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Contexto del paro en la región de Putumayo
Por nuestro investigador regional, Pablo Suárez.

Bloqueo vía Villagarzón - Puerto Asís. Foto, cortesía comunidad.

A lo largo de la historia putumayense, son reiterados los reclamos que su población ha hecho llegar
a los diferentes gobiernos nacionales. Principalmente, porque consideran que hay una deuda
respecto al “abandono” estatal que sufre el departamento. Cuestiones como mejores condiciones
educativas, sociales, de infraestructura, laborales y la protección del suelo amazónico con el que
cuentan los 13 municipios de Putumayo; asimismo, las justas inconformidades por temas de
corrupción en los que se han visto envu eltos gobernadores y administraciones municipales,
proyectos que no prosperan o que quedan en elefantes blancos, muchos de ellos financiados con
recursos de regalías; como la inexistente plaza de mercado de Puerto Asís o el interminable hospital
de segundo nivel, ubicado en Mocoa.

Sumado a lo anterior, el departamento también ha sufrido las consecuencias de la violencia armada,
por lo que la población reclama la adecuada y continua implementación de los Acuerdos de Paz.
Este es un punto, entre los reclamos que se presentan en el marco del paro nacional, que la
comunidad se rehúsa a reestructurar o discutir; a menos que sea para brindar garantías de no
repetición y oportunidades productivas que den opciones laborales, todo con la finalidad de sustituir
los cultivos de coca que, de acuerdo con el Observatorio de Drogas de Colombia, se sitúan sobre las
20 mil hectáreas sembradas.

¿Cómo el paro está afectando a la industria petrolera?

Crudo Transparente se intentó comunicar con las empresas Geopark y Gran Tierra Energy para
verificar las cifras de producción en el departamento; sin embargo, no hubo respuesta de este
requerimiento. Se tiene conocimiento de cierre de campos y suspensión en el transporte de crudo.

Putumayo dejó de percibir alrededor de 230 mil millones de pesos en regalías a causa de las tomas
de campos petroleros como los que se encuentran en Villagarzón y San Miguel. De acuerdo con el
ministro minas y energías, Diego Mesa, por culpa del perjuicio económico que está causando el
bloqueo de la industria, se puede retrasar la implementación de energía eléctrica a más de 10 500
mil familias putumayenses, que contarían con este servicio, en pleno siglo XXI, por primera vez.

Casos concretos sobre las afectaciones
Se tiene conocimiento del cierre, por manifestaciones originadas en Villagarzón, de los campos
Costayaco y Toroyaco, este último ubicado en Puerto Limón, vereda que está bajo la jurisdicción de
Mocoa. En conversaciones con un concejal de Villagarzón, se supo que la decisión que tomó la
comunidad, entre el 14 y 16 de mayo, de manifestarse y bloquear el campo Costayaco que se
encuentra cercano al aeropuerto municipal. Los hechos se presentaron porque líderes de las
marchas señalaron mediante un comunicado, que debido a la negligencia del gobi erno nacional en
atención a las movilizaciones, encontrarían mayor diligencia con el bloqueo de las operaciones que
allí lleva a cabo Gran Tierra.

Adicionalmente a lo anterior, el 31 de mayo se conoció de una irrupción forzada por parte de la
comunidad al campo Costayaco, esto con la finalidad de verificar si Gran Tierra había detenido sus
operaciones; sin embargo, al ver que la compañía seguía con la producción de crudo, decidieron
tomar las instalaciones del campo y retener algunos trabajadores de la petrolera, como una
camioneta de uso privado. Consecuentemente, la Fuerza Pública decidió entrar a dispersar a los
manifestantes, generando enfrentamientos que resultaron con 10 heridos, entre miembros del
Ejército y población civil.

Por otra parte, mediante comunicado oficial en su página de internet, GeoPark señaló que desde el
8 de mayo se iniciaron cierres de producción controlados en los bloques bajo su operación. Tal es el
caso del Bloque Platanillo operado por la multinacional; asimismo, informaron que los recortes netos
de producción se sitúan entre los 12 y 15 mil barriles promedio día, lo que representa una disminución
entre el 40 y 45 % de la producción a nivel nacional. Según manifestó la compañía, esperan brindar
cifras más aproximadas en los próximos días.

