Derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos cometidas durante los gobiernos ...
←
→
Transcripción del contenido de la página
Si su navegador no muestra la página correctamente, lea el contenido de la página a continuación
Derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación
de las víctimas de graves violaciones
de derechos humanos cometidas
durante los gobiernos militares
en Bolivia
(1964 - 1982)
Plataforma de Luchadores Sociales
Contra la Impunidad por la Justicia y
la Memoria Histórica del Pueblo
Boliviano
13 de marzo de 2013Índice Índice ................................................................................................................................. 3 Peticionarios de la audiencia ............................................................................................... 1 I. Introducción .................................................................................................................... 1 II. Contexto: Violaciones de derechos humanos cometidas entre 1964 - 1982 ....................... 3 III. Obligaciones y recomendaciones al Estado Boliviano ...................................................... 4 IV. Respeto y garantía efectiva de los derechos humanos ..................................................... 8 a. Falta de investigación y sanción de los responsables ............................................................................ 8 b. Falencias en el proceso de búsqueda e identificación de personas desaparecidas ............................ 11 c. Restricciones al acceso de información y archivos militares ............................................................... 16 d. Falta de esclarecimiento de la verdad ................................................................................................. 19 e. Ausencia de una reparación integral para las víctimas y familiares .................................................... 23 f. Falta de adecuación de la normativa interna....................................................................................... 30 V. Conclusión .................................................................................................................... 31
Derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación de las
víctimas de graves violaciones de derechos humanos
cometidas durante los gobiernos militares en Bolivia
(1964 - 1982)
Peticionarios de la audiencia
1. Amnistía Internacional
2. Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la
Liberación Nacional de Bolivia (ASOFAMD)
3. Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
4. Movimiento de Mujeres Libertad
5. Plataforma Luchadores Sociales contra la Impunidad, por la Justicia y la Memoria
del Pueblo Boliviano (Plataforma Luchadores Sociales)
6. Unión de Víctimas de Violencia política (UNAVIPO)
I. Introducción
El objetivo de esta Audiencia es poner en conocimiento de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH) información sobre los avances insuficientes del Estado
boliviano para el cumplimiento efectivo de las obligaciones internacionales de derechos
humanos para la búsqueda de verdad, justicia y reparación por las graves violaciones de
derechos humanos cometidas en el país durante los regímenes militares (1964 - 1982).
En particular, evidenciar que no existe en Bolivia una política integral para hacer frente
a ese asunto a la vez que persisten las violaciones de derechos para las víctimas y
familiares de las víctimas del periodo indicado.
Durante la mayor parte de los 18 años de gobiernos militares y autoritarios se
cometieron en Bolivia graves violaciones de los derechos humanos tales como
desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura y detenciones arbitrarias
contra mujeres y hombres opositores políticos. Para las organizaciones peticionarias de
la Audiencia es de gran preocupación que, pasados más de 30 años desde el fin de estos
régimen
es militares y, a pesar de la existencia de un marco normativo e institucional y algunas
acciones judiciales, Bolivia sigue sin avanzar decisivamente en materia de verdad,
justicia y reparación para las víctimas de estas graves violaciones.
Es de especial preocupación que al día de hoy, pese al avance y experiencias comparadas
en materia de justicia transicional, no exista en Bolivia un mecanismo eficaz que permita
a toda la sociedad boliviana, y en especial a las víctimas y familiares, conocer la verdad
de los hechos para evitar que los mismos se repitan, y para que no queden en la
impunidad.
1La sentencia condenatoria al ex presidente Luis García Meza y sus colaboradores en
1993 por los crímenes que se cometieron durante su mandato (1980-1981) fue sin duda
un paso importantísimo en la dirección correcta para luchar contra la impunidad. Sin
embargo, esto parece haber sido la excepción y no la regla. En efecto, los procesos
judiciales contra los presuntos responsables de las violaciones de derechos humanos
entre 1964 y 1982 han sido escasos. Son pocos los casos que han llegado hasta la justicia
y en los que se ha identificado y sancionado a los responsables.
A su vez, el paradero y la suerte de decenas de víctimas de desaparición forzada siguen
aún siendo desconocidos. En efecto, debido a la preocupación por la falta de avances
significativos en relación con este asunto, en el año 2007 se presentó ante esta Comisión
información relevante en el marco de la audiencia denominada “Esclarecimiento de las
desapariciones forzadas ocurridas durante pasadas dictaduras en Bolivia”1.
El Estado boliviano tampoco ha dado una respuesta eficaz en materia de reparación
integral, esto es, que incluya restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y
garantías de no repetición2. La implementación de la ley 2640 de Resarcimiento
Excepcional a Víctimas de la Violencia Política en Períodos de Gobiernos
Inconstitucionales terminó en el 2012, ocho años después de su promulgación,
excluyendo a la mayoría de personas que solicitaron ser beneficiadas por esta ley por la
imposibilidad de cumplir con requisitos y plazos muy estrictos. Esta exclusión no solo les
ha privado de la obtención de algún tipo de beneficio sino que además ha significado el
desconocimiento por parte de las autoridades de su calidad de víctimas de violaciones
de derechos humanos.
Las organizaciones peticionarias resaltamos que la consolidación de un estado de
derecho, respetuoso de las obligaciones y estándares internacionales en materia de
derechos humanos, conlleva sin duda la adopción y funcionamiento de un proceso de
verdad, justicia y reparación integral que hoy todavía no existe en Bolivia. Por tanto, es
necesario que las iniciativas y acciones que se adopten por parte del Estado se
1 CIDH. Audiencia pública celebrada en el 128 periodo ordinario de sesiones. 18 de julio de 2007.
Participantes: El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), La Asociación de Familiares de
Detenidos Desaparecidos de Bolivia (ASOFAMD), el Estado de Bolivia. Ver:
http://www.oas.org/es/cidh/audiencias/TopicsList.aspx?Lang=es&Topic=37
2 Conforme a los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de
violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del
derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, 60/147 Resolución
aprobada por la Asamblea General el 16 de diciembre de 2005, Principio IX. Reparación integral incluye
restitución, esto es, de ser posible, devolver a la víctima a la situación anterior a la violación; indemnización
de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, por
todos los perjuicios económicamente evaluables que sean consecuencia de violaciones; rehabilitación,
que ha de incluir la atención médica y psicológica, así como servicios jurídicos y sociales; satisfacción, que
puede incluir, entre otras medidas, la verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la
verdad, la búsqueda de las personas desaparecidas, una disculpa pública que incluya el reconocimiento
de los hechos y la aceptación de responsabilidades; garantías de no repetición que pueden incluir el
fortalecimiento de la independencia del poder judicial y la educación, de modo prioritario y permanente,
de todos los sectores de la sociedad respecto de los derechos humanos y del derecho internacional
humanitario y la revisión y reforma de las leyes que contribuyan a las violaciones manifiestas de las
normas internacionales de derechos humanos y a las violaciones graves del derecho humanitario o las
permitan.
