CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2
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Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2
CAUSA Nº10543/2020 Sentencia Definitiva
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los , reunida la Sala Segunda de
la Excelentísima Cámara Federal de la Seguridad Social para dictar sentencia en
estos autos “TORTEROLA JORGE NICOLAS c/ ANSES s/AMPAROS Y
SUMARISIMOS”, se procede a votar en el siguiente orden:
EL DOCTOR JUAN A. FANTINI ALBARENQUE DIJO
El actor apela la sentencia de grado en cuanto rechaza la acción de amparo
deducida.
Se entabló la presente acción de amparo contra la Administración Nacional de
la Seguridad Social, con el fin de obtener la protección de sus derechos
constitucionales y convencionales amparados por los arts. 14 bis, 16, y 75 inc 23 de
la Carta Magna, que considera vulnerados por la Ley 27.541 y del Decreto N°
163/2020. Pretende se declare la inconstitucionalidad del art. 55 de la Ley 27.541
por suspender por el plazo de 180 días la aplicación del art. 32 de la Ley 24.241, de
los arts. 3 y 4 del decreto 163/2020, amplia demanda respecto del Dec. 495/20 y
pretende se disponga el pago de las sumas en forma retroactiva al mes de marzo de
2020 de conformidad con la Ley 27.426.
El juez “a quo” habilita la vía. Con relación al fondo de la cuestión debatida,
analiza la normativa dictada. Señala que las objeciones de la actora la Ley 27.541,
se dirigen a cuestionar la falta de aplicación de criterio de movilidad por la
suspensión por el término de 180 días de la aplicación del art. 32 de la Ley 24.241
que dispone el art. 55 y por el dictado de los Decretos N° 163/2020, art. 1 del
Decreto N°495/2020 y art. 1 del Decreto N° 542/2020.
Refiere las disposiciones aplicadas en la materia. Destaca que por Decreto
58/2019 del 23/12/2019 el Poder Ejecutivo Nacional promulgó la ley 27.541 de
“Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia
Pública”. Cita el art. 55 de dicha ley. Señala que con fecha 19/02/2020 se dicta el
decreto 163/2020 que dispuso que todas las prestaciones previsionales a cargo de
la A.N.Se.S., otorgadas en virtud de la ley 24.241 y sus modificatorias, de regímenes
nacionales anteriores, de regímenes especiales derogados, entre otros tendrán un
incremento porcentual equivalente a dos coma tres por ciento (2,3%) sobre el haber
devengado correspondiente al mensual de febrero de 2020, más un importe fijo de
pesos mil quinientos ($ 1500). Con fecha 11 de marzo de 2020 la Organización
Mundial de la Salud (O.M.S.) declaró al brote del nuevo coronavirus “COVID-19”
Fecha de firma: 08/06/2021
Firmado por: NORA CARMEN DORADO, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: MARINA MALVA D'ONOFRIO, SECRETARIA DE CÁMARA
Firmado por: JUAN A FANTINI ALBARENQUE, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: WALTER FABIAN CARNOTA, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE
#34673911#284113660#20210608101004849como una pandemia. Por dicha razón, por decreto de necesidad y urgencia Nº
260/2020 del 12/03/2020 se amplió por un año la emergencia en materia sanitaria
establecida por la ley 27.541.
Destaca que en atención a la situación epidemiológica y con el fin de proteger
la salud pública, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/20 estableció para
todas las personas que habitaran en el país o se encontraran en él en forma
temporaria, la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, desde el 20
hasta el 31 de marzo de 2020 inclusive, el que fue prorrogado sucesivamente. Del
informe elaborado por la DIRECCIÓN NACIONAL DE POLÍTICAS DE LA
SEGURIDAD SOCIAL (IF-2020-38494671-APN-DNPSS#MT), la situación descripta
ha impactado en la recaudación de los recursos de la seguridad social, en las
remuneraciones al trabajo y en la evolución de los precios al consumidor y tornan
inciertos los indicadores o parámetros más relevantes utilizados para establecer una
metodología rigurosa de cálculo con el fin de determinar la movilidad de los haberes
previsionales.
