CONSECUENCIAS DE LA COOPTACIÓN CORRUPTA: COSTOS SOCIO-AMBIENTALES DEL MODELO DE DESARROLLO MINERO EXTRACTIVISTA Y CULTURA DE LOS TERRITORIOS MINEROS
←
→
Transcripción del contenido de la página
Si su navegador no muestra la página correctamente, lea el contenido de la página a continuación
CONSECUENCIAS DE LA
COOPTACIÓN CORRUPTA:
COSTOS
SOCIO-AMBIENTALES
DEL MODELO DE DESARROLLO
MINERO EXTRACTIVISTA
Y CULTURA DE LOS TERRITORIOS
MINEROS
MARLENY CARDONA ACEVEDO
1. INTRODUCCIÓN 2. CAMBIOS EN LA LEGISLACIÓN 3. MODELO DE DESARROLLO 4. CONSECUENCIAS 5. PREGUNTAS ORIENTADORAS CONTENIDO
La historia social y económica de Colombia, desde la conquista y colonización española hasta nuestros días, ha estado influenciada por la explotación de los recursos naturales, particularmente mineros, lo cual ha marcado buena parte del desarrollo de la nación. Se evidencia que la actividad del sector minero es producto de débiles instituciones gubernamentales, normas flexibles y ausencia de tecnificación, marcando un factor influyente en problemáticas asociadas a conflicto y violencia con efecto negativo sobre el medio ambiente. INTRODUCCIÓN
En este sentido, en la revisión de literatura se encuente que la implementación del modelo extractivita de los recursos naturales no renovables, impulsado por los últimos gobiernos, se ha concretado en gran medida en la proliferación de títulos mineros y, de manera consecuente, en el incremento de actividades mineras en gran parte del territorio nacional. INTRODUCCIÓN
CAMBIOS EN LA LEGISLACIÓN
Norma Asunto que comprende la norma
Decreto 1335 de 1987 Mediante el cual se expide el reglamento de seguridad en minería subterránea.
Decreto 2222 de 1993 Por el cual se expide el Reglamento de Higiene y Seguridad industrial en las labores
mineras a cielo abierto.
Ley 685 de 2001 Código de Minas, que tiene los siguientes objetivos: Fomentar la exploración técnica y la
explotación de los recursos mineros estatales y privados.
Estimular las actividades de exploración y explotación minera, con el fin de satisfacer
los requerimientos de la demanda interna y externa de los mismos.
Incentivar el aprovechamiento racional de los recursos mineros, de manera que
armonice con los principios y normas de explotación de los recursos naturales no
renovables.
Promover el aprovechamiento de los recursos mineros dentro del concepto integral de
desarrollo sostenible y fortalecimiento económico y social del país.
Ley 756 de 2002 Establece los criterios de distribución de las regalías. Modificada por el Decreto 4923 de
2011, mediante el cual se garantiza la operación del Sistema General de Regalías.
La Ley 1382 de 2010 Modificaba la Ley 685 de 2001; sin embargo, fue declarada inexequible por la Sentencia
C-366 de 2011, que establece que la citada ley tendrá efectos diferidos por el término de
dos (2) años. Lo anterior se justifica en que dicha exclusión de la ley
en el ordenamiento podría tener efectos contrarios a la vigencia de
bienes jurídicos valiosos desde la perspectiva constitucional, en especial la protección del
medio ambiente, al quedar sin efectos las normas de la ley acusada que tienen ese
propósito específico. De este modo, resultó necesario adoptar fórmulas que evitaran
diferir los efectos de inconstitucionalidad por un término de dos años, para así evitar
dicho vacío normativo.
Decreto 2715 de 2010 Reglamenta la Ley 1382 de 2010.
CAMBIOS EN LEGISLACIÓN
Acto Legislativo 05 de 2011 Por el cual se constituye el Sistema General de Regalías, se modifican los artículos 360 y
361de la Constitución Política de Colombia y se dictan otras disposiciones sobre el
régimen de regalías y compensaciones.
