Reforma energética: Oportunidad para el desarrollo sustentable y de bajo carbono
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Reforma energética: Oportunidad para el desarrollo sustentable y de bajo carbono El sector energético juega un papel relevante en el cambio climático, en la economía y en las finanzas públicas del país. Su papel central en estos temas pone de manifiesto la necesidad de que la reforma energética que se discutirá en el poder legislativo amplíe la reforma presentada por el ejecutivo. La propuesta de reforma enviada desde Los Pinos, está elaborada desde una visión exclusivamente petrolera, a través del impulso de una mayor participación privada en los sectores petrolero y eléctrico nacionales, como mecanismos para mejorar la producción de energía partir de fuentes fósiles; limitando, con ello, las oportunidades para la transición energética, el desarrollo sustentable y de bajo carbono. En este sentido, uno de los argumentos centrales de la propuesta de reforma es la necesidad de revertir la caída en la producción de gas y petróleo, a través de la explotación de los hidrocarburos no convencionales, como son el gas shale y las fuentes de petróleo en aguas profundas. Esta visión impulsa y profundiza un modelo energético que no está en la ruta para responder a los retos económicos, sociales y ambientales generados por los impactos del calentamiento global en México; tampoco contribuye a cumplir las metas en la materia, establecidas en la Ley General de Cambio Climático (LGCC) y en los compromisos internacionales adquiridos por el Estado mexicano. La propuesta de reforma hacendaria presentada por el gobierno también apunta en este sentido, dado que sus principales cambios al régimen fiscal de Petróleos Mexicanos (Pemex) están enfocados en generar los incentivos para la realización de proyectos que actualmente no resultan rentables por sus altos costos, como son los de hidrocarburos no convencionales; además de retirar los incentivos fiscales existentes (depreciación acelerada) en el sector de energías renovables, sin proponer medidas que apoyen el desarrollo del sector frente a la apuesta de explotar fuentes fósiles no convencionales. Por ello, el Grupo de Financiamiento para Cambio Climático presenta en este documento una serie de observaciones y propuestas a la reforma energética del gobierno, con el objetivo de que esta reforma, sienta las bases necesarias para avanzar hacia un modelo energético sustentable, que cuente con una mayor participación de las energías renovables y limpias. Igualmente, la reforma energética no debe enfocarse únicamente en la generación de energía, sino que debe incluir medidas para modificar los patrones de consumo de la misma y mejorar su uso eficiente. Observaciones a la propuesta de reforma energética No hace frente a los retos que exige el cambio climático La apuesta por la explotación de los hidrocarburos no convencionales es un paso en la dirección opuesta a la transición energética y al desarrollo bajo carbono, pues supone planificar la obra pública y orientar presupuesto público a proyectos que emitirán más GEI, que requieren altas inversiones y que son insostenibles en el largo plazo, además de que acarrean fuertes impactos sociales y ambientales. La propuesta de Reforma no provee una ruta para el cumplimiento con la legislación en materia de cambio climático ni de energía renovable, que permita diversificar la explotación de fuentes fósiles. Asimismo, la LGCC establece como meta, la reducción de emisiones en un 30 por ciento para el 2020 y en un 50 por ciento para el 2050 con respecto a los niveles de 1990, lo que implicaría la inversión de 168 a 178 mil millones de dólares para alcanzar dicha meta al
año 2020. El cumplimiento de estas metas implicaría también reducir las emisiones provenientes del sector energético, el cual representa el 66 por ciento de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en México. Carece de visión de largo plazo, ya que no sienta las bases para la sostenibilidad energética Lejos de hacer un viraje hacia la explotación de recursos renovables y, por ende, inagotables e infinitos, las propuestas de reforma energética se enfocan en la explotación de recursos no renovables cuyo agotamiento es inminente. De hecho, la propuesta de reforma confirma el declive de la producción de Cantarell y el escaso margen de reservas probadas con que cuenta México, mismas que no aseguran el abasto energético futuro del país. De esta manera, una de las principales apuestas de la propuesta del gobierno es el impulso de alternativas de explotación de hidrocarburos no convencionales ‒aguas profundas y gas de lutitas‒, proyectos que suponen mayores riesgos e impactos sociales y ambientales, además de elevados costos económicos. Debido a su complejo proceso de extracción, el gas de lutitas supone la aplicación de la técnica de fractura hidráulica o fracking, en este proceso, se emite metano hasta en un 30 por ciento por encima de los proyectos tradicionales. Este gas tiene un potencial de calentamiento global 211 veces superior al CO2. Este hecho, unido a las emisiones de GEI que se producen durante todo el proceso de explotación del gas, podría suponer que en un horizonte de 20 años, el impacto