ESPAÑA - Amnesty International

ESPAÑA
  Resumen de los motivos de preocupación de
           Amnistía Internacional:
           enero - octubre de 1997

Este documento es una versión actualizada del capítulo dedicado a España
en Preocupaciones en Europa: Enero - Junio de 1997 (Índice AI: EUR
01/06/97/s).

Torturas y malos tratos atribuidos a funcionarios encargados de hacer
cumplir la ley

De acuerdo con declaraciones formuladas por el joven de 17 años Iván González Polanco y
por su hermano Daniel, Iván González se desplazaba en su motocicleta Vespino por el centro
de Badajoz, el 15 de enero por la tarde, cuando un agente de la Policía Local le hizo señales
de que se detuviera. Iván comenzó a frenar y apagó el motor, dirigiéndose lentamente hacia
donde se encontraba el policía. Entonces éste, reprendiéndole por no haberse detenido por
completo, le dio un empujón y lo tiró al suelo. Tras un altercado, el agente lo metió a
empujones en un vehículo policial donde, al parecer, lo golpearon y le partieron la nariz. Iván
fue escoltado hasta el Hospital Provincial y, más tarde, al Hospital Regional, donde él y sus
familiares fueron informados de que las heridas eran graves y requerían una intervención
quirúrgica urgente. El hospital emitió un informe médico que confirmaba que Iván González
tenía fracturada la nariz y el tabique nasal desviado hacia el lado izquierdo de la cara. A
continuación, lo trasladaron a una comisaría de policía, donde permaneció recluido toda la
noche.
         Según la versión de la policía, Iván González conducía con demasiada velocidad y
habría resultado herido al chocar contra el brazo del agente, extendido en señal de “alto”,
colisión en la que también habría sufrido lesiones este último. Sin embargo, según los
informes, dos testigos presenciales independientes declararon que los hechos no se habían
desarrollado de esta manera y que Iván González no mostraba herida alguna antes de subir al
vehículo.
         Los familiares de Iván González afirmaron que, mientras éste permanecía detenido en
la comisaría, intentaron infructuosamente presentar una denuncia formal contra el agente en
cuestión. También se les denegó la petición de que el agente y su colega fueran sometidos a la
prueba de la alcoholemia. Los familiares se vieron obligados a presentar su denuncia ante un
juzgado, lo que hicieron el día 17 de enero. Para entonces, el agente de policía ya había
presentado, al parecer, su propia denuncia contra Iván González por las lesiones que decía
haber recibido como consecuencia de la presunta colisión.

Amnistía Internacional, noviembre de 1997                             Índice AI: EUR 41/07/97/s

