Tribunal de Contrataciones del Estado - Resolución Nº 2474 -2021-TCE-S1
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Tribunal de Contrataciones del Estado
Resolución Nº 2474 -2021-TCE-S1 Firmado digitalmente por ROJAS
VILLAVICENCIO DE GUERRA Maria
Del Guadalupe FAU 20419026809
soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 24.08.2021 23:32:45 -05:00
Sumilla: “(…) a efectos de determinar la configuración de cada una
de dichas infracciones, corresponde evaluar si se ha
acreditado la falsedad o adulteración o información
inexacta, contenida en los documentos presentados, en este
caso, ante la Entidad, independientemente de quién haya
sido su autor o de las circunstancias que hayan conducido a
su falsificación o adulteración e inexactitud; ello en
salvaguarda del principio de presunción de veracidad (…)”.
Lima, 24 de agosto de 2021.
VISTO en sesión del 24 de agosto de 2021 de la Primera Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 157/2021.TCE, sobre el procedimiento
administrativo sancionador contra la empresa Mercantil Perusa E.I.R.L., por su supuesta
responsabilidad al haber presentado como parte de su oferta, supuesto documento
falso o adulterado e información inexacta en el marco de la Adjudicación Simplificada
N° 0024-2019-RENIEC (ítem 1, 2, 3 y 4), llevada a cabo por el Registro Nacional de
Identificación y Estado civil, para la contratación de bienes “Adquisición de material
registral”; y, atendiendo a los siguientes:
I. ANTECEDENTES:
1. Según ficha registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado,
(SEACE)1, el 25 de noviembre de 2019, el Registro Nacional de Identificación y
Estado Civil - RENIEC, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada
N° 0024-2019-RENIEC - (Deviene de la LP N° 02-2019-RENIEC), para la “Adquisición
de material registral”, con un valor referencial ascendente a S/ 620,874.35
(seiscientos veinte mil ochocientos setenta y cuatro con 35/100 soles), en adelante
el procedimiento de selección.
Dicha contratación se realizó durante la vigencia del Texto Único Ordenado de la
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo
N° 082-2019-EF, en adelante el TUO de la Ley, y su Reglamento, aprobado por el
Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y sus respectivas modificatorias, en adelante el
Reglamento.
Según el cronograma del procedimiento, el 4 de diciembre de 2019 se llevó a cabo
el acto de presentación de ofertas y el 11 del mismo mes y año se adjudicó la
buena pro a la empresa MERCANTIL PERUSA E.I.R.L. (con R.U.C. N° 20601255651),
1 Documento obrante a folio 224 y 225 del expediente administrativo.
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Firmado digitalmente por CORTEZ
Firmado digitalmente por TATAJE Juan Carlos FAU
VILLANUEVA SANDOVAL Victor 20419026809 soft
Manuel FAU 20419026809 soft Motivo: Soy el autor del documento
Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 24.08.2021 23:38:22 -05:00
Fecha: 24.08.2021 23:33:32 -05:00Tribunal de Contrataciones del Estado
Resolución Nº 2474 -2021-TCE-S1
para los ítems N° 01, 02, 03 y 04, por el monto de S/ 620,874.35 (seiscientos veinte
mil ochocientos setenta y cuatro con 35/100 soles).
El 3 de enero de 2020, la Entidad y la empresa MERCANTIL PERUSA E.I.R.L. (con
R.U.C. N° 20601255651), en adelante el Contratista suscribieron el Contrato N°
002-2020-RENIEC/BIENES2, por el monto de su oferta.
2. Mediante Formulario de aplicación de sanción – Entidad e Informe N° 001229-
2020/GAD/SGLG/RENIEC3, presentados el 18 de enero de 2021 en la Mesa de
Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la
Entidad puso en conocimiento que el Contratista habría incurrido en infracción
administrativa.