Sobre la base de ello y otras consideraciones, se dicta el decreto 542/2020
del 18/06/2020, que prorroga hasta el 31 de diciembre de 2020 la suspensión de la
aplicación del artículo 32 de la Ley Nº 24.241, establecida en el artículo 55 de la Ley
Nº 27.541 y establece que durante este período el Poder Ejecutivo Nacional
determinará el incremento de los haberes previsionales correspondiente al régimen
general de la Ley Nº 24.241 con el fin de preservar el poder adquisitivo de los
mismos, atendiendo prioritariamente a los beneficiarios y las beneficiarias de
menores ingresos.
Remarca diversos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Considera que con el dictado de la Ley Nº 27.541 no resulta menoscabo de la
propiedad protegida por el art. 17 de la Constitución Nacional, porque no hay
violación cuando por razones de necesidad se sanciona una norma que no prive a
los particulares de los beneficios patrimoniales legítimamente reconocidos, ni les
niega su propiedad y sólo limita temporalmente la percepción de tales beneficios o
restringe el uso que pueda hacerse de esa propiedad.
Resulta, a su ver, insuficiente para tener por demostrada la lesión
constitucional invocada el argumento de la suspensión de la movilidad. Ello es así
porque, en cumplimiento con la ley de emergencia dictada, y sin perjuicio de
suspender por un plazo determinado la elaboración de la nueva fórmula de
movilidad las prestaciones, el P.E.N. ha otorgado incrementos trimestrales (Dctos.
Fecha de firma: 08/06/2021
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Firmado por: MARINA MALVA D'ONOFRIO, SECRETARIA DE CÁMARA
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163 y 495/2020) en las prestaciones de la clase pasiva. Afirma que la sustitución
del mecanismo de movilidad por otro de diferente naturaleza no irroga agravio
constitucional alguno, pues no existe un derecho adquirido al mantenimiento de las
leyes y reglamentaciones. (Fallos 340:357; 328:867, entre otros).
Concluye que no configura una cuestión constitucional concreta la bondad y
procedencia del contenido de la ley y en consecuencia, rechaza la declaración de
inconstitucionalidad. No resulta suficiente para tener por demostrada la
confiscatoriedad que su aplicación generaría en el quantum de su beneficio
previsional, el argumento meramente conjetural de que las sumas resultantes de la
aplicación de la anterior ley son más beneficiosas..-
Contra ello se alza el apelante. Sostiene que la sentencia no se hace eco del
planteo central de la demanda, esto es, el avasallamiento de un derecho adquirido
en virtud de una norma anterior como efecto de la entrada en vigencia de los
decretos 163/20 y 495/20. Remite al escrito de demanda y su posterior ampliación.
donde, afirma, claramente se explicó de manera fundada cómo operaba la fórmula
del artículo 32 de la ley 24.241 –texto según ley 27.426- que la ley 27.541
suspende por 180 días afectando la movilidad que debía hacerse con los haberes
de los meses de marzo y junio del corriente año con sustento en variaciones
producidas en los trimestres tercero y cuarto del año anterior, en indicadores
temporalmente cumplidos al tiempo de la entrada en vigencia de la ley, y por
consiguiente, ya se encontraba devengada cuantitativamente, estando pendiente
solo su percepción, razón por la cual las normas que se dictaron devienen
inconstitucionales por afectar el derecho de propiedad al imponer, en su
reemplazo, un ajuste menor que reviste naturaleza retroactiva, despojando sin
lugar a dudas al jubilado de un derecho de raigambre constitucional adquirido con
la ley anterior.
Afirma que, no se trata tan sólo de una restricción o privación temporal.
