Siete Mitos y Realidades sobre Inmigración

Siete Mitos y Realidades sobre Inmigración
 Mito: La Inmigración a los Estados Unidos es mala para los trabajadores estadounidenses.

 Realidad: Es la política inmigratoria mala, y no la inmigración por sí misma, la que daña a
 los trabajadores estadounidenses.

Muchos estudios han determinado que la inmigración no afecta negativamente a los
trabajadores estadounidenses, y varios investigadores han encontrado que, en realidad, la
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inmigración tiene un efecto neto positivo para muchos trabajadores nacidos aquí. , , , Esto se
debe a que los inmigrantes son trabajadores y consumidores a la vez, y su presencia en
Estados Unidos incrementa la demanda de productos y servicios dentro de los Estados Unidos,
creando nuevos empleos y aumentando los sueldos en el proceso.

Sin embargo, el actual sistema deficiente de inmigración perjudica a los trabajadores
estadounidenses. El sistema de distribución de un número fijo de visas de trabajo en base a
cupos arbitrarios que no responden a las fluctuaciones de las demandas laborales de la
economía del país crea incentivos para que millones de personas inmigren a los Estados
Unidos sin autorización legal para hacerlo. Como resultado, hoy hay entre 10 y 12 millones de
trabajadores indocumentados en los Estados Unidos. Tales trabajadores están en situación
vulnerable ante empleadores inescrupulosos que se aprovechan de su situación
indocumentada a fin de no pagarles los salarios prevalecientes o de cumplir con las normas
básicas de salud y seguridad. Como los trabajadores inmigrantes indocumentados trabajan en
industrias junto con inmigrantes documentados y trabajadores nacidos en los Estados Unidos,
la explotación de los trabajadores indocumentados también hace caer las normas para los
trabajadores nacidos aquí.

Esta dinámica ha aumentado en años recientes, porque la mayor atención en la aplicación de
la ley de inmigración ha empujado a los trabajadores no autorizados aún más a la
clandestinidad, bajando su paga y creando una mayor demanda de estos trabajadores. Cuando
una empresa recorta los costos contratando trabajadores no autorizados para bajar los sueldos,
es más probable que sus competidores también contraten trabajadores no autorizados por
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sueldos más bajos, a fin de beneficiarse del mismo ahorro de costos. Los inmigrantes
documentados, los trabajadores nacidos en el país y los inmigrantes indocumentados, todos
pierden en esta carrera hacia el fondo.

 Mito: Los enfoques que sólo se basan en la aplicación de la ley para tratar la crisis de
 inmigración del país, tales como un aumento de seguridad en las fronteras y la ley
 "muéstreme sus papeles" de Arizona, pueden mantener eficazmente a los inmigrantes
 indocumentados fuera de Estados Unidos.

 Realidad: Los enfoques que sólo se basan en la aplicación de la ley para tratar la crisis de
 inmigración del país resultaron ser costosos, ineficaces, letales y tener efectos desastrosos
 para los derechos de los trabajadores.

El número de inmigrantes no autorizados en los Estados Unidos aumentó drásticamente desde
comienzos de la década de 1990, a pesar de los miles de millones de dólares que el gobierno
federal gasta en aplicación de la ley. El presupuesto anual de la Patrulla Fronteriza de los
Estados Unidos aumentó en más del 700% desde 1992, el año anterior a la época actual de
aplicación concentrada de la ley de inmigración a lo largo de la frontera entre México y Estados
Unidos. A la vez, el monto de dinero gastado en cada arresto aumentó en más del 1,000%. El
presupuesto para Aduanas y Protección de Fronteras de los Estados Unidos, la agencia matriz
de Patrulla Fronteriza dentro del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en
inglés), aumentó casi al doble, de $6,000 millones en 2003 a $11,300 millones en 2009. Y el
presupuesto para Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), el
organismo de DHS para aplicación interna de la ley que es contraparte de Aduanas y
Protección de Fronteras, también aumentó en más del 80%, de $3,300 millones en 2003 a
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$5,900 millones en 2009.