Así, a fin de sustentar su denuncia, remitió -entre otros documentos- el Informe
N° 001149-2020/GAJ/SGAJA/RENIEC4 del 19 de noviembre de 2020, el cual señala
lo siguiente:
2.1 En mérito a la fiscalización posterior efectuada a la documentación
presentada por el Contratista, a través de la Carta N° 000577-
2019/GAD/RENIEC del 23 de diciembre de 2019, se solicitó a la Cooperativa
de Ahorros de Crédito Santa María Magdalena confirmar la veracidad de la
Factura N° 001-000063 emitida el 23 de noviembre de 2017.
2.2 En respuesta, mediante Carta N° 10-2020-CACSMM/GG del 14 de enero de
2020 y Carta reiterativa N° 01-2020-CACSMM/GAFL del 15 de enero de 2020
la Cooperativa de Ahorros de Crédito Santa María Magdalena señaló que no
se ha encontrado evidencia de ninguna orden de compra y Factura N° 001-
000063.
3. En el marco del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, que aprueba la
“Reanudación de actividades económicas en forma gradual y progresiva dentro
del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19”, la
Dirección General de Abastecimiento emitió la Resolución Directoral N° 006-2020-
EF-54.01, publicada el 14 de mayo de 2020 en el Diario Oficial “El Peruano”,
disponiendo el reinicio de los plazos de los procedimientos suspendidos con las
2 Documento obrante a folio 37 al 45 del expediente administrativo
3 Documento obrante a folio 14 a 16 del expediente administrativo
4 Documento obrante a folio 17 a 21 del expediente administrativo.
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Resoluciones Directorales N° 001, N° 002, N° 003, N° 004 y N° 005-2020-EF-54.01,
disposición que entró en vigencia al día siguiente de su publicación.
4. Con Decreto del 22 de enero de 20215, se dispuso iniciar el procedimiento
administrativo sancionador contra el Contratista, por su presunta responsabilidad
al haber presentado como parte de su oferta, supuesto documento falso o
adulterado e información inexacta en el marco de la Adjudicación Simplificada N°
0024-2019-RENIEC (ítem 1, 2, 3 y 4), infracciones tipificadas en los literales j) e i)
del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley:
Supuesto documento falso o adulterado e información inexacta
a. Factura N° 001 - 000063 del 23 de noviembre de 2017, emitida por la
empresa MERCANTIL PERUSA E.I.R.L. (MERCANTIL LIMA), supuestamente
a favor de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Santa María Magdalena”,
por el monto de S/. 965, 600. 00 soles.
Supuesta información inexacta
b. ANEXO N° 8 – EXPERIENCIA DEL POSTOR del 4 de diciembre de 2019,
suscrito por el señor Elver Washington Huacce Quispe, en calidad de
Representante Legal de la empresa MERCANTIL PERUSA EIRL.
En tal sentido, se otorgó al Contratista el plazo de diez (10) días hábiles para que
formule sus descargos, bajo apercibimiento de resolver con la documentación
obrante en autos.
5. Por Decreto del 19 de febrero de 2021, tras verificarse que el Contratista no se
apersonó ni presentó descargos a las imputaciones en su contra a pesar de haber
sido válidamente notificado, se dispuso hacer efectivo el apercibimiento
decretado de resolver el procedimiento con la documentación obrante en el
expediente; asimismo, se dispuso remitir el expediente a la Tercera Sala para que
resuelva.
A través del Decreto del 11 de mayo de 2021, dada la reasignación de expedientes
y la nueva conformación de Salas cuya aprobación se formalizó mediante la
5Documento obrante a folio 235 al 240 del expediente administrativo. Dicho decreto fue notificado al Contratista el
2 de febrero de 2021, mediante Cédula de Notificación N° 5380/2021.TCE, obrante a folios 243 del expediente
administrativo.
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Resolución N° 056-2021-OSCE/PRE del 9 de abril de 2021, se dispuso remitir el
expediente a la Primera Sala del Tribunal, el cual fue recibido por la vocal ponente
en la misma fecha.