Tampoco resulta admisible que la sentencia que se recurre sostenga que la ley
impugnada, y los decretos que la hacen operativas, no comportan una manifiesta
afectación del derecho a la movilidad garantizada por normas de rango
constitucional, cuando su parte cuantificó en forma precisa, con la fórmula de ley y
utilizando los índices aplicables publicados por el propio Estado, el aumento ya
devengado en cada uno de los trimestres para confrontarlo con el porcentual
concedidos vía decretos, demostrando claramente que la movilidad que la ley ya
había concedido -y que solo faltaba percibir- superaba lo efectivamente percibido
Fecha de firma: 08/06/2021
Firmado por: NORA CARMEN DORADO, JUEZ DE CAMARA
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#34673911#284113660#20210608101004849de acuerdo a los correspondientes recibos oficiales (diferencia del 7.80 % y del
4.78 % en cada trimestre), por lo que no puede aceptarse que se califique ello
como argumento “meramente conjetural”, al entender el sentenciante que lo
afirmado no pasa de ser el esbozo de “…una simple hipótesis..” que “no cuenta
con elementos de prueba que lo respalden”. La normativa cuya constitucionalidad
se planteó “priva a los particulares de los beneficios patrimoniales legítimamente
reconocidos” y “les niega su propiedad”. Manifiesta que no centró su planteo en la
suspensión a futuro de la fórmula de movilidad, como erróneamente parece indicar
la sentencia, sino en la aplicación retroactiva de la normativa que resulta en un
ajuste menor del haber (cuyo reajuste ya había ingresado al patrimonio del actor en
virtud de la normativa anterior
El análisis de la cuestión no puede efectuarse aisladamente sino dentro del
marco de emergencia económica y sanitaria originada por la pandemia mundial del
COVID-19.
De allí que la critica a cualquier pauta de movilidad, ha de considerarse en
todas sus aristas no sólo previsionales sino también ante un contexto
macroeconómico, que garantice una pauta de ajuste que a su vez pueda ser
sostenible en el tiempo, acorde con la capacidad de los recursos fiscales. Temas
que obviamente son de incumbencia del poder político, el cual debe analizar la
realidad impuesta por la pandemia de "COVID-19", y construir una fórmula de
movilidad seria, razonable y perdurable y que únicamente puede ser justiciable en la
medida en que esa pauta o parámetro sea irracional o contraria a los preceptos
constitucionalmente protegidos.
Nuestra Constitución Nacional estableció el derecho a la movilidad sin
indicar concretamente una fórmula y/o mecanismo que le brinde un contenido
económico, quedando sujeto a la reglamentación que sancionara el Poder
Legislativo en cumplimiento de las disposiciones previstas en su artículo 28, como
así también la exigencia contenida en su art. 75, inc. 23) de legislar y promover
medidas de acción positiva el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por
la Constitución “en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las
personas con discapacidad”.
Ello implica que el legislador puede arbitrar distintos medios para determinar
la movilidad a aplicar a los haberes previsionales, pero siempre respetando los
principios de la debida proporcionalidad con los haberes de actividad y
Fecha de firma: 08/06/2021
Firmado por: NORA CARMEN DORADO, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: MARINA MALVA D'ONOFRIO, SECRETARIA DE CÁMARA
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manteniendo una razonable tasa de sustitución, que en realidad han sido
parámetros creados jurisprudencialmente, que hoy conforman la doctrina de la
Corte Suprema y que definen la existencia o no de agravio constitucional que
plantea cada cambio de régimen, sobre todo cuando ello se funda en necesidades
financieras, producto de situaciones coyunturales, como es el caso de estas pautas
de movilidad
La Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación ha mantenido inalterable
su postura en cuanto a que: “la Constitución Nacional ha reconocido el derecho a la
movilidad no como un enunciado vacío que el legislador puede llenar de cualquier
modo, sino que debe obrar con el objeto de darle toda plenitud, que no es otra que
la de asegurar a los beneficiarios el mantenimiento de un nivel de vida acorde con la
posición que tuvieron durante sus años de trabajo (Fallos 279:389, 280:424,
292:447, 293:235, 300:84, 328:1602).
