II TRIMESTRE 2021 - UNA PUBLICACIÓN DE - Centro de Pensamiento y Diálogo Político
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UNA PUBLICACIÓN DE
II TRIMESTRE 2021
ISSN 2745-1909
ISSn
ISNN12345-6
123456-0DIRECCIÓN
Jairo Estrada Álvarez
CONSULTORES
Carolina Jiménez Martín
Víctor Manuel Moncayo Cruz
Andrés Felipe Mora Cortés
José Francisco Puello-Socarrás
REFORMA RURAL INTEGRAL
Diana Ximena Machuca Pérez
Sandra Paola Naranjo Aristizábal
Diana Patricia Sánchez García
SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE DROGAS ILÍCITAS
Ana María González Suárez
PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y APERTURA DEMOCRÁTICA
Alejandro Robayo Corredor
GARANTÍAS DE SEGURIDAD
Giovanni Libreros Jiménez
SIVJRNR
Santiago Gómez Obando
IMPLEMENTACIÓN
Marcela Valencia Toro
Sergio Moreno Rubio
ENFOQUE DE GÉNERO
Laura Cardoza Alfonso
Paola Patricia Sandoval Palacios
ENFOQUE ÉTNICO
Angélica Bermúdez
ENFOQUE TERRITORIAL
Patricia Sánchez-García
PREPARACIÓN EDITORIAL Jesús Andrés Chicaiza Taramuel
Jesús Gualdrón Sandoval
DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN
Tatianna Castillo Reyes
Andrea Donoso
UNA PUBLICACIÓN DE
ISSN 2745-1909
Centro de Pensamiento
y Diálogo Político - CEPDIPO II TRIMESTRE DE 2021
https://cepdipo.org/ BOGOTÁ, COLOMBIAÍNDICE
PRESENTACIÓN 11
1. REFORMA RURAL INTEGRAL 17
1.1. ACCIONES ESTATALES SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN 17
1.2. OBSERVACIONES 19
2. PARTICIPACIÓN POLÍTICA 20
2.1. ACCIONES ESTATALES SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN 20
2.2. CONTROVERSIAS 24
2.3. OBSERVACIONES 25
3. GARANTÍAS DE SEGURIDAD 26
3.1. ACCIONES ESTATALES SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN 26
3.2. CONTROVERSIAS 30
3.3. OBSERVACIONES 324. SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS DE USO ILÍCITO 33 4.1. ACCIONES ESTATALES SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN 33 4.2. CONTROVERSIAS 36 4.3. OBSERVACIONES 39 5. VÍCTIMAS 40 5.1. ACCIONES ESTATALES SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN 41 5.2. CONTROVERSIAS 43 5.3. OBSERVACIONES 44 6. ENFOQUE DE GÉNERO 45 6.1. ACCIONES ESTATALES SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN 45 6.2. CONTROVERSIAS 47 6.3. OBSERVACIONES 48 7. CAPÍTULO ÉTNICO 49 7.1. ACCIONES ESTATALES SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN 49 7.2. CONTROVERSIAS 50 7.3. OBSERVACIONES 52 8. FINANCIACIÓN Y ASPECTOS PRESUPUESTALES 53 8.1. ACCIONES ESTATALES SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN 53 8.2. CONTROVERSIAS 55 8.3. OBSERVACIONES 56
9. DIMENSIONES TERRITORIALES SUBREGIONES PDET 57 9.1. SUBREGIÓN DE LA CUENCA DEL CAGUÁN Y CAQUETÁ 57 9.1.1. ACCIONES ESTATALES SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN57 9.1.2. CONTROVERSIAS58 9.1.3. OBSERVACIONES60 9.2. SUBREGIÓN CATATUMBO 61 9.2.1. ACCIONES ESTATALES SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN61 9.2.2. CONTROVERSIAS61 9.2.3. OBSERVACIONES63 9.3. SUBREGIÓN ALTO PATÍA Y NORTE DEL CAUCA 64 9.3.1. ACCIONES ESTATALES SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN64 9.3.2. CONTROVERSIAS65 9.3.3. OBSERVACIONES67 9.4. SUBREGIÓN PACÍFICO Y FRONTERA NARIÑENSE 67 9.4.1. ACCIONES ESTATALES SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN67 9.4.2. CONTROVERSIAS 69 9.4.3. OBSERVACIONES69 9.5. SUBREGIÓN CHOCÓ 69 9.5.1. ACCIONES ESTATALES SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN69 9.5.2. CONTROVERSIAS71 9.5.3. OBSERVACIONES71 REFERENCIAS 72
TABLAS
TABLA N° 1. ACCIONES INSTITUCIONALES
TABLA N° 2. OBSERVACIONES POR ASUNTOS ESTRATÉGICOS PUNTO 1
TABLA N° 3. ASUNTOS RELEVANTES Y CONTROVERSIAS - PUNTO 2
TABLA N° 4. OBSERVACIONES POR ASUNTOS RELEVANTES - PUNTO 2
ASUNTOS RELEVANTES Y CONTROVERSIAS
TABLA N° 5.
- GARANTÍAS DE SEGURIDAD
OBSERVACIONES POR ASUNTOS
TABLA N° 6.
RELEVANTES - GARANTÍAS DE SEGURIDAD
AVANCES DEL PLAN DE ATENCIÓN INMEDIATA (PAI)
TABLA N° 7.
– COMPONENTE FAMILIAR (FEBRERO - ABRIL 2021)
TABLA N° 8. ASUNTOS RELEVANTES Y CONTROVERSIAS - PUNTO 4
TABLA N° 9. OBSERVACIONES POR ASUNTOS RELEVANTES - PUNTO 4
TABLA N° 10. ASUNTOS RELEVANTES Y CONTROVERSIAS - PUNTO 5
TABLA N° 11. OBSERVACIONES POR ASUNTOS RELEVANTES - PUNTO 5
ASUNTOS RELEVANTES Y
TABLA N° 12.
CONTROVERSIAS - ENFOQUE DE GÉNERO
TEMÁTICAS, ACCIONES INSTITUCIONALES,
TABLA N° 13.
DISPOSICIONES DEL ACUERDO Y DEL PMI Y
OBSERVACIONES - CAPÍTULO ÉTNICOASUNTOS RELEVANTES Y
TABLA N° 14.
CONTROVERSIAS - CAPÍTULO ÉTNICO
OBSERVACIONES POR ASUNTOS
TABLA N° 15.
RELEVANTES - CAPÍTULO ÉTNICO
PROYECTOS EN MUNICIPIOS PDET Y
TABLA N° 16.
ZOMAC (COSTOS TOTALES, AÑO 2020)
TABLA N° 17. ASUNTOS RELEVANTES Y CONTROVERSIAS - PUNTO 6
TABLA N° 18. OBSERVACIONES POR ASUNTOS RELEVANTES - PUNTO 6
ASUNTOS RELEVANTES Y CONTROVERSIAS
TABLA N° 19.
