DESPUES DE E-MÉXICO: UNA PROPUESTA
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Robinson – Borrador para Seminario CUERPO ACADEMICO ANTROPOLOGIA UAM-I
DESPUES DE E-MÉXICO: UNA PROPUESTA
Scott S. Robinson Antropología, UAM-Iztapalapa ssr@laneta.apc.org
Over the next decade, almost a billion new consumers will enter
the global marketplace as household incomes rise above the
threshold at which people generally begin to spend on non-
essential goods. ECONOMIST 14 Sept. 2006.
La antropología aplicada normalmente trabaja sobre un esquema
normativo, partiendo en su quehacer intervencionista desde una agenda del
“debe ser”. Esta agenda no siempre es explícita para estructurar un enfoque
analítico sobre el contexto o “problema” social por modificarse, según los
conceptos y los datos del gremio “científico”. En este texto pretendemos
planear una intervención a futuro en función de la discrepancia notable entre
el acceso al universo de información y conocimiento que elites identificables
han obtenido hasta la fecha, en comparación con sus pueblos, al aprovechar
los recursos de la revolución digital aún en proceso. Esto acontece en México
y toda la región latinoamericana. Un perfil escueto nos sugiere que la actual
polarización entre ricos y pobres, estancamientos en inversiones públicas en
los rubros del desarrollo social, la consolidación de economías sostenidas con
las remesas de emigrantes, las enormes deudas públicas y privadas, el parálisis
en la modernización de sistemas de educación pública, y el sesgo en la oferta
de servicios de salud pública, etc., ha generado un cuadro donde grupos
minoritarios aún sostienen su dominación histórica, de corte colonial, pero
utilizando hoy los nuevos servicios digitales como herramienta estratégica en
sus respectivos proyectos sociales y políticos.1 Constituye el telón de fondo
del contexto actual en la región donde los grupos del poder fáctico ahora
incluyen al control y papel de los nuevos medios en sus programas gremiales
y acciones con el Estado.2 Y plantea un reto para los comprometidos con el
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acceso universal a la información y el uso efectivo de la misma por todos los
ciudadanos, como plataforma del deber ser en los procesos políticos actuales y
las respectivas agendas digitales nacionales existentes o pendientes. Es un
campo novedoso para la antropología aplicada.
Sigue siendo un reto, reconocido en la retórica y las acciones de
funcionarios de los Estados nacionales (una figura cada vez más problemática
en la época de las redes descentralizadas y globales), lograr el acceso
universal y el uso efectivo de las tecnologías de la información y la
comunicación (TICs). A la vez, son escasas las circunstancias en los países
del Sur donde una política pública de corte “modernizadora y pedagógica”
implementada por un ente del Estado queda rebasada por iniciativas y
acciones de las microempresas en su conjunto. Tal es el caso insólito de los
múltiples puntos de acceso a la Internet hoy, en todo México y en los demás
países de la región.3 El universo de cibercafés ahora ofrece mucho más puntos
de acceso y servicios en los pueblos y ciudades, según la demanda de los
usuarios, comparado, por ejemplo, con los programas oficiales de
conectividad implementado con el mismo propósito. El sistema eMéxico
puesto en marcha por la administración Fox (2001-2006) es ejemplar.4 Esta
condición se acerca a la norma en todos los países de la región donde pocos
los gobiernos no administran hoy programas de conectividad subsidiados con
recursos fiscales. Sin embargo, son rebasados en números y calidad de
servicios por el amplio universo de microempresas, muchas sin registro,
conocidas genéricamente como “cibercafés” (México), “cafés Internet”
(Brasil), “cabinas públicas” (Perú), y “telecentros” (Argentina). Esta
coyuntura exige una explicación y ofrece una oportunidad para analizar cómo
surgió el escenario actual, especular sobre sus atributos y consecuencias y una
comparación de los dos universos de instalaciones. Permite sugerir cambios
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en la política actual al reconocer que las tecnologías digitales siguen su
evolución veloz al tiempo que la juventud regional consume sus productos y
mensajes. México es el ejemplo, pero las implicaciones apuntan más allá.
Este argumento procede en base a un marco de conceptos que giran
sobre la realidad de la economía política de las telecomunicaciones (Mansell
2005). La estructura concentrada de pocas empresas internacionales y
nacionales ofreciendo productos y servicios digitales ahora convergentes
(telefonía, Internet y televisión), alámbricos e inalámbricos, es ahora la norma.
Su peso en el diseño de las políticas regulatorias de sus respectivos mercados
es innegable. Se observa la evolución de una infraestructura técnica en manos
de la iniciativa privada que rebasa las políticas públicas diseñadas para
asegurar su acceso y empleo al servicio de la población entera. Las agendas
enfocan sobre la asignación del espectro electromagnético, tasas de la
interconexión entre empresas diversas, marcos regulatorios para ampliar el
grado de competencia entre los actores privados, pero poca atención y
recursos destinados al acceso universal, el desarrollo de contenidos para
poblaciones multiculturales y la capacitación para el uso efectivo de los
instrumentos y la información ahora disponible. Hay evidencias sobre la
forma que los monopolios en el sector de las telecomunicaciones cancelan
incentivos para innovar, un riesgo en el mundo globalizante.
