La transición justa y la gobernanza climática - Febrero de 2022
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Documento de orientación sobre el empleo, la transición justa y la gobernanza climática Febrero de 2022 International Organisation of Employers Organisation Internationale des Employeurs Organización Internacional de Empleadores
La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero de la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva de la Organización Internacional de Empleadores y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea.
Índice Introducción ............................................................................................................................... 2 Trabajo preparatorio para la COP26 .......................................................................................... 2 Resultados de la COP26.............................................................................................................. 3 Empleo, competencias y transición justa................................................................................... 5 Introducción a la transición justa ............................................................................................... 7 Cómo participar en las políticas y en los debates sobre el clima............................................... 9 El papel de la OIE ...................................................................................................................... 11 Anexo: Panorámica de la gobernanza climática mundial ........................................................ 13
Introducción
Las políticas climáticas se están convirtiendo en una de las principales prioridades para las
organizaciones de empleadores. En una encuesta realizada en 2020 entre los miembros de la red
mundial de la OIE, se identificó el cambio climático como uno de los mayores riesgos para las empresas
y una de las principales preocupaciones de las organizaciones de empleadores. Ante esto, la OIE ha
ampliado su labor en materia de políticas y desplegado nuevos esfuerzos de promoción para brindar
asistencia relevante a su red mundial.
Este documento de orientación tiene como objetivo resumir los principales avances en los debates
internacionales sobre el cambio climático que afectan a los empleadores. Este documento aborda los
resultados de la reunión de la COP26 en Glasgow en diciembre de 2021, los datos más recientes sobre
los efectos de la adaptación y la mitigación climáticas, haciendo especial énfasis en los datos sobre el
empleo, y una panorámica sobre qué pueden hacer las organizaciones de empleadores para apoyar a
sus miembros. El presente documento cierra con una guía de las instituciones que están liderando las
negociaciones internacionales sobre el clima.
Trabajo preparatorio para la COP26
Había mucha expectación en torno a la 26.ª Conferencia de las Partes (COP26) en la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y en el Acuerdo de París, una conferencia
de dos semanas que se celebró tras dos años de preparativos y retrasos debido al COVID-19. La
Conferencia tuvo lugar en Glasgow, del 31 de octubre al 13 de noviembre, bajo los auspicios de la
Presidencia del Reino Unido y del Presidente de la COP de 2021, Alok Sharma. Se alcanzaron acuerdos
y las partes negociantes, 197 países, consensuaron diversas disposiciones y conceptos fundamentales
que han permitido pulir los detalles sobre la aplicación del Acuerdo de París.
El Acuerdo de París y la acción climática en general constan de tres elementos principales: la
mitigación, la adaptación y la financiación. El Acuerdo de París, adoptado en 2015, exige, en concreto,
«[m]antener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C con respecto a los
niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 °C
con respecto a los niveles preindustriales, reconociendo que ello reduciría considerablemente los
riesgos y los efectos del cambio climático».
El Informe de 2018 del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC)
determinó que un aumento de 2 °C provocaría nuevas olas de calor y tormentas extremas, escasez de
agua y sequías, mayores pérdidas económicas, un menor rendimiento de los cultivos, un mayor
aumento del nivel del mar y más daños a naturaleza. Según los estudios científicos vigentes, es
necesario que se reduzcan las emisiones mundiales en un 50 % de aquí a 2030 para poder limitar el
calentamiento global en 1,5 °C de aquí a 2100. Esto concuerda con el objetivo del Acuerdo de París de
limitar el aumento de la temperatura media mundial «muy por debajo de 2 °C» y «proseguir los
esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 °C» con respecto a los niveles
preindustriales. Para hacerse una idea general, puede acudir a la guía sobre las negociaciones y las
decisiones tomadas en la COP26, elaborada por el Gobierno del Reino Unido, que lideró el proceso.
Para reducir el aumento de las temperaturas mundiales, los Estados Parte del Acuerdo de París
acordaron eliminar de manera progresiva sus emisiones de gases de efecto invernadero. No obstante,
el Acuerdo no especifica con exactitud cómo debe lograr este objetivo cada país; solo explicita que los
países más desarrollados e industrializados tienen una mayor responsabilidad debido a su implicación
histórica en el cambio climático. Los detalles negociados en las sucesivas Conferencias de las Partes se
2
han recogido en las llamadas «normas de aplicación del Acuerdo de París». Al mismo tiempo, los países
difunden de manera regular sus planes de acción nacionales mediante las contribuciones
determinadas a nivel nacional (CDN), que recogen aquellas acciones y medidas concretas que se han
tomado o que se van a tomar para reducir las emisiones de manera progresiva. Las CDN se actualizan
cada 5 años. En la COP24 de Katowice (Polonia) se pusieron en marcha las normas de aplicación, que
se concluyeron en Glasgow, en 2021.
El año 2020 fue la primera fecha límite para presentar las CDN actualizadas, que más tarde se analizan
en un balance mundial, un informe oficial que estima la capacidad de las CDN para alcanzar sus
objetivos. Las CDN recién actualizadas y sus modalidades se recogen en el informe de síntesis de las
CDN. Según ciertos estudios, más de 140 países se han comprometido a conseguir la neutralidad en
sus emisiones para 2050. Estos compromisos ya abarcan el 88 % de las emisiones mundiales actuales
de gases de efecto invernadero y el 90 % del PIB mundial, lo que supera las expectativas.