- SUBREGIÓN CUENCA DEL CAGUÁN Y CAQUETÁ
OBSERVACIONES POR ASUNTOS RELEVANTES
TABLA N° 20.
- SUBREGIÓN CUENCA DEL CAGUÁN Y CAQUETÁ
ASUNTOS RELEVANTES Y
TABLA N° 21.
CONTROVERSIAS - SUBREGIÓN CATATUMBO
OBSERVACIONES POR ASUNTOS
TABLA N° 22.
RELEVANTES - SUBREGIÓN CATATUMBO
ACCIONES ESTATALES EN LA SUBREGIÓN
TABLA N° 23.
ALTO PATÍA Y NORTE DEL CAUCA
ASUNTOS RELEVANTES Y CONTROVERSIAS
TABLA N° 24. -
SUBREGIÓN ALTO PATÍA Y NORTE DEL CAUCA
OBSERVACIONES POR ASUNTOS RELEVANTES
TABLA N° 25.
- SUBREGIÓN ALTO PATÍA Y NORTE DEL CAUCA
ACCIONES ESTATALES EN LA SUBREGIÓN
TABLA N° 26.
PACÍFICO Y FRONTERA NARIÑENSE
ASUNTOS RELEVANTES Y CONTROVERSIAS -
TABLA N° 27.
SUBREGIÓN PACÍFICO Y FRONTERA NARIÑENSE
OBSERVACIONES POR ASUNTOS - SUBREGIÓN
TABLA N° 28.
RELEVANTES PACÍFICO Y FRONTERA NARIÑENSE
TABLA N° 29. ACCIONES ESTATALES EN LA SUBREGIÓN CHOCÓ
ASUNTOS RELEVANTES Y
TABLA N° 30.
CONTROVERSIAS - SUBREGIÓN CHOCÓ
OBSERVACIONES POR ASUNTOS
TABLA N° 31.
RELEVANTES - SUBREGIÓN CHOCÓSIGLAS
AGROGÜEJAR Asociación Campesina para la
Agricultura Orgánica y el Comercio
Justo en la cuenca del río Güéjar
ACNUDH Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos
AFP Acuerdo Final de Paz
AFRODES Asociación Colombiana de
Afrocolombianos Desplazados
ANT Agencia Nacional de Tierras
Anzorc Asociación Nacional de Zonas
de Reserva Campesina
ART Agencia de Renovación del Territorio
Ascal-G Asociación Campesina Ambiental
del Losada-Guayabero
CERAC Centro de Recursos para el
Análisis de Conflictos
CINEP Centro de Investigación y Educación Popular
CRIC Consejo Regional Indígena del Cauca
CRIT Consejo Regional Indígena del Tolima
CCEEU Coordinadora Colombia,
Europa, Estados Unidos
CGR Contraloría general de la República
CNGS Comisión Nacional de Garantías de Seguridad
CPEC Consejería Presidencial para la
Estabilización y la Consolidación
CSIVI Comisión de Seguimiento, Impulso y
Verificación a la ImplementaciónDSCI Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos
ERPAZ Espacio Regional de Paz del Cauca
FF. MM. Fuerzas Militares (Colombia)
HR Hoja de Ruta
INDEPAZ Instituto de Estudios para
el Desarrollo y la Paz
IEI Instituto de Estudios Interculturales
JEP Jurisdicción Especial de Paz
ÑATUBAIYIBARI Asociación de Autoridades
Tradicionales del pueblo Bari
OACP Oficina del Alto Comisionado para la Paz
OIA Organización Indígena de Antioqui
PAI Plan de Atención Inmediata
PLANFES Plan Nacional de Fomento a la Economía
Solidaria y Cooperativa Rural
PATR Planes de Acción para la
Transformación Regional
PDET Programas de Desarrollo con
Enfoque Territorial
PECIG Programa de Erradicación de Cultivos
Ilícitos mediante aspersión aérea
con el herbicida Glifosato
PGN Procuraduría General de la República
PMA Plan de Manejo Ambiental
PMI Plan Marco de Implementación
PNIS Programa Nacional Integral de Sustitución
de Cultivos de Uso Ilícito
PNRRI Planes Nacionales de la
Reforma Rural IntegralPPPSGDT Plan Progresivo de Protección
Social de Garantía de Derechos de
las y los Trabajadores Rurales
PONAL Policía Nacional de Colombia
RIMISP Centro Latinoamericano de Desarrollo Rura
RRI Reforma Rural Integral
UIA Unidad de Investigación y Acusación
de la Jurisdicción Especial de Paz
UNP Unidad Nacional de Protección
Sintrapaz Sindicato de Trabajadores
Agrícolas de Sumapaz
UEI Unidad Especial de Investigación de
la Fiscalía General de la Nación
SIIPO Sistema Integrado de Información
para el Posconflicto
STI - CNTI Secretaría Técnica Indígena – Comisión
Nacional de Territorios Indígenas.
UNUMA Asociación Indígena “Unión de Trabajo
para la Defensa de la Vida”Presentación
En medio de las dificultades por las que atraviesa actualmente la construcción
de la paz estable y duradera en Colombia, pero -en simultáneo- atendiendo a las
expectativas para su materialización en correspondencia con lo establecido por el
Acuerdo Final de Paz (AFP), el Centro de Pensamiento y Diálogo Político (CEPDIPO)
presenta su segundo número de la ReVista a la implementación del Acuerdo de Paz
con las FARC-EP, centrando su atención sobre los hechos, situaciones y controver-
sias claves que se registraron durante el período que cubre los meses de marzo a
principios de junio de 2021.
La estructura de monitoreo y seguimiento que desarrolla CEPDIPO recorre cada uno
de los puntos del AFP, incluyendo los enfoques transversales: género, étnico y terri-
torial (este último, a partir de cuatro casos seleccionados de subregiones PDET).
El análisis descriptivo y analítico mantiene lo dispuesto por el AFP en el punto 6 sobre
implementación y verificación al analizar informaciones emergentes disponibles que
permiten advertir sobre el actual estado de cumplimiento -o no- de los acuerdos. El
fin último está en aportar nuevos elementos de juicio -en la medida en que lo posibi-
lita la reflexión coyuntural en el corto plazo- para identificar los avances, los temas
en desarrollo y las controversias del proceso de implementación en perspectiva del
largo plazo (AF, punto 6.3., p. 210).
Este segundo informe trimestral muestra así, en primer lugar, las Acciones estatales y
gubernamentales referidas a la implementación, relevando los hechos que se corres-
ponden con el AFP y que se encuentran respaldados por información verificable y
objetiva, y prestando especial atención a aquellas que vienen siendo producidas por
organismos institucionales de control.