Ley 1530 de 2012 Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de
Regalías. Estado, comunidad con miras a lograr un propósito licito para un
sector de la sociedad (Legal ético y moral) y finalmente como el
constreñimiento o sometimiento de la voluntad de un particular,
de una comunidad, institución o del mismo Estado pero en
detrimento de quien no puede rehuir tal sometimiento o que
pudiéndolo rehusar no lo hace, para obtener un beneficio
económico en particular. Tal sometimiento puede ser realizado por
una persona, un grupo, una red, una comunidad en particular o
un Estado respecto a otro Estado. (Vivas, Peña, Bazzani, Gómez,
2012, pag 342)
Entendiéndose entonces la cooptación como el sometimiento de
la voluntad de alguien para el logro de un beneficio en particular,
se constituye en fenómeno procedimental con fines claramente
determinados que busca la captación o captura de quien tiene el
poder decisorio en los organismos públicos o privados.
CAMBIOS EN LA LEGISLACIÓNModelo de desarrollo
La asignación del sector minero como locomotora del crecimiento, ha implicado un escenario coyuntural. Modelo de desarrollo
El territorio se transforma con la
mineria: trabajo, capital y
espacio
Desde el 2006 la “gran minería”
-Proyectos de Megaminería,
identificados como “locomotora
minera”-, ha sido ubicada como
pilar de desarrollo dentro de
Plan de Desarrollo Nacional del
gobierno del presidente SantosEn el punto 92 del programa
de Gobierno, se plantea que la
“regla de oro es atraer más
inversionistas de talla
mundial, con “reglas del
juego” que garanticen la
estabilidad a largo plazo”,
No es claro, a qua estabilidad
y en qué sentido y para quién
o quiénes, ni a qué costo.La inversión extranjera en explotación de
minas y canteras
En el 2002 fue de US$ 466 millones,
En el 2008 a US$ 1.789 millones,
En el 2009 a US$ 3.094 millones.
Repercutiendo en los títulos mineros existentes
en Colombia que
En el 2001 estaban en el orden de los 1889
En el 2010 a 8928
Representando 4.839.149 hectáreas, esto es,
el 40% del territorio nacional
aproximadamente.La implementación del modelo extractivista ha llevado a
que la ampliación de la gran minería legal en Colombia
desplace aceleradamente a la minería ancestral,
generando conflictos locales y regionales por el derecho
a la tierra y la defensa de los recursos naturales, así
como de las costumbres históricas, culturales,
ancestrales y de supervivencia de las comunidades de
estos territorios.
Para ello, la gran minería ha contado con toda una
legislación tramposa y corrupta que favorece los
intereses económicos de las multinacionales
desconociendo los derechos de las comunidades, entre
ellos, la consulta previa e informada y la participación
directa e indirecta en el modelo extractivista.Rebajas tributarias con una tasa de 105 dólares por
cada 100 dólares que ingresen al país, es decir por
cada 100 dólares que invierta una multinacional,
los colombianos deben devolverle 105 dólares en
compensaciones y la ganancia del proyecto será
para la multinacional, esto es posible a través del
Código de minas, la ley de estabilidad jurídica, la
ley de medio ambiente y la nueva legislación de
impuestos que fueron creadas por el Congreso de
la República de Colombia
El nuevo marco regulatorio del tema de licencias
ambientales en el sector de minería está
reglamentado en la ley 1382 de 2010 mediante el
cual se modifico el Código de Minas y el Decreto
2820 de 2010 reglamentario de la ley 99 de 1993
sobre el tema de licencias ambientales.En la actualidad existen en el país
aproximadamente 2015 toneladas de
oro en Colombia, esto es, 60 millones
de onzas; se producen 40 toneladas
de oro anuales; el gobierno aspira
incrementar esta cifra a 60 toneladas
en el 2019. Sin embargo, el modelo
extractivo no genera desarrollo o al
menos ese que socialmente se busca,
es un modelo excluyente que atenta
directa e irreversiblemente contra el
medio ambiente y contra la cultura de
los territorios mineros.Existen en la actualidad
aproximadamente 89 proyectos de
megaminería aurífera, de los cuales 47
están en Antioquía (40.382
aproximadamente), -la mayoría en la
fase de prospección-, lo que ha
generado una fuerte tensión entre:
producción de oro y el control de títulos
mineros, ya que las concesiones son a
30 años (prorrogables a 30 años más).En 2009, Ingeominas, había otorgado o
tenía en trámite más de diez mil títulos
mineros en todo el territorio nacional,
incluyendo mil ochocientos en los cinco
departamentos de la Amazonia, y
también había otorgado 44 títulos
mineros en catorce parques
nacionales. Actualmente se encuentra
en estudio más de cuarenta mil
solicitudes de concesión en curso. Sólo
la empresa Anglo Gold Ashanti tiene
concesionadas 690 mil hectáreas.En 2002, la onza de oro tenía un precio
de US$272, mientras que hoy, casi
diez años después, la onza ha llegado
a costar US$1.889. La crisis mundial
de los últimos años hizo que un grano
de oro del mismo peso que el de una
cuchilla de afeitar -un tomín,
equivalente a 596 mg-, cueste US$39.
