TRABAJO Y EMPLEO EN EL BICENTENARIO - CAMBIO EN LA DINÁMICA DEL EMPLEO Y LA PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA INCLUSIÓN PERÍODO 2003 2010
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Trabajo y Empleo en el Bicentenario Cambio en la dinámica del empleo y la protección social para la inclusión Período 2003 - 2010 | 1
Este documento fue elaborado en septiembre de 2010 por la Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales a cargo de Marta Novick. Su coordinación estuvo a cargo de Diego Schleser y Clarisa Soto. Participaron: Hector Palomino, Soledad Villafañe, David Trajtemberg, Sofia Rojo, Victoria Castillo, Lila Schachtel, Daniel Contartese, Ximena Mazorra, Marianela Sarabia, Federico Pastrana, Anahi Amar y Sofia Munarriz, con los aportes de Emilia Roca (Sec. de Seguridad Social), Monica Muscolino (Sec. de Empleo) y Sergio Paz (Sec. de Trabajo). Foto de portada: trabajadores instalando el Paseo del Bicentenario para los festejos de la Semana de Mayo. Av. 9 de Julio, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mayo de 2010. Agradecemos a Daniel Kostzer su aporte fotográfico. Este documento se publica en el marco del Proyecto PNUD ARG/04/034 “Sistema de información para la evaluación y el monitoreo del empleo, el trabajo y la inclusión social”. 2 |
Autoridades Presidenta Dra. Cristina Fernández de Kirchner Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Dr. Carlos A. Tomada Secretaria de Trabajo Dra. Noemí Rial Secretario de Empleo Lic. Enrique Deibe Secretaria de Seguridad Social Dra. Ofelia Cedola Jefe de Gabinete Dr. Norberto Ciaravino Subsecretaria de Programación Técnica y Estudios Laborales Lic. Marta Novick Subsecretario de Coordinación Lic. Horacio Ordeix Subsecretario de Relaciones Laborales Dr. Alvaro Ruiz Subsecretario de Fiscalización del Trabajo y de la Seguridad Social Dr. Guillermo Alonso Navone Subsecretario de Políticas de Empleo y Formación Profesional Lic. Matías Barroetaveña Subsecretaria de Políticas de la Seguridad Social Lic. Emilia Roca | 3
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Índice Prólogo ..................................................................................................................................................pág. 7 Introducción..........................................................................................................................................pág. 9 1. Esquema del modelo socio-productivo y políticas a partir de 2003..............................pág. 11 1.1. Marco general ...........................................................................................................................pág. 13 1.2. Lineamientos de las políticas implementadas a partir de 2003 ................................................pág. 14 1.3. Estrategia económica................................................................................................................pág. 16 1.4. Políticas laborales y de ingresos...............................................................................................pág. 17 1.5. Políticas activas de empleo.......................................................................................................pág. 20 2. Mercado de trabajo, negociación colectiva y conflictividad laboral...........................pág. 25 2.1. Crecimiento de la actividad económica y del empleo de calidad..............................................pág. 27 2.2. Dinamismo de la negociación colectiva y de los salarios.........................................................pág. 39 2.3. Conflictividad laboral.................................................................................................................pág. 45 3. Sistema de protección social: hacia la construcción de un piso mínimo .................pág. 49 3.1. Mayor protección social en la Argentina 2003 – 2010.............................................................pág. 51 3.2. Ampliación de la cobertura de los adultos mayores................................................................pág. 54 3.3. Ampliación de la cobertura de los menores de 18 años.........................................................pág. 55 4. Mejora en la equidad........................................................................................................pág. 57 5. Respuesta frente a la crisis financiera internacional 2008/09....................................pág. 65 5.1. Políticas anticíclicas.....................................................................................................pág. 67 5.2 Situación laboral emergente..........................................................................................pág. 68 6. Conclusiones..........................................................................................pág. 72 Bibliografía.............................................................................................................................pág. 81 | 5
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Prólogo Realizar un balance de lo acontecido en Argentina durante el período 2003-2010 en lo que refiere a la situación socio-laboral es adentrarse en el relato de los cambios que permitieron celebrar nuestro Bicentenario en un contexto de crecimiento y paz social cuando, tan sólo una década atrás, parecía que la implosión del modelo productivo y la crisis política era de una magnitud casi irrecuperable. Superar la crisis interna y sortear con éxito la crisis global iniciada en septiembre del año 2008 demuestran claramente que el modelo que hemos elegido no sólo es sustentable, sino que es el que nuestro país requiere para recuperar su senda de crecimiento. Siete años de gestión al frente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y del competente y comprometido equipo técnico y político que me viene acompañando, me permiten afirmar categóricamente que los resultados obtenidos en materia de desarrollo, crecimiento y justicia social no fueron el mero efecto de un rebote post-crisis, de un “viento de cola” favorable a nivel internacional, ni de un fenómeno azaroso. Por el contrario, estos logros fueron la consecuencia directa de la decisión del gobierno de Néstor Kirchner en 2003 de retomar un proyecto de país productivo e inclusivo que se había perdido a