ORIGEN, DESARROLLO Y PERSPECTIVAS DE LA CENTRAL INDEPENDIENTE DE OBREROS AGRÍCOLAS Y CAMPESINOS

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ORIGEN, DESARROLLO Y PERSPECTIVAS DE LA
    CENTRAL INDEPENDIENTE DE OBREROS
         AGRÍCOLAS Y CAMPESINOS
                                    C I O A C

                                                                                A la memoria de:

                                                                       Andulio Galvez Velázquez.
                                                                         Agustín Rubio Montoya.
                                                            Graciano Flaviano Gutiérrez Benítez.
                                                                  José Dolores López Domínguez.
                                                                           Sebastián Pérez Nuñez
                                                  Y a cientos de luchadores que ofrecieron su vida
                                                  por una sociedad más justa, libre y democrática.

Rescatar la memoria histórica es mucho más que el ejercicio de una actitud nostálgica. Es un
deber para con incontables generaciones de luchadores y, sobre todo, es una obligación ética
para una organización social con el futuro de nuestro pueblo consecuente con sus principios,
que ha hecho suya la mejor herencia del pasado y que se sabe consciente de sus
obligaciones. Así lo percibe la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos
(CIOAC).

Durante treinta y seis años esta Central ha sido la organización de lucha revolucionaria que,
en forma autónoma e independiente, ha desarrollado una actividad sostenida en defensa de
ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios minifundistas, solicitantes de tierras,
productores y trabajadores de los sectores populares del campo y la ciudad.

Nace en 1963, precisamente cuando organizaciones y dirigentes cooptados por el régimen
de partido único, habían arriado con él las banderas revolucionarias, nacionales y
progresistas de antaño. Con una actividad cotidiana y sin tregua, siempre junto a los
mexicanos sin voz pero con hambre de justicia, tierra y dignidad, la CIOAC de manera
constante se actualiza en sus deberes en el debate democrático en sus plenos y en sus ocho
congresos nacionales, logrando una presencia cotidiana en el territorio mexicano, desde
Sonora hasta Chiapas y desde Veracruz hasta Colima. Del mismo modo, la política de masas
de sus militantes ha desarrollado y trasmitido una conciencia clara y actualizada de los
legados históricos de nuestro pueblo, fundiéndolos con las tareas presentes. Es así, que hace
vigentes y rejuvenece los ideales de la Independencia, la Reforma y la Revolución
Mexicana. De ahí, el vigor con que ella participó en las luchas sociales desde su fundación,
en especial en aquellas de 1968, y en todas las más recientes. Levantó su voz y apoyó las
aspiraciones populares de libertad y democracia, de reivindicación de la tierra, el crédito no
usurario, precio rentable para las cosechas, acceso a la vivienda, educación y salud. Sin
olvidar los legados patrióticos y nacionales, no ha cejado en la lucha por la
autodeterminación y la soberanía de México, gravemente amagadas por un proceso
globalizador de la actual etapa del capitalismo que ha sacralizado el mercado y el dinero en
demérito de los intereses de la mayoría de los mexicanos.

 LAS RAÍCES HISTÓRICAS

Las luchas agrarias y de los sectores populares no germinan aisladamente. Sus orígenes ya
registran antecedentes en los cambios de la formación económica y social ocurridos desde la
época prehispánica, la conquista y la colonia. Esas transformaciones en los regímenes de
 propiedad, de las clases y del poder, se hicieron presentes en las formas de gobierno, las
políticas económicas e influyeron en el uso y tenencia de la tierra, en la producción y su
comercialización. Igualmente, en el modo que los privilegiados en turno trataban de obtener
los mayores excedentes de riqueza explotando la mano de obra de indígenas, campesinos y
asalariados del campo y la ciudad.

La sociedad agraria precolombina, con su uso comunitario de las tierras, su calpulli y el
atlapatlalli, fue brutalmente transformada por los conquistadores. Ellos, portadores de un
feudalismo ya en proceso de degeneración o un capitalismo incipiente, con las tristemente
famosas encomiendas y las mercedes de tierra, dieron comienzo a la escalada de la
concentración de la tierra. Algunas pudieron ser rescatadas por sus antiguos dueños -pueblos
y comunidades- tras largas y dramáticas luchas ante los poderes del virreinato y de la Real
Audiencia. Las que se restituyeron lo fueron con las características de tierras comunes del
ejido español.

Y como siempre ha ocurrido, la concentración del poder, la tierra y la riqueza, generó una
masiva pobreza, una despiadada explotación de la fuerza de trabajo y una creciente hambre
de justicia. Los criollos también demandaban un grado de autonomía respecto de la corona.
Esas fueron las levaduras de la revolución de la Independencia de 1810.

Sin embargo, no se resolvieron los problemas ni las demandas de los sectores más pobres
del país, de sus pueblos indios, de los explotados de la ciudad y del campo. Al contrario, la
concentración de la propiedad de la tierra prosiguió a costa de las comunidades y poblados

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indígenas. Los apropiadores siguieron siendo los grandes terratenientes y la Iglesia a los
que se sumaron nuevos acaparadores. Esta forma de concentración de la tierra fue
consagrada por la Ley Lerdo del 28 de julio de 1856, conocida también como Ley de
Desamortizaciones.

Casi tres décadas más tarde, en 1885, el gobierno de Porfirio Díaz contrató compañías
norteamericanas, para medir, deslindar y vender extensos terrenos baldíos en el norte del
país. En los hechos, con este programa se perpetraron nuevos despojos a comunidades y
pobladores indígenas. Por carecer muchos de ellos de documentos que amparasen su
posesión, extensos territorios pasaron a poder de las compañías deslindadoras, que
prontamente vendieron a propietarios privados, quienes formaron inmensos latifundios y
haciendas. Su presencia generó importantes centros económicos, políticos y cacicazgos, con
su secuela de una inhumana explotación de la mano de obra asalariada, pobreza y tiendas de
raya, característica oscura del gobierno despótico de Porfirio Díaz y de sus “científicos”,
apelativo irónico que en ese tiempo se aplicaba a su cohorte de intelectuales liberales y
modernizadores.