Resultados de la COP26
Sin embargo, según ciertas voces críticas, aunque los compromisos unilaterales actuales se cumplieran
y se dieran las condiciones ideales, la temperatura mundial aumentaría en unos 1,9 °C para finales de
siglo. Para alcanzar de forma realista el objetivo de 1,5 °C, los países no pueden limitarse formular
meras promesas; deben elaborar políticas nacionales coherentes, aplicarlas de manera sólida y con
ayuda de una planificación rigurosa y, lo que es más importante, contar con suficiente apoyo por parte
de particulares y empresas.
La nueva decisión de la COP26 implica que, en 2022, los países tendrán que revisar y reforzarán sus
objetivos de reducción de emisiones de dióxido de carbono (CO2) para 2030, mediante una
actualización de sus CDN, con el fin de limitar el aumento de la temperatura mundial a 1,5 °C.
En particular, el Pacto de Glasgow por el Clima recoge los siguientes compromisos:
• Es el primer acuerdo climático que dispone de manera explícita reducir el uso persistente del
carbón, que origina un 40 % de las emisiones totales 1. También insta a la eliminación
progresiva de las «subvenciones ineficientes a los combustibles fósiles» y reconoce la
necesidad de una «transición justa» en el proceso de descarbonización de las economías y las
industrias.
• Por fin se ha adoptado un marco para que los países puedan intercambiar créditos de
carbono. Este complejo mecanismo permitirá cumplir los objetivos climáticos de manera
parcial, mediante la adquisición de créditos compensatorios que representan la reducción de
las emisiones en otros países. Está recogido en el Artículo 6 2 y detallado en las normas de
aplicación del Acuerdo de París, tras seis años de complejos debates. Si se aplica de manera
correcta, podría ofrecer mayor certidumbre y previsibilidad a la mitigación y la adaptación
climáticas. Se espera que este marco revitalice los mercados de carbono y que facilite la
reducción de emisiones rentables y la inversión del sector privado. No obstante, aún es pronto
para saber cómo se desarrollarán los marcos nacionales y los mercados del carbono (véase el
Cuadro 1).
1
El texto se cambió a última hora y pasó de exhortar la «eliminación gradual» a la «reducción gradual» del uso
y la producción de carbón.
2
La CMNUCC ha publicado los proyectos de decisión sobre el Artículo 6.2 (Suiza anuncia en la COP26 seis
acuerdos bilaterales siguiendo el modelo del Artículo 6.2); el Artículo 6.4 y el Artículo 6 8 (los Art. 6.2 y 6.4
permiten que los mercados internacionales del carbono funcionen de manera efectiva y el Art. 6.8 versa sobre
los enfoques no relacionados con el mercado).
3• Se llegó a un consenso para, como mínimo, duplicar la financiación para la adaptación
climática de las economías en desarrollo. Una parte fundamental del acuerdo es garantizar
que los países desarrollados financien más y de manera adecuada a aquellos países con menor
capacidad de adaptación climática, a través del Fondo de Adaptación, tras casi cumplir el
objetivo de financiación previamente acordado de 100 000 millones de dólares al año hasta
2020. También se reiteró el deber de cumplir con el compromiso de que los países
desarrollados aporten 100 000 millones de dólares anuales a los países en desarrollo y se puso
en marcha un proceso para definir el nuevo objetivo mundial en materia de financiación.
• La transparencia es la piedra angular del Acuerdo de París. Será fundamental aplicarlo de
manera eficaz para generar confianza en el régimen del Acuerdo de París. También
concluyeron las negociaciones sobre el marco de transparencia reforzado para las medidas
y el apoyo, que determina cuáles son las tablas y los formatos acordados para hacer
seguimiento y divulgar los objetivos y las emisiones.
También se han anunciado numerosos compromisos y alianzas independientes de las negociaciones
oficiales, en particular, en materia de deforestación, transporte, finanzas (450 instituciones financieras
depositarias de activos por valor de 130 billones de dólares se han comprometido a la neutralidad de
carbono) y cooperación. También se ha registrado un récord de participación y compromisos por parte
del sector privado. Aquí se recoge un listado exhaustivo, que se actualiza a diario.
De cara al próximo año y a la COP27, que tendrá lugar en Egipto, es probable que los debates se centren
en la adaptación, la resiliencia y la financiación de «pérdidas o daños». La adaptación y las «pérdidas
y daños» 3 son las principales prioridades para los países menos adelantados: la Unión Africana,
América Latina y los países insulares de baja altitud.
Cuadro 1
La tarificación del carbono es un mecanismo financiero que favorece que países
y empresas reduzcan sus emisiones. Esto lo consigue encareciendo el uso de los
combustibles fósiles a través de aranceles e impuestos y abaratando y
rentabilizando las fuentes de energía renovables y limpias. El Artículo 6 ofrecerá
«orientaciones claras en materia de contabilidad para el comercio de los
derechos de emisión entre países y un nuevo mecanismo de acreditación que
permitirá acceder a este mercado a todos los países interesados en atraer
inversiones verdes a través del mercado mundial de carbono». Las empresas, así
como los países con una gran cubierta forestal, habían presionado para que se
alcanzara en Glasgow un acuerdo sólido sobre los mercados de carbono
auspiciados por los gobiernos, con la esperanza de legitimar a su vez el creciente
mercado de las compensaciones voluntarias de las emisiones de carbono. Según
el grupo de expertos E3G, el Artículo 6 «podría reforzar los proyectos de
mitigación en el Sur Global, al incentivar una mayor financiación climática
privada». Asimismo, informan de que las estimaciones iniciales sugieren que el
potencial tamaño del mercado de los créditos de carbono internacionales podría
oscilar entre los 100 000 y los 400 000 millones de dólares anuales hasta 2030.