mediados de los años setenta. Sobre este rumbo, continuó avanzando y profundizando desde diciembre de 2007 la actual Presidenta Cristina Fernández de Kirchner: incentivar la producción nacional, teniendo como horizonte la generación de empleo y la justicia social, sin dejar de trabajar por una mejor inserción de la Argentina en la región y en el mundo. Durante estos años hemos tenido que administrar y superar, en primer término, los resultados de una crisis interna a nivel económico, político, social y de legitimidad del Estado jamás vistos anteriormente en nuestro país (2001-02). Paralelamente hemos decidido y gestionado la reconstrucción de nuestro entramado productivo, impulsando también un proceso de crecimiento sostenido, con leve impacto de la crisis económica y financiera mundial más importante desde 1930, todo ello junto con nuestro compromiso de fortalecer y mejorar los derechos y la calidad de vida de los trabajadores y del conjunto de ciudadanos de este país. Es así que se hace necesario reflexionar sobre lo acontecido en la Argentina durante los últimos siete años en materia socio-laboral, para comprender de forma más completa y profunda los frutos y desafíos del nuevo patrón productivo | 7
que estamos llevando adelante, identificando los resultados de las políticas y de la trayectoria seguida. Haciendo este ejercicio es posible entender mejor el proceso en marcha y los importantes quiebres que se fueron concretando en la dinámica instituida para revertir las consecuencias de la dirección impuesta por las políticas neoliberales y su relación directa con la ampliación y extensión de la injusticia social. Este estudio no pretende agotar el análisis de todas las acciones llevadas adelante, ni de todas sus repercusiones, pero sí destacar aquellas que sintetizan el importante cambio de rumbo y su impacto en la equidad. Logramos construir un país más justo – aunque aún quede mucho por hacer – y prueba de ello fue el clima social expresado por el pueblo en las calles durante los festejos del 25 de Mayo pasado, donde se reflejó que la situación actual del país es mucho mejor respecto de 100 años atrás y también supera en mucho a la vivencia de desconcierto y falta de horizonte que invadía a la sociedad al inicio de este nuevo siglo XXI. El 25 de Mayo de 2010 se celebró con amplia participación popular, con alegría, con diversidad étnica y cultural, con memoria y con esperanza. Estas observaciones positivas y alentadoras podrían resultar por sí mismas una expresión elocuente de nuestra realidad, pero siempre es necesario e importante contar con más indicadores que permitan analizar los diferentes aspectos que hacen a la actividad del país y a la calidad de vida de su pueblo. Los resultados de este análisis hablan por sí solos respecto de los avances positivos en el plano económico y sociolaboral. Mucho se ha ganado: la transformación profunda de la dinámica del mercado de trabajo, no sólo generando empleo sino mejorando su calidad y su grado de protección; la recuperación de los espacios de negociación colectiva y diálogo social; la ampliación de la cobertura del sistema de protección social y el mejoramiento de los ingresos de los niños y los adultos mayores, impulsando medidas históricas como la Asignación Universal por Hijo y la recuperación por parte del Estado del control de los fondos del sistema previsional; la inserción de los sectores más postergados a través de políticas activas de empleo, mediante la formación y capacitación. Todo esto ha significado transitar un sendero hacia un mayor grado de igualdad, que se expresa principalmente en una distribución del ingreso mejor y más justa. Queda mucho por hacer tanto en el plano económico como en el sociolaboral, pero este balance que estamos difundiendo nos indica que el camino que elegimos es correcto para seguir el rumbo inaugurado hace 200 años con nuestra independencia y lograr el objetivo que el pueblo argentino nos encomendó en elecciones democráticas: alcanzar la felicidad y la prosperidad de la Nación Argentina. Dr. Carlos A. Tomada Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Septiembre de 2010 8 |
Introducción La Argentina en el año de su Bicentenario muestra una fortaleza económica y social no recordada en su historia reciente. La mayoría de los indicadores socio- económicos dan cuenta de una mejora sustantiva alcanzada tanto en materia de crecimiento y desarrollo, como de inclusión social. Y esto es así a pesar del contexto adverso provocado por la última crisis internacional, caracterizada como la más profunda de los últimos 80 años. El nuevo enfoque dado a las políticas públicas económicas y sociales puesto en marcha en el año 2003 modificó de raíz la dinámica laboral de exclusión instalada en nuestro país desde mediados de la década de los setenta y transformó el alcance del sistema de protección social. La promoción del empleo de calidad, productivo y justamente remunerado, junto a la ampliación y redefinición de la protección social orientada a proteger a la mayor parte de la población, constituyen los principales canales a través de los cuales el actual modelo socio-económico mejora las condiciones de vida de las personas. Este documento hace especial hincapié en la evolución de las diferentes dimensiones que conforman el mercado de trabajo para identificar los cambios producidos por las políticas públicas. El balance que se presenta en este informe adopta una perspectiva dinámica analizando los muchos y diversos procesos que influyeron en la configuración de la actual coyuntura, a siete años de haber puesto en marcha un nuevo patrón de crecimiento y desarrollo. La dinámica de transformación actual no puede aprehenderse a través de enfoques estáticos, limitados a constatar cuánto se distancia la realidad observada puntualmente de algún estado o situación ideal que no siempre se formula explícitamente. Al desvincular las observaciones puntuales de los procesos que inciden en su configuración, se sustrae de las conclusiones la dimensión histórica, lo que sirve al propósito de elaborar juicios –en general negativos– sobre la “realidad” observada, pero no aporta a su comprensión. Entre los elementos necesarios para el análisis figuran las políticas públicas y las instituciones que transforman el mercado de trabajo y las relaciones laborales. Estos dispositivos inciden en el perfil de su evolución, y requieren continuidad en el tiempo para concretar en el mediano y largo plazo los cambios estructurales a los que se aspira en el proceso de desarrollo. | 9
