SAQUEO E IGNOMINIA EN GUAJIRA Y CESAR EN LA EXPLOTACIÓN DEL CARBÓN

SAQUEO E IGNOMINIA EN GUAJIRA Y CESAR EN
LA EXPLOTACIÓN DEL CARBÓN
Gustavo Triana, Comité Ejecutivo de la CUT, Tribuna Roja Nº 105, Bogotá, octubre 8
de 2007

Contratos para el interés extranjero

De los complejos mineros de Guajira y Cesar se extrajeron para el mercado externo 56
millones de toneladas de carbón en 2006, por un valor de 2.913 millones de dólares, riqueza
que en un alto porcentaje fue a las arcas de las multinacionales BH-Billinton, Drummond,
Glencore y Angloamerican. Entre tanto el dueño del recurso, la nación, y los departamentos
y los municipios, recibieron juntos 563 mil millones de pesos como regalías por los 65.5
millones de toneladas producidas en todo el país. Las regalías representan entre 10% y
15%, según el volumen de producción de cada mina y las estipulaciones acordadas en los
diferentes contratos.

Las minas a cielo abierto de El Cerrejón, en Guajira, y La Loma, La Jagua de Ibirico y
Becerril, en Cesar, tienen inmensas reservas de carbón de alto poder calorífico, bajo
contenido de azufre y cenizas y bajos costos de extracción y transporte que ponen a
Colombia como el primer productor de América Latina y el cuarto exportador mundial.
Situación altamente ventajosa para el país, toda vez que el carbón junto con el petróleo y el
gas son la base de la generación de 80% de la energía mundial. Es bueno mencionar que
Estados Unidos, el mayor consumidor de energía del planeta, depende del carbón para
producir el 48% de su electricidad.

Llama la atención que Colombia no se beneficie de tan privilegiada posición y que los
distintos gobiernos sean genuflexos en el manejo de tan estratégicos recursos. Por obra de
las multinacionales y la oligarquía colombiana, la riqueza del carbón ha pasado de ser signo
de prosperidad a maldición para los trabajadores y los pobladores de estos enclaves
imperialistas.

Esta historia comienza en 1976, con la firma del contrato de asociación entre Carbocol,
empresa del Estado, y la multinacional Exxon para la explotación de El Cerrejón, en el que
se estipuló una participación del 50-50 tanto en las inversiones como en la distribución de
la producción, después de pagar a la nación, el departamento y el municipio una regalía
total del 15%. Y se impuso que el operador sería el socio extranjero, lo que facilita los
aprovechamientos y las estafas contra la nación: sobrefacturación en los costos del
ferrocarril y el puerto de Bahía Portete, que para la fecha de declaración de comercialidad
de la mina, 1980, hicieron que la inversión de Carbocol fuera de 1.600 millones de dólares
y no de los 900 proyectados inicialmente. Así lo denunciaron en su oportunidad la
Contraloría General de la Nación y destacados analistas y académicos.

Durante el largo periodo de precios internacionales bajos y de balance negativo por la lenta
tasa de retorno de tan costosa inversión se mantuvo vigente el contrato de asociación, y
Carbocol asumió cuantiosas pérdidas que se le cargaron a Ecopetrol. Pero, vaya pillaje, una

vez que los precios repuntaron a finales de los 90, y cuando el complejo se había pagado en
su totalidad y faltaban diez años para que la mina con todas las instalaciones revirtiera al
Estado sin costo alguno, Andrés Pastrana les vendió a Billinton, Glencore y Angloamerican
la parte de Carbocol por 430 millones de dólares. Estas transacciones estuvieron precedidas
del acuerdo de prórroga del contrato de asociación hasta 2034, aunque debía expirar en
febrero de 2009. Y se incluyó la exclusividad para la utilización del puerto que da ventajas
monopólicas. Este proceso convierte el contrato de asociación inicial en un leonino contrato
de concesión, como en los tiempos de la colonia española.

Pero la ignominia no para ahí. Virgilio Barco firma en 1988 un contrato de concesión sobre
el yacimiento de La Loma, Cesar, a la multinacional gringa Drummond. Ernesto Samper
aprueba en 1996 la comercialidad del yacimiento. El contrato contempla un pago de
regalías del 15% y unos términos respecto a la liquidación de las mismas, las deducciones
por el valor del transporte al puerto, el manejo ambiental y las ratas de extracción, lleno de
gabelas. Esto dio origen a numerosas denuncias y pedidos por revisión de organismos de
control, parlamentarios, autoridades locales, columnistas y la población organizada. Por
ejemplo, para calcular el valor de deducción del transporte del carbón de regalías, o sea, lo
que le toca a la nación, la multinacional cobraba como si fuera llevado por río hasta
Cartagena; pero cuando se empezó a llevar por tren, Drummond aumentó unilateralmente
en 32% esta tarifa. Lo que llevó a la Contraloría a ordenar reembolsarle a la nación 40
millones de dólares, en fallo del pasado semestre. En la concesión tampoco se contempla un
mecanismo efectivo de cuantificación del volumen extraído y en consecuencia las regalías
se pagan sobre los reportes de producción que hace la multinacional, pues el Estado no hace
ninguna fiscalización. Además se hizo una azarosa modificación del contrato para explorar
y explotar petróleo y gas con iguales condiciones a las establecidas para el carbón. Para
colmo, en el otrosí para la asignación de sesenta mil nuevas hectáreas, la nación acepto
incluir una clausula que determina que cualquier ventaja concedida, en materia de regalías,
a otro productor de carbón, será automáticamente reconocida a la Drummond. Estas dos
últimas concesiones a la multinacional las hizo el gobierno de Álvaro Uribe. Condiciones
similares se adoptaron en las concesiones otorgadas a Prodeco, Carboandes y Carbones del
Caribe, este último del Grupo Empresarial Antioqueño, GEA, en los municipios de La
Jagua de Ibirico y Becerril. Estas minas fueron recientemente adquiridas por Glencore. De
esta manera se consumó la desnacionalización del carbón de estos departamentos.