2constituyan en un proceso sólido y eficaz, que responda y garantice los derechos de las
víctimas.
Asimismo, las organizaciones peticionarias presentan estos antecedentes ante esta
Comisión reconociendo su vasto trabajo y experiencia en distintos países de la región en
materia de verdad, justicia y reparación. Es bien sabido que, aunque con dificultades,
muchos países de la región han realizado avances en la búsqueda de la verdad, acciones
judiciales y medidas de reparación por las violaciones a derechos humanos cometidas
en las décadas de los sesenta, setenta y ochenta. Bolivia sigue en deuda con sus víctimas,
y es momento de que esto empiece a enmendarse.
II. Contexto: Violaciones de derechos humanos
cometidas entre 1964 - 1982
Entre 1964 y 1982 se cometieron a manos de distintos gobiernos militares y autoritarios,
graves violaciones de los derechos humanos contra miles de personas, la mayoría
opositoras de estos regímenes. Tales violaciones se practicaron de manera sistemática
y generalizada. Se han documentado crímenes contra el derecho internacional de los
derechos humanos como desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas,
ausencia de debido proceso para prisioneros políticos, ejecuciones extrajudiciales y
restricciones indebidas a la libertad de circulación y expresión.
El primer golpe militar tuvo lugar el 4 de noviembre de 1964 bajo las órdenes del general
René Barrientos Ortuño, quien a partir de 1965 compartió el poder con el general
Alfredo Ovando. Durante su gobierno las minas y poblaciones campesinas fueron
asaltadas con saldos de muertos y heridos, y se suspendió el funcionamiento de
sindicatos y partidos políticos. Asimismo, los dirigentes y activistas fueron perseguidos.
El 24 de junio de 1967 el ejército tomó por sorpresa los campamentos mineros de la
zona de Potosí dando lugar a la llamada Masacre de San Juan. Hasta el día de hoy se
desconoce el número exacto de fallecidos y personas desaparecidas. También bajo el
régimen de Barrientos-Ovando, a fines de 1966, se instaló un grupo guerrillero en
Ñancahuazú, comandado por Ernesto Che Guevara, quien fue tomado preso y luego
asesinado en octubre de 1967. Además, a fines de los sesentas se tomaron presos a
trabajadores fabriles, mineros, universitarios, periodistas y profesionales, entre otros,
de forma generalizada.
En 1970 bajo el gobierno del general Alfredo Ovando que había protagonizado otro
golpe de estado el año anterior, el Ejército asesinó a la mayoría de los 70 hombres que
conformaban la guerrilla de Teoponte –localidad cercana a la Paz. A pesar de varios
intentos por encontrar los cuerpos, muchas de las víctimas siguen desaparecidas.
Entre 1971 y 1978, el coronel Hugo Banzer se hizo con el poder tras otro golpe de estado
en agosto de 1971. Banzer apoyó y participó de la “Operación Cóndor”, un plan
concentrado entre las cúpulas de los regímenes dictatoriales de varios países de
Sudamérica con el fin de eliminar a opositores políticos y disidentes. Se calcula que más
de 70 personas desaparecieron en Bolivia y alrededor de 40 personas de nacionalidad
3boliviana habrían desaparecido en Argentina y otros países durante esa época3. El
gobierno de Banzer declaró ilegales a los partidos de izquierda, canceló el
funcionamiento de la Central Obrera Boliviana y toda organización sindical, clausuró las
universidades y envió al exilio a centenares de bolivianas y bolivianos. Se abrieron
campos de concentración en la isla de Coati (en el Lago Titicaca) y del Madidi.
El 1 de noviembre de 1979 el coronel Alberto Natusch Busch protagonizó un nuevo golpe
de estado y encabezó un régimen autoritario de 16 días. Como reacción se produjo un
levantamiento popular encabezado por la Central Obrera Boliviana que generó a su vez
una violenta represión, incluyendo la Masacre de Todos Santos.
En marzo de 1980, el cineasta y religioso jesuita, Luis Espinal fue detenido, torturado y
asesinado por un grupo de paramilitares. Este asesinato ocurrió meses antes de otro
golpe de estado militar encabezado por Luis García Meza, que detentó el poder por algo
más de un año (17 de julio de 1980 - 4 de agosto de 1981). En ese golpe de estado tuvo
lugar el asalto a las oficinas de la Central Obrera Boliviana. El líder político y ex
parlamentario Marcelo Quiroga Santa Cruz y el dirigente sindical Carlos Flores Bedregal
fueron desaparecidos. Asimismo, en este periodo se produjeron 26 desapariciones
forzadas. Sus familias siguen sin encontrar justicia plena y la búsqueda de los restos
continúa. El 15 de enero de 1981 nueve dirigentes del Movimiento de la Izquierda
Revolucionaria fueron asesinados cuando se encontraban reunidos en la calle
Harrington de la ciudad de La Paz.
Bolivia puso fin a los gobiernos militares en octubre de 1982 cuando el Parlamento
ratificó por mayoría absoluta a Hernán Siles Suazo, quien había obtenido la mayoría de
votos en las elecciones de 1980.