En segundo lugar, se indican de manera separada las Controversias frente al
proceso, en especial aquellas relacionadas con temas, temáticas, tópicos o
procesos que son estimados de particular significado para la implementación
durante los meses observados.
Finalmente, en tercer lugar, se formulan distintas Observaciones de política -a
partir de lineamientos para la acción pública- que no solo atienden a las controver-
sias identificadas, sino que también se desprenden de un entendimiento complejo
de 77
que vincula los hechos en el corto plazo y su potencial para avanzar -o no- de modo
efectivo en la implementación superando las dificultades señaladas.
Durante el segundo trimestre de este año, el proceso de implementación se ha carac-
11
terizado por mantener e incluso profundizar las tendencias de la implementación ya
subrayadas por el Centro de Pensamiento y Diálogo Político a través de sus informes
y, más recientemente, por la ReVista a la Implementación del primer trimestre
página
| VOLVER A CONTENIDO(2021). El gobierno de Duque no mostró modificación alguna en sus pretensiones de
desconocimiento fáctico del Acuerdo, al tiempo que ha mantenido el discurso sobre
su presunto compromiso con la implementación. En ese sentido, la simulación de la
implementación continúa siendo el principal rasgo que ha asumido el proceso.
La rebelión social que se desató en el país a partir del 28A, tras la convocatoria de Paro
Nacional, puso una vez más en evidencia la enorme deuda que existe con la implemen-
tación y la precaria (casi inexistente) acción gubernamental para responder a asuntos
sensibles del Acuerdo de paz, aplazados, distorsionados, o abiertamente incumplidos.
El análisis de las numerosas demandas evidenciadas en la movilización social muestra
que una parte de ellas corresponde a temas pospuestos o incumplidos del Acuerdo
de paz; poniendo de presente la importancia de la implementación efectiva a fin de
contribuir a resolver problemáticas históricamente aplazadas.
En este segundo trimestre, la manifestación de hechos sobrevinientes que han
afectado directa o indirectamente trayectorias específicas de la implementación,
no permite afimar que se este frente a tendencias de reconducción del proceso;
tampoco que sean previsibles rupturas o quiebres (selectivos) en el corto plazo y
frente a distintos aspectos que siguen siendo cruciales y de urgente atención.
Respecto al Punto 1, se reportan ejecutorias parciales y muy limitadas en el cumplimiento
de la implementación de la Reforma Rural Integral. Dentro de ellas se encuentran:
1. Acciones estatales para la adopción del Plan nacional de suministro de agua
potable y saneamiento básico rural (mediante Resolución No. 0076 del 9 de marzo
de 2021), aunque sin procesos participativos y con retrasos y dilaciones (tres años
después del término señalado inicialmente en el PMI, es decir, el año 2018).
2. Aunque se dio el trámite de la especialidad agraria en la jurisdicción civil y
administrativa en en el período legislativo del 16 de marzo al 20 de junio de 2021,
el proyecto de ley presentado por el gobierno -que en todo caso no respon-
día a los alcances establecidos en el Acuerdo de paz-, no fue aprobado por el
Congreso de la República.
3. El Gobierno nacional entregó para constatación por parte de la CSIVI, a través
de su representación en esa instancia, el texto del proyecto de ley “por medio
del cual se crea el Sistema para la garantía progresiva del derecho a la alimen-
tación y se dictan otras disposiciones”. Tal y como ha ocurrido en otros casos,
de 77
el componente FARC(Comunes) de la instancia, manifestó que tal proyecto no
se ajustaba a lo dispuesto en el Acuerdo, señalando observaciones y propo-
niendo un texto alterno. Ese proyecto no se ha presentado aún al Congreso para
el respectivo trámite. Debe señalarse que ya se halla radicado en el Legislativo
un proyecto de ley con propósitos similares, más robusto y concordante con las
12
disposiciones del Acuerdo, del cual son coautores integrantes de la bancada del
partido FARC (Comunes).
página
Presentación | VOLVER A CONTENIDOPor otra parte, es de resaltar que la adopción integral del Punto 1 del Acuerdo fue
incluida dentro de las reinvindicaciones de la población rural (campesina y de los
pueblos étnicos) en el contexto del paro y la rebelión social.
Respecto a la Apertura democrática y la Participación política para la construcción de
la paz llaman la atención las dinámicas relacionadas directamente con las medidas
pactadas en los puntos 2 y 3.2.1 del Acuerdo Final de Paz (AFP):
1. Mediante provodencia de la Corte Constitucional se dio vida al acto legislativo
mediante el cual se aprobó la creación de las Circunscripciones Especiales
Transitorias de Paz (CETP), con lo que se abrió camino a una de las medidas de
las participación política más importantes pactadas por el Acuerdo.
2. En contraposición a los propósitos democratizadores del Acuerdo, se ha adver-
tido la violación sistemática de los derechos humanos a través de la represión
violenta de las fuerzas militares y de policía a la movilización y la protesta social;
lo cual se acompañado de un muy precario desempeño de la Fiscalía, la Procura-
duría y la Defensoría del Pueblo en las funciones que el competen.
3. Esta situación pone de presente la urgencia por retomar las medidas previstas
por el Acuerdo, especialmente, en el sentido de una revisión al marco normativo
que regula la protesta social y el uso de la fuerza pública y en las garantías para
la movilización y la participación sociales.
Respecto al Punto 3.4 y los aspectos derivados del Fin del conflicto, más puntualmente
en relación con las Garantías de Seguridad, se destaca durante este trimestre:
1. El tratamiento militarizado y represivo a la protesta social en el marco del paro
del 28N y de la rebelión social subsiguiente, evidenció una acción estatal en
contravía de las disposiciones sobre garantías para los movimientos y organi-
zaciones sociales y el enfoque de la seguridad humana (puntos 2 y 3.4 del AFP).
2. La presentación a la JEP del Plan Estratégico de Seguridad y Protección por
parte del Gobierno Nacional, luego del requerimiento expreso de esa jurisdic-
ción al Ejecutivo; en un contexto de incremento de la violencia homicida contra
firmantes del Acuerdo de paz en proceso de reincorporación, de líderes y lidere-
sas sociales y defensores y defensoras de derechos humanos. El señalado Plan
Estratégico no respondió en su diseño y contenido a lo establecido en el Acuerdo
de 77
de paz; tampoco en lo que concierne a exigencias técnicas y de financiación.
3. La continuidad de la estigmatización contra las comunidades rurales que depen-
den de los “cultivos de uso ilícito” y se ven afectadas de manera directa por las
operaciones militares contra organizaciones vinculadas al negocio corporativo
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del narcotráfico o que persisten en el alzamiento armado contra el Estado. De
esa manera, se mantiene así un alto nivel de riesgo e inseguridad para las perso-
nas que participan y exigen la implementación del Acuerdo Final en ese punto.
página
Presentación | VOLVER A CONTENIDO4. La persistencia de una política gubernamental que se resiste a un funcionamiento
de la Comisión de Garantías de Seguridad concordante con las disposiciones del
Acuerdo; lo cual redunda en la inexistencia de resultados visibles en materia de
desmantelamiento de organizaciones criminales de carácter paramilitar.