En el Chocó, un minero recibe más o
menos la mitad del valor, $42.000.Para el caso específico de la mina “La
Colosa” en el municipio de Cajamarca -
Tolima, proyectada para su explotación en
el 2019, se estima la extracción de 24
millones de onzas de oro, para lo cual hay
que remover 100.000 toneladas de
residuos mineros al día, además de 8
toneladas de cianuro que generan 500
Toneladas de dióxido de carbono. Para la
extracción de 50 kilos de oro son
necesarios 70.000.000 litros de agua.
En esta zona la Anglogold Ashanti posee
aproximadamente 21 títulos que
representan 30.440 Ha, es decir, el 60%
del municipio de Cajamarca.SISTEMAS PRODUCTIVOS, IMPACTO SOCIAL Y CORRUPCIÓN
En su ensayo sobre Circuitos centralidades
y estándar de vida González y Cardozo
(2011), señalan que la gran minería ha
convertido a la minería ancestral, en
términos económicos:
“en una actividad cada vez menos rentable para
quienes la ejercen y que además, en el marco de la
actual política minera, corre el riesgo de convertirse
en ilegal. Esta condición se agrega a la de baja
rentabilidad económica y ambiental que siempre ha
tenido esta minería tradicional. Además, el impacto
de esta gran minería en los territorios ancestrales
hace que el tejido social, cultural y las condiciones se
agreguen al deterioro económico”.La legislación muestra la ausencia total
o parcial del Estado en territorios
mineros donde la presencia de grupos
armados, principalmente paramilitares,
se acrecienta con graves peligros para
líderes campesinos y comunales,
voceros, sindicalistas y activistas que
han sido asesinados o están
amenazados.Los impuestos versus las rebajas
tributarias, los incentivos a inversión
extranjera, sin contar con el fraude
en la declaración de regalías, la
evasión de impuestos, la doble
contabilidad que llevan las empresas,
etc., han ocasionado la perdida en los
últimos 30 años de más de 14
billones de dólares para el país.“(…) aprovechando además una legislación flexible que se había aprobado en 2001, particulares y empresas pidieron títulos para 20 mil concesiones de exploración y explotación de minas –un título sirve para las dos– que cubren 22 millones de hectáreas de los 114 millones que tiene el país”. (Ronderos, 2011).
