INFORME COLOMBIA Seguimiento al Compromiso de Lima Observatorio Ciudadano de Corrupción - Organización Aliada
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INFORME COLOMBIA
Seguimiento al Compromiso de Lima
Observatorio Ciudadano de Corrupción
Fotografía: Flavia Carpio | Unsplash
País: Colombia Socio local: Transparencia por Organización Aliada: Ocasa
Colombia
Créditos
Equipo de Trabajo
Sandra Ximena Martínez Coordinadora
Sergio Nicolás Rocha Investigador
Diana Romero Manchola Investigadora
Representantes de la Organización de la Sociedad Civil
Ocasa Red Universitaria Anticorrupción – RedUva
Carlos Rodríguez Daniel Mauricio Villamil
Julián Rivera María Emilia Arciniegas
Matea Salinas
Asociación de Becarios De Casanare Alexa Romero Meléndez
ABC Liliana Saldaña Martínez
Marcela Vega Saavedra Laura Sofía Heredia
Mónica Niño Silva Juan David Gutiérrez Winston
Luisa Ramos Bernal
Funcicar Federico Salazar Ching
Carolina Calderón Guillot Daniela García Moreno
Walter Arturo Mejía Rivera Santiago Montero Tofiño
Alberto Ortega Aguirre
Cordupaz
Ricardo Rangel
Transparencia en el deporte Diálogo Democrático
Mauricio Hernández Ana Lucelly Velasco
Jonathan Rojo Zuluaga
Extituto de Política Abierta Corporación Región
Andrea Cervera Lucía Mercedes
Juan Pablo Guzmán Solórzano Juan Fernando Vélez Granada
David Núñez Amórtegui
Fotografía: Flavia Carpia
“Este proyecto es posible gracias al apoyo de la Oficina de Asuntos Hemisféricos
Occidentales del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Este documento fue
financiado por una subvención del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Las
opiniones, resultados y conclusiones expresadas en este documento son las personas y
organizaciones autoras y no reflejan necesariamente las del Departamento de Estado de los
Estados Unidos.”
2
Contenido
Introducción 3
Organizaciones Participantes 5
Contexto de Colombia 7
Lucha contra la corrupción en medio de la coyuntura creada por la pandemia y la
movilización ciudadana. 7
Resultados para Colombia 10
1. Fortalecimiento de la Gobernabilidad Democrática 11
2. Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Denunciantes y Derechos
Humanos, Incluyendo la Libertad de Expresión. 14
3. Financiamiento de Organizaciones Políticas y Campañas Electorales 16
4. Prevención de la Corrupción en Obras Públicas, Contrataciones y Compras Públicas 17
5. Cooperación Jurídica Internacional; Combate al Cohecho, al Soborno Internacional, al
Crimen Organizado y al Lavado de Activos; y Recuperación de Activos 19
Conclusiones 20
Avances en la Lucha contra la Corrupción. 20
Debilidades en la Lucha contra la Corrupción 21
Llamados a la acción 23
Acciones y Recomendaciones para el Cumplimiento del Compromiso de Lima en
Colombia. 23
Referencias 28
Anexo No. 1 Valoración del Compromiso de Lima en Colombia 31
Siglas del Documento
DANE= Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas.
FCA = Foro Ciudadano de las Américas
OCC = Observatorio Ciudadano de Corrupción
ODS = Objetivos de Desarrollo Sostenible
OEA= Organización Estados Americanos
ONG= Organización no gubernamental
OSC = Organizaciones de la Sociedad Civil
PASCA = Participación de la Sociedad Civil en la Cumbre de las Américas
Redlad: Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia
SECOP= Sistema Electrónico para la Contratación Pública
SIGEP= Sistema de Información y Gestión del Empleo Público
Introducción
3
El Observatorio Ciudadano de Corrupción (OCC) - Seguimiento al Compromiso de Lima tiene
como principal propósito fortalecer el Foro Ciudadano de las Américas (FCA) mediante la co-
creación, junto con la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (REDLAD) y el
Foro Ciudadano de las Américas (FCA), de un observatorio que ofrece apoyo técnico a la
implementación del proyecto Participación de la Sociedad Civil en la Cumbre de las Américas
(PASCA). En el marco de las actividades desarrolladas por el OCC se adelantó el seguimiento
al avance del Compromiso de Lima mediante la puesta en marcha de una metodología que
ponderó los desarrollos normativos y de práctica, y se basó en la discusión participativa de
distintas organizaciones de la sociedad civil en cada uno de los 19 países participantes en
este proceso.
El Observatorio es una coalición de organizaciones de sociedad civil y actores sociales del
continente, creada con el fin de hacer seguimiento al cumplimiento de los acuerdos
adoptados por los gobiernos del hemisferio en la VIII Cumbre de las Américas celebrada en
2018 en Lima, Perú. El Compromiso de Lima, “Gobernabilidad Frente a la Corrupción”,
documento resultante de la Cumbre, constituyó una oportunidad para refrendar y ratificar los
compromisos internacionales previos en temas de lucha contra la corrupción.
En ese sentido, el informe nacional tiene como objetivo presentar un resumen de los
resultados y las conclusiones del seguimiento al avance y/o cumplimiento en Colombia de
los compromisos de la Cumbre 2018, construidos a partir del documento de metodología de
seguimiento al Compromiso de Lima1 y la revisión de información realizada por 10
organizaciones de la sociedad civil colombiana. La totalidad de la información recolectada en
el marco del seguimiento puede ser consultada en el sitio web del OCC2.
La metodología de seguimiento al Compromiso de Lima permite valorar desde la sociedad
civil los avances y/o cumplimiento de 19 compromisos priorizados3 por el OCC para el
seguimiento en cada uno de los países participantes en este observatorio. El seguimiento se
basa en la revisión de los desarrollos a nivel tanto normativo4 como de práctica que los
gobiernos nacionales han realizado durante los últimos dos años, en torno a los compromisos
adquiridos de lucha contra la corrupción.