Aunque el país conoció en esta etapa un proceso de industrialización y los ferrocarriles
unían a sus principales centros económicos, los asalariados urbanos y los trabajadores
acasillados de las haciendas y latifundios, se movilizaban aisladamente por mejorar sus
dramáticas condiciones de vida. Se acrecentó la lucha por la tierra. De modo paralelo, una
nueva burguesía agraria y citadina bregaba por acceder al poder político. Ya estaban
maduros los fermentos de la Revolución Mexicana. Tales procesos y pugnas culminaron con
la declaración del Plan de San Luis Potosí, el 20 de noviembre de 1910. En él no sólo estaba
presente su lema de “Sufragio efectivo. No reelección”, como repudio de Madero y los
suyos a los 30 años del porfiriato y su reciente fraudulenta reelección, sino que se mantenía
vigente la demanda de restitución de las tierras comunales y las despojadas por latifundistas
y hacendados.

 EL LEGADO DE ZAPATA

Pero transcurridos los años, seguían sin ser resueltos a fondo los problemas agrarios. El
país, en todo este dramático lapso, conoció los planes de Texcoco, Tacubaya, Santa Rosa y
el Orozquista. En algunos se volvía a reiterar que el problema fundamental, en sus diversas
formas y consecuencias, era el de la tierra (plan de Tacubaya). El de Santa Rosa proclamó,
por “causa de utilidad pública”, la expropiación del territorio nacional.

Como antecedente de todos aquellos, debe ser mencionado por su intransigente y claro
pronunciamiento de lucha por la tierra, el Plan de Ayala. Emiliano Zapata lo promulgó junto
a su estado mayor, el 28 de noviembre de 1911, en el poblado de Ayaxuxtla, Puebla

En su texto, el general sureño notificaba que, mientras no fuesen satisfechas las demandas

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de tierra prometidas a los campesinos, el Ejército del Sur no licenciaría a sus tropas,
argumentando que el pueblo no verá a la revolución como una “separadora de injusticias”.

Al recordar que Francisco I. Madero, había sido un “ejemplo para realizar todas las
promesas de la revolución”, Zapata denunció que “por complacer a los científicos,
hacendados y caciques que nos esclavizan”, las había traicionado y, con ello, se victimaba a
la fe del pueblo.

Por ello, el Plan de Ayaxuxtla, desconoció la jefatura de Madero y proclamó “la del ilustre
general Pascual Orozco”; manifestando a la nación que los zapatistas “hacen suyo el plan de
San Luis Potosí, con las adiciones necesarias, en beneficio de los pueblos oprimidos, y (que)
serán defensores de los principios que defienden hasta vencer o morir”.

En estas difíciles condiciones, con avances y retrocesos, se llega al proyecto de ley del 6 de
enero de 1915, que habría de marcar más adelante el destino de la Reforma Agraria, entre
otros derroteros de la revolución. Igualmente, en espíritu y letra el 27 constitucional, junto
con el 123 son los artículos más sobresaliente de la Carta de 1917.

El artículo 27 constitucional establece que la tierra y el agua son propiedades de la nación.
Esta ha trasmitido y trasmite su dominio a particulares y establece la norma constitucional
de que la nación podrá, en todo tiempo, imponerle a la propiedad la modalidad que dicte el
interés público, así como el de procurar el buen aprovechamiento de los recursos naturales.

En ese artículo se contempló una equitativa distribución de la riqueza al determinar límites a
la propiedad de la tierra, al tiempo que se expidieron leyes para la restitución de tierras,
aguas y bosques que habían sido adjudicadas por la ley del 25 de junio de 1856. Pugnaba
porque las nuevas poblaciones tuvieran tierras y declaraba reversibles los contratos y
concesiones otorgados desde el año de 1816, si dañaban el interés público. También
restringió el derecho de los extranjeros y de las congregaciones religiosas a adquirir
terrenos. Asimismo, concedió el derecho a usufructuar en común las tierras que
pertenecieron a pueblos, rancherías, congregaciones, tribus y otras entidades que, de hecho
y por derecho, las venían disfrutando.

Su contenido explica, en sí mismo, por qué otros postreros “modernizadores” se empeñaron
tanto estos últimos años por liquidar esta conquista del pueblo mexicano, en especial de los
campesinos.

                       GOBIERNOS POSREVOLUCIONARIOS

                          Y LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA

Las demandas insatisfechas de los trabajadores y las limitadas acciones para repartir la
tierra, caracterizaron a los gobiernos posrevolucionarios. Aquellas coincidieron con las que

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venían expresando algunos segmentos democráticos de las capas medias. Así comienzan a
surgir nuevas organizaciones sociales y agrarias. A medida que las armas se habían ido
acallando -que de todos modos irrumpían esporádicamente-, comienzan a cobrar presencia
algunas organizaciones políticas, cuyos integrantes consideran su accionar como la principal
forma de lucha destinada a plasmar sus aspiraciones.

En el primer cuarto del presente siglo se formaron una media docena de partidos,
organizaciones políticas y sociales. Algunas, más que herramientas destinadas a materializar
un programa, fueron una fuerza de presión en apoyo a determinados caudillos. Así
surgieron: el Partido Laboral Constitucionalista, en 1906; el Socialista Obrero y la
Confederación Obrera Mexicana, CROM, en 1918; los partidos Laborista y Comunista de
México, en 1919. Siendo el problema de la tierra el que nacionalmente importaba a más
millones de mexicanos, no en todos los programas tuvo el énfasis e importancia que
merecía. Esto explica, en parte, la creación posterior del Partido Nacional Agrarista, en
1920. Fue apoyado por clubes agrarios, que ya funcionaban en numerosos pueblos de la
República. De este modo, no fueron ajenas las pugnas que se suscitaron entre
organizaciones campesinas y obreras y partidos por afiliar a los trabajadores del campo.

Con anterioridad, la ley del 6 de enero de 1915 -germen del artículo 27 constitucional-, ya
había ejercido influencia en los hombres del campo para acentuar su organización. Las
Ligas de Comunidades Agrarias se crean, precisamente, como instrumentos de lucha y
movilización para exigir el cumplimiento de dichas normas legislativas. Ellas también se
constituyeron como formas organizativas destinadas a evitar el asesinato de sus líderes y
caer en otros reveses de sus demandas tantas veces postergadas.