Graves daños ambientales

Las multinacionales no son nada respetuosas del medio ambiente ni del entorno social de
los enclaves mineros. Los problemas son desoladores para la región, desplazamiento y
desalojo de comunidades por la declaratoria de zona de explotación minera; contaminación
de fuentes de agua incluidas las corrientes subterráneas; cambio del curso de ríos y
quebradas; contaminación del aire y las tierras con polvillo de carbón; deterioro de las vías
por el tránsito de más de mil tractocamiones y otra maquinaria pesada; inseguridad total a
todo lo largo de la línea férrea que fue cedida en monopolio a Drummond, empresa que
tiene trato preferencial en la ubicación del puerto y anuencia del gobierno nacional para
utilizar la modalidad de embarque más contaminante.

Y debemos destacar dos daños de consideración estratégica para la región, la perdida de
área de uso agropecuario por la declaración de zona de explotación minera; y el irreversible
deterioro que se le está provocando a la bahía de Santa Marta, al convertirla en un inseguro
e inadecuado puerto carbonero, donde ya hay grave deterioro en sus playas y acumulación
de partículas de carbón en el lecho marino. Todo esto incide negativamente en la vida de
millones de colombianos y se hace para favorecer las arcas de las multinacionales y
eximirlas de responsabilidad social y ambiental. Es la lógica lacaya de darle garantías al
capital extranjero a costa de graves daños para la población.

Los trabajadores resisten

El saqueo imperialista ha traído consigo las más desalmadas prácticas antiobreras: asesinato
de sindicalistas, persecución sindical, tercerización, negación de derechos y falta de
seguridad social, entre otras violaciones.

En El Cerrejón hay 4.700 trabajadores vinculados directamente y 4.000 en firmas
contratistas. En la mina de Drummond cuarenta contratistas explotan a 2.500 trabajadores
mientras que solo 2.000 son beneficiados por la convención. En el puerto de Prodeco, en
Santa Marta, pocos obreros están amparados por la convención y la gran mayoría están por
contrato temporal y se les prohíbe afiliarse al sindicato.

En las minas saqueadas hoy por Glencore la extracción se hizo desde su inicio por el
sistema de contratistas y de esta manera se eludía la contratación directa, pero la lucha de
los trabajadores ha obligado a que la multinacional empiece a asumir la operación. La
situación sigue siendo censurable, de una población de mil trabajadores tan solo la mitad
tiene vinculación directa.

Las empresas de la minería se han caracterizado por la indolencia total con las
enfermedades profesionales y con la seguridad industrial, los enfermos y accidentados ya se
cuentan por miles. Sus representantes aliados con los funcionarios de las EPS, del
ministerio de la Protección Social y otras autoridades, están eludiendo las obligaciones de
rehabilitación, reubicación, indemnizaciones y jubilaciones que reconoce la legislación
nacional. Su intención es dejarle al estado este grave problema.

La enconada lucha librada por los trabajadores y sus organizaciones sindicales
Sintracarbon, Sintramienergetica, y Funtraenergetica, ha permitido en parte conquistar los
derechos de asociación y negociación y hoy existen convenciones colectivas de trabajo en
El Cerrejón, Drummond, Glencore y los puertos. Quedan, sin embargo, más de 8.000
obreros del carbón que sufren el oprobio de la tercerización. Las organizaciones sindicales
han avanzado en la lucha nacionalista y reivindicativa de los asalariados de estas
multinacionales, permanecen firmes en la brega por alcanzar el reconocimiento de los
derechos para estos compañeros y se vinculan cada vez más con otros sectores sociales para
el rescate de esta riqueza nacional.

El contrato del carbón con la Drummond y las
descomunales gabelas que se entregan al capital foráneo
Intervención del senador Jorge Enrique Robledo en el
debate sobre minería en la Comisión Quinta del Senado
Martes 6 de junio de 2006
Bogotá-. Este es un debate relacionado en lo fundamental con la minería del carbón.

Pero antes de entrar en materia, me propongo señalar que inicialmente, cuando fue
convocado en marzo, tenía yo la idea de abordar la minería del carbón, la del oro y la de las
salinas de Zipaquirá, sometiendo a examen la política general. Pero por hechos que
aparecen en la investigación y que ustedes van a tener ocasión de oír, en especial un estudio
aún no conclusivo de Contraloría con el que me tropecé en el camino, el debate se fue en
buena medida convirtiendo en un análisis de un caso específico de la minería del carbón, el
del contrato de la Drummond, en la explotación que hace esta empresa trasnacional en el
Cesar. Como si fuera poco, hay en este momento una huelga de los trabajadores de
Drummond y también de los de Glencore, otra trasnacional que explota carbón el Cesar.

Gran minería del carbón, en manos de trasnacionales

Este debate de la minería, lo mismo que el del petróleo que hicimos la semana pasada, tiene
mucho que ver con la presencia del capital foráneo en Colombia. Porque prácticamente
toda la gran minería del carbón está en manos del capital extranjero. Ya el Estado
colombiano, que era socio, fue sacado de todos los negocios. Ese hecho me obliga
entonces, tal como hace ocho días, a empezar mi intervención dejando sentados unos
cuantos criterios. Dado que con cierta frecuencia, en mi caso y en el de otros colombianos,
ponemos los ojos sobre la inversión extranjera en Colombia y sobre los negocios con las
trasnacionales, hay quienes sacan la falsa conclusión de que nosotros estamos en contra de
todo trato con los extranjeros. Y resulta que esa es una visión que no obedece a la realidad.
Estamos es en contra de los malos negocios con los extranjeros. Si Colombia hace un buen
negocio en un acuerdo internacional o en un contrato de minería o en industria con
cualquier capital foráneo, pues bienvenido sea. El problema es que cuando esos negocios
no son buenos para el país, uno debe caer a investigarlos. Y si esa clase de negocios
resultan ser tan a menudo lesivos para el interés nacional, y leoninos los contratos, no
puede uno menos de tropezarse con esa realidad y denunciarla.