3
Las «pérdidas y daños» hacen referencia a las compensaciones financieras y a las reparaciones que algunos
países que, tradicionalmente, no han ocasionado grandes emisiones de gases de efecto invernadero están
solicitando a los países más desarrollados responsables de la mayoría de las emisiones. Esta idea se basa en las
pérdidas y en los daños que ya están sufriendo los países vulnerables debido al cambio climático.
4Empleo, competencias y transición justa
Ni el Acuerdo de París ni el Pacto de Glasgow por el Clima hacen referencia explícita a los efectos que
tendrán sus disposiciones sobre el empleo o el mercado de trabajo. Se han realizado muchos análisis 4
a escala mundial y nacional sobre las repercusiones y los efectos del cambio climático en general, así
como sobre posibles escenarios y avances en el futuro, que combinan tanto los efectos físicos como
posibles políticas e instrumentos normativos. Diversas instituciones han analizado las consideraciones
políticas y los efectos del cambio climático en el empleo, las competencias y los mercados de trabajo 5.
Sin embargo, aún no se han completado los análisis sobre los efectos directos que tienen sobre el
empleo las políticas y normativas que los gobiernos han puesto en marcha para descarbonizar sus
economías. Queda mucho por hacer a nivel nacional en este sentido. En lo que respecta a las
consecuencias físicas del cambio climático, el último informe del IPCC dispone las bases científicas y
los análisis necesarios para los debates oficiales y las respuestas recomendadas. En lo que respecta a
los impactos de las políticas y normativas, las CDN son los instrumentos en los que los países detallan
sus estrategias de adaptación y mitigación, así como el impacto que tendrán en los sectores económico
y laboral.
Por otro lado, más allá de las CDN, existen diversos acuerdos bilaterales y multilaterales entre
gobiernos, el sector privado y organizaciones internacionales que también pueden afectar de manera
diversa a las perspectivas de empleo y las dinámicas del mercado de trabajo. Además, hay que tener
en cuenta que estas complejas transiciones ocurren en paralelo a otras tendencias y transformaciones
mundiales potenciales o a megatendencias como la automatización, la urbanización, el crecimiento
poblacional, la globalización, la electrificación, el desarrollo económico, el avance hacia una economía
circular y la mayor protección de la biodiversidad, los hábitats y los ecosistemas.
Es evidente que los efectos concretos sobre el empleo variarán en gran medida en función de cada
región, país o sector, así como de la rapidez del cambio y de la implantación de las políticas.
A continuación, se recoge una panorámica de los datos y las previsiones sobre los posibles efectos en
el empleo:
• Consecuencias sobre el empleo: Los empleos de numerosos sectores (tales como la
agricultura, la minería, la energía generada a partir de combustibles fósiles, el transporte o la
manufactura) dependen de manera directa de los recursos naturales y las emisiones de gases
de efecto invernadero. Otros empleos dependen de ellos de manera indirecta, debido a su
vinculación económica. Según la OIT, un total de 1470 millones de puestos de trabajo
dependen de la estabilidad climática y contribuyen a ella, es decir, más del 40 % del empleo
total en el mundo. No obstante, el impacto real sobre los trabajos y el empleo dependerá de
las normativas y políticas que se adopten, que pueden diferir en gran medida en función del
tipo de respuesta que hayan previsto las partes interesadas relevantes.
• Competencias: En un escenario en el que los gobiernos y las organizaciones adopten medidas
firmes para la sostenibilidad energética y apliquen un abanico de acciones de aquí a 2030 (el
denominado «escenario de la sostenibilidad energética»), un estudio de la OIT «determina
que se crearán casi 25 millones de puestos de trabajo y se perderán casi 7 millones en todo el
mundo. De estos últimos, 5 millones pueden recuperarse gracias a la redistribución de la
fuerza de trabajo; es decir, que 5 millones de los trabajadores que perderán su trabajo debido
4
Podrá encontrar una panorámica hasta 2016 en este informe del CMNUCC.
5
Para una visión práctica, acuda, a modo de ejemplo, a las consideraciones de políticas sectoriales de Deloitte o
a este análisis de McKinsey.
5a la merma de ciertas industrias concretas podrán encontrar un puesto de trabajo similar en
otra industria dentro del mismo país». Al mismo tiempo, la creación de más de 100 millones
de puestos de trabajo en un escenario de economía circular y sostenibilidad, incluyendo tanto
la redistribución exitosa de los trabajadores como la ocupación de nuevos puestos de trabajo
adicionales, dependerá por completo de que la fuerza de trabajo pueda acceder a formación
y de que se dispongan otras medidas políticas conexas. 6
• Readaptación profesional: Sin embargo, el informe de la OIT Skills for a Greener Future analizó
las CDN presentadas en el marco del Acuerdo de París hasta 2019 y determinó que «dos tercios
de los países reconocen en sus CDN la importancia del desarrollo de capacidades y la
alfabetización climática, pero menos del 40 % de las CND de todo el mundo contemplan
planes de desarrollo de competencias para apoyar su implantación, y más del 20 % no
contempla ninguna actividad relacionada con el capital humano». Será necesario formular
políticas de competencias ambiciosas que vayan de la mano de mecanismos para incrementar
las oportunidades en el empleo para anticiparse al cambio climático 7.