Esto no significa que aún en la actualidad persistan dificultades y situaciones inequitativas en materia socio-laboral, que afectan a un gran número de trabajadores y a sus familias. Los logros del enfoque socio-productivo vigente consisten en haber dado lugar a una reducción progresiva, pero sistemática, de problemáticas enquistadas desde larga data en el mercado de trabajo argentino, y que sólo podrán ser resueltas en el transcurso de un proceso más prolongado. En este documento se describen, en primer término, las principales características del modelo socio-productivo y las políticas laborales, de ingresos y empleo implementadas desde el año 2003. El segundo capítulo muestra el impacto que ha tenido este nuevo esquema en la creación de empleos de calidad, en la disminución de la precariedad laboral y del desempleo, en la revitalización de la negociación colectiva y los salarios. En tercer término son descriptas la reconfiguración y la ampliación del sistema de protección social llevadas a cabo en los últimos años. En el cuarto capítulo, se analiza cómo el conjunto de políticas actuó sobre la mejora de la equidad. En quinto lugar se puntualiza la respuesta de la Argentina frente a la crisis mundial en 2008/09 y la fortaleza del modelo socio-productivo para enfrentarla. Finalmente, se plantean las conclusiones. 10 |
1 Esquema del modelo socio-productivo y políticas a partir de 2003 | 11
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1. Esquema del modelo socio-productivo y políticas a partir de 2003 1.1. Marco general Luego de la Segunda Guerra Mundial se implementó en Europa Occidental y en otros países con grados de desarrollo medio y alto, el denominado Estado de Bienestar (Boyer, 2006). Este esquema, basado en políticas de desarrollo industrial y el modo de producción fordista –con un notable crecimiento de la productividad laboral–, permitió la consolidación de un mercado interno a través del incremento de la demanda doméstica. Como resultado se elevaron sistemáticamente los estándares de vida de la población y mejoró la equidad distributiva en las décadas posteriores, sostenida por compensaciones financieras frente a diversos riesgos “colectivos” y por la fuerte articulación socio-económica generada por el sistema productivo. La versión local de la sociedad industrial vinculada a la producción en serie y al Estado de Bienestar también encontraba fuertes anclajes entre el sistema productivo, el mercado de trabajo y los hogares. Si bien existían trabajadores afectados por la informalidad –un rasgo estructural latinoamericano– y por lo tanto excluidos de algunos beneficios sociales, estos constituían una proporción reducida de la población económicamente activa y tenían trazos diferentes a los actuales, en especial con respecto al nivel salarial. En un contexto de pleno empleo, con una elevada tasa de asalarización, el trabajo se constituía en el eje de la integración social y fuente principal de ingresos, un modelo cuyos resultados se manifestaban en altos niveles de cohesión e inclusión social. Desde el último cuarto del siglo pasado comenzó a transitarse un sendero diferente. Esping-Andersen (1993, 1996 y 2000) clasifica distintos sistemas de bienestar, tomando al liberal (o anglosajón) como el que tiende a individualizar los riesgos fomentando soluciones de mercado con un Estado subsidiario limitado a compensar las necesidades de quienes encuentran dificultades de integración. Si bien este modelo coexistió con el Estado de Bienestar, se podría decir que se profundizó a partir de los años setenta, cuando la globalización y la reconfiguración de la producción mundial, así como la ruptura del esquema definido por el capitalismo fondista, debilitaron profundamente sus bases. En términos sociolaborales, las consecuencias de esta transformación fueron negativas: se desestabilizó la condición salarial, creció el desempleo y se precarizaron las condiciones del trabajo (reducción de costos laborales) y su protección, dando lugar a que un gran número de trabajadores transitara hacia la vulnerabilidad sociolaboral (Castel, 2002). Si se toma como referencia comparativa la situación laboral en la Argentina hacia mediados del siglo XX, las consecuencias negativas del proceso abierto por la dictadura militar en el último cuarto del siglo pasado fueron más profundas aún | 13
que las registradas en Europa Occidental. En parte, por un Estado con menor capacidad de respuesta respecto de los Estados de Bienestar consolidados. Pero fundamentalmente como resultado de la aplicación generalizada de políticas de libre mercado, que luego serían profundizadas durante los noventa por las que recomendara el Consenso de Washington. En este contexto, la política pública imprimió supremacía a las cuestiones económicas por sobre las laborales y las sociales. Abogando por la “estabilidad macro” y una mayor eficiencia, se implementaron severas reformas estructurales y privatizaciones que, sumadas a la creciente exposición internacional, condujeron al desmantelamiento del sistema productivo nacional y al debilitamiento del Estado en su rol de garante de las condiciones mínimas de vida de la población. Como resultado, la desarticulación del modelo laboral consolidado en la Argentina derivó en crecientes niveles de desempleo, precariedad y exclusión social. La profunda crisis económica, social y política de 2001/02 que emergió como consecuencia de la primacía del mercado, exigía la revisión de las políticas basadas en aquellas ideas, sin embargo muchos proponían reiterarlas e incluso intensificarlas. Frente a este desafío el Gobierno que se hizo cargo de la gestión en 2003 enfrentó la mirada neoliberal y decidió configurar el modelo socio-productivo en vigencia, con el objetivo de armonizar los requerimientos de la economía globalizada, de competitividad y eficiencia, con la necesidad imperiosa de mejorar las condiciones de vida de la población. Así, entre los ejes que orientaron los cambios se colocó al trabajo de calidad como un determinante de la política pública, y se posicionó al Estado tanto como promotor del desarrollo económico como coordinador de actores y políticas, por ejemplo, a través del estímulo a la inversión y la mejora de la competitividad. En combinación con las medidas para aumentar la productividad se promovió la extensión de la protección social, la determinación de salarios dignos y la ampliación de la formación profesional. También se consideró ineludible para asegurar la cohesión e inclusión social propender a una distribución del ingreso más equitativa, a través del diálogo social, la negociación colectiva; y la articulación de la política salarial con la protección social. Es a partir de esta nueva concepción que se definieron las acciones y políticas implementadas en la Argentina desde el año 2003. 