A nivel normativo se revisó la legislación vigente, a partir de 75 preguntas de guía frente a los
desarrollos de carácter constitucional, legislativo y jurisprudencial. El análisis de la práctica
consiste en la revisión de medidas concretas tomadas por el gobierno en respuesta a los
compromisos adquiridos. Para esto, se construyeron 64 preguntas, que fueron respondidas
mediante solicitudes de información, entrevistas, consulta a reportes de medios de
comunicación, informes e investigaciones adelantadas en la materia, entre otros. Esta
1
La metodología puede ser consultada en: https://occ-america.com/metodologia/
2
Disponible en: https://occ-america.com/
3
Los 19 compromisos se priorizaron teniendo en cuenta la aplicabilidad de estos compromisos en cada uno de
los países participantes del OCC.
4
El OCC construyó un primer balance sobre los indicadores normativos a nivel regional, el documento se encuentra
disponible: https://occ-america.com/2021/07/29/primer-informe-del-observatorio-ciudadano-de-corrupcion-
revela-avances-y-retos-normativos-para-la-lucha-anticorrupcion-en-la-region/
4información constituye el sustento para valorar cada compromiso en términos de eficacia,
eficiencia y sostenibilidad5.
Organizaciones Participantes
Buscando una participación diversa desde la sociedad civil, en ese seguimiento al
Compromiso de Lima participaron de manera activa las siguientes 10 organizaciones de la
sociedad civil colombiana:
Transparencia por Colombia6, Organización de la sociedad civil
con más de 22 años de experiencia en la lucha contra la
corrupción y capítulo nacional de Transparencia Internacional, ha
liderado desde la sociedad civil la lucha contra la corrupción y la
promoción de la transparencia, en lo público y en lo privado, para fomentar una ciudadanía
activa, fortalecer las instituciones y consolidar la democracia.
Ocasa7, punto focal del Foro Ciudadano de las Américas en
Colombia. Como organización de la sociedad civil, sin ánimo de
lucro, apartidista, fundada y conformada por jóvenes, Ocasa
trabaja en pro de una democracia transparente y una ciudadanía
activa. Como parte del trabajo transversal que se hace en materia de lucha contra la
corrupción, la Corporación Ocasa hace parte de la Coalición UNCAC como red global de
organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la implementación y monitoreo de la
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
Transparencia en el Deporte8, Organización parte del nodo
anticorrupción con base en Medellín. Es una organización externa al
sistema deportivo, profesional, civil e independiente que se encarga
de facilitar mecanismos de educación y compliance para los actores
públicos y privados del sistema deportivo en Colombia y la región.
Este año con la participación en el Observatorio Ciudadano de
Corrupción, se espera incidir positivamente en las autoridades para
que se adopten mejores prácticas de gobernanza en el sistema deportivo, con el apoyo de
agentes externos, profesionales, civiles e independientes.
5
Más adelante en el informe se presentará con mayor detalle los aspectos metodológicos de este seguimiento.
6
Sitio web de la Organización: https://transparenciacolombia.org.co/
7
Sitio web de la Organización: https://ocasa.org.co/
8
Ver sitio web de la Organización: http://transparenciaeneldeporte.com/
5Asociación de Becarios de Casanare ABC9, ONG con 14 años de
experiencia, que promueve la gobernanza y la conservación de los
territorios en el departamento del Casanare a través de tres líneas
estratégicas: i) Conservación y Soberanía ambiental, donde
desarrollamos procesos de investigación socioambiental, ii)
Comunicación para el Desarrollo, a través de la cual creamos
experiencias de comunicación para apropiar conocimientos,
documentar experiencias, formar comunicadores, y fomentar diálogos, enfocados en
conservación y gobernanza territorial, iii) Educación para la Gobernanza, el diálogo de saberes
y culturas, y la participación social y política para que los actores re-valoren el territorio.
Extituto de Política Abierta10, Organización que trabaja en el
fortalecimiento de liderazgos sociales, políticos y colectivos en
prácticas de innovación política que incidan, ocupen y habiten
espacios de toma de decisión, basándose en los pilares de Gobierno Abierto, para lograr una
política más abierta y una democracia más sólida, que redistribuye el poder y es más cercana
a la ciudadanía. Desde Extituto se considera fundamental poder fortalecer instituciones y co-
crear con estas soluciones que les permitan ser más abiertas, más transparentes, más
cercanas a la ciudadanía y más inclusivas, por eso se diseñan herramientas y tecnologías de
innovación política y democrática.
Funcicar11, Iniciativa ciudadana, independiente y apartidista que
desde hace 28 años trabaja por una cultura democrática en
Cartagena y el Caribe colombiano. Incide promoviendo una
ciudadanía participativa, monitoreando el desempeño de actores
políticos y haciendo control social a la inversión pública con su
programa Vigila Cartagena. Desde el 2018 ha protegido $3.7
billones de pesos gracias al seguimiento a la contratación y ejecución, alertas preventivas,
recomendaciones, denuncias y movilización ciudadana. Su trabajo tiene eco en la
Administración, Órganos de Control, medios de comunicación y líderes de la ciudad los
reconocen como una fuente de información importante para la toma de decisiones.
Red Universitaria Anticorrupción (RedUva)12, Fundación de jóvenes,
de carácter independiente, que ve la necesidad de combatir con
urgencia el flagelo de la corrupción que enferma al país, para ello
trabaja sobre dos objetivos fundamentales: (i) educar a la población
colombiana en principios y valores para crear una cultura en torno
a la transparencia, el valor por lo público y el deber social con el país
y (ii) visibilizar tanto actos de corrupción, como las buenas
prácticas, para que la ciudadanía tome conciencia de la situación
9
Ver sitio web de la Organización: https://abccolombia.org/
10
Ver sitio web de la Organización: https://www.extituto.org/
11
Ver sitio web de la Organización: http://www.funcicar.org/
12
Ver sitio web de la Organización: https://reduva.org/
6actual del país, recupere la confianza en las instituciones y se motive a luchar contra la
corrupción, objetivos que materializamos a través de nuestras tres líneas de acción:
Comunicaciones, Transformación Social e Investigaciones.
