Pobreza y mercado laboral: Insercio n precaria, estancamiento estructural.

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Pobreza y mercado laboral: Insercio n precaria, estancamiento estructural.
Pobreza y Mercado Laboral: inserción precaria, estancamiento estructural
                 Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad - DeJuSticia                       2012

    Pobreza y mercado laboral: Insercion
     precaria, estancamiento estructural.
Introducción

El presente documento tiene como objetivo destacar la existencia de un círculo vicioso en la
relación entre el mercado laboral y el fenómeno de la pobreza en Colombia. El funcionamiento del
mercado laboral amplía las brechas en el ingreso entre ricos y pobres, y condena a estos últimos a
una inserción laboral precaria que les impide superar sus privaciones de forma autónoma. La
existencia de altas tasas de desempleo e informalidad, las cuales afectan en mayor medida a los
trabajadores más pobres, representan también una subutilización de capital humano: un
problema de eficiencia económica. Ante la ausencia de una política integral para generar trabajo
digno, la única forma para mitigar el impacto sobre el bienestar causado por la incapacidad de
generar ingresos suficientes por parte de los más pobres es someterse al rebusque en el sector
informal o acudir a los programas de asistencia social. De esta forma, el fenómeno de la pobreza
se gestiona, mas no se combate con eficacia y con respeto por la autonomía de las personas.

La desigualdad y la pobreza, que en este documento se concibe como una carencia de las
oportunidades y los bienes necesarios para llevar una vida valiosa, generan a su vez unos cortos
circuitos en el desarrollo y el crecimiento económico, que impiden la creación sostenida de
empleos de calidad. En efecto, una consecuencia nefasta de la persistencia de altos índices de
pobreza e indigencia es que un amplio segmento de la población queda excluido de la dinámica
económica. Al estar sujetos a enormes carencias estos sectores poblacionales tienen una
capacidad limitada de demandar bienes y servicios, y por lo tanto, de inducir una expansión de la
producción y del empleo. El crecimiento económico del país se ha confiado al impulso de la
demanda externa y a la capacidad adquisitiva de los sectores más pudientes y la clase media en el
mercado interno. Los pobres no representan una demanda solvente que las empresas se orienten
a atender, o que sea capaz de inducir una mayor producción. El desarrollo económico en Colombia
se ha independizado de la suerte de las clases populares.

Este patrón de crecimiento, sin embargo, tiene sus límites. En un contexto internacional volátil, en
el que crisis económicas cada vez más recurrentes reducen sustancialmente los flujos de inversión
y la demanda de bienes y servicios en el mercado internacional, la importancia de un mercado
interno dinámico es fundamental para sostener el crecimiento económico. Y a su vez, un mercado
interno en el que la demanda agregada logre impulsar, sin interrupciones, la actividad económica,
requiere la democratización de las oportunidades de empleo e ingresos: la reducción continua y
progresiva de la pobreza.
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Para el surgimiento de nuevas fuentes de empleo es imprescindible que exista una cadena
ininterrumpida de compras de los bienes producidos entre las distintas clases sociales: el incentivo
a la producción inicial de nuevos bienes lo brinda la demanda de las personas más pudientes, pero
para que la escala de la producción se incremente en el naciente sector es necesario que primero
las clases medias, y luego los más pobres, demanden los bienes a los que antes solo podían
acceder los más ricos.

Las teorías del crecimiento endógeno han demostrado que la consolidación de las actividades
económicas a gran escala opera mediante este proceso en el que los lujos a los que hoy tiene
acceso la población de mayores ingresos, se convierten en las necesidades, o en bienes de
consumo masivo por parte del resto de la población el día de mañana (Foellmni & Zweimüller,
2006). Cuando existen enormes brechas entre ricos y pobres, este proceso sin embargo no puede
completarse con éxito: el desarrollo de nuevas actividades económicas queda interrumpido
porque la capacidad adquisitiva de la población más pobre es insuficiente para brindar el impulso
necesario para la expansión de la producción. Cuando el ingreso se concentra excesivamente en
un segmento muy estrecho de ciudadanos, los lujos permanecen siendo lujos, y solo muy
lentamente llegan a convertirse en bienes que el resto de la población puede demandar
masivamente (Matsuyama, 2002). El desarrollo de nuevas actividades económicas queda
confinado a atender la demanda de los más privilegiados. Entonces la dinámica de generación de
empleo se estanca lo cual agrava el fenómeno de insuficiencia de demanda necesario para
expandir la producción y superar la pobreza.

El problema distributivo tiende a ser minimizado en la medida en que los sectores económicos
internos puedan continuar expandiéndose para responder a la demanda externa y de los más
ricos. Pero en cuanto estas fuentes de crecimiento se muestran insuficientes, o las privaciones del
segmento mayoritario se tornan intolerables –entre ellas la imposibilidad de desarrollar sus
capacidades porque no pueden acceder a bienes que se perciben ahora como esenciales, o el no
lograr encontrar un empleo digno- este patrón de crecimiento con desigualdad extrema entra en
crisis. La crisis a nivel económico puede superarse con una reactivación de la demanda externa, u
otra serie de estímulos, pero en la medida en que no se diseñen políticas para democratizar la
distribución del ingreso, los riesgos de recaer en ella estarán siempre latentes, tanto más en
cuanto más volátil sea el comportamiento de los mercados internacionales. Por el contrario, la
crisis de legitimidad de este modelo de crecimiento con desigualdad extrema es mucho más
profunda y plantea un enorme desafío para la democracia colombiana.

Para demostrar las consecuencias de este círculo vicioso entre pobreza, distribución del ingreso y
un pobre desempeño del mercado laboral este documento se estructura en cuatro partes. En la
primera se ofrece una perspectiva conceptual para abordar la pobreza y se examina la evolución
que este fenómeno ha tenido en la economía colombiana en los últimos años. En la segunda, se
analiza el comportamiento del mercado laboral en clave de distribución de ingresos, para
aproximarse a las características específicas de la inserción laboral de la población más pobre. En
la tercera parte se plantean una serie de hipótesis sobre los factores que pueden explicar que en
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Colombia el mercado laboral sea un mecanismo que agrava las desigualdades, y que tenga una
falla estructural para combatir la trampa de pobreza que enfrenta todavía un segmento
importante de la población. Y en la parte final se proponen una serie de estrategias para superar el
círculo vicioso descrito y que el mercado laboral se convierta -reconociendo las limitaciones que
tiene para alcanzar estos propósitos y las complementariedades necesarias con otros ámbitos de
política para lograrlo- en un espacio de realización personal para la población de menores ingresos
y en un mecanismo a través del cual combatir efectivamente la pobreza y reducir la desigualdad.