A pesar de los masivos aumentos presupuestarios de los últimos veinte años, la población
inmigrante no autorizada en los Estados Unidos triplicó aproximadamente su tamaño, de un
estimado de 3.5 millones en 1990 a 11.9 millones en 2008. El hecho es que casi todos los
migrantes no autorizados en última instancia logran entrar a los Estados Unidos. De hecho, uno
de los estudios mostró que la gran mayoría de inmigrantes no autorizados —entre el 92% y el
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98%— siguen tratando de cruzar la frontera hasta que lo logran.

Aunque no es eficiente para frenar la migración de los trabajadores indocumentados, las
consecuencias no deliberadas de la política de inmigración centrada en el cumplimiento de la
ley han sido que la frontera suroccidental es más mortífera. Al canalizar a los migrantes no
autorizados por zonas montañosas y desérticas sumamente peligrosas, en vez de a través de
los corredores urbanos seguros que los migrantes usaban en el pasado, el aumento de
patrullaje fronterizo resultó en que el número de muertes de migrantes se duplicó en la década
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que siguió a 1995. Un informe estima que 5,607 migrantes murieron mientras cruzaban la
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frontera entre 1994 y 2008.

Otra consecuencia del aumento de los niveles de aplicación de la ley de inmigración ha sido la
socavación de los derechos laborales. La atención centrada solamente en el cumplimiento de la
ley de inmigración del gobierno de los Estados Unidos, sin atender a las violaciones de las
leyes del lugar de trabajo, ha permitido que los empleadores con violaciones desenfrenadas de
leyes laborales y de empleo prosperen contratando trabajadores indocumentados que tienen
terror de quejarse por los sueldos más bajos que los normales, las condiciones inseguras y la
falta de beneficios, o de exigir su derecho a negociar colectivamente.

Lo que es peor, hubo varios casos documentados de ICE y otros organismos gubernamentales
que socavan directamente el ejercicio de los derechos laborales. ICE ha realizado prominentes
redadas a los lugares de trabajo en medio de investigaciones del Departamento del Trabajo y
otras agencias sobre violaciones de leyes laborales y de empleo. Igualmente, ICE ha
cooperado con solicitudes de los empleadores de verificar el estatus de inmigración de
trabajadores en medio de disputas en el lugar de trabajo, y en otros casos, agentes
gubernamentales tales como oficiales locales de aplicación de la ley han interferido con la
afirmación de los trabajadores de sus derechos laborales, cuminando en arrestos de ICE de los
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trabajadores victimizados por parte de ICE. Estas acciones, que ilustran la atención de ICE
centrada únicamente en hacer cumplir la ley de inmigración a toda costa, han tenido el
previsible efecto de enfriar los intentos de afirmar y ejercer de los derechos en el lugar de
trabajo, perjudicando a todos los trabajadores, sin importar su estatus de inmigración. Las leyes

"muéstreme sus papeles", como la SB1070 de Arizona, agregan otra herramienta al cinturón de
herramientas antiunión y antiobrero de los empleadores empresariales.

 Mito: Una legislación de reforma integral de inmigración que incluya un camino hacia la
 ciudadanía para trabajadores indocumentados perjudicará aún más la economía en un
 momento en que nuestra economía menos puede permitirse el lujo.

 Realidad: Una reforma integral de inmigración que cree un camino hacia la ciudadanía
 para inmigrantes no autorizados en los Estados Unidos sería provechosa para la economía
 y una pieza integral para corregir la economía deficiente para todos los trabajadores del
 país.

Se ha estimado que la reforma integral de inmigración rendiría por lo menos $1.5 billones en
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producto interno bruto de Estados Unidos acumulado en el curso de 10 años. Esto se debe a
que al eliminar la clase inferior de trabajadores indocumentados que los empleadores usan
para recortar los sueldos y reducir las normas, la reforma integral de inmigración asegurará que
todos los trabajadores cuenten con plenos derechos laborales, lo que resultará en salarios más
altos para todos.