 Este movimiento cobró fuerza, creándose Ligas en Guanajuato, Veracruz, Tamaulipas,
Puebla y otros estados del país. Así, se llegó a su Primer Congreso Nacional el 15 de
noviembre de 1926. En su declaración de principios se presentó como genuino representante
de los campesinos pobres, ejidatarios y asalariados agrícolas de México. Hizo suyos y
anunció que lucharía por los postulados del artículo 27 constitucional y del 123. También se
planteó como meta el mejoramiento del ejido para que se constituyera en base social y
económica del desarrollo nacional. Imbuido de los nuevos aires que corrían en el mundo,
declaró como aspiración final la socialización de la tierra y de los demás medios de
producción. Con acentos más internacionalistas tuvo como lema: “Campesinos de América,
uníos”.

Con la creación en 1926, del Partido Nacional Revolucionario y el estallamiento de la crisis
política que siguió al asesinato del general Alvaro Obregón, se iniciaron las divisiones en el
seno de la Liga de Comunidades Agrarias. Uno de los resultados de estos acontecimientos
fue la fundación del Bloque Obrero Campesino, en 1929, encabezado por Diego Rivera y
que tiene como secretario a Ursulo Galván.

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Un año más tarde, se divide la Liga en otras tres fracciones. Una se adhiere al Partido
Nacional Revolucionario; otra siguió a la corriente de Ursulo Galván -quien murió el 23 de
julio de 1930-; y la tercera se plegó a las posiciones del Partido Comunista.

                          LA CONTRAREFORMA AGRARIA

                         Y EL SURGIMIENTO DE LA CIOAC

La vasta gama de opciones ideológicas, el caudillismo y la diversidad de estrategias y
opciones para solucionar demandas o acceder al poder, siguieron debilitando y atomizando
a las debilitadas organizaciones campesinas. Pero, asimismo, desde varios frentes se siguió
buscando la unidad perdida.

Graciano Sánchez y Portes Gil, convocaron en 1933 a los antiguos líderes de las
comunidades agrarias. Sus esfuerzos, cinco años más tarde, confluyeron en la constitución
de la Confederación Nacional Campesina(CNC). Su objetivo esencial fue el de fortalecer la
organización sindical de los trabajadores del campo e impulsar de nueva cuenta la lucha por
la tierra.

Este proceso coincidió con los amplísimos repartos agrarios del gobierno de Lázaro
Cárdenas. Tales como los decretos de riego para la Comarca Lagunera de 1936; los de
Apatzingán, Lombardía y Nueva Italia, en Michoacán; y los del Valle del Yaqui, en Sonora,
de 1938. Las dilatadas luchas sindicales de los trabajadores del agro encontraron eco en un
gobierno progresista.

En esa época no sólo se entregó tierra sino también se fortaleció la organización social y
productiva de los ejidos. Estos fueron dotados de maquinaria; la comercialización de sus
productos se optimizó; se les otorgó créditos e insumos baratos. Como resultado de esas
acciones, se fortaleció una cultura organizativa y de elevación de la calidad de vida al
interior de los ejidos y sindicatos.

Los gobiernos que siguieron al del general Lázaro Cárdenas, con altibajos, compitieron en
aplicar una política antiagraria que dejó al campo y a su gente en un lugar subsidiario.
Abandonaron a los ejidos colectivos y manipularon las organizaciones de base de
ejidatarios y trabajadores agrícolas, lo que se acompañó de una sostenida represión a
quienes disintieron de la política oficial. Entre los numerosos asesinatos de sus dirigentes,
debe mencionarse el de Maximiliano R. López -el Machi López-, perpetrado en el Valle del
Yaqui. Pero la violencia del Estado no solamente se expresó así; la caracterizaron, en otros
ámbitos, el encarecimiento de los préstamos y de los insumos, los bajos precios impuestos a
la producción agropecuaria, una política económica monetarista guiadas por las fuerzas del

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mercado y frecuentes devaluaciones de la moneda nacional. Todo ello acentuó la crisis
agraria, agravándose el desempleo y la miseria. Son también, tiempos de decadencia y
desprestigio de las organizaciones campesinas oficialistas, en especial de la CNC.

La CNC entró a un nuevo periodo de crisis y abandono de sus principios fundamentales.
Paralelamente, la Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM) se divide
y pierde autoridad ante sus asociados.

Desde mediados de las décadas de los cincuentas y los sesentas, desde todos los ámbitos
sociales surgieron sostenidas movilizaciones y luchas a lo largo del país. Los maestros de
primaria, secundaria, telegrafistas, telefonistas y ferrocarrileros, así como otros sectores de
la población trabajadora urbana y del campo, hicieron su aporte a las demandas por mejores
condiciones de trabajo, por una nueva política económica con énfasis social, por la
democracia y la libertad.

En esta etapa la vida campesina cobró un renovado impulso. Pasó a un primerísimo plano la
necesidad de una organización de clase que hiciera realidad las demandas de los ejidatarios,
campesinos y trabajadores del campo y no sólo se quedara en el discurso de sus dirigentes.

En este marco surgió la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos
(CIOAC), en enero de 1963 -como resultado de la escisión de la Central Campesina
Independiente(CCI). La democracia interna, con dirigentes genuinos y representativos de
sus bases, le ha permitido a la CIOAC ser la animadora de batallas por la solución de las
demandas de los obreros agrícolas, de los solicitantes de tierras y de los ejidatarios a lo largo
de sus 36 años. Sus banderas han sido brutalmente ensangrentadas, en numerosas ocasiones,
con el asesinato de líderes locales, regionales y nacionales.

                             DE LA CCI ROJA A LA CIOAC

Como fue señalado, al iniciarse la década de los sesenta, la situación de los trabajadores del
agro presentaba un panorama crítico. La CNC, que por tres decenios fue portadora de las
demandas más sentidas de este sector de la población, se distinguió por ser un órgano
progresista de estabilización social. Pero, poco tiempo después, bajo otros gobiernos, esta
Central y sus dirigentes fueron requeridos como instrumentos de desmovilización y
mediatización de los campesinos y trabajadores del campo, en especial, en lo que concierne
a las presiones por nuevos repartos de tierra. De esta forma y bajo el imperio de otras
políticas económicas de signo negativo para los hombres de trabajo, la crisis los dejó sin
alternativas para progresar. Empeoran sus condiciones de vida y sus derechos e intereses
fueron brutalmente violados en particular durante el gobierno de Adolfo López Mateos.