Corporación REGIÓN para el Desarrollo y la Democracia13,
Organización de la sociedad civil colombiana creada en enero de
1990 con el propósito de aportar a la construcción de una
sociedad justa, democrática y en paz, mediante la promoción de
los derechos humanos, el fortalecimiento de la ciudadanía, la equidad de género y la defensa
de lo público. Tiene sede en Medellín y trabaja en distintos territorios del departamento de
Antioquia y del país. Participa en proyectos que buscan identificar riesgos y presuntas
modalidades de corrupción ocurridas en Medellín en los temas de salud y educación y
proponer una estrategia educativa para su prevención.
Dialogo Democrático14, Organización que adelanta el proyecto de
animación y promoción de lectura “Sembrar la Palabra en el
Corazón” con el apoyo del programa nacional de concertación
cultural del Ministerio de Cultura. Ha iniciado una escuela de liderazgo democrático para
lideres juveniles en el Quindío. Apoya las jornadas pedagógicas en espacio público como una
manera de acompañar a los jóvenes quindianos que están en el paro nacional, en temas
relativos al significado de la democracia, los derechos humanos y la constitución política de
Colombia. De modo similar, realizan charlas y talleres para sensibilizar a la ciudadanía sobre
las afectaciones al territorio a causa de proyectos económicos extractivistas.
Corporación Desarrollo y Paz De Córdoba y Urabá-Darién,
CORDUPAZ15, Organización de la sociedad civil, conformada en
2010, con el propósito de contribuir a la construcción de paz en
Córdoba, las regiones del Urabá antioqueño y Darién chocoano,
promoviendo el valor de la vida, facilitando capacidades para el
diálogo entre los diferentes actores, la participación y la incidencia en lo público, e impulsando
el logro de consensos que integren visiones compartidas de territorio, que permitan, también,
la transformación de conflictos en lo local, regional y nacional.
Contexto de Colombia
Lucha contra la corrupción en medio de la coyuntura creada por la pandemia y la
movilización ciudadana.
13
Sitio web de la Organización: https://www.region.org.co/
14
Ver sitio web de la Organización: http://www.rendircuentas.org/
15
Ver sitio web de la Organización: https://www.pdpcordobayuraba.org/
7Para el 2020, Colombia se ubicó en el puesto 92 de 180 en el Índice de Percepción de la
Corrupción -IPC-, con una calificación de 39 sobre 100. Este índice mide los niveles en los que
es percibida la corrupción en el sector público y el puntaje obtenido por Colombia evidencia
un estancamiento pues, desde el año 2012, el país ha fluctuado entre los 36 y los 39 puntos
de calificación.
Este estancamiento se explica parcialmente en el hecho de que, aunque existe un marco
normativo amplio que aborda temas en temas como la promoción de la integridad en la
función pública, la transparencia y el acceso a la información pública y la rendición de cuentas
del financiamiento de las campañas16; existen todavía brechas en la reglamentación e
implementación de estas normas, así como situaciones de contexto social y político que
obstaculizan su aplicación práctica.
La actual coyuntura en Colombia se ha visto marcada por la pandemia del Covid 19, la cual
ha significado la profundización de la desigualdad en el país17, a la vez que ha coincidido con
desafíos para el sistema de pesos y contrapesos del sistema democrático. Un ejemplo de
esto es la marcada concentración de poder en cabeza del ejecutivo, la disminución en los
controles sobre la contratación pública de los recursos destinados para la atención de la
pandemia, y el deterioro en la independencia de las instituciones y órganos de control, como
lo destacan los informes de Transparencia Salva Vidas (2020).
La conjugación del descontento social, la falta de confianza en la institucionalidad, y la crisis
económica agravada por las medidas de aislamiento, fueron factores que entre 2020 y 2021
contribuyeron al reciente estallido social18 que retomó las inconformidades reflejadas en
manifestaciones previas como el paro de maestros de 201719, el paro universitario de 201820
y el paro nacional de 2019.21 En el marco de esta movilización se ha evidenciado la necesidad
de avanzar en medidas para la rendición de cuentas y acceso a la información pública sobre
situaciones que constituyan violación de derechos humanos, la revisión del equilibrio de
poderes e independencia de los órganos de control e investigación, la protección a los grupos
16
Ver Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2019), Alianza Regional por la Libre Expresión e
Información (2020) y el primer balance del Observatorio Ciudadano de Corrupción “Indicadores normativos”
(2021).
17
De acuerdo con el DANE, la medición de desigualdad para 2021 es de 0,54, cifra más alta desde 2012.
18
Desde el 28 de abril de 2021 inició una serie de manifestaciones en todo el territorio nacional. Las protestas
ante la presentación de un proyecto legislativo de reforma tributaria y el aumento de la inequidad y la pobreza por
el contexto de la pandemia, empeoraron dado las violaciones a derechos humanos en el marco de las
manifestaciones y el incumplimiento al acuerdo de paz, entre otros. Ver más en:
https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20210506-colombia-razones-paro-nacional-protestas-
gobierno-ivan-duque
19
El paro de maestros puso en discusión la calidad y el financiamiento de la educación pública en el país. Se puede
encontrar más información en: https://www.las2orillas.co/dejo-paro-maestros-2017/.
20
El paro universitario de 2018 continúo las movilizaciones que pedían una mayor financiación a la educación
pública en Colombia. Se puede encontrar más información en:
https://www.eltiempo.com/vida/educacion/razones-del-paro-de-estudiantes-y-profesores-de-universidades-
publicas-278998
21
El paro nacional de 2019, confluyeron una serie de protestas en contra de las reformas pensionales, laborales
y educativas, tal como aparece en https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50520302
8en condición de vulnerabilidad en un contexto agravado por la pandemia y la investigación, y
la reparación de los hechos de corrupción. (Transparencia por Colombia, 2021)
La situación actual del país reitera la importancia que tiene avanzar en acciones de lucha
contra la corrupción que permitan generar confianza en las instituciones públicas y contribuir
a la gobernanza democrática. Para esto, mecanismos como las auditorías independientes a
la gestión pública, la promoción de los datos abiertos y la participación ciudadana, las
reformas para fortalecer la integridad de los sistemas judiciales y asegurar el nombramiento
basado en el mérito entre muchos otros, hacen parte del conjunto de medidas que el Estado
colombiano se ha comprometido a impulsar para tal fin, y que a su vez fueron recogidos
en el Compromiso de Lima.