    1. La pobreza en Colombia: un asunto de privación de
       capacidades para decidir cómo vivir

La pobreza ha sido definida de múltiples formas: como insatisfacción de ciertas necesidades
básicas, como carencia de ingresos suficientes para adquirir determinados bienes, entre otras.
Cada una de estas concepciones se fundamenta en supuestos éticos y políticos sobre los
elementos mínimos que se requieren para considerar dignas las condiciones de vida de una
persona. De estas concepciones se desprenden diferentes metodologías de medición, construidas
a partir de una base de información que se considera relevante para poder comparar las
condiciones de vida de los individuos de tal forma que pueda decirse que unos están en situación
de pobreza y otros no.

Amartya Sen ha sostenido que tomarse en serio una concepción del desarrollo humano como
expansión de las libertades de los individuos implica modificar la base de información con la cual
tradicionalmente se juzga si una persona es pobre o no. En palabras de Sen:

“[…] cuando se analiza la justicia social, existen poderosas razones para juzgar la ventaja individual
en función de las capacidades que tiene una persona, es decir, de las libertades fundamentales de
que disfruta para llevar el tipo de vida que tiene razones para valorar. Desde esta perspectiva, la
pobreza debe concebirse como la privación de capacidades básicas y no meramente como la falta
de ingresos, que es el criterio habitual con el que se identifica la pobreza”. (Sen, 2000, pág. 114)

Las ventajas de asumir esta concepción de la pobreza son múltiples. La primera es que esta
perspectiva apunta a corregir aquellas dimensiones de la pobreza que representan un mal para los
individuos, a saber, las privaciones de las capacidades que ellos valoran, y no se concentra
solamente en brindar un posible instrumento para adquirir capacidades o bienes como lo es el
ingreso. El poner el énfasis en las capacidades que las personas tienen razones para valorar,
implica reconocer la importancia que tiene para estas la posibilidad de agenciar su propia vida. Por
lo tanto, no basta con que las personas alcancen ciertos niveles de bienestar, sino que también es
fundamental que el proceso por medio del cual lo hagan sea respetuoso de sus libertades y
elecciones. En este sentido, el estar privado de la posibilidad de gozar de un empleo productivo
que les permita ingresos suficientes a las personas para desarrollar un proyecto de vida,
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representa una afrenta contra su autonomía, que no se corrige en cuanto se les garantiza unos
niveles mínimos de bienestar por medio de la asistencia social.

En segundo lugar, este enfoque de la pobreza reconoce que hay una serie de factores que pueden
explicar la privación de capacidades distintos a la carencia de ingresos (la exclusión social, la
existencia de discriminaciones, la imposibilidad de acceso a mercados, etc.) y por ende plantea la
necesidad de enfrentar de manera integral todos estos factores adicionales al momento de
combatir la pobreza.

En tercera medida, reconoce que la forma en que los ingresos –o las dotaciones iniciales de otros
bienes- se pueden transformar en realizaciones que las personas valoran, depende de la diferencia
en las capacidades de los individuos. Dos personas con un mismo nivel de ingresos, pero con
diferencias importantes en sus habilidades y en los contextos que viven, no necesariamente logran
transformar esos ingresos en realizaciones valiosas de la misma manera. Un habitante rural puede
alcanzar mejores niveles de nutrición que una persona que habite en las ciudades, pese a que
ambos tengan la misma disponibilidad de ingresos para adquirir alimentos. La pobreza en el
terreno de los ingresos es distinta a la pobreza en el terreno de las capacidades, aunque suelen
estar asociadas.

El enfoque de las capacidades permite además el desplazamiento de una comprensión de las
personas como sujetos de necesidades a otra como sujetos de derechos. Este cambio de
perspectiva involucraría dos exigencias fundamentales para las estrategias de erradicación de la
pobreza. La primera es que la política pública debería orientarse a garantizar derechos y no a
satisfacer necesidades, lo cual remite a la obligación que tiene el Estado de lograr las condiciones
requeridas para que toda persona, sin ninguna clase de distinción, pueda acceder a ciertas
garantías mínimas fundamentales. La necesidad deja de existir al momento de ser satisfecha, por
tal razón las políticas asistenciales son transitorias; en cambio, un derecho nunca deja de serlo y
las políticas orientadas a su garantía tienen un carácter permanente (Corredor, 2010).

La segunda exigencia sobre las políticas de este enfoque de capacidades es que partan de
reconocer que la pobreza no puede ser vista como un asunto individual de quien la padece. El
contexto social genera segregación y el individuo excluido, inmerso en una sociedad de mercado
donde las fuentes de auto-subsistencia son muy limitadas, queda vulnerable. En otras palabras, “la
perspectiva de las personas como sujetos de necesidades conduce al individualismo, mientras que
la perspectiva de derechos conduce a la ciudadanía” (Ibíd, Pág. 62). Reconocer esta dimensión
colectiva y estructural de los problemas es un presupuesto necesario para diseñar soluciones
integrales. El desempleo involuntario persistente, por ejemplo, no es un fenómeno que sea
responsabilidad del individuo, sino de un conjunto de factores macroeconómicos, sectoriales y
laborales que le niegan la posibilidad de una inclusión productiva.