No me opongo por principio a que haya inversión extranjera. Pero, y le pongo un pero,
siempre y cuando sea positiva para el país. Nadie podría compartir una inversión que actúe
en Colombia con una lógica de corrupción para favorecer sus propios intereses en contra
del interés nacional. Nadie aplaude la corrupción ni de los nacionales ni de los extranjeros.
Como tampoco una inversión extranjera que le haga daños graves al medio ambiente o que
maltrate las relaciones laborales con los trabajadores colombianos o que no pague los
impuestos que debe pagar. Son realidades que hay que mirar no solo en el caso de los
extranjeros, porque tampoco vamos a aceptar que haya nacionales que no paguen los

impuestos que debieran pagar o que maltraten a los trabajadores. El fenómeno se agrava en
el caso de las trasnacionales, porque tienen no solo un peso muy grande en la economía de
estos países, sino también una capacidad inmensa para incidir en sus legislaciones y para
influir a los propios jefes políticos y gobernantes, llevándolos a tomar decisiones
inconvenientes. Hace ocho días, y hoy la vuelvo a leer, citaba a Carlos Lemos Simmonds,
que llegó a ser Presidente de la República de Colombia después de una carrera muy larga, y
él menciona la corrupción en estos términos: “Como se ha demostrado en infinidad de
oportunidades, es el interesado en ganar la licitación el que se aproxima al funcionario y
engrasa la mano con la mordida y con la comisión. Esta ocurrencia es particularmente
frecuente en la corrupción trasnacional. Muchas de las grandes multinacionales reservan en
sus presupuestos una cuantiosa partida destinada a gestionar influencias y a comprarlas
muy bien.” Esto es de público conocimiento. Abundan los libros, los análisis. Ha habido
incluso momentos, en algunos países, en que la corrupción es deducible de los impuestos,
cosa casi increíble pero definitivamente cierta.

Disminuyen impuestos al capital extranjero

El otro hecho que vale dejar sentado y que también planteé la semana pasada hace
referencia a una actitud muy frecuente en las trasnacionales cuando invierten en países
como los nuestros. En la Revista Cepal, número 82, de abril de 2004, de la Cepal -una
institución internacional vinculada a los poderes del mundo y a la que nadie puede señalar
como de izquierdista o de oposición-, el señor Andrew Mold señala cosas como esta: “La
rentabilidad de los negocios de la empresas extranjeras que invierten en regiones pobres, es
extraordinariamente alta”. Y hace un análisis cuidadoso sobre el caso de los impuestos, qué
tanto tributan las trasnacionales en estos países, un asunto que por supuesto nos tiene que
interesar. Cuenta cómo las empresas de Estados Unidos en Colombia han logrado disminuir
sus impuestos. En 1983 pagaban el 59,7% por renta, y en 1999 estaban pagando el 32,3%,
una caída bastante alta en sus tributos. Revela incluso el señor Mold que las tasas
impositivas de las trasnacionales en los países desarrollados son superiores a las de los
países subdesarrollados, hecho más o menos normal dentro de su lógica, pero que a
nosotros nos causa problemas. Y señala que si las trasnacionales pagaran en los países del
Tercer Mundo las mismas tasas de tributación que pagan en sus países sedes, los ingresos
para el total de los países como Colombia aumentarían en 35 mil millones de dólares al
año. Estamos hablando de enormes sumas de dinero, sumas que pueden marcar la
diferencia entre el desarrollo y el subdesarrollo, en número de escuelas, hospitales, vías, por
una evasión o una disminución de ingresos fiscales de 35 mil millones de dólares al año.
Añade este especialista, señor Andrew Mold, que se presenta una descomunal evasión de
impuestos por subfacturación y sobrefacturación en las cuentas de las trasnacionales. En
distintas palabras, inflan los gastos y disminuyen los ingresos. Hay toda una manipulación
en libros, dice él, y estos son hechos conocidos. Agrega que el manejo de los precios de
transferencia, de esa importación y exportación, “se ve facilitado por el gran volumen de
transacciones transfronterizas que tienen lugar en los sectores de la minería y el petróleo”.
Minería y petróleo son dos sectores sobre los cuales recomienda echar ojo el señor Mold,
porque allí, según dice, son bien frecuentes tales prácticas. Señalo lo anterior para darle
piso al hecho de que cuando ponemos el ojo en estos contratos no lo hacemos por un mero
capricho, sino porque hay muchos y funestos antecedentes que nos obligan a mantener la
guardia en alto.

Se viene otra reforma tributaria. Está prácticamente lista, y vamos a ver en que momento la
pasa el presidente Uribe. Una reforma que ha sido calificada como estructural y que, todos
lo sabemos, consistirá en bajarles los impuestos a monopolios y trasnacionales y, para
compensar, subirles el recaudo por IVA y por retención en la fuente a los salarios. Bajarles
los impuestos a los ultrapoderosos del mundo y de Colombia y subírselos a los pobres y a
las capas medias.

Voy a hacer una mención brevísima al caso de las Salinas de Zipaquirá, porque está cerca
de vencerse la concesión que la ha venido explotando. Es un tema sentidísimo entre los
zipaquireños, entrañablemente ligado a su propia historia. Hay un proyecto de ley en
trámite, y esperemos que corra con suerte, para que se garantice que la salina va a quedar
bajo el control del municipio de Zipaquirá y de sus trabajadores. Que no termine en manos
de alguna trasnacional o de algún monopolio nacional, porque pensamos que lo
conveniente y lo mejor para los habitantes de ese importante municipio de Cundinamarca
es que siga beneficiándolos a ellos antes que a nadie. Sería una especie de absurdo que
terminara por fuera del control de quienes deben ser los legítimos beneficiarios. Pero en
Colombia estamos.

Gobierno cambia contratos en perjuicio de Colombia

Paso a mencionar un aspecto que iba a ser el tema central del debate, aunque apenas voy a
tocarlo de pasada. Tiene que ver con los cambios en los contratos del carbón a raíz de la ley
685 de 2001. Hay unos cambios que se originan en estudios del Banco Mundial y de la
Cepal, lo dijo el viceministro de Minas, doctor Manuel Maiguashca, en la respuesta que me
dio al cuestionario, estudios según los cuales, “nuestro país no era competitivo en minería a
nivel mundial y latinoamericano”. Lástima que no haya venido ninguno de los señores del
gobierno, ni el ministro ni el viceministro ni ningún funcionario, porque uno se formula una
pregunta: ¿habrá algo que valga la pena en Colombia que no sea decidido según el punto de
vista de la banca internacional o del capital extranjero? ¿Se les ocurrirá algún día hacer
alguna cosa por cuenta propia? Dice entonces el Banco Mundial que el país no era
competitivo en minería a nivel mundial y de Latinoamérica. ¿Qué quiere decir que no era
competitivo? Que los negocios no eran lo suficientemente buenos para el capital extranjero,
que ha montado una competencia global para ver quién le ofrece más garantías, o, en otras
palabras, quién le vende más barato nuestros recursos y nuestras posibilidades, o si no, no
viene a estos países.