En el 2011 el Registro Minero Nacional
reportaba que 1717 empresas tenían
títulos vigentes de concesiones para
explorar o explotar minas. Y los
particulares tenían unos 7.200 títulos
más.Anglo Gold Ashanti (AGA)
Las principales zonas donde se ha asentado
desde el 2003 la AGA (señaladas en la
tabla), y que al día de hoy representan sus
principales proyectos mineros: Antioquia,
Tolima, Chocó, Cauca y Bolívar, han sido
territorios que presenciaron unos años
antes de la llegada de la AGA altos niveles
de violencia armada, desplazamiento y
despojamiento, lo que el gobierno de Uribe
Vélez llamó la “pacificación de los
territorios” donde además se han
incrementando las amenazas, torturas y
asesinatos a líderes campesinos,
sindicalistas e indígenas.En el proyecto de “La Colosa” se han hecho
acuerdos y se ha legislado corruptamente,
pasando por encima tanto de las
comunidades como de la constitución política
de Colombia y de sus organismos de control,
lo que finalmente ha permitido la exploración
de zonas de reserva forestal y de zonas que
según el Plan de Ordenamiento de la Cuenca
Mayor del Río Coello (POMCA) y el Esquema
de Ordenamiento Territorial (EOT) del
Municipio de Cajamarca, no contemplan la
vocación minera dentro de los usos del suelo.Macro-proyecto Aurífero Marmato –
Caldas y la GoldfieldsEl macroproyecto aurífero fue anunciado
en diciembre de 2005 en Medellín por Ian
Park, presidente de la Compañía Minera
de Caldas, filial de la compañía Colombia
Goldfields, con sede en Toronto, Canadá,
en presencia y con el aval de Fabio
Valencia Cossio, entonces Alto Consejero
Presidencial para la Competitividad y
luego Ministro del Interior y de Justicia, y
Julián Villarruel, director de Ingeominas,
dependencia del Ministerio de Minas y
Energía.
Desde su presentación se anunció que la
envergadura del macroproyecto requiere
demoler el pueblo actual y trasladarlo
para otra parte, ya que implica mover
entre 30.000 y 60.000 toneladas diarias
de tierra, para producir 250.000 onzas
de oro al año.MINERÍA, CORRUPCIÓN
y
Sistema General de RegalíasEl nuevo código minero es flexible y en
detrimento de la pequeña minería o
minería artesanal y ha beneficiado
sobremanera a las compañías
extranjeras bajo el lema de “incentivar la
inversión extranjera”; la ley 685 de
2001, no contó con la consulta previa de
las comunidades afectadas, por el
contrario, en aras de su cumplimiento se
ha recurrido a la fuerza para despojar a
las comunidades que se resisten a la
exploración y que han tenido que
realizar marchas y toma de tierras para
ser escuchados y tenidos en cuenta.El nuevo código de minas disparó la
especulación debido a la incontrolable
adjudicación de títulos mineros a
nuevos solicitantes sin exigir la
demarcación real de un área mínima
de exploración, mientras por otro lado
demoraba dilataba la adjudicación a
mineros artesanales residentes
durante años en las zonas mineras.La ley 1381 estipulaba que si un minero que
declaraba ser informal pedía un título, podía
seguir explorando su mina hasta que no se
regularizara su situación, esto proceso de
regularización generó altos niveles de
corrupción debido a que muchas mafias
asociadas al paramilitarismo y al
narcotráfico aprovecharon esta situación
fingiendo ser mineros artesanales, para
realizar explotación con gran maquinaria sin
ningún tipo de control a pesar de los daños
y costos socio-ambientales, frente a ello se
amparaban en su calidad de regularización
en trámite.Consecuencias
Capacidad institucional. Colombia presenta
actualmente serios problemas que le
impiden garantizar que los precios de
transferencia y de venta que reportan las
empresas sean realmente los precios de
transferencia. Esta grave situación lleva a
niveles de corrupción exorbitantes porque
la nación debe conformarse con el reporte
de transferencia y venta que reportan y
registran las empresas multinacionales sin
que tenga un control claro y expedito sobre
regalías y precios de transferencia.En 2007 Colombia exportaba productos
de este sector por 7.344 millones de
dólares; en 2009 esa cifra ascendió a
18.035,4 millones y para 2021 se
estima que llegará a 54.149,9
millones. Para el año 2009 de cada
100 dólares que ingresaron por
inversión extranjera directa, 41