Respecto a la Solución al Problema de las Drogas Ilícitas (punto 4), se detectaron:
1. Avances acotados en el PNIS que, sin embargo, no se traducen en cambios signi-
ficativos en la trayectoria precaria de la implementación, expresada en el rezago
en los proyectos productivos, además de la persistencia de atrasos y acciones
desarticuladas respecto a los compromisos asumidos con las comunidades que
firmaron acuerdos de sustitución voluntaria.
2. La continuada desfiguración del PNIS respecto a tres asuntos centrales:
—— la “hoja de ruta” como instrumento de política, con limitaciones técnicas para
garantizar la integralidad y la articulación de los PNIS a los PDET;
—— la insistencia gubernamental en la reanudación de la aspersión aérea;
—— la insuficiencia de medidas de seguridad para las comunidades, sus territo-
rios y líderes y lideresas.
Con todo, las comunidades y organizaciones sociales siguen trabajando por la susti-
tución voluntaria de los “cultivos de uso ilícito”, los planes de desarrollo alternativo,
como ejes de la lucha en defensa del territorio, la vida y la paz.
Respecto al punto 5 y el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repeti-
ción (SIVJRNR), los hechos más relevantes giraron en torno a:
1. Las acciones persistentes contra la JEP y su funcionamiento por parte de altos
funcionarios gubernamentales o integrantes del partido de gobierno, con las que se
pone en cuestión en forma continua la legitimidad de esa jurisdicción, se le presenta
como un mecanismo de impunidad para las extintas FARC-EP, y se desdice de su
trabajo de contrastación y depuración de bases de datos, entre otros.
2. Los actos realizados para materializar la búsqueda de personas dadas por
de 77
desaparecidas en varias regiones del país. En ese aspecto, se esperan precisio-
nes adicionales sobre las acciones, las metas y cronogramas para la creación
del Registro Único de Personas dadas por Desaparecidas.
3. La comparecencia simultánea de Rodrigo Londoño de la FARC (Comunes) y
14
Salvatore Mancuso de las AUC a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad;
que podría conducir a contribuciones similares de otros exintegrantes de las
FARC-EP y de los grupos paramilitares en diversas regiones del país.
página
Presentación | VOLVER A CONTENIDO4. El Plan estratégico de seguridad y protección de personas en reincorporación
(con las limitaciones ya señaladas).
5. El reconocimiento de responsabilidad por parte de exintegrantes de la antigua
comandancia de las FARC-EP en el macrocaso asociado con la toma de rehenes
y graves privaciones de la libertad.
6. Las disputas políticas entre los defensores y detractores del AFP se mantu-
vieron alrededor de asuntos como el número de ejecuciones extrajudiciales
presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, el funcionamiento
de la JEP, el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado y las desapariciones forzadas
en el transcurso del paro del 28A y la rebelión social posterior.
Sin que tenga que ver directamente con el Acuerdo, pero sí con disposiciones derivadas
de él, es preciso avanzar en la consolidación de cifras (incluidas las oficiales) sobre
las violaciones a los derechos humanos observadas en el tratamiento estatal al paro
del 28A y la rebelión social posterior (homicidios, desaparaciones forzadas, torturas,
violencia sexual, entre otros).
Respecto al Enfoque de Género, en el periodo analizado las realizaciones son mínimas.
Entra ellas se encuentran: la reunión de la Instancia Especial de Mujeres con la CSIVI,
que se llevó a cabo en el mes de abril; la decisión de la JEP de acreditar como víctimas
a personas de la comunidad LGBTI en el caso 005 “situación territorial en la región del
norte del Cauca y del sur del Valle del Cauca”; el foro del mes de mayo que dio inicio al
proceso de elección de la nueva Instancia Especial de Mujeres; y por último la decisión
de la Corte Constitucional de revivir las 16 curules de paz, que es de interés particular
para las mujeres víctmás del conflicto.
Respecto al enfoque étnico, al tiempo que subsisten retrasos y dilaciones en este
componente, especialmente, en relación con medidas integrales de prevención y
protección de los territorios étnicos, se deben reseñar acciones de la JEP. Por otro
lado, se advirtió la continuidad de la violencia contra los pueblos étnicos; situación
que se exacerbó con el tratamiento gubernamental a la movilización social, con
afectaciones directas a la Minga hacia Adentro. En esta coyuntura, los pueblos étnicos
fueron violentados y estigmatizados por sectores de la población civil que responden
a proyectos políticos de derecha extrema, los medios de comunicación y las fuerzas
militares y policiales y del gobierno.
Respecto al Enfoque Territorial de la Implementación, la realización de jornadas
de 77
institucionales para la socialización y entrega de las llamadas “obras PDET”,
vinculadas al desarrollo vial, el mejoramiento de vivienda, el saneamiento básico
y la reactivación económica, convocaron la atención de estos procesos desde las
Subregiones. Se registraron algunos avances respecto a la estructuración e inicio
15
de otras obras en medio de un ambiente nacional de protesta social y del aumento
en los contagios por el covid-19.
página
Presentación | VOLVER A CONTENIDOAsí por ejemplo, en la región del Caguán y el Piedemonte Caqueteño se destacan la
entrega de obras de infraestructura vial y la inversión de recursos importantes en
turismo, siendo la primera subregión receptora de recursos. Ocurre lo mismo en
subregiones como El Catatumbo y El Chocó, territorios donde se inauguraron obras
de conectividad vial de impacto para el desarrollo económico de estas subregiones.
En la subregión Pacífico y Frontera Nariñense, se generaron espacios para la sociali-
zación de proyectos en fase de estructuración y espacios de encuentro institucional
para el avance de la implementación. De otra parte, en la subregión de Alto Patía y
Norte de Cauca se registra la convocatoria para la presentación de la Hoja de Ruta y
encuentros para avanzar en materia del componente de la Verdad del AFP y la firma
del Mecanismo Especial de Consulta (MEC). En esta subregión y en Caquetá-Caguán
prevalecen los inconformismos de las comunidades frente a las estrategias, los
tiempos y las metodologías en los espacios de la implementación definidos por la ART,
aunque se avanza lentamente en la construcción de pactos.
Pese a los resultados presentados por las autoridades en la implementación, inclu-
yendo los logros en materia de salud derivados de la atención a la pandemia y las
especificidades de cada región, el principal punto de controversia común entre las
subregiones está relacionado con el escalamiento de la confrontación armada y la
falta de garantías para la vida y la participación de las comunidades y sus organiza-
ciones en medio de la crisis humanitaria desatada. Y en lo que concierne a disposi-
ciones específicas, vista de conjunto, la implementación territorial sigue atrapada por
la distorsión impuesta por el gobierno de Duque a los PDET.
