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Poder Judicial de la Nación
CÁMARA NACIONAL DE CASACIÓN EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL - SALA 2
CCC 37826/2011/TO1/CNC2
Reg. N° 1703/2018
///n la ciudad de Buenos Aires, a 28 del mes de diciembre de
2018, se reúne la Sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo
Criminal y Correccional de la Capital Federal integrada por los
jueces Daniel Morin, Horacio Leonardo Días y Eugenio
Sarrabayrouse, asistidos por la secretaria actuante, Paula Gorsd, a
los efectos de resolver el recurso de casación interpuesto por el
querellante Javier Landaburu, en representación de los señores
Adolfo Pomar, Sonia Pomar y Jorge Tomas Pomar, con el
patrocinio letrado del Dr. Hernán Víctor Gullco, a fs. 1100/1111
en la presente causa n° CCC 37826/2011/TO1/CNC2, caratulada
“Adrogué, Manuel Ignacio s/recurso de casación”, de la que
RESULTA:
I. Que el juez que integró en forma unipersonal el
Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional n° 8, resolvió el 21
de junio de 2017 “DECLARAR que, en esta causa N° 4917 del
Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional n° 8, la acción penal
pública no ha sido legalmente promovida (art. 120 de la
Constitución Nacional, art. 71 del Código Penal, arts. 5, y 339,
inc. 2°, del Código Procesal Penal de la Nación) y,
consecuentemente, SOBRESEER a MANUEL IGNACIO
ADROGUÉ, cuyas demás condiciones personales se consignan
en el exordio, en orden al delito de circunvención de incapaz, por
el que fue sometido a proceso; sin costas (arts. 354, 361, 530, 531
y cc., del Código Procesal Penal de la Nación)” (cfr. fs.
1092/1098).
II. Contra esa resolución, el querellante Javier
Landaburu, en representación de los señores Adolfo Pomar, Sonia
Pomar y Jorge Tomas Pomar, con el patrocinio letrado del Dr.
Hernán Víctor Gullco, interpuso recurso de casación (cfr. fs.
Fecha de firma: 28/12/2018
Firmado por: HORACIO L. DIAS,
Firmado por: EUGENIO C. SARRABAYROUSE
Firmado(ante mi) por: PAULA GORSD, Secretaria de Cámara
#28386917#223390065#201812281216147061100/1111), el que fue concedido (cfr. fs. 1112) y oportunamente
mantenido ante esta instancia (cfr. fs. 1121).
III. Al realizarse el análisis de admisibilidad, la Sala
de Turno de esta cámara decidió remitir el caso a la oficina
judicial para que lo asigne a una sala del tribunal y le otorgó el
trámite previsto en el art. 465, CPPN (cfr. fs. 1123).
IV. Sorteada para intervenir esta Sala II, en el
término de oficina previsto por los arts. 465, cuarto párrafo y 466,
CPPN, se presentó Manuel Ignacio Adrogué, con la asistencia de
su letrado defensor, a fin de solicitar que se desestime la
pretensión del querellante y se confirme el sobreseimiento dictado
por el tribunal a quo (cfr. fs. 1127/1137).
V. Finalizada la audiencia, el tribunal pasó a
deliberar, en uso de la facultad que otorga el art. 469 CPPN, de
todo lo cual se dejó constancia en el expediente.
Se hace constar que en dicha oportunidad, las partes
presentaron breves notas (agregadas a fs. 1147/1151 y 1152).
Efectuada la deliberación y conforme a lo allí
decidido, el tribunal resolvió del siguiente modo.
Y CONSIDERANDO:
El juez Daniel Morin dijo:
1. Para lograr una mayor claridad expositiva, es
dable repasar sucintamente la historia procesal de los presentes
actuados en lo que resulta conducente para la resolución del
recurso interpuesto por el querellante.
1.1. A fs. 2/10 luce agregada la denuncia presentada
por Adolfo Pomar, Sonia Pomar y Jorge Tomas Pomar –quienes
solicitaron ser tenidos como parte querellante– contra Manuel
Ignacio Adrogué, por los hechos allí descriptos, los cuales a
criterio del acusador privado constituyen el delito de
Fecha de firma: 28/12/2018
Firmado por: HORACIO L. DIAS,
Firmado por: EUGENIO C. SARRABAYROUSE
Firmado(ante mi) por: PAULA GORSD, Secretaria de Cámara
#28386917#223390065#20181228121614706Poder Judicial de la Nación
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circunvención de incapaz, cometido contra quien en vida fue
Jorge García Badaracco.
1.2. Por decreto del 16 de septiembre de 2011, el
juez de grado delegó la dirección de la investigación a la Fiscalía
de Instrucción nro. 19, conforme lo previsto en el art. 196, CPPN
(cfr. fs. 11).
1.3. Ratificada la denuncia (cfr. fs. 13/17), el 18 de
octubre de 2011 el fiscal interviniente instruyó sumario “…para la
investigación de una posible circunvención de incapaz, esto es, de
las irregularidades –con eventual relevancia delictiva– que
podrían existir en torno al otorgamiento del testamento ológrafo
suscrito de fecha 9 de septiembre de 2010…” (cfr. fs. 20).
1.4. A fs. 33, el juez de la causa tuvo por querellante
al Dr. Javier Landaburu, en representación de los señores Adolfo
Pomar, Sonia Pomar y Jorge Tomas Pomar.
1.5. A fs. 147/168 la representante del Ministerio
Público Fiscal solicitó el sobreseimiento de Manuel Ignacio
Adrogué, en los términos del art. 336, inc. 3°, CPPN.