La ley 685 eliminó las asociaciones como aspecto fundamental de la política minera. Ahora
es el capital privado el que actúa solo. E igualó los derechos y los intereses de los
nacionales y los extranjeros. A mí la medida me parece terriblemente perniciosa. Un país
puede tener trato con los extranjeros, pero igualar a estos con los nacionales no resiste el
análisis, porque definitivamente no son lo mismo. La ley 685 es una norma
fundamentalmente diseñada para estimular la gran minería, impidiendo por ejemplo que se
la grave con impuestos especiales. Ese es su enfoque. Su lógica no es respaldar la minería
pequeña y mediana del país, incluso la de empresarios relativamente importantes en
Colombia, sino que trata de adecuar a Colombia para la gran minería de los grandes
conglomerados internacionales que controlan el sector en el mundo entero. Los contratos y
los yacimientos, y hasta el subsuelo, se entregan prácticamente a perpetuidad, porque se

van a suscribir contratos a treinta años prorrogables por otros treinta, o sea, sesenta años de
explotación, y además, podrá haber una tercera prórroga en la que tendrá preferencia el
titular, de modo que fácilmente vamos a soportar contratos de un siglo.

Las regalías las bajaron del 15 a entre el 5 y el 10 por ciento, una merma considerable.
Quiero llamar la atención sobre las regalías, porque esa es una palabra que se oye y que la
gente no entiende bien. La regalía no es más que el nombre que se le da al precio del
recurso. Quien detenta una explotación minera cualquiera debe pagar impuesto de renta,
como lo paga cualquier actividad económica, pero también pagar por el recurso, porque el
petróleo, el carbón, el oro, están en la tierra y son de la nación colombiana. La regalía es
entonces lo que esa persona le paga a la nación por el recurso. Cuando a uno le dicen que
en explotaciones de menos de tres millones de toneladas, el recurso vale el 5%, uno
concluye que el país está al borde de regalarlo. Porque el resto del ingreso, que es impuesto
de renta, lo paga el que pone una panadería o una fábrica de camisas, en las que el Estado
no da nada. Aquí el Estado pone nada menos que el recurso y por él las trasnacionales le
están pagando sumas insignificantes. Sumas que uno, en la pequeña y mediana minería,
podría entender como una manera de estimular la actividad nacional. Pero cuando a mí me
dicen que a una trasnacional se le entrega el recurso por el cinco o por el diez por ciento, yo
concluyo que se le está regalando. Y en petróleo sucede algo similar, porque si uno
compara el State Take del orden del 50% y renta del 38,5%, resulta que el recurso está
valiendo el 11,5%. Hace poco me informaban los analistas de mi oficina que el contrato
soñado por el neoliberalismo es el contrato petrolero de la plataforma continental inglesa,
en que el recurso vale cero pesos, es decir, se regala. A mí alguien me tiene que explicar
cuál es la razón para que el recurso, petróleo, carbón o lo que sea, termine vendiéndose a
precios insignificantes o se regale. A cuenta de qué, si aquí a nadie le regalan nada. Y
resulta que a estos superconglomerados prácticamente se les regala el recurso. Y como si
fuera poco, el impuesto de renta es cada vez menor, no solo por la tasa que se les impone,
sino también por la rebaja oculta producto de las exenciones, inmensas para el caso de la
gran minería, sobre las cuales infortunadamente no tuvimos la información suficiente para
poder analizarlas. Pero sabemos que hay descuentos a la reinversión de utilidades,
descuentos en IVA, descuentos a importaciones, etc. Al final terminan es entonces
montando sus empresas casi con la plata de la nación, con la plata del míster, podríamos
añadir.

¿Quién fiscaliza a Drummond?

El viceministro me acepta en las respuestas que estoy en lo cierto, pero que, eso sí, “el
mayor énfasis de aquí en adelante lo pondrá el Estado en la fiscalización de las
obligaciones a cargo de los particulares”. El Estado se sale del negocio. A partir de ahora
solo cobrará regalías e impuestos y no actuará como empresario. Dicen, no estaremos como
empresarios, pero, eso sí, fiscalizaremos en serio. Y ahorita vamos a examinar cómo es que
fiscalizan en serio, porque resulta que tampoco fiscalizan, tal como lo veremos en el
contrato de la Drummond. Caemos entonces en el peor de los mundos.

Hablando de la fiscalización del Estado, dice el documento de Contraloría al que hice antes
referencia, documento aún no definitivo: “Es ineficiente y permite poner en riesgo los
intereses de la nación, por cuanto no realiza procedimientos de control mínimos como la

exigencia de un seriado de facturas que podrían representar eventualmente un detrimento
fiscal de gran magnitud”.

No puedo dejar de mencionar, así sea muy brevemente, el caso de El Cerrejón Zona Norte.
Recordemos que el Estado colombiano fue socio de la Exxon en el montaje de esa inmensa
empresa y Colombia invirtió cerca de mil seiscientos millones de dólares. Al final, cuando
vendió, entre cuatrocientos y quinientos sesenta millones de dólares -se discute la cifra-, no
recuperamos ni lo invertido. Lo que el Estado cobró por la venta de la parte nacional ni
siquiera pagó las deudas que tenía Carbocol. Llamo la atención sobre cómo, curiosamente,
Colombia termina saliéndose del negocio justo en el preciso momento en que el negocio del
carbón se pone mejor que nunca. Es de lo más extraño. Colombia se mete en el contrato,
muy discutible en su momento, porque le dicen los analistas, los gringos, que es el mejor
negocio del mundo. Y apenas se mete, le dicen que no, que ya el negocio no es tan bueno, y
entonces tiene que salirse. Colombia se sale y vende a menos precio sus bienes, pero apenas
se sale, el negocio vuelve de pronto a ser el mejor del mundo. Y todas son casualidades que
se van presentando, pero en la sucesión de las casualidades siempre a Colombia le va mal.

Estos proyectos no han dejado de ser muy discutidos. Recordemos que Luis Carlos Galán
hizo sonoros debates sobre el primer contrato de El Cerrejón. El contrato de Drummond y
de Glencore en el Cesar también fue objeto de grandes discusiones en el Cesar. Pero estos
debates, como el que hoy tenemos con el TLC, siempre son despachados con un simple
argumento, y es que esas minas son la redención del país, la redención de las regiones, y
aquel que se oponga o critique es un enemigo del progreso. Queda entonces la controversia
más desbalanceada del mundo. Los partidarios del proyecto, por malo que sea, son los que
llegan a Chiriguaná, a Barranca, a Fonseca, a prometerle a la gente que por fin va a salir de
la pobreza. Y los que están advirtiendo que se van a tumbar la plata, que el negocio es muy
malo, que así no debe ser, quedan fichados como enemigos del progreso.