• Riesgos de la transición: No se deben subestimar los efectos negativos que ciertas políticas
climáticas mal planificadas pueden tener sobre el empleo y el mercado de trabajo a escala
regional y sectorial. Los artículos y análisis actuales no suelen recoger estas consecuencias
negativas, por lo que se precisan estudios basados en evidencias y una revisión de las políticas.
Por ejemplo, un reciente análisis del potencial impacto en el empleo y las competencias del
paquete de políticas europeo Objetivo 55, del que emanó el Pacto Verde Europeo, prevé que
la transición plena a los vehículos eléctricos y el cese de la producción actual de motores de
combustión interna provocaría grandes riesgos y desafíos. A grandes rasgos y según este
análisis, el actual enfoque propuesto por el paquete Objetivo 55 que solo concibe la existencia
de vehículos eléctricos ocasionaría la pérdida de 275 000 empleos netos (−43 % empleos) de
aquí a 2040 en la UE.
• Energías renovables: Existen ciertas predicciones positivas en materia de empleo, gracias al
desarrollo de las fuentes de energía renovables. En la actualidad, se han creado unos 12
millones de puestos de trabajo en todo el mundo en el sector de las energías renovables, según
las últimas estimaciones de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA). Además,
según la Agencia Internacional de Energía (AIE), se estima que, en comparación con las
energías fósiles, el sector de las energías renovables puede generar, de media, un 70 % más
de puestos de trabajo por cada millón de dólares invertidos 8. De nuevo, es necesario facilitar
estos efectos positivos en el empleo e identificar y atajar los efectos negativos, en particular,
los relacionados con el abandono de los combustibles fósiles.
• Consecuencias macroeconómicas: Según el Banco Central Europeo (BCE), las medidas para
aumentar el precio del carbono pueden hacer crecer la inflación, aunque esto podría
contrarrestarse con la reducción del precia de las energías renovables y como resultado de
una mayor eficiencia energética. Según un estudio independiente, una transición precipitada
6
En un escenario energético verde modelado por la Alianza de Acción para una Economía Verde (PAGE) y
Cambridge Econometrics, se crearán 20,5 millones de puestos de trabajo para 2030 en las economías de todo el
mundo, en comparación con los 3 millones de puestos de trabajo que se crearían en un escenario sin cambios.
La OIT ha elaborado pronósticos concretos para la región de América Latina y el Caribe, en colaboración con
IRENA, el sector de las energías renovables.
7
Para un análisis detallado sobre las necesidades en materia de competencias y las consideraciones de sectores
concreto, puede leer el reciente análisis de Adecco y, para un análisis mundial más amplio, el informe de la OIT
Skills for a Greener Future.
8
McKinsey también lo confirma en un análisis similar.
6y repentina también podría conllevar importantes cambios en los precios relativos, la rápida
obsolescencia del capital social existente y una importante redistribución de la mano de obra.
La combinación de una insuficiente capacidad de producción de energías renovables a corto
plazo, una baja inversión en combustibles fósiles y un aumento en el precio del carbono podría
conllevar un mayor periodo de transición y una factura energética en alza. La pobreza
energética es una grave amenaza para la cohesión de nuestra sociedad y para el apoyo a las
políticas climáticas. Parte de los costes adicionales derivados del cambio climático en el
planeta y de las respuestas políticas para lograr la descarbonización repercutirán en los
clientes de las empresas. Por ello, según algunos economistas, es probable que las políticas
climáticas aumenten los precios al consumo en un 5 % durante el periodo, lo que supone una
tasa de inflación anual un 0,5 % mayor de media. Si la fiabilidad, la asequibilidad o la seguridad
del abastecimiento energético se vieran afectadas por la acción climática, es inevitable que se
merme el apoyo a una mayor acción climática. A medida que crecen y avanzan los esfuerzos
de descarbonización, los gobiernos deben ampliar su abanico de herramientas para gestionar
la volatilidad de los precios de la energía y la inflación. Por ello, la transición energética genera
riesgos al alza tangibles que pueden tener consecuencias indirectas pero significativas para el
empleo y la cohesión social.
Introducción a la transición justa
La noción de «transición justa» como posible ámbito y marco de políticas surgió hace décadas, aunque
ha ganado importancia en los últimos años. Este concepto pretende poner el foco en la dimensión
social y laboral de las políticas de acción climática y, en la práctica, ha supuesto planificar y evaluar los
efectos que tendrán políticas destinadas a erradicar las emisiones sobre el mercado de trabajo. Hasta
la fecha, la mayoría de los análisis de transición justa se han centrado en el sector de la energía y, en
particular, en la producción de electricidad de las centrales eléctricas de carbón. Por ejemplo, si un
país decide cerrar una central eléctrica a base de carbón para reducir sus emisiones nacionales de
gases de efecto invernadero, deberá hacerlo de manera planificada, coherente y en comunicación con
los representantes de los empleadores y de los trabajadores pertinentes, garantizando medidas de
apoyo tales como programas de readaptación de competencias para los trabajadores, políticas de
diversificación económica para la región, una estrategia de salida, mecanismos para captar el valor de
los activos varados y otras medidas de amortiguación para garantizar que los empleos perdidos y el
cambio en las estructuras económicas e industriales no afecten a los medios de subsistencia o al
crecimiento económico. No se pueden subestimar las importantes contrapartidas políticas vinculadas
a las transiciones justas: como ya se ha mencionado, se pondrían en peligro millones de puestos de
trabajo a muy corto plazo si se toman decisiones políticas ineficaces y poco realistas.