1.5.1. Por resolución del 25 de junio de 2012, el juez
de instrucción resolvió dictar el sobreseimiento del imputado, en
orden a los hechos que le fueron atribuidos, por no encuadrar
estos en figura legal alguna (cfr. fs. 170/176).
1.6. En virtud del recurso de apelación interpuesto
por el querellante (cfr. fs. 179/181), la Sala IV de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional resolvió,
el 29 de agosto de 2012, revocar el sobreseimiento dictado (cfr.
fs. 193/194).
1.7. Avanzada la pesquisa, el 31 de marzo de 2015
el juez de instrucción resolvió decretar el procesamiento de
Manuel Ignacio Adrogué, por considerarlo “prima facie” autor
Fecha de firma: 28/12/2018
Firmado por: HORACIO L. DIAS,
Firmado por: EUGENIO C. SARRABAYROUSE
Firmado(ante mi) por: PAULA GORSD, Secretaria de Cámara
#28386917#223390065#20181228121614706penalmente responsable del delito de circunvención de incapaz
(cfr. fs. 761/826).
Dicha decisión fue confirmada por la Sala IV de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional,
por auto de fecha 16 de julio de 2015. Asimismo, el 20 de agosto
de 2015, esa Sala rechazó el recurso de casación interpuesto por
la defensa contra aquella resolución.
1.8. A fs. 934/940, el querellante requirió la
elevación a juicio de las presentes actuaciones.
Por su parte, la Sra. Fiscal de Instrucción solicitó
nuevamente el sobreseimiento de Adrogué, por los mismos
argumentos expuestos en su dictamen de fs. 147/168.
1.8.1. Corrida la vista a la defensa en los términos del
art. 349, CPPN, ésta impugnó el requerimiento de elevación a
juicio realizado por la querella y, en subsidio, se opuso a la
elevación a juicio de la causa (cfr. fs. 956/986). En lo que aquí
interesa, entre otros planteos, se quejó de que la querella
promoviera el impulso de la acción penal y la elevación del
sumario a la etapa plenaria, sin que existiera actividad acusatoria
por parte del Ministerio Público Fiscal.
1.9. Por decreto del 2 de diciembre de 2015, el juez
de instrucción dispuso formar incidente para tratar,
separadamente, las excepciones deducidas por la defensa.
En lo que aquí interesa, se dispuso sustanciar por la
vía incidental, los planteos de “falta de jurisdicción”, “falta de
legitimidad de la querella para accionar judicialmente” (por los
motivos señalados por la defensa a fs. 961 vta./962) y de “nulidad
de la indagatoria”, cuestiones que fueron abordadas en la
resolución del 11 de enero de 2016 (cfr. fs. 45/52 del incidente de
falta de acción que corre por cuerda).
Fecha de firma: 28/12/2018
Firmado por: HORACIO L. DIAS,
Firmado por: EUGENIO C. SARRABAYROUSE
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Por otro lado, la cuestión relativa a la legitimidad de
la querella para promover la acción penal en solitario fue tratada
en los autos principales.
Así, el 4 de febrero de 2016 el juez de instrucción
resolvió “NO HACER LUGAR AL SOBRESEIMIENTO
instado en favor de MANUEL IGNACIO ADROGUÉ (…) y
DECLARAR CLAUSURADA LA INSTRUCCIÓN del
presente sumario…” (cfr. fs. 989/992).
En punto al cuestionamiento de la defensa referido a
la actividad en solitario de la querella, el juzgador sostuvo que
“…dicha cuestión remite a un tema debatido y resuelto casi en
forma unánime en la doctrina y la jurisprudencia al día del a
fecha, acorde los lineamientos del fallo “Santillán...” (321:2021)
de nuestro Máximo Tribunal, que entiende que el querellante se
halla habilitado para continuar actuando en el proceso en forma
solitaria, esto es, sin el acompañamiento del Ministerio Público
Fiscal. Dicho contexto, permite despejar toda duda que pueda
plantearse en derredor de la posibilidad de avanzar válidamente
en el caso, con el impulso de los ciudadanos particulares
afectados.
“Tal postura ha sido recogida por el Superior de
grado en diversos pronunciamientos (…), habiéndose reconocido
incluso la legitimación de la querella en la etapa inicial, es decir,
para promover la acción penal en ausencia del Señor Fiscal (…).
(…)
En tal dirección, sobre la actuación del Ministerio
Público Fiscal en el proceso, no ha de soslayarse que
oportunamente la Dra. Graciela Bugeiro, a cargo de la Fiscalía de
Instrucción nro. 19, promovió legalmente la acción (cfr. dictamen
de fs. 20 mediante el cual ordenó instruir el sumario), aperturando
en consecuencia el proceso penal y disponiendo la producción de
Fecha de firma: 28/12/2018
Firmado por: HORACIO L. DIAS,
Firmado por: EUGENIO C. SARRABAYROUSE
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#28386917#223390065#20181228121614706diversas medidas de prueba, en aras del esclarecimiento de los
hechos denunciados…”.
1.9.1. Mediante la presentación obrante a fs.
996/1002, la defensa solicitó que se declare la nulidad de la
decisión previamente mencionada, a la par que recusó al
magistrado de instrucción, por considerar que había incurrido en
prejuzgamiento, por haber desestimado el pedido de
sobreseimiento realizado por esa parte y resuelto elevar la causa a
juicio, a pesar de que se encontraban pendiente de resolución las
excepciones de falta de jurisdicción, de falta de legitimación de la
querella y el planteo de nulidad, mencionados anteriormente.