Ello así, sin perjuicio de que la modificación de las normas por otras
posteriores no da lugar a cuestión constitucional alguna (Fallos: 304:1374), pues
nadie tiene un derecho adquirido al mantenimiento de las leyes (conf. in re:
“Martinez Juan c/ANSeS s/reajustes por movilidad”, del 24/4/03), y en especial, a un
régimen de movilidad (v. CSJN, “Casella, Carolina c/ANSeS s/reajustes por
movilidad”, sent. del 24/403, “Brochetta, Rafael Anselmo c/ANSeS s/reajustes por
movilidad”, sent. del 8/11/05 y “Arrúes Abraham David c/ANSeS s/acción
declarativa”, sent. del 30/5/06, entre otros). Lo contrario significaría inmiscuirse en la
órbita de competencia del Poder Legislativo y de sus facultades discrecionales para
decidir las políticas de estado, máxime en un contexto de restricciones impuestas
por una realidad pandémica internacional.
No puede accederse a la pretensión del accionante sin una demostración de
afectación de garantías fundamentales y/o irrazonabilidad manifiesta.
El análisis presupone identificar claramente los medios elegidos, las
restricciones que ellos le generan al actor y los fines que persigue la norma a la luz
de las disposiciones de los Arts. 14 y 28 de la Constitución Nacional.
En el contexto de situación de emergencia antes referida no aparece -al día
de hoy- como desproporcionadas y repugnantes a la Constitución Nacional, las
pautas señaladas por las autoridades en relación con la movilidad de las
prestaciones.
Fecha de firma: 08/06/2021
Firmado por: NORA CARMEN DORADO, JUEZ DE CAMARA
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#34673911#284113660#20210608101004849Asimismo, a modo de obiter dictum, cabe destacar que en lo que respecta al
contexto normativo que rodeaba iniciáticamente a la cuestión planteada ya ha sido
superado con la entrada en vigencia de la ley 27.609. Dicha norma, no puede ser
omitida en un análisis integral de la cuestión relativa a la movilidad previsional. Ello
en la inteligencia de que una vez sustituida la ley 26.417, luego de casi una década
de vigencia sin impugnación judicial alguna, por la ley 27.426, lo ha sido por una
norma cuya validez en un aspecto del punto en análisis se encuentra pendiente de
resolución por parte la Excma. C.S.J.N. (ver causa “Fernandez Pastor”).
Posteriormente, fue suspendida su vigencia por la ley 27.541, aquí cuestionada, le
siguió en un contexto de pandemia mundial, la aplicación de pautas de movilidad
mediante decretos del Poder Ejecutivo (v. gr. Dctos. 163/2020, 495/2020 y cctes),
los cuales prima facie no aparecen evidentemente repugnantes a las disposiciones
legales y jurisprudenciales aplicables en la materia.
En ese orden, los agravios, no constituyen una crítica razonada y concreta a
los fundamentos del decisorio en crisis, ni suministran elementos que autoricen a
apartarse de la sentencia, no bastando para ello la remisión a presentaciones
anteriores (Conf. crit. Art. 265 C.P.C.C.N.)
A mayor abundamiento y en sentido contrario ver fallos “Caliva Roberto
Daniel c/ ANSeS s/ reajustes varios” Expte. N°1382/2016 Juzgado Federal n° 1 de
Salta y “Cabrera, Roque Agapito c/ ANSeS s/reajustes varios” Expte. 12100/2016
Sentencia del 20/11/2020 de la Cámara Federal de Paraná.
Finalmente, tampoco se evidencia una cabal demostración de que se haya
configurado en autos el extremo de confiscatoriedad que afecte sus derechos de
raigambre constitucional en los términos de la doctrina resultante del precedente
de la Excma. C.S.J.N. in re: “Actis Caporale”.