 Mito: Los inmigrantes cometen crímenes a tasas más altas que los nacidos en este país.

 Realidad: Un siglo de investigación muestra que las tasas de criminalidad de los
 inmigrantes son en realidad más bajas que las de los nacidos en este país.

Numerosos estudios de investigadores independientes y comisiones gubernamentales en los
últimos 100 años repetidamente y consistentemente mostraron que los inmigrantes tienen
menos probabilidades de cometer crímenes o ir a la cárcel que los nacidos en el país. En las
primeras décadas del siglo XX, durante la época anterior de inmigración a gran escala, varias
comisiones federales encontraron niveles de criminalidad más bajos entre los nacidos en el
extranjero que entre los nacidos en el país. Más recientemente, la Comisión sobre la Reforma
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de Inmigración de los Estados Unidos llegó a una conclusión similar en un informe de 1994, lo
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mismo que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en un informe de 2000.

De la misma manera, las tasas de criminalidad han disminuido de manera más marcada en los
estados con crecimiento de inmigración más alto. Entre 1999 y 2006, el índice total de
criminalidad disminuyó 13.6% en los 18 estados que reciben más inmigración, comparado con
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una disminución del 7.1% en los otros 32 estados. Según el FBI, las cuatro ciudades grandes
de los Estados Unidos (con poblaciones de por lo menos 500,000) con tasas de criminalidad
más bajas —San Diego, Phoenix, El Paso y Austin— están en estados fronterizos y tienen
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poblaciones de inmigrantes muy numerosas.

Mito: Dar a luz a un niño dentro de los Estados Unidos permite que los inmigrantes
 indocumentados se vuelvan residentes legales del país rápida y fácilmente y les evita la
 deportación.

 Realidad: Tener hijos nacidos en el país no les da a los inmigrantes indocumentados un
 pase libre para obtener estatus legal.

Bajo la Enmienda 14, todos los bebés nacidos dentro de los límites de los Estados Unidos son
ciudadanos estadounidenses. No obstante, los hijos ciudadanos no pueden patrocinar a sus
padres para la ciudadanía hasta que cumplan 21 años de edad. Más aún, si los padres de un
niño ciudadano están en algún momento en los Estados Unidos sin un estatus legal, deben
volver a su país de origen por 10 años antes de solicitar inmigración a los Estados Unidos
legalmente. Por lo tanto, el argumento de los "bebés ancla" que las mujeres embarazadas
cruzan la frontera a los Estados Unidos ilegalmente a fin de dar a luz aquí y ganar fácilmente
estatus legal por medio de sus hijos ciudadanos es una exageración ilógica, en el mejor de los
casos. Tales madres deberían estar pensando veinte a treinta años por adelantado y anticipar
pasar 10 años separadas de sus hijos ciudadanos estadounidenses.

De la misma manera, ser padres de niños ciudadanos de Estados Unidos no protege contra la
deportación. Un estudio de enero de 2009 de la Oficina del Inspector General del
Departamento de Seguridad Nacional encontró que más de 100,000 padres no ciudadanos de
hijos ciudadanos estadounidenses fueron deportados de los Estados Unidos entre 1998 y
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2007. Muchas de esas deportaciones resultaron en familias destrozadas, que dejaron a sus
hijos ciudadanos estadounidenses, y comunidades enteras traumatizadas y vulnerables.

 Mito: Los inmigrantes y sus hijos vienen a los Estados Unidos motivados por el oportunismo
 y son una carga para nuestros servicios sociales y nuestra economía.

 Realidad:La gran mayoría de los inmigrantes vienen a los Estados Unidos para trabajar
 duramente y atender a las necesidades de sus familias y de sí mismos, y al hacerlo
 contribuyen más a los fondos gubernamentales que lo que usan en servicios sociales.