El 19 de febrero de 2016 se rechazó “in limine” la
presentación deducida (cfr. fs. 1003/vta.), lo cual fue objeto de
apelación por la defensa (cfr. fs. 1006/1012).
1.10.A la audiencia prevista por el art. 454, CPPN,
fue citada tanto la parte recurrente como el representante del
Ministerio Público Fiscal ante esa instancia, que no compareció
según el acta obrante a fs. 1030.
Finalmente, por decisión del 22 de abril de 2016, la
Sala IV de la Cámara de Apelaciones resolvió homologar el
pronunciamiento de fs. 1003/vta. Se sostuvo que “…el auto de
elevación a juicio atacado cumple acabadamente con los
requisitos que exige el artículo 351 del código adjetivo, ya que
contiene los datos del imputado, la descripción del hecho
atribuido, su calificación legal y la parte dispositiva…”, y que “…
el magistrado instructor ha expuesto las razones por las cuales no
podían prosperar los argumentos vertidos por la defensa al
formular su oposición, concernientes a la prueba reunida en autos
y la actuación del querellante en solitario ante la ausencia de
acusación por parte del Ministerio Público Fiscal…” (cfr. fs.
1031).
Fecha de firma: 28/12/2018
Firmado por: HORACIO L. DIAS,
Firmado por: EUGENIO C. SARRABAYROUSE
Firmado(ante mi) por: PAULA GORSD, Secretaria de Cámara
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1.11.Tras adquirir firmeza la decisión indicada
previamente, y por no existir otras cuestiones pendientes de
resolución, el juez instructor dispuso la remisión de las
actuaciones al tribunal oral que por sorteo resultare designado
(cfr. fs. 1040).
1.12.Asignada la causa al Tribunal Oral en lo
Criminal y Correccional n° 8, el 27 de mayo de 2016 se citó a
juicio a las partes en los términos del art. 354, CPPN,
notificándose de ello a todos los intervinientes en autos (cfr. fs.
1045).
A fs. 1047, el imputado se notificó personalmente del
decreto antes aludido. A fs. 1048, la defensa solicitó que se
autorice la extracción de copias de todo el expediente.
A fs. 1060/1065, esa parte ofreció prueba, de
conformidad con lo establecido en el art. 354, CPPN. De la
misma forma obró el querellante, conforme la presentación
agregada a fs. 1066/1067.
Por decreto del 7 de abril de 2017, se hizo saber a las
partes que en virtud de la sanción de la ley 27.308 de
“Unificaciones de Fueros y Juicio Unipersonal”, la causa
tramitaría bajo la modalidad unipersonal, prevista en el art. 8, inc.
“d” de la citada ley (cfr. fs. 1071).
El 30 de mayo de 2017 se dispuso hacer saber a los
intervinientes que en el proceso intervendría el juez Javier
Anzoátegui (cfr. fs. 1074).
1.13. El 8 de junio de 2017, el magistrado dispuso
correr vista a las partes para que se expresaran respecto de
regularidad del procedimiento, en tanto resaltó que el proceso
había sido elevado a juicio únicamente por exclusivo impulso del
acusador particular (cfr. fs. 1076).
Fecha de firma: 28/12/2018
Firmado por: HORACIO L. DIAS,
Firmado por: EUGENIO C. SARRABAYROUSE
Firmado(ante mi) por: PAULA GORSD, Secretaria de Cámara
#28386917#223390065#20181228121614706A fs. 1078/1073, la defensa solicitó que se declare la
nulidad del procedimiento y se dicte el sobreseimiento de Manuel
Ignacio Adrogué.
A fs. 1084, la Fiscal General Diana Goral, manifestó
–entre otras consideraciones– “…que la existencia del
contradictorio, se encuentra garantizado en la medida de la
presencia de una acusación que, aunque privada, se encuentra en
condiciones de continuar con el impulso de la acción (que había
sido instada a fs. 20) y promover la acusación o eventualmente
retirar la misma en el marco de un ejercicio adecuado del debido
proceso legal y la defensa en juicio…”.
A fs. 1089/1090, el querellante expresó que, por
aplicación de la doctrina sentada en el fallo “Santillán” CSJN, el
trámite del expediente hasta la etapa de plenario se había llevado
adelante cumpliendo las normas de rito y las pautas establecidas
por el Máximo Tribunal en dicho fallo. Además, recordó que la
cuestión ya había sido decidida por el juez de grado, en forma
contraria a lo reclamado por la defensa, que se había opuesto a la
elevación a juicio de las actuaciones. Que contra dicha resolución
se interpuso recurso de apelación por parte de asistencia técnica
del imputado, el cual había sido rechazado por la Sala IV de la
Cámara de Apelaciones.
2. En la decisión que ahora viene recurrida, el juez
Anzoátegui sostuvo que en el caso, la cuestión a desentrañar se
reducía a si el querellante tenía la facultad de promover
solitariamente la acción penal pública, o sí, por el contrario, debía
siempre hacerlo en compañía del representante del Ministerio
Público Fiscal.
2.1. Expresó que “[n]o existe norma constitucional –
incluyendo en este grupo a las contenidas en los pactos
internacionales, incorporados a la ley doméstica de conformidad
Fecha de firma: 28/12/2018
Firmado por: HORACIO L. DIAS,
Firmado por: EUGENIO C. SARRABAYROUSE
Firmado(ante mi) por: PAULA GORSD, Secretaria de Cámara
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con lo dispuesto en el art. 75, inc. 22, de la Constitución
Nacional– que establezca el derecho del particular damnificado a
que se le reconozca acción para perseguir en forma autónoma los
delitos de acción pública…”.