Los 18 años de gobiernos represivos, dejaron un saldo de miles de personas víctimas de
violaciones graves a los derechos humanos, incluidas alrededor de 150 víctimas de
desaparición forzada. Los datos estadísticos exactos, sin embargo, no se conocen. En el
año 2012 terminó un proceso de calificación llevado adelante por el Estado que arrojó
un saldo de 1.714 víctimas, a pesar de que se presentaron más de 6.200 solicitudes. El
resultado final es contestado por las víctimas y familiares, por considerar que el proceso
fue restrictivo y descartó víctimas por formalidades inexplicables en el marco del
respeto a los derechos humanos.
III. Obligaciones y recomendaciones al Estado Boliviano
Durante los últimos años, diferentes organismos de derechos humanos han emitido
informes con recomendaciones para el Estado boliviano en relación con la falta de
cumplimiento de sus obligaciones en materia de verdad, justicia y reparación por los
hechos ocurridos durante los regímenes inconstitucionales.
3 Informe sobre las desapariciones forzadas en Bolivia. Capítulo Boliviano de Derechos Humanos.
Democracia y Desarrollo y Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Mártires por la
Liberación Nacional (ASOFAMD), diciembre de 2007, pág. 24. Disponible en:
http://www.dhnet.org.br/verdade/mundo/bolivia/cv_04_bolivia_libro_asofan.pdf
4Órganos de Naciones Unidas como el Comité contra la Tortura, el Comité de Derechos
Humanos y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, esta última con
presencia en Bolivia, han expresado su preocupación por la falta de garantías para la
observancia de los derechos a la justicia, la verdad y la reparación4.
En sus últimos informes, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas ha
manifestado su preocupación sobre esta materia. En 2013 la Oficina recomendó,
específicamente, “(…) que el Gobierno y el Órgano Legislativo adopten medidas
normativas y administrativas que conduzcan a la efectiva realización de los derechos a
la verdad, justicia y reparación de todas las víctimas de violaciones de derechos humanos
durante los regímenes inconstitucionales (…)”5.
La escasa acción por parte de la autoridad explica que, en el año 2014, la Oficina tuviera
que manifestar su preocupación pues se evidenció que “(…) continúa sin conocerse el
paradero de más de 150 personas desaparecidas entre 1964 y 1982. Los procesos
penales abiertos en algunos de estos casos no progresaron, al igual que el acceso a la
información contenida en los archivos militares, dejando a los perpetradores de estos
delitos impunes”6.
Por su parte, los Comités supervisores del cumplimento de tratados, han expresado su
preocupación por la impunidad en que se encuentran los hechos ocurridos en los
regímenes inconstitucionales, vis a vis los escasos avances en las investigaciones y
enjuiciamiento de los responsables, así como la escasa colaboración por parte de las
Fuerzas Armadas en estos procesos. Esto se ha traducido en recomendaciones al Estado
para:
“(…) Garantizar que se disponga de los recursos suficientes para llevar a cabo
estas investigaciones con imparcialidad y efectividad y proceder en su caso al
enjuiciamiento de los presuntos responsables (…)”7;
4 Comité contra la Tortura de Naciones Unidas. Observaciones finales sobre el segundo informe periódico
del Estado Plurinacional de Bolivia, aprobadas por el Comité en su 50º periodo de sesiones (6 a 31 de
mayo de 2013). 14 de junio de 2013. CAT/C/BOL/CO/2. Párr. 13. Disponible en: http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/445/29/PDF/G1344529.pdf?OpenElement; Informe anual de la Alta
Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 08 de febrero de 2013.
A/HRC/22/17/Add.2. Párr. 62. Disponible en: http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/107/88/PDF/G1310788.pdf?OpenElement; Informe anual de la Alta
Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 05 de marzo de 2014.
A/HRC/25/19/Add.2. Párr. 65. Disponible en:
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/HRC/25/19/Add.2 Observaciones finales al tercer
informe periódico del Estado Plurinacional de Bolivia, Comité de Derechos Humanos. 06 de diciembre de
2013. CCPR/BOL/CO/3. Párr. 12. Disponible en:
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR/C/BOL/CO/3
&Lang=En
5 Informe anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 08 de febrero
de 2013, nota 4, recomendación I.
6 Informe anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 05 de marzo
de 2014, nota 4, párr. 67.
7 Comité contra la Tortura, nota 4, 13.a.
5“(…) Impulsar activamente las investigaciones de violaciones de derechos
humanos durante este período, para que se identifique a los responsables, se les
enjuicie y se les imponga sanciones apropiadas (…)”8;
“(…) Adoptar las medidas necesarias para facilitar el acceso a todos los archivos,
civiles y militares, que puedan contener documentación relevante para las
investigaciones en curso y para el esclarecimiento de la suerte y el paradero de
personas desaparecidas”9;
“Asegurar que las Fuerzas Armadas cooperen plenamente en las investigaciones
y proporcionen sin dilación toda la información de que dispongan”10.
De igual forma, estos organismos han manifestado su preocupación y han hecho
recomendaciones relacionadas con el proceso de búsqueda e identificación de las
personas desaparecidas, así como también con los procesos de reparación. Con relación
a este último punto, el Comité de Derechos Humanos ha manifestado preocupación
porque “el 70% de las solicitudes de resarcimiento presentadas hayan sido
desestimadas, y que la carga de la prueba hubiera sido excesivamente onerosa para las
víctimas. Lamenta además el Comité que los pagos efectuados hasta la fecha tan sólo
cubran el 20% de la cantidad otorgada, y que las únicas medidas de reparación
concedidas hayan sido económicas”11. En este sentido, se ha recomendado al Estado:
“Avanzar hacia la culminación de los trabajos de exhumación e identificación de
restos de personas desaparecidas”12;
“Revisar los criterios respecto de la carga de la prueba del hecho resarcible, de
manera que no resulte insalvable para las víctimas, y establecer un mecanismo
de apelación y revisión de las solicitudes, así como asegurar los recursos
necesarios para garantizar a las víctimas la indemnización total de las cantidades
otorgadas13;
“Garantizar plenamente el derecho a una reparación integral, que incluya una
atención y acompañamiento psicosocial y la dignificación de la memoria
histórica, como reconoce la Ley 2640. Particular atención debe ser prestada a
aspectos de género y a las víctimas en situación de vulnerabilidad”14.