Si bien, el enfoque de las capacidades representa un importante avance conceptual para abordar
el fenómeno de la pobreza, en el terreno de la medición queda mucho camino por recorrer. La
mejor aproximación a un índice de pobreza que recoja las exigencias del enfoque de capacidades
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en Colombia es el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) desarrollado por la Oxford Poverty &
Human Development Initiative (OPHI), y calculado por el Departamento Nacional de Planeación
con base en los datos de las Encuestas de Calidad de Vida para los años 1997, 2003 y 2008. Este
indicador refleja el grado de privación de las personas en 15 variables que comprenden 5
dimensiones: condiciones educativas del hogar; condiciones de la niñez y juventud; trabajo; salud
y condiciones de la vivienda (incluyendo el acceso a servicios públicos domiciliarios). Se considera
que una persona es pobre si tiene privaciones en al menos 5 variables. Una ventaja adicional del
indicador es que permite estimaciones a nivel municipal sobre la brecha, la incidencia y la
severidad de la pobreza.

El cuadro 1 presenta la evolución del IPM para los años disponibles. Como puede observarse la
pobreza se ha reducido en 25 puntos porcentuales en los últimos 11 años, hasta alcanzar una tasa
del 35% para 2008. La tasa de pobreza en el sector rural es más del doble de la de las ciudades,
con el agravante de que la reducción en el campo fue mucho más lenta.

Cuadro 1. Evolución del Índice de Pobreza Multidimensional. 1997-2008. Nacional, urbano y rural.

                            1997        2003         2008       Reducción porcentual
       Total Nacional       60%         49%           35%              -18,33
           Urbano           50%         39%           27%              -22,00
            Rural           87%         78%           61%              -10,34
Fuente: (DNP, Índice de Pobreza Multidimensional (IPM-Colombia) 1997-2008 y meta del PND
para 2014, 2011)

Tomando como línea de base la tasa de pobreza del orden de 35% para 2008, el gobierno del
presidente Juan Manuel Santos se trazó como meta reducir el IPM en 12.5 puntos, para llegar, en
el 2014, a niveles de 22,5%. Esto implicaría que aproximadamente 4.71 millones de personas
salieran de la pobreza durante este período.

Pese a los avances realizados con la estimación del IPM, el indicador básico para medir la pobreza
sigue consistiendo, por su simplicidad, en el cálculo del costo de una canasta básica bienes de
consumo, de tal forma que si el ingreso de una familia o de una persona está por debajo del costo
de esa canasta, a la persona se la considera pobre. A esta metodología se le conoce como la de
pobreza basada en ingresos, a través de la construcción de líneas de pobreza o indigencia.

El cuadro 2 muestra la evolución de las tasas de pobreza y pobreza extrema en Colombia entre
2002 y 2010, con la metodología antigua –utilizada hasta 2010- y la nueva1. Como puede

1
  Uno de los argumentos para el cambio de la metodología para la medición de la pobreza que le
correspondió diseñar a la II fase de la Misión para el Empalme de la Series de Empleo, Pobreza y Desigualdad
(MESEP) es que la línea de pobreza (6,13 US por persona al día) y la línea de indigencia (2,50 US) con la
antigua metodología estaban entre las más altas de América Latina. Se adoptó la metodología
internacionalmente aceptada conforme a la cual la línea de indigencia se calcula como el costo
correspondiente a una canasta mínima alimentaria para una persona, con base en el consumo promedio de
los hogares ubicados entre el percentil 30 y 59 de la población ordenados por su nivel de ingresos (no los
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observarse, para todos los niveles de análisis, con las dos metodologías hubo un descenso de
ambos indicadores, más pronunciado cuando se utiliza la nueva metodología (excepto en el caso
de la pobreza extrema a nivel nacional). Pese a ello, Colombia continúa teniendo tasas de pobreza
relativamente altas, superiores al promedio de la región (CEPAL, 2011).

Cuadro 2. Tasa de pobreza, pobreza extrema y variación entre 2002 y 2010.

                                                         Pobreza                Pobreza extrema
                                                              Variación                  Variación
                                               2002    2010       %         2002 2010        %
                          Nacional              49,4    37,2      -24,70     17,6 12,3       -30,11
                          Cabecera              45,3      33      -27,15     12,3 8,1        -34,15
       Nueva metodología
                          13 áreas              35,9    23,2      -35,38      7,4 4,6        -37,84
                          Resto                 60,9    50,3      -17,41     32,8 25,5       -22,26
                          Nacional              53,7    44,1      -17,88      9,4 6,5        -30,85
                          Cabecera              48,3    38,4      -20,50     15,2   11       -27,63
      Antigua metodología
                          13 áreas              40,3    29,5      -26,80      9,4 6,5        -30,85
                          Resto                 69,3    62,5       -9,81     32,5 26,7       -17,85
Fuente: (MESEP, 2011)

De nuevo, resulta preocupante observar que las brechas entre el campo y las ciudades se
ampliaron durante estos años o, en otros términos, que la reducción de la pobreza en las zonas
urbanas fue mucho más acelerada que en las zonas rurales. Mientras que la brecha en términos de
pobreza en el año 2002, medida con la nueva metodología, entre la zona resto y las cabeceras era
de 15,6 puntos, en el año 2010 se amplió a 17.3.

Estas tendencias se ratifican cuando se analizan otros indicadores de pobreza. Según datos del
DANE, para julio de 2010, mientras que en las cabeceras municipales el porcentaje de hogares con
al menos una Necesidad Básica Insatisfecha1 era de 19.6%, en la zona rural ascendía a 53.51%2. El