El argumento parte, también, del grado de polarización socio-
económica observable en la sociedad mexicana, como muestra emblemática
de lo que acontece en la región entera, donde una elite domina la distribución
del ingreso, y sus facciones, traslapadas entre sí, en gran medida conducen las
innovaciones en las políticas públicas de cada país, especialmente en el sector
de las telecomunicaciones. Se propone que en México esta elite difiere en los
valores prioritarios de su cultura política (13%, nunca monolítica), con el
3Robinson – Borrador para Seminario CUERPO ACADEMICO ANTROPOLOGIA UAM-I
código de valores de los pequeños comerciantes (14%; changarrismo, en
términos vernáculos), y además, de manera contrastante con la cultura política
de un pueblo diverso (73%), pero pobre y consumidor neto de productos y
servicios, incluyendo las novedades digitales.5 Esta estratificación rústica de
las culturas políticas ancladas en sus valores y su capacidad de compra,
corresponde a lo que se denominaban en otra época las “clases sociales”.
Sigue vigente la condición económica como factor influyente en el empleo e
integración de los nuevos medios digitales en la vida cotidiana de los
consumidores, además de la praxis de cada cual en el modo de trabajo,
educación y esparcimiento de los ciudadanos.6
México, como muchos países latinoamericanos, tardó en iniciar una
política de acceso universal a los nuevos medios digitales. Aunque se previno
el acceso universal en la Ley Federal de Telecomunicaciones (1996), no hubo
un programa específico en este sentido hasta el inicio del sexenio de Vicente
Fox (2000-2006). ¿Porque la tardanza dada las palpables ventajas y virtudes
de la Internet y sus herramientas para la educación y la difusión cultural?7
Propongo que son seis las causas primordiales: 1) la dominancia de la empresa
Teléfonos de México (Telmex) en el mercado de telecomunicaciones y su
evidente estrategia de limitar el acceso a sus competidores conforme
actualizaba su infraestructura de servicios digitales (observable en el papel
pasivo de la figura reguladora, COFETEL, durante el sexenio de Ernesto
Zedillo, 1994-1999 y el favoritismo concedido a Telmex en el sexenio de
Fox); 2) la falta de voluntad de las elites tradicionales, financieras y políticas,
tan influyentes en la construcción de consensos sobre y el diseño de políticas
públicas que requieren de una fuerte inversión de recursos fiscales; 3) la
ignorancia o indiferencia del liderazgo de los partidos políticos para utilizar el
acceso a la información como instrumento para construir una novedosa
4Robinson – Borrador para Seminario CUERPO ACADEMICO ANTROPOLOGIA UAM-I
modalidad de ciudadanía; 4) el poder de los medios audiovisuales
comerciales, gozando de concesiones oligopólicas en el espacio nacional,
renuentes a compartir contenidos para un mercado potencialmente masivo que
a mediano plazo amenaza sus monopolios; 5) el papel marginado de las
organizaciones civiles en el escenario de la negociación de políticas
innovadoras; y 6) la indiferencia, o en el mejor de los casos ambivalencia, del
gremio más importante para la educación y reproducción cultural entre la
juventud: el magisterio del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación – SNTE. La historia detallada de la primera etapa de la expansión
de los nuevos medios es tarea para otros. Lo importante es señalar la acción o
inacción de grupos concretos, facciones poderosas, que compartían códigos
culturales en común y conducían o frenaban el desenlace de la oferta de
servicios digitales, según sus intereses.
Al escribir este texto existe un consenso poco favorable referente a la
operación y eficacia del programa oficial de inclusión digital del gobierno
federal mexicano, conocido como e-México. Este consenso no es el resultado
de una evaluación de terceros o desinteresados en dicho programa, que ha
absorbido muchos recursos del erario público, una revisión pendiente e
improbable en el tenor de las políticas públicas en el sexenio que concluye al
redactar estas líneas. Más bien, el consenso postulado es una confección de
impresiones sujetivas personales, observaciones in situ, clips breves en
noticiarios de la televisión privada (Televisa), notas de prensa anunciando la
siguiente ronda de inversiones sin referencias detalladas a los resultados
comprobables logrados y comentarios de los dirigentes del mismo programa
en eventos públicos y privados. El programa oficial ha sido reacio para
informar sobre sus avances, costos y proyecciones. Con 7500 sitios instalados
y un proyecto de ampliación a 10000 para el 30 de noviembre del 2006, según
5Robinson – Borrador para Seminario CUERPO ACADEMICO ANTROPOLOGIA UAM-I
las gacetillas de la prensa,8 es evidente que constituye un fenómeno nacional
de gran costo pero poco transparente, de un modus operandi cuestionable e
impugnado, y donde la amplia base de infraestructura instalada requiere de
nuestra atención analítica y consideración para reformas en el futuro próximo.
Les sugiero que el programa e-México es una metáfora del tenor de las
políticas públicas del actual régimen en materia de la inclusión digital —
diseñado sin una evaluación positiva de la infraestructura de la conectividad
representada por los cibercafés en todo el territorio nacional, y mucho menos
con un modelo de experimentación comparativo como mecanismo de
comprobación de configuraciones efectivas en ambientes distintos. No hubo
un monitoreo y evaluación de su eficacia operativa por peritos calificados,
quizás por ser dirigido por funcionarios procedentes de la iniciativa privada,
donde prevalece el tufo de vender equipos y servicios por delante de ofrecer
un servicio y contenidos al corte de la población de usuarios jóvenes en
ambientes sociales sin privilegios. Tampoco se debe descartar la visión de los
funcionarios responsables cuyos criterios sobre el paso a la modernidad para
un pueblo desconectado no rebasa un esquema de corte mágico donde la
colocación masiva de computadoras en escuelas y puntos afines equivale
simbólicamente a un pasaporte a la sociedad de la información. Y todo
ocurrió en un contexto de políticas para debilitar a las instancias reguladoras
(COFETEL), de estancamiento estabilizador en el crecimiento de la cobertura
digital y sin la voluntad de sujetar los programas oficiales a evaluaciones
independientes por terceros capacitados para tal fin. Una revisión del
programa e-México nos confronta, también, con el tema de la agenda para la
inclusión digital del próximo gobierno en México, 2006-2012.