1.2. Lineamientos de las políticas implementadas a partir El Gobierno desde el 2003 Nacional posicionó de 2003 al trabajo en el centro de las políticas públicas, como articulador entre La decisión del Gobierno Nacional desde 2003 fue jerarquizar al empleo colocándolo lo económico y lo social, en el centro de las políticas públicas, situando al trabajo como articulador entre la como factor básico de esfera económica y la social, como fuente de dignidad de las personas, como ciudadanía. factor básico de ciudadanía. El eje de la política pública se orientó a la creación de empleo decente, es decir, productivo y protegido, con los beneficios que prevé la normativa laboral. De este modo, el trabajo fue considerado el núcleo central para la inclusión social, para la mejora de los ingresos, y el acceso a derechos. 14 |
Para ello, no sólo fue necesaria la puesta en marcha de un conjunto de acciones y programas, sino también la recuperación y resignificación del rol del Estado definiendo y articulando las políticas económicas, laborales y sociales. En términos generales, los lineamientos del enfoque socio-económico desarrollado se podrían sintetizar en los siguientes pilares: • La instalación de un patrón de crecimiento orientado a la producción nacional y el empleo, a través de la definición de un conjunto coherente de políticas económicas y sociales (macroeconómicas, tipo de cambio, inversión pública en infraestructura básica y social, subsidios a la producción, políticas educativas y de ciencia y tecnología, entre otras) que permitieron recuperar y mejorar la competitividad del país. • La implementación de políticas activas de ingresos y de promoción de la negociación colectiva, con el fin de incrementar el salario real y mejorar las condiciones laborales. • La instrumentación de acciones dirigidas a mejorar las calificaciones de los trabajadores y a generar canales más eficientes para acceder a mejores oportunidades de empleo, a través de políticas de formación, capacitación e intermediación laboral. • La ampliación del alcance y la cobertura del sistema de protección social con el fin de garantizar prestaciones básicas y transferencia de ingresos especialmente a los grupos y sectores más vulnerables. • La decisión de continuar y fortalecer estas políticas, a pesar de un contexto de crisis global como la desatada a fines del año 2008, y de aplicar un conjunto de medidas económicas y laborales para preservar el empleo existente. En términos simplificados se podría describir el funcionamiento de este enfoque económico del siguiente modo: la fijación de un tipo de cambio competitivo, la realización de importantes inversiones públicas (en especial en infraestructura), y un conjunto de medidas tendientes a sostener el poder adquisitivo de los ingresos familiares expandieron y diversificaron la producción impulsada por el crecimiento de las exportaciones y por la sustitución de bienes importados. El patrón de crecimiento en marcha estimuló las economías regionales y se desarrollaron actividades demandantes de trabajo lo suficientemente diversificadas para permitir que el crecimiento y el desarrollo resultaran inclusivos para la mayoría de la población. Esta dinámica sumada a una política activa de ingresos, de fomento de la negociación colectiva y de ampliación de la protección social colaboró, a través del aumento del consumo, a apuntalar el mercado interno. Este afianzamiento dio lugar a un crecimiento importante de la inversión y a una mejora de la productividad | 15
laboral. Simultáneamente, la aplicación de políticas de regularización laboral, inició un proceso de formalización del trabajo sin antecedentes en la historia reciente de nuestro país. 1.3. Estrategia económica La estrategia macroeconómica permitió una mejora en la competitividad de la economía, el sostenimiento del superávit externo, la promoción de la inversión pública y privada, y un fuerte impulso a la demanda doméstica como motor del crecimiento económico. La política de sostenimiento del tipo de cambio real en niveles competitivos ha sido esencial. No sólo permitió aumentar la rentabilidad de las exportaciones sino establecer una protección al sector productivo (especialmente a la industria) frente a la competencia de las importaciones. Al sostener una cuenta corriente superavitaria y relajar la restricción externa, que caracterizó históricamente al crecimiento en la Argentina, se logró minimizar la probabilidad de ocurrencia de nuevas crisis de liquidez de divisas. La demanda global ascendente de productos alimenticios, propiciada principalmente por el crecimiento de países emergentes como China e India, y la mejora en los términos de intercambio para nuestro país a partir del importante crecimiento de los precios de los productos exportados, contribuyeron a la consolidación de una posición externa superavitaria. Complementariamente, las regulaciones a la entrada y salida de capitales de corto plazo y la re-nacionalización de ciertas empresas públicas de servicios privatizadas contribuyeron a la fortaleza externa1. La política de desendeudamiento a través de la renegociación de la deuda pública, la cancelación de la totalidad de los compromisos que el país tenía con el Fondo Monetario Internacional (FMI), junto a un manejo prudente de la política fiscal han sido elementos centrales que otorgaron mayor autonomía a la política económica. El crecimiento económico y la mejora de la acción recaudadora del Estado (con una mayor participación de impuestos progresivos) permitieron un nivel creciente de gasto público, sin resignar el superávit fiscal. Al mismo tiempo se verificó un impulso importante a la inversión pública, en especial en infraestructura y equipamiento, así como un conjunto de incentivos a la producción nacional, lo cual estimuló la inversión privada llevándola a valores récord. Por último, otro aspecto esencial para explicar el período de fuerte crecimiento económico registrado desde el año 2003 estuvo relacionado con las políticas activas orientadas a incentivar la demanda doméstica, entre las cuales las de empleo e ingresos han sido centrales. Esta orientación, de fuerte impulso al 1 Para ampliar esta temática ver Abeles, 2009; Panigo, 2009. 16 |