de gases de efecto invernadero ocasionado por el gas de esquisto, sea al menos 20 por ciento mayor al de la quema de carbón.2 No establece soluciones para el transporte La matriz energética del sector transporte en México se caracteriza por un exclusivo consumo de fuentes no renovables que, en combinación con un acelerado crecimiento del sector transporte, ha elevado la demanda total de gasolina y diésel en un promedio mayor al del crecimiento de la economía, generando una serie de externalidades negativas como el tráfico vehicular, severos daños a la salud y altas emisiones de GEI. No rinde cuentas La apuesta por los hidrocarburos no convencionales no es nueva, puesto que ya fue impulsada durante la reforma energética de 2008. Cinco años después la nueva propuesta de Reforma no presenta información sobre los resultados que se tuvieron en 2008. Esto a pesar de que la información generada y publicada por la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al respecto, muestre un rendimiento por debajo de lo esperado; el incumplimiento de las metas de producción y bajos e, incluso, índices negativos de rentabilidad de este tipo de proyectos. No informa La información que el gobierno ha puesto a disposición de la sociedad es escasa y no muestra suficientes datos para apoyar sus diferentes propuestas. Falta un diagnóstico profundo que muestre la situación actual del sector energético desde una perspectiva integral, el cual debe ser elaborado por diferentes actores tanto del gobierno como de la sociedad civil y la academia. La información presentada por el gobierno en su página web de Presidencia es a todas luces 1 Potencial de calentamiento global. http://www.greenfacts.org/es/glosario/pqrs/potencial-calentamiento-global.htm 2 Howarth, Robert y Santoro, René (2011), Methane and the greenhouse-gas footprint of natural gas from shale formations, disponible en http://www.eeb.cornell.edu/howarth/Howarth por ciento20et por ciento20al por ciento20 por ciento202011.pdf
insuficiente para justificar una reforma que marcará el futuro energético del país y los datos presentados no sustentan, en muchas ocasiones, los cambios propuestos. No es incluyente El gobierno no está generando las condiciones necesarias para que, durante la discusión sobre la Reforma que tendrá lugar los próximos meses, exista un diálogo informado, incluyente y efectivo que permita una participación amplia de la sociedad civil en la toma de decisiones especialmente siendo este un tema central en la vida económica, social, política y medioambiental del país. Propuestas Para hacer frente a este panorama, es urgente la implementación de políticas fiscales, económicas y ambientales que reduzcan la demanda de combustibles fósiles. Por ello, el grupo de financiamiento demanda la creación de una reforma que: Garantice la sostenibilidad fiscal y energética: es necesario que cualquier reforma contemple cambios que permitan la sostenibilidad fiscal y energética del país a largo plazo, sin menoscabar la sustentabilidad ambiental, bajo un marco de derechos humanos y con perspectiva de equidad de género. Esto implica fortalecer aquellos sectores estratégicos, públicos y privados, para que –bajo un mejorado marco de la Ley- contribuyan a detonar el crecimiento bajo carbono y sustentable del país en la generación de energía renovable. Promueva la diversificación de la matriz energética: la diversificación de la matriz energética promovería la sustentabilidad y la seguridad energética a largo plazo, pero esto únicamente es alcanzable a través de la inversión pública en fuentes de energías renovables y la reducción de la demanda de los combustibles fósiles. Es necesario promover la sustentabilidad de este bien a mediano y largo plazo. Permita cumplir con los objetivos internacionales y nacionales en materia de cambio climático: que la producción y consumo de fuentes fósiles deberá seguir ruta decreciente alineada con metas de LAERFTE y LGCC. Se requiere que el marco legal y regulatorio del sector energético (LAERFTE y LSPEE) se alineen con la LGCC para garantizar metas de reducción de GEI. Rinda cuentas: dado que la nueva reforma impulsa una mayor participación de la iniciativa privada en el sector petrolero, el gobierno debe rendir cuentas sobre los resultados que tanto el nuevo régimen de contratación como el nuevo tipo de contratos han tenido para mejorar los procesos de contratación de Pemex como la explotación de los hidrocarburos. Al igual, debe presentar información sobre los resultados del régimen fiscal especial creado para mejorar la rentabilidad de los proyectos no convencionales. Posea un enfoque transversal con políticas de usos de suelo, transporte público y no motorizado, eficiencia energética e ingresos. Esta transversalidad permitirá contribuir de manera determinante a revertir la tendencia de consumo y financiamiento insostenible.3 3 Mejorar la eficiencia energética en el sector transporte no sólo depende de la eficiencia energética de los combustibles o de los avances tecnológicos de los automóviles, se debe contemplar a) la planeación urbana relacionadas con las redes de transporte b) la accesibilidad y las opciones de viajes y c) la gestión de la demanda de viajes para logar beneficios a largo plazo.