El programa e-México requiere de una evaluación minuciosa antes de
proceder a su predecible y próxima reconfiguración, al inicio del nuevo
6Robinson – Borrador para Seminario CUERPO ACADEMICO ANTROPOLOGIA UAM-I
sexenio presidencial.9 Dicha evaluación debería realizarse no sólo de acuerdo
a los criterios tradicionales de costos de instalación y operación contra los
beneficios apreciables para usuarios, sino también en función de los objetivos
expresados para justificar semejante bolsa de inversión de recursos fiscales.10
Algunos criterios para tal evaluación son: 1) la medida que el programa
catalizó un cambio social y mejoramiento económico para los usuarios; 2) la
forma que las identidades de los diversos grupos sociales involucradas han
sido reforzadas ante los embates de la globalización homogeneizadora; 3) el
modo que las nuevas redes y oportunidades de la comunicación apoya a
expresiones y proyectos culturales en las zonas rurales; 4) el vínculo entre el
empleo de los recursos digitales y la educación y aprendizaje de nuevos
oficios; 5) la oferta de incentivos para estimular la crítica e innovación en la
participación ciudadana, y 6) la manera que las instalaciones de e-México
representan una competencia desleal para el universo de cibercafés instalados
en los mismos pueblos y colonias peri-urbanas.11
Se propone una evaluación novedosa, en el sentido de calcular los
costos de las oportunidades perdidas, al no incorporar diversas sugerencias
ofrecidas por distintos sectores, al inicio del programa en 2001. Por ejemplo,
se ignoraron al amplio universo de cibercafés instalados en el país en aquel
momento, y no hubo incentivos salariales para los maestros y bibliotecarios
responsables o promotores de la capacitación y uso cabal de la información
disponible en los nuevos centros instalados bajo su supuesta responsabilidad.12
La baja velocidad de los servicios de acceso vía satélite impidió una
conectividad adecuada, al nivel que algunos cursos de capacitación de los
mismos promotores en campo se realizaron en el cibercafé más cercano por la
ausencia de una conectividad aceptable en los sitios de e-México para el
empleo de los cursos disponibles en línea.13 Se estima que una quinta parte de
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los diversos Centros Comunitarios Digitales están fuera de servicio en algún
momento. El hecho que la mayoría están instalados en instituciones oficiales
con horarios definidos, significa que las instalaciones no están abiertas en las
tardes y durante los fines de semana cuando la población usuaria juvenil tiene
tiempo. En el rubro de los contenidos, destaca la carencia de herramientas y
materiales culturalmente apropiados. Por ejemplo: no hay páginas WWW
diseñadas para apoyar la preparación de las y los alumnos de nivel medio
superior, inscritos en las preparatorias y bachilleratos, con el interés,
capacidad y la motivación para seguir estudiando en el nivel universitario. De
esta manera, se soslayó la oportunidad de ofrecerles una preparación en línea
para los exámenes de opción múltiple para la admisión universitaria que la
mayoría desconocen antes de presentarse a este filtro devastador para muchos
jóvenes calificados. Esta población de procedencia rural o de pequeñas
ciudades, nunca tuvo ni tiene acceso a la preparación adecuada para presentar
estos exámenes de opción múltiple que representan su puerta al ingreso
universitario. Tampoco hay instrumentos para apoyar la toma de decisiones
en materia de opciones locales viables para estimular y facilitar inversiones
con remanentes de las remesas enviadas por los migrantes desde el Norte. No
hay indicaciones, por lo menos disponibles al público, que las instituciones
donde se ubican la enorme red de instalaciones de e-México cambiaron su
modus operandi o si hubo una producción de contenidos para alimentar, desde
su perspectiva, los portales del programa. Son sólo unos ejemplos de
oportunidades perdidas inherentes al diseño del programa de e-México donde
la oferta de información fragmentada hoy sustituye a una política integral que
ofrece instrumentos digitales para catalizar el conocimiento en las poblaciones
heterogéneas del México contemporáneo. La carencia de una agenda digital
consensuada significa que no hubo una matriz de objetivos claros y
8Robinson – Borrador para Seminario CUERPO ACADEMICO ANTROPOLOGIA UAM-I
alcanzables para un programa oficial. Acabo siendo una suerte de subsidio
para pocas empresas que conectaron a municipios rurales.