consumo interno, permitió que gran parte de los sectores productivos pudieran aprovechar los beneficios del tipo de cambio alto y las condiciones externas favorables, evitando que sólo fueran los sectores tradicionalmente exportadores los que se beneficiaran por ello. 1.4. Políticas laborales y de ingresos En el marco de este nuevo patrón de crecimiento, las políticas laborales en sentido amplio (marcos regulatorios, diálogo social, políticas de ingresos y de empleo, Recuperación del Estado. negociación colectiva, administración de conflictos, inspección de las condiciones Rol activo del Ministerio de trabajo, protección social) tuvieron una línea acorde2. El MTEySS asumió un de Trabajo dinamizando las instituciones laborales papel activo interviniendo en ámbitos abandonados por el Estado en los años claves. anteriores, en base a una estrategia de restablecimiento de las instituciones claves del mundo del trabajo, atribuyéndoles una nueva significación en este nuevo contexto. En este sentido, la revitalización del valor institucional del salario mínimo se constituyó en un importante instrumento para mejorar la equidad en la distribución del ingreso al establecer un piso salarial para los trabajadores de menores recursos, y como política macroeconómica para alentar la demanda agregada. El salario mínimo es determinado por el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil3 integrado por representantes de empleadores y trabajadores, con la presidencia del MTEySS y la participación La reinstalación del de otros representantes del Estado a nivel nacional y del Consejo Federal del Salario Mínimo como Trabajo. Este organismo tripartito fue convocado en el 2004 después de 11 años estrategia para mejorar de inactividad, retomando su funcionamiento regular y consolidando la institución los “pisos” salariales. del salario mínimo a través del diálogo social y el consenso entre los actores involucrados. Un ejemplo palpable del funcionamiento activo de este mecanismo es su evolución en los últimos años: con el último aumento acordado en 2010 el salario mínimo crecerá4 un 820% con respecto al valor que rigió durante la mayor parte de la década de los noventa. En materia de relaciones laborales, la sanción en 2004 de la Ley 25.877 de Ordenamiento Laboral proporcionó un conjunto de instrumentos compatibles con las necesidades coyunturales y con el objetivo estratégico y prioritario del gobierno de estimular el desarrollo del trabajo decente y de tomar partido por fórmulas legales que estimulen la negociación colectiva, la preeminencia de las 2 A lo largo de todo este informe se sintetizan las principales decisiones adoptadas en materia de políticas laborales en sentido amplio y se analizan sus respectivos impactos. 3 Desde el año 2004 el Consejo es convocado anualmente. Es el ámbito tripartito de mayor cobertura en nuestro país. Es un organismo autónomo, con atribuciones norma- tivas asignadas por el Congreso Nacional en materias específicas vinculadas con la re- distribución del ingreso y la atención a los desempleados. Si bien en esos temas –en especial en la fijación del SMVM- es donde gana el mayor impacto mediático, también po- see atribuciones para definir pautas de productividad y formación profesional, a través del funcionamiento de cuatro comisiones técnicas (empleo; productividad; salarios; formación profesional) que abarcan una agenda más amplia que la propiamente salarial. 4 La última etapa de este aumento está prevista para enero de 2011. | 17
normas más favorables al trabajador y la resolución de los conflictos por acuerdos de partes. Asimismo la ley facilita el desenvolvimiento de las pequeñas y medianas empresas para que creen más empleo, y le da intervención al MTEySS juntamente con las administraciones provinciales y con la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para garantizar el cumplimiento de la normativa laboral y de la seguridad social. La reforma laboral revertió la orientación flexibilizadora de las condiciones de Con la sanción de la Ley trabajo impuestas en la década de los noventa5. La nueva legislación reivindica la de Ordenamiento Laboral negociación colectiva en el nivel de rama de actividad o sector por sobre la de niveles se revirtió la legislación inferiores. Cuando hay superposición en los contenidos de distintas negociaciones, flexibilizadora y se se estipula que prevalece la norma más favorable para el trabajador. promovió la negociación colectiva por actividad. La dinámica de la negociación tuvo diferentes estadios en estos últimos siete años. Al principio fue impulsada por el Estado, que articuló las políticas salariales con las de Promoción de la Negociación Colectiva, al disponer que los aumentos de suma fija no remunerativa –que se habían otorgados a los asalariados privados desde 2002– fueran incorporados a los básicos de convenio, lo que impulsó la conformación de paritarias entre empresas y sindicatos. Posteriormente, la negociación se fue extendiendo incluso a sectores donde los sindicatos presentaban dificultades para afianzarse y conformar paritarias. El restablecimiento del paulatino protagonismo sindical permitió encarar las negociaciones laborales en condiciones de mayor equidad. Con el objeto de combatir el trabajo no registrado (fortaleciendo la protección y seguridad social), verificar que las condiciones laborales garanticen el respeto de los derechos fundamentales del trabajo y lograr que los empleadores regularicen en forma voluntaria su situación ilegal, el MTEySS puso en marcha el Plan Nacional de Regularización del Trabajo (PNRT) dirigido a transformar la cultura del incumplimiento de la normativa laboral y previsional. Ello requirió reconstruir la capacidad institucional de este ministerio para llevar a cabo las inspecciones. Un indicador que refleja este hecho es la evolución de la cantidad de inspectores del MTEySS: en el año 2003 previo al lanzamiento del PNRT se contaba con 20 inspectores; en 2010, se contabilizan 400 agentes dedicados a la tarea inspectiva. A este incremento en la capacidad del MTEySS hay que agregarle la intervención específica y coordinada que se realiza en esta materia con ANSES, AFIP y con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, así como la colaboración desarrollada durante estos años con el Consejo Federal del Trabajo y con muchos de los gobiernos provinciales. Este programa relevó alrededor de 827 mil establecimientos, que comprenden a más de 2,6 millones de trabajadores. Como resultado directo de esta política se puede destacar que en 2009, el 38% de los trabajadores no registrados detectados fueron regularizados por efecto directo de la acción inspectiva. 5 La ley de Ordenamiento Laboral N° 25.877 derogó la ley 25.250, llamada la “Ley Banel- co”. 18 |
Esta política sistemática dirigida a reducir la informalidad laboral se desplegó, no sólo a través de la recuperación de la inspección del trabajo, sino también a partir de una diversidad de acciones especificas, entre las que se destacan: • Instalación de la problemática en la agenda pública, fijando una posición El MTEySS puso en mar- clara y explícita del Gobierno Nacional en contra de la contratación de cha el Plan Nacional de trabajadores en forma ilegal. Esta posición se fortaleció con la puesta en Regularización del Tra- marcha de una campaña sistemática de sensibilización a través de los bajo (PNRT), instalando el combate al empleo no medios masivos de comunicación sobre las ventajas de cumplir con las registrado en la acción y obligaciones laborales y tributarias y la protección social que de esto se en la agenda pública. deriva. • Modificación de los procedimientos administrativos con el objeto de simplificar la registración de trabajadores en la seguridad social. El denominado “Programa de simplificación registral” establece un nuevo esquema de registración que propone un procedimiento único que facilita la inscripción de los trabajadores, la identificación de los empleadores y la fiscalización sobre el cumplimiento de la normativa vigente, allanando el camino para reducir el trabajo informal. • Reducción de los costos de contratación para los nuevos trabajadores en empresas pequeñas y medianas. La normativa (Ley Nº 25.877) prevé un subsidio de sus contribuciones patronales a la seguridad social por el término de 12 meses por cada trabajador que incorpore. • Desarrollo de una serie de acciones de difusión a través de diversos medios (escuelas; sindicatos; cámaras; foros consultivos y de debate sobre la temática del trabajo y la producción; medios masivos de comunicación), de los derechos y obligaciones de trabajadores y empleadores. • Implementación de un conjunto de medidas tendientes a regularizar la situación laboral de las trabajadoras del servicio doméstico. Las mismas consisten en la posibilidad por parte del empleador de deducir del impuesto a las ganancias el salario y las cargas sociales correspondientes, la simplificación del sistema de registro y pago de aportes, y el lanzamiento de una intensa campaña mediática con el objetivo de promover la importancia de la registración laboral. • Desarrollo de la red de empresas en el marco de la Responsabilidad Social Empresaria para trabajar con los proveedores de la cadena de valor en la registración del personal. En el marco del diálogo social, el rol del MTEySS se ha extendido más allá de la promoción de la negociación colectiva y de la presidencia del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil. En efecto, se ha llevado adelante una amplia agenda con el fin de desarrollar y profundizar los | 19
espacios institucionalizados de diálogo. El propósito es visibilizar y avanzar en el tratamiento de problemáticas específicas relacionadas con el mundo del trabajo ya sea a través de la concertación tripartita o de la multiactoral, y que los resultados de esta participación puedan incidir transversalmente en las prácticas de los actores y en las políticas y programas del MTEySS. Así, desde 2003 se han ampliado sustancialmente las acciones que se desarrollan en todo el país en materia de género, de no discriminación en el trabajo, y de combate al trabajo infantil, que despliegan la Comisión Tripartita de Igualdad de Trato y Oportunidades6 entre varones y mujeres en el mundo laboral, y la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, que generó una Red de Empresas que ha sido puesta como referencia en otros países de la región, ambas presididas por el MTEySS. Asimismo se ha iniciado el desarrollo del debate con los actores sociales sobre la prevención de adicciones y del consumo de sustancias psicotrópicas y drogas con impacto en el mundo del trabajo. 1.5. Políticas activas de empleo El Estado Nacional a través del MTEySS desarrolló una activa política en materia de empleo coherente con la estrategia de centrar al trabajo como instrumento de ciudadanía y eje de vinculación del funcionamiento de la economía con el bienestar de los hogares. En los primeros años de gestión, se administró responsablemente y se reformuló el Programa Jefes de Hogar que implicaba una transferencia de ingresos a hogares de bajos recursos. Esta política asistió a los grupos más vulnerables de los desocupados, sosteniendo, además, el consumo de quienes enfrentaron mayores restricciones durante los primeras tiempos de la recuperación económica. En el año 2003 este programa brindaba asistencia a más de 2 millones de personas. Sin embargo, en los años subsiguientes, progresivamente muchos de estos trabajadores desocupados fueron incorporándose al empleo formal (más de 600 mil), desarrollaron emprendimientos productivos, o dejaron de percibir el beneficio debido a la modificación de la situación general del hogar (mayoría de edad de los hijos, mejora de los ingresos familiares por la activación general de la economía). En una segunda etapa, producto de la dinámica inclusiva que se fue verificando en el mercado de trabajo, se rediseñó el programa para adecuar las prestaciones a las necesidades de quienes aún requerían de la asistencia del Estado. De esta manera, los hogares con una cantidad superior de hijos y en situación de mayor vulnerabilidad socioeconómica fueron incorporados al Programa Familias por la Inclusión Social (en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social). Por el otro lado, las personas cuyo perfil permitía asistirlas en su inserción en el mercado 6 En cuyo ámbito se creó la Unidad de Violencia Laboral. 20 |