El seguimiento de manera participativa al cumplimiento del Compromiso de Lima, fue
desarrollado por 10 Organizaciones de la Sociedad Civil, quienes desde un enfoque nacional
y local, abordan distintos temas como la participación y garantía de derechos de los jóvenes
(Corporación OCASA y RedUva, Diálogo Democrático) corrupción en el sector deportivo
(Transparencia en el Deporte), innovación política (Extituto), construcción de paz y enfoque
territorial (ABC Casanare, Funcicar, Cordupaz y Corporación Región).
La diversidad de aportes en cuanto al territorio y temáticas de trabajo de estas organizaciones
sociales permitió hacer el seguimiento al cumplimiento de estos compromisos de lucha
contra la corrupción desde una mirada amplia, así como desde un enfoque que reconoce las
afectaciones de este fenómeno en la garantía y prestación de derechos humanos básicos y
las barreras que genera para el goce efectivo de los derechos civiles y políticos.
A continuación, se presentan los principales resultados de este ejercicio. Este análisis se
complementa con la información recogida en el Anexo 1 “Valoración del Compromiso de Lima
en Colombia” y en el Anexo 2 “Acciones y Recomendaciones para el Cumplimiento del
Compromiso de Lima en Colombia”.
9Resultados para Colombia
Como resultado de la VIII Cumbre de las Américas, proceso en el que el Foro Ciudadano de
las Américas participó activamente, los países de la región suscribieron el Compromiso de
Lima, titulado "Gobernabilidad Democrática frente a la Corrupción" en el cual se establecieron
57 compromisos para que los Estados miembros implementen acciones concretas que
fortalezcan la confianza de la ciudadanía en las instituciones, y reduzcan el impacto negativo
de la corrupción en el goce efectivo de los derechos humanos y en el desarrollo sostenible de
las poblaciones del hemisferio americano.
Para realizar el seguimiento a la implementación de los acuerdos de la Cumbre de Lima, se
seleccionaron 19 de los 57 compromisos, a partir de cuatro criterios: (i) compromisos que
pudieran ser sostenibles en el tiempo, (ii) compromisos que cuenten con mayor posibilidad
de institucionalizarse, (iii) que incorporen nuevos enfoques en las acciones anticorrupción, y
(iv) que incluyan la perspectiva de población en condición de vulnerabilidad clasificados.
Estos 19 compromisos se agrupan en 5 temas específicos:
A. Fortalecimiento de la gobernabilidad democrática.
B. Transparencia, acceso a la información, protección de denunciantes y derechos
humanos, incluyendo la libertad de expresión.
C. Financiamiento de organizaciones políticas y campañas electorales.
D. Prevención de la corrupción en obras públicas, contrataciones y compras públicas.
E. Cooperación jurídica internacional; combate al cohecho, al soborno internacional, al
crimen organizado y al lavado de activos; y recuperación de activos.
Estos compromisos fueron analizados mediante la identificación de los desarrollos
normativos y prácticos, los cuales se valoraron en una escala22 de 0 a 3 tomando en cuenta
los siguientes criterios de seguimiento:
● Eficacia, establece en qué medida las acciones desarrolladas por el gobierno como
resultado del Compromiso de Lima contribuyen a la lucha contra la corrupción en el
país,
● Pertinencia, establece en qué medida las acciones desarrolladas por el gobierno son
oportunas, convenientes y adecuadas de acuerdo con el contexto económico,
institucional y/o social del país.
● Sostenibilidad, determina en qué medida las acciones realizadas para cumplir con el
compromiso, tendrán continuidad en el tiempo.
La gráfica No. 1, presenta los resultados generales obtenidos para Colombia en los cinco
temas en los que se clasifican los compromisos:
22
Valorados bajo una escala de 0 a 3: 0= no registra, 1=baja, 2=media y 3=alta
10Gráfica 123. Resultados por temáticas del Compromiso de Lima
Elaboración propia a partir de la información diligenciada por las OSC participantes en la plataforma del OCC
● De acuerdo con la metodología de seguimiento, los avances en acciones de lucha
contra la corrupción no alcanzaron en ninguno de los ejes temáticos una valoración
media (2.0/3.0). Esto a pesar de que el Primer Balance de Indicadores Normativos del
OCC (2021), destacó a Colombia como uno de los países de la región con mayor
desarrollo normativo para el cumplimiento del Compromiso de Lima.
Para examinar el desarrollo normativo de cara a la implementación práctica del Compromiso
de Lima en el país, a continuación, se presentan los resultados más detallados en torno a los
compromisos clasificados en cada tema.
1. Fortalecimiento de la Gobernabilidad Democrática
En términos generales, los seis compromisos analizados en este tema obtuvieron
valoraciones que se clasifican en una escala media/baja en materia de sostenibilidad,
pertinencia y eficacia. Esto indica que, en algunos casos, aunque la identificación de
desarrollos normativos fue alta, en la aplicación práctica de los mismos la valoración cayó
significativamente. Esta situación se observa principalmente en el compromiso No. 2 -el cual
obtuvo un puntaje de 1.33/3.0- puesto que, aunque existe un marco normativo amplio que
23
Los colores implementados en las gráficas de este documento, dan cuenta de la asignación de color dada a
cada uno de los ejes temáticos para el OCC y no tienen correspondencia con una escala numérica
11establece la autonomía e independencia judicial, en la práctica se han presentado
cuestionamientos a la elección del actual Fiscal General de la Nación, debido a su cercana
relación con el Presidente de la República (Más información + derechos. 2020).