Por lo señalado y oído que fue el Ministerio Público, propicio rechazar el
recurso y confirmar la sentencia de grado. Regular los honorarios de la dirección
letrada de la parte actora por su labor en la alzada, en el 30 % de los regulados en la
instancia de grado, no pudiendo nunca ser inferior a UNA U.M.A.. Costas por su orden
atento la índole de la cuestión debatida y a que el actor pudo creerse con razón
suficiente para litigar (conf, art. 68 2 parrafo del C.P.C.C.N. de aplicación supletoria a
los presentes de conformidad con las disposiciones del art. 17 de la ley 16.986 y
doctrina resultante del art. 21 de la ley 24.463).
EL DOCTOR WALTER F. CARNOTA DIJO
Fecha de firma: 08/06/2021
Firmado por: NORA CARMEN DORADO, JUEZ DE CAMARA
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Adhiero al voto del Dr. Fantini Albarenque.
LA DOCTORA NORA CARMEN DORADO DIJO:
Comparto lo decidido por mis colegas preopinantes.
La parte actora interpuso acción de amparo contra la Administración Nacional
de la Seguridad Social con el objeto que se declare la inconstitucionalidad de la ley
27.541 -art. 55, 1° y 2° párrafo- y de los decretos 163/2020 y 495/2020, por entender
que violan los arts. 14 bis, 16, y 75 inc. 23 de la Constitución Nacional.
El magistrado de grado, ante la carencia de indicadores adecuados que le
permitan llegar a la convicción de la falta de razonabilidad de los preceptos en crisis,
concluyó que no se configuraba en el caso la restricción constitucional que
justificaría admitir el amparo.
Contra ello se alza el accionante, cuyos agravios fueron descriptos por el Dr.
Juan Fantini Albarenque a los cuales me remito.
Se advierte entonces que el thema decidendum, se centra en verificar si el art.
55 de la ley 27.541 y Dtos. 163/20 y 195/20, también tachados de inconstitucionalidad,
violan las garantías de los artículos 14 bis y 17 de la Constitución Nacional, generando
un menoscabo en los haberes del actor de carácter confiscatorio, que no respete los
principios de sustitutividad y proporcionalidad establecidos durante décadas por el
Tribunal cimero.
En ese orden de ideas, es necesario recordar que la actuación de los tres
poderes del Estado Nacional encuentra como límite la Supremacía de la Constitución
Nacional (artículos 30 y 31).
Con esta finalidad, la Constitución reconoce a cada uno de los órganos
gubernamentales distintas facultades que le permiten, y lo obligan, a controlar el
accionar de los otros. Es en este contexto que el Poder Judicial adquiere una función
fundamental de controlar la constitucionalidad de las normas y de los actos estatales.
En tal sentido, la Corte ha reconocido desde antiguo, "la atribución que tienen y
el deber en que se hallan los Tribunales de Justicia, de examinar las leyes en los
casos concretos que se traen a su decisión, comparándolas con el texto de la
Constitución para averiguar si guardan o no conformidad con ésta, y abstenerse de
aplicarlas, sí las encuentran en oposición con ella, constituyendo esta atribución
moderadora, uno de los fines supremos y fundamentales del poder judicial nacional y
una de las mayores garantías con que se ha entendido asegurar los derechos
Fecha de firma: 08/06/2021
Firmado por: NORA CARMEN DORADO, JUEZ DE CAMARA
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#34673911#284113660#20210608101004849consignados en la Constitución, contra los abusos posibles é involuntarios de los
poderes públicos" (caso "Elortondo", Fallos: 33:162).