En el trienio de 1960 a 1963 se exacerba la violencia en contra del movimiento sindical y
campesino y de sus dirigentes. El 23 de mayo de 1962 fue asesinado Rubén Jaramillo, y

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David Alfaro Siqueiros fue encarcelado cuando defendió el movimiento ferrocarrilero. Bajo
estos aires reaccionarios, el propio general Lázaro Cárdenas fue acusado -por quienes fueron
afectados durante su gobierno por su política agraria y nacionalización de riquezas básicas-
 por el supuesto delito de “traición a la patria”.

En respuesta a este ambiente reaccionario y de violencia, los días 4 y 5 de agosto de 1961,
se constituyó el Movimiento de Liberación Nacional (MLN) en la ciudad de México. En
pleno auge de adhesiones y de afiliaciones masivas a esta nueva corriente, es decir, en un
contexto de efervecencia política, se gestaron, así mismo, otros procesos. En octubre de
1962 aparece la convocatoria al Congreso Constituyente de la Central Campesina
Independiente (CCI). El llamamiento se hizo para los días 6, 7 y 8 de enero de 1963 en la
capital de la República.

De los catorce puntos que se propusieron como demandas inaplazables, se destacan los
siguientes:

     Organización sindical de los trabajadores agrícolas;

      Reforma a la Ley de Crédito Agrícola y mejoramiento de las funciones de los bancos
agrícolas y ejidales;

     Real operatividad del seguro agrícola;

     Lucha en contra de los monopolios nacionales y extranjeros;

     Libertad de los presos políticos y sindicales;

     Defensa de los campesinos detenidos y perseguidos;

     No intervención del ejército en los asuntos y conflictos agrarios, sindicales y
populares;

      Derogación de la repudiada figura supuestamente delictiva denominada “disolución
social”, por inconstitucional y contraria a las garantías del pueblo.

La invitación al Congreso fue dirigida a todos los campesinos del país sin distinción
alguna, y también a las organizaciones revolucionarias, progresistas y populares.

En estas difíciles condiciones políticas del país, los organizadores del Congreso esperaron
que éste fuera el punto de partida de una mayor unidad de los campesinos y trabajadores del
agro por sus reivindicaciones.

Suscribieron la convocatoria, entre otras organizaciones, la Unión Nacional de Solicitantes

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de Tierra, Agua y Crédito; la Alianza Revolucionaria de Obreros y Campesinos de Oaxaca,
el Frente Ixtlero de Cohauila, Nuevo León y Zacatecas; la Federación Revolucionaria
Campesina de Puebla. Y de parte de la comisión organizadora Arturo Orona, Domingo
Esquivel, Ramón Danzós y Alfonso Garzón entre otros.

Pese al clima de represión y a las amenazas de algunas autoridades, cerca de dos mil
delegados procedentes de todos los estados de la República que representaban a más de
medio millón de campesinos y trabajadores del agro, inauguraron el Congreso Constituyente
de la Central, en un ambiente pleno de fervor, según declararon dirigentes de aquel
entonces. Como una muestra de la ausencia de sectarismos, también participaron grupos y
dirigentes con posiciones ideológicas muy heterogéneas. Como por ejemplo, Arturo Orona,
viejo líder campesino de la Comarca Lagunera; el ex gobernador de Baja California,
licenciado Braulio Maldonado y el líder agrario de ese mismo estado norteño, Alfonso
Garzón.

La ovacionada y emocionante presencia del general Lázaro Cárdenas dio así mismo, mayor
trascendencia y significación política al Congreso Constituyente de la CCI. Consciente de
ello y de las posibles consecuencias de su actitud, en el mensaje que dirigió a la asamblea
expresó:

“Esperamos que los demás sectores revolucionarios no se extrañen de que los campesinos
que actúan dispersamente, quieran organizarse para hacer más efectivas sus gestiones en la
solución de sus problemas; no existe una sola organización campesina”.

Con este señalamiento el general Cárdenas reconocía públicamente el fracaso de la
oficialista CNC. No es de extrañar, entonces, que de inmediato, algunos partidos y
organizaciones sociales gobiernistas, se sumaran a los ataques y críticas a la nueva Central
y, de manera particular, en contra de Lázaro Cárdenas. Entre otras cosas, se le acusaba de
respaldar a una CCI “divisionista y antirrevolucionaria”.

El 8 de enero de 1963 fue clausurado su Congreso Constituyente. En su declaración de
principios y programa de trabajo se hace énfasis en los siguientes planteamientos: Luchar de
inmediato por la tierra, el agua y el crédito; no cejar en la defensa de los intereses de los
trabajadores agrícolas; bregar por mejores precios para las cosechas; pugnar por la
ampliación de la actividad educativa y por mejores condiciones de salud y salubridad; por
la vigencia real de los postulados democráticos inscritos en la Constitución de la República,
habitualmente violados por quienes están encargados de su aplicación.

Aunque surgida bajo el signo de la unidad y con el apoyo consecuente del Movimiento de
Liberación Nacional, un año más tarde -en 1964- la CCI se dividió, a causa de las
diferencias ideológicas de sus principales dirigentes. El aspecto central de ese rompimiento
fue la intolerancia del gobierno a una nueva central con las características de la CCI-roja.

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Sin embargo, otros elementos también influyeron en la ruptura, como por ejemplo, la
propuesta del Frente Electoral del Pueblo (FEP) en el sentido de postular como candidato a
la presidencia de la República a Ramón Danzós -miembro del Partido Comunista
Mexicano (PCM) y uno de los secretarios generales de la CCI. Este dirigente aceptó
contender en esos comicios, al considerar que una campaña electoral podría ser un foro
propicio para la difusión de las demandas de los campesinos y trabajadores, en general.
 Algunos opinaron que durante su campaña Danzós vinculaba los principios y programa de
la CCI con la posición política del FEP. Así fue como ciertos dirigentes campesinos
opositores como Alfonso Garzón, junto con otros grupos sin formación ni militancia de
izquierda, aprovecharon esa coyuntura para separar a los comunistas de la CCI.

Frente esta situación, Ramón Danzós, Arturo Orona, Graciano Benítez y José Dolores
López convocaron a una reunión de la Central. Allí se acordó, por mayoría, expulsar a
Alfonso Garzón y a todos los miembros del comité ejecutivo que apoyaron esa actitud
divisionista.

Finalmente la ruptura sobrevino y a partir de ese momento la CCI siguió funcionando con su
nombre original, pero cada fracción quedó definida por sus características ideológicas y los
apellidos de sus líderes. Una de ellas es conocida como la oficial o “la blanca” de Garzón y
la otra como la independiente o “la roja” de Danzós.