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         Amnistía Internacional instó a que se iniciara con prontitud una investigación
exhaustiva de las denuncias formuladas por Iván González y su familia, así como de la
denuncia presentada por el agente de policía.
         La organización solicitó información a las autoridades sobre las presuntas torturas
sufridas por Fernando Elejalde Tapia en el transcurso de un interrogatorio. El 11 de marzo,
dos miembros del grupo armado vasco Euskadi Ta Askatasuna (ETA, Patria Vasca y
Libertad), dieron muerte a Javier Gómez Elósegui, psicólogo de la prisión vasca de
Martutene, en San Sebastián (véase más abajo el apartado Abusos contra los derechos
humanos cometidos por el grupo armado vasco ETA). Tras una breve persecución, tres
oficiales del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron a Fernando Elejalde Tapia, autor del
disparo que causó la muerte a Javier Gómez Elósegui. El detenido fue trasladado a una
comisaría para ser sometido a interrogatorio, y quedó recluido allí en aplicación de la
legislación antiterrorista, que permite prolongar la detención en régimen de incomunicación
hasta un máximo de cinco días.
         El 13 de marzo, dos días después de su detención, la policía trasladó a Fernando
Elejalde al hospital de Nuestra Señora de Aránzazu. Tenía un tímpano perforado, cuatro
vértebras rotas, hematomas por todo el cuerpo, los ojos amoratados, una disfunción renal y se
encontraba en estado de semiinconsciencia. Amnistía Internacional expresó su preocupación
por que las lesiones de Fernando Elejalde pudieran ser el resultado de torturas sufridas
durante el interrogatorio policial, y pidió que se abriera una investigación judicial exhaustiva
y que los resultados de ésta se hicieran públicos sin dilación.
         Una investigación ordenada por el Ministerio del Interior concluyó que,
contrariamente a las declaraciones de Fernando Elejalde, no le habían infligido ni torturas ni
malos tratos mientras permaneció bajo custodia policial, y que sus lesiones habían sido el
resultado de una colisión contra un vehículo durante la persecución, así como de las
circunstancias en las que se produjo su detención, a la que se había resistido violentamente.
No obstante, el ministro del Interior aceptó la dimisión del gobernador civil y destituyó al
comisario jefe de policía de San Sebastián por no informar al gobierno de que Fernando
Elejalde había resultado gravemente herido en el transcurso de su detención, y por no
asegurarse de que Fernando Elejalde era trasladado al hospital sin retraso. En San Sebastián
se inició una investigación judicial en relación con las denuncias de torturas, investigación
que seguía en curso en el mes de junio.
         La organización vio también con inquietud las denuncias efectuadas por Mamadou
Kané, quien afirmaba haber recibido malos tratos e insultos racistas por parte de agentes de la
Policía Local el 16 de marzo en Vigo (Galicia). Mamadou Kané, un senegalés que reside en
España desde hace unos diez años y que se gana la vida como vendedor ambulante, fue
detenido en la playa de Samil después de que dos agentes le pidieran sus documentos de
identidad. Según Mamadou Kané, él respondió que tenía consigo un permiso de residencia en
regla, pero no llevaba pasaporte ni carnet de identidad. Se llamó entonces a un vehículo
patrulla, en el que llegaron otros dos agentes. Los policías dijeron a Mamadou Kané que lo
iban a trasladar a una comisaría de Vigo para comprobar su identidad. Dentro del vehículo,
fue colocado en el asiento trasero entre los dos agentes que habían llegado en primer lugar,
pero, en lugar de dirigirse a la comisaría, el vehículo tomó una ruta que salía de la ciudad,
hacia una zona cercana a la Universidad de Vigo, en Marcosende. Mamadou Kané declara

Índice AI: EUR 41/07/97/s                              Amnistía Internacional, noviembre de 1997

España: Motivos de preocupación, enero - octubre de 1997                                     3