II. FUNDAMENTACIÓN:
1. Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador, el análisis de
la responsabilidad del Contratista, al haber presentado –como parte de su oferta–
documentación falsa o adulterada e información inexacta a la Entidad, en el marco
del procedimiento de selección; infracciones tipificadas en los literales i) y j) del
numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley, y su Reglamento, normativa vigente
al momento de suscitarse los hechos imputados.
Naturaleza de la infracción
2. El literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establece que los
proveedores, participantes, postores o contratistas, incurren en infracción
susceptible de sanción cuando presentan documentos falsos o adulterados a las
Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de
Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
(OSCE) o a la Central de Compras Públicas – Perú Compras.
Por su parte, el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establece que
incurren en infracción administrativa los proveedores, participantes, postores o
contratistas que presenten información inexacta a las Entidades, al Tribunal, al
Registro Nacional de Proveedores (RNP), al OSCE o a Perú Compras, siempre que
dicha inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento,
factor de evaluación o requisito que le presente una ventaja o beneficio en el
procedimiento de selección o en la ejecución contractual.
3. Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la
potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral
4 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen conductas
sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en
normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir
interpretación extensiva o analogía.
Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la potestad
sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si en el caso
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concreto se ha configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo infractor que
se imputa a determinado administrado, es decir —para efectos de determinar
responsabilidad administrativa— la Administración debe crearse convicción de
que, en el caso concreto, el administrado que es sujeto del procedimiento
administrativo sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista como
infracción administrativa.
4. Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que
los documentos cuestionados fueron efectivamente presentados ante una
Entidad contratante (en el marco de un procedimiento de contratación pública),
ante el RNP, ante el Tribunal, el OSCE o a Perú Compras.
Adicionalmente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el
numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que impone
a la autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias
necesarias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los
administrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, el Tribunal tiene la
potestad de recurrir a otras fuentes de información que le permitan corroborar y
crear certeza de la presentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes
está comprendida la información registrada en el SEACE, así como la que pueda
ser recabada de otras bases de datos y portales web que contengan información
relevante.
5. Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de
cada una de dichas infracciones, corresponde evaluar si se ha acreditado la
falsedad o adulteración o información inexacta, contenida en los documentos
presentados, en este caso, ante la Entidad, independientemente de quién haya
sido su autor o de las circunstancias que hayan conducido a su falsificación o
adulteración e inexactitud; ello en salvaguarda del principio de presunción de
veracidad, que tutela toda actuación en el marco de las contrataciones estatales,
y que, a su vez, integra el bien jurídico tutelado de la fe pública.
En ese orden de ideas, para demostrar la configuración de los supuestos de hecho
de falsedad o adulteración del documento cuestionado, conforme ha sido
expresado en reiterados y uniformes pronunciamientos de este Tribunal, se
requiere acreditar que aquel no haya sido expedido o suscrito por quien aparece
como emisor; o que, pese a ser válidamente expedido o suscrito, posteriormente
fue adulterado en su contenido.
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Por su parte, la información inexacta supone un contenido que no es concordante
o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de la
misma. Además, para la configuración del tipo infractor, es decir, aquel referido a
la presentación de información inexacta, en el caso de las Entidades debe
acreditarse que la inexactitud se encuentre relacionada con el cumplimiento de
un requerimiento o factor de evaluación o requisitos que le represente una
ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual.
Asimismo, en el caso de presentarse estos documentos al Tribunal de
Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP) o al OSCE,
la ventaja o beneficio debe encontrarse relacionado con el procedimiento que se
sigue ante dichas instancias.
6. En cualquier caso, la presentación de un documento falso o adulterado e
información inexacta supone el quebrantamiento del principio de presunción de
veracidad, de conformidad con lo establecido en el numeral 1.7 del artículo IV del
Título Preliminar del TUO de la LPAG.
Sin embargo, conforme al propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar
del TUO de la LPAG, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la
medida que es atribución de la Administración Pública verificar la documentación
presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el numeral 1.16 del
mismo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio de controles
posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserve el derecho de
comprobar la veracidad de la documentación presentada.