Manifestó que “…en el precedente ‘Santillán’ (Fallos
321:2021) la Corte decidió que, aun ante el pedido de absolución
del Fiscal General, un Tribunal podía condenar mediando un
pedido en ese sentido de la querella en ocasión del alegato del art.
393 del Código Procesal Penal de la Nación.
“En ‘Quiroga’ (Fallos 327:5863) la Corte declaró
inconstitucional el art. 348 del Código Procesal Penal de la
Nación, sólo en cuanto dicha norma establece la facultad de la
Cámara de Apelaciones, de obligar al Agente Fiscal a Formular
acusación cuando el juez de instrucción hubiese puesto de
manifiesto su desacuerdo con el pedido de sobreseimiento del
representante del Ministerio Público.
“Finalmente, en ‘Del Olio’ (Fallos 329:2596) se
estableció que no podía condenarse sobre la base de un pedido de
pena formulado solitariamente por la querella, si esta parte no
había requerido la elevación de la causa a juicio”.
Bajo tales consideraciones, indicó que “…la Corte
Suprema jamás ha admitido en forma explícita que el juicio
previsto en la Constitución Nacional para los delitos de acción
pública fuese promovido sin la intervención del representante del
Ministerio Público Fiscal”.
2.2. Asimismo, descartó que de lo establecido en los
arts. 8, inciso 1°, de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos y 14, inciso 1°, del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, pudiera extraerse que existe un derecho
constitucional a querellar.
Fecha de firma: 28/12/2018
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#28386917#223390065#201812281216147062.3. En esa línea, llevó el análisis a las disposiciones
existentes en el derecho local, de lo cual extrajo que “…la
economía de las normas que rigen la materia parece indicar que
en los delitos de acción pública es ineludible la promoción y el
mantenimiento de la acción por parte de un representante del
Ministerio Fiscal, al menos hasta la apertura y celebración del
juicio”.
Finalmente, citó lo resuelto por la Corte Suprema de
Justicia de la Nación en el caso “Fermín” (Fallos 331:1664) –con
remisión al dictamen del Procurador General de la Nación–,
precedente en el que, a su entender, la Corte limitó “…las
consecuencias (…) que tribunales y jurisconsultos pretendían
extraer de los precedentes ‘Quiroga’, ‘Del Olio’ y ‘Santillán’…”.
3. En el recurso interpuesto, el querellante se quejó
por considerar que la decisión atacada era violatoria del art. 123,
CPPN, art. 18, CN y, art. 8.1° de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, por carecer de la debida fundamentación.
Señaló que de ninguno de los precedentes de la Corte
Suprema citados por el juez del tribunal oral, podía extraerse un
fundamento para rechazar la pretensión de que el acusador
privado pudiera promover válidamente la acción penal sin
acompañamiento del Ministerio Público Fiscal. Puntualmente
expresó que en el caso “Fermín”, “…el Alto Tribunal se limitó, al
ratificar la conocida doctrina del caso “Di Mascio” (Fallos:
311:2478), a revocar el pronunciamiento de un superior tribunal
provincial que indebidamente había omitido examinar y resolver
los planteos federales formulados por el recurrente…”.
Sostuvo que no era correcto sostener que la doctrina
surgida del caso “Santillán”, se aplicara únicamente al supuesto
del art. 393, CPPN. Al respecto, expresó –con cita de doctrina–
que si se habilitaba la jurisdicción a un sujeto procesal para
Fecha de firma: 28/12/2018
Firmado por: HORACIO L. DIAS,
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obtener un pronunciamiento condenatorio, o aún más, para
recurrir una sentencia absolutoria, obtener su revocación y
finalmente una condena, necesariamente, como integradora de
una totalidad, debían incluirse facultades menores como habilitar
el curso de un proceso, es decir, impulsar la pesquisa en una etapa
previa.
Concretamente expresó que “[l]a doctrina que surge
del caso ‘Santillán’ es muy clara: el derecho del querellante a
intervenir autónomamente en el proceso penal no depende de una
decisión discrecional del legislador sino que encuentra su
fundamento en la Constitución Nacional, tal como claramente lo
señaló la Corte Suprema en dicha oportunidad:
“ ’11. Que si bien incumbe a la discreción del
legislador regular el marco y las condiciones del ejercicio de la
acción penal y la participación asignada al querellante
particular en su promoción y desarrollo, desde que se trata de lo
atinente a la más acertada argumentación del juicio criminal
(Fallos 25331), todo aquel a quien la ley reconoce personería
para actuar en juicio en defensa de sus derechos está amparado
por la garantía del debido proceso legal consagrada por el art.
18 CN., que asegura a todos los litigantes por igual el derecho a
obtener una sentencia fundada previo juicio llevado en legal
forma (Fallos 268266, consid. 2)…”.
3.1. En otro orden de ideas, el querellante adujo que
el derecho de las víctimas de actuar autónomamente en el proceso
penal, a fin de defender sus derechos afectados, se encuentra
reconocido en el sistema interamericano de derechos humanos. Al
respecto, citó el Informe n° 28/92 de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos y jurisprudencia de la Corte
Interamericana.
En esa línea, resaltó que la víctima en autos tenía la
edad de 86 años al momento de que tuvieron lugar los hechos
Fecha de firma: 28/12/2018
Firmado por: HORACIO L. DIAS,
Firmado por: EUGENIO C. SARRABAYROUSE
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#28386917#223390065#20181228121614706denunciados, sostuvo que “…la reciente sanción de la Ley 27.360
(B.O. 31.5.2017), que aprobó la Convención Interamericana
sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas
Mayores, obliga a los tribunales a otorgar una especial tutela a la
querella en el presente caso”, de conformidad con lo previsto en
los arts. 1°, 4°, 9°, 23° y 31° del instrumento citado.