CONTRADICCIONES
El programa e-México se ubica dentro de una novedosa categoría de las
políticas públicas denominadas “estrategias de desarrollo con TICs”.14 Es un
fenómeno con muchos actores e intereses diversos entre sí: proveedores de
equipos, software, conectividad y servicios digitales, profetas de los milagros
en materia de mayor eficiencia y transparencia en la entrega digital de
servicios para la ciudadanía, funcionarios oportunistas responsables de
programas del sexenio hábiles en la apropiación del discurso respectivo en
boga, pero un ambiente restringido donde hay pocas voces críticas de la
sociedad civil o del sector académico, afuera de las universidades privadas
colaboracionistas con su preponderante ética mercantil. Confieso una
simpatía por una política de inclusión digital que rebasa la euforia de la
novedad tecnológica e incorpora una estrategia de inclusión digital en base a
un proyecto experimental, con un carácter de “open source” (de códigos
abiertos en un sentido amplio) y comprometido con la ampliación del dominio
público en el país. Una iniciativa de esta forma sí puede ofrecer una
oportunidad para mejorar algunas funciones de la administración pública y
reducir costos, pero no es necesariamente óptimo para reducir la pobreza y
ampliar la participación ciudadana, como predican algunos.15 Por lo menos no
es factible con su diseño actual en México. Los impedimentos son conocidos:
un nivel bajo de conectividad a la red, una infraestructura raquítica en los
municipios rurales y dentro de las escuelas de educación media superior,
personal administrativo local sin incentivos, una estrategia anunciada de
descentralización de la información sin la respectiva capacitación de los
usuarios en cargos municipales para aprovechar la oferta, y de lo más
9Robinson – Borrador para Seminario CUERPO ACADEMICO ANTROPOLOGIA UAM-I
significativo, un liderazgo nacional con un compromiso ambivalente ante la
ampliación del dominio público y mayor equidad en la difusión de
información del y sobre el gobierno y los correspondientes procesos de
gobernabilidad. No debemos ignorar las consignas de las elites para no
compartir información considerada estratégica y reservada sobre sus intereses
y proyectos del poder. Aquí está el detalle. Como consecuencia, el riesgo
mayor sigue siendo: ¿cómo implementar estrategias de inclusión digital en el
ambiente político actual sin profundizar la aceleración del actual capitalismo
cognoscitivo y el modelo complementario del consumismo digital dirigido a
públicos pasivos? Constituye un reto para toda Latinoamérica.
La red de Centros Comunitarios Digitales y figuras anexas del programa
e-México (Centros Comunitarios de Aprendizaje / ITESM y Plazas
Comunitarias / INEA) intentó instrumentar de manera incompleta una
modalidad de la figura genérica del “telecentro”. Cada figura organizativa
requiere una evaluación de su desempeño por separado, lo cual obligaría tener
acceso a información aún considerada confidencial. Después de casi diez años
de experiencias de carácter piloto con telecentros comunitarios en México, la
región latinoamericana y en el mundo, hay un consenso a cuanto a las
dificultades para su cabal implementación: en primer lugar, no se trata de una
táctica simplista de instalar computadoras (Robinson 2006a). Debe haber una
perspectiva amplia y sensible sobre el papel que el acceso eficaz a la
información disponible en línea significa para la cultura y el desarrollo local,
un reto nuevo para la antropología del empleo de los nuevos medios. Además,
un proyecto público con el impacto ofrecido requiere de un conjunto de
herramientas de software al alcance de los usuarios; es necesario un modelo de
negocio que conlleva a la oferta sustentada de los servicios; se necesita una
comunicación eficaz entre el organismo coordinador y cada administración
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local; la capacitación de los encargados locales, normalmente mal
remunerados y con alta rotación de su personal es un factor omnipresente; y es
palpable la falta de un compromiso y una coordinación para lograr el acceso
universal a la red a nivel de los Estados y sus gobiernos. En parte estas
lagunas genéricas, observables en México y otros proyectos oficiales de
conectividad en la región, son el producto de un modelo de inclusión digital
diseñado tras bambalinas por personajes de la iniciativa privada. Es el caso
del programa e-México, hay funcionarios responsables provistos de una
comprensión chata del público por servirse, y a la vez impunes al monitoreo y
evaluación de su desempeño por terceros. Hay poca evidencia que justifique
que este sector de las elites tenga un monopolio sobre los mecanismos y
contenidos del desarrollo cultural y social al inicio del siglo XXI,
menospreciando la legitimidad y el peso del Estado y la sabiduría y
compromiso social de las organizaciones civiles. No hay duda, en el escenario
de las telecomunicaciones hay una batalla ideológica jamás vista a nivel
regional. Con la democratización técnica de la difusión del video por la
Internet, este conflicto suele crecer.