Otras afectaciones para la industria y sus trabajadores, conocidas en Putumayo, se registraron en la
Batería Mansoya (Puerto Caicedo), Batería 2 (Orito) y la Batería Colón (San Miguel), todas operadas
por Ecopetrol. El presidente de la USO, regional Orito, Sócimo Erazo, en conversaciones con Crudo
Transparente, agregó que la refinería ubicada en este municipio también se encuentra parada, donde
únicamente están funcionando dos baterías de almacenamiento y una de transporte; de igual
manera, señaló que la producción está a punto de llegar a ceros, normalmente esta se sitúa entre
los 6 500 barriles; hoy como consecuencia del paro nacional, está en 2 000 barriles de crudo.
Adicionalmente, el transporte de petróleo por el oleoducto Trasandino se encuentra en pausa.

Se muestra como una gran preocupación para los trabajadores de la industria en esta parte de
Putumayo, ya que según manifestó el directivo de la USO Orito, existe el temor de que, si persisten
los bloqueos y la producción llega a ceros, Ecopetrol considere ceder los bloques y campos a
empresas privadas, por lo que desde este sindicato petrolero se vela por el diálogo y el entendimiento
que lleve a buen puerto las negociaciones del Comité del Paro y el Gobierno Nacional.

Por último, la agremiación sindical, mediante un comunicado expuesto el 24 de mayo, sugirió al
Gobierno Nacional y Ecopetrol tres puntos clave para que las condiciones laborales y la calidad de
vida de familias putumayenses pueda mejorar. La primera tiene que ver con el montaje de Planta de
Gas domiciliario para Orito; como segundo punto, está la modernización de la refinería también
ubicada en Orito con la finalidad de producir gasolina y diésel en condiciones óptimas y como último,
se encuentra el montaje de una planta de asfalto, que utilizará como materia prima el crudo pesado
del Pozo del Cedral uno (1) que está en el campo Nororiente.

Distribución de combustible

                            Cola para tanquear gasolina en Mocoa. Foto propia .

Apenas una semana después del inicio del paro nacional y los bloqueos viales, el Gobierno Nacional,
por medio del ministerio de Minas, determinó enviar una ayuda de 110 000 galones de gasolina y 20
mil galones de diésel; sin embargo, este combustible venía desde el Huila, donde en un punto de
bloqueo ubicado en Pitalito, no permitió el paso de estas ayudas durante varios días. En dicho punto
de control comunitario, el combustible estuvo retenido aproximadamente una semana; para la
correspondiente al 24 de mayo, cuando se informó sobre la habilitación de corredores humanitarios,
ya se evidenciaban largas filas en las estaciones de gasolina de Puerto Asís, Mocoa y Villagarzón.

La situación se ha tornado un poco más compleja hacia el Bajo Putumayo, en donde en municipios
como La Hormiga o San Miguel se está obligando al cierre de todos los comercios y estaciones de
combustible. Apenas hasta el 19 de mayo, el Gobierno Nacional tomó la determinación de reabrir los
pasos fronterizos con Ecuador; asimismo, el 14 de mayo, en una reunión que se realizó en Ipiales,
Nariño, el ministro de Minas, Diego Mesa, informó de la llegada de combustible proveniente del
vecino país, pero solo hacia Nariño. En lo que concierne a Putumayo, no se ha llegado a ningún
acuerdo para abastecer al departamento desde la república ecuatoriana.

En cuanto a las medidas que han tomado las autoridades locales, el 25 de mayo, en Villagarzón, el
alcalde José Andrés López expidió una circular con la finalidad de que la Fuerza Pública (Ejército y
Policía), garanticen el abastecimiento de combustible para la población del municipio. Los dos puntos
de los que consta el documento señalan que queda prohibido el transporte de gasolina en recipientes
plásticos o metálicos que salgan de Villagarzón; como último punto, se faculta a las autoridades de
decomisar dicha gasolina y combustibles inflamables. Todo esto por el acaparamiento del que estaba
siendo objeto el hidrocarburo, pues según el mandatario, el poco combustible que está llegando, se
revende de manera ilegal.