Configuración de la infracción
7. En el caso materia de análisis, se imputa al Contratista haber presentado, como
parte de su oferta, documentación supuestamente falsa o adulterada e
información inexacta, consistente en:
Supuesto documento falso o adulterado y/o con información inexacta:
a. Factura N° 001 - 000063 del 23 de noviembre de 2017, emitida por la
empresa MERCANTIL PERUSA E.I.R.L. (MERCANTIL LIMA), supuestamente a
favor de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Santa María Magdalena”, por
el monto de S/. 965, 600. 00 soles.
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Supuesta información inexacta:
b. ANEXO N° 8 – EXPERIENCIA DEL POSTOR del 04 de diciembre de 2019,
suscrito por el señor Elver Washington Huacce Quispe, en calidad de
Representante Legal de la empresa MERCANTIL PERUSA EIRL.
8. Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de determinar la
configuración de las infracciones materia de análisis, debe verificarse la
concurrencia de dos circunstancias: i) la presentación efectiva de los documentos
cuestionados ante la Entidad; y ii) la falsedad, adulteración o inexactitud de los
documentos presentados; en este último caso, siempre que esté relacionada con
el cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o requisitos que le
represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la
ejecución contractual.
En el presente caso, de la documentación obrante en el expediente se aprecia que
los documentos cuestionados fueron presentados, ante la Entidad, el 4 de
diciembre de 20196, como parte de la oferta del Contratista en el marco del
procedimiento de selección.
En ese sentido, habiéndose acreditado la presentación de los documentos
cuestionados, resta determinar si existen en el expediente suficientes elementos
de juicio y medios probatorios que permitan generar certeza respecto del
quebrantamiento del principio de presunción de veracidad del que se encuentran
premunidos dichos documentos.
Respecto de la supuesta falsedad o adulteración y/o información inexacta del
documento consignado en el literal a) del fundamento 7 de la presente
resolución.
9. Se cuestiona la Factura N° 001 - 000063 del 23 de noviembre de 2017, emitida por
la empresa MERCANTIL PERUSA E.I.R.L. (MERCANTIL LIMA), supuestamente a
favor de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Santa María Magdalena”, por el
monto de S/. 965, 600. 00 soles. Dicha factura fue presentada por el Contratista
como parte de su oferta.
6
Documento obrante a folio 224 y 225 del expediente administrativo.
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Para mejor análisis, a continuación, se muestra el documento en cuestión:
10. Sobre el particular, se aprecia que dicha factura fue emitida por la empresa
MERCANTIL PERUSA E.I.R.L. (MERCANTIL LIMA), a favor de la Cooperativa de
Ahorro y Crédito “Santa María Magdalena”, por el monto de S/. 965, 600. 00 soles.
11. En esa línea, según lo establecido en el numeral 1.16 del artículo IV del TUO de la
LPAG, la Entidad realizó la fiscalización posterior a la documentación presentada
por el Contratista como parte de su oferta.
12. Siendo así, se aprecia que, mediante Carta N° 000577-2019/GAD/RENIEC del 23
de diciembre de 20197, Carta N° 000481-2019/GAD/RENIEC del 26 de noviembre
de 20198 y Carta N° 000447-2019/GAD/RENIEC del 12 de noviembre de 20199, la
Entidad solicitó a la Cooperativa de Ahorros y Crédito Santa María Magdalena,
confirmar la veracidad de la factura objeto de análisis.
7
Documento obrante a folio 33 del expediente administrativo
8
Documento obrante a folio 35 del expediente administrativo.
9
Documento obrante a folio 36 del expediente administrativo.
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13. En respuesta, a través de la Carta N° 001-2020-CACSMM/GAF10 del 15 de enero de
2020, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa María Magdalena, informó lo
siguiente:
“(…) se indica que según búsqueda en registro no figura la factura antes mencionada,
por lo que dicho comprobante no se pagó, y de igual manera no registra egreso
alguno en el área de tesorería (…)”.