El programa de e-México en efecto logró ampliar no reducir la tan
citada “brecha digital”. Son varias las razones: 1) la inmensa mayoría de las
instalaciones no funcionan fuera de horarios oficiales; 2) los portales, por
elegantes que sean en el rubro de su diseño (y costo), no responden a las
demandas de una población joven ávida de empleos dignos y bien
remunerados en su localidad; 3) más allá de la limitada capacitación de los
usuarios de los equipos, la capacitación en el manejo de la información
relevante para las necesidades de la población usuaria ha sido también
limitada, y como consecuencia, el uso efectivo del instrumento es limitado; 4)
el acceso en los centros son gratuitos, pero los que sí funcionan de manera
11Robinson – Borrador para Seminario CUERPO ACADEMICO ANTROPOLOGIA UAM-I
regular representan una especie de competencia desigual con los cibercafés
locales, discriminando a los emprendedores locales; 5) en casos muy contados
los gobiernos municipales utilizan a los centros comunitarios digitales como
bases para coordinar la difusión de información útil sobre los servicios y
cuestiones de la gobernabilidad local—dicho en otro código: la “ compra” de
la figura del CCD por autoridades locales es muy limitada; 6) se soslaya
atender a una serie de problemáticas en la emergente gestión digital relevantes
para poblaciones rurales pobres, emigrantes y tradicionales, como, por
ejemplo, la protección de los derechos de propiedad intelectual y los
conocimientos ancestrales, los riesgos para el germoplasma tradicional de los
alimentos genéticamente modificados, los desafíos de la frontera norte y los
derechos y oportunidades en el Otro Lado, tecnologías inalámbricas de bajo
costo disponibles en mercados metropolitanos, etc.; 7) la dependencia
impuesta del sistema operativo propietario utilizado en la red de e-México
(por el generoso “donativo” de Microsoft del 2001) eliminó la capacidad de
los distintos puntos de conectividad para capacitar a programadores jóvenes en
el empleo y las virtudes de software de fuente abierta; 8) hay pocos vasos
comunicantes entre los responsables locales de los centros funcionales y el
impresionante universo de cibercafés y sus operari@s abusad@s, tecno-
competentes en los pueblos y las zonas peri urbanas; 9) la calidad hoy del sitio
WWW del mismo programa de e-México, con mucha información fuera de
fecha, indica la misteriosa merma de su importancia en la gestión federal del
sexenio y la poca relevancia a problemas regionales y locales, de probable
interés para los usuarios. En pocas palabras, se puede juzgar al programa e-
México en dos sentidos generales: a) frenó la experimentación con las
emergentes herramientas digitales entre la población juvenil del país, y b) sus
faltas y omisiones sugieren un cuadro operativo obsoleto que requiere una
12Robinson – Borrador para Seminario CUERPO ACADEMICO ANTROPOLOGIA UAM-I
reconfiguración drástica en función de una evaluación crítica y objetiva, según
indicadores internacionales,16 antes de proceder a diseñar una agenda digital
para el futuro.
UNA PROPUESTA
Un desafío de la emergente economía de la información y el
conocimiento es cómo lograr la justicia distributiva con una infraestructura de
la conectividad sesgada en un país hoy altamente urbanizado con una mayoría
de la población en la economía informal y una buena proporción
complementando sus ingresos con las remesas enviadas por familiares
emigrantes. Surge la incógnita: ¿qué significa “conocimiento” en este
contexto del desarrollo truncado?17 ¿Cuáles son las prioridades en el diseño
de la inversión de recursos fiscales enfocados de tal manera para rebasar el
modelo neoliberal del crecimiento en base al comportamiento de mercados,
donde los recursos digitales acaparan un espacio creciente en el discurso
default del sector oficial y el privado, referente al llamado “desarrollo”? Las
políticas oficiales de inclusión digital deben conciliarse con la realidad social
y económica del país, y no sólo atender a las empresas (incluyendo el ITESM)
ávidas de ampliar sus mercados y amarrar, en lo posible, usuarios
dependientes de sus tecnologías y licencias. Una posición más radical
abogaría por una reconfiguración de todos los medios masivos de
comunicación en función de la cercana convergencia digital (tipo triple o
cuádruple play),18 y los intereses de una mayoría ahora fragmentada en el
espacio nacional, compartiendo necesidades comunes pero conviviendo en
culturas regionales distintas. Merece repetir una verdad convencional: las
soluciones sí tienen que ver con quienes despachen en el Palacio del
Gobernador respectivo, donde el patrón del empleo hoy es, a veces, el inverso
13Robinson – Borrador para Seminario CUERPO ACADEMICO ANTROPOLOGIA UAM-I
del flujo de emigrantes al Norte. El discurso, procedente de las empresas, a
favor de la tecno-sofisticación en aras de la competitividad contrasta con la
pobreza extensa. Al observar el grado galopante de la digitalización de
funciones mercantiles y financieros, y de algunas funciones públicas como el
pago de impuestos en línea, es evidente que el golfo entre los ciudadanos
conectados y los que no, es amplio y en crescendo. Pero el Estado mexicano,
que depende cada vez más del ingreso de remesas, no actúa de manera
sistemática para aplicar las tecnologías digitales emergentes al servicio de las
necesidades de la enorme población migrante y sus familiares en los pueblos y
colonias periféricas (Robinson 2006c).
Una propuesta más modesta para lograr la inclusión digital en el corto
plazo involucra la “privatización ciudadana” del conjunto de las instalaciones
del programa e-México. Se trata de la entrega de los Centros Comunitarios
Digitales, en plan de concesión o custodia, en primer lugar a organizaciones
civiles legítimas y responsables, 19 y como segunda opción, vender los equipos
aún utilizables a precios justos a los dueños y operarios de los cibercafés
locales. Muchos de estos CCD’s tendrán que cerrarse por inviables, y donde
no hay a quien subastar los equipos, mejor donarlos a las escuelas o
bibliotecas cercanas.20 Sin duda, este proceso será engorroso y minado por el
clientelismo reinante. El propósito central es ampliar los puntos de acceso
para la población ahora desatendida, pero al tiempo ofrecer descuentos a
estudiantes con credencial vigente, una capacitación en el empleo de las
herramientas digitales y la creación de contenidos locales. Además, urge el
diseño y la construcción de una serie de herramientas para el apoyo a la toma
de decisiones (ATD), de corte genérico y específico para intereses locales. Un
ejemplo: una integración de las diversas bases de datos ahora dispersas para
crear una plataforma de información cartográfica, estadística, agronómica, de
14Robinson – Borrador para Seminario CUERPO ACADEMICO ANTROPOLOGIA UAM-I
costos de insumos y mercados actuales para productos agropecuarios en
nichos ecológicos pertinentes a los muchos estados cuyo patrón de emigración
y el envío de remesas, privadas y colectivas, indica la presencia de recursos en
busca de opciones de inversión.