Numerosos estudios de fundamental importancia han encontrado que los inmigrantes generan
ingresos públicos en exceso de su costo público a lo largo del tiempo. De hecho, un estudio
concluyó que los inmigrantes pagan aproximadamente $80,000 más en impuestos que lo que
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reciben en beneficios estatales, federales y locales en el transcurso de sus vidas. Otro estudio
determinó similarmente que "el impacto a largo plazo de la inmigración en los presupuestos
públicos es probablemente positivo", agregando que "sólo una proyección al futuro de los
impuestos y gastos del gobierno puede ofrecer una visión exacta de las consecuencias fiscales
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a largo plazo de admitir nuevos inmigrantes".

Los inmigrantes indocumentados no califican y por lo tanto no pueden recibir ningún beneficio
público más allá de servicios de emergencia y educación pública primaria y secundaria. Los
inmigrantes indocumentados no califican para bonos de alimentos, Seguro Social, Seguridad

de Ingreso Suplementario, Asistencia Temporal para Familias Necesitadas, Medicaid, Parte A
de Medicare libre de prima, vivienda pública o programas de la Sección 8. Más aún, los
residentes permanentes legales no califican para los programas mencionados salvo que hayan
residido legalmente en los Estados Unidos por lo menos durante cinco años.

La participación de los inmigrantes en la fuerza laboral es consistentemente más alta que la de
los nacidos en el país, y los trabajadores inmigrantes constituyen una proporción más alta de la
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fuerza laboral de los Estados Unidos (14%) que de la población de Estados Unidos (11%).
Debido a la alta tasa de participación en la fuerza laboral de sus padres, una abrumadora
mayoría de niños nacidos en los Estados Unidos de padres inmigrantes (88%) viven en
hogares trabajadores. Y a pesar del hecho de que es más probable que esos niños vivan en
pobreza que otros niños cuyos padres nacieron en los Estados Unidos (20% frente a 16%), es
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menos probable que esos niños reciban bonos de alimentos (14% frente a 17%).

Dicho de manera simple, los inmigrantes no vienen a este país para tener a sus hijos y recibir
limosnas del gobierno de los Estados Unidos. La gran mayoría de los inmigrantes viene a los
Estados Unidos a trabajar y mantener a sus familias y a sí mismos.

 Mito: Los políticos anti inmigración tienen los mejores intereses de los trabajadores
 estadounidenses en su mente.

 Realidad: Los políticos más rabiosamente anti inmigrantes en la política de los Estados
 Unidos son también algunos de los políticos más antiobrero del país. Muchos de estos
 políticos han desviado hábilmente la atención de su agenda antiobrera fomentando en los
 votantes la ansiedad y el miedo en contra de los inmigrantes.

Cada dos años, uno de los principales grupos anti inmigrante, la Federación para la Reforma
Migratoria Americana (FAIR, por sus siglas en inglés), publica un "Informe de Votaciones del
Congreso" evaluando si los Miembros del Congreso votaron como ellos recomendaron. FAIR
no es un grupo de interés común; el Centro de Leyes para la Pobreza en el Sur lo ha calificado
como grupo de odio por sus conexiones alarmantes con individuos y organizaciones
nacionalistas blancas y es parte de una red de organizaciones extremistas creada por el muy
conocido nacionalista blanco John Tanton. FAIR es también la organización por detrás de la
Coalición para el Futuro Trabajador Estadounidense, un grupo pantalla diseñado para darle un
rostro "pro obrero" a la agenda antiobrera de los cabilderos anti inmigrante.

De los 87 Miembros de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos que recibieron
una "A" de FAIR en el Congreso 110, el 94% votó contra la Ley de Libre Elección del
Empleado, el 93% votó contra igual paga para las mujeres y el 83% votó contra la extensión de
la compensación por desempleo. Por ello, no es de sorprender que el 93% de los defensores
de FAIR recibieran una "F" de AFL-CIO.

A pesar de los esfuerzos de formular sus políticas anti inmigratorias en retórica populista pro
trabajador, la verdad es que muchos de los políticos que se encuentran entre los principales
oponentes de los trabajadores inmigrantes son también los más grandes oponentes de los
trabajadores estadounidenses.

Fuentes
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     Series de Microdatos Censales Integrados de Uso Público obtenidos en la Encuesta de la Comunidad Estadounidense
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