Carbón en Cesar: ‘Una falsa ilusión, una tragedia’
16 junio 2010 431 lecturas One Comment

por Salud Hernández.

Especial para Catorce6

La Loma (Cesar). Las montañas de tonos grisáceos y ocres, levantadas con millones de
toneladas de tierra estéril que apilan los buldózer, rompen la armonía de la sabana. Cada
año crecen, se ensanchan y aparecen algunas nuevas, producto de las excavaciones en las
minas de carbón a cielo abierto. En la renovada geografía, los árboles frondosos, los verdes
pastos y los ríos caudalosos desaparecen para dar paso a un paisaje árido, de vegetación
mustia y arroyos famélicos.

La explotación del mineral negro en el Cesar está cambiando el rostro de una región
hermosa, que presume de fértil, agrícola y ganadera.

“La minería es una falsa ilusión, una tragedia. Hay pobreza, huellas ecológicas terribles,
corrupción, y los recursos quedan en las arcas de los países extranjeros”, afirma el ex
ministro de Medio Ambiente, Juan Myer.

El panorama del centro del Cesar resulta desolador y el futuro sombrío. En la actualidad
compañías como Glencor, Drummond o Vale explotan 87.000 hectáreas, el Gobierno
Nacional concedió títulos por cien mil más y hay solicitudes por casi cuatro veces esa cifra.
Además, les permitieron desviar nueve ríos así como med

io centenar de riachuelos que proceden de la Serranía del Perijá. La mina y el agua son
incompatibles y en ese duelo el gobierno colombiano opta por favorecer al primero.

“No sólo acabarán con los ríos sino con las fuentes hídricas subterráneas”, comenta a
Catorce6 Lucho Restrepo, un líder local de La Loma, corregimiento de El Paso,
preocupado porque los desvíos estrangulan los ríos y secan los pozos. Antes hallaban agua
a ocho metros y ahora tienen que buscarla en honduras de treinta y cuarenta. “Un día
tendremos que abandonar todo por falta de líquido”.

Numerosas poblaciones campesinas y pesqueras de los municipios de Chiriguaná, La Jagua
de Ibírico, El Paso y Becerril perdieron sus economías tradicionales, su esencia, y ahora
están sitiadas por las minas. Hace unos años las compañías carboníferas prometieron
reubicar algunos caseríos pobres, los que terminarán enterrados por los montes artificiales,
pero dieron largas a los habitantes, les tomaron el pelo y con el paso del tiempo quebraron
su unidad. Con ello lograron que muchas familias desesperadas por vivir en medio de un
infierno, se conformen ahora con recibir una indemnización y partan por su cuenta hacia
otro lugar, a sabiendas de que perderán sus raíces, los vecinos de toda la vida, sus
recuerdos.

“Aún confío en que podamos irnos todos juntos”, sueña Beto, de El Hatillo, que lleva años
luchando por los suyos. Pero la gente no resiste la carbonilla que respiran y que se posa en
sus casas, ver montes terreros en lugar de prados, cauces secos donde corrían sus ríos, arena
en vez de huertos, soportar las explosiones continuas para abrir los huecos.

No sólo incumplen compromisos con los humanos, tampoco respetan las normas para
proteger o, cuanto menos, minimizar los daños a la Naturaleza debido a una legislación
laxa, a los cruces de competencias entre distintos organismos estatales y regionales de
control, a niveles desmedidos de corrupción y una absoluta falta de conciencia ecológica.

“El país no está preparado en ningún nivel para asumir responsablemente un proceso
industrial a gran escala de minería”, señala el informe del Foro Nacional Ambiental. Y no
sólo devastan la Tierra, sino que tampoco sacan de la miseria a las regiones donde
establecen su campo de operaciones. En La Loma, donde residen la mayoría de los
mineros, hablan de “80/20” en referencia a los porcentajes de trabajadores que salen
adelante. “El 20 por ciento ahorra, compra casa, progresa. El 80 se lo bebe y los gasta en
prostitutas”, asegura Lucho Restrepo. Los cajeros automáticos de La Loma son los más
rentables de todo el departamento y cada quincena los recargan con cuatrocientos y
quinientos millones de pesos. Pagan deudas, compran los favores de las prostitutas menores
de edad que llegan de todas partes en esas jornadas, y beben a mares.

También los políticos locales contribuyen al desastre. En La Jagua de Ibérico los últimos
alcaldes pasaron por la cárcel por robar a manos llenas los ingentes fondos de las regalías
del carbón y ni siquiera dejaron algo para construir un acueducto.

“Nos dejaron sin agua, debemos caminar dos kilómetros para conseguirla, los trabajos que
nos dan en las minas son los más insignificantes, las empresas regalan columpios de colores
a las escuelas y nos maquillan con pintura y una capa de cemento las casas que agrietan con
sus explosiones, porque ni siquiera las arreglan”, denuncia Rudy Jiménez, Presidenta de la
junta de Acción Comunal de la vereda Boquerón. “Dan poco y quitan mucho”.

L-018: En la encrucijada del carbón

Carlos Fernando Gaitán Revista Dinero, Bogotá, Cundinamarca September 2007

COL-018: En la encrucijada del carbón

El auge del carbón colombiano tomó a todos por sorpresa y dejó al descubierto la falta de
infraestructura para enfrentar adecuadamente este reto. Tanto el sector privado como el
Gobierno tendrán que conciliar para no sacrificar ni la industria ni el derecho a un medio
ambiente sano.

Conducir por la vía que va de la Jagua de Ibirico, en el Cesar, a Santa Marta, es toda una
odisea. Diariamente circulan por esta ruta más de 1.300 tractomulas que llevan el carbón
que se explota en este departamento a cielo abierto hacia los puertos ubicados en la capital
del Magdalena. Tramos que se recorrían, en promedio, en 30 minutos, hoy pueden tardar
hasta dos horas dependiendo de la suerte con que cuente el conductor. Hay ocasiones en
que no se puede avanzar a más de 30 kilómetros por hora, pues las tractomulas
prácticamente se adueñan del camino. Si sobrepasar una 'mole' de estas se convierte en una
maniobra complicada, lo es más aún cuando forman 'filas indias' de cuatro o más camiones.
En algunos trayectos, la visibilidad es casi nula por el polvo que levantan a su paso.
Algunas poblaciones, como Bosconia, se convierten por momentos en pueblos fantasmales
pues quedan cubiertos por el polvo que deja esta monumental caravana.