Desde su separación, Alfonso Garzón Santibáñez se dedicó con ahínco a buscar su ingreso
al PRI y alcanzar alguna diputación. Ambas canonjías le fueron concedidas y por ello, un
segmento de la CCI fue incorporado al sistema oficial y a la CNC, en donde aún
permanecen unos pocos de sus seguidores. La CCI roja dirigida por Danzós, pese a todos
los avatares y años de lucha, siguió manteniendo su carácter independiente frente al gobier-
no y sus políticas agrarias oficiales.

El 16 de noviembre de 1975, en el informe del comité ejecutivo nacional de la CCI roja al
II Congreso Ordinario, se propuso el cambio de nombre. Un serio análisis del desarrollo de
la economía, de los cambios sociales en el país y, en especial, de la estructura de clase de la
sociedad rural mexicana justificó esa iniciativa, misma que finalmente fue aprobada. La
aguerrida CCI roja se convirtió entonces, en la Central Independiente de Obreros Agrícolas
y Campesinos (CIOAC).

Los errores que en algún momento pudieron cometerse, debido al contexto político y social
en el cual surge la CCI roja y la acusación que durante muchos años pesó sobre los
dirigentes por su militancia en el Partido Comunista, no invalida en ningún momento sus
esfuerzos por organizar y defender los derechos de los campesinos en una Central realmente
independiente y en propender a la gestación de una de carácter unitario.

Nacida bajo los principios de la unidad y de la reforma agraria radical y en medio de una

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sostenida y cruenta represión, la ahora CIOAC lucha por crear y encontrar nuevos caminos
y formas que le permitan realizar las demandas de los trabajadores agrícolas y campesinos.

Desde sus tiempos de CCI y de CCI Roja, la recién nacida Central ha debido enfrentar a
toda clase de reaccionarios. Ellos no conciben que una organización de campesinos y
trabajadores agrícolas independiente sea crítica y contestataria, que ataque sus intereses y
políticas. Así, sucesiva o simultáneamente, ha enfrentado durante estos años, al partido
único de Estado, a la iniciativa privada de la derecha y al imperialismo, a los gobiernos
federal, estatal y municipal, a algunos secretarios de Estado como el de la Defensa y a un
sector de la derecha del clero político. Para algunos ex-marxistas -ahora socialistas
renovados o domesticados-, el surgimiento de una fuerza campesina, organizada desde la
base -como en la CIOAC-, divide al campesinado mexicano.

A la Central le ha sido difícil moverse contra la corriente. Pero nada ha mellado la decisión,
principios y constancia de centenares de líderes agrarios, en todos los niveles. Con trabajo
unitario ha venido materializando y fortaleciendo el instrumento de lucha que requerían los
trabajadores del agro y los campesinos.

Frente al desprestigio cada vez más profundo de la CNC y al vacío político de otras
organizaciones, el gobierno nunca ha querido permitir que se forme otra agrupación -y
menos, una independiente- que le dispute a su Central oficialista la hegemonía del
movimiento agrario. Ha armado y llevado a cabo muchos planes para desprestigiar a los
mejores líderes de la CIOAC, a los que pretende acusar de “disolución social”. Ha
violentado su vida interna. Ocupó sus oficinas a través del grupo de Serrano Garzón, el 9 de
septiembre de 1964. Este tipo de acciones represivas se han mantenido hasta la actualidad.

Pero la CIOAC no se amedentró. Por el contrario, con dirigentes apegados a sus bases,
sensibles a sus problemas y aspiraciones se ha logrado la masificación de afiliados y
voluntades. También es un órgano atento no sólo del legado histórico de quienes nos han
dado patria y tierra, sino también del pulso internacional. Desde sus orígenes, y
progresivamente, ha captado con mayor fuerza las demandas de las mujeres, los jóvenes, los
emigrados que llegan a las ciudades en busca de trabajo y un pedazo de terreno donde alojar
a sus familias. Su voz solidaria siempre ha estado atenta a las demandas de los pueblos
indígenas y se ha movilizado para conseguir la libertad de los presos políticos. La
conciencia histórica y social y las luchas sectoriales en las que ha participado, han
contribuido al fortalecimiento de la CIOAC. Así mismo, la lucha magisterial de 1957, la de
los ferrocarrileros un año más tarde, las movilizaciones agrarias de 1960, la Revolución
Cubana y los movimientos de liberación nacional de otros pueblos, la lucha estudiantil y
 popular de 1968 y todas aquellas expresiones en las que el pueblo ha reclamado sus
derechos, su libertad y la implantación de la democracia, han tonificado a nuestra Central.
Las represiones de López Mateos y Díaz Ordaz pasaron y la CIOAC se mantiene vigente.
Sigue doliéndonos el asesinato de Rubén Jaramillo y de su familia en Xochicalco, aquel

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luctuoso 23 de marzo de 1962; la muerte de Vivi Flores a la que deben añadirse otros 200
asesinatos de sus dirigentes regionales y locales; los encarcelamientos de Ramón Danzós
Palomino y las persecusiones despiadadas contra Rafael J. García y Graciano Benítez y
tantos otros. Tales sacrificios, en vez de debilitar y aniquilar a la CIOAC, han elevado la
llama y la resistencia de sus militantes, permitiéndoles continuar en la lucha cotidiana y
unitaria de la gestión social y agraria.

                                 LA LUCHA UNITARIA

Los principios y puntos programáticos fundamentales de la CIOAC, al igual que sus
readecuaciones en relación con los cambios políticos, económicos y sociales registrados en
el país, fueron ratificados en sus congresos IV, V y VI. Ellos contribuyeron, sucintamente a:

1)     La unidad de acción con otras organizaciones del movimiento agrario, para la
construcción de una central unitaria.

2)   La conformación y existencia de frentes específicos para la organización de los
campesinos, obreros agrícolas, la mujer, los jóvenes y del sector urbano popular.

3)    El enfoque, en forma primordial, de una acción sostenida hacia los obreros del
campo, propendiendo a la constitución de sus propios sindicatos en las zonas productoras
más importantes, particularmente en San Quintín, Baja California, la región cafetalera de
Chiapas y la sierra de Guerrero que concentra el mayor número de este tipo de asalariados.