Los órganos del Sistema Interamericano, por su parte, también se han referido al tema.
La propia Comisión publicó un informe sobre la situación de la administración de justicia
en Bolivia en 2007, sobre el cual se hizo un informe de seguimiento en 2009. La Corte
8 Comité de Derechos Humanos, nota 4, párr. 12.a.
9 Comité contra la tortura de Naciones Unidas, nota 4.
10 Comité de Derechos Humanos, nota 4, párr.13 c).
11 Comité de Derechos Humanos, nota 4, párr. 12. Véase también el Informe Anual de la Alta Comisionada
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, nota 4, 05 de marzo de 2014.
12 Comité contra la Tortura, nota 4, párr. 13 b).
13 Comité de Derechos Humanos, nota 4, párr. 12 c).
14 Comité de Derechos Humanos, nota 4, párr. 12 d).
6Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a su vez, se ha pronunciado sobre verdad,
justicia y reparación en Bolivia a través de fallos en casos individuales15.
En el informe del año 2007 la Comisión señaló que:
“(…) algunos de los problemas endémicos en Bolivia son la falta de acceso a la
justicia, y la ausencia de garantías de independencia e imparcialidad de algunos
sectores del Ministerio Público y del Poder Judicial. Estos son presupuestos
fundamentales de la lucha contra la impunidad como una de las obligaciones
internacionales del Estado boliviano frente a las personas sujetas a su jurisdicción
que han sido víctima de violaciones de derechos humanos.
“(…) Dada la gravedad así como su trascendencia para la sociedad boliviana, la
Comisión ha dado especial seguimiento a la forma como el Estado boliviano ha
abordado las investigaciones de lamentables hechos de violaciones de derechos
humanos, tales como las desapariciones forzadas cometidas durante los
gobiernos dictatoriales entre 1964 y 1982. (…) Las irregularidades que se han
presentado en estos casos emblemáticos permiten estructurar un panorama de
los principales obstáculos con los que se encuentran las víctimas y/o sus
familiares en su reivindicación de verdad, justicia y reparación en Bolivia (…)”16.
Y recomendó que el Estado:
“(…) Dé impulso a las investigaciones de desapariciones forzadas, represiones
policiales y militares de movilizaciones sociales y otras violaciones de derechos
humanos, utilizando todos los medios a su alcance para superar los obstáculos
que han impedido hasta el momento el establecimiento de la verdad, la
identificación de los autores materiales e intelectuales de los hechos, la
imposición de las sanciones correspondientes y la determinación de las
reparaciones a las víctimas y/o sus familiares según sea el caso (…)”17.
Posteriormente, en el informe de seguimiento del año 2009 manifestó que:
“(…) la Comisión observa que persisten las dificultades en el esclarecimiento de
los hechos debido a que las investigaciones y procesos judiciales continúan sin
mayores avances. El secreto militar continúa siendo uno de los obstáculos
principales para que avancen los juicios. (…)La Comisión resalta la importancia
15 Corte IDH. Caso Trujillo Oroza Vs. Bolivia. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de febrero de 2002.
Serie C No. 92; Caso Ticona Estrada y otros Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de
noviembre de 2008. Serie C No. 191; Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones
y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2010 Serie C No. 217. Resolución de Supervisión de
Cumplimiento de Sentencia. 14 de mayo de 2013; Caso Ticona Estrada y otros Vs. Bolivia. Resolución de
Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. 23 de febrero de 2011; Caso Trujillo Oroza Vs. Bolivia.
Resolución de Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. 16 de noviembre de 2009.
16 CIDH, Informe Acceso a la Justicia e Inclusión Social: El Camino hacia el Fortalecimiento de la Democracia
en Bolivia. 28 de junio de 2007. Párr. 146 y 147. Disponible en:
http://www.cidh.org/countryrep/Bolivia2007sp/Bolivia07indice.sp.htm.
17 CIDH Informe, nota 16, párr. 174 numeral 10.
7del acceso a los archivos para lograr la reparación integral y el esclarecimiento
de las violaciones de derechos humanos del pasado”18.
“(…) Dé impulso a las investigaciones de desapariciones forzadas, (…) y otras
violaciones de derechos humanos, utilizando todos los medios a su alcance para
superar los obstáculos que han impedido hasta el momento el establecimiento
de la verdad, la identificación de los autores materiales e intelectuales de los
hechos, la imposición de las sanciones correspondientes y la determinación de las
reparaciones a las víctimas y/o sus familiares según sea el caso (…)”19.
IV. Respeto y garantía efectiva de los derechos humanos
Bajo el amparo y vigencia de estas observaciones y recomendaciones y de los estándares
y obligaciones internacionales de derechos humanos, nos permitimos a continuación
señalar la situación actual y algunos de los problemas que existen en Bolivia, para el
cumplimiento efectivo de las obligaciones internacionales en materia de justicia, verdad
y reparación de los hechos ocurridos en los regímenes militares.
a. Falta de investigación y sanción de los responsables
Uno de los principales obstáculos que las víctimas y familiares han enfrentado al
momento de buscar remedio por las violaciones a derechos humanos del pasado, es la
inacción del sistema judicial para dar una respuesta integral a la obligación de investigar,
sancionar y condenar a los responsables dejando, en definitiva, la mayoría de estos
crímenes en la impunidad.
En octubre de 1982, bajo el Gobierno de Hernán Siles Zuazo, la Comisión Nacional de
Investigación de Ciudadanos Desaparecidos Forzados impulsó la búsqueda de las
personas desaparecidas, el esclarecimiento de los hechos y adelantar investigaciones
para la sanción de los presuntos responsables. Sin embargo, este primer intento, no
generó ningún resultado que derivara en una política o acciones efectivas en materia de
justicia.
Con posterioridad, en 1986 se inició el juicio de responsabilidades contra el ex
presidente Luis García Meza y sus colaboradores por varios crímenes –incluidas
violaciones de los derechos humanos – durante su mandato (1980-1981) que derivó en
una sentencia condenatoria de la Corte Suprema de Justicia en abril de 199320.