Esta opción paradójicamente reforzaría la causa de mayor equidad en el
acceso para el público, el cultivo de incentivos para los y las creativas de los
pueblos, la socialización de las habilidades técnicas y de programación, y la
entrega de estas herramientas a los actores que defienden, con matices, su
identidad, conocimientos y relativa autonomía local en un contexto donde hoy,
al parecer, el poder y la ley es negociable. Significa también, en lo operativo,
la creación y mantenimiento de portales y/o herramientas en línea para apoyar
la toma de decisiones en una amplia gama de temas y como consecuencia,
reducir el costo de las transacciones para adquirir información pertinente a las
necesidades de ciudadanos y comunidades. El nuevo calculador del costo de
transacciones de las remesas es un ejemplo idóneo de innovaciones
pertinentes.21 Es decir, se trata de reconocer el valor de los recursos digitales
en varias dimensiones de nuestras vidas, públicas y privadas, y apropiar su
diseño y aplicación en modos más equitativos para individuos y comunidades.
RETOS MAYORES
Hay que tener en cuenta que el uso efectivo de las herramientas
digitales y el apoyo a la toma de decisiones con instrumentos públicos en línea
implican reducir la discrecionalidad histórica de funcionarios y además, afecta
las oportunidades de mercados nuevos y ganancias para el sector privado. Es
probable que esta contradicción fundamental al interior de la economía de la
información sea cada vez más palpable, al ampliar los espacios contestatarios
con las elites tradicionales, públicas y privadas, reacias a sacrificar o
15Robinson – Borrador para Seminario CUERPO ACADEMICO ANTROPOLOGIA UAM-I
compartir privilegios, patentes y prebendas diversas. Sin embargo, el Estado
metiche que husmea sistemáticamente en la vida privada de sus ciudadanos
tampoco es una figura deseada, y la búsqueda de un equilibrio en este rubro se
mantendrá muy probable como un proceso controvertido. ¿La conectividad
con contenidos y herramientas relevantes para la ciudadanía es un bien
público o un simple producto comercial más? En el sexenio mexicano por
concluirse, la evidencia indica que sólo se ha entendido el acceso a servicios
digitales como un activo mercantil a favor de unos pocos, pero
paradójicamente, se ha soslayado el fortalecimiento de la red nacional de
cibercafés, un recurso técnico y humano instalado sin costo para el fisco.
Es notable el progreso alcanzado en los últimos dos lustros al modificar
nuestra perspectiva crítica hacia las que fueron al inicio meras novedosas
tecnologías de información y comunicación, hasta apreciar con detalle hoy su
impacto complejo y colectivo al nivel global y local. Estas tecnologías ahora
incluyen a la Internet, cableado e inalámbrico, además de la telefonía celular.22
Es un fenómeno estructural con muchos matices para México y la región, y los
avances modestos pueden ser nulificados por la continuidad del modelo actual
de servicios digitales inducidos desde arriba, restringiendo la evolución de
herramientas colectivas con códigos fuentes abiertos, y celebrando la
cosificación de contenidos, casi siempre ajenos a los contextos locales. El
programa e-México, metáfora de una supuesta política de inclusión digital del
Estado en el sexenio 2000-2006, es un buen ejemplo de cómo no se debe de
proceder. Semejante es el caso de ENCICLOMEDIA, la instalación de
computadoras y pizarrones electrónicos en salones de los años quinto y sexto
de las escuelas primarias.23 Estos temas sin duda son glifos mayores en el
telón de fondo de cualquier evaluación de la relación entre el Estado, la oferta
de acceso a las nuevas tecnologías digitales y su uso efectivo por parte de los
16Robinson – Borrador para Seminario CUERPO ACADEMICO ANTROPOLOGIA UAM-I
ciudadanos.24 Es una prioridad para la planeación de las estrategias digitales
del futuro, y un reto para que el sector académico, además de las cúpulas de
los partidos y organizaciones civiles, lo entiendan en toda su complejidad y
potencial.
En cuanto a las políticas de "inclusión digital", se reconoce que tienen
que ver con mucho más que la simple instalación de computadoras y la
extensión del uso de Internet. Se relacionan con una diversidad de aspectos
sociales y económicos, hasta ideológicos, donde resaltan los impedimentos a
la organización y entrega de servicios útiles de interés público. Entre las
propuestas en este ámbito se incluye el incremento de puntos de acceso a
Internet con incentivos de uso culturalmente apropiados en zonas marginadas,
donde se reafirma a la vez el rol del sector público en el desarrollo de las
infraestructuras TIC y sus contenidos; iniciativas de "alfabetización digital";
protección de los derechos y la privacidad de los consumidores y usuarios de
servicios públicos en el ambiente digital; facilitar la interacción de la
ciudadanía con entes de la administración pública, además de catalizar su
participación en los asuntos públicos y procesos democráticos. Varias
propuestas se relacionan con la diversidad cultural: como combatir la
discriminación de inmigrantes y minorías étnico-culturales, alentar la
creatividad intelectual y artística, preservar el legado cultural y lingüístico
indígena en beneficio de la gestión propia, y promover la generación de
contenidos que reflejen las identidades regionales, entre otros. El reto es
mayor, la tecnología ahora es disponible pero la voluntad del Estado y sus
facciones gobernantes queda en entredicho. El análisis de las redes de poder
desde donde se dirigen las redes de los nuevos medios desnuda fantasías
mágicas en base al fetichismo digital, un instrumental con su simbolismo
ambivalente, que promete al tiempo que adormece. El debate apenas inicia.