4)     La constitución de un frente campesino, integrado por ejidatarios, comuneros y
pequeños propietarios. Con base en estas directrices y su práctica cotidiana, se arribó en
1978 a la constitución de un frente amplio, de carácter social, conocido como la Unión
Nacional de Ejidatarios, Comuneros y Pequeños Propietarios (UNECPP). Esta Unión
organizó y movilizó a los campesinos en demanda de dotación de ganado vacuno, mejores
precios a su producción, descenso del precio de los fertilizantes y otros insumos,
asesoramiento técnico y administrativo y por rebajas al costo de los créditos. En esta última
demanda, la Unión logró crear un instrumento financiero legal y de carácter social,
UNCAFAECSA, que permitió disminuir el costo de los créditos y ampliarlos. Su desempeño
fue eficaz, lo que se prueba con el crecimiento del número de productores asociados,
mismos que llegaron a ser más de diez mil y con el aumento de las sucursales, las cuales
ascendieron a 58 establecimientos en todo el país.

5)     En lo que respecta a la aspiración siempre presente en el trabajo, plenos y congresos
de la CIOAC, esto es, la unidad del movimiento agrario, esta Central participó en una serie
de movilizaciones con otros agrupamientos del campo. A través de la acción, frentes como
la Coordinadora de Acción Unitaria (CAU) y el Movimiento Nacional de resistencia
Campesino, MONARCA. De este modo, CIOAC desarrolló un plan destinado a fortalecer,

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por otras vías, la lucha contra las reformas reaccionarias al artículo 27 constitucional. En
estas acciones se movilizaron junto con la CIOAC otras organizaciones como la Unión
Nacional de Trabajadoras Agrícolas (UNTA), Coordinadora Nacional Plan de Ayala
(CNPA), Unión Campesina Democrática (UCD), Coalición de Organizaciones
Democráticas, Urbanas y Campesinas (CODUC) y la Unión Nacional de Organizaciones
Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA).                   Tales acciones influyeron,
posteriormente, para constituir el Congreso Agrario Permanente (CAP), fructificación de las
constantes inquietudes de las organizaciones agrarias independientes por constituir un
espacio o instrumento inalterable de coordinación.

Así, al CAP se incorporaron tanto las organizaciones agrarias independientes como las de
carácter oficial. Ante las dificultades para movilizar a ambos extremos organizativos del
CAP en acciones más abiertas por las demandas agrarias, se llegó a la conformación de un
nuevo conglomerado de agrupaciones del campo: el Consejo de Organizaciones Agrarias
(COA) y a la fundación del Movimiento Campesino 10 de Abril. Sus objetivos estaban
encaminados a la entrega y reparto de la tierra total disponible; al cumplimiento de las
resoluciones presidenciales no ejecutadas; al fortalecimiento efectivo del carácter social del
ejido y de su apoyo de parte del Estado; al combate de la acción privatizadora del gobierno;
al impulso de la reforma positiva del artículo 27 constitucional, en sus fracciones X y XI,
con el fin de que se vuelva a considerar el derecho a la posesión de la tierra como una forma
de redistribución de la riqueza nacional y, finalmente, a desarrollar la calidad productiva y
de vida de los trabajadores del agro.

                           SOLIDARIA E INTERNACIONAL

La CIOAC nunca se consideró una isla. Los campesinos y trabajadores del agro mexicano
han recibido la solidaridad de compañeros de otros países del mundo, por lo que en
correspondencia y como principio básico, esta Central ha brindado permanentemente los
apoyos necesarios a esas organizaciones. La CIOAC siempre ha dado importancia a las
relaciones internacionales con otros organismos similares del orbe. Por ello se adhirió a
diversas asociaciones mundiales como la Federación Sindical Mundial, la UIS; UISTABP,
el Congreso Permanente de Unidad de Sindicatos de Trabajadores de América Latina
(CPUSTAL), la Unión Sindical de Trabajadores de Bosques y Plantaciones de América.
También abrió contactos con organizaciones sindicales y campesinas de Cuba, como la
ANAP y de la ex-Unión Soviética, la Unión de Sindicatos de Trabajadores, entre otros.
Participó activamente en foros y encuentros organizados por las cinco principales centrales
de sindicatos internacionales, en la actualidad forma parte de la Coordinadora
Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC), en un esfuerzo que reúne a más de
57 organismos en América Latina, para hacer frente a los retos que nos impone el modelo
neoliberal, implantado por los gobierno reaccionarios; en un esquema similar pero de
carácter mundial, participa también en la Vía Campesina.

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Tal actividad y disposición no solamente amplió la actitud solidaria de la CIOAC, sino que
también significó la adquisición de una mayor experiencia de parte de sus dirigentes al
participar en cursos de capacitación de cuadros. Los nuevos conocimientos ensancharon y
fortalecieron su visión acerca de las estrategias de la organización, en especial, lo
relacionado con la permanente búsqueda de caminos que la lleven a la construcción de una
central unitaria que sirva de instrumento para impulsar y cohesionar el movimiento agrario
independiente.

En esta fase de la CIOAC, destacan algunos principios y ejes de acción:

a)     La independencia y libertad de organización respecto del gobierno, partidos y
 patrones.

b)    Respeto a la pluralidad ideológica y política de sus afiliados, quienes tienen el
derecho de participar en cualquier colectividad política o creencia religiosa.

c)     Abrir las puertas de la Central a otros sectores del campo y la ciudad, ya sean
trabajadores agrícolas solicitantes de tierra o de lotes urbanos.

d)     Fortalecer la democracia, porque sólo a través de ella y del concepto de la libertad
plena de los derechos del hombre, armónicamente combinados con los colectivos, se puede
propender al desarrollo de una sociedad más justa.

e)     Defender los principios revolucionarios, porque solamente por medio del cambio y la
transformación económica, social y política se podrá hacer realidad una digna condición
humana. Ello incluye, la protección de la familia, dar cumplimiento a los derechos de la
mujer, la juventud y los niños. Y al equilibrar los derechos sociales con políticas de
protección al medio ambiente, se logrará el desarrollo de una sociedad equitativa, sin
concentración absurda de la riqueza, lo cual se alcanzará con la supresión de la explotación
del hombre por el hombre.

                   SU ESTRUCTURA ECONÓMICA Y POLÍTICA

La aplicación de estos principios es lo que permitió el surgimiento de la CIOAC, en su III
Congreso Nacional, así como ampliar y consolidar su representación social.

