Seguridad no es sinónimo de transparencia. Elecciones de Congreso 2014

Este artículo es una publicación de la Corporación Viva la Ciudadanía
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Seguridad no es sinónimo de transparencia.
Elecciones de Congreso 2014
Felipe Jiménez Ángel
Coordinador del Observatorio de la Misión de Observación
Electoral MOE – @felipeangell

El proceso electoral colombiano es sombrío, gris y repleto de irregularidades,
las pasadas elecciones a Congreso son un fiel reflejo de lo anterior. Desde el
momento de la inscripción de cédulas hasta el proceso de escrutinio se
evidenciaron conductas fraudulentas de todo tipo, que más que actos aislados
son acciones que demuestran la existencia de una criminalidad electoral
supremamente organizada, dirigida por estructuras políticas con capacidad de
permear todas las etapas del proceso electoral.

Las elecciones del pasado 9 de marzo fueron las más pacíficas de los últimos
años pero a su vez unas de las más irregulares. La seguridad no es sinónimo
de transparencia. El esfuerzo llevado a cabo por el gobierno en materia de
seguridad no ha sido el mismo realizado para garantizar la transparencia
electoral. El domingo de elecciones se registraron 10 hechos de orden público
(todos de menor impacto) pero se recibieron, de acuerdo a la Misión de
Observación Electoral (MOE), más de 2.000 reportes sobre delitos e
irregularidades electorales, la MOE, en promedio, recibió y atendió 3 denuncias
por minuto.

Retrocedamos la película. Un año antes de las elecciones se dio inicio al
periodo de inscripción de cédulas el cual es uno de los primeros eslabones del
proceso fraudulento. En esta fase se identificaron 200 municipios con
inscripciones de cédulas totalmente irregulares en donde era demasiado
probable que hubiera existido “trasteo de electores” (trashumancia). El Consejo
Nacional Electoral (CNE) ante esta situación argumentó, de manera
equivocada, que en procesos de elección nacional (Congreso y Presidente) la
trashumancia no existe. Tal fue el error de este argumento que el mismo CNE,
dos semanas antes de la elección, lo modificó. La cantidad de irregularidades
encontradas en la inscripción de cédulas en Barranquilla y Sabaneta
(Antioquia) fueron de tal calado que el CNE terminó tumbando la zonificación
en estos dos municipios. La reculada del CNE no fue por convicción, fue por
obligación.

Mapa 1. 200 municipios con inscripciones de cédulas irregulares

La trashumancia tiene como objetivo que una serie de electores se trasladen
de un municipio a otro para votar por el candidato o el partido que los movilizó.
En este sentido, en el 30% de los municipios con inscripciones de cédulas
irregulares se presentaron votaciones atípicas por un partido o por un
candidato, aproximadamente 6 de cada 10 votos depositados en estos
municipios fueron a parar a un mismo candidato o a un mismo partido.

Posterior a la inscripción vinieron otro tipo de irregularidades que están más
asociadas a la dinámica política que a la manipulación de la ingeniería
electoral. En concreto es posible identificar 5 grandes mecanismos que fueron
puestos en marcha en la contienda electoral de 2014: i) el uso ilegal de los
programas de subsidio estatal con propósitos electorales. Existen múltiples
reportes de cómo, varios candidatos en zonas rurales utilizaron el programa
familias en acción como plataforma de campaña, el accionar por parte de
algunos candidatos fue ofrecer la continuidad de los subsidios a cambio del
voto, hecho que a todas luces es ilegal y por el que actualmente varios
candidatos están siendo investigados.

ii) El segundo mecanismo, que se convirtió en uno de los mejores aliados de
los candidatos, fue la participación indebida en política de funcionarios
públicos. Muchas estructuras políticas regionales se construyen como fami-
empresas electorales y de esta manera actúan. No es secreto que desde
algunas gobernaciones y alcaldías se impulsaron candidatos hasta el punto de
presionar a sus trabajadores y contratistas a votar por el familiar o el amigo del
gobernador o del alcalde. iii) En tercer lugar y muy relacionado con lo anterior
está el uso de la contratación pública como mecanismo de financiación de
campañas. Un porcentaje de la mermelada proveniente tanto del gobierno
central como de los gobiernos locales terminó desequilibrando la balanza de

poder a nivel regional. Este mecanismo que de por si es perverso ayuda a
corroer la transparencia electoral ya que, por un lado, el Estado termina
financiado las campañas a través de reposición, anticipos y contratos, y por
otro, aquellos partidos o candidatos que no se estén dentro de la estructura
política dominante se encuentran francamente en desventaja frente a los que sí
lo están.