Al respecto, se aprecia que el gerente de administración y finanzas de la
Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa María Magdalena [receptor de la Factura
N° 001 - 000063 del 23 de noviembre de 2017], indicó que no figura el registro de
la mencionada factura y menos un egreso por parte del área de tesorería; es decir
no figura el pago o contraprestación por la compra señalada en la factura.
14. En este punto, es pertinente recordar que, conforme a reiterados y uniformes
pronunciamientos emitidos por este Tribunal, para acreditar la falsedad o
adulteración de un documento, constituye un elemento relevante a valorar la
manifestación del supuesto órgano o agente emisor del documento en cuestión
en el que declare no haberlo expedido, o haberlo expedido en condiciones
distintas a las expresadas en los documentos objeto de análisis, o que la firma
consignada en los documentos analizados no correspondan al supuesto
suscriptor.
Aunado a ello, es necesario señalar que, un documento falso es aquel que no fue
expedido por quien aparece como su emisor o que no fue firmado por su supuesto
suscriptor, es decir, por aquella persona natural o jurídica que aparece en el mismo
documento como su autor o suscriptor; mientras que, un documento adulterado
es aquel que habiendo sido válidamente expedido ha sido alterado o modificado
en su contenido.
15. Conforme a lo expuesto, la empresa Mercantil Perusa E.I.R.L. (Mercantil Lima),
[emisora de la factura], quien es a la vez es contratista del procedimiento de
selección, no ha negado la emisión de dicha factura cuestionada; asimismo, a la
fecha no se apersonó ni presentó sus descargos en el presente procedimiento
10
Documento obrante a folio 32 del expediente administrativo.
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administrativo, a pesar haber sido válidamente notificada con el Decreto de inicio
del presente procedimiento administrativo sancionador, el 2 de febrero de 2021,
a través de la Cédula de Notificación N° 05380/2021.TCE11.
En esa línea de razonamiento, corresponde a la autoridad administrativa probar
los hechos que se atribuyen al administrado, caso contrario, la actuación de aquél
estará amparada por el principio de licitud previsto en el numeral 9 del artículo
248 del TUO de la LPAG, según el cual se presume que los administrados han
actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario.
16. Conforme a lo expuesto, corresponde señalar que no se ha acreditado la falsedad
o adulteración del mencionado instrumento, debiendo prevalecer el principio de
licitud.
Sobre la supuesta inexactitud del documento cuestionado
17. Debe tenerse en cuenta que, además de imputar, que la factura Factura N° 001 -
000063 del 23 de noviembre de 2017, emitida por la empresa MERCANTIL PERUSA
E.I.R.L. (MERCANTIL LIMA), es falsa o adulterada también se señaló que contiene
información inexacta.
18. Cabe recordar que, la información inexacta supone un contenido que no es
concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de
falseamiento de aquella. Asimismo, para la configuración del tipo infractor, debe
acreditarse que la inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un
requerimiento, factor de evaluación o requisito de calificación que le represente
una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución
contractual.
19. En ese sentido, se advierte que la Factura N° 001 - 000063 del 23 de noviembre de
2017 tuvo por finalidad acreditar la experiencia del Contratista, para cumplir con
el requerimiento previsto en el sub literal b. del numeral 3.2 requisitos de
calificación12; cuyo objeto es dar cumplimiento a un requisito de calificación, y
obtener una ventaja para el Contratista, la cual efectivamente obtuvo haber
11 Documento obrante a folio 242 del expediente administrativo.
12
Documento obrante en el folio 196 del expediente administrativo.
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Resolución Nº 2474 -2021-TCE-S1
supuestamente facturado el monto equivalente conforme lo señala la Orden de
Servicio cuestionada.
20. Ahora bien, teniendo en consideración lo señalado en la Carta N° 001-2020-
CACSMM/GAF del 15 de enero de 202013, de la Cooperativa de Ahorro y Crédito
Santa María Magdalena; se tiene entonces que la información contenida, no
guarda correspondencia con la realidad, toda vez que se señaló “(…) menciona
factura no figura, no por lo que el comprobante no se pagó y no registra ningún
egreso del área de tesorería (…)”;a la vez de la visualización de la factura se puede
observar el sello de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa María Magdalena
con fecha 23 de noviembre de 2017 donde señala cancelado, por lo tanto, se ha
configurado la infracción consistente en la presentación de información inexacta,
al contener datos no concordantes con la realidad.