Contar con un mercado de trabajo propicio para la movilidad de los trabajadores y con estrategias de
competencias holísticas garantizará que quienes cuentan con las competencias adecuadas puedan
aprovechar estas oportunidades y conseguir una transición. La transición energética solo será fluida y
justa desde un punto de vista social si se basa en una adecuada comprensión de los puestos de trabajo
que surgirán y que desaparecerán y en una estrategia que aproveche el conocimiento existente y
fomente nuevas competencias. No se puede desplegar este esfuerzo de manera aislada y sin tener en
consideración cada contexto nacional.
En 2010, la COP16 incorporó por primera vez referencias a la transición justa en los Acuerdos de
Cancún. El preámbulo del Acuerdo de París dispone que los Estados signatarios deben tener en cuenta
«los imperativos de una reconversión justa de la fuerza laboral y de la creación de trabajo decente y
de empleos de calidad, de conformidad con las prioridades de desarrollo definidas a nivel nacional».
7En 2018, las Partes del Acuerdo de París reconocieron la importancia de lograr un equilibrio entre las
prioridades sociales, económicas y ambientales en la Declaración de Silesia para la Solidaridad y la
Reconversión Justa. La Declaración de Silesia establece un claro vínculo entre una transformación de
la economía mundial basada en la sostenibilidad y la transición justa. No obstante, sigue siendo un
concepto polifacético y cambiante que no cuenta con una definición universal acuñada y que está
sujeto a los diversos discursos y prioridades de distintas partes interesadas en la materia. En 2016, la
CMNUCC publicó un documento técnico sobre la transición justa, en el que presentaba una
panorámica de la situación y una recopilación de puntos de vista.
En 2015, la OIT adoptó las Directrices de política para una transición justa hacia economías y
sociedades ambientalmente sostenibles para todos, en el seno de un marco tripartito, lo que hace de
este documento la herramienta más completa y de mayor autoridad en la actualidad para la
formulación de políticas de transición justa. Según las Directrices, las políticas de transición justa deben
tanto cumplir con los objetivos de descarbonización como contribuir a los objetivos del trabajo
decente para todos, la inclusión social y la erradicación de la pobreza. Las Directrices también
profundizan en los principales aspectos y áreas de políticas que debe tener en cuenta todo proyecto
de transición.
En el Pacto de Glasgow por el Clima, firmado en la COP26, se vuelve a apelar a la transición justa en
tres ocasiones, en el contexto de la eliminación gradual de la energía basada en el carbón y de la
consolidación de la erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible a través del desarrollo
resiliente al clima. Además, el documento que recoge las apreciaciones relativas al Artículo 6 también
hace referencia explícita a la transición justa en su preámbulo.
Para hacer un seguimiento de sus compromisos de transición justa, varios países y la Comisión Europea
firmaron una declaración sobre la transición justa en la COP26 y se comprometieron a financiar a los
países más pobres y a implantar y promover aún más políticas centradas en la dimensión social de de
las transiciones económicas e industriales, en función de seis principios rectores. Sudáfrica ha firmado
una Alianza para la Transición Justa con muchos otros países para garantizar la financiación de varios
miles de millones durante el transcurso de esta alianza, para así poner en marcha proyectos de
descarbonización y reducir su sector de producción del carbón.
Aunque la OIT no ha publicado ningún otro documento oficial aparte de las Directrices de política, está
participando de manera activa en esta agenda y tiene muchas líneas de trabajo centradas en proyectos
e iniciativas de transición justa. La puesta en marcha de la Iniciativa de Acción Climática para el Empleo,
de la que forma parte la OIE, demuestra el férreo compromiso con la aplicación y el desarrollo de una
labor técnica más profunda. Dentro de las iniciativas nacionales y regionales, se han puesto en marcha
algunas estrategias, fondos y mecanismos de transición justa tanto en países desarrollados (como la
Unión Europea, con su Pacto Verde Europeo y su Mecanismo para una Transición Justa; España,
Alemania, Francia, República Checa, Polonia, Escocia, Gales, Dinamarca, Nueva Zelandia y Corea del
Sur) como en países en desarrollo (tales como Filipinas, Ghana, Uruguay, Sudáfrica, Egipto, Marruecos,
México y Chile). Aquí encontrará una detallada panorámica de los marcos y políticas nacionales para
la transición justa en vigor y sus implicaciones políticas.
8Cómo participar en las políticas y en los debates sobre el clima
Existen cuatro áreas principales que pueden afectar las operaciones de las empresas:
• Los constantes requisitos de transparencia climática y de divulgación de las emisiones, que
se volverán más estrictos y exhaustivos.