de trabajo fueron atendidas a través del Seguro de Capacitación y Empleo (bajo la responsabilidad del MTEySS), en orden a mejorar su formación y brindarles apoyo para la búsqueda de trabajo. De esta manera, el Ministerio de Trabajo fue transformando el objeto y las características de sus políticas, pasando de un esquema de política social y de transferencias de ingresos, a un sistema basado en la mejora de las condiciones de acceso al mercado de trabajo. Se puso en marcha a fines de 2003, el Plan Integral para la Promoción del Empleo Pasaje de políticas “Más y Mejor Trabajo” que instituye un conjunto de herramientas que promueven sociales a políticas la inserción laboral en empleos de calidad a través de estrategias de mejora de activas de empleo. la empleabilidad, de asistencia en procesos de inserción laboral asalariada o independiente y en el sostenimiento del empleo en sectores o actividades que así lo requieren. Por su parte, este plan se sustenta en dos pilares institucionales: • Red de Servicios Públicos de Empleo: Se crearon y fortalecieron 325 Oficinas de Empleo Municipales en todo el país. Se trata de organismos técnicos de carácter local que intermedian entre la oferta y la demanda de trabajo, brindando en forma gratuita información, orientación y derivación a prestaciones de capacitación y empleo. En ellas se articula el conjunto de herramientas de políticas activas de empleo y las oportunidades de trabajo originadas en el sector privado de la economía, con las personas desocupadas o con aquellas que buscan mejorar su situación laboral. En 2009, más de 380 mil personas fueron atendidas y orientadas en las oficinas de empleo7. • Sistema de Formación Continua: La conformación de este sistema descansa en el diálogo social de los actores del mundo del trabajo: cámaras, empresas, sindicatos, trabajadores e instituciones de formación que asumen compromisos vinculados al desarrollo estratégico sectorial y a la definición de los perfiles y niveles de calificación requeridos para los puestos de trabajo. Esta concertación permite contar con instituciones de formación y certificación de competencias que pueden responder con calidad y pertinencia sectorial a las demandas territoriales basadas en las necesidades de su población. En este marco se pusieron en marcha algunos de los componentes críticos del sistema: i) Red de Instituciones de Formación Continua a través de la implementación de planes de mejora en la calidad de sus prestaciones. Cerca de 250 instituciones en el país fueron fortalecidas en el marco de esta política y 44 implementaron procesos de certificación de su calidad; 7 Se incluye a 65 mil jóvenes que participaron de procesos de orientación laboral dentro del Plan Jóvenes con Más y Mejor Trabajo. | 21
ii) Consejos Sectoriales de Certificación y Formación Continua de carácter tripartito: se está trabajando en la actualidad con actores representativos de aproximadamente 40 sectores de actividad productivos; iii) Certificación de competencias para el trabajo: más de 40 mil personas ya certificaron competencias laborales. Entre 2003 y 2010 alrededor de un millón de personas fueron capacitadas, ya sea a través de la realización de actividades específicas de formación profesional, como por la finalización de sus estudios primarios o secundarios. En promedio, se advierte que en ese período cerca de 134 mil personas por año recibieron capacitación, mientras que en 2003 sólo fueron 15 mil los trabajadores capacitados. La importancia asignada a esta temática se destaca también en términos presupuestarios anuales, considerando que entre 2003 y 2009 se multiplicaron 11 veces los recursos comprometidos. En el año 2009, el Estado invirtió cerca de 175 millones de pesos en la mejora del sistema de formación continua. En el marco de este plan integral desde el año 2008 se desplegaron actividades para los jóvenes desocupados de entre 18 y 24 años y con escolaridad primaria o secundaria incompleta. El Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo dispone de un conjunto de prestaciones integradas de apoyo a la elaboración e implementación de un proyecto formativo y ocupacional con el objetivo de proporcionarles oportunidades laborales vinculadas con sus perfiles, sus expectativas y sus entornos. Por otra parte, el MTEySS ha desarrollado asimismo una política específica para mejorar la Empleabilidad de las Personas con Discapacidad, en orden a procurar para ellas la igualdad de oportunidades laborales8. Las acciones se desarrollan en forma conjunta con organizaciones gubernamentales y ONG, a través de la red de Oficinas de Empleo para garantizar una amplia territorialización. A través del conjunto articulado de prestaciones en materia de empleo, formación y capacitación (para jóvenes y adultos) se han ido complementando los planes centrados exclusivamente en la transferencia directa de ingresos. Entre 2003 y 2009 se triplicó la cantidad de beneficiarios de programas de empleo9 que recibieron algún tipo de asistencia –complementaria a la exclusivamente monetaria– lo que representa un crecimiento de casi un millón trescientas mil personas considerando el conjunto de planes y programas en las líneas de trabajo10 llevadas a cabo por este Ministerio. 8 Este compromiso ha tenido una expresión concreta en el ámbito del Ministerio de Trabajo con el programa INTEGRANDO, que permitió alcanzar la meta del 4% del personal confor- mado con hombres y mujeres con capacidades diferentes (Ley 25.689) y establecer una referencia a replicar en el sector público y privado. 9 Al millón ochocientos mil beneficiarios incluidos en las diversas prestaciones del MTEySS se suman cien mil personas correspondientes al programa Argentina Trabaja (Ministerio de Desarrollo Social). 10 Un mismo beneficiario puede recibir más de una prestación. Si se contabiliza a los beneficiarios sólo una vez, se observa que el incremento ha sido igualmente muy sustantivo, dado que se pasó de asistir a 620 mil personas en el año 2003 a atender a través de este conjunto de líneas de trabajo a más de 1,2 millones de beneficiarios. 22 |