Antes de llegar al balneario de El Rodadero, hay un sitio al que bautizaron 'Boyacá', pues
parece como si el paraje estuviera cubierto por neblina. Los carros tienen que andar a cinco
kilómetros por hora pues la visibilidad es nula debido al polvo. El viernes 19 de octubre, al
final de la tarde, una tractomula se volteó y causó un monumental trancón que duró varias
horas y obstaculizó la llegada de centenares de visitantes y turistas que viajaban hacia Santa
Marta y la Guajira (era puente festivo), y la salida de otros tantos hacia Barranquilla y/o
Cartagena. En este sector el desorden es total, pues se han acondicionado parqueaderos
improvisados, así como talleres, montallantas y lavaderos en todas las esquinas. Para
completar este caos, los conductores de estos camiones parquean en cualquier parte y el
estado de la carretera, que está siendo parchada en algunos tramos, es lamentable.

Por ahora, la única compañía que saca el carbón en tren desde la zona minera del César
(mina La Loma) hasta su puerto en Santa Marta, es Drummond, que cuenta con 36
locomotoras y 1.427 vagones que al día movilizan unas 85.000 toneladas. Y lo hace gracias
a que desde un comienzo, cuando se otorgó la concesión, a finales de los 80, el Gobierno se
comprometió a habilitar la vía férrea, la cual estuvo hasta hace poco a cargo de Fenoco. De
no haberse hecho esta previsión, hoy se necesitarían otras 2.000 tractomulas. Solo a finales
de este año está previsto que la vía férrea empiece a ser utilizada por otras compañías
explotadoras de carbón en el César, luego de que se logró, en marzo del año pasado,

reestructurar el contrato que manejaba la Concesión Férrea del Atlántico. Los nuevos
accionistas, además de Drummond, son Glencore, Consorcio Minero Unido (CMU),
Carbones del Caribe, Carbones del Cesar y Carboandes.

Pero al caos que generan las tractomulas que salen del César, se suma otro hecho que
contribuye al desorden y a la contaminación. De Santander y Boyacá también están
llegando decenas de camiones cargados con carbón coquizable, que se extrae en las minas
de socavón y que utiliza la industria siderúrgica para la producción de acero. Lo increíble es
que este último es transportado en camiones de estaca, diferentes a los que utilizan las
carboneras en el Cesar, que son especiales para este tipo de carga y van tapados con lonas.
Por eso los provenientes del centro del país van regando piedras de carbón a lo largo de
toda la carretera. A la entrada del Rodadero los muchachos recogen el carbón que cae de
estos camiones, lo amontonan y lo venden a los asaderos. Pero en muchas partes del
trayecto este queda a la deriva. Es común ver a los conductores de estos carros tapando los
agujeros por donde se les escapa el carbón, para lo cual estacionan peligrosamente a los
costados de la vía.

¿IMPROVISACIÓN?

Todo el debate que se ha dado en torno al carbón y que tiene con los pelos de punta a más
de uno, tiene una explicación: Colombia está convirtiéndose en uno de los principales
proveedores de este mineral en el mundo, con las mayores reservas de Latinoamérica
estimadas en 40.000 millones de toneladas. Mientras que en 2000 se producían en el país
27 millones de toneladas de carbón, en 2010 esta cifra ascenderá a 110 millones. Este
hecho le representará al país divisas por US$5.500 millones, aproximadamente. Sin
embargo, frente a sus competidores (Australia, Sudáfrica, Indonesia), Colombia tiene a su
favor una posición estratégica que lo acerca a los grandes consumidores de carbón como
Estados Unidos y Europa. A la creciente demanda que ha subido la cotización de este
mineral, se suma el hecho de que el carbón colombiano tiene bajo contenido de ceniza y
azufre y alto valor calorífico, lo que hace que tanto el carbón que se explota a cielo abierto
(para generación de energía) como el que se extrae de socavón, sean muy apetecidos en el
exterior. De ahí que las exportaciones hayan pasado de US$893 millones en 2000 a
US$2.913 millones el año pasado.

Esta situación ha motivado el desarrollo de nuevos proyectos de explotación,
principalmente en el Cesar, por parte de las firmas internacionales y cuyas inversiones en
los últimos años han ascendido a unos US$6.000 millones, aproximadamente. Drummond,
por ejemplo, está a la espera de que le aprueben la licencia ambiental para explotar la mina
de carbón que se convertirá en la más grande a cielo abierto en Sur América: El Descanso.
Glencore, a su vez, adquirió las concesiones de las minas Calenturitas; CMU, Carbones del
Caribe y Carboandes y tiene previsto un plan de inversiones por más de US$2.000 millones
hasta 2010. Por eso, sin excepción, las mineras están buscando la manera de sacar todo este
carbón hacia el exterior para aprovechar la dinámica internacional. Sin embargo, a juicio de
varios analistas económicos, este boom del carbón colombiano tomó a todos por sorpresa y
dejó al descubierto la falta de infraestructura para responder adecuadamente con esta
coyuntura. Y por eso, tanto la empresa privada como el Gobierno, están dando bandazos de

lado y lado. La alarma más reciente, en este sentido, se encendió en días pasados tras el
intento de la firma Carbones del Carare, filial de la canadiense Coalcorp, de construir un
puerto en la isla de Barú, frente a Cartagena, lo que originó un gran debate y al que se
opuso finalmente el Gobierno Nacional.