más pobres), con datos de la Encuesta de Ingresos y Gastos de 2006-07. La línea de indigencia quedó
estimada en $73.984 para la zona urbana y $60.968 para la zona rural. Para el cálculo de la línea de pobreza
se multiplica el valor de la línea de indigencia por el número de veces que representa el gasto del consumo
de alimentos de la población de referencia frente al gasto total, indicador que se conoce como el Coeficiente
de Orshansky. De esta forma, se considera pobre a los hogares cuyo ingreso per cápita sea inferior a
$177.562 en la zona urbana y $106.804 en la zona rural.
2
  La metodología de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) es una forma de medir la pobreza a través de la
presencia/ausencia de unas características mínimas que constituyen necesidades elementales de los
hogares. Esta metodología, a diferencia de aquella que se basa en los ingresos, logra capturar mejor las
dimensiones materiales que conforman el estado de privación que significa la pobreza, y es particularmente
importante en el sector rural, puesto que allí muchas de las necesidades no son cubiertas necesariamente
por los ingresos monetarios, sino por la producción para la auto subsistencia. Los indicadores que componen
el índice de NBI miden la ausencia de viviendas inadecuadas, viviendas con hacinamiento crítico, viviendas
con servicios inadecuados, viviendas con alta dependencia económica y viviendas con niños en edad escolar
que no asisten a la escuela. Cuando una de estas necesidades no ha sido cubierta, se clasifica el hogar como
pobre, y cuando el hogar presenta más de una necesidad no cubierta se clasifica como en estado de
indigencia.
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Informe Nacional de Desarrollo Humano (PNUD, 2011) ha evidenciado que los municipios más
rurales son precisamente aquellos donde ha habido un menor avance hacia el logro de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio y un progreso más lento en el Índice de Condiciones de Vida
(ICV). No hay convergencia entre el desarrollo rural y urbano; las condiciones de vida del campo lo
convierten en un foco expulsor, antes que en un imán de la población. La migración rural-urbana,
tanto por efecto de la violencia como por el abandono por parte del Estado que enfrentan los
habitantes rurales, tiende a incrementar la oferta laboral en las ciudades, todo lo cual termina por
aumentar el tamaño del sector informal y el número de personas desempleadas (Ibañez &
Velásquez, 2008).

Los resultados en materia de desigualdad en Colombia son desalentadores. Como lo muestra el
gráfico 1, Colombia es el país más desigual de América Latina, región que a su vez es la más
desigual del mundo. Esta percepción se confirma comparando tres índices de desigualdad
distintos: el índice de Gini3 y el de Atkinson4 según los cuales Colombia es el país más inequitativo
de la región, y el coeficiente de Theil5 en el que el país es superado solamente por Guatemala y
Brasil.

Gráfico 1. Tres indicadores de desigualdad para 18 países de América Latina para los últimos años disponibles.

3
  El coeficiente de Gini es una medida de desigualdad que puede tomar valores entre 0 y 1, donde 0
representa la igualdad perfecta en la distribución (todos reciben lo mismo) y 1 la desigualdad más extrema
(un solo individuo concentra todos los ingresos). El coeficiente se calcula, inicialmente, ordenando la
población de acuerdo a su nivel de ingresos y trazando una curva en la que se establece qué porcentaje del
ingreso recibe cada segmento de la población (curva de Lorenz). Posteriormente se mide la distancia de esta
curva frente a una recta de equidistribución: entre más extensa sea la distancia más cercano a 1 será el
índice.
4
  El índice de Atkinson es también una medida entre 0 y 1, donde los valores cercanos a 1 representan un
mayor nivel de desigualdad. Este índice, a diferencia de los demás, permite incorporar juicios de valor
asignándole una mayor ponderación a la distribución de los recursos para ciertos grupos poblacionales.
5
  Otro de los indicadores para medir la desigualdad, donde también los valores cercanos a 1 representan
mayores niveles de desigualdad.
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Fuente: (CEPAL, 2011, pág. 16)

El gráfico 2 evidencia cómo Colombia es uno de los países donde la clase media está más
debilitada y, por el contrario, el 10% más rico de la población concentra una considerable porción
del ingreso (alrededor del 40%). Asimismo, el 40% más pobre recibe apenas el 12% del ingreso
total, constituyéndose así en uno de los sectores populares más empobrecidos de la región. Solo
Brasil, Guatemala, República Dominicana y Honduras tienen desigualdades comparables.

Gráfico 2. Distribución del ingreso total entre deciles para 18 países de América Latina, con base en los últimos datos
disponibles.

Fuente: (CEPAL, 2011, pág. 15)

Los niveles de desigualdad en Colombia no solamente son los más altos de América Latina, sino
que el crecimiento económico no contribuye a reducirlos de forma significativa. El país
experimentó en la pasada década, entre 2002 y 2008, uno de los períodos de mayor expansión
económica de su historia y sin embargo no logró avances significativos en términos de equidad.
Entre 2002 y 2010, el coeficiente de Gini disminuyó levemente de 0.57 a 0.56 según la nueva
metodología de medición y de 0.59 a 0.57 según la metodología anterior. La desigualdad en la
zona urbana es más aguda que en la zona rural.

Esto explica que en el país, la reducción de la pobreza se haya presentado por efecto de un
crecimiento del ingreso promedio de distintos segmentos de la población y no por una mejor
distribución del mismo entre clases sociales. Colombia es el segundo país de América Latina,
después de Honduras, donde la reducción de la pobreza se explica, en mayor medida por el efecto
ingreso (casi en un 80%) que por el efecto distribución (CEPAL, 2011, pág. 11). Esto pese a que
existe evidencia de que las mejoras distributivas tienen mayor impacto que el crecimiento
económico en la reducción de la pobreza (Gomez & Torres, 2006), aunque la fórmula más efectiva
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es la de un crecimiento redistributivo, senda por la cual, en todo caso, no ha transitado la
economía colombiana en los últimos años.

    2. La pobreza como consecuencia de un mal funcionamiento del
       mercado laboral y un mercado laboral que castiga la pobreza

La medición de la pobreza por ingresos, si bien no satisface las exigencias del enfoque de
capacidades, permite una ventaja para efectos de analizar el tipo de inserción en el mercado
laboral que enfrentan las personas más pobres. Si se dispone del dato del porcentaje de personas
por debajo de la línea de pobreza y se analizan las diferencias en algunos indicadores del mercado
laboral de la población clasificada de acuerdo a su nivel de ingresos, se puede tener una
aproximación de la forma en que los pobres, específicamente, participan en el mercado laboral.

En el cuadro 3 se presenta una primera aproximación a la inserción al mercado laboral de distintos
grupos poblaciones clasificados conforme a su nivel de ingresos. Para analizar la situación de la
población pobre (que según los datos para 2010 representa el 37% del total de habitantes) es
preciso concentrarse en lo que sucede con las personas que pertenecen a los primeros 4 deciles
de la población, es decir, a las personas que pertenecen al 40% que menos ingresos devenga.