Con este nuevo número de la ReVista a la Implementación, se espera contribuir a que
las caracterizaciones en torno a la implementación -con fundamento en la consta-
tación de hechos y datos- continúen cualificándose paulatina y progresivamente,
ampliando el espectro de los análisis sobre el estado del proceso. Asimismo, se busca
llamar la atención e insistir en el cumplimiento de lo acordado, especialmente, en
función de medidas efectivas de solución concreta, y también de requerimientos por
la efectiva implementación del AFP en el futuro inmediato.
de 77
16
página
Presentación | VOLVER A CONTENIDO1. REFORMA RURAL INTEGRAL
1.1. ACCIONES ESTATALES SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN
Durante el periodo de análisis, la implementación de la Reforma Rural
Integral registra las siguientes acciones:
• Plan Nacional de la Reforma Rural Integral-Plan Nacional de Suministro
de Agua Potable y Saneamiento Básico rural. Fue aprobado por el Minis-
terio de Vivienda mediante Resolución No. 0076 del 9 de marzo de 2021.
• Aunque se aprobó en segundo debate Senado el Proyecto de Ley N.°
134 de 2020 Cámara- 395 de 2021 Senado “Por la cual se crea una
especialidad judicial agraria y rural” (24 de mayo de 2021), la iniciativa
finalmente se hundió en el Congreso de la República. Previamente, el
30 de abril, se llevó a cabo un foro sobre dicho proyecto a cargo de
la senadora Angélica Lozano (Alianza Verde). El Foro contó con la
participación de la ciudadanía y de distintas agencias del Estado.
• Eltación
de 77
Gobierno Nacional radicó para el respectivo ejercicio de consta-
por parte del componente Comunes de la Comisión de Segui-
miento, Impulso, Verificación a la Implementación (CSIVI) el proyecto
de ley “por medio del cual se crea el Sistema para la garantía progre-
siva del derecho a la alimentación y se dictan otras disposiciones”.
17
El componente FARC (Comunes) de esa instancia formuló observa-
ciones y advirtió que no se ajustaba a lo dispuesto en el Acuerdo;
presentó un proyecto alterno.
página
| VOLVER A CONTENIDOTabla N.° 1. Acciones institucionales
Disposiciones del Acuerdo
Acción del Estado y del Plan Marco de Valoración
Implementación (PMI)
El Ministerio de Vivienda Los Planes Nacionales de la Reforma Rural Con este plan se han aprobado hasta
aprobó el Plan Nacional Integral son 16 y debían estar aprobados el momento 10 Planes Nacionales
de Suministro de Agua todos a más tardar en 2018, según el PMI. de la RRI. Este dato incluye el Plan
Potable y Saneamiento Nacional de Vivienda Rural cuya
Básico rural mediante actualización está pendiente.
resolución No. 0076 del
9 de marzo del 2021.
Foro en Comisión I de
Proyecto de Ley N.°
134 de 2020 Cámara-
395 de 2021 Senado,
especialidad agraria.
Aprobación en Comisión
I Proyecto de Ley La jurisdicción agraria no ha sido
Estatutaria N.° 395 de La Jurisdicción agraria se reconoce en aún implementada y, tal como
2021 Senado – 134 de 2020 el punto 1 del Acuerdo como uno de los CEPDIPO ha manifestado, el
Cámara, “Por la cual se mecanismos de resolución de conflictos. proyecto de ley tramitado en el
crea una especialidad En el PMI, el producto asignado es la Congreso no establecía la creación
judicial agraria y “jurisdicción agraria en operación”. Su de una jurisdicción propiamente en
rural, se establecen fecha de inicio en el PMI era 2018. los términos del AFP, sino de una
los mecanismos especialidad agraria.
para la resolución
de controversias y
litigios agrarios y
rurales y se dictan
otras disposiciones”,
24 de mayo 2021. La
votación tuvo 18 votos
a favor y 3 en contra.
Radicación proyecto de Los Planes Nacionales de la Reforma Rural Hay un desmedido retardo en la
ley “por medio del cual se Integral son 16 y debían estar aprobados adopción de este Sistema y ya cursa
crea el Sistema para la todos a más tardar en 2018 según el PMI. para primer debate el proyecto de
garantía del derecho a la ley 171 de 2020-Senado del que son
alimentación y se dictan coautores varios congresistas del
de 77
otras disposiciones”. Partido FARC (Comunes) junto con
congresistas de otros 9 partidos y
coaliciones, proyecto que es mucho
más robusto y guarda mayor sintonía
con los contenidos del Acuerdo Final
de Paz.
18
página
REFORMA RURAL INTEGRAL | VOLVER A CONTENIDO1.2. OBSERVACIONES
Tabla N.° 2. Observaciones por asuntos relevantes - Punto 1
Asunto Pendientes de implementación Líneas de acción
Está pendiente la adopción de 6 planes y la revisión para la adopción del Plan Es necesario que se adopten los Planes Nacionales de la Reforma Rural Integral, pero, además, dado que
PLANES NACIONALES DE LA
Nacional de vivienda. Sin embargo, los adoptados deberían tener elementos los adoptados lo han sido con retraso, de manera desarticulada y sin participación de las comunidades
REFORMA RURAL INTEGRAL
de articulación entre sí y con las iniciativas de los Planes de Acción para la y población rural, es preciso que se haga una revisión integral del esquema de planeación del punto 1
Transformación Rural (PATR), lo cual no es claro aún. del Acuerdo Final de Paz con el fin de sintonizar dicha perspectiva de planeación a nivel nacional con
los avances en la implementación de los PDET, de tal modo que se garantice coherencia en la puesta en
marcha de la Reforma Rural Integral.
Proyecto de ley 134 de 2020-Cámara 395-Senado. (Finalmente no aprobado Si bien este proyecto se distanciaba de la adopción de una jurisdicción agraria contemplada en el Acuerdo,
JURISDICCIÓN AGRARIA
por el Congreso de la República). la propuesta dirigida a constituir la especialidad agraria en las jurisdicciones civil y administrativa habría
sido un paso valioso hacia la tramitación de los conflictos por la tierra en Colombia y la superación de la
incertidumbre en la tenencia de la tierra como base para la conflictividad territorial.
Los PDET no han sido adoptados en los términos previstos en el Acuerdo. La implementación de las iniciativas PATR y su articulación en perspectiva de planeación con otros
PDET
Aunque se han publicado las hojas de ruta para su adopción en tres instrumentos en procura de los mismos fines, es una tarea pendiente que debe contar con la más amplia
subregiones PDET, los procesos de su construcción tienen diversos vacíos participación e involucramiento de la ciudadanía de los respectivos territorios. Es así como las hojas de
que no logran ser solventados mediante los escenarios de participación ruta por adoptarse deben lograr un nivel tal de participación de la población local, que el proceso de su
diseñados por el gobierno. construcción pueda blindarse frente a la subordinación a las políticas gubernamentales y considere las
especificidades territoriales diferenciales con enfoque reparador, en perspectiva de acoger un modelo
de priorización de las iniciativas acorde a las necesidades reales y a las demandas de la población.