Gráfico 1. Cantidad de beneficiarios de políticas activas de empleo según tipo de prestación brindada por el MTEySS11 . Comparación 2003 – 2009 (en miles de beneficiarios) 1000 883 900 poliTicaS acTiVaS DE EmplEo 800 (excluyendo las relacionadas sólo con transferencia de ingresos) crecimiento entre 2003/09: + 1,3 millones de beneficiarios 700 606 600 500 382 380 400 300 211 200 100 49 15 0 0 0 0 ocupación Transitoria mejora de la orientación laboral Sostenimiento del inserción laboral Empleabilidad Empleo asistida 2003 2009 Fuente: MTEySS, en base a Secretaria de Empleo (Área de Monitoreo). El balance 2003 – 2009 atestigua que el MTEySS brindó a más de 4,8 millones de personas orientación laboral, capacitación para el trabajo, prestaciones A través del conjunto de relacionadas con la inserción en el empleo, y/o asistencia directa a los grupos más acciones de empleo y vulnerables a través de transferencias de ingresos. C11 capacitación, el Ministe- rio de Trabajo apoyó a más de 4,8 millones de Cabe destacar que las políticas activas de empleo se desplegaron teniendo en personas entre 2003 y 2009. cuenta el desarrollo productivo local, espacio que integra un activo intercambio entre los gobiernos provinciales y municipales y los actores socio-productivos en sus jurisdicciones, a fin de dar respuesta a los problemas específicos de empleo y de calificaciones. En el marco de este enfoque clave se han firmado los últimos años más de cuatrocientos “acuerdos territoriales” en todo el país. De esta forma las políticas activas de empleo acompañaron la dirección estratégica del crecimiento socio-productivo del país en estos últimos años. Las acciones desplegadas se realizaron, en una porción importante, con la participación y el compromiso de los representantes de los trabajadores, de los empresarios, de las instituciones de formación, de los sistemas educativos locales, de la mayoría de los gobiernos provinciales y municipales y de los movimientos sociales. 11 No se incluyen las prestaciones que implican únicamente transferencia directa de in- gresos. Estas prestaciones son: Orientación Laboral (orientación laboral para jóvenes; per- sonas atendidas en oficinas de empleo); Mejora de la Empleabilidad (formación profesional; finalización de estudios formales; entrenamiento para el trabajo; certificación de competen- cias); Sostenimiento del Empleo (Programa de Recuperación Productiva (REPRO); interza- fra y programas contracíclicos estacionales; convenios sectoriales frente a emergencias); Ocupación Transitoria (actividades comunitarias; apoyo en obras de infraestructura pública; Argentina Trabaja –Ministerio de Desarrollo Social-); Inserción Laboral Asistida (inserción laboral pública, privada, obra pública local; emprendimientos productivos individuales y aso- ciativos). | 23
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2. Mercado de trabajo, negociación colectiva y conflictividad laboral 2.1. Crecimiento de la actividad económica y del empleo de calidad El fuerte crecimiento de la economía articulado con políticas de inclusión de los trabajadores a través de las instituciones laborales posibilitaron −en un plazo relativamente breve considerando los tiempos históricos de las sociedades− una reversión de las tendencias de desempleo, precarización del empleo, caída de salarios y debilitamiento de los sindicatos que habían signado las últimas décadas del siglo XX en la Argentina. La estrategia macroeconómica tuvo entre sus efectos más importantes, el crecimiento elevado y sostenido del Producto Bruto Interno (PBI), sólo interrumpido por el inicio de la crisis financiera internacional que sumergió a la economía mundial en una profunda recesión. En efecto, el PBI argentino se incrementó en promedio 8,6% anual entre 2003 y 2008. Dicho crecimiento fue superior al evidenciado en América Latina en su conjunto y en la mayoría de los países de la región tomados individualmente. El PBI se incrementó anualmente a un prome- Este crecimiento se basó, fundamentalmente, en la expansión y fortalecimiento del dio del 8,6%. Sólo en la entramado productivo nacional. Una prueba elocuente de ello es la incorporación industria, el comercio y neta de alrededor de 125 mil nuevas empresas privadas en la industria, comercio los servicios se crearon y servicios12 durante el período comprendido entre 2003 y 2009, que significó un 125 mil empresas for- males del sector privado. incremento cercano al 36%. El contexto macroeconómico favorable, sumado a la existencia de fuertes incentivos a nivel micro, condujo no sólo al mencionado proceso de apertura de firmas, sino también a la consolidación de las empresas existentes. En primer lugar, se destaca la fuerte participación de las nuevas firmas MiPyME (más del 97% de las empresas nacidas corresponden a este segmento) que favoreció una amplia renovación del tejido productivo argentino y la expansión del empleo dado que estos establecimientos de menor tamaño son en general intensivos en mano de obra. En segundo lugar, existe un número importante de empresas que no sólo estabilizaron sus operaciones durante los últimos años, Las empresas existentes sino que además se expandieron, pasando de microempresas a PyME y de este no sólo pudieron consoli- último segmento, hacia el grupo de las grandes firmas. También se destaca un dar su situación, sino que conjunto de empresas creadas durante el período que experimentaron un proceso muchas se expandieron de tamaño, generando de rápido crecimiento. Esta elite de firmas (denominadas “gacelas” en la literatura empleo registrado. internacional)13 explicaba hacia fines de 2009 la mitad del empleo generado por todas las empresas nacidas durante el período. 12 Excluyendo de este análisis a las empresas pertenecientes a la construcción y al sec- tor primario. 13 Para ampliar esta temática, ver Birch, 1981. | 27
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