Cuadro 3. Algunos indicadores de las características de la fuerza laboral ocupada por deciles de ingreso. 2008

      Decil     Años de       Horas        Afiliación      Afiliaci    % cuenta    Trabajadores con      Asalariados
                Educació      semanale     contributiv     ón      a   propia o    remuneraciones        con
                n             s            a salud (%)     pensión     independi   inferiores a un       remuneracione
                                                                                   SMD. I-Trim 2009      s inferiores a
                              trabajada                    (%)         entes
                                                                                   (quintiles)**         SMD. I-Trim
                              s                                                                          2009**
         1          7.5          31.2         33.9%          3.5%       77.5%             94%                    85%
         2          7.5          41.4         26.5%          3.2%       65.1%
         3          7.7          47.6         30.2%          6.2%       62.8%             72%                    45%
         4          8.0          51.2         31.0%          8.1%       60.3%
         5          9.3          52.0         77.5%         63.4%       15.7%             49%                    25%
         6          9.3          52.8         62.9%         41.4%       42.4%
         7          9.9          54.3         71.4%         52.4%       37.2%             30%                    11%
         8         11.2          52.7         80.1%         61.3%       34.7%
         9         12.8          51.1         80.0%         69.6%       34.9%             11%                1.5%
        10         14.9          49.9         85.2%         69.7%       42.7%
       Total        9.8          48.4         58.3%         38.5%       46.8%            51,2%               33.5%
Fuente: (Pineda & Acosta, 2009) y (López, El mercado laboral colombiano: problemas de corto y
largo plazo, 2010)**

Los datos en el cuadro evidencian que existe un mercado laboral para pobres y otro para personas
de mayores ingresos. En efecto, mientras que para el 40% más pobre la posición ocupacional
predominante es la del trabajo por cuenta propia, para el 60% restante esta posición ocupacional
representa menos del 50% del total del empleo. La menor intensidad de la jornada laboral, por
ejemplo, entre el 10% más pobre de la población, revela la existencia de barreras a la participación
en el mercado, el predominio de trabajos con jornada parcial o el subempleo por insuficiencia de
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horas. Igualmente, mientras que para el 40% más pobre de los trabajadores los cotizantes a salud
representan menos del 35% y los afiliados a pensiones menos del 10%, estas coberturas ascienden
a niveles superiores al 60% y al 40% respectivamente para la población que está por encima de la
línea de pobreza. Los pocos trabajadores pobres que logran conseguir empleo asalariado, son
además objeto de una fuerte evasión al salario mínimo legal. Esta segmentación del mercado
laboral dificulta la superación de la pobreza, pues los trabajadores pobres, por sus bajas
dotaciones de capital humano, no tienen cabida en aquel segmento del mercado laboral formal
que acaparan las personas de mayores ingresos.

La inserción laboral de la población de menores ingresos no solamente la condena a permanecer
en la pobreza, sino que precisamente, el hecho de ser pobres, entendida la pobreza como
privación de capacidades, los condena a tener una inserción laboral precaria. Si algo diferencia a
las personas que están por encima y por debajo de la línea de pobreza son las diferencias en el
acceso a la educación 6 . Las barreras para ingresar a la educación superior que afectan
principalmente a la población más pobre traen como consecuencia que la gran mayoría de estos
trabajadores no logren conseguir empleos en el sector formal y las brechas frente a los ingresos de
los trabajadores calificados se amplíen.

La cobertura en educación superior para los segmentos más pobres de la población es muy
limitada. El quintil 1 y 2 de ingresos (que representan el 40% más pobre de la población) tienen
coberturas netas en educación superior del orden del 8% y el 11% respectivamente, mientras que
entre el 20% más rico de la población esta cobertura asciende al 48%. Como lo muestra el gráfico
3, del total de alumnos matriculados en las universidades públicas, apenas el 19% pertenecen al
40% más pobre de la población. Y en las universidades privadas solo el 10% de los alumnos
pertenece a este segmento. Los jóvenes no-pobres aportan el 90% de los alumnos en las
universidades privadas y el 82% de las públicas.

6
  Según el DNP (DNP, Estrategia para la reducción de la pobreza y la desigualdad, 2011), la diferencia de
privaciones entre las personas pobres y no-pobres según el IPM se concentran en el acceso a la educación.
El 95% de los pobres mayores de 15 años tienen logros educativos bajos y el 44% es analfabeta, mientras
que entre la población no-pobre de esta edad estos porcentajes son del 43% y del 3% respectivamente. El
62% de los pobres entre 7 y 17 años tiene rezago escolar, mientras que entre los no-pobres este porcentaje
desciende al 27%. La diferencia entre las demás privaciones que conforman el IPM entre los pobres y los no-
pobres no son tan agudas. Esto quiere decir que la pobreza se explica en gran medida por las privaciones en
el acceso a la educación. Y estas diferencias en el acceso determinan que la privación más frecuente entre
los pobres sea la de no pertenecer al sector formal (el 99% de ellos no lo hace).
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Gráfico 3. Participación del alumnado total universitario por quintiles de ingreso en 2010. Instituciones públicas y
privadas.

Fuente: (López, Educación superior: Mercado laboral urbano y retos del sistema universitario
colombiano, 2011)

Los trabajadores poco calificados, que se concentran en los sectores más pobres de la población,
no logran encontrar empleo en el sector formal. Están condenados a permanecer en sectores de
baja productividad. Su participación en el empleo que genera el sector moderno7 y en los ingresos
laborales ha disminuido sustancialmente. El cambio técnico que ha experimentado la economía
colombiana en las últimas décadas ha ampliado las brechas entre los trabajadores no calificados y
los que sí lo están, es decir, ha castigado con fuerza a los más pobres. Colombia, en el contexto de
América Latina, representa un caso atípico en este sentido: mientras que en casi todos los países
de la región las brechas en los ingresos entre trabajadores con niveles educativos similares son las
que tienen mayor importancia para explicar las diferencias salariales, en Colombia las brechas se
explican por la diferencia entre personas con niveles educativos diferentes (CEPAL, 2011, pág. 31).
Esto quiere decir que en los otros países de América Latina se han logrado diseñar políticas
efectivas para contrarrestar la tendencia a que las brechas entre los trabajadores con y sin
educación superior se amplíen, mientras que en Colombia no.