El Paro Nacional iniciado el 28 de abril y la rebelión social posterior han posicionado, entre otras, la demanda de implementación armónica y articulada del contenido del Acuerdo Final de
PARO NACIONAL Y DEFENSA
Paz como una salida que, para el caso de la población rural, resulta clara. Se han dejado ver en la opinión pública los limitados avances en la implementación; así mismo se ha evidenciado
DEL PUNTO 1 DE LA RRI.
su vigencia y la importancia de su acogida como opción para aportar a la salida de la crisis actual. Es necesario que el gobierno reconduzca el proceso de implementación hacia el sentido
y enfoque del Acuerdo Final y en sintonía con las realidades del entorno rural.
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REFORMA RURAL INTEGRAL | VOLVER A CONTENIDO2. PARTICIPACIÓN POLÍTICA
2.1. ACCIONES ESTATALES SOBRE
LA IMPLEMENTACIÓN
• Circunscripciones Especiales Transitorias de Paz. El 21 de mayo,
la Corte Constitucional resolvió una tutela frente al trámite del
proyecto de ley que creaba las CETP -pactadas en el punto 2.3.6.
del AFP-, el cual fue, en 2017, centro de una disputa por los votos
necesarios para su aprobación en la plenaria del Senado. La Corte
decidió darle la razón al senador Roy Barreras, quien interpuso una
tutela contra la Mesa Directiva del Senado, alegando que se había
vulnerado el derecho al debido proceso y a la participación de las
víctimas al negar la aprobación del proyecto a pesar de contar con
los votos necesarios. Con la decisión de la Corte no solo se dio por
de 77
aprobado el proyecto, sino que se estableció que las CETP funcio-
narán en los períodos 2022-2026 y 2026-2030. La CETP son una
medida de reparación a las víctimas y los territorios más golpea-
dos por el conflicto armado. Esta medida plantea la creación de 16
curules adicionales en la Cámara de Representantes para represen-
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tar a las víctimas de los territorios más golpeados por la violencia.
En este sentido, su aprobación es un avance fundamental en las
garantías de participación política y la implementación del punto 2.
página
| VOLVER A CONTENIDOSin embargo, algunos puntos del proyecto aprobado son proble-
máticos pues restringen el espíritu con el que fueron concebidas
las CETP en La Habana. En primer lugar, se excluyen las cabeceras
municipales en los 167 municipios establecidos para votar en las
CETP. Esto restringe ampliamente el alcance de la participación en
las CETP y desconoce la integralidad de los territorios selecciona-
dos y sus dinámicas, además de excluir a las víctimas que habitan
en las cabeceras municipales. En segundo lugar, solo podrán
presentar candidaturas organizaciones sociales con personería
jurídica reconocida cinco años antes de la elección (para efectos de
las elecciones de 2022 hablaríamos de 2017) o que acrediten frente
a la Registraduría el ejercicio de sus actividades en este mismo
período. Esto deja por fuera, por lo menos para las elecciones de
2022, a organizaciones creadas desde 2017 hasta la fecha. Final-
mente, se excluye la posibilidad de que se presenten como candi-
datos/as personas que ya hayan sido elegidos -o no- por partidos
o movimientos políticos con representación en el Congreso o con
personería jurídica. Esto deja por fuera a líderes y lideresas sociales
que en su trayectoria de lucha hayan presentado candidaturas en lo
local a través de algún partido político.
El proyecto aprobado de las CETP todavía debe surtir el proceso
regular de cualquier ley, que implica la sanción presidencial y el
control de constitucionalidad. En estas dos etapas podrían presen-
tarse nuevas trabas y demoras.
• Elsistemáticas
Paro Nacional, la rebelión social subsiguiente y las violaciones
del derecho a la protesta. A pesar de que a principios
de 2021 el Gobierno Nacional emitió mediante el Decreto 003 del 5
de enero de 2021 el “Estatuto de reacción, uso y verificación de la
fuerza legítima del Estado y protección del derecho a la protesta
pacífica ciudadana”, que establecía una serie de protocolos y
medidas para regular el uso de la fuerza en medio de manifestacio-
nes -principalmente la priorización del diálogo y la prohibición de
uso de armas letales-, las jornadas de movilización social sosteni-
das en el país desde el 28 de abril han demostrado la inoperancia del
mencionado decreto.
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De acuerdo con los reportes de la ONG Temblores, que ha monito-
reado los hechos de violaciones de los derechos humanos durante
las protestas del Paro Nacional, entre el 28 de abril y el 24 de mayo se
presentaron 3.155 casos de violencia por parte de la fuerza pública:
955 víctimas de violencia física, 43 homicidios presuntamente
21
cometidos por integrantes de la Fuerza Pública, 1.388 detenciones
arbitrarias de manifestantes, 595 intervenciones violentas en el
marco de protestas pacíficas, 46 víctimas de agresiones oculares,
página
PARTICIPACIÓN POLÍTICA | VOLVER A CONTENIDO165 casos de disparos de armas de fuego, 22 víctimas de violencia
sexual y 5 víctimas de violencia basada en género (Temblores, 2021).
A estas cifran se suman 346 personas reportadas como desapare-
cidas en el marco de las protestas, según Indepaz (2021).
Este es un panorama sombrío en términos de las garantías para
ejercer el derecho a la protesta social, que pone en duda la voluntad
del Estado colombiano para garantizar la participación política de
todos los actores sociales y cumplir con lo pactado en el punto 2
del AFP. De hecho, se aleja de los compromisos del Estado frente al
Acuerdo, pues justamente una de las metas del Plan Marco de Imple-
mentación para el punto en mención es la disminución significativa
de las violaciones de derechos humanos en el marco de manifesta-
ciones públicas. Lo que se evidencia con la actuación de la fuerza
pública y las declaraciones y acciones por parte de diferentes
entidades estatales sobre los manifestantes, es la sistematicidad
de la violencia estatal y la estigmatización de la movilización social,
aspectos que el AFP señala que deben ser superados para avanzar
en una cultura política democrática.
En la coyuntura del paro se evidencia la falta de voluntad del Gobierno
para poner en marcha los avances alcanzados hasta la fecha en
esta materia. Por ejemplo, solamente hasta el 17 de mayo (20 días
después de iniciadas las protestas y 4 meses después de emitir
el Decreto 003), el presidente Iván Duque instaló la Mesa Nacional
de Evaluación de las Garantías para las Manifestaciones Públicas
(Caracol Radio, 17 de mayo de 2021), que busca establecer mecanis-
mos de diálogo e interlocución con organizaciones sociales y ser un
escenario para la aclaración de los excesos de la fuerza pública. A
este retraso se le suma el incumplimiento de las medidas estable-
cidas en el Decreto 003 de 2021, producto de una sentencia de la
Corte Suprema de Justicia en la que ese organismo aseguró que la
fuerza pública ejerció de manera sistemática prácticas violentas en
las movilizaciones sociales del Paro Nacional de 2019.