Pero a pesar de esta histórica e importante sentencia contra la impunidad, con
posterioridad, las acciones en materia de justicia han sido insuficientes para responder
18 CIDH, Informe de Seguimiento al Informe Acceso a la Justicia e Inclusión Social: El Camino hacia el
Fortalecimiento de la Democracia en Bolivia. 07 de agosto de 2009. Párr. 92. Disponible en:
http://www.cidh.org/annualrep/2009sp/Cap.V.Indice.htm
19 CIDH Informe, nota 18, párr. 247.
20 El juicio terminó con la condena a 46 autoridades, incluyendo ex ministros y miembros de grupos
paramilitares por delitos que iban desde apropiación indebida de fondos hasta asesinato en masa. En
1995 García Meza fue detenido en Brasil y extraditado a Bolivia para cumplir con una sentencia de 30
años de cárcel.
8a la mayoría de las violaciones de derechos humanos cometidas en otros periodos
militares entre 1964 y 1982. Además, muchos de los familiares de las personas
desaparecidas durante el gobierno de García Meza siguen sin saber de la suerte y el
paradero de sus seres queridos. Situación que se agrava con el paso de los años.
La Corte Interamericana ha determinado en varias ocasiones que la obligación de
investigar violaciones de derechos humanos es una de las medidas positivas que deben
adoptar los Estados para garantizar los derechos reconocidos en la Convención 21; y ha
reiterado que: “(…) el deber de investigar es una obligación de medios y no de resultado,
que debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple
formalidad condenada de antemano a ser infructuosa, o como una mera gestión de
intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas, de sus
familiares o de la aportación privada de elementos probatorios” 22.
Ha destacado la Corte IDH, que la obligación de los Estados de investigar y sancionar a
los responsables por hechos de graves violaciones de derechos humanos, tales como la
tortura, detenciones arbitrarias, desaparición forzada, “adquiere particular importancia
ante la gravedad de los delitos cometidos y la naturaleza de los derechos lesionados”23,
y en casos de desaparición forzada ha señalado que, “su correlativo deber de investigar
y sancionar a sus responsables ha alcanzado desde hace mucho carácter de jus
cogens”24.
El derecho de acceso a la justicia obliga que el Estado haga todo lo necesario para
esclarecer lo sucedido y juzgar y sancionar a los individuos responsables25. En tal sentido,
los estándares internacionales indican que una vez que un Estado tenga conocimiento
de una violación de derechos humanos, se encuentra obligado a iniciar ex officio y sin
21 Corte IDH. Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011. Serie
C No. 221. Párr. 184; Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) Vs. Brasil. Excepciones
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C No. 219. párr.
138; Caso Rosendo Cantú y otras. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia
de 31 de agosto de 2010 Serie C No. 216, párr. 175; Caso Velásquez Rodríguez Vs Honduras. Fondo.
Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4.párr. 167.
22 Corte IDH. Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011. Serie
C No. 221. Párr. 184; Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia), párr. 138; Caso Rosendo Cantú y
otra, párr. 175; Caso Velásquez Rodríguez. Fondo, párr. 177.
23 Corte IDH. Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011. Serie
C No. 221. Párr. 183; Corte IDH. Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) Vs. Brasil. Excepciones
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C No. 219. Párr.
137; Corte IDH. Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de
septiembre de 2006. Serie C No. 153. Párr. 84.
24 Corte IDH. Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011. Serie
C No. 221. Párr. 183; Corte IDH. Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) Vs. Brasil. Excepciones
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C No. 219. Párr.
137; Corte IDH. Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de
1 de septiembre de 2010. Serie C No. 217. Párr. 197; Corte IDH. Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay. Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2006. Serie C No. 153. Párr. 84.
25 Corte IDH. Caso Espinoza González Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 20 de noviembre de 2014. Serie C No. 289. Párr. 237; Corte IDH. Caso Bulacio Vs. Argentina.
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 de Septiembre de 2003. Serie C No. 100. Párr. 114; Corte
IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4. Párr.
176.
9demora la investigación26, y que esta debe ser “seria, imparcial y efectiva”27. El Estado
debe aportar todos los recursos logísticos y científicos necesarios para una investigación
eficaz, incluso la documentación e información pertinente 28. La investigación debe ser
orientada a la eventual determinación de la verdad y la condena de todos los
involucrados en el crimen29.
En relación con Bolivia, para las organizaciones peticionarias de esta audiencia son pocas
las investigaciones penales que han progresado por los hechos ocurridos en los
regímenes militares, y aquellas que se han realizado han sido excesivamente demoradas
en el tiempo, y sin un plan y diseño de investigación que derive en la sanción y condena
de todos los responsables, tanto materiales como intelectuales. Asimismo, las pruebas
aportadas, en algunos casos, se han traspapelado.
Recién en agosto del 2012 y en el marco de acciones para esclarecer las desapariciones
forzadas el gobierno informó a Amnistía Internacional de la aprobación de una
estrategia para el desarrollo de acciones penales con el objetivo de identificar a los
autores de estos crímenes estableciendo cuatro grupos de acciones correspondientes a
violaciones cometidas durante los gobiernos de Barrientos, Ovando, Banzer y García
Meza (ver labor del CIEDEF, pág. 12)30.
Al día de hoy, marzo de 2015, se desconocen avances significativos para dar con los
presuntos responsables de las violaciones de derechos humanos como resultado de
estas líneas de trabajo.
Una de las cuestiones que dificulta el avance de las investigaciones en materia de
desaparición forzada es que no hay protocolos de investigación para este tipo de delitos,
así como tampoco fiscales especializados31. En otras palabras, no hay una política
26 Corte IDH. Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 31 de agosto de 2010 Serie C No. 216. Párr. 175; Caso Ibsen cárdenas e Ibsen Peña vs Bolivia.
Fondo, reparaciones y costas. Sentencia 1 de septiembre de 2010. Párr. 65; Caso González y otras (“Campo
Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de
noviembre de 2009. Serie C No. 205. Párr. 290.