iv) Otra de las irregularidades más frecuentes fue la masiva compra de votos.
La democracia más que una fiesta se ha convertido en un mercado y la compra
de votos una transacción más. El precio del voto es lo de menos, lo que
preocupa es la inercia con la cual algunas autoridades abordan el tema. La
compra de votos que vimos el 9 de marzo se presentó en varios empaques: en
dinero efectivo, en materiales de construcción, en productos alimenticios, en
prendas de vestir y se materializó en diferentes formatos: pagos a contado, a
cuotas o contra producto.

v) Finalmente, los anteriores mecanismos convergen en uno: el exceso de la
financiación. El tope máximo de gastos por candidato estuvo, en promedio,
cercano a los 700 millones, no obstante esto, algunos candidatos no tuvieron el
menor reparo en invertir en su campaña cerca de 2 millones de dólares. No
creo que el dinero compre consciencias pero sí creo que el dinero compra
curules.

Las irregularidades vistas en la inscripción y en la etapa preelectoral fueron un
juego de niños en comparación a las evidenciadas el día electoral. Las
inconsistencias en los formularios, los ríos y cataratas de dinero, las denuncias
de fraude, la manipulación del adulto mayor, los señalamientos en contra de los
jurados y testigos y la posibilidad de alteración de resultados son algunos
ejemplos de lo que pasó el 9 de marzo de 2014.

El día electoral tiene procedimientos bastante rudimentarios que hacen muy
vulnerable el sistema. El único que se come el cuento que el fraude es
imposible y que los procesos electorales son infranqueables es el Registrador.
La cantidad de fugas existentes son enormes. Basta nombrar tres ejemplos: i)
algunas de las inconsistencias de los formularios E-14 no parecen tan
involuntarias, ii) se observó injerencia de los jurados en algunas mesas y iii) las
diferencias entre el preconteo y el escrutinio en algunos municipios no
necesariamente pueden deberse a errores aritméticos.

Los anteriores son solo 3 ejemplos de las posibles irregularidades ocurridas el
9 de marzo. Habrán más, muchas más. La pelota está en la cancha del CNE y
la Fiscalía, es por eso que, en materia electoral, más que policías y militares,
se necesitan más fiscales, más jueces y mejores investigadores con capacidad
de sancionar y prevenir la criminalidad electoral. La transparencia electoral se
logra con instituciones civiles, la seguridad electoral con instituciones militares.

Las denuncias sobre este tipo de irregularidades provinieron de diversos
actores, la OEA, la MOE, los partidos políticos y la ciudadanía electoral fueron
testigos de primer orden de algunos de los hechos mencionados anteriormente.
Ante esto, el Congreso y el gobierno han salido al paso con una posible
reforma política que tiene como eje conductor la eliminación del voto
preferente, el cual sin duda alguna incentiva el exceso de financiación, la
competencia desleal al interior de los partidos y una desorganización
institucional de los mismos.

Las reformas electorales en los últimos años han respondido a coyunturas
propias de cada elección, en 2003 nos dimos cuenta que la ingeniería
institucional creada en 1991 había sido mal estructurada, en el 2009 y 2011 las
reformas respondieron ante la infiltración de actores ilegales en política. Salvo
lo ocurrido en 1991, las reformas electorales han sido más que integrales,
parciales.

Existe la posibilidad, otra vez, de diseñar una reforma política integral,
esperemos que no se quede solamente en la abolición del voto preferente. En
el futuro se debe pensar en la expedición de un estatuto de oposición, tarea

que ha quedado pendiente desde la promulgación de la Constitución de 1991.
Es necesario reformar el actual sistema de financiación en dos vías: i)
propender por una financiación netamente estatal que le permita a todos los
partidos competir de igual a igual y ii) lograr hacer un seguimiento y control en
tiempo real al origen, monto y destinación de todos los recursos de las
campañas políticas.

Los cambios institucionales no se quedan atrás. El CNE dada su composición
política no puede ejercer como árbitro imparcial, un avance importante sería
que los magistrados del CNE fueran electos a través de un concurso de méritos
(como el del Registrador) y no a partir de negociaciones políticas. Asimismo es
indispensable que el CNE y la Registraduría sean dos entidades totalmente
separadas, el CNE hoy es un apéndice de la Registraduría, no cuenta con
autonomía presupuestal ni administrativa características que le impiden, en
algunas ocasiones, ejercer de manera eficiente sus competencias electorales.

El gobierno debería dejar de sacar pecho por sus logros en materia de
seguridad (son innegables) y preocuparse por mejorar el sistema electoral a
partir de una reforma electoral que coja el toro por los cachos: la financiación,
la oposición, el voto preferente, el CNE y el código electoral son algunos de los
temas a debatir.

Edición N° 00392 – Semana del 21 al 27 de Marzo – 2014