• La violación sistemática de derechos humanos durante las protes-
tas sociales evidencia la necesidad de implementar varias de las
medidas contenidas en el punto 2.2. del AFP. Se trata, especial-
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mente, de aquellas referidas a una revisión del marco normativo que
regula la protesta social y el uso de la fuerza, así como de la promul-
gación de una ley estatutaria para el fortalecimiento y promoción
de movimientos y organizaciones sociales.
• Avanzan
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las emisoras, pero el acceso a medios televisivos sigue
pendiente. El 21 de mayo se pusieron en funcionamiento 6 emiso-
ras en frecuencia modulada destinadas a hacer pedagogía sobre
página
PARTICIPACIÓN POLÍTICA | VOLVER A CONTENIDOla implementación del AFP en Algeciras (Huila), Puerto Leguízamo
(Putumayo), Arauquita (Arauca), El Tambo (Cauca), Bojayá (Chocó) y
Florida (Valle del Cauca). Con estas emisoras, pactadas en el punto
6.5. del AFP, se han puesto en funcionamiento 11 de las 20 acordadas
(El Espectador, 23 de mayo de 2021). Por su parte, aunque la convo-
catoria para adjudicación de emisoras comunitarias a pueblos
étnicos avanzó en la etapa de recepción de postulaciones, estas
todavía no han sido adjudicadas. En contraste con lo anterior, siguen
pendientes las medidas para acceso a televisión, pues el avance en
la puesta en marcha del canal de televisión pública cerrada orien-
tado a los partidos y movimientos políticos con personería jurídica
y a las organizaciones y movimientos sociales es exiguo. Lo mismo
sucede con los espacios en canales institucionales y regionales
para divulgar el trabajo de organizaciones y movimientos sociales,
incluyendo a los pueblos étnicos.
• Continúan los asesinatos de líderes y lideresas sociales, defensores
de derechos humanos y excombatientes. De acuerdo con Indepaz,
desde el 1 de marzo hasta el 16 de mayo fueron asesinados 36 líderes
y lideresas sociales -especialmente indígenas (16)- en 17 departa-
mentos del país. Igualmente, entre el 23 de marzo y el 26 de mayo
fueron asesinados 13 excombatientes de las FARC en Putumayo,
Caquetá, Meta, Antioquia, Arauca, Chocó, Tolima y Cauca. El período
más alarmante fue entre se extendió entre el 14 y el 30 de abril,
cuando fueron asesinados 9 excombatientes. En lo que va corrido
de 2021 han sido asesinados 24 firmantes del Acuerdo de Paz, lo
cual consolida una cifra de 274 desde la firma del Acuerdo de Paz.
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PARTICIPACIÓN POLÍTICA | VOLVER A CONTENIDO2.2. CONTROVERSIAS
Tabla N.° 3. Asuntos relevantes y controversias - Punto 2
Controversias
Asunto
Gobierno Nacional y partidos de gobierno Otros actores
CIRCUNSCRIPCIONES En el debate en la Corte Constitucional sobre la tutela interpuesta por el senador Roy Barreras, que buscaba el reconocimiento Los partidos de la oposición, incluyendo al Partido Comunes, así como varias organizaciones sociales y de
TRANSITORIAS del trámite de aprobación que creó las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, algunos sectores políticos que víctimas, celebraron la decisión de la Corte Constitucional. Estos actores aseguraron que fue una victoria para
hacen parte del actual gobierno se opusieron a la medida e intentaron poner trabas a la decisión. Por ejemplo, la senadora la paz en Colombia y que será una buena medida de reparación para las víctimas del conflicto armado y los
ESPECIALES DE PAZ María Fernanda Cabal, interpuso una recusación contra el magistrado ponente del fallo, Alejandro Linares, por una supuesta territorios más afectados por la violencia.
cercanía con el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. Igualmente, la procuradora Margarita Cabello -exministra
de Justicia del actual gobierno- emitió un concepto en el que pedía a la Corte que no fueran aprobadas la tutela ni las CETP,
que dicha medida no tenía la vocación de reparar a las víctimas y que, en cambio, las circunscripciones especiales podían ser
captadas por lo victimarios. En vista de la sentencia de la Corte, varios congresistas de la coalición de gobierno manifestaron
que las curules de las CETP podían terminar en manos del ahora Partido Comunes o de sectores cercanos a la exguerrilla.
Actualmente cursa una acción de nulidad contra la sentencia por considerar que la acción de tutela no aplicaba en el caso de
trámites legislativos y que hubo vicios de trámite durante la discusión del proyecto.
USO DE LA FUERZA EN Ante la ola de protestas que se presenta en Colombia desde el 28 de abril, el Gobierno Nacional ha respondido principalmente Organizaciones y movimientos sociales, así como organizaciones defensoras de derechos humanos, han
MANIFESTACIONES con el uso de la fuerza por parte de la Policía contra las movilizaciones sociales. Varios funcionarios del Gobierno, criticado y denunciado públicamente las acciones de la fuerza pública en el marco del Paro Nacional 2021 por
especialmente el ministro de Defensa, Diego Molano, han asegurado que las manifestaciones están infiltradas por grupos considerar que ha habido un uso excesivo de la fuerza destinado a reprimir las manifestaciones públicas en
PÚBLICAS
armados ilegales. Dirigentes del Centro Democrático, como el expresidente Álvaro Uribe, han asegurado que detrás de las varias ciudades del país. Igualmente, se han denunciado graves violaciones de los derechos humanos (entre
Y GARANTÍAS PARA manifestaciones habría un plan por parte de gobiernos de izquierda de la región para desestabilizar al gobierno colombiano. estas, homicidios, capturas ilegales, desapariciones forzadas, torturas y violencia sexual). Se ha solicitado
LA PROTESTA SOCIAL El mismo presidente Iván Duque ha tratado de minimizar las razones de la protesta, asegurando que son realizadas para abrir mesas de negociación para atender las demandas de quienes se movilizan y cesar la represión violenta de
favorecer a ciertos sectores políticos en las elecciones del próximo año. En el marco de los abusos en el uso de la fuerza, el las movilizaciones, así como establecer medidas de verdad y justicia ante los hechos cometidos por la fuerza
Gobierno Nacional y sectores de los partidos de gobierno han negado buena parte de los excesos cometidos y han defendido pública.
las actuaciones de la fuerza pública.