Gráfica 2. Resultado de los compromisos relacionados con el fortalecimiento a la gobernabilidad democrática
Elaboración propia a partir de la información diligenciada por las OSC participantes en la plataforma del OCC
● El compromiso mejor valorado por parte de las OSC (1.83/3.0), corresponde a la
adopción de medidas para prevenir los conflictos de interés (compromiso No. 10). En
este caso se valoró altamente el criterio de sostenibilidad puesto que la Ley 2013 de
2019, estableció la obligatoriedad para la presentación de las declaraciones
patrimoniales, de renta y conflictos de intereses para todos los funcionarios públicos
del país, medida que ha sido significativa para acceder de manera pública a esta
información, ejercer mayor seguimiento a los conflictos de intereses y poder cruzar
esta información con otros datos, dado que la Ley también estipuló la creación de un
mecanismo para sistematizar y publicar esta información.
12Sin embargo, a pesar de que la información está siendo publicada en el Sistema de
Información y Gestión del Empleo Público SIGEP24, el procesamiento de ésta no ha
garantizado la prevención de conflictos de intereses. Además, se evidenció falencias
en el cumplimiento de los estándares de datos abiertos, y se encontraron casos en los
que la información reportada estaba incompleta o desactualizada.
● En contraposición, entre los compromisos peor valorados se encuentra el
compromiso No. 7 que se refiere a la promoción de la equidad de género y el
empoderamiento de la mujer como propósito transversal de las políticas
anticorrupción (1.17/3.0). Al respecto, aunque a nivel nacional y local se ha avanzado
en la inclusión de la mujer en posiciones decisorias25, no existe articulación alguna
entre las acciones anticorrupción y la agenda de género.
● El compromiso No. 8, que busca “Incluir a los diversos grupos en situación de
vulnerabilidad en la definición de medidas para fortalecer la gobernanza y combatir la
corrupción” obtuvo la calificación más baja en todo el seguimiento (0.67/3.0). Aunque
la protección de los grupos en condición de vulnerabilidad es un principio
constitucional, mediante este ejercicio de seguimiento no se identificaron normas que
específicamente dispongan o creen un mecanismo para incorporar a los grupos en
condición de vulnerabilidad en la definición de las medidas anticorrupción. La
importancia de priorizar estos enfoques diferenciales en la lucha contra la corrupción
radica en que permite por una parte, abordar el fenómeno desde una perspectiva
amplia, comprendiendo el rango de daños y vulneración de derechos que causa, y, por
otra, contribuye al seguimiento de otros compromisos asumidos para el país como,
por ejemplo, el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)26.
24
Ver más información en: https://www.funcionpublica.gov.co/web/sigep/que-es
25
Es necesario aclarar que este progreso es aún menor en el nivel territorial del país; existen departamentos y
municipios en los que la agenda de equidad de género y empoderamiento de la mujer no presenta avances.
Asímismo, el sector deportivo presenta fuertes rezagos en la inclusión de mujeres en las posiciones de decisión.
26
Este compromiso se relaciona con el objetivo No. 10 sobre reducción de las desigualdades y el No. 16 “Paz,
justicia e instituciones sólidas” de los ODS.
132. Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Denunciantes y Derechos
Humanos, Incluyendo la Libertad de Expresión.
Gráfica 3. Resultado de los compromisos relacionados con la transparencia, acceso a la información, protección
de denunciantes y derechos humanos, incluyendo la libertad de expresión.
Elaboración propia a partir de la información diligenciada por las OSC participantes en la plataforma del OCC
● A nivel general los compromisos relacionados con temas de transparencia y acceso
a la información obtuvieron valoraciones media y alta en los criterios de eficacia,
pertinencia y sostenibilidad. Sin embargo, tres compromisos – el No 15, el No 21 y el
No 22 – que abordan otros temas como avanzar en la tipificación de los delitos y la
protección a los denunciantes, obtuvieron calificaciones que fluctúan en un puntaje
entre medio y bajo.
● Los compromisos relacionados con medidas para garantizar la transparencia de la
información pública - No. 14 y No. 16,-, recibieron calificaciones entre medio y alto.
Esta valoración se sustenta en que, a nivel normativo, desde el 2012 Colombia hace
14parte de la Alianza de Gobierno Abierto (AGA)27, cuenta con la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información de 2014 y dispone de la ley 2016 de 2020 -por medio del cual
se crea el sistema de integridad pública-. No obstante, en la puesta en práctica de
estas normas se evidencian algunas falencias relacionadas con las capacidades de
las instituciones para desarrollar las acciones establecidas en el compromiso:
→ El ejercicio realizado por las OSC dio cuenta que la mayor parte de la
información suministrada por las entidades públicas no cumple con los
estándares de datos abiertos
→ Según el informe de Digital 2021 cerca del 30% de la población colombiana no
tiene acceso a internet lo cual genera una limitación directa en temas de
acceso a la información. (DataReportal. 2021)
→ Durante los últimos años se ha visto un retroceso en las actividades realizadas
para el cumplimiento de compromisos relacionados con estos temas, lo cual
se ve reflejado en mediciones como el Índice de la Encuesta de Presupuesto
Abierto (2019)28.
● Uno de los compromisos peor valorados es el No. 22 que aborda la protección a los
denunciantes, testigos e informantes de actos de corrupción. De hecho, de los
compromisos que conforman este segundo eje temático, es el de menor calificación
(0.87/3.0). Esta valoración desde la sociedad civil se sustenta por las siguientes
razones:
→ En Colombia, la legislación sobre denuncia y protección al denunciante es muy
escasa. Por un lado, se restringe esencialmente a una categoría de
denunciante: el servidor público, y, por otro lado, contempla de manera muy
dispersa los temas relacionados con la denuncia (Transparencia por
Colombia. 2021a). Además, las iniciativas de legislación en la materia han
carecido de voluntad política para su promulgación. Un ejemplo de esto es que
el capítulo I del Proyecto de Ley 34129 que contemplaba las medidas de
protección para los quejosos, denunciantes o quien informe actos de
corrupción, fue retirado del articulado.