• Los compromisos nacionales en materia de política climática. Están surgiendo nuevas
regulaciones y requisitos jurídicos muy concretos y ambiciosos, si bien los efectos concretos
dependerán de cada contexto nacional particular.
• La creciente demanda por parte de los consumidores de productos sostenibles y de una
economía circular y por parte de la sociedad civil de transparencia y compromisos
ambientales 9.
• La presión creciente para transformar las actividades y los modelos empresariales existentes
para que sean más resilientes a medio y largo plazo.
A fecha de 2019, la CMNUCC cuenta con 2500 observadores: 2360 organizaciones no gubernamentales
(ONG), entre las que se incluye al sector privado, y 140 organizaciones intergubernamentales. Las
entidades obervadoras se dividen en nueve grupos: empresa e industria (BINGO), medio ambiente
(ENGO), agricultores, pueblos indígenas (IPO), gobiernos locales y autoridades municipales (LGMA),
investigación y ONG independientes (RINGO), sindicatos (TUNGO), mujeres y género, y juventud
(YOUNGO). La OIE lleva casi dos décadas registrada como organización observadora y se ha
involucrado de manera activa en este ámbito de políticas desde el principio.
La CMNUCC ha dispuesto canales oficiales para la participación de los actores no gubernamentales.
Las organizaciones de empleadores pueden registrar y resumir sus compromisos y sus acciones en el
portal de la Acción Climática Mundial (antes conocido como Zona de los Actores No Estatales para la
Acción Climática o NAZCA), una iniciativa de la denominada Agenda de Acción Lima-París. En 2021, el
sitio web cuenta con 20 453 partes interesadas registradas y 5893 de ellas son empresas. Las acciones
individuales tienen que ver con la reducción de emisiones (59 %), con el precio del carbono (14 %), con
la emisión de bonos (14 %), con las energías renovables (10 %), con la eficiencia energética (3 %) y con
el consumo de recursos (1 %). No obstante, las acciones concretas se han centrado en su mayoría en
el periodo hasta 2020 (el 74 % de todas las acciones).
A continuación, presentamos una panorámica de otras plataformas en las que los actores no estatales
pueden divulgar sus compromisos, forjar alianzas o evaluar su impacto:
• La Alianza de Marrakech para la Acción Mundial sobre el Clima favorece la aplicación del
Acuerdo de París, ya que permite la colaboración entre gobiernos, ciudades, regiones,
empresas e inversores que busquen alianzas para la acción por el clima. Se está aumentando
la participación en la Alianza de Marrakech con iniciativas centradas en la industria, tales como
las Semanas del Clima regionales del CMNUCC, el consorcio Green Hydrogen Catapult, la
9
Un importante hallazgo de un reciente informe mundial realizado por la Unidad de Investigación de la revista
The Economist a petición de WWF demuestra que ha habido un aumento del 71 % en las búsquedas en línea de
productos sostenibles en los últimos cinco años en todo el mundo. En una encuesta, el 66 % de todos los
encuestados y el 75 % de los encuestados de la generación milenial dijeron tener en cuenta la sostenibilidad al
adquirir un producto. El 52 % de los encuestados dicen tener ahora una mayor conciencia ecológica que hace
seis meses. Este dato ha aumentado un 2 % desde la encuesta Pulse de junio de 2021.
9campaña Race to Zero, auspiciada por la Alianza para la Ambición Climática, y el mecanismo
de los Climate Action Pathways.
• La Climate Initiatives Platform recoge una extensa lista con las acciones climáticas en vigor
elaboradas por actores no estatales.
• La iniciativa Cuidar el Clima fue puesta en marcha por el Pacto Mundial de las Naciones Unidas,
el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Secretaría de la
CMNUCC. Es la mayor iniciativa del mundo sobre liderazgo empresarial en materia de cambio
climático, pues engloba a más de 400 empresas de 60 países.
• El Secretario General de las Naciones Unidas puso en marcha la Iniciativa de Acción Climática
para el Empleo, liderada por la OIT y con vistas a lograr la Década de Acción de las Naciones
Unidas gracias a los planes de transición justa de empresas y gobiernos. Esta iniciativa colabora
con proyectos nacionales concretos en determinados países piloto que han expresado su
interés y su apoyo a la iniciativa. En una primera instancia, se analizan las oportunidades de
empleo en dichos países.
• El Carbon Disclosure Project (CDP) es una organización sin fines de lucro que dirige el mayor
sistema de divulgación mundial para inversores, empresas y organismos públicos, ya que
solicita información e informes detallados sobre riesgos climáticos y proyectos bajos en
carbono. En 2020, más de 9600 empresas divulgaron información a través del CDP, un 14 %
más que el año anterior y un 70 % más que en el momento de firma del Acuerdo de París. En
2021 se han superado las 13 000 empresas. De las 2000 mayores empresas públicas del
mundo, al menos una quinta parte (el 21 %) se han comprometido a conseguir unas emisiones
netas cero, lo que representa un volumen de venta anual de casi 14 billones de dólares. La
mayoría de estas empresas también tienen objetivos intermedios, un plan de acción publicado
y un mecanismo de presentación de informes, aunque poco más de una cuarta parte cumplen
con todos los criterios de «solidez».