17Robinson – Borrador para Seminario CUERPO ACADEMICO ANTROPOLOGIA UAM-I
18Robinson – Borrador para Seminario CUERPO ACADEMICO ANTROPOLOGIA UAM-I
BIBLIOGRAFIA
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on Information, Technology and People, Festschrift en honor a Rob
Kling, Vol 18(1): 21-25, 2005.
19Robinson – Borrador para Seminario CUERPO ACADEMICO ANTROPOLOGIA UAM-I
Robinson, S., 2006a “TICs, TELECENTERS AND SOCIAL
MOVEMENTS”, Conferencia -- Movimientos Sociales en América
Latina, Universidad de Florida, Gainesville, febrero, en prensa.
--------, 2006b ¿BRECHA O INCLUSIÓN DIGITAL?, en María Eugenia
Olavarría y Héctor Tejera, coord., SIMBOLISMO Y PODER,
México, UAM-I y M. Porrúa editores.
--------, 2006c, The Potential Role of Information Technology in International
Remittance Transfers, REFORMATTING POLITICS:
INFORMATION TECHNOLOGY AND GLOBAL CIVIL
SOCIETY, J. Dean, J.W. Anderson y G. Lovink, compiladores, New
York, Routledge, pp. 121-127.
Sandoval Almazán, Rodrigo y Huerta, Esperanza, “Internet en
Comunidades…¿reduce la brecha digital?, POLITICA DIGITAL,
Núm. 30:44-45, México, junio-julio 2006.
Zhen-Wei Qiang, Christine; Lanvin, Bruno; Minges, Michael; Swanson, Eric;
Wellenius, Bjorn; Clarke, George R.; Halewood, Naomi; Adamali, Aref;
Coffey, John Oliver; Safdar, Zaid, Information and Communications
for Development 2006 : Global Trends and Policies, World Bank,
Washington, DC, Report 35924, 2006.
NOTAS
1
El argumento aquí continua una reflexión iniciada en publicaciones previas. Ver Robinson 2005 y 2006.
2
Desde el zócalo de la Cd. de México, el político mexicano, Porfirio Muñoz Ledo, afirmó: “en México
persisten la ignorancia, marginación, desigualdad, explotación y se entroniza a las falsas aristocracias” (15
septiembre 2006).
20Robinson – Borrador para Seminario CUERPO ACADEMICO ANTROPOLOGIA UAM-I
3
Consulta ENCUESTA DE CIBERCAFES EN CUATRO ESTADOS MEXICANOS, 2003
ftp://ftp.chasquinet.org/pub/docs/politicas/ciber_mexico.doc y la tabla de conectividad, 2006
confeccionada por este autor:
http://www.funredes.org/mistica/castellano/ciberoteca/participantes/docuparti/Lat_Amer_Tabla_ModoS4.htm
4
Este sexenio de la administración pública mexicana está a punto de concluir al escribir este texto. Consulta
www.e-mexico.gob.mx . La bibliografía académica sobre e-México es muy escasa. Consulta: M. Alanís, C.
Andrews y D. Alanís, “eMéxico: Estudio del Proceso de Aceptación, Potencial y Creación de Valor del
Gobierno Electrónico de México,” Proceedings del Primer Congreso Iberoamericana en Gobierno
Electrónico, Santiago de Chile, 2-3 octubre, 2006, www.cegov.net
5
Utilizo las proporciones demográficas de sectores sociales, según Curry y Kenny 2006, citando a SELECT.
6
Es pertinente indicar el grado de polarización entre ricos y pobres en México: “De acuerdo con los
resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2005, 10 por ciento de los
hogares más ricos concentra 36.5 por ciento del ingreso nacional, mientras que la décima parte de los hogares
más pobres percibe apenas 1.6 por ciento del total.” (La Jornada, 30 septiembre 2006). La misma encuesta
arroja que 47.8% de la población vive una “pobreza patrimonial”, y unos 19.6 millones una “pobreza
extrema” (Milenio Diario, 30 Septiembre 2006).
7
Nota la discusión al respecto en Curry y Kenny, 2006.
8
Las autoridades de e-México avisaron que la cuarta licitación para servicios satelitales para el último bloque
de 2500 unidades del programa está detenido en Octubre de 2006, y que dicha licitación sería probable antes
de concluir el sexenio presidencial, pero no sería hasta principios de 2007 cuando se cumple con el contrato.
Hoy en Telecomunicaciones, 12 Octubre de 2006, pág. 13.