4. Durante la audiencia celebrada a tenor del art.
465 in fine y 468, CPPN, el letrado patrocinante del querellante
expuso que, en primer lugar, la decisión adoptada por el tribunal
a quo parecía ser violatoria del principio de preclusión, no
autorizada por las normas de rito. Además, sostuvo que el
pronunciamiento era nulo y arbitrario, por cuanto los argumentos
brindados por el tribunal oral ya habían sido rebatidos por esa
parte y la jurisprudencia citada no se vinculaba con el caso
concreto. Que únicamente era correcta la cita realizada por el a
quo en torno al fallo “Santillán”, CSJN, pero que su doctrina era
favorable a la posición del recurrente
El recurrente agregó a partir de la reforma
constitucional de 1994 y la inclusión de los tratados
internacionales de derechos humanos a la Constitución Nacional,
específicamente la Convención Americana de Derechos
Humanos y la jurisprudencia elaborada por la Corte
Interamericana (entre los que citó “Velázquez Rodríguez v.
Honduras, sentencia del 29.7.1998; “Bulacio v. Argentina”,
sentencia del 18.9.2003; “Bueno Alves v. Argentina”, sentencia
del 11.5.2007 y “Gelman v. Uruguay”, sentencia del 24.2.2011),
en los que la Corte Interamericana invalidó decisiones
absolutorias o sobreseimientos y dispuso la reapertura de
procedimientos fenecidos conforme la legislación local, con
carácter de cosa juzgada. Que por ello, debiendo los Estados parte
de adoptar medidas de acción positiva para garantizar los
Fecha de firma: 28/12/2018
Firmado por: HORACIO L. DIAS,
Firmado por: EUGENIO C. SARRABAYROUSE
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derechos reconocidos a la víctima, ello suponía el derecho de ésta
a participar en el proceso, reconociéndosele una facultad
autónoma para ello.
Sobre esa base, considerando que la Corte
Interamericana, en los casos aludidos, había reconocido la
existencia de violaciones a los derechos humanos, argumentó que
no era necesario, para tener por acreditado una lesión de ese
carácter, que el delito fuera cometido por funcionarios estatales.
Sobre el punto, citó el caso “V.R.P.; V.C.P. vs. Nicaragua”
(sentencia del 8.3.2018), y arguyó que en el presente caso
constituía una violación de derechos humanos, toda vez que la
víctima era una persona mayor de edad, pasible de una protección
especial por parte del Estado en virtud de la “Convención
Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de
las Personas Mayores”.
Por último, ante la eventualidad de que esta Alzada
entendiera que las normas del código procesal impiden la
actuación autónoma del querellante en el proceso, solicitó la
declaración de inconstitucionalidad de tales normas, por ser
contrarios al art. 8 y 25 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos.
4.1. A su turno, el Dr. Manuel Ignacio Adrogué
sostuvo que la titularidad de la acción en delitos de acción pública
correspondía únicamente al Ministerio Público Fiscal, conforme
el texto constitucional y las normas del código procesal penal.
Asimismo, destacó que en el caso no sólo no existió
requerimiento de elevación a juicio por parte del representante
fiscal, sino que la instrucción del sumario, tras haber sido
revocado el primer sobreseimiento dictado en autos, continuó sin
impulso alguno de la fiscalía.
Fecha de firma: 28/12/2018
Firmado por: HORACIO L. DIAS,
Firmado por: EUGENIO C. SARRABAYROUSE
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#28386917#223390065#20181228121614706Finalmente, el letrado defensor del imputado indicó
que no era cierto que operaba en el caso el principio de preclusión
respecto de lo decidido por el tribunal a quo, ya que en materia de
nulidades, el juzgador está obligado a declararla de oficio en el
momento en que el vicio del procedimiento sea advertido.
4.2. La parte querellante hizo uso de su derecho a
réplica, oportunidad en la que manifestó que en el caso si había
existido impulso por parte del acusador público, en el cual se
había delegado la instrucción del sumario a tenor de lo dispuesto
en el art. 196, CPPN, y llevó adelante la investigación por el lapso
de un año.
Además, resaltó que la defensa ya había cuestionado
el requerimiento de elevación a juicio realizado por esa parte,
tachándolo de nulo, cuestionamiento que fue rechazado por el
juez de instrucción, cuyo temperamento había sido confirmado
por la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Criminal y Correccional.
5. Resumidas como fueron las cuestiones traídas a
estudio de esta Sala, se advierte que la esencia de la cuestión
consiste en determinar cuál es la solución correcta cuando, en las
causas en las que se investiga un delito de acción pública, al
correrse la vista prevista en el art. 346 del Código Procesal Penal
de la Nación: i) el fiscal decide no sostener la acción; ii) el
dictamen aprueba el examen de legalidad; y iii) la parte
querellante regularmente constituida solicita válidamente la
clausura de la etapa de instrucción y la elevación de la causa a
juicio. Y, en definitiva, se trata de dilucidar si la acción ha sido
ejercida legalmente en el caso.
En tales términos, el asunto sometido a examen de
esta Sala es sustancialmente análogo al evaluado, decidido y
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resuelto en la causa “Urbanitsch”1, razón por la cual resulta
conveniente traer al caso, en lo sustancial, algunas de sus
principales conclusiones.