Con esa base, la CIOAC ha diversificado sus actividades de carácter social. Cuenta en la
actualidad con una comercializadora de productos agropecuarios, UNCAFAECSA, una
Unión de Solidaridad Social, un Sindicato de Obreros Agrícolas donde se expresa toda la
lucha alternativa de los trabajadores y asalariados del campo. También cuenta con varios
frentes que están en proceso de consolidación, en los cuales se agrupan la mujer del campo,
los jóvenes, así como el movimiento urbano popular.

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La Central tiene una estructura orgánica basada en una gran asamblea plenaria que se realiza
cada tres años. En ese acto, se revisa el programa de trabajo, se actualizan los objetivos y su
plan de acción. Allí se elige a la dirección nacional, a través de sus órganos intermedios
como son las federaciones, centros regionales, municipales y sus entidades de labor social
como las comercializadoras y centros locales. En la asamblea participan representantes de
los ejidos, comuneros, pobladores, sociedades de solidaridad social, grupos de productores y
asociaciones. Esta estructura también alcanza a una presencia agraria sectorial de
cafetaleros, productores de maíz, frijol, trigo y nopal entre otros rubros. Todas estas
organizaciones están distribuidas en el interior del país y representan, en conjunto, a una
base social de 150 mil afiliados.

Sus integrantes han debido enfrentarse a todos los graves y profundos problemas que afectan
al agro nacional. Así, el rezago agrario y las consecuencias de la reforma salinista al artículo
27 constitucional, se han expresado también a la par de la desaparición de muchos derechos
 conquistados, con las dificultades o imposibilidades de desarrollar la producción en los
ejidos y comunidades.

La política económica neoliberal, introducida brutalmente desde 1982, llevó al crédito a un
costo inalcanzable y a prácticas usureras que generaron una impresionante cartera vencida,
haciendo aún más crítica la actividad productiva agropecuaria. Tal política, en su conjunto,
ha inducido a un profundo y acelerado proceso de privatización de la tierra comunal y ejidal
y a una dramática acentuación de la miseria en el campo y en las ciudades.

Por la dimensión de esta continuada crisis, es esencial que la CIOAC mantenga las
movilizaciones para continuar exigiendo soluciones al drama de los cinco millones de
trabajadores del agro, quienes padecen bajos salarios en los campos agrícolas de mayor
desarrollo como los ubicados en los valles de Culiacán, Sinaloa, y los de San Quintín y
Mexicali en Baja California, las zonas cañeras, cafetaleras y en aquellos estados donde la
gravedad de la situación social y económica sigue obligando a los trabajadores agrícolas a
emigrar a los campos y ciudades de los Estados Unidos. Esta es la razón por la cual una de
las tareas prioritarias de la Central es la acción desplegada entre los jornaleros agrícolas.

  ANTE LA ACCIÓN COLECTIVA Y EL PODER

Frente a la participación de las grandes masas ciudadanas por la libertad, la justicia y la
democracia, la CIOAC ha contribuido con mayores esfuerzos y proyectos. Por ello muchos
de sus cuadros destacados en movilizaciones reivindicativas de diversos sectores, han sido
propuestos para ocupar cargos de representación popular. De este modo, ya cuenta con
parlamentarios a niveles federal y estatal, y locales como presidentes municipales y regido-
res.

Su dilatada experiencia le ha mostrado a la CIOAC que la sola acción gremial, no es

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suficiente.

La difícil experiencia nacional, sigue mostrándonos que la libertad, la democracia, la
justicia y la paz -pese a que debieran ser bienes colectivos-, siguen siendo dosificados,
acaparados y manipulados al servicio de un sólo partido y de sus intereses. La ausencia de
un Estado de Derecho es la norma que impide una salida democrática. La crisis abismal y
la inseguridad ciudadana explican, en parte, que algunos sectores del campo hayan optado
por la lucha armada.

Como en las represiones pasadas, ahora reiteramos que la búsqueda de la paz y la
democracia sólo pueden darse a través del respeto y la dignidad de todos los mexicanos, con
programas económicos eficaces que impulsen la creación de fuentes de trabajo, ingresos
dignos en el campo y la ciudad y una producción suficiente para la seguridad alimentaria de
nuestro pueblo. Tal alternativa, también pasa por una reforma real y confiable del sistema
electoral y del Estado, de una separación real de sus poderes. Ello implica una democracia
que surja desde la ciudad y sus colonias marginales, del campo y sus ejidos, desde los
pueblos autóctonos y del municipio.

Y este tipo de sociedad que demandamos los mexicanos, no puede empezar por la violencia
del Estado ni de sus organismos represores. Una situación tan compleja como la de nuestro
tiempo, indica además, que es justo el camino adoptado por muchas organizaciones sociales
de vincular y actuar en la arena política, incluso electoralmente.

  CONTRA EL NEOLIBERALISMO

La CIOAC con 36 años de experiencia revolucionaria, con un prestigio de organización
crítica y democrática, sigue proyectando a la vida nacional sus propuestas alternativas esto
es, la unidad de acción y una política de alianzas son su práctica constante. De este modo,
nuestra Central ha participado y participa en diversos frentes de lucha tales como la Mesa
de Concertación Sindical, en los años ochenta. En la actualidad formamos parte del Congre-
so Agrario Permanente y del Movimiento Campesino 10 de Abril.

En medio de la multiplicidad de coyunturas de lucha, ahora nos enfrentamos, junto a la
mayoría del pueblo mexicano, al neoliberalismo que, pese a todos los embellecimientos con
que se le trata de disfrazar, no es ni más ni menos que la etapa actual de un capitalismo
salvaje, del globalismo imperial y de las transnacionales, apoyados por el Banco Mundial y
el Fondo Monetario Internacional. Sus efectos, que agobian a la inmensa mayoría de los
mexicanos, provienen de programas económicos, financieros, políticos y sociales,
destinados a exprimir las elevadas cuotas de plusvalía y ganancias espurias e inmensas en
todos los ámbitos de la economía. Basados en sus recetas, primero suavemente, los últimos
tres gobiernos nacionales han venido inyectando al país sus modelos y prácticas. Su clímax
se registró bajo la administración de Salinas de Gortari, donde a la tierra se le quitó su

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carácter social para convertirla en una mercancía. En la actualidad, los grupos económicos
se han lanzado al asalto por apropiarse de los fondos de previsión y de salud de los
trabajadores. Fruto de este modelo y pese a devaluaciones y “errores de diciembre”, la
riqueza de un grupo de grandes millonarios sigue acrecentándose, mientras se expande la
miseria y la marginación en millones de mexicanos.