9
Las declaraciones a la prensa de dos personajes claves, su actual y ex Director, atestiguan este hecho. Por
ejemplo, Javier Pérez Mazatán, Director de eMéxico, dice que el nuevo gobierno “deberá reevaluar el plan
original del proyecto de conexión de Internet de eMéxico”. La oferta comercial de Internet ha crecido, y
reduce la necesidad de abrir 40k centros nuevos…es necesario que la siguiente gestión asigne recursos para el
mantenimiento de las redes satelitales…que los 7500 centros en operación reciben en promedio 5.7m
visitantes mensuales. (Fuente: Hoy en Telecom / REFORMA Negocios, Pág. 11, 22 mayo 06) En cambio, el
Director Fundador, Julio César Margáin, declara el 8 de mayo (Excelsior, Dinero, pág. 8): “…de las tres caras
del proyecto—contenidos, sistemas y conectividad, e-México parece estancado en la última, la más fácil y
secuestrable…”. Lo declarado por el ex – senador activista en temas de telecomunicaciones, Javier Corral,
referente al Acuerdo de Convergencia de triple play es pertinente: “…exhibe los problemas y las
contradicciones que se generan al interior de un gobierno cuando no se define una política nacional de largo
plazo, con visión del Estado e independencia de los grupos de poder económico, acerca del desarrollo y la
regulación de las comunicaciones y el derecho a la información”. Hoy en Telecom / El Universal 3 octubre
2006.
10
En el boletín comercial, Hoy en Telecomunicaciones, México, D.F., 6 de septiembre 2006, página 11, se
informa que el presupuesto del programa eMéxico es de $175 millones de pesos para el año 2006; falta
instalar 800 terminales terrenales correspondientes a las fases 2 y 3 del proyecto, la fase 4 está en licitación
donde se proyecta instalar 1200 terminales satelitales adicionales en igual número de Centros Comunitarios
Digitales. Al tiempo, reportan la presencia de 16,700 contenidos distintos en los diversos portales del sistema
y hay solamente 46k usuarios registrados. Se proyectan tener 9500 CCD’s instalados para el 30 de noviembre
del 2006. La gacetilla (nota de prensa pagada) reproducida en este boletín no indica cuantos usuarios
registrados corresponden a personal del mismo sistema nacional, ni cuantos ingresan al sistema desde los
diversos Centros.
11
La investigación de Alanís, Andrews y Alanís citado en la nota 4 no tiene un tamaño de muestra ni una
metodología en campo que permite responder a estas incógnitas.
21Robinson – Borrador para Seminario CUERPO ACADEMICO ANTROPOLOGIA UAM-I
12
Es importante matizar esta crítica, distinguiendo al programa más eficaz, a mi juicio, del smorgasbôrd de
portales, servicios y subprogramas bajo el amplio paraguas de e-México: las plazas comunitarias,
administradas por una burocracia in situ antes de la conformación del darling de la primera mitad del sexenio.
13
Una confesión pública de un capacitador de capacitadores en una conferencia del Centro Digital de Telmex.
14
El documento del Banco Mundial, GLOBAL TRENDS AND POLICIES, INFORMATION AND
COMMUNICATION FOR DEVELOPMENT, 2006, ofrece un desglose de los criterios para elaborar y
evaluar una estrategia oficial de desarrollo con TICs.
15
La retórica al inicio del programa e-México, 2001, es notorio en este sentido.
16
Op. Cit.
17
En el documento Por un nuevo paradigma de política pública para el conocimiento y la innovación en
México, la Academia Mexicana de Ciencia enfatiza la necesidad de que se incrementen los recursos de los
tres niveles de gobierno para el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el país; que el gasto público en
investigación y desarrollo "nunca ha sido mayor a 0.46 por ciento del PIB"; existe rezago en la formación de
personas con postgrado, de forma tal que, por ejemplo, mientras en 2003 en México se graduaron mil 443
doctores, en Brasil fueron 7 mil 729; en España, 6 mil 436; en Corea del Sur, 7 mil 623, y en Estados Unidos,
45 mil 75. 28 abril 2006
http://www.comunicacion.amc.edu.mx/comunicados/presidente-de-la-amc-ve-etapa-incierta-para-la-ciencia/
18
Se refiere al empleo del Protocolo de Internet para difundir servicios de telefonía, televisión e Internet por
los medios tradicionales, incluyendo la telefonía inalámbrica.
19
Una propuesta casi utópica, en efecto, por la escasa cantidad de tales organismos calificados y dispuestos a
asumir la tarea de transformar un sitio con limitaciones técnicas en un telecentro comunitario eficaz. Véase:
www.tele-centros.org .
20
Surge la pregunta justificada: ¿Y qué pasará con los Centros Comunitarios de Aprendizaje y las Plazas
Comunitarias? Considero a las CCA’s como un negocio, y como tal, sin derecho a mayor subsidio de lo ya
otorgado hasta la fecha. Las Plazas Comunitarias del INEA merecen una evaluación rigurosa para juzgar la
sustentabilidad de las más efectivas en el servicio rendido.
21
Consulta: www.remesamex.gob.mx
22
Véase http://allafrica.com/stories/200605240818.html para un caso experimental de m-gobierno, apoyo a
la gobernanza vía aparatos móviles.
23
REFORMA (13 junio 2006, pág 2A) informa que desde agosto de 2005, seis empresas ganaron la licitación
de la SEP para instalar los equipos de ENCICLOMEDIA, pero de los 125, 562 equipos por instalarse al 31 de
mayo de 2006, sólo 58% de los salones recibieron los equipos, y además se registran fallas en 714 de los
mismos.
24
“Framing a Global Information Society Discourse”, Parminder Jeet Singh y Anita Gurumurthy
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