Allí se dijo, que en la medida, entonces, en que el
CPPN reconoce al particular ofendido personería para actuar en
juicio por un delito de acción pública, su derecho a la jurisdicción
debe ser enmarcado en la garantía del debido proceso y entendido
de acuerdo a lo resuelto en el citado caso y luego ratificado por la
mayoría del máximo tribunal en “Santillán”, de tal suerte que una
vez que aquél ha sido revestido de la calidad de querellante y se
ha incorporado válidamente al proceso, su actuación no puede ser
restringida del modo en el que lo ha hecho el tribunal de la
anterior instancia.
Así, sobre la doctrina y las directivas emanadas del
máximo tribunal en el citado fallo –lo que fue punto de
controversia en estas actuaciones–, expresé que de éste se
desprendían los siguientes lineamientos:
i) es el legislador quien le asigna –o no–
participación al querellante particular en la promoción y
desarrollo de la acción penal.
ii) la ley le reconoce –en efecto– al damnificado el
derecho a formular acusación en juicio penal.
iii) todo aquél al que la ley le reconoce esa personería
para actuar en juicio en defensa de sus derechos, se encuentra al
amparo de la garantía del debido proceso legal, consagrada por el
art. 18, CN.
Adunado a ello cabe colegir que:
iv) esta garantía comprende, o bien importa que –
todos los litigantes por igual– tienen derecho a obtener una
sentencia fundada, previo juicio llevado en legal forma; esto es,
1
Sentencia del 7.11.2018, Sala II, jueces Sarrabayrouse, Morin y Días, registro n°
1422/2018.
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#28386917#223390065#20181228121614706tienen un “derecho a la jurisdicción”, consagrado de manera
implícita en el art. 18, CN, y expresamente en los arts. 8°, CADH
y 14.1, PIDCyP, con jerarquía constitucional (cfr. art. 75, inc. 22,
CN)2
v) la interpretación que la jurisdicción haga de las
disposiciones legales, no puede tener por resultado privar de valor
y efecto a esta normativa, pues en todos los casos se debe velar
por resguardar la supremacía constitucional.
vi) en ese orden de ideas, los jueces no pueden
otorgarle a la ley procesal una inteligencia tal que prive de
jurisdicción a un tribunal para dictar una sentencia con apoyo en
la pretensión de la parte querellante –que entonces habilita la
jurisdicción–, y no pueden darle un sentido que prive al particular
damnificado –a quien la ley le reconoce el derecho a formular
acusación en juicio penal–, de ese pronunciamiento útil relativo a
2
Los tratados internacionales de derechos humanos incorporados al art. 75, inc. 22, luego de
la reforma constitucional de 1994, en efecto, recogen el denominado “derecho a la
jurisdicción” o a la “tutela judicial efectiva”. Así surge sustancialmente de los arts. 8.1 y
25.1, CADH, y 14.1, PIDCyP. Una corriente doctrinal argumenta que, toda vez que el
derecho internacional de los derechos humanos se encuentra dirigido a proteger al individuo
frente al poder del Estado, las disposiciones citadas no resultarían de aplicación a los delitos
comunes, sino exclusivamente a los supuestos de graves violaciones a los derechos humanos
en los que la responsabilidad recae sobre aquél o bien “cuando tal violación sea cometida
por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”, esto es, por sus agentes.
En esa dirección, se sostiene que la obligación impuesta por la CADH de proveer a sus
ciudadanos una protección judicial adecuada, cuando alguno de sus derechos reconocidos
haya sido vulnerado esto es, de investigar y esclarecer los ―hechos, y eventualmente
sancionar a los culpablesse agotaría en aquella categoría de delitos, ― pues solo respecto de
ellos la Corte IDH habría discernido un derecho a la tutela judicial efectiva. Ningún sentido
tendría disputar semejante afirmación, pues el mencionado es precisamente el ámbito en el
que tanto el órgano consultivo como el jurisdiccional del sistema interamericano están
llamados a actuar, de modo que mal podrían pronunciarse respecto de delitos ordinarios,
excediendo su limitada competencia.
Aclarado esto, no es posible soslayar lo expresado por la CIDH en el sentido de que “en los
sistemas que lo autorizan, el acceso a la jurisdicción de la víctima de un delito deviene un
derecho fundamental del ciudadano y cobra particular importancia en tanto impulsor y
dinamizador del proceso criminal”.
Como se ha señalado, no solo ese es el caso del sistema argentino sino que, además, se trata
de un derecho contenido en pactos internacionales que la propia CSJN al resolver en
―“Santillán”ubicó de manera implícita en el art. 18 de la Carta Magna, erigiendo al
querellante ― en titular de aquél.
Adunado a ello rigen a nivel internacional principios como el de progresividad, que
determinan que la apertura hacia la intervención de la víctima/querellante en el proceso
constituya un piso mínimo que solo admite ser ampliado en lo sucesivo.
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sus derechos, pues ello redundaría en un menoscabo, nada menos,
que de “los derechos asegurados por la Constitución Nacional”.
Además, sostuve que lo expuesto se reforzaba con el
ya mencionado precedente “Quiroga”, en el cual la CSJN dejó
entrever este posicionamiento con relación al derecho acordado al
querellante cuando en el considerando 37 aclaró que la
inconstitucionalidad de la primera alternativa del segundo párrafo
del art. 348, CPPN, no era trasladable a los supuestos en los que
la discrepancia se planteara entre el fiscal que se manifiesta en
favor del sobreseimiento y el querellante que pretende que la
causa sea elevada a juicio.