El gráfico 4 muestra los efectos sobre el empleo del cambio técnico que se ha efectuado en el
sector formal de la economía y la forma rezagada en que el sistema educativo ha respondido a
este fenómeno. Mientras que en 1984, un 80% de los trabajadores del sector moderno no tenían
ningún nivel de educación superior, en 2010 este porcentaje había descendido al 49%. Por cada
unidad de PIB que genera el sector urbano de la economía se contratan hoy el doble de
trabajadores con educación superior y la mitad de los trabajadores con máximo bachillerato que
se contrataban hace 25 años. En cambio, mientras que en 1984 la población económicamente
activa estaba compuesta en un 87% por trabajadores con máximo bachillerato, en 2010 ese
porcentaje ha caído al 67%. Esta reducción no ha sido tan acelerada como lo exige el proceso de

7
 Empleo moderno equivale a la suma de todos los asalariados con máximo educación secundaria y al de
todas las categorías ocupacionales con algún nivel de educación terciaria (López, El mercado laboral
colombiano: problemas de corto y largo plazo, 2010).
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transformación del empleo en el sector moderno de la economía. La consecuencia entonces es
que la brecha entre la oferta de trabajadores sin educación superior y la demanda de este tipo de
trabajadores en el sector moderno se ha ampliado. Esta brecha representa hoy alrededor de un
60% de la población económicamente activa: 14.2 millones de personas sin educación superior de
difícil enganche en el sector formal que pertenecen hoy, en su mayoría, al sector informal8 y
conforman el grueso de los desempleados del país9.

Gráfico 4. Participación de los trabajadores sin educación superior en la población económicamente activa y en el
empleo moderno. Colombia. 1984-2010

Fuente: (López, Educación superior: Mercado laboral urbano y retos del sistema universitario
colombiano, 2011)

Esta cualificación de los perfiles demandados en el sector moderno de la economía y el cambio en
la composición de la fuerza laboral por niveles educativos se refleja en la forma drástica en que ha
caído la participación de los trabajadores sin educación superior en el total de ingresos laborales.
Como lo muestra el gráfico 5, mientras que los trabajadores menos calificados –que para 2010
representaban un 67% de la fuerza laboral- concentraban un 70% de los ingresos totales en el país
en 1984, en 2010 su participación en el ingreso total cayó al 42%. En cambio, los trabajadores con
algún nivel de educación superior –que para el 2010 representaban un 33% de la fuerza laboral-
pasaron de concentrar un 31% de los ingresos laborales totales en 1984 a un 58% en 2010-. Esto
quiere decir que, hoy en día, de cada 100 pesos de ingresos laborales, los trabajadores con
educación superior, que representan una tercera parte del total, se llevan alrededor de 58;
mientras que los trabajadores sin educación superior, que representan dos terceras partes del
total, se llevan apenas 42 pesos. Por cada peso que se gana un trabajador poco calificado, los
trabajadores sin educación superior reciben 2.6.
8
  Según cifras del DANE, para el trimestre agosto-octubre de 2011, el 84,1% de los trabajadores informales
en las 13 áreas metropolitanas no tenían ningún nivel de educación superior.
9
  Según datos del Ministerio de Protección Social, en el 2010 el 74% de los desempleados del país no tenían
educación superior (Ministerio de la Protección Social, 2011). Adicionalmente, los trabajadores sin
educación superior representaban el 76,4% de los desempleados cuyo tiempo de búsqueda en el desempleo
era superior a 260 semanas (Forero, García, & Guataquí, 2008)
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Gráfico 5. Participación de los trabajadores en la masa de ingresos laborales en las siete ciudades principales del país
por nivel educativo. 1984-2010.

Fuente: (López, Educación superior: Mercado laboral urbano y retos del sistema universitario
colombiano, 2011)

La baja cobertura de la educación superior para la población pobre del país y el cambio técnico
que ha experimentado la economía colombiana y que disminuye la probabilidad de los
trabajadores sin educación superior de conseguir un empleo en el sector formal, se manifiesta en
que los trabajadores más pobres enfrentan tasas de desempleo más altas. El gráfico 6 muestra las
diferencias en las tasas de desempleo por quintiles de ingreso. Como puede observarse, los
trabajadores pobres enfrentan tasas de desempleo superiores al 15%. El 20% más pobre de la
población tiene que afrontar tasas de desempleo cinco veces mayores que el 20% más rico.

Gráfico 6. Tasas de desempleo en las cabeceras municipales por quintiles de ingreso. IV Trimestre de 2008.

Fuente: (López, El mercado laboral colombiano: problemas de corto y largo plazo, 2010)

Esta situación es particularmente grave para el caso de los jóvenes. Como lo muestra el gráfico 7,
en el quintil más bajo de la población los jóvenes entre 15 y 24 años enfrentan tasas de desempleo
explosivas superiores al 45%, lo cual constituye uno de los principales factores, sin lugar a dudas,
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que alimentan la delincuencia juvenil. No obstante, si bien para los trabajadores de mayor edad
pertenecientes al 20% más pobre de la población, las tasas de desempleo descienden, en todos los
casos, son superiores a las del promedio nacional para todas las edades. Pero además, si bien el
desempleo disminuye con la edad, la informalidad por el contrario aumenta. Existe, pues un ciclo
de vida laboral desesperanzador para los trabajadores más pobres: cuando son jóvenes enfrentan
las tasas de desempleo más altas de la economía y a medida que crecen tienen mayor
probabilidad de conseguir empleo pero en el sector informal. De esta forma resulta imposible
pensar en completar las semanas de cotización que le permitan a esta población acceder a una
pensión en la vejez. La inserción precaria (desempleo + informalidad) en el mercado laboral es un
fenómeno que padece al menos el 65% del total de la fuerza laboral más pobre sin importar el
grupo de edad en el que se encuentren. Para el caso de los adultos pobres mayores de 65 años, un
94% padece este fenómeno de inserción precaria.

Gráfico 7. Inserción precaria (desempleo + informalidad) en el mercado laboral del 20% más pobre de la población
económicamente activa por edades. 13 ciudades. 2009.