27 Corte IDH. Caso Espinoza González Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 20 de noviembre de 2014. Serie C No. 289. Párr. 238; Corte IDH. Caso Chitay Nech y otros
Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de
2010. Serie C No. 212. Párr. 92.
28 Corte IDH. Caso Tiu Tojín Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre
de 2008. Serie C No. 190. Párr. 77.
29 Corte IDH. Caso Espinoza González Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 20 de noviembre de 2014. Serie C No. 289. Párr. 238; Corte IDH. Caso Myrna Mack Chang
Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2003. Serie C No. 101.
Párr. 217.
30 Las acciones fueron acordadas por el Consejo Interinstitucional para el Esclarecimiento de las
Desapariciones Forzadas (CIEDEF). Comunicación enviada por Dra. Cecilia L. Ayllón Quinteros (Ministra de
Justicia) a Amnistía Internacional. Nota MJ-DESP-Nº 1143/2012, del 11 de octubre de 2012; en respuesta
a la nota de la organización, AMR 18/2012.35, del 27 de junio de 2012.
31 En la Paz sólo hay 3 Fiscales que conocen esos procesos, sin dedicación exclusiva, ni especialización en
los temas. Reunión de Amnistía Internacional y CEJIL con representante de la Fiscalía de La Paz, enero de
2015.
10institucional, dirigida a garantizar el acceso a la justicia, lo que deriva en el
esclarecimiento de los hechos, y la sanción de los responsables.
La realidad compleja y lenta de la administración de justicia en procesos relacionados
con casos de desapariciones forzadas, se hace aún más evidente cuando se trata de
casos de tortura o detenciones arbitrarias, donde lisa y llanamente no se han iniciado
prácticamente procesos judiciales. En este sentido, las organizaciones queremos llamar
la atención de la Comisión respecto de la falta de investigaciones penales de oficio tal y
como exigen las normas internacionales de derechos humanos en casos de tortura32. A
la fecha no hay ningún registro que hechos de esta naturaleza estén siendo investigados
por las autoridades competentes sin perjuicio de que, como resultado del proceso de
calificación de víctimas que terminara en el año 2012, se hubiera identificado a 470
personas víctimas de detención arbitraria con la agravante de tortura 33.
b. Falencias en el proceso de búsqueda e identificación de
personas desaparecidas
En julio de 2007 dos de las organizaciones peticionarias de este Audiencia, ASOFAMD y
CEJIL, denunciaron ante esta Comisión los problemas existentes en Bolivia en relación al
cumplimiento de las obligaciones internacionales para la investigación, búsqueda e
identificación de las personas desaparecidas. Hoy, pasados más de 6 años de aquella
audiencia, nos enfrentamos a los mismos problemas, porque no hay avances
sustantivos, ni una política definida sobre el tema.
Desde el retorno a la democracia, ha habido algunas iniciativas para la búsqueda de los
desaparecidos:
b.1) Comisión Nacional de Investigación de Ciudadanos Desparecidos Forzosos
En el año 1982, la creación de la Comisión Nacional de Investigación de Ciudadanos
Desaparecidos Forzosos, el primero de esa índole en América Latina, tenía por objeto
analizar, e investigar las desapariciones forzadas en Bolivia34. De acuerdo con la
información que tiene ASOFAMD en su informe de 2007 respecto del trabajo de esta
Comisión, la Comisión logró establecer que durante los gobiernos dictatoriales se
produjeron aproximadamente 150 desapariciones forzadas, entre noviembre de 1964 a
octubre de 198235. Sin embargo las labores de esta comisión no prosperaron por falta
de presupuesto.
32 La Corte IDH ha señalado que en casos de tortura, “los Estados partes garantizarán que sus respectivas
autoridades procederán de oficio y de inmediato a realizar una investigación sobre el caso y a iniciar,
cuando corresponda, el respectivo proceso penal”. Caso Espinoza González Vs. Perú. Excepciones
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2014. Serie C No. 289. Párr.
239.
33 Carta enviada por el Ministerio de Justicia a Amnistía Internacional con fecha 26 de julio de 2013, MJ-D
E S P - N° 0920/201.
34 Decreto Supremo Nº 19241, del 28 de octubre de 1982.
35 Ibid, Informe ASOFAMD, nota 3, pág. 24. De acuerdo a los datos de este informe, hubo cuatro
desapariciones forzadas en el periodo del general Barrientos, 6 con el golpe de estado de Natush mientras
que durante el gobierno de Banzer se calcula que hubo 33 personas de nacionalidad boliviana victimas
desapariciones forzadas, 33 de nacionalidad argentina y 8 de nacionalidad chilena. El informe también
11b.2) Comisión para la búsqueda de los restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz
En 1997 hubo otro intento importante. Se creó una comisión especial que tenía como
objetivo la búsqueda de los restos del líder del partido socialista de Bolivia Marcelo
Quiroga Santa Cruz, asesinado y desaparecido el 17 de julio de 1980 durante el golpe de
estado militar de Luis García Meza. Esta comisión no pudo avanzar porque en 1997 fue
designado por acuerdo de una mega coalición como presidente de la república el ex
presidente Hugo Banzer Suárez. Reaccionando a la falta de voluntad política para seguir
adelante con el trabajo de la comisión bajo este gobierno, la comisión mandó lo que
había avanzado a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados para
continuar con los esfuerzos36. A la fecha no se han encontrado los restos de Marcelo
Quiroga Santa Cruz ni del dirigente político Carlos Flores Bedregal quien también fue
asesinado y desaparecido en el mismo lugar37.
b.3) Consejo Interinstitucional para el Esclarecimiento de las Desapariciones
Forzadas (CIEDEF)
En el año 2003 se creó mediante el Decreto Supremo Nº 27089, del 18 de junio de 2003,
el CIEDEF. Sin embargo, su rol y acciones no han generado diferencias sustanciales en
relación al proceso de búsqueda, identificación y entrega de los restos de las personas
desaparecidas.