En suma, cercenada con toda razón la facultad del
Poder Judicial de ordenar una forma de actuación al MPF, pero
vigentes las prerrogativas acordadas a la acusación privada, la
solución al conflicto normativo viene dada por la posibilidad de
actuación en solitario de la querellante, luego del control llevado
a cabo por la Cámara de Apelaciones.
Sobre este punto, es necesario recordar que en este
proceso, tal como fue reseñado en el punto “1.10”, la Sala IV
homologó la decisión obrante a fs. 1003/vta., mediante el cual el
juez de instrucción resolvió rechazar in limine el planteo de
nulidad deducido por la defensa (ver “1.9.1”) contra el
pronunciamiento de fs. 989/992 (cuyos fundamentos fueron
relevados en el punto “1.9”) en el que se resolvió no hacer lugar
al sobreseimiento instado en favor de Manuel Ignacio Rodríguez
y declarar clausurada la instrucción del sumario. En esa
oportunidad, por haber sido controvertido expresamente por la
defensa, el juez de grado argumentó en favor de la validez de la
actuación en solitario del querellante, decisorio que la Alzada de
esa instancia dejó firme.
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#28386917#223390065#201812281216147065.1. Por otro lado, de la misma manera en que me
expresé en el citado fallo “Urbanitsch”, toda vez que el
argumento también aparece en el decisorio impugnado, habré de
disentir con la remisión efectuada por el juez del tribunal oral al
caso “Fermín” (ver punto 2.3), pues en definitiva lo que allí
resolvió el máximo tribunal, en consonancia con el dictamen del
procurador González Warcalde, fue el yerro del Superior Tribunal
de Chubut al rechazar un recurso de casación interpuesto por la
defensa con sustento en rigorismos formales, que obstaculizaron
la revisión de cuestiones de orden federal.
Por ello hizo lugar a la queja, declaró procedente el
recurso extraordinario y dejó sin efecto la sentencia de aquél, al
que remitió el expediente a fin de que se aboque al conocimiento
de la cuestión de fondo introducida por la recurrente.
5.2. Por otro lado, atento a que en este caso no se
llevó a cabo el procedimiento previsto en el art. 348, párrafo
segundo, segunda alternativa –a diferencia de lo sucedido en
“Urbanitsch”–, corresponde realizar algunas consideraciones.
Como sostuve en el mentado fallo, la subsistencia del
procedimiento normado por el art. 348 en su segunda alternativa,
admite sólo dos interpretaciones posibles: a) o bien la consulta a
la instancia superior resulta superflua pues decida lo que decida
sobre la base de la contradicción entre lo propuesto por la
querellante y la discordancia del MPF, ésta carecería de
consecuencias, o bien b) la intervención de la Cámara procede a
la manera de un procedimiento intermedio, a los efectos de que
los jueces ejerzan un control negativo de la acusación formulada
por la querellante, evaluando el mérito del traspaso del asunto a la
etapa de juicio, a fin de evitarle al imputado transitar un debate
público sin que se haya comprobado de manera previa la seriedad
y el fundamento de la intimación.
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Queda claro, a partir de lo expuesto, que el control
sobre el contenido de los actos del Ministerio Público Fiscal, sólo
a ese órgano compete (cfr. arts. 1, cuarto párrafo y 37, incisos “a”,
“b” e “i” de la ley 24.946, y Resolución de la PGN n° 32/2002).
En lo que a la jurisdicción respecta, el procedimiento vigente solo
le exige a la instrucción un control formal de los actos del MPF
(cfr. art. 69, CPPN). Efectuado éste, se actúa, en definitiva,
conforme a lo peticionado por el representante del órgano: en los
supuestos en los que no existe acusación particular y solicita el
sobreseimiento, luego de practicado el control de legalidad
negativo, la jurisdicción así deberá disponerlo; si, contrariamente,
existe un requerimiento válido formalizado por una acusación
privada, tras la vista correspondiente a la defensa y transitada en
su caso la etapa intermedia, se impone sin más la elevación a
juicio de las actuaciones –va de suyo, cuando se participe de la
posición que aquí habré de mantener, que admite que la parte
querellante en solitario pueda alcanzar la etapa de juicio―.
En tal contexto, la falta de realización del
denominado procedimiento intermedio previsto en el art. 348,
CPPN, no obtura la posibilidad de que, existiendo un
requerimiento de elevación a juicio válido por parte del acusador
particular y habiéndose corrido la correspondiente vista a la
defensa, el proceso continúe su curso hacia la etapa de juicio con
el sólo impulso del querellante.
A ese efecto, cabe resaltar que la defensa tuvo
oportunidad útil de cuestionar la acusación con la que la causa
arribó a la etapa oral, tal como se desarrolló en los puntos “1.8” a
“1.10”, con el resultado allí descripto. Y en lo que aquí interesa,
el planteo culminó con la intervención de la Sala IV de la Cámara
Nacional de Apelaciones, que homologó el pronunciamiento de
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#28386917#223390065#20181228121614706fs. 1003/vta., por los argumentos reseñados específicamente en el
punto “1.10”.
5.3. Por lo demás, en razón de brevedad, me remito
a las restantes conclusiones volcadas en el precedente citado al
comienzo de este apartado.
5.4. En virtud de las consideraciones
precedentemente efectuadas, estimo que la causa se encuentra en
condiciones de avanzar a la etapa de juicio con el requerimiento
formulado por la parte querellante en los términos del art. 346,
CPPN.