que en aquel momento empezó a temer por su vida. Los dos agentes entre los que estaba
sentado comenzaron a golpearle, mientras los otros dos le gritaban insultos tales como
«¡Negro de mierda!» y «Vosotros sois una mierda. El gobierno español tiene toda la culpa
por dejaros entrar en el país. Marchaos para vuestro país y mataos entre vuestras tribus».
Según Mamadou Kané, en un determinado momento los agentes amenazaron con matarle.
También le amenazaron con hacer que lo expulsaran de España si insistía en ir a la comisaría
de policía y formular una denuncia contra ellos. Él, no obstante, insistió y, alrededor de las
7:15 de la tarde, acompañado de los agentes, llegó a la Comisaría de López Mora, donde
presentó una denuncia. Fue sometido a un reconocimiento médico en el Hospital Xeral-Ciés
donde, según los informes, no encontraron señales externas de que hubiera sido golpeado. Sin
embargo, parece que el informe médico señalaba que sufría dolores en el lado izquierdo y en
el pecho, y dolores agudos en la cabeza.
        La Policía Local negó que Mamadou Kané hubiera sido llevado a dar el “paseíllo”
(véase más adelante el penúltimo párrafo sobre este caso) a un lugar cercano a la Universidad,
y negó que hubiera sido golpeado e insultado. Sostenían que Mamadou Kané había sido
detenido, no a las 5:30 de la tarde, como él declaraba, sino hacia las 6:45, y que había sido
llevado directamente a la comisaría. Un concejal de la ciudad de Vigo, el responsable de
Tráfico y Seguridad Ciudadana, declaró que se iba a presentar una demanda por difamación
contra Mamadou Kané por hacer falsas acusaciones contra la policía, pero aparentemente
dicha demanda se retiró cuando, en los días posteriores al incidente, se presentaron hasta 14
testigos oculares (tres ciudadanos senegaleses y 11 españoles) que confirmaron que,
efectivamente, Mamadou Kané había sido detenido a las 5:30 de la tarde. Según los informes,
otros cuatro testigos presenciales habían visto a un hombre negro y a cuatro agentes de policía
en un vehículo patrulla por un camino cercano al recinto de la Universidad.
        El Defensor del Pueblo inició una investigación sobre el caso; se abrió también una
investigación judicial. Los agentes, que permanecían en activo y continuaban negando haber
actuado incorrectamente, fueron acusados de detención ilegal, abusos y malos tratos. El fiscal
pidió para ellos una condena de hasta tres años de cárcel más ocho años de inhabilitación
absoluta para desempeñar cargos públicos, además de una multa. Debido a la gravedad de los
cargos, el juicio de los agentes de policía se asignó a la Audiencia Provincial de Pontevedra.
        Según declaraciones hechas por el Centro de Información para Trabajadores
Extranjeros (CITE) en un artículo publicado el 19 de marzo de 1997 en el periódico Faro de
Vigo, que dedicó un amplio espacio al caso, el “paseíllo del 092” designa una práctica
corriente entre algunos agentes de policía de la zona. Dice el CITE que varios
inmigrantes senegaleses que trabajan como vendedores ambulantes en la zona han sido
llevados por patrullas de la policía a lugares alejados de la ciudad hasta 30 kilómetros, en
lugar de a una comisaría, y han sido abandonados allí, pero están demasiado asustados
para presentar denuncias contra la policía. Mientras tanto, Amnistía Internacional sigue
intentando conseguir información sobre cómo evoluciona la investigación en el caso de la
denuncia de malos tratos presentada contra la policía municipal por Sallam Essabah, un
inmigrante marroquí que trabaja en Orihuela, provincia de Alicante, el cual declaró que
lo habían llevado a una zona desierta en las afueras de la ciudad y que allí lo habían

Amnistía Internacional, noviembre de 1997                             Índice AI: EUR 41/07/97/s

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golpeado y abandonado. Fue atendido en el hospital por numerosas lesiones en el
estómago, el pecho y la región lumbar.1
        Amnistía Internacional está investigando otros casos de presuntos malos tratos
por parte de la Policía Local en la zona de Vigo.

Juicios por tortura contra funcionarios encargados de hacer cumplir la
ley

En el mes de marzo, un tribunal de Madrid sentenció a cuatro agentes de la Policía Nacional a
una pena de tres meses de cárcel y a un año de suspensión del servicio por torturar a Enrique
Erreguerena en septiembre de 1982. Enrique Erreguerena deberá recibir una compensación
de un millón de pesetas. Los agentes quedaron absueltos de los cargos de detener ilegalmente
a la víctima y de negarle el ejercicio de sus derechos.

        1
              Véase Amnistía Internacional: Preocupaciones en Europa, Enero - Junio de 1996
(Índice AI: EUR 01/02/96/s).