Hasta la fecha, el único proyecto que ha sido diseñado de manera integral para lograr un
desarrollo armónico entre producción e impacto ambiental, es el Cerrejón. "En la Guajira
comenzaron de cero. Al mismo tiempo que se planificaba la explotación de la mina, se
diseñaba la vía férrea para sacar la producción hasta el mar y se construía el puerto (Simón
Bolívar) de cargue directo a los buques. Por eso el Cerrejón costó US$3.500 millones. De
ahí en adelante todo ha sido un despelote completo, especialmente en la extracción del
centro del Cesar donde hay una proliferación de minas y de operadores", explica un asesor
de esta industria. Agrega que la historia reciente de la producción de carbón en el país está
llena de improvisaciones que se han ido dando a medida que se ha ido desarrollando el
negocio. Sostiene que el primer error fue haber determinado, mediante un documento
Conpes, un tramo en Santa Marta donde podrían construirse puertos carboneros, muy cerca
de una zona con gran potencial turístico y donde no hay profundidad de calado, por lo cual
los buques tienen que ser cargados mar adentro. Ahora les están exigiendo cargue directo,
de aquí a 2010, motivo por el cual tendrán que hacer ahora inversiones adicionales en obras
y dragados sin que el Gobierno tenga los estudios correspondientes. La razón que ha
expuesto el Gobierno, en este caso, es que la medida es para evitar la dispersión de
partículas y para proteger el turismo en Santa Marta.

Otro botón para la muestra, según el especialista, es lo que está pasando con el tren. Explica
que cuando ya se pensaba que con la nueva concesión ferroviaria, Glencore (Prodeco)
podría llevar este año el carbón hasta su puerto, ahora le están exigiendo la construcción de
pasos a desnivel como puentes o túneles para no afectar la zona turística, pues tendría que
pasar frente a los hoteles ubicados en la vía al aeropuerto. Por este motivo, la compañía
tiene parados decenas de vagones nuevos que compró para la operación y que cuentan con
un sistema de descargue por debajo, lo que hace que la operación sea silenciosa. Así
mismo, voceros de la compañía sostienen que el tren duraría tres minutos pasando frente a
los hoteles y que al día pasarían cinco llenos y cinco vacíos. "Dentro del muelle se
construye un sistema de rieles en espiral que evita que los vagones queden parqueados por
fuera del complejo y expuestos al sector turístico", dice.

Se han estado analizando otras posibilidades como un 'súper puerto' en Barranquilla para
aprovechar el río Magdalena, pero los grandes operadores del Cesar lo descartan porque no
habría forma de llevar el tren, por el que pagaron muchos millones de dólares, hasta la
capital del Atlántico. También sería muy difícil reactivar la línea férrea hasta el puerto de
Santa Marta, pues hay por lo menos 1.000 familias que invadieron el trayecto y no están
dispuestas a pagar por el costo de la desviación. Por lo pronto, se trabaja en la construcción
de una segunda línea entre los puertos y la zona carbonífera del Cesar, en la que se
invertirán US$250 millones, tras pagar US$100 millones por la concesión para que todas
las empresas pudieran utilizar el tren y sacar las tractomulas de las carreteras, lo que les
ahorrará hasta US$9 por tonelada.

Sin embargo, hay tropiezos en el proyecto, pues en algunos tramos dividirían a ciudades
prácticamente en dos, lo que causa polémica y preocupación en poblaciones como
Aracataca, por ejemplo.

Buscarle una salida a esta encrucijada es el trabajo que les espera a la industria carbonera y
al gobierno para poder conquistar el mercado mundial del carbón sin taponar las carreteras
con tractomulas, sin contaminar el aire donde se explota y el mar por donde sale al
exterior. Y de paso, sin arruinar el turismo (Decameron confirmó el inicio de su nuevo
proyecto hotelero en Barú). Pero ambos ya estaban advertidos. Cabe recordar que la Corte
Suprema Constitucional ya había previsto esta situación. En una de sus sentencias (C-339
de 2002) advirtió que era necesario conciliar el grave impacto ambiental de la minería con
la protección de la biodiversidad y el derecho a un medio ambiente sano, para que ni uno ni
otro se vieran sacrificados, tal y como está pasando ahora.

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Negocios| 11 Ene 2009 - 10:00 pm

La compañía tendrá que garantizar compensaciones y
estándares ambientales

Historia de la Drummond y el Cesar
Por: Salomón Kalmanovitz*
La multinacional ha sido muy conflictiva, con huelgas en 1998 y 2006 y muertes de sindicalistas en
el 2004. En 2007 recibió una multa por US$33 millones por un detrimento patrimonial de US$70
millones. Por liquidar mal las regalías, la empresa recibió una sanción por US$48 millones.

Entre 1995 y 2007, la Drummond, una sociedad familiar residenciada en Alabama, ha
extraído 160 millones de toneladas de carbón de alta calidad del departamento del Cesar.

En junio de 2007 el contralor Julio César Turbay Quintero notificaba que estudios técnicos
adelantados por su entidad demostraban cómo se ha registrado un posible detrimento
patrimonial para la Nación, de más de US$70 millones ($140 mil millones) que se resolvió
por US$33 millones en un tribunal de arbitramento.

Más recientemente, las regalías que debía pagar la empresa al departamento del Cesar y a
los municipios de La Jagua de Ibirico, El Paso y Chiriguaná fueron mal liquidadas y tuvo
que pagar una multa de US$48 millones en septiembre de 2008.

En el año 2007, la compañía carbonífera vendió US$1.150 millones y despacha US$8
millones diarios. Obtiene ventajas tributarias como la devolución del IVA y el impuesto a
la renta.

Está exenta del pago del impuesto de industria y comercio y del impuesto predial, o sea, 10
mil hectáreas desentrañadas de carbón a cambio de una regalía del 10% a boca de mina que
intentó birlar en parte.

Tres dirigentes del sindicato de la Drummond fueron asesinados por paramilitares en 2004
y el crimen no ha sido esclarecido en Colombia.

Jorge 40 fue acusado del asesinato, pero su extradición obstaculizó el proceso en su contra.
Por un esguince de la ley norteamericana sobre piratería en ultramar, la demanda fue
acogida por un tribunal de Alabama y la empresa fue exonerada de responsabilidad.

Mientras allá se llevó a cabo un juicio rápido y eficiente con enormes dificultades para
aportar pruebas, poniendo en duda su certitud, acá la justicia se demora tanto que resulta
negada.

También se recuerdan ataques sistemáticos de las Farc al ferrocarril que utilizaba la
Drummond en los años 2000 y 2001, los cuales despertaron el apoyo por la empresa entre
las poblaciones conectadas.

El historial laboral de la multinacional es bastante conflictivo, con huelgas en 1998 y 2006.
A pesar de precios récord en la historia de la industria del carbón en 2008, la empresa no
quiso atender las peticiones del sindicato y éste decretó una huelga que duró sólo seis días.