llegaron a la minería y 36 al petróleo.En el actual SGR – Sistema General de
Regalías, antes Fondo Nacional de Regalías-
, el gobierno nacional dispuso una nueva
normatividad en torno a la distribución
sectorial y regional y diseño los “triángulos
del buen gobierno” –gobernadores, alcaldes
y representantes del ejecutivo nacional-,
para regular los mecanismos de escogencia
y ejecución de los proyectos, que
finalmente no han funcionado y siguen
trabajando a partir de una marcada
centralización cada vez más inequitativa y
corrupta. Sumado a esto, muchos
municipios quedaron por fuera de la
distribución de las regalías y los que han
recibido regalías han entrado en delicados
riesgos de corrupción y desperdicio en los
recursos de ciencia y tecnología, un 10%
del total de las regalías.En Colombia existe una práctica
permanente de evasión del pago de
regalías, como en el caso de la
Drummond que ha dejado de pagar
casi un billón de pesos; igualmente el
fraude en la declaración de estas
empresas, como el que se presenta
con Cerromatoso que adeuda 24 mil
millones de pesos, sumado a que por
malas liquidaciones entre el 2004 y el
2008 se “perdieron”23 mil millones
de pesos y $420.000 dólares con
Prodeco-Glencore.“Por el lado tributario propiamente
dicho Colombia, nominalmente, tiene
unas tasas altas, pero la multiplicidad
de deducciones nos lleva a que el
sector minero pague en efecto una
tasa efectiva neta en conjunto del
orden del 10 por ciento y no del 33
como se dice, porque hay
multiplicidad de extensiones”. (Garay,
2013).Existen casos comprobados de que el
precio de transferencia que algunas
empresas reportan a la DIAN es
diferente y muy inferior del que
reportan las mismas empresas y para
el mismo periodo a la
superintendencia de sociedades. Es
decir, existe en la actualidad en
términos de minería una tasa baja y
fija, regalías bajas pero sin un control
debido que impide la posibilidad de
recaudar debidamente las regalías.Conflictos ligados al monopolio de los títulos mineros y de la propiedad de la tierra en detrimento de las comunidades que habitan dichos territorios como es el caso de Cajamarca (Tolima); Marmato (Caldas); y Chocó.
En el Periódico el tiempo en una publicación online del 4 de julio de 2011 se pueden encontrar los
siguientes apartes que evidencian hatos de corrupción en el interior de las entidades estatales que manejan
temas de minería.
"Aquí todo tiene precio. ¿Quiere que le agilicen un registro minero, que se lo demoren, que le den
derechos de explotación en una zona prohibida...? Pague. Esto es a la carta: todo se puede".
Ese fue el diagnóstico que recibió el Gobierno tras una investigación de seis meses en el Instituto
Colombiano de Geología y Minería (Ingeominas), donde se descubrió que hay tarifas para todo tipo de
trámites y hasta una cuenta bancaria en Valledupar para que particulares consignen sobornos
De igual forma en una publicación del Periódico el Economista del 7 de mayo de 2013 se asegura
que el 78% de títulos mineros otorgados en Colombia presentan irregularidades.
“Según la Agencia Nacional de Minería colombiana, ANM, a la fecha se han realizado 2.500 visitas a zonas con
títulos mineros (casi una tercera parte del total nacional), en 23 departamentos del país, donde el 78%
presentó irregularidades.
Algunas de las causas de caducidad que se evidencian en este primer análisis fueron: incumplimiento en el
pago de contraprestaciones económicas con un 31% (regalías 13%, canon 17% y otras 1%); falta general
y reiterada de las obligaciones y requerimientos con 33%; pólizas no vigentes 22% y explotación sin
licencia ambiental con un 14%.”
Siguiendo esta misma tónica el periódico el Espectador en una publicación de 2011, vislumbraba los
problemas de corrupción que se estaban presentando en los trámites de adjudicación de títulos mineros.
“Para evitar que se sigan presentando casos de corrupción, que permitieron a funcionarios de
Ingeominas entregar títulos mineros como en una piñata, el ministerio de Minas y Energía, Carlos
Rodado Noriega, señaló que la primera tarea es cambiar el sistema de adjudicación de títulos
mineros, es decir, pasar de polígonos irregulares a cuadricula, como se hace en el Perú.
CONCLUSIONESTambién puede leer
