la transición voluntaria. Continuaremos ese
panorama, a fin de lograr nuestros objetivos fiscales”.

También se solicitó una reducción a los gastos operacionales
de $351 millones; una reducción de $43 millones para gastos de

capital; y una reducción de 30 por ciento de una reserva que
tenía la Oficina de Gerencia y Presupuesto.

Por otro lado, Rosselló Nevares indicó que hay una serie de
elementos que se ha determinado importante añadir; entre
estas, un aumento al seguro social, lo que representa unos $48
millones.

Informó que ya se está trabajando una medida legislativa a fin
de otorgar ese seguro social tanto a los policías como a otros
grupos que no se benefician del mismo en este momento.

Asimismo, el gobernador recordó la ley que recientemente firmó
para dar alivio a los municipios sobre los pagos de pensiones
del Pay As You Go y de la Administración de Seguros de Salud
(ASES).

El monto para el Pay Go será de $166 millones y para ASES será
de $120 millones; esto se añade al nuevo presupuesto.

Por otro lado y como parte de las prioridades de la
Administración Rosselló Nevares, se informó que habrá un
aumento de $262 millones para el Departamento de Educación.

El primer ejecutivo explicó que “aunque la aspiración había
sido llegar a un aumento de $400 millones, en esta ocasión
justificamos las partidas para poder asegurarnos de que los
vales educativos se puedan llevar a cabo y que la
transportación cuente con los recursos suficientes, entre
otras iniciativas de desarrollo para el aprendizaje de los
estudiantes de la corriente regular y de Educación Especial”.

Rosselló Nevares reiteró que las peticiones de reducción se
han acogido. No obstante, señaló que hay una serie de áreas
prioritarias, como la educación, que se han implementado y que
se ha establecido que se deben salvaguardar.

“Este es un presupuesto a base de política pública. Vamos a
poder seguir los pasos de cumplimiento con un compromiso de

transparencia. Si nos comprometemos con el Pueblo de Puerto
Rico a llevar a cabo una iniciativa, se tiene que constatar al
final de la trayectoria que se ejecutó”, concluyó el
gobernador.