• Más de 1000 empresas de 50 sectores participan en la Science-Based Targets Initiative (SBTi),
una iniciativa de asociación del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, el CDP, el Instituto de
Recursos Mundiales y WWF. En la actualidad, las empresas de cualquier sector, salvando el
sector del petróleo y el gas natural, pueden alinear sus metas con los criterios de la SBTi.
• El Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) ha desarrollado un marco para
la presentación de informes basado en una serie de recomendaciones de divulgación
coherentes que permiten a las empresas ser transparentes a la hora de comunicar a qué
riesgos climáticos están expuestos de cara a inversores, acreedores y suscriptores de riesgos.
Unas 1700 organizaciones públicas y privadas en todo el mundo, así como agencias
gubernamentales, apoyan al TCFD.
• El Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) es una iniciativa mundial orientada
a los mercados que pretende ofrecer a las empresas estándares sobre los riesgos y las
oportunidades derivados de la naturaleza.
Más allá de los esfuerzos unilaterales de divulgación por parte de las empresas, un momento
importante para el sector privado durante la COP26 fue el anuncio del Consejo Internacional de
Normas de Sostenibilidad, que tendrá la función de establecer un marco de referencia integral y de
carácter global en materia de normas de divulgación de información relacionada con el clima. El
objetivo es que este marco de referencia compartido para la presentación de datos financieros
normalizados brinde información a los posibles inversiones de las empresas y para que los proyectos
tengan un impacto más medible. En esta misma línea, el nuevo Net Zero Standard, de la iniciativa
Science Based Targets, dispone criterios sólidos para que las empresas puedan medir sus objetivos de
10neutralidad de carbono. Las normas y requisitos en materia de diligencia debida y de presentación de
informes son cada vez más frecuentes. Los empleadores deben ser conscientes de qué se les exigiría
si se volvieran obligatorios a escala nacional.
El papel de la OIE
La OIE está participando de forma activa en esta agenda, colabora con regularidad con sus miembros
en algunas de estas cuestiones y está preparada para apoyar a sus miembros en su labor. Cabe destacar
la participación de la OIE en la Junta Consultiva Internacional de la Iniciativa de Acción Climática para
el Empleo, que ofrece un mecanismo claro para que los miembros de la OIE participen en proyectos
concretos, tales como el proyecto Social Dimension of Ecological Transition, en África. La iniciativa
fomenta actividades de intercambio de conocimientos y ayuda a evaluar impacto del cambio climático
en los mercados de trabajo y los efectos de las políticas que promueven la creación de empleo y la
mitigación del riesgo climático.
La OIE ha defendido de manera reiterada, entre otros aspectos, que toda respuesta gubernamental a
los riesgos de la acción climática sobre el empleo y el mercado de trabajo deben basarse en los
siguientes motores:
• El análisis continuado, coherente y anticipatorio de las necesidades en materia de
competencias, en conjunción con el sector privado, a partir de estudios sobre las competencias
que tengan en cuenta las necesidades previstas, los contextos nacionales y la distribución
geográfica.
• La creación, hoy más importante que nunca, de un entorno propicio para las empresas, en
particular las pymes, para facilitar, acelerar e incentivar la creación de empresas más
resilientes y sostenibles, que puedan lograr sus objetivos de descarbonización al tiempo que
generan empleo de calidad y que colman sus las necesidades empresariales.
• La asignación de financiación específica, inclusive a través de alianzas, y la creación de marcos
e instituciones que faciliten la planificación y la aplicación de los proyectos de transición, para
así aumentar la resiliencia y la sostenibilidad de empresas tanto viables como vulnerables.
• El desarrollo de mercados sólidos y de condiciones normativas eficaces, claras y estables, que
fomenten la innovación y el emprendimiento.
Las organizaciones empresariales desempeñan un papel indispensable para que las transiciones
funcionen. Son socios activos en los procesos de elaboración de políticas a escala nacional, cuentan
con experiencia relevante sobre los entornos propicios para las empresas y sus necesidades a escala
regional y local, y cuentan con redes que van más allá de sectores y compartimentos estancos, con los
que se debe contar para conseguir una transformación coherente y sistémica de nuestras economías.
Asimismo, en calidad de interlocutores sociales, colaboran con sus homólogos sindicales para generar
resultados en el mercado de trabajo. Las organizaciones de empleadores pueden prestar servicios
pertinentes a sus miembros, así como a otras partes interesadas independientes:
• Defender ante sus gobiernos estrategias de transición justa que tomen en consideración las
necesidades de las empresas.
• Estas organizaciones pueden brindar asistencia indispensable, en particular a las pymes,
concienciar y promover enfoques innovadores, así como ayudar a los gobiernos a desarrollar
políticas realistas y eficaces.
11• Uno de los principales servicios que prestan, que tiene especial relevancia en el contexto de la
acción climática, es anticipar y analizar los efectos sobre el mercado de trabajo, en particular,
los empleos destruidos y generados, cómo adaptarse a estos efectos y cuáles son los recursos
y el apoyo a los que pueden acceder los miembros.
• Asimismo, es indispensable analizar las necesidades en materia de competencias, ofrecer
análisis pertinentes y oportunos sobre los déficits de competencias existentes y cómo mejorar
los sistemas de capacitación y desarrollo de competencias, así como trasladar a gobiernos y
otras partes interesadas qué sectores tienen especial necesidad en materia de competencias.