Obligue a PEMEX y a CFE a reducir su huella de carbono. Convierta a PEMEX en una empresa energética: más que ser una empresa petrolera, Pemex debe convertirse en una empresa de carácter energético, alineado al desarrollo sustentable y de bajo carbono que el país requiere, que garantice también el suministro de petróleo para la industria petroquímica a largo plazo. Además, como lo estipula el Pacto por México, debe ser uno de los ejes en la estrategia de mitigación del cambio climático. Para ello, es necesario que Pemex cuente con mayores recursos económicos, por lo que se requiere modificar su régimen fiscal para que pueda retener una mayor cantidad de sus ganancias, de las cuales una parte deberán ser destinadas al desarrollo de las energías limpias y renovables. Realice estudios rigurosos sobre las implicaciones de la explotación del shale gas, tomando en cuenta tanto los costos económicos, las tasas de recuperación de la inversión y las externalidades socio- ambientales, como el costo de oportunidad de inversión en recurso fósil NO renovable en lugar de otras alternativas. Disminuya la dependencia fiscal de los hidrocarburos: la reforma fiscal debe incluir necesariamente cambios dirigidos a la disminución de la dependencia petrolera, a través de la necesidad de la implementación de medidas que permitan una mayor recaudación fiscal sostenible a través del cobro de impuestos, derechos y aprovechamiento de carácter progresivo, que fomente la redistribución de los ingresos de los percentiles más altos de la población hacia el sector de la población en situación de pobreza. Además, se debe realizar una reforma en el sector eléctrico, que diversifique la producción, la eficiencia energética y la movilidad urbana sustentable para eficientar el consumo. La actual reforma hacendaria presentada por el gobierno no va en este camino, ya que señala que la disminución de los impuestos, derechos y aprovechamientos que Pemex debe pagar, será compensada por una mayor rentabilidad de las operaciones petroleras ─debido a menores costos operativos, mayores precios de los hidrocarburos y mayores tasas de producción─. Esto no permitiría disminuir la dependencia que el sector público tiene de los recursos generados por la explotación del petróleo y supondría seguir apostándole a los hidrocarburos como modelo energético. Destine los beneficios petroleros al desarrollo social y sustentable: Los beneficios obtenidos de los excedentes petroleros no deben destinarse a proyectos que promuevan el uso de combustibles fósiles, como la creación de más vialidades, sino al impulso de medidas que garanticen la transición energética. La renta petrolera debe tener además un destino específico que atienda problemas fundamentales de desarrollo social en el corto, mediano y, especialmente a largo plazo. En este sentido, es muy importante que se establezcan disposiciones legales para asegurar que una parte de la renta petrolera sea utilizada para impulsar la transición energética. Sin embargo, la actual propuesta de Ley de ingresos sobre hidrocarburos que hace parte de la reforma hacendaria presentada por el gobierno, no plantea lineamientos específicos en esta materia. Garantice el pleno derecho y la coexistencia respetuosa con las comunidades: los proyectos de energía renovable deberán incluir un marco normativo y de mejores prácticas que permitan la coexistencia respetuosa con las comunidades donde se desarrolle el proyecto, así como mecanismos para otorgar co-beneficios a sus habitantes en concordancia con sus necesidades de desarrollo. De esta manera, la reforma energética deberá establecer los mecanismos pertinentes para asegurar que el desarrollo de proyectos energéticos no suponga violaciones a los derechos humanos y, específicamente, a los derechos de los pueblos indígenas.
Incorpore las externalidades en los proyectos de generación de energía: es necesario fortalecer a la CFE para fijar tarifas eléctricas con criterios técnicos y transparentes. La CFE también deberá regular transmisión y distribución, calidad y competencia energética tomando en cuenta externalidades sociales, ambientales y económicas asociadas con la generación de electricidad, para todas las tecnologías fósiles y no fósiles. De esta manera, la CFE debe acelerar la implementación de la metodología para valorar dichas externalidades socioambientales. Establezca normas de eficiencia para actividades productivas que utilicen energía de fuentes fósiles. Impulse en las reglas de operación de fondos: como el PROTRAM, el Fondo para el Cambio Climático y el Fondo para la Transición Energética, el financiamiento para proyectos de transporte público y no motorizado a fin reducir el consumo energético e inducir el cambio modal. Adecue los criterios de evaluación costo-beneficio de proyectos de transporte público, infraestructura urbana y espacio público para incluir beneficios ambientales y sociales de la movilidad. Desincentive el uso del automovil privado mediante la implementación de sistemas integrados de transporte vinculados al desarrollo urbano. Impulse en las ciudades programas integrales de movilidad sustentable vinculados a la planeación urbana considerando metas claras de mitigación y reducción del uso de combustibles. Promueva el desarrollo urbano orientado al transporte y los planes integrales de movilidad urbana sustentable como visiones y herramientas de planeación de ciudades densas y compactas que garanticen la reducción de su huella de carbono y reduzcan el consumo energético en distancias recorridas, las necesidades de autotransporte y el uso del auto particular en nuestras ciudades. Mejore el transporte urbano e intra-urbano de pasajeros y mercancías mediante logística y normas de eficiencia. Implemente y catalice las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) de consumo de combustible y emisiones de CO2 de vehículos automotores ligeros y pesados para hacerlas más estrictas de acuerdo a estándares internacionales. Focalice el financiamiento y los subsidios hacia proyectos de transporte con menor consumo energético y mayor rentabilidad. Garantice la producción y el abastecimiento de combustibles menos contaminantes como el diesel de ultra bajo azufre y gasolinas oxigenadas, además que promueva el desarrollo y uso de tecnologías automotrices más eficientes y limpias. Promueva la promulgación de una Ley General de Movilidad Urbana sustentable con replicabilidad estatal y municipal.
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