Por otro lado “El cumplimiento de esta función no supone en modo alguno la
admisión de declaraciones en abstracto, es decir,' fuera de un caso o contienda entre
partes; tampoco permite que el Poder Judicial ingrese en el control de las razones de
oportunidad, mérito o conveniencia tenidas en cuenta por los otros poderes del Estado
al adoptar las decisiones que les son propias.” (R. 369. XLIX. Rizzo, Jorge Gabriel
-apoderado Lista 3 Gente de Derecho- s/ acción de amparo el Poder Ejecutivo
Nacional, ley 26.855, medida cautelar (Expte. N° 3034/13).
En tal orden, la sanción de la ley 27.541 es la consecuencia del ejercicio de la
facultad legislativa, que declara la emergencia pública en materia económica,
financiera fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.
En ese sentido y en cuanto aquí concierne, lo relevante a efectos del control de
constitucionalidad queda ceñido, en lo sustancial, a que el ejercicio de las potestades
de los restantes poderes del Estado se mantenga dentro de los límites de la garantía
de la razonabilidad que, como ha sido configurada por conocida jurisprudencia, supone
que tales actos deberán satisfacer un fin público, responder a circunstancias
justificantes, guarda proporcionalidad entre el medio empleado y el fin perseguido y
carecer de iniquidad manifiesta (Fallos: 248:800; 243:449; 243:467, entre otros).
En particular, en lo que atañe a la materia previsional, la ley 27.541 señala en
su art. 55: “A los fines de atender en forma prioritaria y en el corto plazo a los sectores
de más bajos ingresos, suspéndase por el plazo de ciento ochenta (180) días, la
aplicación del artículo 32 de la ley 24.241, sus complementarias y modificatorias.
Durante el plazo previsto en el párrafo anterior, el Poder Ejecutivo nacional deberá fijar
trimestralmente el incremento de los haberes previsionales correspondiente al régimen
general de la ley 24.241, atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos
ingresos. El Poder Ejecutivo Nacional convocará una comisión integrada por
representantes del Ministerio de Economía, del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social y miembros de las comisiones del Congreso de la Nación
competentes en la materia que, durante el plazo previsto en el primer párrafo,
proponga un proyecto de ley de movilidad de los haberes previsionales que garantice
una adecuada participación de los ingresos de los beneficiarios del sistema en la
riqueza de la Nación, de acuerdo con los principios de solidaridad y redistribución.”
(Por art. 1º del Decreto Nº 542/2020 B.O. 18/6/2020 se prorroga hasta el 31 de
diciembre de 2020).
Fecha de firma: 08/06/2021
Firmado por: NORA CARMEN DORADO, JUEZ DE CAMARA
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#34673911#284113660#20210608101004849Poder Judicial de la Nación
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Que, en orden a lo expuesto, se señala que el dictado del art. 55 de la ley
27.541 se efectuó en un estado de emergencia, que como tal responde a un intento de
conjurar o atenuar los efectos de situaciones anómalas, ya sean económicas, sociales
o de otra naturaleza, y constituye la expresión jurídica de un estado de necesidad
generalizado, cuya existencia y gravedad corresponde apreciar al legislador, sin que
los órganos judiciales puedan revisar su decisión ni la oportunidad de las medidas que
escoja para remediar aquellas circunstancias, siempre, claro está, que los medios
arbitrados resulten razonables y no respondan a móviles discriminatorios o de
persecución contra grupos o individuos (Del dictamen de la Procuración General, al
que remitió la Corte Suprema, en la causa Galli, Hugo Gabriel y otro c/ PEN - ley
25.561 - Dtos. 1570/01 y 214/02 s/ amparo sobre ley 25.561. 5/04/05, Fallos 328: 690).
En este contexto, y efectuando el análisis de la norma, en un marco de crisis
social que la misma “ley de solidaridad social y reactivación productiva” reconoce, no
se advierte que las normas que alteraron las condiciones originales bajo las que se
habían establecido la movilidad de las prestaciones, art. 32 ley 24.241, sus
complementarias y modificatorias, contradigan la garantía de razonabilidad, pues
resultan justificadas por los hechos que les han dado origen, esto es, una crisis
económica y de emergencia que colocó a las autoridades competentes del gobierno
nacional en la necesidad de proceder de ese modo a fin de asegurar el cumplimiento
de las funciones básicas del Estado Nacional.