El trabajo de este organismo no ha sido lo suficientemente efectivo como para generar
los resultados deseados y necesarios. Algunas de las falencias que se presentaron desde
el inicio de su mandato son la falta de compromiso por parte de los representantes del
Estado, quienes no cumplen sus funciones y no asisten a las reuniones, y los cambios
constantes en los representantes del Ministerio de Justicia. Desde el inicio, se denunció
que no eran aprobadas ni entregadas las actas de trabajo; y no se daba seguimiento al
cumplimiento de los acuerdos asumidos en las pocas reuniones realizadas 38. En
conclusión, durante los primeros años la gestión del CIEDEF no cumplió con los Planes
de Trabajo iniciales, ni desarrolló acciones concretas ni sostenibles en el tiempo39, y ello
generó desconfianza y la imposibilidad de avanzar de manera concreta y efectiva.
Como consecuencia de la falta de acciones y resultados concretos, en febrero de 2012,
el CIEDEF se planteó una nueva estrategia para la investigación y esclarecimiento de los
reporta la desaparición de 44 personas pertenecientes a la guerrilla de Teoponte de los años 70 y 26 casos
más de desaparición forzada durante el gobierno de Luis García Mesa.
36 Ibid, Informe ASOFAMD, nota 3, pág. 26.
37 Amnistía Internacional, “No me borren de la historia”: Verdad, justicia y reparación en Bolivia (1964-
1982), marzo de 2014, AMR 18/002/2014, págs. 10, 12.:
https://www.amnesty.org/download/Documents/4000/amr180022014es.pdf Véase por ejemplo, La
Razón, “Cristina Quiroga y la justicia pendiente” (2 de enero de 2015), http://www.la-
razon.com/suplementos/la_gaceta_juridica/Cristina-Quiroga-justicia-pendiente_0_2190381057.html
38 Ibid, Informe ASOFAMD, nota 3, pág. 31. CF.
39 Informe de Gestión del Consejo Interinstitucional para el Esclarecimiento de las desapariciones
forzadas. CIEDEF. Septiembre-diciembre de 2005; Plan de Trabajo del Consejo.
12casos de desapariciones forzadas40. Entre los componentes de esta nueva estrategia se
encontraba: la identificación de restos de las víctimas, el desarrollo de acciones penales
para identificar y sancionar a los responsables con un nuevo abordaje para la
investigación integral de estos casos, a partir de la división en los cuatro periodos
definidos (gobierno de Barrientos, de Ovando, de Banzer y de García Meza)41, y la
comunicación de un borrador del convenio entre el Instituto de Investigaciones
Antropológicas y Arqueológicas de la Universidad Mayor de San Andrés y el Ministerio
Público42.
Respecto del trabajo sobre víctimas de desaparición forzado, lo primero, en mayo de
2012 el Ministerio de Justicia habría solicitado al Ministerio Público realizar acciones con
respecto a 32 restos óseos encontrados en una plaza en la ciudad de La Paz 43. Por otro
lado, según información que representantes del CIEDEF entregaron a Amnistía
Internacional, a junio de 2012 se habrían identificado los restos de 17 individuos,
principalmente de los años 70s44. A la fecha, los restos de 12 personas relacionadas con
la causa de Teoponte, han sido entregados a sus familiares45; sin embargo, en ningún
caso, los hallazgos fueron acompañados de investigaciones para establecer los
presuntos responsables de los asesinatos. Las organizaciones solicitantes estiman que
una manera de avanzar en la búsqueda e identificación de las personas desaparecidas
es que el Estado haga disponible la información exacta de cuántos cuerpos se han
encontrados, dónde han sido encontrados, cuántos han sido identificados y cuántos se
han entregado a sus familiares.
Sin embargo, y según la investigación realizada por Amnistía Internacional, a pesar de
haberse encontrado los restos y de practicarse análisis de ADN, no ha sido posible
identificar su identidad por no existir una base completa de ADN con que cotejarlos.
Por otra parte, no ha sido factible determinar la causa de muerte pues las pruebas y
análisis necesarios no están disponibles46. Fiscales a cargo de las investigaciones en
curso, que también han participado de la entrega de algunos restos humanos
confirmaron esta información, indicando que no existe la tecnología disponible en
40 Ministerio de Justicia, “El CIEDEF aprueba la estrategia para la investigación y esclarecimiento de casos
de desaparición forzada” (10 de agosto de 2012), http://www.justicia.gob.bo/index.php/noticias/notas-
de-prensa/815-el-ciedef-aprueba-la-estrategia-para-la-investigacion-y-esclarecimiento-de-casos-de-
desaparicion-forzada.
41 Amnistía Internacional, nota 37, pág. 10. Véase también: Carta enviada por el Ministerio de Justicia a
Amnistía Internacional (MJ-DESP-No 1143/2012) el 11 de octubre de 2012; Reunión de Amnistía
Internacional con Fiscal de Materia Dr. Iván Montellanos, noviembre de 2013; Ministerio de Justicia, “El
CIEDEF aprueba la estrategia para la investigación y esclarecimiento de casos de desaparición forzada”
(10 de agosto de 2012), http://www.justicia.gob.bo/index.php/noticias/notas-de-prensa/815-el-ciedef-
aprueba-la-estrategia-para-la-investigacion-y-esclarecimiento-de-casos-de-desaparicion-forzada
42 Comunicación enviada por Dra. Cecilia L. Ayllón Quinteros (Ministra de Justicia) a Amnistía
Internacional. Nota MJ-DESP-Nº 1143/2012, del 11 de octubre de 2012.
43 Ibid.
44 Amnistía Internacional, nota 37, pág. 6–7.
45 Reunión de Amnistía Internacional y CEJIL con representante de la Fiscalía de La Paz, enero de 2015.
46 Amnistía Internacional, nota 37 pág. 7; Bolivia en Conferencia CNIDH. Septiembre de 2013. Pág. 6.
Disponible en: http://www.icrcproject.org/app/2013-09-dih-conferencia/video/pdf/02modulo-
1/Informe%20Bolivia%20Conferencia%20ComNac%20CR%202013.pdf.
13Bolivia para conocer la causa de las muertes. Además, siguen sin llevarse a cabo
investigaciones para determinar la autoría de los hechos.