En consecuencia, corresponde:
HACER LUGAR al recurso de casación deducido
por la parte querellante; CASAR el decisorio de fs. 1092/1098 en
cuanto declaró que la acción penal en autos no había sido
legalmente promovida y sobreseyó a Manuel Ignacio Adrogué, y
REMITIR la causa al Tribunal Oral en lo Criminal n° 8, a fin de
que prosiga con la sustanciación del proceso con sustento en el
requerimiento formulado por la acusación particular a fs. 934/940
del principal; sin costas (arts. 456, inc. 1°, 463, 465, 468, 469,
470, 530 y 531, CPPN).
Así voto.
El juez Horacio L. Días dijo:
Que por compartir, en lo sustancial, los fundamentos
desarrollados por mi colega Daniel Morin, voy a adherir a la
solución propuesta, en iguales términos a los que hube expresado
en el citado precedente “Urbanitsch”.
Así voto.
El juez Eugenio C. Sarrabayrouse dijo:
Del examen de las presentes actuaciones, tal como
fue relevado en el voto del juez Morin (ver punto “1.12”), surge
que tras la asignación del caso al Tribunal Oral en lo Criminal y
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Correccional n° 8, el 27 de mayo de 2016 se citó a las partes en
términos del art. 354, CPPN, oportunidad en que ninguna de las
partes en el proceso realizó planteo alguno respecto de la
legalidad del impulso de la acción penal en cabeza del
querellante.
Aproximadamente un año después, el 7 de abril de
2017, se hizo saber a las partes que en virtud de la sanción de la
ley 27.308, la causa tramitaría bajo el régimen unipersonal. Tal es
así que, el 30 de mayo de ese año, se notificó a los intervinientes
que en el proceso intervendría el juez Javier Anzoátegui (cfr. fs.
1074).
Finalmente, dicho magistrado, oficiosamente y más
de un año después de que se recibiera el expediente en ese
Tribunal Oral, dispuso correr vista a las partes para que se
expresaran respecto de regularidad del procedimiento, en tanto
resaltó que el proceso había sido elevado a juicio únicamente por
exclusivo impulso del acusador particular (cfr. fs. 1076), con el
resultado ya conocido.
En ese contexto, entiendo que asiste razón a la
defensa en cuanto ha señalado que la decisión atacada vulneró el
principio de preclusión, por cuanto el juez del tribunal oral no
podía –mucho menos de oficio– volver a tratar una cuestión que
ya había sido planteada por la defensa en la etapa de instrucción,
con resultado negativo para esa parte (ver puntos “1.8” a “1.10”
del voto del juez Morín). He dicho anteriormente3, que las
nulidades ya resueltas en la etapa de instrucción no pueden ser
reexaminadas y nuevamente decididas en la etapa de juicio. En
todo caso, corresponde a la parte hacer la reserva pertinente y
plantear eventualmente la cuestión en el recurso de casación
dirigido contra la sentencia definitiva.
3
Como integrante del Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Norte, Tierra
del Fuego, sentencia en el caso “Soto Ortiz, Juan Marcelo y o. s/ robo doblemente
calificado”, del 20.04.2007, registro nº 9, folios 78/124, protocolo 2007; entre otras.
Fecha de firma: 28/12/2018
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#28386917#223390065#20181228121614706Al respecto, debe destacarse que la decisión
impugnada fue adoptada por el juez del a quo más de un año
después que la causa fuera recibida en el Tribunal Oral, cuando se
encontraba holgadamente superado el plazo previsto en el art.
354, CPPN, que manda la verificación de las prescripciones de la
instrucción. En ese plazo, las partes nada opusieron y los jueces
del tribunal –previo a la asignación unipersonal del caso al juez
Anzóategui– nada advirtieron respecto de la regularidad de la
promoción de la acción penal.
De tal manera, la discusión relativa a la capacidad de
actuación de la parte querellante en solitario, que en modo sucinto
trató la Cámara del Crimen en su pronunciamiento de fs.
1033/vta., ya había sido tratada en el proceso. Como se dijo, solo
cabía, eventualmente, que la parte recurriera dicha resolución e
hiciera reserva del caso, para un posterior tratamiento de la
cuestión tras la sentencia definitiva, lo que no ha ocurrido.
Bajo estos argumentos, comparto, en términos
generales, la solución propuesta por los jueces preopinantes, en
cuanto corresponde casar el pronunciamiento dictado a fs.
1092/1093 y, en consecuencia, remitir el caso al tribunal oral para
que continúe su sustanciación.
Así voto.
En virtud del acuerdo que antecede, la Sala II de la
Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional
de la Capital Federal, por mayoría, RESUELVE:
HACER LUGAR al recurso de casación deducido
por la parte querellante; CASAR el decisorio de fs. 1092/1098 en
cuanto declaró que la acción penal en autos no había sido
legalmente promovida y sobreseyó a Manuel Ignacio Adrogué, y
REMITIR la causa al Tribunal Oral en lo Criminal n° 8, a fin de
que prosiga con la sustanciación del proceso con sustento en el
Fecha de firma: 28/12/2018
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requerimiento formulado por la acusación particular a fs. 934/940
del principal; sin costas (arts. 456, inc. 1°, 463, 465, 468, 469,
470, 530 y 531, CPPN).
Se deja constancia de que el juez Daniel Morin
participó de la deliberación y emitió su voto, no suscribiendo la
presente por hallarse en uso de licencia (art. 399 del Código
Procesal Penal de la Nación).
Regístrese, notifíquese, comuníquese (acordada
15/13 CSJN y lex 100) y remítase al tribunal de procedencia,
sirviendo la presente de atenta nota de envío.
EUGENIO C. HORACIO L. DÍAS
SARRABAYROUSE
-por su voto-
Ante mí:
PAULA GORSD
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