Desde sus orígenes el Tribunal Supremo ha señalado que los derechos
declarados por la Constitución Nacional no son absolutos y están sujetos, en tanto no
se los altere sustancialmente, a las leyes que reglamenten su ejercicio (art. 28), así
como que tales restricciones pueden ser mayores en épocas de emergencia en aras
de encauzar la crisis y de encontrar soluciones posibles a los hechos que la
determinaron.
De este modo, tampoco hay violación del art. 17 de la Constitución Nacional
cuando por razones de necesidad se sanciona una norma que no priva a los
particulares de los beneficios patrimoniales legítimamente reconocidos ni les niega su
propiedad y sólo limita temporalmente la percepción de tales beneficios o restringe el
uso que pueda hacerse de esa propiedad. Es que hay limitaciones impuestas por la
necesidad de atenuar o superar una situación de crisis que, paradójicamente, también
están destinadas a proteger los derechos presuntamente afectados, que existe el
riesgo de que se conviertan en ilusorios ante procesos de desarticulación del sistema
económico y financiero (Fallos: 313:1513, consid. 56, pág. 1554).
Fecha de firma: 08/06/2021
Firmado por: NORA CARMEN DORADO, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: MARINA MALVA D'ONOFRIO, SECRETARIA DE CÁMARA
Firmado por: JUAN A FANTINI ALBARENQUE, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: WALTER FABIAN CARNOTA, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE
#34673911#284113660#20210608101004849En tales condiciones, se señala que con los elementos aportados no se logra
demostrar la arbitrariedad o ilegalidad manifiesta del art. 55 de la ley 27.541, pues no
se evidencia un gravamen actual al accionante que violente derechos y garantías de
índole constitucional.
Ello así pues, con el dictado de los Decretos 163/2020, 495/2020, 692/2020 y
899/2020 se establecieron diversos incrementos de modo de no verse disminuidos ni
congelados los haberes previsionales, sino solo temporalmente suspendida la fórmula
de movilidad.
Finalmente con el dictado de la ley 27.609, publicada en el B.O con fecha
4.1.2021, se establece una nueva fórmula para determinar la movilidad de las
prestaciones, modificando los índices establecidos en los arts. 32 de la Ley 24.241 y 2
de la 26.417.
Por lo expuesto, y oído el Representante del Ministerio Publico Fiscal, los
agravios del actor dirigidos a cuestionar la validez constitucional de las normas de
emergencia y Decretos corresponde sean desestimados. Costas de Alzada en el orden
causado, atento que la actora pudo creerse con derecho (art. 68, segundo párrafo
CPCCN)
A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, por sus fundamentos,
y oído que fue el Ministerio Público Fiscal, el Tribunal RESUELVE: 1) Rechazar el
recurso y confirmar la sentencia de grado. 2) Regular los honorarios de la dirección
letrada de la parte actora por su labor en la alzada, en el 30 de los regulados en la
instancia de grado, no pudiendo nunca ser inferior a UNA U.M.A. 3) Costas por su
orden atento la índole de la cuestión debatida y a que el actor pudo creerse con razón
suficiente para litigar (conf. art. 68 2 párrafo del C.P.C.C.N. de aplicación supletoria a
los presentes de conformidad con las disposiciones del art. 17 de la ley 16.986 y
doctrina resultante del art. 21 de la ley 24.463).
Regístrese. Protocolícese. Notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
Fecha de firma: 08/06/2021
Firmado por: NORA CARMEN DORADO, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: MARINA MALVA D'ONOFRIO, SECRETARIA DE CÁMARA
Firmado por: JUAN A FANTINI ALBARENQUE, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: WALTER FABIAN CARNOTA, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE
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