USO DE LA Incluso, en un polémico mensaje, el expresidente Uribe realizó un llamado a permitir que los integrantes de la Policía pudieran Las demandas más importantes de las organizaciones que convocan las movilizaciones son: a. Garantías
FUERZA EN usar armas letales para defenderse en medio de las manifestaciones. Igualmente, los sectores de gobierno han señalado que para la protesta social y cese de la estigmatización; b. Reforma de la Policía Nacional, pasando su dirección
son falsas las acusaciones, que han trascendido internacionalmente, sobre violaciones de los derechos humanos cometidas al Ministerio del Interior; c. Matrícula cero para estudiantes de universidades públicas; d. Establecimiento
MANIFESTACIONES en medio de las protestas por agentes estatales. En cambio, han enfatizado su rechazo los bloqueos que se realizan en varias de una renta básica que ayude a paliar los efectos negativos de la pandemia en la población colombiana; e.
PÚBLICAS partes del país, señalado como “vándalos” a buena parte de los manifestantes y afirmado que las acciones de movilización Suspensión de la erradicación forzada, f. Aceleración del plan de vacunación; g. Implementación integral del
Y GARANTÍAS tienen efectos negativos para la economía del país. Acuerdo de Paz.
PARA LA PROTESTA Finalmente, se ha negado que en Colombia no existan garantías para la protesta social. En escenarios internacionales, el Partidos de la oposición e independientes le han pedido al Gobierno cesar el uso desmedido de la fuerza, así
SOCIAL gobierno ha realizado un despliegue ante diferentes instancias para asegurar que no se vulneran los derechos humanos en como aclarar las responsabilidades en casos de violaciones de los derechos humanos. Igualmente, han pedido
el país y que se brindan amplias garantías para la participación y la movilización. establecer mesas de diálogo con los manifestantes.
Organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional, la Oficina de la Alta Comisionada para los
Derechos Humanos de la ONU o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como gobiernos de la
región y sectores políticos al interior de algunos países, han rechazado el uso excesivo de la fuerza por parte
de los organismos de seguridad de Colombia y le han hecho un llamado al Gobierno colombiano para priorizar
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el diálogo con los manifestantes y cesar las graves violaciones de los derechos humanos. Igualmente, han
solicitado esclarecer estas violaciones y judicializar a los responsables.
GARANTÍAS PARA LA Ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la entonces canciller, Claudia Blum, aseguró que la existencia de las llamadas disidencias de las FARC debería ser considerada como un incumplimiento del Acuerdo por parte de Comunes.
REINCORPORACIÓN Esto se suma a declaraciones de integrantes del partido de gobierno en meses anteriores, en las que han asegurado que las llamdas disidencias son el brazo armado del hoy Partido FARC (Comunes). Igualmente, aseguró que ha existido una
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reducción del 51 % en el asesinato de excombatientes en lo que va de 2021. El Partido FARC (Comunes) ha denunciado problemas en los esquemas de seguridad asignados a los dirigentes de esta agrupación. Igualmente, ese partido ha rechazado
POLÍTICA la supuesta disminución de asesinatos contra excombatientes señalada por el Gobierno y ha pedido una verificación internacional sobre los casos de violencia que se han presentado en el país contra firmantes del Acuerdo de Paz. Igualmente,
han rechazado las declaraciones que estigmatizan a los reincorporados, pues ponen en peligro sus vidas y el ejercicio de su participación política. Finalmente, ante la escalada de asesinatos contra excombatientes se hizo un llamado al presidente
Duque para convocar la Comisión Nacional de Garantías. En el marco de las protestas desarrolladas durante el Paro Nacional 2021 también se ha rechazado el asesinato de excombatientes, líderes y lideresas sociales.
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PARTICIPACIÓN POLÍTICA | VOLVER A CONTENIDO2.3. OBSERVACIONES
Tabla N.° 4. Observaciones por asuntos relevantes – Punto 2
Pendientes de
Asunto Líneas de acción
implementación1
GARANTÍAS PARA No se ha realizado una Se recomienda realizar una revisión amplia, con participación de
revisión del marco organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, del
LA PROTESTA Y
normativo para la protesta marco normativo que regula la protesta social y el uso de la fuerza
LA MOVILIZACIÓN social, incluyendo el en manifestaciones públicas. Igualmente, las violaciones de los
SOCIAL uso de la fuerza en derechos humanos presentadas durante el Paro Nacional 2021
manifestaciones. También también evidencian la necesidad de reformar estructuralmente la
están pendientes las fuerza pública como medida de no repetición de los abusos policiales,
medidas acordadas para así como ofrecer medidas de verdad, justicia y reparación frente a
el apoyo y fortalecimiento los hechos presentados durante las protestas de abril y mayo. Por
de organizaciones y otro lado, se hace necesario implementar medidas para fortalecer y
movimientos sociales. promover las actividades de movimientos y organizaciones sociales.
En este sentido, se debe retomar el proyecto de ley de garantías y
promoción de la participación ciudadana desarrollado en cumplimiento
de lo pactado en el punto 2.2.1. e implementar las medidas acordadas
con organizaciones sociales de todo el país en la Comisión de Diálogo.
ACCESO A MEDIOS No se han implementado Es necesario avanzar en las reformas normativas necesarias para poner
DE COMUNICACIÓN las medidas de acceso en marcha las medidas de acceso a televisión para organizaciones
a televisión para sociales y partidos y movimientos políticos. Igualmente, es urgente un
organizaciones y mayor liderazgo y coordinación por parte del Ministerio de Tecnologías
movimiento sociales, de la Información y Comunicaciones y de la Comisión de Regulación
ni tampoco la puesta de Comunicaciones para hacer efectivas las medidas de acceso a
en marcha del canal espacios de televisión pactadas.
de televisión cerrada
(punto 2.3.8. del AFP).
DERECHOS Y Implementación del Sigue siendo urgente tomar medidas para frenar inmediatamente el
GARANTÍAS PARA Sistema Integral de asesinato de excombatientes, líderes y lideresas sociales, así como
Seguridad para el Ejercicio de defensores y defensoras de derechos humanos. Se recomienda la
EL EJERCICIO DE
de la Política y garantías puesta en marcha del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio
LA OPOSICIÓN Y de seguridad para líderes y de la Política creado por el Acuerdo de Paz y su armonización con las
REINCORPORACIÓN lideresas de organizaciones medidas paralelas tomadas por el actual Gobierno en esta materia,
POLÍTICAS y movimientos sociales y como es el Plan de Acción Oportuna.
defensores y defensoras
de derechos humanos.
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Fuente: CEPDIPO.
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1 Continúan pendientes de implementación varias medidas del punto 2 del Acuerdo de Paz, como la reforma de la Ley 152 de 1994
para democratizar la planeación nacional y territorial; la formulación e implementación de una reforma política; la implementación
de acciones para garantizar la transparencia electoral y la promoción de las veedurías ciudadanas, entre otras.
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