→ En la práctica el número de denuncias por corrupción han aumentado tanto en
el nivel nacional, como en el local, y aún en el sector deportivo30. Sin embargo,
27
“Es una iniciativa multilateral en la que participan más de 70 Estados que fomenta la participación efectiva y
mejorar la capacidad de respuesta de los gobiernos hacia sus ciudadanos, mediante la implementación de
estrategias en materia de transparencia, acceso a la información, participación ciudadana y uso de nuevas
tecnologías, que logren generar cambios concretos y visibles” Más información en la secretaria de transparencia
en: http://www.secretariatransparencia.gov.co/internacional/alianza-para-el-gobierno-abierto
28
Ver el puntaje de Colombia: https://www.internationalbudget.org/es/open-budget-survey/country-
results/2019/colombia
29
El Proyecto de Ley 341 de 2020 fue presentado por el Gobierno Colombiano como una actualización del Estatuto
Anticorrupción, en éste se busca reforzar los pilares de prevención y sanción y fortalecimiento institucional. El
proyecto fue aprobado en Cámara de Representantes y se encuentra en curso en el Senado de la República
30
Los datos disponibles en la Secretaría de Transparencia (2018), que entregó el Grupo Revisión y Análisis de
Peticiones, Denuncias y Reclamos de Corrupción de esa entidad, muestran que en 2013 se recibieron 1.516
denuncias y en el 2017 un total de 3.608, lo cual indica un aumento sustancial (2092) en apenas cuatro años.
15la falta de conocimiento de los canales de denuncia y de eficiencia de las
autoridades en adelantar los debidos procesos de investigación, así como el
poco respaldo político que han tenido las propuestas de proyecto de ley sobre
la protección al denunciante de actos de corrupción, son obstáculos visibles
para el cumplimiento de este compromiso en el país.
● Respecto al Compromiso No. 15 relacionado con la autonomía e independencia de los
órganos de control superior, el seguimiento a su implementación arrojó una
calificación baja (1.13/ 3.0). La revisión de información para valorar este tema
presenta como un elemento en común que la elección de personas cercanas al
gobierno para dirigir órganos de control, tales como la Defensoría del Pueblo
(Espectador, 2020), la Procuraduría General de la Nación (La Silla Vacía. 2020), y la
Contraloría General de la Nación (Razón Pública. 2020), es percibida de manera
negativa por la sociedad civil, ya que puede desembocar en la ausencia de control e
investigación de presuntos actos de corrupción. La misma situación se replica en el
nivel local en donde se han hecho evidentes la cercanía entre los directores de órganos
de control locales y, los gobernadores y alcaldes, tal como es el caso de la contralora
del Casanare y el exgobernador del mismo departamento. (Prensa Libre, 2020).
3. Financiamiento de Organizaciones Políticas y Campañas Electorales
Gráfica 4. Resultado del compromiso relacionado con el financiamiento de organizaciones políticas y campañas
electorales.
Elaboración propia a partir de la información diligenciada por las OSC participantes en la plataforma del OCC
● En cuanto a las medidas para controlar el financiamiento de los procesos político-
electorales, Colombia cuenta con un marco normativo amplio, el cual aborda aspectos
de transparencia, rendición de cuentas, equidad y auditoría, entre otros. En la práctica
Más información en: https://transparenciacolombia.org.co/wp-content/uploads/doc-caracterizacion-
denuncia.pdf
16la plataforma de rendición de cuentas de las campañas políticas, Cuentas Claras31,
significa un importante avance para garantizar la transparencia en el financiamiento
a la política.
● En desarrollo del seguimiento del Compromiso de Lima, las OSC participantes
manifestaron la dificultad existente para comprender la información y forma de
consulta de los datos que se registran en la plataforma Cuentas Claras. Asimismo, en
desarrollo de análisis de la información y seguimiento desarrollados desde sociedad
civil, se han identificado varias falencias en la calidad de la información disponible
sobre ingresos y gastos de las campañas políticas, así como, la falta de sanciones
más efectivas oportunas por financiamiento ilegal de campañas. (Transparencia por
Colombia, 2019 & 2019a)
4. Prevención de la Corrupción en Obras Públicas, Contrataciones y Compras Públicas
Gráfica 5. Resultados de los compromisos relacionados con la Prevención de la corrupción en obras públicas,
contrataciones y compras públicas
Elaboración propia a partir de la información diligenciada por las OSC participantes en la plataforma del OCC
● En general los tres compromisos analizados en este eje temático fueron valorados
con puntajes entre bajo y medio. Sin embargo, debe destacarse que el compromiso
No. 27 tiene la mejor calificación de todo el Seguimiento. Este compromiso se enfoca
en la promoción de sistemas electrónicos para compras gubernamentales,
contrataciones de servicios y obras públicas.
31
El aplicativo Cuentas Claras es una herramienta en formato web desarrollada por Transparencia por Colombia
con el apoyo técnico y financiero de NDI/USAID, para que los candidatos y las organizaciones políticas reporten
los movimientos contables de sus campañas de acuerdo con lo estipulado en el marco normativo colombiano.
Esta herramienta fue donada el Consejo Nacional Electoral en el año 2011. La autoridad electoral hizo obligatorio
el uso de este aplicativo mediante la expedición de las resoluciones 1044 de 2011 y 3097 de 2013. Cuentas Claras
permite la consulta ciudadana de la información reportada. Ver www.cnecuentasclaras.gov.co
17Particularmente para el caso de Colombia, esta calificación en términos de
sostenibilidad se basa en la expedición de la Ley 1882 de 2018, la cual estipula la
publicación obligatoria de la totalidad de las etapas de contratación en la plataforma
del Sistema de Contratación y Compras del Estado - SECOP, y la Ley 2022 de 2020 que
reglamenta el uso de pliegos tipo para la elaboración de cualquier pliego de
condiciones para la contratación pública. Además, en términos de desarrollos
prácticos, el país cuenta con el SECOP como herramienta para el reporte de toda la
contratación de bienes y servicios de carácter público que hagan las entidades del
orden nacional y territorial. Sin embargo, en el análisis de la información publicada en
SECOP también se identificaron algunos problemas relacionados con la calidad de los
datos registrados, los tiempos de publicación y la actualización de la plataforma.