21. Por lo expuesto, de la valoración conjunta y razonada de los documentos obrantes
en autos, este Tribunal considera que se cometió la infracción administrativa
tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley.
Respecto de la supuesta inexactitud descrito en el literal b) del fundamento 7 de
la presente resolución.
22. Al respecto, se cuestiona la veracidad de la información contenida en el ANEXO N°
8 – EXPERIENCIA DEL POSTOR del 4 de diciembre de 201914, suscrito por el señor
Elver Washington Huacce Quispe, en calidad de Representante Legal de la
empresa MERCANTIL PERUSA EIRL, documento obligatorio presentado por el
Contratistas, como parte de su oferta.
23. Al respecto, en el Decreto de inicio del procedimiento del 22 de enero de 2021, se
precisó que, el documento objeto de análisis contendría información inexacta,
toda vez que, hace referencia a la experiencia contenida en la factura analizada en
los párrafos procedentes.
Para mejor análisis, a continuación, se muestra el documento en cuestión:
13
Documento obrante a folio 32 del expediente administrativo.
14
Documento obrante a folio 118 del expediente administrativo.
Página 11 de 15Tribunal de Contrataciones del Estado
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24. Sobre el particular, es preciso señalar que el referido anexo es cuestionado por
estar vinculado a la Factura N° 001 - 000063 del 23 de noviembre de 2017, emitida
por la empresa MERCANTIL PERUSA E.I.R.L. (MERCANTIL LIMA), supuestamente a
favor de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Santa María Magdalena”, por el
monto de S/. 965, 600. 00 soles, la cual ha sido determinada como inexacta, según
se ha desarrollado y acreditado en la presente fundamentación.
25. En mérito de lo expuesto, se evidencia que el Anexo N° 8 materia de análisis
también contiene información discordante con la realidad, pues, la Cooperativa
de Ahorro y Crédito Santa María Magdalena negó haber pagado dicha factura ya
que no se registra egreso del área de tesorería, por tanto, la experiencia señalada
en el Anexo, es inexacta.
26. Por lo expuesto, de la valoración conjunta y razonada de los elementos de juicio
que han sido referidos en el análisis desarrollado, queda acreditado que, en el
presente caso, se ha configurado la infracción prevista en el literal i) del numeral
50.1 del artículo 50 de la Ley.
Página 12 de 15Tribunal de Contrataciones del Estado
Resolución Nº 2474 -2021-TCE-S1
Graduación de la sanción
27. Bajo esa premisa, corresponde determinar la sanción a imponer al Contratista
conforme a los criterios de graduación establecidos en el artículo 264 del
Reglamento:
a) Naturaleza de la infracción: en torno a dicho criterio, debe tenerse en
cuenta que la presentación de información inexacta, reviste gravedad pues
vulnera los principios de presunción de veracidad e integridad que deben
regir en todos los actos vinculados a las contrataciones públicas. Tales
principios, junto a la fe pública, constituyen bienes jurídicos merecedores de
protección especial, pues constituyen los pilares de las relaciones suscitadas
entre la Administración Pública, los administrados, contratistas y todos
quienes se relacionen con ella.
b) Ausencia de Intencionalidad del infractor: de los documentos obrantes en
el expediente se puede apreciar, que la presentación de los documentos con
información inexacta parte de un actuar intencional por la empresa
contratista, con la finalidad de acreditar los requisitos de calificación
exigidos en las bases del procedimiento de selección.
c) Inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: en el caso que
nos avoca, si bien se aprecia la existencia de una conducta infractora, no se
cuenta con información que evidencie un daño a la Entidad en virtud de los
hechos suscitados.
d) Reconocimiento de la infracción cometida antes que sea detectada: debe
tenerse en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el
expediente, no se advierte documento alguno por el cual el Contratista haya
reconocido su responsabilidad en la comisión de las infracciones imputadas
antes que fueran detectada.
e) Antecedentes de sanción impuesta por el Tribunal: cabe precisar que, el
Contratista no cuenta con antecedentes de haber sido sancionada en sus
derechos para participar en procedimientos de selección y para contratar
con el Estado.