En el contexto de las muertes de Teoponte, en 2014, se identificaron otros lugares
donde se estima hay fosas comunes. Estas zonas fueron cercadas pero hasta la fecha no
ha sido posible hacer excavaciones por razones climáticas47. Cabe señalar que solamente
se ha priorizado el caso de Teoponte dónde existía mayor información.
Respecto del trabajo con la Universidad, lo segundo, en octubre de 2013 se firmó un
convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Justicia, la Fiscalía General del Estado
y el Instituto de Investigaciones de Antropología y Arqueología de la Universidad Mayor
de San Andrés para avanzar la cooperación en casos de desapariciones forzadas 48. El
convenio tiene por objeto “Coordinar acciones conjuntas ente el Ministerio de justicia,
la Fiscalía, (IDIF) y la UMSA-IIAA, en las investigaciones sobre casos de desapariciones
forzadas ocurridas entre el 04 de noviembre de 1964 al 10 de octubre de 1982 a través
de incursiones de campo, recuperación de restos en los lugares de probable entierro e
identificación de los mismos y toda acción correspondiente”. Pese a ello, once meses
después de la firma del convenio, el único avance que ha habido es la identificación y
cercado de zonas, en Teoponte, donde posiblemente podría haber restos.
Una de las limitaciones de este convenio es que fue concebido por un plazo de dos años
lo cual implica que terminaría a finales de 2015 sin que hasta la fecha haya avances
sustantivos. También preocupa que este Convenio no se haya coordinado ni trabajado
con familiares de víctimas y organizaciones como ASOFAMD. Otro elemento de
preocupación es que el presupuesto de este proyecto proviene exclusivamente de
fondos proporcionados por la universidad lo cual evidencia revela la falta inversión y por
ende, voluntad política de parte de las autoridades para avanzar en este proyecto49.
Por su parte, el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), que tiene como objetivo
realizar los estudios científicos-técnicos y de laboratorio requeridos para la investigación
de los delitos encomendados por orden judicial y/o requerimiento fiscal50, y que según
señala la ley es el brazo operativo de la Fiscalía para esto, tiene falencias graves que
dificultan la realización de su labor51.
47 Reunión de Amnistía Internacional y CEJIL con ex directora del Instituto de Investigaciones
Antropológicas, UMSA, Lic. Claudia Vincenty, enero de 2015.
48 Amnistía Internacional, nota 37, pág. 7; Revolución 3.0 Bolivia, “Firman convenio para investigar casos
de desapariciones forzadas durante gobiernos dictatoriales” (15 de febrero de 2014),
http://boliviatrespuntocero.com/firman-convenio-para-investigar-casos-de-desapariciones-forzadas-
durante-gobiernos-dictatoriales/.
49 Entrevista de Amnistía Internacional y CEJIL con Lic. Claudia Vincenty, enero de 2015.
50 Ley Nº 260, Ley Orgánica del Ministerio Público y la Ley Nº 1960, Código de Procedimiento Penal.
51 Reunión de Amnistía Internacional y CEJIL con ex directora del Instituto de Investigaciones
Antropológicas, UMSA, Lic. Claudia Vincenty, enero de 2015.
14Otra preocupación en la búsqueda e identificación de los cuerpos es la falta de
profesionales de distintas disciplinas, lo que impide tener un enfoque holístico y amplio
de las investigaciones e identificación de los restos52.
b.4) Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF)
En el año 2007 el Estado boliviano firmó un acuerdo con el Estado argentino en el marco
del Fondo Argentino de Cooperación Horizontal de la Dirección de Cooperación Bilateral
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, por una
solicitud de asistencia técnica presentada por el CIEDEF y ASOFAMD.
En el marco de este trabajo de cooperación, se acordó que el EAAF prestara apoyo en el
proceso de investigación y esclarecimiento de los casos de desaparición forzada en los
períodos militares en Bolivia. El proyecto comprendía lo siguiente: i) la recuperación de
los restos de las personas desaparecidas para ser devueltos a sus familiares; ii) la
recolección de evidencias para el esclarecimiento de las desapariciones forzadas; iii) el
establecimiento de comunicación y el otorgamiento de asistencia social y psicológica a
los familiares; iv) la creación del archivo nacional de la memoria histórica sobre
desapariciones forzadas y mártires de la liberación nacional; y v) la generación de una
conciencia colectiva contra las dictaduras y a favor del desarrollo democrático. Las
actividades se realizaron hasta el año 2012 y comprendieron:
Exhumación y análisis antropológico de restos óseos del Mausoleo de ASOFAMD,
correspondiente a aproximadamente 20 víctimas de desaparición forzada,
aunque ello no derivó en la identificación y restitución efectiva de los restos. Uno
de los problemas que han identificado las organizaciones peticionarias, es que
no ha sido posible recolectar el ADN de todos los familiares.
La búsqueda y exhumación de restos de los miembros de la guerrilla de Teoponte
–zona cercana a La Paz– víctimas de desaparición forzada en 1970.
Algunas de las conclusiones a las que llegó el EAAF, es que dentro del proceso de
búsqueda, identificación y entrega de restos de las personas desaparecidas debe haber
un trabajo previo de documentación e investigación de los hechos, y ello no se ha hecho
en Bolivia. La información es insuficiente y ello impide avanzar en el proceso de
búsqueda e identificación53. Otros problemas que impidieron al EAAF avanzar fueron el
cambio constante de personas tanto en el Ministerio de Justicia, como en el IDIF, y la
falta de operatividad y articulación del CIEDEF.
De acuerdo con la información suministrada por el EAAF, hay dificultad en la gestión
estatal que impide la implementación sostenida de un plan de trabajo que incluya
acceso a la información, capacitación y fortalecimiento de las instituciones del Estado.
52 Reunión de Amnistía Internacional y CEJIL con ex directora del Instituto de Investigaciones
Antropológicas, UMSA, Lic. Claudia Vincenty, enero de 2015; Reunión de CEJIL con representantes de
EAAF, febrero 2015.
53 Reunión CEJIL con representante de EAAF, febrero 2015.
15También puede leer