Índice AI: EUR 41/07/97/s                             Amnistía Internacional, noviembre de 1997

España: Motivos de preocupación, enero - octubre de 1997                                       5

         Enrique Erreguerena fue detenido en relación con unas investigaciones sobre
actividades de ETA, y permaneció recluido en régimen de incomunicación durante 10 días en
Pamplona y Madrid, en aplicación de la legislación antiterrorista en vigor en el año 1982.
Cuando compareció ante la Audiencia Nacional en octubre de 1982, el juez ordenó que lo
trasladaran inmediatamente al hospital. Más tarde, Enrique se quejó de que lo habían
golpeado, lo habían sumergido en una bañera hasta casi ahogarlo y le habían aplicado
descargas eléctricas en el pene. En 1993, unos 11 años después de estos hechos, seis agentes
de policía fueron acusados de torturar a Enrique Erreguerena. Sin embargo, el juicio fue
aplazado en numerosas ocasiones por motivos muy diversos, como por ejemplo la ausencia de
uno de los acusados por un permiso de vacaciones.2
         El 22 de septiembre se inició, ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial de
Vizcaya, el juicio contra seis agentes de la Guardia Civil acusados de maltratar a Kepa Urra
Guridi, un miembro del comando “Bizkaia” del grupo armado vasco ETA. Kepa Urra, que
fue detenido el 29 de enero de 1992,3 había denunciado que antes de llevarlo al cuartel de la
Guardia Civil de La Salve lo habían conducido a una zona desierta donde, tras dejarlo
prácticamente desnudo de la cintura para abajo y quitarle los zapatos, le habían dado una
paliza, y después, mientras lo interrogaban sobre su identidad, le habían puesto un arma en la
boca. La paliza, administrada por varios guardias encapuchados, continuó en el cuartel, donde
el médico lo encontró tirado en el suelo, inconsciente y respirando agitadamente, con marcas
en la cara, los ojos y las muñecas y con señales de hemorragia reciente en la faringe, la nariz y
la boca. Posteriormente, fue trasladado bajo escolta al hospital civil de Basurto, donde, una
vez más, fue golpeado y amenazado por dos guardias civiles que estaban con él en la
habitación. Una enfermera, al oírle gritar, se acercó a la puerta en el momento en que salían
los dos agentes.

        2
              Véase España: Comentarios de Amnistía Internacional al Cuarto Informe Periódico
del Gobierno Español al Comité de Derechos Humanos (Índice AI: EUR 41/07/96/s).
        3
              Véanse Amnistía Internacional: Preocupaciones en Europa, Mayo - Octubre de 1992
(Índice AI: EUR 01/04/92/s) y Amnesty International: Concerns in Europe, November 1992 - April
1993 (Índice AI: EUR 01/01/93).

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         En el juicio contra Kepa Urra, celebrado ante la Audiencia Nacional en diciembre de
1995, y en el que fue condenado a 29 años y seis meses de cárcel por varios delitos
relacionados con el terrorismo, el tribunal reconoció que Kepa Urra, y otros que fueron
condenados con él, pudieron haber sido torturados en el momento de su detención. (Uno de
ellos, Juan Ramón Rojo, compareció posteriormente ante el tribunal llevando un collarín
cervical.) Refiriéndose a las denuncias de tortura, el tribunal declaró que «reconoce su
posible existencia ... ante las abundantes manifestaciones, todas ellas detalladas, efectuadas
no sólo por los procesados, sino por parte de los testigos propuestos...»4. El juicio contra los
seis guardias civiles, que niegan las acusaciones formuladas contra ellos, continuaba en el
momento de redactarse este informe.