En su pliego solicitaban que se cumpliera la ley en materia de seguridad industrial a causa
de frecuentes accidentes, lesiones y enfermedades, estabilidad laboral (otra vez las
cooperativas de trabajo en acción), ajuste salarial por encima de la inflación —que no al
precio internacional del carbón— e inversión social que paliara los daños infringidos a los
habitantes de los municipios en donde se asienta la mina y los que viven a lo largo del
corredor carbonífero.

Es evidente el descuido ambiental de la empresa. El carbón es conducido en tractomulas o
en el ferrocarril de trocha angosta con vagones pequeños y se pasa a barcazas que se
adentran en el mar Caribe para entregar su contaminante carga.

Cada traspaso y viaje liberan mineral pulverizado a la atmósfera que es nocivo para la salud
humana, de animales y de plantas.

Se recuerda un paro cívico en La Jagua como reacción a la presencia de enfermedad
pulmonar de obstrucción crónica, especialmente entre niños y ancianos que respiran el
polvillo negro, algo de lo cual también se quejan los afectados por el tráfico vehicular y de
trenes.

El mismo polvillo ha deteriorado la calidad de las playas de Santa Marta y desvalorizado
las propiedades que allí se asientan.

Consulté la página web del Ministerio del Medio Ambiente, pero no lleva registro público
de infracciones contaminantes ni menos de sanciones a sus perpetradores.

Sin embargo, el Ministerio sí multó con $100 millones —menos de US$50 mil— a la firma
American Port Company, filial de la multinacional Drummond, por polucionar las playas
alrededor de El Rodadero en septiembre de 2007.

La Drummond anunció recientemente que duplicará su producción hacia el futuro con la
concesión que les hiciera el Gobierno de las minas de El Descanso, Rincón Hondo y el
Hatillo, 17 mil hectáreas adicionales como premio a su comportamiento ejemplar.

Según el vocero de la empresa, “Colombia tendrá la mina a cielo abierto más grande del
mundo y con los estándares ambientales más severos”, reflejando la confianza inversionista
en el país.

El ministro del Medio Ambiente y Vivienda, Juan Lozano, resaltó: “La Drummond tendrá
que garantizar las más altas compensaciones y estándares ambientales impuestas dentro del
marco de la ley para explotar la mina. Estos estándares se tendrán que aplicar en lo
sucesivo a toda la industria del carbón”, algo que parece depender más del autocontrol del
resto de la industria (El Cerrejón, Prodeco, etc.) que de la propia desidia del Gobierno.

La compañía Drummond inicia la explotación a cielo abierto del proyecto carbonífero más
grande de Latinoamérica. Oscuro panorama se cierne sobre la región del Cesar en Colombia

Ahora que ha comenzado la explotación de carbón a cielo abierto en la Mina El Descanso, en el
departamento del Cesar en Colombia, por parte de la compañía Drummond, en lo que se ha
conocido como el proyecto de explotación carbonífera más grande de Latinoamérica, es necesario
tener en cuenta algunos de los efectos que ha venido causando dicha compañía en las
explotaciones en curso y los que se verán en este nuevo proyecto.

Las explotaciones a cielo abierto contaminan la atmósfera. Las causas y efectos de ello son
muy diversos:

La contaminación atmosférica es producida, por una parte, por la voladura de rocas, cuyo
polvo es dispersado por las explosiones. Otra fuente de contaminación con polvo son las
partículas de materiales expuestos, las cuales son levantadas y arrastradas por el viento,
sobre todo durante las labores de carga, transferencia, transporte y vertido.

La contaminación atmosférica causada por gases puede ser consecuencia de las emisiones
de escape de vehículos y motores (que generalmente consumen combustible diesel), así
como de los vapores de voladura. En las explotaciones a cielo abierto de carbón, existen
también otros peligros ligados a las características del yacimiento: por una parte, al extraer
carbón de grandes profundidades puede desprenderse metano; por otra, los incendios
provocados por la combustión espontánea del carbón pueden liberar gases tóxicos.

La región se verá enfrentada, en futuro cercano, a una contaminación ambiental
severa que afectará todo el entorno de dichos municipios en un área que va más allá
de las 47.000 hectáreas

En las explotaciones a cielo abierto de carbón, un clima seco y caliente representa un
considerable peligro de incendio, pudiéndose producir la combustión espontánea del carbón
expuesto en los pisos de la mina o en los puntos de carga y transferencia.

En los vertederos de desmonte o de relave con bajo contenido en carbón, la inflamación
espontánea puede provocar incendios latentes (sin llama) difíciles de apagar. Este tipo de
incendios puede contaminar el medio ambiente con malos olores y gases tóxicos durante
años e incluso décadas.

Por todo esto, es necesario vigilar el cumplimiento por parte de la compañía Drummond de
los compromisos definidos en la licencia otorgada por el Ministerio del Medio Ambiente,
no solo en la obligación de no contaminar y minimizar el impacto ambiental, sino en cuanto
a la reducción de la contaminación que ha generado por mucho tiempo la explotación
minera en esta región.

Las explotaciones de carbón a cielo abierto contaminan la atmósfera

Esta es una labor que compete a todos los habitantes de los municipios más afectados del
Departamento del Cesar como El Paso, La Jagua, Becerril y Chiriguaná y de igual forma a los
gobernantes y alcaldes municipales en su gestión de control ante aquellas compañías que
efectúan dicha explotación. Esta labor no solo se limita a captar oportunamente las regalías que
recibirán por concepto de la explotación y su correspondiente destino a obras de beneficio
general, sino al control severo, diligente y eficaz en cuanto al cumplimiento de los requisitos y
obligaciones mencionados.

De no ser así, la región se verá enfrentada, en futuro cercano, a una contaminación ambiental
severa que afectará todo el entorno de dichos municipios en un área que va más allá de las 47.000
hectáreas que corresponden al campo de explotación, los corredores viales, carreteras y vías de
ferrocarril por donde se conduce el carbón a puerto, así como el mismo entorno marítimo del
puerto de embarque. Dicha afectación se dará principalmente en la explotación ganadera,
agrícola, en la pesca y hasta en la misma supervivencia de la población circundante, residente en
los municipios mencionados y sus respectivas áreas rurales.

De nada servirán las multimillonarias ganancias en regalías que recibirá la nación y los municipios
beneficiados, o más bien afectados, ya que esos recursos no serán efectivos en un territorio
explotado, desolado y en últimas, abandonado a causa de la contaminación ambiental.