Esta afirmación tiene sustento en algunos datos oficiales. De diciembre de 1987 a
septiembre de 1996, los precios de los productos básicos de consumo popular crecieron en
664%, mientras que los salarios lo hicieron apenas en 375%. La diferencia entre precios y
salarios es de 289%; éstos perdieron, en el periodo neoliberal, el 44% de su poder
adquisitivo.

A fines de 1995, el nuevo gobierno prometió el “bienestar de la familia”. ¿Cumplió?: los
salarios se incrementaron en un 19%, pero los precios de la canasta básica se elevaron en un
52%. La pérdida del poder de compra de los salarios fue del 63%.

La generación de empleos es otro tema bueno para los discursos oficiales. Cada año en
nuestro país se incorporan al mercado de trabajo un EN millón 300 mil jóvenes. En 1991 los
mexicanos sin empleo eran 8 millones 700 mil. Y el que “sabe cómo hacerlo”, debió
constatar la existencia de 13 millones de mexicanos desempleados. Esta situación también
se explica en parte, como resultado de la crisis financiera de finales de 1994 y por la cual, el
Ejecutivo enajenó los ingresos derivados de nuestro petróleo, de las riquezas fundamentales
del país, a los intereses estadounidenses. Motivo de discursos oficiales es el cumplimiento
de México del pago de la deuda externa. Pero se oculta que con ello se exprime el tesoro
nacional, y sólo se alcanza a cubrir el pago de intereses.

De toda esta crisis provocada por las recetas y las políticas neoliberales en el campo
mexicano, sus hombres y mujeres, han sido golpeados dramáticamente.

Con el Tratado de Libre Comercio - en donde México queda como socio subalterno de
Estados Unidos y Canadá-, disminuyeron los aranceles a la importación y desaparecieron
los permisos para introducir productos agropecuarios de aquellos países. El gasto público
destinado al sector agropecuario bajó a niveles de sobrevivencia, lo que condujo al deterioro
de la infraestructura como caminos, puentes, puertos y obras hidráulicas. Los subsidios al
medio rural prácticamente desaparecieron, se contrajo el financiamiento y se elevó el costo
del dinero de modo desmesurado y crecieron en términos reales los precios de los insumos
agropecuarios. Todo esto generó una enorme cartera vencida, imposible de pagar. Dicho de
otro modo, mientras el valor del crédito y de los insumos subían por el ascensor, el precio de
los productos pagados al agricultor, ascendía por la escalera.

Mientras los socios del TLC, especialmente EE.UU. ponen toda clase de obstáculos al
ingreso de productos pesqueros, hortícolas y frutales nacionales, así como a los migrantes

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indocumentados, el gobierno mexicano persiste en genuflexiones y actitudes dóciles frente a
sus socios y ni siquiera insinúa en que el TLC sea modificado, aún cuando no le ha
significado a nuestro país los beneficios tan sonoramente pronosticados.

Con la política de libre mercado se perdieron para el campo los precios de garantía y fueron
sustituidos por los precios de mercado, donde los productores son los afectados mientras
que los intermediarios y los bancos se benefician de la “libre competencia”.

Aunque el gobierno y sus organismos vinculados al agro, insisten en que los ejidatarios y
pequeños campesinos deben convertirse en aguzados empresarios capitalistas, que apuesten
a la globalización de los mercados, que participen en la competencia internacional y en las
plazas y opciones a futuro, es más que evidente que las condiciones de producción y
modernización de equipos y de organización, coloca a la inmensa mayoría de los
productores agrarios en la imposibilidad de competir. No se formalizan políticas ni apoyos
que permitan revertir esta situación.

Por el contrario ha sido desarticulada y privatizada prácticamente toda la infraestructura
estatal destinada al fomento de la actividad agropecuaria. Ejemplo de ello lo constituye la
venta de ANDSA, la transferencia BORUCONSA y la reducción de las funciones de
CONASUPO.

 TAREAS Y PERSPECTIVAS

La presente y honda crisis precisa de otro modelo productivo que involucre a todos los
actores y figuras sociales hacia un cambio económico alternativo, expresado en proyectos
específicos por ramas de producción. Necesita, asimismo, una organización democrática y
unitaria, imbuida de la necesidad de revertir y adecuar el artículo 27 constitucional y
resolver el rezago agrario. Su solución es más que un asunto jurídico. La CIOAC insiste en
que los tribunales agrarios, dotados de nuevas facultades, y una procuraduría agraria, son las
instancias que pudieran paliar los efectos de la reforma.

Asimismo, se precisa, de la gestación de servicios rurales y organizaciones comunitarias,
urbanas y agrarias, que ayuden participativa y democráticamente en la búsqueda de
alternativas para generar fuentes de empleo y crear programas de educación, salud y
vivienda. Ello implica necesariamente una verdadera reforma política. Se requiere de unir
en organizaciones y frentes unitarios la lucha que se da en el campo y en las ciudades, con
el fin de concentrar las aspiraciones de respeto y de bienestar social de los mexicanos.

Ante una apertura insuficiente, discursiva y limitada, la CIOAC plantea sumar las fuerzas
sociales y políticas del campo y de las urbes así como las fuerzas internacionales para
ampliar los espacios de participación popular.

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Y aunque tal unidad signifique nuevos y complejos problemas, nuestro pueblo, sus
trabajadores agrarios y urbanos, junto con los mejores elementos de las capas medias e
intelectuales, seguramente podrán dotarla de figuras jurídicas y formas organizativas que la
hagan viable.

Consideramos que un pueblo organizado puede y debe construir su destino. Un modelo
justo, democrático y realista de gobierno, de la economía y del tipo de sociedad humanista
que anhelamos, puede ser una tarea que invoque y llame a las mayorías a materializarlo.

La historia del hombre y de la humanidad ha transcurrido al paso de mucha violencia,
injusticias, guerras y hecatombes políticas y espirituales. Muchas ideologías y utopías han
caído en la historia. El hombre ha pagado muy caro sus anhelos de progreso. Esto no
significa que la humanidad -en la que incluimos a nuestro pueblo- no sueñe ni forje ideales.
El futuro puede ser obra de los nuevos actores sociales que se están forjando ante nuestros
ojos. Nos consideramos -con nuestros yerros y aspiraciones- parte de ellos.

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