Abusos contra los derechos humanos cometidos por el grupo armado
vasco ETA

ETA siguió cometiendo abusos contra los derechos humanos, tales como atentados contra las
fuerzas de seguridad y contra civiles. A mediados de octubre se le atribuía la autoría de 12
muertes durante 1997, lo cual supone un aumento considerable con respecto a 1996, año en el
que ETA dio muerte a cinco personas. En declaraciones públicas, Amnistía Internacional
reiteró su condena sin reservas de los homicidios deliberados y arbitrarios, así como de los
secuestros y tomas de rehenes llevados a cabo por ETA, actos que conculcan las normas
humanitarias internacionales. La organización siguió instando a la liberación inmediata y sin
condiciones de rehenes como José Antonio Ortega Lara y Cosme Delclaux.5
         José Antonio Ortega Lara, funcionario de prisiones, fue secuestrado en la ciudad de
Burgos en enero de 1996. Al atribuirse la autoría del secuestro, ETA declaró que este acto era
una respuesta a la política de dispersión de los aproximadamente 500 presos vascos recluidos
en centros penitenciarios repartidos por toda España. En su comunicado, ETA pedía a las
autoridades españolas que abandonaran lo que la organización definía como una estrategia de
represión de los presos vascos, y afirmaba que, en caso contrario, se prepararían para hacer un
“gesto equivalente”. El comunicado señalaba más adelante que los funcionarios de prisiones
dejarían de ser blanco de sus actos.
         El 1º de julio de 1997, un grupo de guardias civiles descubrieron a José Antonio
Ortega Lara en una celda escondida bajo tierra dentro de un depósito industrial abandonado.
José Antonio Ortega Lara ha sido el rehén que ETA ha mantenido en cautiverio durante más
tiempo: permaneció 532 días en una celda ubicada en una zona industrial cerca de
Mondragón. Las condiciones de su detención fueron crueles e inhumanas. Permaneció
recluido en una celda húmeda, mal ventilada, de tres metros de largo por 80 cms. de ancho y
1,8 m. de alto. En el momento de su liberación, José Antonio Ortega Lara había perdido 23
kilos de peso y sufría desnutrición, atrofia muscular y un deterioro de la visión.

        4
              El País, 30 de diciembre de 1995.
        5
              Véase Amnistía Internacional: Preocupaciones en Europa, Julio - Diciembre de 1996
(Índice AI: EUR 01/01/97/s).

Índice AI: EUR 41/07/97/s                               Amnistía Internacional, noviembre de 1997

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         Horas antes de que el funcionario de prisiones fuera rescatado, Cosme Delclaux,
abogado e hijo de un importante industrial del País Vasco, fue encontrado atado a un árbol
cerca de Elorrio tras una llamada anónima recibida por un periódico regional vasco. Se
encontraba bajo los efectos de los sedantes que le habían administrado antes de su libertad.
Según los informes, su familia pagó un importante rescate con el fin de conseguir su
liberación, que se produjo al cabo de 232 días de cautiverio.
         Cosme Delclaux fue apresado en noviembre de 1996 cuando se dirigía a su casa
después del trabajo. Su secuestro coincidió con una nueva campaña de ETA para recaudar
fondos a través del denominado “impuesto revolucionario”.
         El 10 de julio de 1997, ETA secuestró a Miguel Ángel Blanco Garrido, concejal del
actual partido gobernante, el Partido Popular, en la localidad de Ermua. ETA emitió un
comunicado en el que amenazaba con ejecutar al joven de 29 años si el gobierno español no
satisfacía sus demandas de trasladar a los 500 presos vascos a cárceles más próximas a sus
domicilios.
         El 11 de julio de 1997, en un llamamiento público que fue ampliamente difundido
por todos los medios de comunicación nacionales, Amnistía Internacional instó a ETA a que
liberara a su rehén inmediatamente y sin condiciones. La organización pidió a todas las
personas con posibilidad de influir en los acontecimientos que hicieran todo lo que estuviera
en su poder para salvar la vida de Miguel Ángel Blanco Garrido, e hizo un llamamiento a toda
la sociedad para que se movilizara con el mismo fin. Amnistía Internacional afirmó que el
asesinato de Miguel Ángel Blanco constituiría un ataque contra los principios básicos del
derecho internacional humanitario.
         El 12 de julio de 1997, Miguel Ángel Blanco fue hallado a las afueras de Lasarte por
dos personas que se encontraban en los alrededores y habían oído disparos. Se lo encontró en
un estado crítico, con dos heridas de bala en la cabeza. Fue conducido inmediatamente al
hospital de San Sebastián, donde fue declarado muerto. Su muerte provocó una condena
nacional e internacional sin precedentes. Por toda España se celebraron manifestaciones
multitudinarias, con una de cerca de un millón y medio de personas en Madrid y otras
similares en distintas ciudades y localidades.

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