● El compromiso No. 29 que se refiere a la promoción e inclusión de cláusulas
anticorrupción en todos los contratos del Estado, obtuvo la calificación más baja de
este cuarto eje temático (1.33/3.0). Si bien el país cuenta con la Ley 80 de 1993, la
cual reglamenta de manera amplia la contratación pública y aborda las cláusulas
excepcionales por medio de las cuales el Estado puede finalizar el contrato, estas no
contemplan para su aplicación razones basadas en actos de corrupción.
Ahora bien, dentro del proceso precontractual el proponente debe presentar el
“Compromiso Anticorrupción”32 en el cual declara y se compromete a tomar las
medidas necesarias para garantizar la transparencia en la celebración y ejecución del
contrato; éste solo permite el retiro de la oferta en caso de comprobar el
incumplimiento por parte del proponente, por lo que, una vez suscrito el contrato, éste
queda sin fuerza vinculante.
32
Colombia Compra Eficiente creó el anexo “Compromiso anticorrupción”, el cual ha sido incorporado requisito
en el proceso de contratación, ver en:
http://www.nuevalegislacion.com/files/susc/cdj/conc/cext_ancp_15_14.pdf
185. Cooperación Jurídica Internacional; Combate al Cohecho, al Soborno Internacional,
al Crimen Organizado y al Lavado de Activos; y Recuperación de Activos
Gráfica 6. Resultado de los compromisos relacionados con la cooperación jurídica internacional; combate al
cohecho, al soborno internacional, al crimen organizado y al lavado de activos; y recuperación de activos
Elaboración propia a partir de la información diligenciada por las OSC participantes en la plataforma del OCC
● Las acciones que buscan fomentar la cooperación jurídica internacional, el combate
al cohecho, al soborno internacional, al crimen organizado y al lavado de activos, y
recuperación de activos, han sido destacadas como elementos centrales para avanzar
en la lucha contra la corrupción en el hemisferio, así lo indicó el Grupo de Expertos en
Corrupción en el documento “Lima Statement on Corruption involving Vast Quantities
of Assets”33.
● En este tema la mejor calificación la recibió el compromiso No. 41, relacionado con la
adopción de medidas para permitir el embargo preventivo, la extinción de dominio y la
confiscación de activos producto de la corrupción (1.77/3.0). Al respecto, resaltan
acciones como la nueva política pública contra el Lavado de Activos y la Financiación
del Terrorismo, que fue encabezada por el Departamento Nacional de Planeación y la
implementación de los memorandos de entendimiento y las actividades conjuntas
entre las entidades de control.
● En este último eje temático, el compromiso con la valoración más baja es el No. 37
que se refiere a las medidas para promover la cooperación entre las autoridades
judiciales para la investigación y judicialización de los delitos relacionados con la
corrupción (1.6/3.0). A pesar de que en la indagación de la información en torno a
estas acciones se encontraron avances en el desarrollo de convenios
33
La declaración es el resultado de la reunión de más 80 expertos especializados en investigar y enjuiciar la
corrupción denominada Reunión del Grupo Global de Expertos sobre Corrupción que involucra grandes
cantidades de activos y se encuentra disponible para su consulta en
"https://www.unodc.org/documents/corruption/LimaEGM2018/Outcome_Statement_Lima_EGM_2018.pdf"
19interadministrativos para fomentar la cooperación, la judicialización y sanciones a los
actos de corrupción dependen en gran medida de la presión mediática y ciudadana.
Conclusiones
En el marco del seguimiento al Compromiso de Lima, se adelantó un ejercicio de análisis entre
los desarrollos normativos, sus implementaciones en la práctica y la valoración de dichas
acciones desde una perspectiva que recoge tres criterios fundamentales para el
cumplimiento efectivo de estos compromisos: la eficacia de estas acciones, su pertinencia y
la capacidad de ser sostenibles en el tiempo. Como resultado de este ejercicio se presentan
avances, debilidades y llamados a la acción en la lucha contra la corrupción para Colombia.
Avances en la Lucha contra la Corrupción.
El Compromiso de Lima constituyó una oportunidad primordial para refrendar compromisos
internacionales previos asumidos por el Estado colombiano, así como identificar escenarios
propicios para la discusión, elaboración e implementación de medidas anticorrupción en el
país, entre los que se destacan:
I. La promulgación y difusión del código de conducta para los todos los funcionarios públicos
y la construcción como la política pública de corrupción, iniciativas del gobierno que se
caracterizan por ser producto de procesos participativos en los que se abrieron espacios
de diálogo para incorporar a las entidades de nivel nacional y local, y a expertos sobre los
temas anticorrupción.
II. El proceso de eliminación de trámites innecesarios realizado por medio del Decreto 2106
de 2019, implicó un avance en tanto facilita el acceso de la ciudadanía a los servicios del
Estado. La eliminación de trámites es el resultado de un proceso participativo en el cual
se consideró la perspectiva de las entidades y sus funcionarios y, de la ciudadanía en
general. La reglamentación de la Ley 2052 de 2020 -enfocada en la rama ejecutiva- y la
inclusión efectiva de medidas para su implementación en cada entidad por medio de los
planes anticorrupción, es un ejemplo significativo y altamente valorado desde las OSC
que participaron en este ejercicio de seguimiento.
III. La obligación de la publicación de las declaraciones de renta de los funcionarios públicos.
Esta era una tarea pendiente del gobierno colombiano desde la Convención de las
Naciones Unidas Contra la Corrupción34. En Colombia, la promulgación de la Ley 2013 de
2019 por medio de la cual se hizo obligatoria la publicación de esta información, permitió
la creación y disposición de una plataforma para el registro y la consulta de las
declaraciones. Como resultado de ello, de acuerdo con el Departamento Administrativo
de la Función Pública (2020), durante el primer año de implementación de la Ley se
reportó un porcentaje de cumplimiento del 86% para Senadores de la República, 77% para
34
La guía técnica de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción la contempla como una medida para
la promoción de la integridad, la honestidad y la responsabilidad entre los funcionarios públicos.