Fuente: (López, Empleo moderno y empleo informal urbano: dinámica de corto y largo plazo,
2011b)

Igualmente, para el caso de las mujeres rurales, particularmente las jóvenes, que en su mayoría
son pobres, la tasa de desempleo alcanza niveles superiores al 30% (Uprimny, Chaparro, Guzmán,
& Sánchez, 2011). Adicionalmente, la brecha salarial no explicada por factores objetivos entre
géneros se agudiza en los extremos de la distribución de la población, lo cual evidencia que la
discriminación por género opera de forma desproporcionada para el caso de las mujeres pobres –
aunque también para las de mayor ingreso- (Peña & Badel, Decomposing the gender wage gap
with sample selection adjustment. Evidence from Colombia, 2010). Estas elevadas tasas de
desempleo y las discriminaciones en el mercado laboral contra las mujeres más pobres
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representan una barrera para que continúen aumentando su participación en este mercado y
sembrando las bases materiales para una mayor autonomía. Factores como la responsabilidad
exclusiva que tienen en la crianza de un mayor número de hijos pequeños (Olarte & Peña, 2010), o
los bajos niveles educativos son barreras adicionales que enfrentan las mujeres más pobres y que
las convierten en uno de los núcleos duros y más afianzados de la inactividad, el desempleo y la
informalidad en el país. Tres tipos de exclusiones se combinan y se refuerzan aquí: la exclusión del
mercado de trabajo (barreras a la participación), la exclusión del empleo (elevadas tasas de
desempleo) y la exclusión de empleos productivos y de calidad (elevado subempleo e
informalidad).

Adicionalmente, el subempleo -un indicador de satisfacción subjetiva con el trabajo- también es
más alto entre los trabajadores más pobres, de modo que no solo la insuficiencia de trabajo los
afecta desproporcionadamente, sino que los empleos que logran conseguir son de baja calidad.
Como lo muestra el gráfico 8, la informalidad es un fenómeno que afecta principalmente a los
pobres. Mientras que entre el 20% más pobre de la población el 90% de los trabajadores son
informales, entre el 20% más rico solo el 28% de los trabajadores pertenecen a este sector.

Gráfico 8. Distribución de trabajadores formales/informales por quintiles de ingresos. Colombia. 13 áreas
metropolitanas. 2006

               100%
                90%
                80%
                70%
                60%
                50%                                                           Informales
                40%                                                           Formales
                30%
                20%
                10%
                 0%
                       Quintil 1 Quintil 2 Quintil 3 Quintil 4 Quintil 5

Fuente: (Uribe, Ortiz, & García, 2007)

El deterioro de la distribución de los ingresos en contra de los trabajadores sin educación superior,
que en su mayoría son pobres, se refleja en el retroceso en la repartición de los ingresos laborales
entre distintos niveles socioeconómicos. La estructura ocupacional en Colombia no solo está entre
las más inequitativas de la región sino que la situación ha tendido a empeorar con el tiempo. El
cuadro 4 revela este retroceso. Mientras que en el año 2001, el 40% más pobre de la población
percibía el 11,3% del total de ingresos laborales, en el año 2008 pasó a tener que sobrevivir
apenas con el 8.1% de esos ingresos. De hecho, en esta década, solo el 10% más rico de la
población aumento su participación en la masa salarial, en detrimento del resto de la población.
El 10% más rico de la población pasó, durante estos años, a concentrar la mitad de los ingresos
laborales totales. Bajo estas condiciones, el mercado laboral no está contribuyendo a una
Pobreza y Mercado Laboral: inserción precaria, estancamiento estructural
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reducción acelerada de la pobreza, sino, antes bien, a su perpetuación. Si el crecimiento
económico no se distribuye de forma más equitativa entre los distintos sectores sociales, por la vía
de un mejor funcionamiento del mercado laboral, el puente entre progreso e inclusión social
seguirá roto.

Cuadro 4. a) Distribución de los ingresos laborales entre deciles; b) crecimiento porcentual de los ingresos mensuales
de asalariados; crecimiento porcentual ingreso/hora independientes. Colombia. 13 áreas metropolitanas. 2001-2008.

                            a)   Total             b)     Crecimiento porcentual        c)     Crecimiento porcentual
                                                            ingresos mensuales                      ingreso/hora
                                                          asalariados 2001-2008              independientes 2001-2008
  Decil     % de ingresos        % de ingresos   Hombres             Mujeres         Hombres             Mujeres
            totales 2001         totales 2008
   1            0,7%                 0,5%         25,4%               30,1%            -2,3%              -10,7%
   2            2,2%                 1,4%         46,1%               41,7%           -15,2%              -15,6%
   3            2,8%                 2,6%         43,5%               48,8%           -18,1%              -17,4%
   4            5,6%                 3,6%         11,9%               11,7%           -18,0%              -17,5%
   5            5,4%                 5,1%         10,2%                9,1%           -19,8%              -19,2%
   6            8,9%                 6,4%         14,8%               14,7%           -22,6%              -21,4%
   7            5,2%                 7,3%         16,4%               17,8%           -21,2%              -21,0%
   8           11,3%                 9,2%         15,1%               15,9%           -20,8%              -21,6%
   9           15,2%                13,8%         13,7%               13,1%           -21,4%              -23,1%
   10          42,7%                 50%          34,6%               28,1%           -25,0%              -22,5%
Promedio                                           23%                25,6%           -19,9%              -25,8%
Fuente: (Pineda & Acosta, 2009)

En este período, los ingresos laborales de los trabajadores independientes disminuyeron para
todos los deciles de la población. Los ingresos de los trabajadores por cuenta propia se
deterioraron sustancialmente en relación con los de los asalariados, lo cual revela que en épocas
de reactivación económica la remuneración de los asalariados tiende a recuperar el terreno frente
a la remuneración de los independientes, la que, por el contrario, parece crecer en los períodos de
contracción (como el ocurrido a finales del siglo XX en el país). El incremento del efecto en los
ingresos de los trabajadores asalariados en el decil más alto de la población fue el único capaz de
contrarrestar la caída de los ingresos de trabajadores independientes, lo que evitó la disminución
en la participación en los ingresos laborales por parte de este grupo. Para el resto de los deciles la
disminución en las remuneraciones de los independientes no pudo ser compensada por el
incremento en los ingresos de los asalariados.