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f) Conducta procesal: cabe precisar que el Contratista no se apersonó al
presente procedimiento y no presentó sus descargos en torno a las
imputaciones en su contra.
g) La adopción o implementación de modelo de prevención: debe tenerse en
cuenta que este criterio no es de aplicación al caso concreto, toda vez que,
debido a su naturaleza, solo corresponde aplicarlo cuando se trata de una
persona jurídica, siendo en el presente caso el Contratista una persona
natural.
28. Adicionalmente, para la determinación de la sanción, resulta importante traer a
colación el principio de razonabilidad consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV
del Título Preliminar del TUO de la LPAG, por medio del cual las decisiones de la
autoridad administrativa que impongan sanciones o establezcan restricciones a los
administrados deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y
manteniendo debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos
que deba tutelar, a fin que respondan a lo estrictamente necesario para la
satisfacción de su cometido.
29. De otro lado, es pertinente indicar que la falsa declaración en un procedimiento
administrativo constituye un ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 411
del Código Penal, por lo que, debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público
– Distrito Fiscal de Lima, los hechos expuestos para que interponga la acción penal
correspondiente, debiendo remitirse a dicha instancia copia, en anverso y reverso,
de los folios 14 a 21, 32 a 36, 37 al 45, 118, 196, 224 y 225 del presente expediente
administrativo, así como copia de la presente resolución, debiendo precisarse que
tales folios constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe
actuarse la citada acción penal.
30. Por último, es preciso mencionar que la comisión de la infraccione, por parte del
Contratista, cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 4 de
diciembre de 2019, fecha en que los documentos acreditados como inexactos,
fueron presentado a la Entidad como parte de su oferta, en el marco del
procedimiento de selección; configurándose la infraccione prevista en el literal i)
del numeral 50.1, del artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225,
Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Supremo N° 082-2019-
EF.
III. CONCLUSIONES:
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Resolución Nº 2474 -2021-TCE-S1
Por los fundamentos expuestos, el Vocal ponente es de la opinión que
corresponde:
1. SANCIONAR a la empresa MERCANTIL PERUSA E.I.R.L. (R.U.C. N° 20601255651),
por el periodo de seis (6) meses de inhabilitación temporal en su derecho de
participar en procedimientos de selección, procedimientos para implementar o
extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de
contratar con el Estado, por su responsabilidad al haber presentado información
inexacta ante la Entidad, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 0024-
2019-RENIEC - (Deviene de la LP N° 02-2019-RENIEC), para la “Adquisición de
material registral”, por los fundamentos expuestos; la cual entrará en vigencia a
partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente resolución.
2. Remitir copia de los folios indicados en la fundamentación al Ministerio Público -
Distrito Fiscal de Lima, para que, conforme a sus atribuciones inicie las acciones
que correspondan.
3. Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado
administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el
módulo informático correspondiente.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
Firmado digitalmente por
VILLANUEVA SANDOVAL Victor
Manuel FAU 20419026809 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 24.08.2021 23:33:42 -05:00
PRESIDENTE
Firmado digitalmente por ROJAS Firmado digitalmente por CORTEZ
VILLAVICENCIO DE GUERRA Maria TATAJE Juan Carlos FAU
Del Guadalupe FAU 20419026809 20419026809 soft
soft Motivo: Soy el autor del documento
Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 24.08.2021 23:38:37 -05:00
Fecha: 24.08.2021 23:32:55 -05:00
VOCAL VOCAL
ss.
Villanueva Sandoval.
Rojas Villavicencio.
Cortez Tataje.
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