20Representantes a la Cámara, 59% de los Gobernadores, 54% de los Diputados, 31% de los
alcaldes, el 24% de los concejales y el 2% de los ediles.
IV. Desde el año 2018 la Secretaría de la Transparencia se encuentra en construcción de la
Política Pública Anticorrupción, la cual según se ha indicado, incluirá elementos
prioritarios para avanzar en el cumplimiento del Compromiso de Lima, la Convención de
las Naciones Unidas Contra la Corrupción y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre
otros, al incluir elementos diferenciales en las acciones de lucha contra la corrupción
como el enfoque de género y el análisis desde la vulneración de derechos humanos.
Resulta importante mencionar que, si bien la Política Pública no ha sido publicada, la
estrategia implementada para su elaboración35 denota un esfuerzo por priorizar la
participación ciudadana en la construcción de medidas anticorrupción.
Debilidades en la Lucha contra la Corrupción
La recolección de información de los indicadores normativos y de práctica, acompañada de
las valoraciones de cada compromiso a partir de los criterios de eficacia, eficiencia y
sostenibilidad, presentan algunas falencias en aspectos que requieren especial atención y
fortalecimiento, entre los que se destacan:
I. Baja implementación de las medidas normativas. Durante la fase de recolección de
indicadores normativos, se evidenció que en Colombia existe -a excepción de los
nuevos enfoques anticorrupción sobre inclusión de grupos en condición de
vulnerabilidad y el enfoque de género en las políticas anticorrupción- un marco
normativo amplio y diverso de medidas de lucha contra la corrupción. Sin embargo, al
analizar de manera más detenida su reglamentación y puesta en práctica, se
encuentra que en buena parte de los compromisos observados cuentan con un bajo
desarrollo práctico en términos de mecanismos, canales, o políticas públicas que
sustenten lo dispuesto en la norma. Así las cosas, se entiende que, si bien la existencia
de desarrollos normativos amplios es fundamental para enfrentar este fenómeno, en
la práctica falta avanzar en la puesta en marcha de medidas para su debido
cumplimiento.
II. Concentración de poder en cabeza del ejecutivo, que obstaculiza el cumplimiento de los
compromisos No.2 y 15 referente a la independencia de la rama judicial y los órganos
de control respectivamente. Esta concentración del poder se ha visto de manera
concreta en el cuestionamiento a los nombramientos de altos funcionarios de
órganos de control por su cercanía con el gobierno, y a la falta de procesos de
investigación y sanción a posibles hechos de corrupción, que genera el riesgo de
incrementar la desconfianza de la población en las entidades públicas.
Al respecto, la encuesta Edelman Trust Barometer 2021, señala lo siguiente: “La
institución en la que más desconfían los colombianos continúa siendo el Gobierno.
35
Se conjugaron medidas como la realización de grupos focales en el año 2019, consultas por medio de encuestas
como la urna de cristal y mesas de trabajo con algunas entidades territoriales.
21Colombia se ubica en el cuarto lugar como una de las naciones con mayor
desconfianza en esta institución, con 20 puntos por debajo del promedio global que
se encuentra en 53%.” Las organizaciones de sociedad civil participantes en el OCC,
señalan este desequilibrio en el sistema de pesos y contrapesos como una limitante
para ejercer el control y la vigilancia de las entidades, incidiendo también, de manera
negativa, en las condiciones para ejercer el control social desde la ciudadanía.
La concentración de poder se ha convertido en una práctica usual, a tal punto que
sectores como privados que administran recursos públicos como el deportivo
presencian el mismo tipo de dificultades para garantizar la administración y
redistribución de los recursos asignados.
III. Ausencia de normatividad referente a la protección de denunciantes, informantes y
reportantes de actos de corrupción. El 29 de octubre de 2020 se radicó en el Congreso
de la República el Proyecto de Ley 341 “por medio del cual se adoptan medidas en
materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y otras
disposiciones”, que contemplaba en su capítulo primero medidas para la protección a
denunciantes, informantes y reportantes. Sin embargo, en medio de la discusión en
el Senado, el capítulo fue completamente eliminado.
Esta decisión, es contradictoria no solo con discusiones previas llevadas a cabo en el
Congreso en torno a la importancia de legislar en la materia, punto abordado en la
Consulta Anticorrupción36 y en el Proyecto de Ley Pedro Pascasio Martínez37, sino
también, con la suscripción de compromisos internacionales como el Compromiso de
Lima y la Convención Interamericana Contra la Corrupción.
IV. Vulneración de los derechos humanos y corrupción. Partiendo del hecho de que la
corrupción afecta el acceso y goce efectivo de los derechos humanos, económicos,
sociales y culturales de la ciudadanía, se concluye que corrupción y la ausencia de
respuestas efectivas por parte de las entidades gubernamentales generan un
descontento ciudadano, con particular énfasis en los grupos en condición de
vulnerabilidad como mujeres, indígenas y jóvenes.
En ese sentido, aspectos cruciales que se abordan en los compromisos No. 7, 8 y 22
relacionados con la participación ciudadana en la creación e implementación de
estrategias de lucha contra la corrupción, deben ser especialmente considerados en
el país, con el fin de fortalecer la confianza en la institucionalidad y consolidar
espacios entre la ciudadanía y el gobierno.
36
En agosto de 2018, se llevó a cabo un proceso de Consulta Popular por medio del cual se buscaba endurecer
las sanciones por corrupción, sin embargo, ésta no cumplió con el umbral necesario para continuar su trámite, no
obstante, como resultado de ésta, en el Congreso de la República se radicaron iniciativas que retomaban las
intenciones de la consulta
37
En el 2019, surtió curso en el Congreso de la República el proyecto Pedro Pascasio Martinez, el cual se
enfocaba en la protección a los denunciantes de actos de corrupción, éste fue retirado con el fin de incluir dicho
apartado en el Estatuto Anticorrupción
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