El deterioro en los ingresos de los independientes afecta proporcionalmente más a los
trabajadores más pobres, pues las ganancias que estos obtienen explotando su propio capital
representan la fuente de ingresos más importante que tienen (38,5% para el 20% más pobre y
45,5% para el decil 2). La segunda fuente de ingresos más importante para el caso del 20% más
pobre de la población son las transferencias del gobierno, lo cual revela que la inserción precaria
en el mercado laboral que no le permite a esta población obtener ingresos laborales suficientes
debe ser compensada por el Estado trasladando una considerable porción de ingreso a estos
grupos. Una mejor inserción al mercado laboral permitiría liberar recursos de los programas de
asistencia social a otros fines tales como la consolidación de infraestructura productiva, al tiempo
que permitiría que las personas más pobres salieran de su situación con respeto por su autonomía.
Pobreza y Mercado Laboral: inserción precaria, estancamiento estructural
                    Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad - DeJuSticia                       2012

Preocupa, sin embargo, como las transferencias no representan una menor proporción del ingreso
total a medida que aumenta el nivel socioeconómico. Los hogares del decil 9 de la población
reciben un mayor porcentaje de su ingreso total de transferencias del gobierno que el decil 2 de la
población. Teniendo en cuenta las brechas existentes entre uno y otro sector, esto significaría que
en término absolutos el Estado destina muchos más recursos a atender las necesidades de las
personas de clase media alta que las de las personas de clase media baja. La política fiscal no está
contribuyendo a fortalecer la clase media ni a reducir las desigualdades.

Gráfico 9. Distribución de las fuentes de ingreso de los hogares por deciles. Total Nacional. 2006-2007

Fuente: DANE. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos. 2006/2007.

En síntesis, existe una disparidad estructural entre sectores económicos en términos de
productividad. Las personas más pobres tienen una elevada participación en los sectores de baja
productividad y una participación que decrece aceleradamente en los sectores más productivos.
Las brechas de ingresos entre estos sectores tienden a ampliarse, antes que a cerrarse. A la
diferencia en la inserción entre ricos y pobres en el mercado laboral subyace una heterogeneidad
estructural entre los sectores, que dificulta la consecución de empleos de calidad por parte de los
trabajadores más pobres. La política fiscal no tiene una orientación clara que contribuya a cerrar
las brechas. La base de la segregación social en el mercado laboral se explica por características
muy profundas de la estructura productiva colombiana y el rezago en los perfiles de calificación de
los trabajadores.
Pobreza y Mercado Laboral: inserción precaria, estancamiento estructural
                  Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad - DeJuSticia                              2012

     3. Las causas: pacto social excluyente y crecimiento pro-rico.

En los países desarrollados, el mejoramiento progresivo de las condiciones de vida de los
trabajadores y la consolidación de una estructura productiva robusta y diversificada fue un
proceso que ocurrió paralelamente. El desafío que la crisis de la década de 1930 representó para
la continuidad del capitalismo, permitió sentar las bases de un modelo de crecimiento impulsado
por la demanda masiva de una clase trabajadora asalariada que veía mejorar progresivamente sus
niveles de vida y recibía la tutela protectora de un derecho laboral en expansión.

El derecho laboral surgió entonces para proteger una relación propia de un contexto en el cual el
empleo asalariado se había extendido ampliamente, donde la gran empresa era el lugar en el que
el trabajador desarrollaba su actividad, había una fuerte separación entre trabajo manual e
intelectual y también entre el proceso de ejecución y gestión del trabajo. El desarrollo del ciclo de
vida del trabajador estaba ligado a la posibilidad de ascender a través de los distintos niveles
jerárquicos existentes en una misma empresa con una expectativa cierta de estabilidad, las
funciones de los cargos estaban bien especificadas y los procesos rígidamente estandarizados,
llevando así al extremo las ventajas de la mecanización. El tipo de organización social propio de
este contexto es lo que ha sido abordado por los teóricos franceses de la regulación10 bajo el
concepto de fordismo (Aglietta, 1979)11.

En América Latina el surgimiento del derecho laboral aconteció en las primeras décadas del siglo
XX, tras largos procesos políticos y luchas de los trabajadores de sectores económicos todavía
incipientes; estos procesos culminaron en la codificación de las leyes laborales que ocurrió
paralelamente al tránsito de las economías latinoamericanas hacia el modelo de sustitución de
importaciones cuya vigencia se extendería hasta finales de la década de los 80. Sin embargo, en la
modalidad de desarrollo de la región no se desarrollaron a plenitud las características propias del
régimen de acumulación fordista, razón por la cual algunos autores hablan de una estructura
productiva heterogénea a finales de la década de los noventa en la que ciertos sectores tenían
rasgos propios del posfordismo (principalmente en grandes empresas) y coexistían con actividades
económicas donde los principios de organización taylorista-fordista apenas se estaban aplicando
(De la Garza, 1999).

10
   La teoría de la regulación establece que el capitalismo entra en crisis sucesivas consistentes en la
descoordinación entre los procesos de producción y consumo, las cuales configuran fases específicas del
capitalismo o modalidades de desarrollo a escala global con nuevas adaptaciones en los dos elementos
estructurales del orden social: un régimen de acumulación que define los esquemas bajo los cuales operan
las relaciones de producción, distribución e intercambio en una sociedad; y un modo de regulación que
consiste en los mecanismos e instituciones, formales e informales, que resuelven los conflictos inherentes a
la relación capital-trabajo (Betancur, 2003).
11
   El concepto de fordismo tiene dos acepciones, una que se refiere al proceso de cadena en el montaje de
los productos al estilo de las fábricas automotrices de producción masiva de los años 30, donde los procesos
se descomponían en pequeñas tareas repetitivas realizadas por el trabajador en extensas jornadas; y otra
acepción más amplia, utilizada para designar la modalidad de desarrollo que logra vincular la producción en
masa con el consumo en masa.
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