• Es importante que los empleadores, por medio de redes nuevas y existentes, colaboren con
las instituciones educativas y con otros organismos formadores para generar enfoques
colaborativos de intercambio de conocimientos y desarrollo de competencias, para que las
empresas puedan adaptarse a este nuevo escenario.
• Por último, las políticas y acciones climáticas son un campo relativamente nuevo para muchas
organizaciones de empleadores. La creación de unidades dedicadas a esta materia y la
asignación, en la medida de lo posible, de recursos permitiría prestar nuevos servicios y la
orientación necesaria a sus miembros. En caso de que sea necesario, los empleadores deberían
buscar apoyo y aliarse con el sector público y con la comunidad internacional para disponer
estos servicios y recursos.
***
12Anexo: Panorámica de la gobernanza climática mundial
Esta sección presenta un resumen del actual marco de gobernanza climática mundial y los canales
oficiales para la participación, la negociación y la obtención de resultados. La Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC o Convención Marco) sienta las bases para la
acción multilateral contra cambio climático y sus efectos en la sociedad y en los ecosistemas. La
CMNUCC es una de dos convenciones de Río, a las que pueden adherirse los Estados desde la Cumbre
para la Tierra de Río de Janeiro, en 1992. Sus instrumentos hermanos son el Convenio sobre la
Diversidad Biológica (CDB) y la Convención de Lucha contra la Desertificación (CLD). Estos tres
instrumentos están vinculados de manera intrínseca.
El Protocolo de Kyoto de 1997 y el Acuerdo de París de 2015 se negociaron en el seno del CMNUCC y
sobre la base de la Convención Marco. Aquí encontrará un histórico con todos los procesos y
negociaciones relativos al clima.
Figura 1: Estructura de gobernanza de la CMNUCC
13La Convención Marco, el Protocolo de Kyoto y el Acuerdo de París sientan las bases institucionales para
el proceso intergubernamental de lucha contra el cambio climático (más información):
• Un órgano rector supremo: la Conferencia de las Partes en la Convención Marco (COP), la
Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Protocolo de Kyoto (CP/RP)
y la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo de París
(CP/RA).
• Un órgano de administración del proceso: las Mesas de la COP, la CP/RP y la CP/RA.
• Los órganos subsidiarios. Dos de ellos son permanentes: el Órgano Subsidiario de
Asesoramiento Científico y Tecnológico (OSACT), encargado de ofrecer información y asesoría
temprana, y el Órgano Subsidiario de Ejecución (OSE), encargado de ayudar a los órganos
rectores a evaluar su trabajo. También existen otros órganos subsidiarios ad hoc que la COP,
la CP/RP o la CP/RA pueden constituir según sus necesidades para abordar alguna cuestión
concreta.
• Los órganos subsidiarios técnicos, también denominados «órganos constituidos», que tienen
una membresía limitada y se constituyeron en virtud de la Convención Marco, del Protocolo
de Kyoto y del Acuerdo de París.
• Una Secretaría.
• Las entidades encargadas de las operaciones del Mecanismo Financiero de la Convención, es
decir, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) y el Fondo Verde para el Clima (FVC).
Estas instituciones participan de manera conjunta en el proceso de formulación de políticas y
directrices para ayudar a las Partes a aplicar la Convención, el Protocolo de Kyoto y el Acuerdo de París.
Los países industrializados (Anexo I) deben informar de manera periódica sobre sus políticas y medidas
en materia de cambio climático, inclusive aquellas cuestiones regidas por el Protocolo de Kyoto para
los países que sí lo hayan ratificado. También deben presentar un inventario anual de sus emisiones
de gases de efecto invernadero con los datos del año de base (1990) y todos los años posteriores. Los
países en desarrollo (las Partes no incluidas en el Anexo I) presentan informes de carácter más general
sobre sus acciones para combatir el cambio climático y para adaptarse a sus efectos. No obstante, lo
hacen con menos regularidad que las Partes incluidas en el Anexo I y los informes están supeditados a
la obtención de financiación para redactarlos, en particular, en el caso de los países menos
adelantados.
Figura 2: Estructura organizativa del IPCC
14La entidad encargada de recoger las evidencias y los hallazgos científicos en los que se han basado
todas estas decisiones y procesos es el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático (IPCC), un organismo independiente compuesto por científicos elegidos por los Estados Parte
que ofrece información científica objetiva y exhaustiva sobre la naturaleza antropogénica del cambio
climático, sus impactos y riesgos naturales, políticos y económicos y los posibles mecanismos de
respuesta. Sus trabajos se dividen en el Grupo de Trabajo I, que estudia los aspectos científicos de los
sistemas climáticos y del cambio climático; el Grupo de Trabajo II, que estudia la vulnerabilidad de los
sistemas socioeconómicos y naturales ante el cambio climático, sus consecuencias y las posibilidades
de adaptación, y el Grupo de Trabajo III, que estudia las distintas maneras de limitar las emisiones de
gases de efecto invernadero y otras maneras de mitigar el cambio climático. El sexto informe del IPCC,
publicado en agosto de 2021, determinó que el cambio climático es el origen de numerosos fenómenos
destructivos, que van desde olas de calor sin precedentes hasta inundaciones e incendios forestales
mortíferos.
Figura 3: Mecanismos del Acuerdo de París para la aplicación, la acción nacional y la acción no gubernamental
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